Gastarán millones en jardines del INM
Nos comentan que hace unos días el Instituto Nacional de Migración lanzó una licitación para el servicio integral de jardinería de todas sus instalaciones, con la que, nos detallan, se buscará el cuidado de plantas y macetones, poda de árboles, reforestación de macetas y jardineras, así como el control fitosanitario de dichas áreas verdes con la finalidad “de mantenerlos en óptimas condiciones”. Las siete partidas en que está dividida la licitación suman montos máximos por más de 5.6 millones de pesos para este servicio. Lo bueno es que hay prioridades en ese instituto. (Bajo Reserva, El Universal, Nación, p. 2)
No sólo Panamá, toda Centroamérica es un istmo entre dos Américas, llamado a conectar el Pacífico y el Atlántico, México y Estados Unidos, al norte, y Colombia y Venezuela, al sur. En la última década, esa función dialógica se ha visto distorsionada por el avance simultáneo de la migración, el narcotráfico, las pandillas, la corrupción y, también, el autoritarismo.
Un libro reciente, editado por Debate, que coordina Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, e introduce el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Las cuentas de Centroamérica (Debate, 2024), propone una semblanza del deterioro. Como observa Manuel Orozco, el colapso de la región se produce cuando el Triángulo Norte desplaza a México y a países como Haití, Venezuela y Cuba, como zona de máxima expulsión de migrantes hacia Estados Unidos.
Ese auge del éxodo es síntoma y causa de los trastornos regionales, ya que por un lado denota malas condiciones de vida y, por el otro, propicia nuevas precariedades, riesgos y violencias en la travesía terrestre por México. Para complicar más ese circuito de inseguridad, el crecimiento de la emigración choca con controles de internación cada vez más estrictos desde México y, sobre todo, de Estados Unidos.
Cada uno de los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, se enfrenta a problemas particulares de sustentabilidad económica. El PIB de El Salvador y Honduras sigue siendo el más bajo de la región, junto al de Nicaragua. Pero incluso el de Guatemala y hasta el de Costa Rica y Panamá, tradicionalmente más altos, también han decrecido en los últimos años.
José Antonio Sanahuja y Francisco Javier Verdes-Montenegro llegan a proponer “un nuevo momento Esquipulas” para Centroamérica, en alusión a los acuerdos de 1986 y 1987 entre los presidentes de esa región, impulsados por el guatemalteco Vinicio Cerezo y el costarricense Oscar Arias, que intentaron encarar problemas comunes, en medio de la expansión de las guerras civiles y el intervencionismo de Estados Unidos.
El Sica, principal foro de integración del área, uno de los más activos a fines del siglo XX y principios del XXI, ha perdido capacidad de respuesta, como todos los foros regionales latinoamericanos. Las profundas diferencias políticas y geopolíticas dentro de la zona impiden el diálogo, a pesar de que la ofensiva antimigratoria y arancelaria de Donald Trump afecta a todos.
La desarticulación regional está directamente relacionada con el avance simultáneo y heterogéneo del autoritarismo, como señalan Ana María Méndez-Dardón, Carlos Dada y Carlos Fernando Chamorro. Centroamérica es una buena prueba de por qué la autocratización de América Latina, en la tercera década del siglo XXI, ya no puede atribuirse a la izquierda o al “castrochavismo”.
Regímenes como el de Nayib Bukele en El Salvador, donde se ha desmantelado una frágil institucionalidad democrática y se combina un populismo punitivo con una represión sistemática del espacio público y la sociedad civil, hacen trizas ese viejo enfoque, heredado de la Guerra Fría. La Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por su parte, ha llegado a verdaderos extremos en la criminalización de líderes y partidos opositores y en el atropello de las libertades civiles y religiosas.
El libro Las cuentas de Centroamérica (2024) se ocupa también del agotamiento de los recursos hidráulicos en un istmo lleno de lagos, de los déficits en las políticas de género y de la exclusión de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En todas esas líneas de política pública, la ambiental, la de género y la de inclusión, hay retrocesos en Centroamérica. La reversión, perfectamente constatable con datos, puede atribuirse a la violencia y la inseguridad, el narcotráfico y la migración, pero también al avance cada vez más generalizado del militarismo y el punitivismo y al abandono de las normas democráticas. (Rafael Rojas, La Razón, Informativa, p. 5)
A menos de un mes de que se revelara el horror ocurrido en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se dio a conocer un informe del gobierno de Estados Unidos, en el que advierte sobre el riesgo que significa la explotación de personas por parte de grupos del crimen organizado.
Como si no fueran pocos los casos revelados desde que se dio a conocer la masacre de 72 migrantes ejecutados ―58 hombres y 14 mujeres migrantes, en San Fernando Tamaulipas, en agosto de 2010―, hace casi 15 años, en su más reciente informe denominado “Evaluación Anual de Amenazas” elaborado por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, da un golpe de realidad:
“Los traficantes de personas, tanto extranjeros como estadounidenses, explotan a personas y grupos vulnerables prometiéndoles empleos bien remunerados, confiscando documentos de identidad y obligando a las víctimas a participar en conductas de riesgo y a trabajar en condiciones inhumanas. Las organizaciones criminales transnacionales que se dedican a la trata de personas también pueden participar en otras actividades delictivas que amenazan a Estados Unidos, como estafas, tráfico de drogas y tráfico de armas y personas”.
Y revela una forma de esclavitud, en pleno siglo 21:
“Los actores criminales, incluidas las organizaciones criminales transnacionales con sede en México, explotan a los migrantes que transitan por el hemisferio occidental hacia Estados Unidos mediante secuestros, trabajos forzados y operaciones de tráfico sexual. Por ejemplo, algunas víctimas se ven obligadas a reembolsar sus honorarios de tráfico mediante servidumbre por deudas una vez que llegan a Estados Unidos”.
Y va más allá al detallar esta red de esclavitud: “Estos migrantes suelen verse obligados a convertirse en empleados domésticos, a trabajar en la pesca, la agricultura y el procesamiento de carne por bajos salarios, o a trabajar en cultivos ilegales de marihuana”.
El informe reconoce una disminución en el cruce de migrantes, por las medidas de la administración de Donald Trump, al grado que, agrega, las detenciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la frontera suroeste en enero de 2025 disminuyeron un 85% con respecto al mismo período de 2024.
O sea, el gobierno de México está haciendo muy bien la tarea.
Los únicos cárteles mexicanos que se mencionan ahí son los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. ¿Se necesitan más detalles?
Monitor Republicano
No cabe duda de que nuestra sociedad ha cambiado. Habrá quien insista en que ha sido para bien, pero no lo comparto.
El ejemplo más reciente fue lo ocurrido con la banda Los Alegres del Barranco que no tuvo empacho en cantar ante un gran público un corrido donde alude a un jefe criminal tristemente célebre en este país.
Lo ha hecho varias veces, en México y Estados Unidos. Por sólo citar una de la que hay registro en YouTube, el 31 de mayo de 2024, en Seattle, presentaron la misma canción, con las mismas imágenes.
Y no solo alaban a un bando, también se presentan con La Chapiza, a quienes dedican el corrido La Gente Del Chapo. Sorprende que no hubo entonces un llamado de atención y menos un castigo.
Quizá ahora fue el lugar y el momento del concierto: En Jalisco, donde está el rancho Izaguirre, y a pocos días de que se conociera que madres buscadoras denunciaron el hallazgo de un supuesto “campo de exterminio”.
La verdad es que esto evidencia a qué grado está enferma la sociedad y hasta qué punto hemos perdido la capacidad de indignación ante lo terrible, lo condenable y lo nunca imaginado, como en otras épocas de nuestra civilización.
¿Estamos en decadencia o en vías de extinción? (Amador Narcia, El Universal, Nación, p. A8)
Durante mis recorridos por Estados Unidos este año, conocí a una migrante hondureña a quien llamaré ¨Carolina¨. Ella llegó a este país huyendo de la inseguridad en su país, me platicó. Sin embargo, su sueño se convirtió en pesadilla cuando fue detenida por las autoridades migratorias y trasladada al Centro de Procesamiento de Krome, en Miami.
Carolina dice que ella y otras mujeres han denunciado condiciones infrahumanas dentro de esa instalación, describiendo un trato cruel e inhumano por parte de los guardias. “Nos trataban peor que animales”, recuerda. “Nos encadenaron por horas en un autobús sin acceso a agua, comida o un baño. Muchas tuvieron que orinar en el suelo. Abusaron de nosotras. Prefiero no platicarle, Juan”.
Según USA Today, la situación que Carolina describe no es un caso aislado. De acuerdo con una investigación publicada en marzo de 2025, al menos cuatro mujeres migrantes denunciaron haber sido sometidas a condiciones degradantes en Krome. Fueron puestas en pequeñas celdas sin espacio suficiente para moverse, obligadas a dormir en el suelo de concreto y solo se les permitía ducharse una vez cada tres o cuatro días. Además, algunas mujeres fueron trasladadas a Krome a pesar de que la instalación está reservada para hombres, exponiéndolas a un ambiente de acoso y miedo constante.
Estos testimonios se suman a los persistentes hallazgos de abusos dentro de los centros de detención de ICE, que han sido documentados a lo largo de múltiples administraciones, tanto demócratas como republicanas. La sobrepoblación y el colapso del sistema han provocado un deterioro aún mayor en las condiciones de los detenidos, mientras la actual administración del Presidente Trump endurece sus políticas migratorias. A mediados de este mes, ICE reporta que mantiene bajo su custodia a más de 46,000 personas, superando ampliamente su capacidad oficial de 41,500 camas. La política de detención masiva está llevando al límite a un sistema que, en teoría, debería ser “no punitivo”.
Mientras tanto, activistas y abogados continúan alzando la voz contra estas violaciones a los derechos humanos. Mich González, un abogado de inmigración, ha denunciado que los guardias en Krome están “abrumados” y que algunos incluso han expresado que la situación dentro del centro “no debería ser así”. Sin embargo, los esfuerzos por mejorar las condiciones de detención chocan con la creciente presión por deportaciones y la reducción de estándares de detención para facilitar la expansión del sistema.
A pesar de este panorama sombrío, la lucha por la dignidad de los migrantes sigue en pie. Organizaciones de derechos humanos, abogados y las propias comunidades migrantes no han dejado de exigir un trato justo para aquellos que buscan un nuevo comienzo en Estados Unidos. Carolina y muchas otras mujeres han compartido sus historias con la esperanza de que la visibilización de estos abusos pueda generar un cambio. La pregunta es si el país que se enorgullece de ser un faro de libertad y oportunidades estará dispuesto a escuchar. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 12)