Opinión Migración 140425
Frentes Políticos
1 Intocable. Francisco Garduño, titular del INM, duerme tranquilo mientras 40 migrantes calcinados desde una celda que ardió por negligencia siguen esperando justicia. Se ratificó la suspensión del proceso penal en su contra, como lo dictó el juez Víctor Manlio Hernández Calderón. A Garduño se le imputa ejercicio indebido del servicio público, pero ni eso bastó para inhabilitarlo. La Fundación para la Justicia, encabezada por Ana Lorena Delgadillo, ha denunciado la omisión, la falta de reparación del daño y la burla legal. Cuando la muerte de 40 personas no basta para sacudir el sistema, es que está podrido. Aquí no hay Estado de derecho, hay fuero de facto. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 9)
En flagrancia / Migrantes en la Ciudad
El viernes pasado, la Policía de Investigación de la Fiscalía local y el Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata realizaron un operativo en el Eje Central (Gustavo Madero). Se instaló una carpa y, con la ayuda de perros entrenados, encontraron restos humanos en un camellón. La búsqueda se originó a partir de la información de la denuncia de una persona extranjera sobre un familiar desaparecido de un campamento migrante asentado precisamente en ese lugar. Probablemente sea el segundo cadáver relacionado con dicho campamento, porque en diciembre del año pasado se encontró a un hombre calcinado y sin identificar en una pila de ropa, madera y basura, a la cual le habían prendido fuego. De hecho, hace poco más de un mes, las personas de ese campamento fueron “invitadas” a trasladarse a dos albergues habilitados por el Gobierno capitalino. No se haga ilusiones: no fue para darles comodidad y asistencia, sino por las quejas de los vecinos y comerciantes por el aumento de violencia y criminalidad (extorsiones) en la zona.
TRÁFICO Y SECUESTRO
La principal línea de investigación de la Fiscalía es que algunos integrantes del campamento fueron reclutados como mano de obra barata para extorsionar y cometer delitos. En el caso del primer cadáver, se detuvo a dos colombianos que fueron captados arrojando el cuerpo por las cámaras de videovigilancia de la Ciudad. Estos campamentos son como la Terminal de Tapo, donde los reclutadores de prostitución van a engañar a mujeres jóvenes que llegan solas a la ciudad buscando trabajo. Pero más allá del reclutamiento, estos casos ponen de relieve los delitos que sufren los migrantes al pasar por la Ciudad. Obviamente, es difícil tener estadísticas porque si la gente de la CDMX con papeles en regla no quiere denunciar por desconfianza, pérdida de tiempo e inutilidad del trámite, ya se imagina a alguien sin papeles y que se aleja naturalmente de la Policía y cualquier autoridad. Sin embargo, hay números. Porque algunos de esos migrantes irregulares terminan en las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) y allí se animan a denunciar. Debe haber una cifra negra aplastante, pero algo sabemos de lo que les pasa: el principal delito denunciado es el robo (2,792), tráfico de migrantes (2,096), secuestro (679), trata (189), extorsión (159) y la lista sigue incluyendo agresiones y homicidios (Segob, 2025). En pocas palabras, no se salvan de la situación general del País. Ni siquiera los que llegan a la Ciudad de México. Si lo analiza en detalle, que el secuestro sea el tercer delito más sufrido por los migrantes irregulares es devastador, sin contar con que el 12% de esas víctimas son menores. Los migrantes sufren una doble desprotección: la general (habitual y común a todos los ciudadanos también) y la particular: no pueden recurrir a la Policía.
La CDMX se encuentra en octavo lugar a nivel nacional por la cantidad de delitos sufridos por migrantes irregulares (2016-2023), aunque hay entidades como el Edomex que no reportan nada, lo que resulta -como mínimo- un poco inexacto… Aún así, que la capital del País tenga estos números es desastroso porque significa que hay gente en una situación de vulnerabilidad simplemente inaceptable para cualquier Estado moderno. Y no se puede decir que no se les ve o que pasan inadvertidos. Sólo por citar un ejemplo, pase por la Plaza Giordano Bruno (Benito Juárez) y va a encontrar un campamento que lleva años en el lugar (leyó bien: años) sin que las autoridades hagan algo. (Gustavo Fondevila, Reforma, Seguridad, p. 4)
“Unidad” e impunidad: el problema de la 4T
No digo nada nuevo o que no sepamos si digo que la impunidad es el mayor problema del país, uno que es añejo, estructural, profundo y que no existen señales de que sea arreglado ni pronto ni a mediano plazo.
Ahí están los datos que no hace falta repetir.
Las cosas solo empeoran cuando el asunto tiene a políticos y la política involucrados en procesos con responsabilidad legal, a veces criminal, en alguno asunto.
Tampoco es nuevo, el viejo PRI nos enseño cómo, salvo cuando habían perdido poder, la ciudadanía ya no aguantaba más y empezaron a caer en prisión o huyeron varios gobernadores. Un breve momento en la historia.
Hoy en día, el segundo sexenio de Morena en la Presidencia, además con una mayoría abrumadora en el Legislativo y los estados, pero al mismo tiempo con alguna fragilidad en la construcción de lo que llaman “el movimiento”, las cosas solo están peor.
Dos son ejemplos más recientes: el del llamado huachicol fiscal y el de la compra de medicinas.
Con apenas unos días, casi unas horas de diferencia, el aparato de seguridad federal descubre y asegura casi veinte millones de litros de combustible introducidos al país de manera ilegal. Se anuncian con bombo y platillo los aseguramientos en Ensenada y Altamira; fotos, comunicados, buen espacio en la mañanera. Curiosamente no existe en ninguna de esas expresiones la palabra “detenidos”. Sabemos, así se informa, que lo incautado ha entrado por puertos y pasado por aduanas. Ambas instituciones controladas por instituciones federales que o no vieron, o no quisieron ver, o se beneficiaron ilegalmente del paso del combustible. Presidencias municipales y dos gobiernos estatales que nunca vieron las muchas hectáreas donde se almacenaba y distribuía el huachicol. Se detuvo a algunos choferes de pipas y tal vez, algún velador.
Con las medicinas, algo similar. La Secretaría Anticorrupción anuncia que hay un montón de transas en la enorme licitación, la suspende, y sí, al menos la decisión es remover a los encargados de la institución, pero poco más, ya les darán otra chamba. ¿Detenidos? “Estamos investigando”; es la respuesta, sabemos cómo va a terminar eso. ¿Se acuerdan de la tragedia en el albergue —es un decir— del Instituto Nacional de Migración? Pues eso.
Todo sea por aquello de “la unidad”; en momentos en que “el movimiento” anda frágil. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
Decisiones que impactan
El sábado 5 anterior, al leer las primeras columnas de los diarios internacionales me encontré que tanto las de nuestro país como las de los más importantes del mundo compartían la misma noticia, la respuesta de China a los aranceles impuestos por Estados Unidos y la caída de los mercados de cerca del 6%, según lo reportan globalmente. Todos hablando sobre un panorama económico delicado derivado de la guerra comercial y que presenta visos de una recesión económica generalizada.
Sin embargo, me llamó poderosamente la atención que, en primera página, también compartían una nota dos de los periódicos más influyentes de la Unión Americana, The New York Times y The Washington Post. La nota es referente a la deportación de un hombre de nacionalidad salvadoreña que supuestamente formaba parte de una peligrosa pandilla en los suburbios de Maryland; extradición que implicó igualmente su encarcelamiento en una prisión de alta seguridad de su país natal, no obstante que un juez había determinado que podría permanecer en EU, ya que existía la amenaza de que pudiera ser torturado o asesinado en la cárcel salvadoreña, argumento planteado por los abogados defensores.
¿Qué fue lo que sucedió en el inter de tener una orden emitida por un juez para continuar en EU y el ser enviado de regreso a su país de origen? Pues la respuesta contundente, por conducto de un alto funcionario del gobierno estadunidense, es que había sido resultado de un error administrativo.
La persona servidora pública que trabajaba para el Departamento de Justicia fue removido, según The Washington Post (TWP), de su cargo después de 15 años de trayectoria, posterior a esa declaración dentro del mismo juicio. Ahora bien, esta declaración, según el periódico, fue en plena audiencia, por lo que es necesario asumir que debió conducirse con estricto apego a la verdad. Sin embargo, es importante conocer si esta declaración fue dicha tal cual, en el contexto y si no existe alguna tergiversación de la realidad respecto a su dicho. Me parece que también es importante verificar si la persona servidora pública no incumplió alguna regla sobre el standard de conducta regido por la American Bar Association, según lo redacta TWP. En el artículo del día siguiente, es decir, del domingo 6, el mismo diario menciona que los funcionarios son asignados con cierto número de casos que pueden ser o no de su agrado, no obstante, deben seguir los más altos estándares de ética y defenderlos en representación del propio gobierno y guardar discreción respecto a la sustanciación de éste; situación que resulta ciertamente comprensible.
Por otro lado, resalta que los abogados defensores de la persona centroamericana han mencionado que su cliente no tiene registro criminal, como ellos le llaman, ni en EU ni en El Salvador, de eso yo no he encontrado alguna posición por parte de la Oficina de Inmigración de EU, lo cual resultaría interesante conocer. Es importante mencionar que existe ya otra orden judicial planteada para que el deportado sea devuelto a EU en un plazo mínimo de tiempo.
En suma, para poder hacer un juicio tendríamos que verificar si verdaderamente existió un error administrativo o también, por qué no decirlo, se incurrió en algún error o impericia por parte de los abogados defensores del salvadoreño. Mi intención no es calificar o descalificar ni la gestión del gobierno estadunidense ni de los abogados defensores de la persona extraditada, el objeto de esta columna es plantear la importancia del quehacer público en el desarrollo de la sociedad. Lo mucho que puede afectar una decisión bien o mal tomada, un error administrativo o bien, una falta o un traspié por parte de los y las abogadas defensoras en un caso de orden público. Las pifias legales, de carácter administrativo o judicial, nos hacen reflexionar que no sólo sucede en nuestro país, es algo que, lamentablemente, sucede mundialmente. Pero no podemos dejar de observar que cuando hablamos de vidas humanas, la responsabilidad es muy distinta. Esos “errores” deben llevar aparejados, si se demuestran, en el caso de seres humanos afectados, una sanción hacia la persona servidora pública, ya sea que pertenezca al Poder Ejecutivo o Judicial, que implique un ejemplo para que se garantice la no repetición, por lo menos. (Juan José Serrano, Excélsior, Nacional, p. 6)
La amenaza armada
Me gustaría escribir que no existe la más mínima posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos tenga una incursión militar en México, pero no sería verdad. De hecho, ha sucedido varias veces. No me refiero a la guerra y la invasión de 1846 que terminó, un tristísimo 2 de febrero de 1848, con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano; ni a la llamada “expedición punitiva” organizada para castigar la incursión de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México, en 1916.
No. Hablo de intervenciones mucho más recientes, como la del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, que desató la guerra entre bandas enfrentadas que ha bañado de sangre y de zozobra a Sinaloa. No hace mucho, supimos de la operación llamada “rápido y furioso” que distribuyó armas entre organizaciones criminales para rastrear sus usos y destinos y acabó perdiéndoles el rastro y expandiendo la violencia en territorio mexicano. Hoy sabemos que hay drones militares volando sobre México, pero no sabemos para qué ni tampoco qué secuelas vendrán tras ellos.
Los Estados Unidos siempre han tenido un doble rasero moral para juzgar lo que toleran en su territorio y lo que hacen fuera de él. De hecho, ha sido la única democracia del mundo que ha combatido a otros regímenes igualmente democráticos para hacer prevalecer sus intereses. Ahora que estamos recordando a Eduardo Galeano a diez años de su muerte, bastaría volver a leer Las Venas Abiertas de América Latina para constatar que esas intervenciones americanas (¿antiamericanas?) han sucedido una y otra vez a lo largo de nuestro continente. La democracia más poderosa del planeta ha preferido convivir con dictaduras más o menos sometidas que negociar con otras democracias consolidadas.
Por otra parte, el presidente Donald Trump ha mostrado que es un ludópata del poder y la política. Su afición por los casinos es una metáfora de su forma de entender el mundo: para él, todo es un juego que gana quien apuesta con más fuerza y convicción porque sabe esgrimir sus “leverage” (su influencia, sus palancas, su poder). Hasta ahora, sus fichas se han ceñido al tablero de los aranceles. Pero ya anticipó hasta dónde estaría dispuesto a llegar al designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y revelar, con desparpajo, que la Casa Blanca no ha descartado ninguna opción para enfrentar a esas organizaciones a quienes se culpa del tráfico de fentanilo.
Si el presidente Trump decidiera intervenir con armas para detener a algunos capos de los cárteles o para destruir laboratorios, casas de seguridad o campos de adiestramiento en territorio mexicano, pondría al gobierno de Claudia Sheinbaum entre la espada y la pared y nos llevaría, como país y como región, a una situación apenas comparable con las que vivimos en el Siglo XIX. La tecnología de esa intervención violenta sería distinta, pero la motivación y la reacción serían las mismas. En materia de poder, casi nada ha cambiado.
De ahí que, aunque una decisión de esa magnitud fuese aplaudida por la mayoría en los Estados Unidos, no tengo ninguna duda de que en México sería reprobada de manera casi unánime. De suceder, renacería el nacionalismo de bandera, tequila y canto; y los cárteles, cuya fama pública se ha ido arraigando tanto como sus redes y tentáculos (véase nomás el éxito de los corridos tumbados), podrían acabar convertidos en héroes patrios para el imaginario popular. Y si Trump quisiera insistir en que esa intervención habría respondido a la complicidad entre el gobierno mexicano y las organizaciones criminales, las consecuencias serían funestas.
No es imposible que eso suceda ni que los esfuerzos diplomáticos de México para lidiar con el ludópata sean traicionados. Pero en ese juego, todos acabaríamos perdiendo. (Manuel Merino, El Universal, Opinión, p. A14)
CARTONES
(Camacho, Reforma, Opinión, p. 9)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 13/04/2025