Menos deportados
A partir de los datos de deportaciones registradas por el Instituto Nacional de Migración de Salomón Céspedes, hay una pregunta: ¿qué pasó con el millón de deportados mexicanos anunciados por Donald Trump? No es así.
Ayer dimos aquí el dato: en el primer trimestre completo del magnate a su regreso a la Casa Blanca, febrero, marzo y abril, repatrió a poco más de 64 mil compatriotas.
La estadística no considera enero porque él asumió la presidencia el 20 de enero y los números de ese mes corresponden mayoritariamente al demócrata Joe Biden.
Una media mensual superior a 20 mil.
El millón de indocumentados detenidos es un cálculo para todo el mundo, pero según las tendencias, a México le corresponderían más de una cuarta parte, entre 250 mil y 300 mil migrantes anuales. (José Urena, 24 Horas, México, p. 3)
Trump lanza salvavidas a cónsules mexicanos
Nos cuentan que el gobierno federal decidió pisar momentáneamente el freno en el cambio de algunos cónsules, particularmente en Estados Unidos. Nos aseguran que todo estaba listo para mover algunas piezas en los consulados clave, incluso ya se ha decidido a los designados y sus nombres han sido enviados al Senado para su ratificación. Sin embargo, ante las recientes protestas, en respuesta a las redadas y operativos contra los trabajadores migrantes, ordenadas por Donald Trump, y que se han intensificado en las últimas semanas, algunos cónsules salvaron, por ahora, sus chambas. Nos hacen ver que se decidió aguantar algunos movimientos, hasta que el ambiente deje de estar tan tenso. Además, varios de los nuevos nombramientos deberán pasar por el Senado, lo que implica tiempos políticos y negociaciones que no se quieren precipitar. Los ajustes, nos dicen, podrían venir en los meses venideros, pero por ahora, Trump benefició, al menos, a estos mexicanos en Estados Unidos. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
ASU REGRESO A México tras asistir a la Cumbre del G-7 en Canadá, la presidenta Sheinbaum explicó con detalle su propuesta al presidente Trump que abarcaría los tres temas fundamentales de la relación bilateral, el plan Sheinbaum-Trump, o ST.0 para llamarlo de una manera breve. Sería un acuerdo general sobre seguridad, comercio y migración. Ojo: no remplazaría al T-MEC, sería otro que se aplicaría paralelamente. Claudia y su equipo iban a plantearlo personalmente a Trump en la reunión que no se realizó porque éste regresó intempestivamente a Washington a atender la crisis Israel-Irán.
SE DISCULPÓ POR teléfono y Claudia tuvo oportunidad de presentarle lo sustancial de su iniciativa. Un capítulo importante son los migrantes: debe ser reconocida su aportación a la economía de Estados Unidos y merecen respeto porque son personas trabajadoras y honestas. Trump quería que Claudia hiciera una parada en Washington en su viaje de regreso a tierras mexicanas, pero ella declinó la invitación. Hizo bien. Al parecer el plan ST.0 le causó buena impresión y será tema de la reunión personal que tendrán en una fecha próxima. Ya sabemos que el presidente estadunidense puede cambiar de opinión de un día para otro, pero es mejor tener un plan que ninguno. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
“Hoy vamos de cacería.” Con estas palabras, Tom Homan –el zar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)– arengaba a sus hombres en la mañana del 6 de junio para emprender otra redada masiva contra trabajadores inmigrantes –en su mayoría mexicanos– en dos condados cercanos a la ciudad de Los Ángeles. Las imágenes de las detenciones sin órdenes judiciales –captadas por los celulares de transeúntes y equipos de televisión– se viralizaron en cuestión de minutos.
Horas después, un centenar de manifestantes, convocados por organismos dedicados a la defensa de los derechos de los migrantes, se dieron cita en el Centro Metropolitano de Detención para protestar contra la violencia policiaca y recordar a los detenidos –a través de megáfonos– sus derechos constitucionales. La alcaldesa de la ciudad, Karen Moss, expresó su consternación por la brutalidad de los agentes del ICE, a quienes acusó de “sembrar el terror” en una “orgullosa ciudad de migrantes”.
El segundo llamado para impedir las redadas y las detenciones ilegales resultó insólito. Al día siguiente, miles de manifestantes se reunieron en el Downtown de Los Ángeles para impugnar las deportaciones (a la fecha suman ya más de 50 mil mexicanos forzados al regreso). Había de todo ahí: miembros de las comunidades de origen mexicano ondeando banderas tricolores; militantes de la izquierda organizada, como los grupos Antifa; consejeros y diputados del Partido Demócrata; estudiantes que meses antes habían marchado en las protestas pro Palestina. Esta vez la respuesta provino directamente de Washington. La Casa Blanca, pasando por encima de la jurisdicción local, envió dos mil miembros de la Guardia Nacional para reprimir las movilizaciones, que ya se habían extendido a lo largo de varias ciudades en el estado de California.
La acción policiaca fue inclemente: balas de goma –de las que horadan los ojos–; bastones inmovilizadores –que se emplean para torturar el ganado–; gas lacrimógeno paralizante. Junto con decenas de manifestantes, una reportera australiana fue herida gravemente en la pierna (el gobierno de Australia acaba de demandar a la Guardia Nacional por interdecir la libertad de expresión). La izquierda más radical respondió con sus medios: quema de coches, barricadas, piedras y cocteles molotov. El primado de los medios y las redes digitales nos hace olvidar que la última (y definitiva) instancia que define la relación entre el poder y la resistencia se encuentra en la calle.
La maquinaria mediática de la persecución se movilizó de inmediato. Uno no puede dejar de recordar en estas ocasiones la definición que propone Gilles Deleuze de los medios masivos de comunicación: “máquinas de guerra”. El mismo Trump se encargó de encender las llamas al tildar a los manifestantes de “insurrectos” y “agentes de una invasión” (por las banderas mexicanas). La escena ideal para reafirmar la invención del “enemigo interno” actual: los migrantes latinos. (Tres días después, frente a la pregunta de si sabía de alguna invasión a Estados Unidos, el jefe de las fuerzas armadas respondió irónicamente –revirando a Trump–, que “sólo se trataba de gente buena muy molesta”).
Kristi Noem, la actual Secretaria de Seguridad, se presentó personalmente en una redada, fusil en mano, para realizar una detención frente a las cámaras de los noticieros. Y Fox News dilapidó horas y horas de pantalla en primetime para estigmatizar a Los Ángeles como una ciudad “descuidada” y “corrupta”, en la que el “ideal americano” había zozobrado “por la presencia de los migrantes”.
Lo insólito fue la contraofensiva del movimiento. El 9 de junio las protestas se extendieron a múltiples ciudades de la unión. Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles. Las banderas mexicanas ondeaban por doquier. El debate no se hizo esperar: ¿convenía ondear la bandera tricolor, dada la actual xenofobia del establishment, o desfavorecía la causa de los migrantes? La resistencia contra la policía, ¿contenía la represión o la incrementaba?
La experiencia estadunidense es muy singular al respecto. Una cuantiosa historiografía sobre los años 60 afirma que el consenso en torno al ethos creado por el movimiento de los derechos civiles no sólo fue posible gracias al pacifismo de Martin Luther King, sino sobre todo a la firmeza de Malcolm X. En sus últimas intervenciones, antes de su asesinato, no dejó de repetir una frase que de alguna manera fijó una parte del guion de esa historia: “Si queman nuestros cuerpos –se refería a los linchamientos de negros perpetrados por el Ku Klux Klan–, arderán sus ciudades”. Y así sucedió en 1968, después del asesinato de Luther King.
Es común en Estados Unidos ver banderas de cualquier parte ondeando en público. Hace poco, las ucranias aludían al apoyo militar a Kiev. Las pro israelíes son frecuentes, sobre todo en Nueva York. Ni hablar, recientemente, de la enseña palestina. La bandera mexicana ondea en las festividades del 5 de mayo y en las procesiones de diciembre. Sólo que ahora se trataba de un símbolo de identidad en la resistencia. Eso es lo que encendió la ira de la ultraderecha.
Dejemos la hipocresía a un lado. Como escribe Wendy González, los mexicanos ilegales en Estados Unidos son “seres sin Estado”: abandonados por el Estado mexicano y nulificados por el estadunidense, han urdido una extraordinaria identidad propia que les ha permitido devenir gradualmente un sujeto político. (Ilán Semo, La Jornada, Opinión, p. 15)
En el país que se vanagloria de ser la “tierra de los libres” (the land of the free), la escena protagonizada la semana pasada por el senador Alex Padilla sacudió conciencias y expuso con crudeza las contradicciones más profundas del modelo migratorio estadunidense. En un hecho insólito, Padilla –primer latino en representar a California en el Senado federal– fue reducido, esposado y obligado a tirarse al suelo por agentes de seguridad tras intentar, de forma pacífica, formular una pregunta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una rueda de prensa.
El senador buscaba interpelarla sobre la represión ejercida durante las masivas protestas en Los Ángeles, convocadas para rechazar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la ofensiva antinmigrante, que concluyeron con cientos de arrestos y réplicas del descontento en decenas de ciudades de EU. El momento, captado en video, lo muestra gritando con claridad: “Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria”, mientras era arrastrado fuera del recinto.
Su intervención no fue violenta, ni disruptiva, ni amenazante. Fue, en realidad, el último recurso de un representante electo que se niega a guardar silencio mientras su pueblo –compuesto mayoritariamente por personas de origen mexicano y centroamericano– sufre las consecuencias de una política cada vez más despiadada. El gesto de Padilla contrasta con el mutismo –y aún peor, con la complicidad– de los legisladores de origen cubano que hoy ocupan escaños en Washington.
Lejos de alzar la voz por su gente o mediar en favor de quienes fueron invitados por el gobierno estadunidense a emigrar bajo el mecanismo de parole humanitario, estos congresistas han optado por alinearse con las estrategias más duras, represivas y crueles del trumpismo migratorio. “¿Qué han hecho los políticos anticubanos para detener la expulsión masiva de cubanos que llegaron a Estados Unidos con la promesa de una nueva vida?”, se preguntaba recientemente el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.
La respuesta es tan simple como alarmante: nada. Peor aún, han respaldado –explícita o implícitamente– la suspensión del Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela Parole Program (CHNV, por sus siglas en inglés), la criminalización de los migrantes y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, medida que ha obstaculizado más las reunificaciones familiares. El CHNV fue una iniciativa de la administración Biden, vigente entre enero de 2023 y 2025, que ofrecía una vía legal temporal de hasta dos años para ciudadanos de esos cuatro países que se encontraban fuera de EU. Intentó –y en parte logró– aliviar la presión sobre la frontera sur.
El presidente Trump decretó su eliminación definitiva, dejando a más de 530 mil personas en situación irregular y expuestas a deportaciones. Figuras como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart o Carlos Giménez han preferido utilizar su capital político para avivar campañas de odio contra la isla, impulsar cruzadas propagandísticas contra cualquier forma de diálogo, y mantener una retórica de “mano dura” que les reporta beneficios electorales, pero que deja en el abandono a miles de compatriotas.
A medida que cubanos son detenidos, expulsados o forzados a esconderse, sus supuestos portavoces callan o aplauden a Trump, más interesados en ascender en el aparato del poder que en honrar el mandato de quienes los eligieron. Carlos Giménez, quien ha insistido en convencer al Congreso de la existencia de bases militares chinas en Cuba para justificar una aventura militar contra la isla, se ha erigido como uno de los más fervientes defensores de las políticas migratorias de línea dura impulsadas por Trump. Declaró en X: “La fallida política de fronteras abiertas de Biden permitió que miles de delincuentes y pandilleros ingresaran a nuestro país, dejándonos la tarea de solucionar el problema… La decisión de la Corte Suprema [de eliminar el programa CHNV] es la ley del país y debemos respetarla” (https://acortar. link/b4yiyg).
La diferencia entre Padilla y los congresistas cubanoestadunidenses no es meramente ideológica. Es, ante todo, una diferencia ética. Padilla arriesga su integridad en defensa de los latinos, incluso a costa del abuso institucional. Los otros ensayan discursos contradictorios, mientras permiten –o promueven– que familias sean separadas, que migrantes sean devueltos sin garantías legales y que los derechos más elementales sean pisoteados. (La comunidad mexicanoestadunidense de Los Ángeles salió a defender a sus compatriotas, mientras los cubanoestadunidenses de Miami han permanecido callados en casa.)
Este episodio ha dejado en evidencia que no todos los representantes latinos ejercen su cargo con el mismo decoro. Algunos comprenden que el poder político debe servir para proteger a sus comunidades, denunciar abusos y exigir justicia. Otros, en cambio, han traicionado a los suyos. La historia acabará por ubicar a cada cual en su lugar, aunque los hechos ya han hablado con nitidez: un senador latino que dignifica a su pueblo, frente a una bancada que ha optado por el silencio –o la obediencia– mientras los cubanos son cazados en las cortes migratorias y expulsados, incluso a destinos tan extremos como Sudán del Sur. (Rosa Miriam Elizalde, La Jornada, Opinión, p. 15)
La presidenta Claudia Sheinbaum es alérgica a la crítica. Su rechazo a la oposición me recuerda la postura del expresidente Carlos Salinas. Ni los ve ni los oye. El desdén hacia los comentócratas que no le son favorables es herencia de su tabasqueño mentor. No le gustó que sus detractores celebraran la cancelación de la reunión bilateral programada con Trump en la Cumbre del G7, celebrada en Canadá.
“La oposición se dejó ir como si tuviera que ver con nosotros… buscan que le vaya mal a México para que le vaya mal al proyecto que representamos. Es una posición muy antipatriota”, exageró Sheinbaum.
El presidente de EU abandonó anticipadamente el evento para regresar a Washington por los acontecimientos en Oriente Medio. Quiere jugar a la guerra. Su encuentro con Sheinbaum no fue el único que canceló. Volodímir Zelenski, Ucrania; Shigeru Ishiba, Japón, y Anthony Albanese, Australia, tampoco tuvieron su tête-à-tête con Trump.
* En la mañanera, la Presidenta narró que Trump se disculpó por no desarrollar la reunión bilateral. “Incluso me dijo: ‘¿No puede pasar por Washington?’.
“Le dije: ‘Bueno, no… no lo tengo planeado. Además, hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos’”.
Ya encarrerada, Sheinbaum destacó los avances en los acuerdos que ha tenido con Trump: una frontera más segura y una disminución muy grande de la migración que pasaba por México, entre otras. También le planteó, al margen del T-MEC, un acuerdo que tenga que ver con seguridad, con migración, pero también con comercio.
Lo que no dijo es que en las ocho llamadas que ha tenido con Trump no se han logrado quitar los aranceles de 50% al acero y al aluminio ni la amenaza de gravar las remesas.
Mucho menos mejoraron las condiciones de nuestros compatriotas que migraron a Estados Unidos, como bien apunta Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN en San Lázaro.
* La que armó el director del Infonavit, Octavio Romero, agrónomo de profesión, obradorista de corazón, aprendiz de político, con su propuesta para beneficiar a los invasores de viviendas del Infonavit. Incluso les ofreció el beneficio de pago para quedarse con la vivienda. La Presidenta tuvo que salir a corregirle la plana en la mañanera de ayer:
“Primero, la propiedad privada está resguardada. Eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece…
“Que no haya esas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios, comentócratas”, dijo.
¿Malas interpretaciones? Cito al director del Infonavit:
“Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda. ¿Qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que, si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda y lo que queremos es que sea de él”.
¡Gulp!
* La Segob envió al Senado la lista de diez cónsules designados por la presidenta Sheinbaum. Ellos son:
Marco Bucio, Nueva York; Rafael Eugenio Laveaga, Atlanta; Carlos Iriarte Mercado, Boston; Luis Rodríguez Bucio, Dallas; Donají Alba Arroyo, Raleigh.
Pero también Marco Antonio Mena, San Francisco; Neftalí Said Pérez, San José, California; Claudia Velasco Osorio, Sao Paulo, Brasil; Iván Roberto Sierra, Toronto, Canadá, y Julián Adem Díaz de León, Vancouver, Canadá.
* De la oficina de Ricardo Monreal nos llegó una nota que revira a la información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre contratos supuestamente entregados por adjudicación directa en ambas cámaras durante el periodo 2018-2024.
Señala concretamente que la Cámara baja entregó un promedio de 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos, mientras que el Senado gastó 6.9 millones de pesos en 12 contratos cada día. Monreal, quien hoy preside la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, fue líder del Senado en el periodo 2018-2024. Su oficina aclara:
“MCCI afirma que hubo opacidad en el Senado, lo que su propio reporte desmiente, porque todas las cifras que incluye fueron descargadas, como dice la propia organización, de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
“La información que encontró esta organización fue oportunamente subida a la PNT, como lo avala el hecho de que el Inai, la institución que MCCI defiende, haya calificado, año con año, del 100% el grado de cumplimiento del Senado en sus obligaciones de transparencia”.
No hay espacio para incluir los seis puntos que contiene la nota, pero, en síntesis, dice:
“El Informe de MCCI parte de premisas incorrectas, mezcla de manera errónea e insostenible tipos de contratos de naturaleza distinta y llega a conclusiones inconsistentes”. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 6)
La presencia de Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7 fue favorable para el país por reducir su retraimiento de la escena internacional y mejorar su posición para un “acuerdo general” como propone a EU sobre los mayores problemas de la agenda bilateral. Pero diversificar relaciones y reconectar con otros socios es una buena ruta para no caer en el “dividir para reinar” de Donald Trump para imponer sus acuerdos debilitando a sus interlocutores.
Ante esa clase de estrategias, Canadá es un socio clave para el entendimiento mutuo frente a sus embates contra los dos países, aun bajo el paraguas común del T-MEC. El mayor resultado de su visita fue abrir la puerta nuevamente a un esquema de negociación del tratado a tres bandas, que en 2018 les permitió cooperar y superar desavenencias con EU; además de comparecer en un foro de alta visibilidad global donde fijar postura sobre la guerra comercial y las fuertes tensiones por las redadas de migrantes. Así hizo para pedir que sean reconocidos.
El aislamiento del sexenio de López Obrador o apostar todo a la relación con Trump hace al país presa fácil de los ataques de sus políticas agresivas, en la conocida táctica de crear divisiones para vencer y evitar que se unan en su contra como amenaza común. Ésa ha sido la punta de lanza de sus ataques contra el multilateralismo en favor de resolver los asuntos “bis a bis” en negociones bilaterales, y también la forma de tratar con sus socios en el T-MEC para preparar la revisión del acuerdo o el problema del narco en Norteamérica.
La aparición de Sheinbaum en la vitrina del G7 es un mensaje que quiere decir que no está tan sola como Trump podría creer de su impronta imperialista y expansionista del MAGA. Las reuniones con otras potencias como la India o la UE, con la que anunció un nuevo tratado comercial para 2026, son beneficiosas para romper la presión y el cerco a la migración, el comercio y la seguridad que su gobierno impone para conseguir ventajas.
Por eso México tiene que ir más allá de su posición reactiva apalancada en perder lo menos posible frente al asedio y la incertidumbre del “TACO”, dado que estar atrapado en sus redes lo convierte en uno de los más afectados por sus políticas. En esa dirección parece caminar el planteamiento que logró hacer Sheinbaum a Trump, de buscar un acuerdo general que incluya comercio, seguridad y el reconocimiento de los migrantes, en una llamada telefónica tras partir intempestivamente de la reunión y con la que trataron de mostrar comunicación fluida, a pesar de la cancelación del primer cara a cara en el marco de la “cumbre”.
En efecto, la salida de Trump en la primera jornada por el escalamiento de tensiones en Oriente Medio frustró ese encuentro y desplazó la atención de la cumbre a un segundo plano, pero no sin antes tener que escuchar la posición común de los líderes del G7 urgiéndolo a retroceder en su guerra comercial y desacelerar el conflicto entre Irán e Israel, en una postura en que México también puede respaldarse.
Sin lugar a duda la expectativa de la “foto” de Sheinbaum y Trump en Canadá representaba una buena oportunidad para relajar la tensión por las graves recriminaciones contra ella por las protestas de migrantes y el rechazo a las redadas ordenadas por Trump. Y preparar el terreno para abordar los grandes problemas económicos de sus políticas proteccionistas sobre la economía mexicana en vísperas de la renegociación del T-MEC.
Aunque esos objetivos centrales quedaron sin verse reflejados en fecha determinada para reponer la reunión, Sheinbaum aprovechó su comparecencia para hacer propuestas para fortalecer la “cooperación efectiva para el desarrollo y el comercio justo” con una Cumbre por el Bienestar Económico, que en ausencia aluden a los efectos perniciosos de las políticas proteccionistas de su homólogo de EU.
La idea no consiguió demasiado eco, pero en cualquier caso el mayor mérito de su asistencia fue el compromiso de Canadá de buscar una reunión de los “tres amigos” de Norteamérica para reconducir la negociación trilateral del T-MEC. Para México y Canadá es fundamental cerrar filas después de haber caído en la trampa de la negociación bilateral con alguien que nadie sabe que va a hacer, y que tampoco sabe bien que dice, pero siempre busca dividir para ganar. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 14)
Empleo en OXXO Femsa abre puertas a 4,700 refugiados
Femsa, que preside José Antonio Fernández Carbajal, y la agencia de Naciones Unidas para refugiados, que en México representa Giovanni Lepri, han logrado que desde 2018 más de 4 mil 700 personas inmigrantes encontraran empleo formal, sobre todo en Oxxo. Este esfuerzo ya involucra a más de 650 empresas en 11 estados. (Milenio, Negocios, p. 20)
Dejémonos de rodeos. Estamos ante la llegada de un nuevo acuerdo con Estados Unidos, bilateral, que en la práctica sustituirá o, al menos, será más relevante que el Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dejando a este último en segundo plano, o casi borrándolo. Esto enmarcará la relación comercial de ambos países en un “acuerdo global” nuevo, que tendrá otro nombre y será la ruta de la relación futura con ese país.
Lo que reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, tras su regreso de Canadá y luego de la conversación telefónica que tuvo con el presidente Donald Trump, es que sí, que México y Estados Unidos tendrán un acuerdo bilateral global que incluirá migración, seguridad y el tema comercial. La realidad se impuso: tendremos un acuerdo bilateral.
En esta nueva negociación “vamos bien, la verdad”, conforme me corrobora una fuente enterada directamente de la configuración del nuevo acuerdo global bilateral.
La presidenta Sheinbaum fue muy ágil en el abordaje ayer de esta realidad: lo presentó como iniciativa suya. Ayer dijo dos veces que fue ella quien se lo planteó a Trump. Sin embargo, otras fuentes me confirman que es Estados Unidos quien está planteando estos “acuerdos globales” con cada país en lo individual. Así ocurrió con el Reino Unido, con el que se firmó el acuerdo precisamente en Canadá durante la cumbre del G7. En el caso de ese país se acordó una reducción de aranceles a la importación de autos británicos a Estados Unidos, pero se incluyeron cupos máximos de importación con base en las unidades exportadas el año pasado. El Reino Unido eliminó el arancel de 20 por ciento que tenía a la carne de res estadounidense y aumentó el cupo a 13 mil toneladas.
El acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos está buscando la reducción del arancel de 25 por ciento que tienen nuestras exportaciones (las que no cumplen con el T-MEC), así como la eliminación o reducción de los aranceles que aplican a autos, acero y aluminio. A cambio, México estaría ofreciendo resultados tangibles en el combate a la migración ilegal y al tráfico de fentanilo. Por eso el acuerdo será global e incluirá los tres temas.
Este no será un tratado con sus características típicas. Un tratado requiere aprobación de los poderes legislativos y, aunque en México la presidenta Claudia Sheinbaum puede conseguir la aprobación con relativa facilidad, esto no sería igual en Estados Unidos, donde, a pesar de la mayoría republicana en las Cámaras, el presidente Donald Trump buscaría rapidez en los acuerdos sin empantanarse en procesos legislativos engorrosos.
¿El Tratado México Estados Unidos Canadá sobrevivirá? Posiblemente, pero podrían ocurrir dos cosas: (1) quedar en segundo plano; o (2) convertirse en un acuerdo modernizado que implique mayor integración económica. (Carlos Mota, El Heraldo de México, Merk-2, p.22)
Hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marcó un giro estratégico al proponer explícitamente a Donald Trump un acuerdo general que integre seguridad, migración y comercio, pero precisó que la revisión del TMEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá) debe seguir su curso independiente.
Esta jugada tiene varios puntos fuertes. Primero, su integración temática permite presentar a Estados Unidos un paquete equilibrado: no sólo migración o seguridad fronteriza, sino un compromiso amplio que genere certeza política y económica.
Además, al desvincular el TMEC del paquete, México asegura que el tratado mantenga su carácter técnico, evitando que la negociación comercial se enturbie por puntos políticos.
Sin embargo, esta propuesta global también implica retos notorios. Un acuerdo tan amplio exige la coordinación de varias agencias mexicanas y contrapartes estadounidenses: del Homeland Security al USTR, sin olvidar temas arancelarios como acero, aluminio e ingresos en remesas.
Los tiempos varían, las prioridades cambian. El mismo Trump sorprendió al abandonar el G‑7 temprano por la crisis en Oriente Medio, frustrando un posible encuentro cara a cara, aunque ambos dialogaron por teléfono y concordaron en avanzar.
Si el interlocutor varía sus prioridades, el acuerdo general puede quedar en espera indefinida, sin avances tangibles.
Como alternativa, México podría optar por una estrategia segmentada: impulsar la revisión del TMEC por separado, sin condicionarla a avances migratorios o en seguridad.
Esto puede resultar atractivo para los inversionistas, pues mantiene la predictibilidad en el comercio. Sin embargo, dejar la migración y la seguridad sin anclaje político fuerte da margen a Trump para recurrir a aranceles como medida de presión —tal como ocurrió con el acero y el aluminio en febrero pasado—. En ese contexto, México pagaría el costo comercial sin haber asegurado compromisos migratorios.
También está la opción de impulsar una diplomacia multilateral, fortaleciendo la presencia mexicana en foros como el G‑7. Ahí Sheinbaum reforzó la imagen de México como un actor global responsable, exploró inversiones con Canadá e India y presentó temas clave como remesas y migración en un foro neutral. El respaldo de líderes como Modi o Von der Leyen da valor político y le resta presión excesiva a la bilateral.
En este ámbito, desde luego, el factor crucial es sumar a Canadá para lograr una negociación trilateral en Norteamérica.
Un enfoque más pragmático podría ser no insistir en el paquete global y avanzar en acuerdos sectoriales inmediatos: por ejemplo, redoblar la cooperación en seguridad fronteriza, mejorar protocolos migratorios y desarrollar protección consular.
Eso permite resultados rápidos y visibilidad política, más allá de esperar un acuerdo general. Aunque no se genere un impacto tan contundente como un gran acuerdo, sí podría producir un avance real.
El desafío será evitar que estas piezas aisladas fragmenten la estrategia o generen “fatiga negociadora”.
Quizás la mejor estrategia para México podría ser una combinación de tácticas.
Primero, cerrar logros rápidos en seguridad y migración —resultados que se traduzcan en defensa eficiente de derechos y control efectivo— como escudo frente a aranceles.
En paralelo, blindar la revisión del TMEC como asunto técnico inalienable; se están preparando ya planes de contingencia ante amenazas comerciales, incluyendo incentivos internos, mejoras al contenido regional y “friendshoring”.
Por último, utilizar foros multilaterales como respaldo político y plataforma narrativa, con cifras claras sobre el aporte económico de los migrantes —su valor fiscal y laboral en EU— que permitan equilibrar la narrativa pública.
Hoy, más que un solo triunfo, el escenario exige victorias acumulativas.
Lo que México necesita es generar una sinergia donde los éxitos migratorios y de seguridad respalden las conversaciones comerciales, mientras el TMEC se mantiene fuera de amarras políticas.
El éxito vendrá si se combina la diplomacia eficaz, comunicación estratégica y capacidad de acción rápida, todo sin depender en exceso de un interlocutor impredecible.
Así ya no se trata de ganar una negociación, sino de construir una plataforma sostenible de cooperación frente a la asimetría estructural que marca la relación con Estados Unidos.
Veamos si Trump permite operar estrategias o las deshace a golpes de aranceles. (Enrique Quintana, El Financiero, Página Dos, p. 2)
El domingo pasado, mientras unos 5 millones de personas salían a las calles en más de 2 mil ciudades de Estados Unidos para protestar contra las redadas migratorias de Donald Trump y sus crecientes tendencias monárquicas, una columnista de mi periódico local en Los Ángeles planteó una pregunta en apariencia sencilla: “¿Qué tiene de malo hacer cumplir la ley?”
Es una pregunta válida… en apariencia. Pero pasa por alto las consecuencias profundamente inhumanas del enfoque de Trump. Para ella, la deportación de aproximadamente 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin la documentación debida, o que fueron admitidos temporalmente, o que se quedaron a vivir aquí una vez expirada su visa, o que llegaron al país siendo niños, o que están esperando una resolución de los tribunales para regularizar su situación migratoria, o que recibieron un permiso de permanencia temporal por razones humanitarias por huir de regímenes totalitarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Haití, no es un asunto que atañe y aflige a seres humanos. No una tragedia humana. No un dilema social o económico. Es solo un trámite burocrático.
Quizás no sepa que el 80 por ciento de los inmigrantes indocumentados han vivido en Estados Unidos por más de una década, que tienen hijos nacidos en este país, que respetan los valores estadounidenses y que trabajan en sectores fundamentales como la agricultura, la construcción, el procesamiento de alimentos, la manufactura, la hostelería, el transporte y el servicio doméstico. Son parte integral del tejido económico y social de Estados Unidos.
Aun así, ella insiste: “El presidente Trump ahora está haciendo cumplir la ley”.
¿Pero realmente lo está haciendo? ¿Y a qué costo?
Este mismo presidente fue condenado en 2024 por 34 cargos graves de falsificación de registros comerciales para ocultar pagos de silencio a una prostituta. Ha sido hallado responsable de abuso sexual y difamación. Él y su empresa fueron declarados culpables de prácticas fraudulentas por inflar el valor de sus activos. Su historial legal —tanto personal como empresarial— está plagado de conductas indebidas. ¿Y aun así se le confía la defensa de la justicia?
Como observó el columnista del Financial Times, Edward Luce: “En menos de 200 días de su segundo mandato, Trump ha pisoteado más leyes y roto más precedentes que cualquier otro líder en la historia de Estados Unidos. Ha lucrado con negocios de criptomonedas en el extranjero, ha utilizado su cargo para enriquecer a su familia mediante acuerdos con campos de golf, ha librado una guerra política contra universidades y hospitales importantes, ha desafiado órdenes judiciales que protegían a deportados y ha lanzado —y parcialmente reanudado— una errática guerra económica contra el mundo. Ha investigado a sus enemigos y les ha despojado de protecciones. El asalto de Trump a las normas democráticas estadounidenses no tiene precedentes por su alcance y velocidad”.
Y aun así, nada de esto parece importarles a sus defensores. Para ellos, las redadas de Trump son una noble “limpieza” de lo que él llama “narcotraficantes, violadores, animales e invasores”. En su visión, los 11 millones de inmigrantes indocumentados son criminales disfrazados de seres humanos.
Afortunadamente, el pueblo estadounidense está reaccionando.
Las masivas protestas del No Kings Day, junto con nuevos datos de cuatro importantes encuestadoras —AP, Quinnipiac, The Washington Post y YouGov— pintan un panorama claro: la opinión pública no está de acuerdo. En 11 de las 12 preguntas relacionadas con inmigración planteadas en estas encuestas, la mayoría de los estadounidenses expresó su oposición a las políticas de Trump.
Para mí, este momento evoca lo vivido en 1986, cuando Estados Unidos enfrentaba un desafío migratorio similar. ¿La diferencia? Entonces, un presidente republicano llamado Ronald Reagan eligió la compasión en lugar de la crueldad. Trabajó con un Congreso demócrata para legalizar el estatus de casi 3 millones de inmigrantes indocumentados. Reagan reconoció su humanidad.
Hoy tenemos un presidente republicano muy distinto y un Congreso más marcado por el miedo que por el liderazgo. Trump no es Reagan. Y esta vez, la brújula moral de la nación no está en Washington, sino en las calles. (Sergio Muñoz Bata, El Financiero, Opinión, p. 31)
Ya es un hecho que la guerra comercial iniciada por el actual gobierno norteamericano está afectando el crecimiento económico mundial. En el estudio sobre las perspectivas económicas para este año, realizado por la OCDE, advierte la menor expansión. Además, Estados Unidos refleja la peor situación en relación con los otros países. Pasa de un crecimiento de 2.8% en el 2024 a una estimación de 1.6% para este año.
De manera coincidente, después de su ruptura personal con Trump, Elon Musk declaró: “Los aranceles de Trump provocarán una recesión en la segunda mitad del año”.
Hay el consenso internacional de que las tendencias recesivas deberían conducir a una reconsideración de la política arancelaria de EU. Sin embargo, tanto los aranceles como la migración son dos cuestiones importantes para Trump.
Pero aun así es posible cambiar las tendencias. Estados Unidos solo representa el 15% del comercio mundial. Si los países que tienen el 85% se unen para imponer sus propios aranceles a las exportaciones norteamericanas, podría retroceder el gobierno de Estados Unidos.
Trump ha instrumentado su odio a la migración con medidas represivas y criminalizado las protestas ciudadanas. Culpa al gobernador de California por su posición favorable a la migración, misma que es muy importante para el estado y para el país. El gobernador ha declarado: “La amenaza de Trump de arrestarme es un paso inequívoco hacia el autoritarismo; es una decisión demente y dictatorial”.
Ante las detenciones que está realizando el gobierno de EU a muchos mexicanos que emigraron a ese país para trabajar, la presidenta de México ha declarado: “Hay que retomar el diálogo bilateral y trabajar en una reforma migratoria integral”.
Las deportaciones están como amenaza. Si Trump cumple sus promesas de realizar deportaciones masivas, podría provocar un daño considerable a la economía norteamericana. Hay cálculos que advierten que si las deportaciones masivas alcanzan a 1.3 o a 8 millones de personas, podría afectarse entre 1% y el 7% del PIB de Estados Unidos. Como resultado de la gestión de empresarios de las actividades agropecuarias y hoteleras, Trump decidió excluir de deportación a personal que labora en estas actividades. Trump lanza decisiones de gobierno que después modifica por la presión que ejercen los afectados. Todo es negociable.
La relación de México con Estados Unidos está afectada por lo inesperado de las decisiones de Trump. Contra nuestro comercio exterior están los aranceles, contra las remesas está la menor actividad económica, contra la inversión extranjera directa están las resistencias alentadas por el gobierno de Trump y contra el turismo están los menores ingresos de la sociedad.
Internacionalmente estamos observando los despotismos estilo ruso, un imperio chino en ascenso y un Estados Unidos en retirada y dando golpes por doquier. La democracia dependerá de la solidaridad de los países que han sido marginados y el encuentro de nuevos remedios para hacer las correcciones necesarias. (Sergio Mota Marín, El Economista, El Foro, p. 55)
Aun cuando los mismos hechos de violencia contra migrantes registrados las últimas semanas en Los Ángeles, la mayoría de ellos mexicanos, lo contradicen, en la octava conversación telefónica que sostuvieron, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le reconoció a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, que “hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país” y le preguntó que si al salir de la Cumbre del G7 en Canadá “podría pasar a Washington”, a lo que respondió que no lo tenía planeado.
Así lo comentó, en su mañanera de vuelta de la provincia canadiense de Alberta, sobre la llamada que recibió desde la Casa Blanca, a la que Trump regresó intempestivamente por el conflicto en Medio Oriente, al abandonar ese evento y dejar pendiente la reunión bilateral que sostendría con la Presidenta de nuestro país, en la que reconoció la importancia de la tarea de familias mexicanas que viven y trabajan desde hace años en su país.
Alí Jamenei, líder supremo de Irán, respondió al ultimátum del presidente Trump. Dijo que no se rendirá ante los ataques de nadie y que, si Estados Unidos entra militarmente al conflicto, sufrirá un “daño irreparable”, a lo que el republicano declaró que no ha decidido si su país se unirá a Israel en los bombardeos a aquel país, como amenazó, desde la Casa Blanca.
A su regreso de la Cumbre del G7, la Presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que aclarar en su mañanera el enredo de que las miles de casas construidas por el Infonavit y que estaban abandonadas, quedarían en manos de quienes las invadieron ilícitamente; anunció que serán regularizadas y no se atentará contra la propiedad privada porque no se trata de quitarle una vivienda a sus legítimos dueños.
Lamentó que haya habido malas interpretaciones al programa anunciado por el director de ese organismo, Octavio Romero Oropeza, de que con esas acciones se legalizarían las invasiones, y criticó a “algunas personas que escriben en los medios” haber incurrido en ellas.
El voto de la consejera electoral Carla Humphrey, que fue definitivo para que el INE avalara la sucia elección de juzgadores, recordó los emitidos por el aún ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán y el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, para la aprobación de la controvertida reforma lopezobradorista al Poder Judicial, a la que ahora le buscan hacerle “correcciones mayores”.
Lo peor fue que antes de emitir su voto para declarar válido ese proceso, ella misma reconoció y enumeró el cúmulo de irregularidades, por lo que debió ser anulado, tal como lo propusieron los también consejeros Martín Faz y Arturo Castillo. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, p. 7)
En momentos de tensión y cuando la relación México-Estados Unidos se complica por el tema de las redadas masivas del ICE y las política antiinmigrantes y violatorias del gobierno de Donald Trump, el gobierno mexicano se apresta a cambiar a varios cónsules de ciudades importantes en busca de reforzar la estrategia de defensa legal y acompañamiento que dicen realizar hacia la asediada, denostada y perseguida comunidad migrante mexicana en el vecino país.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, envió un oficio a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado que ratifique el nombramiento de 10 nuevos cónsules para las principales ciudades de los Estados Unidos y Canadá.
La funcionaria del gabinete informa al senador Gerardo Fernández Noroña que la presidenta Claudia Sheinbaum ha designado a las siguientes personas como nuevos cónsules: Rafael Eugenio Laveaga Rendón, diplomático de carrera, como titular del Consulado mexicano en Atlanta, Georgia; a Carlos Iriarte Mercado, exdirigente y exdiputado federal del PRI en el Estado de México para el consulado de Boston; al general Luis Rodríguez Bucio, exdirector de la Guardia Nacional como nuevo cónsul mexicano en Dallas; Marcos Bucio Mujica, exsecretario general del IMSS en el actual gobierno, como cónsul de México en Nueva York; la morenista Donají Alba Arroyo, será la cónsul en Raleigh, Carolina del Norte; el exgobernador priista de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, es el nuevo cónsul de México en San Francisco
Neftalí Said Pérez, exdirector del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ocupará el consulado en San José, California; la diplomática de carrera, Claudia Velasco Osorio, llegará al consulado de Sao Paulo, Brasil; Iván Roberto Sierra Medel, otro diplomático de carrera de la SRE llega al consulado de México en Toronto, Canadá; mientras que al consulado de Vancouver se designó a Julian Adem Díaz de León, también ministro del Servicio Exterior Mexicano. Así que, como en botica, una mezcla de políticos, lo mismo priistas que morenistas, además de militares y diplomáticos de carrera, irán a reforzar los consulados mexicanos que hoy están sobrecargados de trabajo ante la cacería de migrantes mexicanos en los Estados Unidos.
La ratificación que solicita la titular de Segob es para que se apruebe en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que actualmente se encuentra sesionando… Se baten los dados. Capicúa. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A8)
Al estilo de Trump, pero con sello nacional, en todos los aeropuertos del país se ejecutan redadas cotidianas. No hace falta cruzar fronteras para experimentar la persecución migratoria: basta con abordar un vuelo dentro del país. En salas de espera y pasillos, tanto de vuelos nacionales como internacionales, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ejercen vigilancia silenciosa y selectiva. No hay filtros visibles ni protocolos transparentes. Hay ojos que eligen a quién interrogar. ¿El criterio? Parecer extranjero. Tener piel morena. Rasgos indígenas. O simplemente parecer lo suficientemente “migrante”.
La lógica es la sospecha. No importa si eres turista, residente o ciudadano. Si estás en la fila del abordaje y te pareces al estereotipo que han decidido perseguir, es probable que te detengan. Se acercan sin identificarse y exigen documentos. ¿Por qué? Porque sí. Porque dicen que es “revisión de rutina”, aunque la Constitución prohíba actos discriminatorios sin causa fundada.
El caso más brutal de este abuso institucional ocurrió en 2022. Tres mujeres indígenas mexicanas fueron arrestadas en Querétaro por agentes del INM. Tenían identificaciones válidas. No venían de otro país. No cruzaron frontera alguna. Pero los agentes decidieron que “parecían guatemaltecas”. Así, sin más, fueron llevadas a una estación migratoria como si fueran extranjeras ilegales. El INM desestimó sus documentos y actuó bajo prejuicios raciales, negándoles incluso el derecho básico a ser reconocidas como mexicanas. El nivel de violencia institucional fue tal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir. ¿Cómo es posible que en su propio país, con papeles en regla, tres mujeres fueran tratadas como delincuentes solo por sus rasgos? De haber sido guatemaltecas tampoco merecían ese trato y esa falta de procedimientos jurídicos.
La Corte fue clara: el INM no puede actuar con base en perfiles étnicos ni realizar revisiones migratorias sin justificación. También fue enfática en interpretar el artículo 11 constitucional, que garantiza la libertad de tránsito: la Ley de Migración, al permitir revisiones en cualquier lugar y momento, vulnera ese derecho. En México no existe obligación de portar identificación dentro del territorio nacional, ni para extranjeros ni para mexicanos. Exigirla arbitrariamente es ilegal.
Y sin embargo, se sigue haciendo. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, los operativos no solo continúan: se normalizan. Mientras la presidenta lanza discursos de defensa a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en México se criminaliza a quienes vienen del sur —e incluso a los propios connacionales— por el simple hecho de “parecer” extranjeros. Hay migrantes perseguidos, sí. Pero también hay mexicanos tratados como invasores.
La contradicción es profunda. El respeto que exigimos afuera no se garantiza adentro. No se puede reclamar justicia para nuestros migrantes cuando aquí se permite que agentes del Estado actúen como cazadores de rostros. La violencia institucional no es menos grave por ocurrir en salas de espera o pasillos de aeropuertos.
Las redadas migratorias no son un mal necesario, son una política de exclusión que violenta derechos humanos básicos. Si el gobierno de Sheinbaum quiere marcar una diferencia real con su antecesor, debe empezar por desmontar estos operativos y garantizar que ningún mexicano vuelva a ser detenido por parecer de otro país. Que en los aeropuertos deje de pesar más el color de piel que la Constitución. (Maite Azuela, El Universal, Opinión, A.14)
El mundo enfrenta desafíos complejos y entrelazados, entre ellos la discriminación que se agudiza y nos condiciona en nuestro proceso evolutivo.
Las personas que toman la decisión de migrar a otro país lo hacen con plena conciencia de que en su mochila de partida no cabe toda una vida y, por lo tanto, se enfrentarán a la pérdida del entorno familiar, su cultura, las redes inmediatas de apoyo, es decir, implicará una transformación profunda que afecta todo su mundo tanto a nivel humano, como emocional.
La comunidad mexicana que migra, nuestros paisanos, son las personas más trabajadoras y dispuestas, que viven las experiencias más difíciles ante el sentimiento de desarraigo y la profunda sensación de pérdida. Ser mexicano en un país que no es México es tener un vacío, enfrentarse al duelo de dejar la cultura más llena de historia, las más enriquecedoras tradiciones y la lengua materna, estar lejos de su familia mexicana, que es sinónimo, en la mayoría de los casos, de unión y solidaridad.
El proceso de migrar es un proceso de reconstrucción de la propia identidad en un contexto, cultura, comunidad y destino desconocido, mientras se soporta el peso de jornadas extenuantes, la soledad y el duelo por haber dejado atrás aspectos fundamentales del propio ser.
Ya sea en Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, no debería ser considerado un delito, nadie es delincuente si lo que se busca es el progreso, mejorar la economía, abonar en el desarrollo del país al que se llega.
La comunidad mexicana migrante, en EU, por ejemplo, tiene aportaciones significativas a la economía de ese país, representan una parte fundamental de la fuerza laboral en sectores esenciales como la agricultura, la construcción, la manufactura y los servicios en su conjunto; sin esta importante contribución, muchas industrias enfrentarían escasez de trabajadores.
De acuerdo con estudios migratorios recientes, los inmigrantes aportan anualmente más de $2 billones a la economía de Estados Unidos, siendo las personas mexicanas una de las comunidades más grandes entre los inmigrantes, lo cual quiere decir que su contribución no es nada despreciable.
Diversas publicaciones afirman que las personas mexicanas migrantes son emprendedores activos, poseen más de 400 mil negocios en Estados Unidos, generando miles de empleos y estimulando economías locales, incluso refieren que los migrantes contribuyen a los ingresos fiscales del país a través de impuestos. El estimado de captación de impuestos locales y estatales provenientes de los inmigrantes indocumentados, es alrededor de $11.7 mil millones en impuestos.
Para el caso de nuestro país, los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos de América, también aportan una cantidad importante de ingresos en remesas. Se estima que las remesas enviadas a México son de poco más de $60 mil millones, lo cual representa estabilidad económica para muchas familias y comunidades.
Por donde se vea, migrar no es un delito, no podría considerarse delito ni tratarse así al ejercicio de un derecho humano fundamental, la búsqueda de una vida mejor, migrar es la muestra más contundente de resiliencia y esperanza en un solo mundo para todas y todos. (Daniela Cordero Arenas, El Universal, Opinión, A. 14)
Cartones

(Garci, El Financiero, Opinión, p. 30)