Al fin, una potencia se define. China dice que Gaza “no es una moneda de cambio política” y que “es parte inseparable del territorio palestino”. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
DE DIVERSOS PAÍSES llegan reportes de jefes de Estado o capitanes de empresas globales que “confían” en que Donald Trump detenga su locura tarifaria que está empujando al mundo a una recesión generalizada.
LLAMAN LA ATENCIÓN las expresiones de Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase o el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, quienes tomaron distancia de la guerra arancelaria de Trump a quien habían apoyado fuertemente en la campaña electoral.
EN SU CARTA ANUAL a accionistas Dimon expuso que los nuevos aranceles golpearán las alianzas de Estados Unidos con otros países y que es inevitable una espiral inflacionaria.
BILL ACKMAN, quien se había destacado como un trumpista muy activo, ya pintó raya y pidió al presidente estadounidense dar una pausa en su guerra o de lo contrario, predijo “un invierno nuclear económico autoinducido”.
LA SOLICITUD fue que Trump se diera tres meses de pausa para negociar el tema arancelario y expresó su deseo de que prevaleciera la serenidad en la Casa Blanca.
ES DIFÍCIL SABER si este tipo de presiones harán reflexionar a Trump, aunque todas las evidencias dicen que no las tomará en cuenta.
EN EL PODER JUDICIAL hay inquietud por las circunstancias en las que laboran. En un segmento del personal, incluidos muchos jueces y magistrados, hay queja porque no tienen el mismo ingreso que antes. Los ajustes de la reforma judicial pasaron tabla rasa y a muchos les recortaron sus salarios.
ADEMÁS SE REDUJO el presupuesto para la operación cotidiana en tribunales y juzgados. De ahí que ya no compren la misma cantidad de insumos necesarios para el trabajo diario de los juzgadores. Ni papel, ni toner para las impresoras ni las mejores condiciones para trabajar.
ESO SÍ, las campañas electorales andan a todo lo que dan con la contratación de despachos especializados en propaganda. El costo de la elección judicial endosado al erario, por ejemplo, equivaldrá al menos a dos veces el presupuesto anual del Tribunal de Justicia Administrativa o el doble de las percepciones a pagar en el Tribunal Electoral federal.
PARECIERA QUE SOLO por la presión estadounidense se ha actuado frente a un asunto que fue tolerado por autoridades locales y federales por muchos años, como es el contrabando de combustible en buques.
PERO HAY OTRO DETALLE que el diputado panista Federico Döring hizo saber en distintas cartas tanto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como al de Defensa, general Ricardo Trevilla; y al almirante Raymundo Morales, titular de la Marina.
EL LEGISLADOR preguntó: ¿Por qué en sendos operativos en Tamaulipas y Baja California donde se aseguraron 18 millones de litros de combustible en decenas de contenedores, no hubo un solo detenido? La pregunta espera una convincente respuesta. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
¿Qué cosa más importante tendrá que hacer la presidenta de la CNDH?
Nos cuentan que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estará presente en todas las reuniones que sostengan autoridades federales con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en el marco de la nueva estrategia del gobierno federal para atender ese tema, y que es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En contraste, resalta que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, no estuvo presente durante el el primer día de esta estrategia, y no se sabe si acudirá a las siguientes reuniones. Nos hacen ver que seguramente doña Rosario tuvo que atender otro asunto más importante que el de acudir con las personas que denunciaron la existencia de un campo de entrenamiento y muerte en Jalisco, hecho que ha dado la vuelta al mundo.
Acusa PAN a Corral de conflicto de interés
Un nuevo escándalo en el Senado, que involucra al expanista, hoy miembro de la bancada de Morena, Javier Corral, está a punto de estallar. Está vez se trata del proceso de selección de magistrados electorales en las 32 entidades del país. En este espacio le dimos cuenta la semana pasada de que el exgobernador de Chihuahua, presidente de la Comisión de Justicia, era solo un florero en la elección de las mencionadas magistraturas, puesto que será la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside Adán Augusto López, la que definirá la lista final de candidatos. Sin embargo, miembros de la bancada del PAN advierten que, a cambio de sus servicios para impulsar a aspirantes cercanos a la autollamada Cuarta Transformación, don Javier pretende imponer las postulaciones de dos mujeres cercanas a él: Adela Alicia Jiménez Carrasco y María Alejandra Ramos Durán, para ocupar la magistratura del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Nos dicen que el grupo parlamentario del PAN acusa un presunto conflicto de interés, por lo que exigirá que Corral deje de intervenir en el proceso.
Pedirá Sheinbaum en cumbre que América se mantenga unida
Nos dicen que, en su visita exprés de esta semana a la cumbre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará en Honduras, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una breve intervención en la primera reunión plenaria donde, nos adelantan, planteará que “América se encuentre unida”, ello ante el contexto actual de los aranceles y migración que han afectado por las políticas impulsadas por Estados Unidos. Nos dicen que, dado que la visita de Sheinbaum será breve para seguir con su agenda de trabajo en México, hasta el momento, no se prevén reuniones bilaterales con mandatarios latinoamericanos.
Enrique Vargas buscará retener un bastión panista
Ayer le comentábamos el caso del senador panista Enrique Vargas, quien buscará competir en 2027 por la alcaldía mexiquense de Huixquilucan. Nos explican que el mensaje que se mandó en las pasadas elecciones de los Consejos de Participación Ciudadana y Delegados, quedó claro que el municipio sigue siendo uno de los bastiones panistas más fuertes del país, y que la aprobación al gobierno actual, de la panista Romina Contreras, esposa de Vargas, es vista como una oportunidad para que don Enrique dé continuidad al proyecto de gobierno. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
1 Tensión medida. En medio de la presión comercial de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la calma y la vía diplomática. México sigue en negociaciones para evitar los aranceles de 25% al acero y aluminio, y esta semana el secretario Marcelo Ebrard viaja a Washington para insistir en el diálogo. La estrategia no es el choque, sino la defensa inteligente de los intereses nacionales. La mandataria busca proteger la cadena productiva sin escalar el conflicto. Justo lo necesario. Frente a la amenaza, firmeza con cabeza fría. México apuesta por el respeto, no por la sumisión. Y eso también es ejercer soberanía.
2 ¿Hasta cuándo? La crisis en Culiacán no admite retrasos. Ayer, centros de rehabilitación fueron blanco del crimen organizado, con ejecuciones, desapariciones forzadas y el terror como rutina. Guillermo Rodríguez Gaxiola, administrador de 27 anexos, fue secuestrado tras la masacre en uno de sus centros, mientras otros dos fueron allanados. El gobernador Rubén Rocha Moya necesita un equipo de colaboradores que reaccionen rápido, pero, sobre todo, que prevengan el horror. Lo alarmante no es sólo la violencia, sino la incapacidad del Estado para garantizar seguridad en espacios dedicados a salvar vidas. Sí, ¿hasta cuándo?
3 Cenizas. Nayarit arde y no es metáfora. El incendio en el cerro de San Juan supera las 700 hectáreas devastadas y apenas está controlado en 50 por ciento. Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado, tuvo que recurrir a la presidenta Claudia Sheinbaum para conseguir un helicóptero de la Marina porque su administración no pudo ni prevenir ni contener el desastre. Héctor Pedro Núñez, de Protección Ciudadana, y Gabriela Arias, de la Comisión Forestal, agradecen con emoción el préstamo federal. Pero, mientras las llamas suben, el liderazgo local se diluye. Aquí, el fuego no arrasa el bosque, lo hace la incapacidad de respuesta gubernamental.
4 Compromiso real. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se reunió con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas será prioridad del Estado mexicano. La instrucción vino directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha puesto el tema al centro de su agenda. En un momento en el que responder es primordial, Rodríguez propuso una mesa permanente de diálogo y anunció que las reformas enviadas al Congreso buscan prevenir, sancionar y erradicar la desaparición. El dolor llegó a las altas esferas políticas y se atiende con verdad y justicia. El Estado, al fin, empieza a escuchar.
5 En lo oscurito. Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras, denunció que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, le ofreció protección… si dejaba de buscar a sus hijos. Un trueque infame, silencio a cambio de seguridad. Hoy, las amenazas que recibe siguen sin respuesta oficial. Hace unos días, en el Senado, logró acuerdos con la morenista Margarita Valdez para exigir que los criminales presos revelen la ubicación de fosas y se legisle contra la desaparición forzada. Pero ni ella ni su colectivo han sido invitadas al diálogo institucional. Buscar a los desaparecidos no debería ser una lucha contra el Estado. Pero lo es. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 9)
Que la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, abrió la puerta a la buscadora Ceci Flores para que se sume a las reuniones que a partir de hoy habrá con esos colectivos, después de que la dirigente criticó los encuentros y aseguró que no fue invitada. En Bucareli dicen que todo fue un malentendido y que se le buscará para que se incorpore a estos trabajos, a un día de que ella acudió al Senado y no salió muy satisfecha que digamos con el trato de legisladores como Adán Augusto López.
Que en el INE declararon irreparable el daño que ocasionó Luis Rubén Maldonado, vocero del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, por haber compartido imágenes personales de la candidata a ministra Olivia Aguirre Bonilla, aunque se libró de medidas cautelares porque eliminó las publicaciones. Las fotografías no pueden ser utilizadas para fomentar estereotipos en contra por cómo se vistan, debate que a estas alturas ya debería estar superado.
Que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, propuso un delicado mecanismo para que si en el clero saben sobre presencia y actividades del crimen organizado, que hablen aunque no digan su nombre, luego de que el cardenal José Francisco Robles Ortega asegurara el domingo que integrantes de la delincuencia ya infiltraron a algunos gobiernos municipales. “Él debe tener denuncias de sacerdotes y de párrocos y la cuestión es trabajar de la mano, los propios señores curas con los párrocos, con el arzobispo de Guadalajara, para recibir esas denuncias completamente anónimas”, dijo el mandatario.
Que al finalizar la clase nacional de boxeo el pasado domingo, con la participación de 42 mil personas tan solo en el Zócalo de Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se acercó al director de Promoción al Deporte y Bienestar de la Secretaría de Educación y organizador del evento, Miguel Torruco, para felicitarlo por su trabajo, “muy bonito”, mientras que el titular de la Conade, Rommel Pacheco, se conformó esta vez con presumir en redes sociales sus fotos en el templete con la mandataria. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Por las y los desaparecidos
Con la encomienda de garantizar que haya verdad, justicia y atención, inició la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una ronda de encuentros con familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras. Instalaron una mesa de diálogo para conformar una agenda de trabajo conjunta que permita atender y dar seguimiento puntual a todos los casos, como se ha comprometido el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Respuesta airada
Respondió Luisa María Alcalde al comité de la ONU que busca “sancionarnos” porque en México, dicen, hay desapariciones forzadas como política de Estado. La dirigente de Morena dejó en claro que el “gobierno no desaparece personas, ni viola derechos humanos”. Y recordó que desde 2018 no hay registro de lo que pretenden acusarlos.
Encuentro y oportunidades
Ayer Claudia Sheinbaum platicó con Jane Fraser, CEO de Citigroup, sobre las oportunidades que tiene México en el contexto internacional y de la posibilidad de que esta firma incremente sus inversiones. Fraser también se reunió con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Jesús de la Fuente, con quien conversó sobre la escisión de Banamex.
Contra la chatarra
Desde ayer y hasta el jueves 10 de abril, la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Mario Delgado, iniciará las sesiones de capacitación sobre los Lineamientos para la distribución y expendio de alimentos en las escuelas. Los interesados podrán seguir las sesiones a través de los medios oficiales de la secretaría.
Tensión arancelaria
Lunes negro vivieron los mercados internacionales. El peso mexicano y la Bolsa de Valores, que preside Jorge Alegría, experimentaron pérdidas debido a la incertidumbre internacional. Las tensiones comerciales entre EU y China, impulsadas por las amenazas de Trump, han generado temores sobre una recesión y desconfianza en el mercado.
Con café en mano
Muy tranquilo se le vio al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en una cafetería en Texas. Acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el panista, que posee dos órdenes de aprehensión en México, estaba platicando sobre amparos judiciales.
Ocupación considerable
Calcula la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, a cargo de Bernardo Cueto, una ocupación superior a 82% durante la Semana Santa. Esto quiere decir que los destinos del Caribe Mexicano esperan tener vacíos 18 de cada 100 habitaciones, con una derrama económica superior a los mil mdd y huéspedes nacionales y de EU. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Problemas en el consulado de Sacramento
La presidenta Claudia Sheinbaum admitió ayer lo que era un secreto a voces: el retraso del pago de los honorarios de marzo de 2025 de “algunos” empleados de los 50 consulados de México en Estados Unidos, lo cual provocó, incluso, que algunos de ellos, como es el caso del Consulado de México en Sacramento, tuvieron que ser cerrados debido a la protesta de los trabajadores que denunciaron la falta de pago. La mandataria dijo que este problema, que ya se resolvió, fue provocado por “un nuevo esquema administrativo que se está haciendo con el gobierno federal”, pero eso sí, prometió que “no va a volver a ocurrir”.
Empresarios afinan programa de inversión con diputados
Líderes de la cúpula empresarial acudieron, otra vez, ayer hasta la sede de la Cámara de Diputados, para afinar, en privado con la poderosa mayoría de Morena, el programa Invierte en México. “Vinieron a una visita de trabajo para implementar mecanismos de colaboración con ese programa, que acaba de iniciar la presidenta Sheinbaum para fortalecer el mercado interno”, reveló el líder morenista, Ricardo Monreal. “Vi muy buen ambiente con ellos, agradable, con plena disposición a trabajar con la presidenta”, insistió. Algo está cambiando, van tres veces que los “machuchones” de la IP acuden hasta las oficinas de los morenistas.
Patean ¡para julio! leyes de seguridad y de búsqueda de personas
Porque todos los partidos, incluidos los de la ‘4T’, quieren “buenas leyes” y “modificar” las iniciativas del Ejecutivo, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ya dio por hecho ayer que las iniciativas de seguridad y las de búsqueda de personas se irán a un periodo extraordinario en el Congreso. En las primeras, porque se buscan acuerdos con la oposición, y en las segundas se escuchará a los colectivos de madres buscadoras. Por ello, estimó que ese periodo extra sería en junio o hasta julio, dijo, “por la importancia que la presidenta ha dado a los temas”.
Combatir las drogas hasta con el canto
Y hablando de programas en favor del país, el gobierno de Sheinbaum responde como sólo los mexicanos sabemos… ¡con canciones! Por eso la Presidencia lanzó ayer el concurso binacional denominado “México canta por la paz y contra las adicciones” con el objetivo de promover la música sin hacer apología de la violencia y de las drogas. Pueden entrar géneros como el mariachi, norteño, banda, corrido, tropical, duranguense, bolero, entre otros, y con fusiones de rap, rock, pop y hip hop. Este certamen está dirigido a los jóvenes tanto en México como Estados Unidos entre 18 y 34 años.
Panista Tabe ¿se cura en salud?
El dardo envenenado que el sábado lanzó Myriam Urzúa, titular de Protección Civil del gobierno capitalino, sembró la sospecha de que la alcaldía Miguel Hidalgo sería corresponsable en la tragedia en el festival Axe Ceremonia, donde el sábado dos jóvenes fotógrafos murieron. Ayer, la presidenta Sheinbaum hizo segunda al acusar que la alcaldía es la encargada de los permisos. “Hay que ver qué pasó ahí”, dijo. Ante ello, el alcalde panista Mauricio Tabe –quien acusa que la responsabilidad es de los organizadores, o sea Grupo Eco, de Diego Jiménez, amigo de los hijos de López Obrador–, hizo su lectura del caso y advirtió que ve “dos intenciones perversas y miserables”, sacar raja política de la tragedia y encubrir a los verdaderos responsables del delito. ¿Con ello se está curando en salud? (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 31)
Condena a José Luis Abarca
Y donde no han quitado el dedo del renglón en el caso Ayotzinapa es en la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, a cargo de Zipacná Torres. Y es que resulta que esa institución consiguió que un juez le dictara sentencia a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por el asesinato del exsíndico municipal Justino Carbajal Salgado. El 8 de marzo de 2013, la víctima fue privada de la vida a tiros en las escaleras del edificio número 96, ubicado en la calle Zaragoza, colonia Centro de la ciudad de Iguala. Las indagatorias establecieron que Abarca ordenó la ejecución, la cual fue perpetrada por un grupo de sicarios. El juez penal determinó imponerle una pena de 20 años de prisión, resolutivo que la propia Fiscalía apeló para que el castigo sea mayor. El homicidio ocurrió antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero ha aportado información de cómo estaba el municipio en materia criminal cuando se dio la trágica desaparición de los 43.
Rosa Icela y las buscadoras
Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer llevó la voz del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión con integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos. “Vamos a tener un diálogo desde la sensibilidad y el respeto pleno a los derechos humanos”, les dijo en el primer encuentro de este tipo que se da en años. “El Gobierno les reconoce como víctimas y su derecho a participar activamente durante las acciones que se implementen para la búsqueda y localización de sus seres queridos, así como garantizar su derecho a la información, tanto de las actividades como del resultado de las mismas”. Las palabras de la titular de Segob han sido bien acogidas por los colectivos, que han empezado a reconocer la posibilidad del canal de escucha y, según han dicho, a confirmar que el problema de los desaparecidos ahora sí tendrá atención. Pendientes.
Himno a la humildad
Nos cuentan que Gerardo Fernández Noroña ayer se inspiró en el dato de que se cumplieron 20 años del desafuero del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que aprovechó para compararse con el propio tabasqueño. Según el presidente del Senado, él mismo también está siendo víctima de una embestida de la derecha facciosa y canalla. “Ahora resulta que lo importante de mi persona es que me gusta el acceso a la vida de pequeño burgués. O sea, eso no lo decían desde la izquierda de los setentas y ahora resulta que la derecha es clasista, es racista”, sostuvo. Fernández Noroña siguió luego hablando de sí mismo al advertir que llegó a la presidencia del Senado de la República gracias a su amor por el pueblo, su consecuencia, su tenacidad, su creatividad en las protestas… Y, nos dicen, sólo le faltó decir que también por su humildad. Uf.
Layda Sansores, invisible
Nos dicen que las autoridades de Campeche se volvieron invisibles, pues no se ve que alguien opere para que sea retirado un bloqueo que ayer cumplió cuatro días. Pobladores de Nuevo Progreso tienen taponeada desde el jueves la carretera federal 180, en demanda de que la CFE regularice el servicio en la zona. Se trata de un punto nodal por el que transitan todos los días miles de camiones de carga que llevan mercancía a la península de Yucatán, por lo que la afectación económica es considerable. Por si fuera poco, ayer la Secretaría de Educación estatal decretó la suspensión de clases en el sur, ya que los maestros no pueden dirigirse a los planteles. La gobernadora Layda Sansores aplica su política de dejar pasar el tiempo para que los inconformes se desgasten, como pasó con el paro de policías del año pasado. O a menos que piense que a ella no le corresponde intervenir, lo que equivaldría al “¿Y yo por qué?” de Fox, sólo que en versión tropical.
Desaparecidos en BCS
Resulta que en Baja California Sur, ese estado ubicado en el norte del que no se habla mucho, se vive una crisis de desapariciones, las cuales se dispararon a más del doble en lo que va de este 2025. La mayoría de las víctimas se concentra en Los Cabos, mencionado recurrentemente por colectivos como centro de trata de personas con fines de explotación sexual. En cuatro meses, los 34 reportes de ausentes ya representan el 39 por ciento del total de desapariciones registradas oficialmente en todo el 2024, que fueron 87. La cifra podría ser mayor, pues colectivos acusan que autoridades maquillan los datos. A la par, no dejan de aparecer fosas clandestinas. Entre 2023 y 2024, los colectivos hallaron 250. Y en lo que va del presente año ya han sido detectadas al menos 17 más. Es grave la ausencia creciente de personas, pero también, nos dicen, la ausencia de la autoridad en la entidad gobernada por el morenista Víctor Manuel Cosío. Uf.
¿Y los comités?
¿Y entonces a qué se dedicaron los Comités de Evaluación que tenían como tarea garantizar que las y los candidatos que aparecen en las boletas de la inédita elección judicial no sólo estuvieran preparados y fuera de toda sospecha?, se sigue cuestionando más de uno. Y es que, a menos de dos meses de estos comicios y con un pequeño tramo recorrido de campañas siguen saliendo a flote perfiles cuestionables. Las dudas razonables sobre más de uno giran en direcciones diversas, pues algunas van en cuanto a la falta de experiencia para los cargos a los que aspiran, mientras que en otras lo que se debate es el camino profesional que les antecede y que a más de un candidato ya lo ligan con hechos impunes, complicidad en la deliberación de casos vinculados con el crimen organizado y, en otros tantos, con la relación directa en la comisión de algún delito. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Falla sistema
Por si faltaran quejas en la elección judicial, ahora una de las principales es que el sistema de fiscalización del INE presenta fallas para que los candidatos judiciales suban en tiempo real sus informes de gastos, avisos de agendas y pruebas de sus erogaciones o de que no gastaron ni un peso, por lo que la mayor preocupación es que dicho sistema se sature al final de campaña y con la inexperiencia de los aspirantes se queden sin presentar su informe final de gastos, lo que es causa de cancelación de candidatura. ¿Será?
No litiga
Nos comentan que aunque insista en culpar a los jueces por el descongelamiento de recursos de presuntos culpables de lavado de dinero, el titular de la UIF, Pablo Gómez, y algunos de sus colaboradores saben o cuando menos tienen la sospecha de que parte de esos recursos perdidos no son del todo culpa de los juzgadores, sino de que desde que llegó la Unidad de Inteligencia Financiera no se ha caracterizado por litigar eficientemente esos temas, y no se diga eficientemente, dejémoslo solo en litigar… Algunos solo atinan en decir: es que ya se le ve cansado. ¿Será?
Sueño artístico
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló uno de sus sueños y pidió a artistas, compositores, empresarios de la industria musical y colaboradores ayudar a cumplirlo: que existan coros en cada una de las escuelas públicas del país y con ello, abrir a los niños y jóvenes otras ventanas de oportunidad. Nos cuentan que el mensaje ya fue recibido y ahora trabajarán para cumplir este anhelo… Nos dicen que ella misma es un ejemplo de cómo la música influye positivamente en el ser humano, y hay que echarle un ojo al video que circula en redes donde se observa a la niña Claudia entretenida, tocando y cantando en un grupo infantil. ¿Será?
Con la misma vara
Este lunes, personal del Gobierno capitalino puso una araña a un autobús estacionado en las inmediaciones del Senado… pero no se trataba de uno cualquiera, pues en este viajaron las y los integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco, colectivo que descubrió el rancho Izaguirre, para la primera mesa de diálogo con el Gobierno en materia de desapariciones. Y aunque el chofer de la unidad intentó exponer la situación, al funcionario no le importó, hasta que salió Gobernación a aclarar el tema… Dicen por ahí que ya hay que construir un estacionamiento amplio, para esta dependencia, o informar bien claro la zona de parquímetros, porque en los alrededores de esa dependencia, hay calles en donde no se aplica este sistema. ¿Será?
Con la mirada en Latam
A pesar de los conflictos detonados por el presidente de Estados Unidos, no sólo contra México, ya sea en materia de migración, combate al tráfico de droga, y el tema de los aranceles al acero, aluminio y a productos que no están en el T-MEC, la presidenta mexicana se dio tiempo de ver hacia Latinoamérica; su presencia en Honduras cubre el vacío que se había dejado prácticamente en todo el sexenio pasado en este tipo de eventos… Dicen por ahí que la mandataria, Claudia Sheinbaum, va por el liderazgo a nivel Latinoamérica que corresponde a este país. ¿Será?
Cambia rostro
Por cierto, con el nombramiento que se dará a los nuevos cónsules mexicanos, se establecerán representaciones en el extranjero con una visión más acorde al proyecto de lo que se denomina el segundo piso de la 4T. Y es que los perfiles destacarán por el profesionalismo, nos comentan quienes ya conocen algunos nombres. ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)
Los problemas de obesidad y enfermedades asociadas, como la diabetes, seguirán allí una vez que logremos pasar por las crisis coyunturales que atraen la atención pública. Atender temas como este -u otros como el anidamiento de la cultura de la violencia en la sociedad- atraerán menos reflectores al ser atendidos, pero se trata de apuestas de largo aliento, de resultados duraderos. (La Esquina, La Crónica de Hoy, P.p.)
Estrictamente Personal / Ramírez Cuevas, ‘persona de interés’
Jesús Ramírez Cuevas, el hombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, está en camino de convertirse en un problema de seguridad nacional. Los servicios de inteligencia en Washington le han puesto el ojo por la forma como ha promovido a rusos en México y a personajes cercanos al gobierno de Vladímir Putin, así como haber abierto las puertas a medios que son parte orgánica del aparato de propaganda del Kremlin. No hay una investigación abierta en su contra, hasta donde ha trascendido, pero sí es una persona de interés para los estadounidenses.
Ramírez Cuevas, un personaje atrapado entre paradojas, ha sido muy importante para el modelo del país imaginado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Oscuro como persona, por su manejo siniestro por hipócrita y cobarde, fue brillante interpretador del pensamiento de su jefe político, que operativizó en una maquinaria de propaganda cargada de una narrativa emocional que sedujo a todo tipo de perfiles socioculturales y socioeconómicos, que dio cobertura a una retórica divisiva y mentirosa, pero muy efectiva para los objetivos del régimen que estaba bajo construcción.
Las escuetas informaciones que han salido de Washington sobre Ramírez Cuevas no vinculan de manera estructural a López Obrador con la red de relaciones que tejió su exvocero y operador político con activos rusos, pese a la proclividad del expresidente por Putin y esa nación, donde se ha impuesto un régimen represivo y corrupto, con un capitalismo de cuates exacerbado. Ramírez Cuevas, que se cree un hombre de izquierda, estimula los nexos con lo que representan Putin y Rusia en el concierto mundial, donde la ideología no es parte de la ecuación de intereses estratégicos, que son los que, en el fondo, despiertan la preocupación norteamericana.
Ramírez Cuevas no ha ocultado sus inclinaciones.
En octubre de 2023, Margarita Simonián, redactora en jefe (directora) del canal de televisión RT (que antes se llamaba Russia Today), que es una de las figuras permanentes de la lista de las 20 mujeres más influyentes en Rusia, anunció el inicio de transmisiones en español de su canal en el sistema del Metrobús de la Ciudad de México, “donde ahora los pasajeros pueden familiarizarse con las noticias mientras esperan su autobús”. La autorización pasó por Palacio Nacional, y quien lo permitió fue Ramírez Cuevas, que durante el sexenio pasado centralizó prácticamente todo lo que de comunicación social y política se trataba. RT, la máquina de propaganda rusa, que junto con la agencia Sputnik incrementaron su presencia en América Latina tras la invasión a Ucrania, erosionado la democracia liberal y aumentando la polarización en la región.
En 2022, Ramírez Cuevas entregó, en nombre del Club de Periodistas de México, un premio postmortem a Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, quien fue asesinada ese año en las afueras de Moscú, que había sido incorporada en una lista de sancionados por el Reino Unido, como parte de la respuesta europea a la invasión rusa en Ucrania, por “brindar apoyo o promover políticas para desestabilizar” ese país. Su padre, llamado El Rasputín de Putin, es la persona que más ha influido en la política exterior del presidente ruso. En la misma ceremonia fueron premiados tres corresponsales de RT por su “cobertura de la operación militar rusa en Ucrania”.
Al año siguiente, el Club de Periodistas premió al consorcio de medios Tsargard TV, propiedad de Konstantine Malofeev, uno de los ideólogos de Putin, que ha sido imputado penalmente en Estados Unidos y vetado en Bulgaria por actividades de espionaje, y cuyos canales promueven la propaganda del Kremlin en la guerra con ucrania, que también fue sancionado por respaldar a combatientes separatistas en ese país. En la misma ceremonia premiaron a cuatro reporteros de RT, dos de Sputnik y al conductor del canal estatal ruso, Rossiya 1.
El año pasado Ramírez Cuevas le abrió las puertas de Palacio Nacional a la periodista rusa Inna Afinogenova, que fue subdirectora del canal en español de RT hasta 2022, cuando se integró al Canal Red, un canal de televisión en español que transmite por internet, dirigido por Pablo Iglesias. En septiembre pasado, una investigación de The New York Times lo identificó como parte del aparato de propaganda del Kremlin. La entrevista de Afinogenova fue un baño de miel para López Obrador, quien tuvo que retirarla de las redes del gobierno porque el INE determinó que había violado las leyes electorales.
Otra de las operaciones de Ramírez Cuevas a favor de la propaganda rusa la descubrió el analista Javier Tejado en marzo del año pasado. Tejado encontró que en el monitoreo del INE sobre las campañas presidenciales, el Canal 13 –que no pertenecía a TV Azteca– había sido el que más tiempo les había dado. El Canal 13 es propiedad de Ángel Remigio González, mexicano naturalizado guatemalteco cuya empresa Telsusa Televisión México tiene un imperio de medios en Centroamérica.
Tejado se topó con un documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones fechado a finales de 2023 donde autorizaba la multiprogramación a favor de RT en todas sus concesionarias en Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Campeche, en cuya cobertura presidencial iba el tamiz acostumbrado de “manipulación mediática y guerra informativa”.
La expansión del aparato de propaganda ruso en México fue acompañada por un aumento significativo de presuntos espías, bajo cobertura diplomática, tras la invasión a Ucrania. Dolia Estévez, la experimentada corresponsal mexicana en Washington, que ha dado un seguimiento sin par a la presencia rusa en este país, reveló que mientras 600 presuntos espías rusos fueron expulsados de las embajadas europeas desde la invasión a Ucrania, México autorizó a 37 nuevos diplomáticos, que al sumarse a los 49 ya acreditados, sumaba un total de 86, el mayor contingente en cualquier legación en la Ciudad de México, sin justificación alguna.
Ramírez Cuevas negó rápidamente el tema del presunto espionaje, pero nunca ha explicado por qué permitió y estimuló la llegada de la maquinaria de propaganda del Kremlin para operar sobre la mente de los mexicanos, que es lo que ha llamado la atención en Washington. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)
El periodista y activista cercano a la 4T había recibido la grata noticia: la presidenta lo nombraría embajador de México en uno de los países más cotizados de Europa. Lo comunicó dentro de su familia, avisó a sus jefes en los distintos empleos que tiene, esparció la noticia entre amigos y compañeros de trabajo. Era cosa de semanas. Han pasado seis meses. En la cancillería le dicen que no hay dinero para la mudanza.
Aunque no se trata de una embajada estratégica, su caso no es anecdótico.
Fuentes oficiales comparten que la presidenta tenía en sus planes relevar de su cargo a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. Salía carísimo. La ley mexicana prevé una serie de prestaciones (menajes) para quienes dejan un puesto de esa categoría y para quienes lo van a ocupar. No había dinero para sufragar el cambio, así que no se hizo: se quedó Moctezuma, con quien no había ninguna animadversión, sencillamente buscaban un cambio de aires.
No son los únicos casos: ha trascendido que además de que no hay dinero para los menajes, hay menajes atorados o retenidos por falta de pago.
En el momento más estratégico de los consulados de México en Estados Unidos por el embate de Trump, el reporte de los trabajadores diplomáticos de nuestro país es que los está matando la austeridad que empezó López Obrador y continuó la presidenta Sheinbaum. Las quejas llevan meses en los pasillos del mundo diplomático. Y ya empezaron a reventar: el pasado viernes se declararon en paro de labores por falta de pagos los trabajadores del consulado de México en Sacramento, California, que atiende a una comunidad de decenas de miles de paisanos perseguidos por las políticas de Trump.
Pero se sabe que en un sinnúmero de embajadas y consulados se han reportado problemas para pagar desde las rentas de las casas de los diplomáticos o de las oficinas, hasta los recibos de luz, agua, gas, arrendamiento de vehículos y hasta consulados móviles que dan servicio a las comunidades mexicanas más alejadas de las zonas urbanas.
Mientras tanto, en la mañanera el discurso oficial es que se han reforzado presupuestalmente los consulados, y que nada les faltará para atender a los paisanos. Sacramento demuestra que es una mentira.
Presupuestalmente, para el gobierno de México se acabó la fiesta. López Obrador endeudó al país en 6 billones de pesos nada más el año pasado. Gastó más de lo que ingresó. Esto representa el 6% del PIB. La presidenta Sheinbaum se propuso bajar el déficit presupuestal a 4.5%. Para eso hay que recortar. Y se va a sufrir. Porque en el sexenio pasado se tiró mucho dinero (y se robó un tanto). Pero la doctora Sheinbaum no lo puede decir porque la segunda persona que más se benefició de ese tiradero fue ella: se volvió presidenta. Así que, sin confesarnos quienes ensuciaron, ahorita está tratando de recoger: la Megafarmacia ya es oficialmente una bodega, Mexicana tiene la mitad de aviones, Segalmex desapareció, etc. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A8)
La amenaza de una recesión latente para la economía de los Estados Unidos y para el resto de la economía mundial ha provocado la reacción abierta y pública de grandes empresarios, economistas, políticos y de la propia sociedad estadounidense, sobre todo la que no comulga con el trumpismo.
Las agresivas políticas de Donald Trump, que ya activaron a los norteamericanos preocupados por un retroceso en su democracia, ahora también están despertando a la clase empresarial y pensante de la Unión Americana que, ejerciendo el derecho a la libre expresión que les otorga la Primera Enmienda de su Constitución, han empezado a cuestionar y a alertar sobre los efectos negativos que les traerá la guerra arancelaria declarada por su presidente a China y al resto del mundo.
Y es que tras las protestas masivas que se registraron el fin de semana en los 50 estados de la Unión Americana, ayer aparecieron con declaraciones y posicionamientos líderes empresariales, economistas y presidentes de calificadoras estadounidenses que criticaron las decisiones y posiciones de la administración Trump, expresando que estaría llevando a los estadounidenses a una recesión que, lejos de hacerlos “más ricos otra vez”, podría tirar a su sistema financiero y arruinar la economía de la nación más poderosa del mundo.
La respuesta de China con la aplicación de aranceles de 34% a los productos estadounidenses y el contraataque de Trump con la nueva amenaza a Pekin de imponer aranceles del 50% a los productos chinos si no retiraban sus aranceles anunciados el pasado viernes provocaron un “lunes negro” en las bolsas y mercados de la mayor parte del mundo –si bien Wall Street al final registró pérdidas menores–, también dieron pie para que líderes financieros y empresariales de Estados Unidos salieran a fijar posiciones críticas y en tono de advertencia para su país.
“La economía se está debilitando en estos momentos. La mayoría de los directores ejecutivos con los que hablo dirían que probablemente estemos en recesión en este momento”, declaró ayer Larry Fink, el influyente CEO de Black Rock, el mayor fondo de inversiones del mundo, mientras que el presidente de la FED o Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, lanzaba una advertencia sobre la inflación que provocará la guerra arancelaria de Trump: “Los aranceles probablemente aumentarán la inflación. Se corre el riesgo de incrementar el desempleo y desacelerar el crecimiento en Estados Unidos”.
Dos de los principales bancos de inversión y calificadoras estadounidenses, JP Morgan y Goldman Sachs, también reaccionaron ante la amenaza de recesión que enfrenta la economía norteamericana: “El crecimiento económico se desaceleraría drásticamente tras un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras, el boicot de los consumidores extranjeros y un aumento continuo de la incertidumbre política que probablemente deprimirá el gasto de capital más de lo previsto”, advirtió Goldman Sachs en una nota dirigida a los inversionistas, en tanto que el presidente ejecutivo de JP Morgan dudó de la recesión, pero sí habló de caída del crecimiento económico para el PIB estadounidense: “Los aranceles recientes probablemente aumentarán la inflación y están haciendo que muchos consideren una mayor probabilidad de recesión. Queda en duda si el conjunto de aranceles provocará una recesión, pero ralentizará el crecimiento”, dijo Jamie Dimon.
Pero el que sí se lanzó con todo a cuestionar la dudosa estrategia arancelaria de Donald Trump, fue el premio Nobel de Economía 2024 y uno de los más duros críticos del presidente estadounidense, Daron Acemoglu: “La agenda de Trump es muy peligrosa, no se equivoquen al respecto, es muy peligrosa. La incertidumbre es algo que deberíamos esperar porque, como hemos visto, las acciones de Trump son impredecibles, no significa que sean irracionales, a lo mejor hay un plan, pero sea cual sea ese plan, está creando mucha incertidumbre para México”, publicó el también profesor del MIT.
No parece casual que toda esta reacción antitrumpista se haya comenzado a generar tras el llamado que hizo el pasado jueves, desde una conferencia que dio en Hamilton College, de Clinton, Nueva York, el expresidente Barack Obama, quien llamó los estadounidenses, universidades, abogados y ciudadanos en general, a “resistir” ante la agenda impulsada por el presidente Trump: “Depende de todos nosotros solucionar esto, incluyendo al ciudadano, a la persona común que dice: ´No, eso no está bien’”, comentó Obama mientras les pedía a sus compatriotas “sacrificarse” por los valores democráticos.
Está claro, pues, que la sociedad pensante y empresarial de los Estados Unidos está despertando y que no comparten el optimismo y la demagogia proteccionista de Trump sobre lo “gloriosos” que serán sus aranceles y la forma en que remediarán lo que él califica de “injusticia” cometida contra su país por el resto de las economías mundiales.
Y mientras todo eso pasa en nuestro vecino y principal socio comercial, donde prevalecen la incertidumbre y los cuestionamientos, acá la presidenta Sheinbaum sigue conservando su “cabeza fría” y mantiene las negociaciones con la administración Trump en busca de una reducción de los aranceles ya impuestos a México, analizando incluso si se le ponen o no los aranceles recíprocos a Estados Unidos, mientras nadie en su gobierno habla de la recesión que también se avecina para la economía nacional, si no es que ya comenzó. No cabe duda que los mexicanos, como sus gobernantes, siempre están mirándose el ombligo, sin inmutarse de la incertidumbre y el miedo que avanza en el mundo.
NOTAS INDISCRETAS… Y mientras los mercados financieros en el mundo arden, el peso mexicano se depreció ayer 2.51%, cerrando en 20.71 por dólar y la Bolsa Mexicana de Valores ligó dos jornadas a la baja con caídas en los principales grupos empresariales mexicanos, la presidenta Sheinbaum, en sus giras populistas de fin de semana, anduvo por la meseta purépecha de Michoacán, lugar en el que, además de hablar de sus recuerdos juveniles en esa zona donde hizo servicio social, presentó el programa llamado “Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar”, que consiste en dotar a las familias que viven en las comunidades purépechas de hornos construidos con materiales de ladrillo y chimeneas eficientes para la preparación de sus alimentos.
Con una inversión de 500 millones de pesos, anunció la presidenta, se construirán estas estufas que ayudarán a reducir en 50% las emisiones de humo en las comunidades rurales. El programa arrancó en Michoacán, con 16,500 estufas, pero se pretende ampliarlo a todo el país. Hasta ahí la idea de eficientar el uso de los hornos de leña en comunidades rurales suena muy bien y según la secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, la meta es “alcanzar al menos 1 millón de estufas en todo el país”.
Pero lo que no dijo la secretaria, ni la presidenta o cualquier otro de los funcionarios que hablaron en el lanzamiento de este programa, es que la idea ya se le había ocurrido, con un programa casi idéntico hace más de 15 años al expresidente Felipe Calderón, nada menos que el “demonio” de la 4T y de la presidenta y el culpable de todos los males actuales, pasados y futuros del país. El 7 de abril de 2008, según una nota de La Jornada, el diario favorito del oficialismo, el entonces presidente anunció en Zinacantán, Chiapas, el programa para dotar a las familias campesinas e indígenas de “estufas ecológicas”, además de filtros de agua y piso de cemento para sus casas. Las estufas de Calderón también ofrecían reducir la emisión de dióxido de carbono.
E igual que el pasado domingo Sheinbaum llevó a su secretaria “favorita” Luz Elena González, en aquella gira en 2008, Calderón llevó con él a su entonces secretario favorito, Ernesto Cordero, que como titular de Desarrollo Social explicó las bondades de las “esfufas ecológicas” que servirían para dejar atrás los tradicionales fogones de carbón y con las que “podrán ahorrar leña, calentar más rápido los alimentos, cocinar sin intoxicarse e incluso evitar cáncer”, se dijo en el evento presidencial en Zinacantán, mientras el presidente se comía un taco de frijoles cocinado en las modernas estufas de material y bajo consumo de leña y contaminación.
Al final, llámense “estufas eficientes del bienestar” o “estufas ecológicas”, la anécdota sirve para ilustrar que, en este país, pasan los años, los sexenios y los presidentes o ahora presidenta y, sin importar el color, la demagogia o la ideología, al final a los mexicanos siempre les dan “más de lo mismo” o el mismo atole con el dedo. Sirva esto para recordar que, en política, como en la vida, no hay nada nuevo bajo el sol, o como diría el científico Lavoisier, y nunca mejor dicho: en la primitiva y aldeana política mexicana “nada se crea, nada se destruye, todo se ‘transforma’”… Los dados repitieron Escalera. Subida para los tiempos turbulentos. (Salvador García Soto, El Universal, Online)
Si la Secretaría de Gobernación dice no conocer la cifra de desaparecidos en México –como lo afirmó la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, en una entrevista–, ¿quién más lo puede saber?
El artículo 54, inciso X, de su ley orgánica le instruye a “participar en la elaboración de estrategias e indicadores de evaluación para el seguimiento a los programas, trabajos y tareas que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de (…) personas reportadas como desaparecidas”.
¿Cómo va a cumplir esa función, si, como dijo la secretaria Rodríguez a La Jornada, “en el país no hay una cifra real de desaparecidos”?
De ser así, quiere decir que desde que existe la norma que rige actualmente a Gobernación –expedida el 30 de mayo de 2019, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador–, Bucareli ha asumido una responsabilidad y ejercido un presupuesto sin tener el insumo básico para esa labor: el conocimiento sobre cuántos mexicanos están ausentes.
Esto es, durante por lo menos seis años, el país ha andado a ciegas, sin saber la profundidad de un problema que no ha hecho sino crecer. Y es que, a pesar de que pueda ser verdad, como dice Rodríguez, que las entidades federativas –la mayoría de las cuales son gobernadas por Morena– no entregan a la Federación los datos de las personas desaparecidas, son muy claros los indicios de que el número es enorme.
Para constatar que hay un problema, basta revisar las alertas Amber y demás avisos públicos. Las terminales de autobuses de la capital –lo he visto– están tapizadas de solicitudes de información para dar con el paradero de quienes no regresaron a casa.
Puede ser cierto, como dice ella, que haya personas que reportan la ausencia de un ser querido, y cuando vuelven a saber de él no piden que se le retire de la lista de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Pero ¿no es acaso responsabilidad de la Segob hacer esa depuración? ¿Nadie allí hace seguimiento? ¿No dijo el entonces presidente López Obrador que se iba a hacer justamente eso?
Uno tiene que preguntarse si es invisible para el gobierno la labor que realizan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Y no me refiero al hecho de que ayer –apenas– comenzaron a reunirse con ellos los funcionarios de Gobernación, sino qué pasa con las fosas clandestinas que descubren dichos colectivos. ¿No serán éstas señal suficiente de la gravedad de la situación?
El que, presuntamente, no existe un número preciso de personas desaparecidas es el pretexto más reciente para negar esta crisis y no actuar. Vamos a suponer, y sólo suponer, que no son 124 mil, sino “sólo” 10 mil. ¿No ameritaría ese número desplegar todos los esfuerzos del gobierno para saber qué fue de ellos?
Basta poner la palabra desaparecido en Google para que salten centenares de nombres de personas no localizadas, a las que están buscando sus familiares. En Facebook y otras redes sociales, abundan las páginas con nombres y fotos de los ausentes.
Lo peor es que la duda que puede haber en torno del número de personas sustraídas no es que sean menos de las 124 mil que marca el listado de la CNB, sino que sean más. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los familiares tienen miedo de reportar los casos. O bien, como dice la secretaria, las fiscalías estatales no los informan al gobierno federal. Por eso es más probable que sean más a que sean menos.
Hoy estamos en una crisis de desaparecidos, porque los gobiernos anteriores –todos– minimizaron el problema con la esperanza de que se esfumara solo. Pero el resultado ha sido otro: se ha agravado.
No, esta crisis no se va a ir porque la mayoría de la gente deje de hablar de ella, ni se va a acabar con clases públicas de box ni con conciertos gratuitos en el Zócalo ni con un concurso de canciones.
Hoy ya escaló al espacio de Naciones Unidas, y mientras más pronto deje de ser negada por el gobierno, más rápido va a comenzar a superarse. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
El paro temporal en dos Consulados Generales de México en Estados Unidos por la demora en pagar salarios a los empleados locales podría ser visto como una tormenta en un vaso de agua, pero es el síntoma de un problema mucho mayor.
De hecho, es una señal de los problemas que enfrenta la Secretaría de Relaciones Exteriores, obligada por las circunstancias internas y externas a hacer cada vez más con cada vez menos recursos.
No es un tema nuevo en la Cancillería, maltratada por años en las asignaciones presupuestales, pero con responsabilidades enormes y con una importancia a veces menospreciada y en ocasiones ninguneada por mandatarios, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que como otros, la usó para enviar fuera del país lo mismo a amigos o protegidos que a viejos adversarios que negocian políticamente. No pocos embajadores y cónsules actuales lo son menos por méritos y conocimientos que por razones ajenas a la diplomacia.
Para nadie es un secreto que la idea de empleados del gobierno mexicano que ganen en dólares estadounidenses parece absurda y que como se lamentó algún presidente, ganen aún más que el propio mandatario, es una señal de la relativa ignorancia en torno a las realidades de las circunstancias internacionales y la política exterior.
De hecho, bien podría afirmarse que la política exterior está en un segundo plano pese a su importancia, tanto por atención a la diáspora mexicana como por los vínculos políticos, sociales, económicos y comerciales de México con el mundo.
La necesidad política doméstica otorga una enorme importancia a los 53 consulados de México en los Estados Unidos, que deben atender y en alguna medida proteger los derechos de los alrededor de doce millones de mexicanos radicados en ese país.
Algunos de esos consulados podrían ser, por ubicación y derecho propio, verdaderas embajadas.
En ese marco, si los miembros del Servicio Exterior -por carrera o por contrato temporal- luchan económicamente debido a salarios que no han sido actualizados y falta de recursos que limita su movilidad en todos sentidos, desde cambios de adscripción hasta ascensos y aun el apoyo para mudanzas, la situación de los alrededor de 1,500 empleados locales es tanto más precaria.
En su mayoría son mexicanos que viven en Estados Unidos y cuyo trabajo es atender a los connacionales. Pero sus salarios son inferiores y dependen de su pago puntual. Esta vez, la propia presidenta Claudia Sheinbaum salió al quite para subrayar que la demora se había originado en algunos ajustes administrativos en la Secretaría de Hacienda, y anunció cambios en varios a partir de un diagnóstico realizado por el gobierno federal.
Pero a reserva de sorpresas, uno de los puntos de ese diagnóstico deberá abordar la necesidad de más recursos para que la primera línea de defensa de los intereses de México en el mundo, la cancillería y sus integrantes, pueda cumplir sus funciones. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)
Tiene razón la administración de Claudia Sheinbaum: la desaparición forzada de personas no es en México una política de Estado y el gobierno federal no la consiente, permite ni ordena. Pero también tiene razón el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU (CED) de demandar una investigación en nuestro país ante las miles de desapariciones generalizadas y sistemáticas que sufre la sociedad.
En México hubo, durante el sexenio pasado, 60 mil personas desaparecidas y en la actual administración el número sigue al alza, pese a que ha disminuido el de homicidios. El gobierno federal ha mostrado apertura al diálogo con el CED, pero enfrenta críticas por la falta de acciones efectivas y por los altísimos niveles de impunidad. Durante la pasada administración, el gobierno de López Obrador no aceptó reunirse ni una vez con los colectivos de madres buscadoras, al contrario, las descalificó, y con otras organizaciones y minimizó el fenómeno de las desapariciones, llegó incluso a quitar el presupuesto para esa búsqueda. En estos días apenas han comenzado reuniones de alto nivel de las madres con Rosa Icela Rodríguez, la secretaría de Gobernación.
La reacción de sectores del gobierno federal con el caso Teuchitlán fue tan mala, argumentando hasta un montaje y descalificando a los organismos humanitarios que exhibieron lo que ocurría en el rancho Izaguirre, que obligó al CED a hacer un reclamo muy duro y sostuvo que la situación refleja una crisis humanitaria profunda debido a su magnitud y persistencia. La intervención del CED buscó generar presión para que el gobierno mexicano tome medidas concretas ante las desapariciones.
Hay casos, indudablemente, de desapariciones forzadas realizadas por alguna autoridad, sea de nivel federal, estatal o municipal, pero no hay, como ocurrió en las dictaduras sud o centroamericanas, una política de Estado de desaparición forzada de personas. La enorme mayoría son acciones cometidas por grupos criminales no sólo contra sus adversarios, en la mayoría de los casos son contra personas que no han pagado extorsiones, que han sido secuestradas, contra migrantes, por simples venganzas o intimidación.
De lo que sí son responsables las autoridades es de no darle al fenómeno la importancia que tiene, como lo comprobamos inicialmente en el caso Teuchitlán. No sólo no hay una investigación a fondo de estos casos, en muchos no hay siquiera carpetas de investigación y muchísimo menos responsables: la impunidad es casi total.
Es una consecuencia heredada directa de la política de abrazos y no balazos que impidió incluso, como lo vimos con la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda, tener un censo serio sobre el tema. En su carta de renuncia, Quintana sostuvo que los desafíos relacionados con las desapariciones persistían y destacó que no había una política integral para prevenirlas, buscar a las víctimas ni combatir la impunidad. En respuesta, López Obrador minimizó públicamente las cifras oficiales de desaparecidos, y pidió que se levantara un censo de desaparecidos, pero no con la Comisión, sino con los servidores de la nación y la Secretaría de Bienestar. Quintana simplemente lo consideró poco serio y renunció. Hoy está encabezando las tareas de búsqueda de personas desaparecidas, contratada por la ONU, en Siria.
En México, apenas a partir de la repercusión del caso Teuchitlán, se han activado políticas para comenzar a sistematizar la búsqueda de personas desaparecidas y aún falta mucho más para que se comience a castigar sistemáticamente a sus responsables.
Es verdad que cuando se habla legalmente de desaparición forzada estamos hablando de personas que fueron secuestradas por fuerzas del Estado y no es en la mayoría de los casos lo que ocurre en México. Pero aquí la actual administración está pagando también los errores y excesos de su propio pasado: tanto se insistió, sin evidencia alguna, que en Ayotzinapa y en muchos otros casos había sido “el Estado” que ahora no pueden liberarse de ese mismo discurso.
Si fue “el Estado” el responsable de las desapariciones en el gobierno de Calderón o Peña Nieto ¿por qué no lo va a ser en el gobierno de López Obrador, en el cual la cifra de desapariciones casi se triplicó, o en la actual administración. En Ayotzinapa, como se ha demostrado una y otra vez, no hubo responsabilidad del Estado como tal ni del gobierno federal ni de las fuerzas armadas, fueron desapariciones realizadas por grupos criminales con la complicidad de fuerzas policiales locales. En la vergonzosa investigación realizada el sexenio pasado por Alejandro Encinas y la fiscalía especial para tratar de demostrar esa participación del Estado se llegó al exceso de liberar o permitir la liberación de los criminales y policías involucrados con ese crimen para que declararan contra exfuncionarios y militares, sin contar con una sola prueba de esos dichos. Ahí sigue bajo proceso el exprocurador Jesús Murillo Karam y en prisión domiciliaria están varios militares que no tuvieron participación alguna en los hechos.
Ahora esa política de culpar al Estado que le dio tantos réditos a Morena desde la oposición e incluso desde el gobierno en la administración anterior se ha vuelto en contra del propio gobierno. La responsabilidad no es de las autoridades que están desapareciendo personas como política de Estado, es de los grupos criminales, pero lo que se denunciará será la impunidad con la que los criminales actúan. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 6)