Temas de Interés 050525

Solicitan al INE la cancelación de 26 candidaturas al Poder Judicial

Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial, ya que los aspirantes están bajo investigación de la Fiscalía General de la República sospechosos de tener vínculos con grupos del crimen organizado o no obtuvieron una calificación mínima de ocho en la licenciatura.

A menos de un mes de que se lleve a cabo la jornada electoral judicial, las solicitudes de cancelación de estas candidaturas fueron presentadas ayer ante el órgano electoral, que deberá emitir una resolución al respecto. (Lilian Hernández, Georgina Saldierna y César Arellano, La Jornada, Política, p. 7)

Llevará 43 segundos cómputo de boletas

El cómputo de las boletas para renovar la Suprema Corte llevará en promedio 43 segundos, con un sistema que creará una copia digital de cada una, para que el Instituto Nacional Electoral pueda reportar en una página especial, las actas de cada casilla con los resultados finales sin ningún recuento adicional.

MILENIO confirmó que en los más recientes simulacros del sistema que se empleará para los cómputos de la elección judicial que por primera vez iniciarán la misma noche de la elección, el tiempo promedio fue de 43 segundos por boleta en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Jannet López Ponce, Milenio, Política, p. 8)

Prevalece desinterés en 1.er mes de la campaña judicial

Sin financiamiento público ni privado, sin acceso a medios de comunicación ni espectaculares, únicamente en campaña pie tierra y en redes sociales —sin posibilidad de pagar pauta publicitaria para llegar a más personas—, distantes de la gente, con poca información y socialización del tema.

Así es como se ha llevado a cabo el primer mes de campañas del inédito proceso electoral para elegir más de tres mil 400 cargos de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF). (Tania Gómez, La Razón, México, p. 7)

Va a casa-hogar niña forzada a casarse en Guerrero

La niña de Cochoapa el Grande que fue obligada a casarse hace dos años fue trasladada de Tlapa a la Casa Hogar del DIF en la capital de Guerrero, como una medida cautelar para evitar una nueva victimización.

Sin embargo, la menor de 16 años dijo que se “iba a suicidar” si ya no podía ver a su madre a causa del traslado ordenado por la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. (Jesús Guerrero, Reforma, Nacional, p. 2)

Morena no debe ser partido de Estado ni cómplice de criminales: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a que Morena se convierta en un partido de Estado y dejó en claro que no puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco. Además, pidió no caer en el sectarismo ni en el exceso de pragmatismo sin principios.

En la carta que envió a la dirigencia nacional de su partido –leída durante la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional– hizo 10 recomendaciones a la militancia, a la que llamó a no apostar nunca por la división y a recordar siempre que el fin nunca justifica los medios, pues “si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos. (Georgina Saldierna y Lilian Hernández, La Jornada, Política, p. 5)

Congreso gastó 50 mdp por laudos laborales perdidos

En los últimos cinco años, el Congreso de la Ciudad de México ha pagado más de 50 millones de pesos por laudos laborales que ha perdido. La mayoría de estos se realizaron en 2023 y 2024, según las cifras consultadas por EL UNIVERSAL al revisar las Cuentas Públicas del Congreso local en el último lustro.

En 2020 el Poder Legislativo local pagó 1.8 millones de pesos por laudos condenatorios. En 2021, 5 millones; para 2022 la cifra fue de 4.3 millones. El monto pagado en 2023 por juicios laborales perdidos fue de 25.7 millones de pesos y para 2024 fue de 14.1 millones. (Omar Díaz, El Universal, Metrópoli, p. A19)

Disputa dueño de Ficrea propiedad desde prisión

Desde la cárcel, Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, presentó una demanda judicial para impedir que un inmueble de su propiedad pase a formar parte de los bienes que eventualmente serán rematados para pagarle a los ahorradores defraudados.

Se trata del departamento 23 del Condominio 4, ubicado en el Edificio C de la Calle Nochebuena, en el Fraccionamiento Jardines de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p. 2)

Jóvenes, con difícil acceso a vivienda

Desde hace un año, al menos tres veces por semana, Ángel Ramírez, de 24 años, busca en su celular diferentes opciones para rentar y salirse de la casa de sus padres, pero lograr esta meta implicaría destinar dos veces su sueldo si vive solo y 80% si lo hace con roomies.

“Por cuestiones de empleo y de cercanía a centros de trabajo y de estudio he buscado independizarme ya en varias ocasiones (…). En promedio necesitaría trabajar y usar 80% de mi salario para un cuarto, y para un departamento, sólo en Naucalpan [Estado de México], ahorrar casi dos sueldos, más o menos”, dijo el joven, quien gana alrededor de 8 mil pesos mensuales en una empresa de ferrocarriles. (Rafael García, El Universal, Metrópoli, p. 18)

Chapopote cubre playas de Paraíso

Villahermosa. Manchas de chapopote recalaron en la zona costera del municipio de Paraíso, Tabasco, lo que obligó a las autoridades municipales a izar la bandera negra, prohibiendo el acceso al mar en las playas Sol y Brisas del Paraíso.

Pescadores de la zona mostraron las manchas de crudo en lanchas y equipos de pesca, y exigieron que Pemex informe sobre el origen de estas manchas que afectan la actividad pesquera. (Fabiola Xicoténcatl, Excélsior, Nacional, p. 13)

“Carlota destapó la cloaca en el Edomex”

El despojo de viviendas en el Estado de México es un problema que va más allá de Chalco y en el que están implicados no sólo grupos criminales, como Unión Tepito, Los 300, La Chokiza y sindicatos como el del 25 de Marzo y el del 27 de Octubre, sino también abogados, notarías y autoridades estatales, federales y municipales e, incluso, personajes que actualmente participan como candidatos en la elección judicial.

El caso de la adulta mayor Carlota, quien asesinó a un presunto invasor de su propiedad y al padre de éste en ese municipio mexiquense, el pasado 2 de abril, no es el único, por toda la entidad se replica la situación bajo el cobijo de las autoridades que, ahora, buscan regularizar predios que fueron arrebatados a sus propietarios mediante empresas paramunicipales. (Olimpia Ávila, Excélsior, Nacional, p. 14)