Dos años de la tragedia en Juárez… y Garduño, tranquilo y en el gabinete
Este jueves se cumplen dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, sin embargo, Francisco Garduño sigue firme en su puesto como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Reclamos van, reclamos vienen de los familiares de las víctimas, exigencias de la sociedad civil, y Garduño se convirtió en un funcionario transexenal, pues comenzó con Andrés Manuel López Obrador y ya lleva seis meses en el cargo bajo el argumento que se le requiere ante la situación migratoria que tiene nuestro país con Donald Trump. Ese fuero y esa protección no la tiene ni Cuauhtémoc Blanco, dicen algunos. No estás solo, no estás solo.. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
EL ESCENARIO ES complicado, pues Estados Unidos mantiene una exigencia de resultados en materia de combate al crimen organizado, que en el fondo está reabriendo puertas a agencias e intereses estadunidenses, que el entonces presidente López Obrador mantuvo a raya en lo posible, e incluso se está fortaleciendo una “cooperación” asimétrica. Otro punto de gran interés estratégico y electoral de Trump, el freno al flujo migratorio irregular, también ha sido satisfecho por México con prontitud y eficacia. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Trump decidió que los inmigrantes son el enemigo número uno de Estados Unidos (EU), pero ha sorprendido a todo el mundo que la cacería se extendiera también al sur de Florida, donde se encuentran los mejores amigos del presidente. Por primera vez en más de 60 años cientos de inmigrantes cubanos, muchos de ellos mujeres y sin historial delictivo, hacen fila ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broward, temiendo no poder regresar a casa
La semana pasada, 18 cubanas fueron arrestadas en sus citas de inmigración programadas, y ahora enfrentan un incierto proceso de deportación. La señal es clara: también para los cubanos ha llegado la hora de la política de perseguir y deportar, tras décadas de haber disfrutado de un estatus migratorio privilegiado como parte de una política de castigo hacia La Habana. Por un lado, EU ha asfixiado a niveles sin precedente la economía cubana, y por el otro ha abierto las puertas a la emigración con todo tipo de beneficios sociales para culpar de incapacidad al gobierno de Miguel Díaz-Canel, en un bucle perverso de presiones, acusaciones y manipulaciones políticas.
En enero de 2023, Biden implementó un programa de parole humanitario, presentado como una vía legal, ordenada y segura para la migración desde Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Sólo desde Cuba, más de 110 mil personas lograron ingresar a EU mediante esta figura, mientras Washington apretaba las tuercas de su política de máxima presión hacia La Habana.
Pero el viernes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un documento que ha generado un terremoto legal y humanitario: la suspensión del parole (libertad bajo palabra) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Así, quedarán en un limbo legal unos 26 mil cubanos que ingresaron a EU después de marzo de 2024. Están expuestos a ser deportados, pues no podrán acogerse a la Ley de Ajuste Cubano de 1966, si no han cumplido más de un año en este país
La Ley de Ajuste Cubano –a la que Fidel Castro denominó “asesina”– ha estimulado históricamente la inmigración ilegal por mar, en balsas precarias y en aguas infestadas de tiburones. La ley garantiza que todo cubano que entre al país, sin importar cómo, podrá obtener la residencia al año y un día de poner pie en EU. En 1995, con Bill Clinton pasó a ser conocida como la política de “pies secos, pies mojados”, que implicaba que todo cubano interceptado en el mar (“pies mojados”) era devuelto a la isla, pero los que lograran tocar tierra (“pies secos”) podían permanecer en EU, obtener un permiso de trabajo y ayudas iniciales y, transcurrido el año, pedir la residencia permanente.
Sin embargo, con Trump los cubanos que entraron con el parole humanitario y ya cumplieron más de un año en este país, tienen las posibilidades de residencia en veremos.
De acuerdo con CBS, un memorando del 14 de febrero y firmado por un alto funcionario del Servicio de Inmigración, dice que los casos de “ajuste” de los cubanos que han ingresado con el parole humanitario están, por ahora, “en pausa” (https://acortar.link/uABnBB).
Están también en la cuerda floja los cubanos que han entrado ilegalmente al país. Anteriormente, al llegar a la frontera recibían un parole para salir de detención inmigratoria y presentarse ante un tribunal. Y después de un año en EU, recibían residencia permanente (green card).
Para impedir que estos cubanos califiquen para la Ley de Ajuste, Inmigración ha bautizado el anterior parole como I-220A, una especie de parole de facto, aunque no necesariamente de jure. El tribunal de apelaciones de inmigración dictaminó que el I-220A no satisface la condición de parole que necesitaría el cubano para solicitar la residencia, de acuerdo con la Ley de Ajuste.
Quiere decir que en vez de estar en cola para recibir la green card, los cubanos han pasado a una lista de espera para ser deportados de EU como cualquier indocumentado.
La comunidad cubana en Florida experimenta un despertar amargo.
Durante años muchos creyeron en los cantos de sirena del Partido Republicano y apoyaron con entusiasmo a figuras como Trump, que hoy los traiciona sin el menor disimulo.
El Presidente ha propuesto no sólo la suspensión total del parole, sino incluso amenaza con negar la entrada a cubanos que cuenten con visa y le ha declarado la guerra no sólo a los migrantes, sino a sus defensores: abogados, medios, universidades y cualquier institución que brinde apoyo o amparo. Busca sembrar miedo y desmovilización. Silencio y obediencia.
Lo que queda al descubierto no es sólo la fragilidad jurídica de miles de personas, sino la profunda inconsistencia ética de un sistema que usa a los seres humanos como instrumentos políticos. Al final, los cubanos también son todo lo que Trump necesita para cultivar el nuevo holocausto inmigrante: vienen de fuera, hablan español y son a ojos del presidente seres inferiores, con “genes malos”, por más que en Miami le hayan rendido pleitesía en las urnas. (Rosa Miriam Elizalde, La Jornada, Opinión, p. 14)
En los últimos años ha ocurrido en Estados Unidos (EU) y en varios países europeos y latinoamericanos, un crecimiento de proyectos políticos de derecha y extrema derecha que tienen como denominador común el rechazo a la democracia liberal, a los partidos políticos tradicionales, al statu quo político, intelectual y empresarial, a la migración, al orden internacional y a los organismos multilaterales construidos después de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la guerra fría. Comparten una postura nacionalista, xenófoba, racista, en muchos sentidos supremacista y proteccionista en el terreno comercial.
Esos proyectos han construido una narrativa defensiva que identifica como causas de los males que aquejan a sus sociedades a los compromisos construidos por anteriores gobiernos en acuerdos comerciales bilaterales o regionales, y culpan también a los migrantes, a la corrupción de los gobiernos y a la ceguera y sordera de sus autoridades que no han escuchado los reclamos de sectores de la población que se sienten afectados por la pérdida de empleos y bienestar, por el aumento de la pobreza y la desigualdad, por la inseguridad creciente, por el aumento de la violencia y la desesperanza. Las expresiones más representativas de esos proyectos las encarnan el amplio triunfo electoral de Donald Trump en la presidencia de EU, el Brexit, el triunfo de Milei en Argentina y el crecimiento electoral de la extrema derecha en Francia y España, por mencionar algunos.
La punta de lanza y la expresión más descarnada de esos proyectos es el gobierno de Trump. Desde su llegada al poder ha lanzado una violenta ofensiva política en múltiples frentes, externos e internos, A nivel exterior, está impulsando un agresivo plan para mantener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, que tiene como su principal eje una guerra comercial con China, su rival a vencer.
Esa estrategia comercial se complementa con una singular política exterior, que incluye un acuerdo con Rusia para terminar la guerra con Ucrania en condiciones ventajosas para el gobierno de Putin, abandonando la ayuda militar al régimen de Zelensky, legitimando la invasión rusa en territorio ucranio y dejando solos a Francia y Gran Bretaña, al igual que al resto de los países de la OTAN en ese complicado conflicto regional. Intenta hacer algo similar en Gaza, fortaleciendo la postura de Israel, con una mayor participación directa de EU en la zona, haciendo a un lado completamente a la población palestina en ese territorio ocupado. Ha insistido en su intención de recuperar el control del Canal de Panamá y de apoderarse de Groenlandia.
En el terreno comercial, ha comenzado tirar por la borda, en los hechos, el Tratado Comercial de Estados Unidos con Canadá y México imponiendo unilateralmente el 4 de marzo aranceles de 25 por ciento a los productos que importa de Canadá y nuestro país, medida que ha suspendido hasta el 2 de abril; ha impuesto a China un arancel adicional de 10 por ciento a todos los productos chinos y amenaza con imponer aranceles “recíprocos” al resto de los países con los que comercia. En paralelo, está presionando a muchas empresas estadunidenses, en ramas como la automotriz, electrónica y de cómputo, para que abandonen México y regresen sus plantas a territorio estadunidense.
En el frente interno, su aplastante triunfo electoral lo ha alentado a pasar a la ofensiva anulando conquistas históricas de las minorías étnicas y sexuales, de la población migrante. En su informe del pasado 4 de marzo ante el Congreso expresó que en seis semanas había emitido 100 decretos y 400 órdenes ejecutivas que modifican sustancialmente la política del gobierno estadunidense. Anunció una drástica reducción del gasto público y del gobierno, recortes de impuestos, simplificación administrativa, eliminación de programas sociales e impulso a la producción de energía contaminante. Su desprecio por las minorías sexuales, lo llevaron a decretar que sólo existen dos sexos, el masculino y el femenino, suprimiendo todo lo que había avanzado la comunidad LGBT.
Otra vez, criticó duramente a la población migrante; señaló que en el gobierno de Biden ingresaron 21 millones de migrantes y por enésima vez los calificó de asesinos, traficantes de personas y delincuentes. Anunció una mayor vigilancia en la frontera con México, la deportación de migrantes delincuentes y la declaración de los cárteles de la droga venezolanos, salvadoreños y mexicanos como organizaciones terroristas. Entre la gran cantidad de falsedades de su discurso, dijo que los cárteles controlaban a nuestra nación y aunque reconoció que México hubiera entregado a 29 líderes de esas organizaciones, pidió que México y Canadá hicieran un esfuerzo mayor para detener el tráfico de fentanilo y otras drogas que llegan a EU.
La imposición de aranceles de 25 por ciento a los productos exportados por México fue suspendida temporalmente hasta el 2 de abril por Trump. En esa decisión influyó la drástica caída de las tres principales bolsas de valores, los índices Dow Jones, Nasdaq y Standard and Poors se desplomaron ante el temor de que las medidas arancelarias de Trump estén conduciendo a EU a una recesión y por la incertidumbre que genera su impredecible y contradictoria conducta. Empresas importantes, automotrices, electrónicas y agropecuarias, han protestado también por el impacto negativo de los aranceles con los que amenaza.
Ante este panorama de incertidumbre con nuestro principal socio comercial, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido inteligente, digna y prudente, con acciones y argumentos que han logrado posponer, hasta ahora, la amenaza arancelaria. (Felipe Ávila, La Jornada, Opinión, p. 15)
LA PRIMERA IMAGEN que tenemos los mexicanos de Kristi Noem es de aquella redada en enero en Nueva York.
Ataviada con uniforme del Servicio de Control de Inmigración, armada y acompañada de agentes del ICE, fueron a meterse a la casa de migrantes y a separar a familias. Muy orgullosa dijo: “Seguiremos eliminando a esta basura de nuestras calles”.
Kristi Noem y Nayib Bukele Arte: Miguel Zúñiga
Esta ex diputada y gobernadora de Dakota del Sur tiene 51 años, tiene tres hijos, defiende el matrimonio tradicional y es de los colaboradores de Donald Trump con uno de los discursos anti inmigrantes más hostiles.
Para ser ratificada por el Senado de Estados Unidos como titular de Seguridad Nacional, prometió ser mano dura contra la migración ilegal de personas hacia su país
Donald Trump Arte: Miguel Zúñiga
Prometió realizar deportaciones masivas y cerrar la entrada a la Unión Americana, como pretende su presidente y porque es “la prioridad número uno de su gobierno”.
Es muy cercana a Trump, tan es así, que se llegó a pensar que sería la compañera de fórmula en la vicepresidencia por los republicanos.
Como secretaria de Seguridad, tiene bajo su responsabilidad la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura, dependencia que considera que los grupos de narcotráfico mexicano y terroristas islámicos son una amenaza para la seguridad nacional.
Pero, ¿a qué viene Kristi Noem a México?
Le contamos hace unos días que Trump pretende crear un cinturón de seguridad por cielo, mar y tierra contra la migración ilegal que viene desde Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador y demás países centroamericanos.
Gustavo Petro Arte: Miguel Zúñiga
Estados Unidos quiere que los gobiernos de Claudia Sheinbaum, de Gustavo Petro, de José Raúl Mulino, de Xiomara Castro y de Nayib Bukele, entre otros, cierren sus fronteras para evitar la migración ilegal, el tráfico de personal y drogas con destino a ese país.
Noem quiere que el gobierno de México ponga agentes de seguridad en la frontera con Chiapas, incremente a más de 10 mil los efectivos en la frontera norte para cerrar la frontera con EU y, no menos importante, que recibamos a los ilegales expulsados, mexicanos y extranjeros.
EU está activando sus prioridades: control de la operación, migración, control financiero, desmantelamiento de articuladores y relación con países no amigos, como China, de Xi Jinping; Venezuela, de Nicolás Maduro; Nicaragua, de Daniel Ortega, y Cuba, de Miguel Díaz-Canel. (Darío Celis Estrada, El Heraldo de México, La 5ta transformación, p.7)
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realiza esta semana su primera gira internacional bajo el segundo mandato de Donald Trump. En tres días recorrerá tres países clave: El Salvador, Colombia y México. Su agenda no deja espacio a la especulación: migración, seguridad y control regional. No es una gira de cortesía.
Es una visita estratégica para consolidar la arquitectura hemisférica de la disuasión migratoria. La primera parada fue El Salvador. Noem visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel símbolo del modelo punitivo de Nayib Bukele. Allí fueron enviados más de 200 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos a mediados de marzo, tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Esta norma, reservada históricamente para contextos bélicos, permitió expulsiones sin el debido proceso. Aunque fue suspendida por un juez, la señal estaba dada: el marco legal puede adaptarse para sostener una política de fuerza. Noem respaldó públicamente esa medida.
Su siguiente destino es Colombia, país que recientemente enfrentó tensiones con Washington por rechazar un vuelo de deportación con ciudadanos colombianos. La amenaza de sanciones comerciales obligó a un acuerdo: Colombia recibiría a sus connacionales en vuelos pagados por su gobierno, sin ca denas ni grilletes.
Ahora, Noem se reúne con el presidente Gustavo Petro y altos funcionarios de seguridad para revisar esa cooperación y proyectar nuevas líneas de control regional. El viernes, la secretaria llegará a México. Se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad.
Según lo declarado por el gobierno mexicano, el objetivo será revisar los compromisos bilaterales en seguridad, sin abordar temas comerciales. Sin embargo, la visita ocurre en un contexto de amenazas arancelarias por parte de Trump, condicionadas a mayores resultados en contención migratoria y decomisos de fentanilo.
La última suspensión de tarifas concluye el 2 de abril. Pero más allá de la coyuntura, lo que Noem trae consigo es una serie de tendencias claras: una migración securitizada, una frontera que se extiende más allá del río Bravo y un discurso en el que el inmigrante es presentado no como sujeto de derechos, sino como potencial amenaza.
Desde el inicio de su gestión, ha promovido campañas para incentivar la “autodeportación” mediante aplicaciones móviles, ha defendido restricciones al acceso a vivienda pública para personas indocumentadas y ha buscado reestructurar agencias como FEMA, limitando su capacidad preventiva en emergencias. Cada acción se inscribe en una visión restrictiva y punitiva del fenómeno migratorio. La gira actual refuerza ese mensaje.
En lugar de fortalecer la gobernanza regional de la migración, se consolida un modelo de tercerización del control. El Salvador, Colombia y México no son tratados como aliados estratégicos, sino como barreras operativas. Piezas clave, sí, pero sin margen de definición propia. Para México, el desafío es mayúsculo. La administración de Sheinbaum busca mantener una relación fluida con Washington sin comprometer su autonomía. Pero la presión estructural es evidente: más control, más cooperación operativa, menos margen político.
Y todo ello en un país que ha dejado de ser solo de tránsito para convertirse también en destino, frontera y filtro. El desplazamiento del muro ya no es solo físico: es institucional, legal, discursivo. Noem no viene a conversar. Viene a verificar. A alinear prioridades. A medir sumas, no sensibilidades. Su visita interpela a toda la región: ¿seguiremos aceptando este modelo vertical y reactivo? ¿O podremos construir una narrativa común que reconozca la movilidad humana como parte estructural de nuestra historia compartida? América Latina tiene una oportunidad y una responsabilidad de no asumir como propia una lógica que fragmenta, expulsa y criminaliza.
En ese tablero geopolítico, la dignidad no debe ser la pieza que falte.
ANTES DEL FIN
Aceptar este modelo sin cuestionarlo implica algo más que una estrategia de control migratorio: implica renunciar al derecho a definir nuestras propias políticas, nuestras propias fronteras y nuestros propios valores.
Si los países de América Latina se limitan a ejecutar lo que Washington dicta ya sea en nombre de la seguridad, la estabilidad o la cooperación se abre la puerta a una normalización peligrosa: la de ceder soberanía a cambio de treguas temporales. La visita de Noem es una prueba de presión, pero también un espejo. Y lo que cada país vea reflejado en él dirá mucho más sobre su proyecto de futuro que sobre su política migratoria. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 32)
Existe un cierto alivio cuando vemos imágenes de criminales esposados camino a una celda. Es lógico sentirse recompensado cuando somos testigos de una justicia efi ciente y enemiga de la impunidad.
A primera vista, resulta reconfortante leer el mensaje de Nayib Bukele sobre aviones abarrotados de integrantes de la banda criminal Tren de Aragua para ser ingresados en el Centro de Confi namiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador. Sin embargo, las sospechas sobre violación a los derechos humanos y al debido proceso son crecientes.
Madres de algunos presos denuncian y prueban la inocencia de sus hijos. Trump y Bukele le hacen un daño al gentilicio venezolano y a la condición de migrante. No es creíble que 238 venezolanos deportados, todos, pertenezcan a la banda el Tren de Aragua. Son decenas los que han sido recluidos en el Cecot quienes no tienen antecedentes penales y que su única falta –ni siquiera delito– ha sido entrar de manera ilegal a Estados Unidos.
Adicionalmente, llevar un tatuaje por inverosímil y ridículo que parezca no ayuda a la credibilidad en el relato de que son únicamente migrantes honestos que buscan mejores oportunidades de vida lejos de su tierra. Mientras Trump desafía a la Justicia de su país ignorando la decisión de un juez que ya se pronunció y emitió una orden que suspendía la salida de esos vuelos a tierras salvadoreñas, el magnate presidente le está enviando un duro mensaje a todos aquellos que hoy se plantean llegar a Estados Unidos cruzando la frontera de manera ilegal.
La propaganda, en este caso, más que para el alivio de los ciudadanos de bien, resulta ser una amenaza para todo aquellos que osen pisar suelo americano sin papeles y sin tener en cuenta sus motivaciones. (Alejandro G. Motta, La Razón, España, p. 24)
El obsesivo afán del gobierno norteamericano de acabar con la migración está poniendo al descubierto realidades que las propias autoridades de EU quisieran ocultar.
Allá se preguntan. ¿Cómo lidiar con la falta de mano de obra ante el proyecto de la deportación masiva? Emergen respuestas inesperadas. En el estado de Florida, desde donde Trump salió para la Casa Blanca, avanza un cambio para que las leyes laborales permitan a los empresarios contratar adolescentes de 14 años para trabajar en turnos nocturnos, incluso en tiempos de clases. Niños en lugar de migrantes.
Aunque el gobierno estatal ve con buenos ojos estos cambios, las asociaciones de padres de familia ya comenzaron a levantar la voz. Puede resultar peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo impactará la jornada laboral nocturna en su desempeño académico? ¿Abandonarán sus estudios? La realidad se impone, los trabajadores migrantes son necesarios. (Pepe Grillo, La Crónica, La Dos, p. 2)
Este viernes inician las campañas para la elección del Poder Judicial en México, lo cual marca un momento trascendental en nuestra historia democrática. Por primera vez, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir directamente a las y los jueces, magistrados y ministros que impartirán justicia en el país, rompiendo con un esquema que, por décadas, estuvo en unas cuantas manos y fuera del alcance del pueblo.
Este proceso, impulsado como parte de una reforma estructural al Poder Judicial, busca garantizar que la justicia en México responda verdaderamente a los intereses del pueblo y no a compromisos políticos o económicos. Sin embargo, esta transformación no ocurre en el vacío. Se da en un contexto internacional complejo, en el que la postura del Presidente estadounidense Donald Trump representa un desafío adicional para nuestra soberanía.
El regreso de Trump a la Casa Blanca trae consigo una política exterior más agresiva hacia México, con presiones en temas migratorios, comerciales y de seguridad. Ante este panorama, un Poder Judicial elegido por el pueblo fortalecerá nuestra capacidad para resistir cualquier intento de intervención y consolidará el respeto al Estado de derecho en el país.
Durante años, la designación de las y los jueces, magistrados y ministros ha sido criticada por su falta de transparencia y por la influencia de intereses políticos y económicos. Con esta reforma, el pueblo de México se convierte en el actor principal de la justicia.
El inicio de las campañas permitirá conocer a las y los candidatos, sus trayectorias y propuestas para garantizar una impartición de justicia eficaz y equitativa. Ya no serán los acuerdos entre la oligarquía los que determinen el rumbo del Poder Judicial, sino el voto ciudadano.
Este nuevo modelo brinda varios beneficios, como mayor independencia judicial, pues un Poder Judicial legitimado por el voto popular tendrá más autonomía para tomar decisiones sin la presión de actores políticos o externos; al estar respaldadas las resoluciones judiciales por un mandato democrático, se reducirá la posibilidad de que el Ejecutivo o el Legislativo interfieran en sus decisiones; el Estado de derecho se fortalecerá y el sistema judicial será más transparente y cercano a la población, lo que contribuirá a que las instituciones gocen de más confianza entre la sociedad.
Además, con personas juzgadoras democráticamente electas, será más difícil que grupos de poder impongan su agenda sobre las decisiones de la Corte y otros tribunales, lo cual también favorecerá la rendición de cuentas. Al ser electos, las y los jueces, magistrados y ministros estarán sujetos al escrutinio público, lo que garantizará que su actuar se alinee con los principios de justicia y equidad.
Un Poder Judicial independiente y con respaldo ciudadano será clave para enfrentar cualquier intento de presión externa. Estos son algunos de los beneficios del nuevo modelo ante la influencia de Estados Unidos: decisiones judiciales autónomas en temas como extradiciones, migración y cooperación en seguridad; determinaciones basadas en la Constitución y no a causa de presiones extranjeras; defensa de la soberanía nacional; mayor peso de las resoluciones que protejan los derechos de las personas migrantes y la autonomía de México.
Si Trump busca presionar a México para endurecer sus políticas de seguridad o migración, el Poder Judicial podrá actuar como un contrapeso legítimo. La independencia de las y los jueces garantizará que cualquier acuerdo con EE. UU. sea revisado con imparcialidad y sin comprometer el interés nacional.
A pesar de sus beneficios, este proceso no está exento de desafíos. La principal preocupación es evitar que la elección de las personas juzgadoras se convierta en un espectáculo político, en el que la popularidad pese más que la capacidad técnica y jurídica de las y los candidatos.
Para que esta reforma sea efectiva, es fundamental informar a la ciudadanía sobre el perfil y las propuestas de las personas aspirantes; garantizar que el proceso electoral sea limpio y sin injerencias de partidos o grupos de interés, e implementar mecanismos de evaluación para que las y los jueces, magistrados y ministros electos rindan cuentas.
El éxito de esta transformación dependerá de la participación activa de la sociedad. La elección del Poder Judicial no puede ser vista como un evento más en el calendario electoral, sino como un paso decisivo en la construcción de un México más justo y soberano.
El reto es grande, pero también lo es la oportunidad. La decisión será de la ciudadanía que, con su voto, podrá construir un Poder Judicial fuerte, autónomo y verdaderamente representativo. En nuestras manos está el futuro de la justicia en México. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 21)