Opinión Migración 260625
Ley de la Guardia Nacional: la continua apuesta por la militarización
En los últimos días hemos atestiguado el desarrollo de un nuevo capítulo de la militarización en nuestro país, pauta que desde hace dos décadas caracteriza a la política de seguridad pública en México en contexto de la crisis generalizada de violencia e inseguridad. En continuidad con el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional aprobado por el Congreso de la Unión en septiembre pasado, este martes la Cámara de Diputados aprobó en lo general una nueva Ley de la Guardia Nacional cuyo proyecto original contempla, además, la reforma a nueve leyes relacionadas.
Como muchas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han advertido, esta nueva ley significa otro retroceso en materia de derechos humanos, no sólo por los riesgos intrínsecos y ya demostrados que conlleva la militarización como mecanismo privilegiado para atender la violencia en el país, sino también por lo que se deriva de otras disposiciones que se estarían aprobando y que trascienden a la Guardia Nacional, como el fortalecimiento de las labores de inteligencia en manos de las fuerzas armadas.
Frente a las críticas ciudadanas, la narrativa oficial ha negado que la Guardia Nacional y su traspaso a la Defensa representen una medida de militarización del país. Se argumenta con frecuencia que la verdadera militarización ocurrió con la salida del Ejército a las calles desde 2006, que ciertamente fue uno de los mayores episodios de militarización en México. Sin embargo, a contrapelo de esta narrativa, la literatura especializada considera el despliegue militar en tareas de seguridad pública como militarización directa y, a la vez, como sólo uno de los múltiples rasgos de la militarización como concepto más amplio del análisis de la realidad pública.
Se entiende por militarización indirecta la asignación de labores de naturaleza civil a las fuerzas armadas, así como la incorporación de lógicas castrenses en las instituciones civiles. La creación de la Guardia Nacional con rasgos militares y su posterior traspaso a la Defensa son expresiones claras de esta militarización, del mismo modo que el fortalecimiento de las labores de las fuerzas armadas y la ampliación de sus facultades son signos preocupantes de militarización, sin importar cómo se los asocie al concepto de seguridad nacional.
Nos encontramos, pues, ante una larga serie de acciones efectuadas durante décadas con las que se ha fortalecido paulatinamente el papel de las instituciones castrenses. En México no es un proceso privativo de un partido político, sino una dinámica sostenida durante ya cuatro administraciones presidenciales de distinto signo partidista, que han concedido a las instituciones militares un rol, recursos y una confianza superior de las dispensadas a las instituciones civiles, difundiendo paralelamente entre la sociedad un discurso que asegura una supuesta incorruptibilidad de todo cuerpo castrense, lo que constituiría su principal fuente de legitimidad.
A los riesgos que entraña este proceso ante el debilitamiento del ethos y la institucionalidad democrática del país, hay que sumar su probada ineficacia como mecanismo de aseguramiento de la seguridad pública. Hoy, el despliegue de las fuerzas armadas de manera generalizada, sin prácticamente controles sobre su ejercicio y uso de la fuerza, no ha logrado revertir de manera sostenida los índices de violencia ni instrumentar una política de pacificación permanente que permita el combate real a la macrocriminalidad y la reconstrucción de los tejidos sociales.
Por el contrario, a 19 años del despliegue de los cuerpos militares en labores de seguridad pública en el país, el saldo es más territorios ausentes del control institucional; y, en cambio, una larga lista de casos en que la letalidad de la intervención de las fuerzas armadas ha incrementado el adeudo estatal en acceso a la justicia.
Hechos de meses recientes, como los asesinatos de seis migrantes en Chiapas, de dos jóvenes en Chihuahua, de dos civiles en Nuevo Laredo, y tantos más casos de ejecuciones extrajudiciales o de detenciones arbitrarias –especialmente contra migrantes– dan muestra de la ineficacia que hasta la fecha han mostrado las fuerzas armadas como instrumento para la pacificación del país. Evidencia de ello es que la Guardia Nacional y la Sedena fueron en el sexenio anterior dos de las instituciones con más quejas ante la CNDH.
Lo que está en juego no es sólo la crisis de violencia, sino también, la agenda misma de fortalecimiento democrático, promoción de los derechos humanos, pacificación y reconciliación social. Como han señalado numerosas voces especializadas y organizaciones defensoras de las víctimas y de los derechos humanos: la ruta para una adecuada pacificación del país apunta en una dirección contraria a la que han promovido los últimos tres gobiernos federales y que el actual profundiza con esta nueva reforma legal.
No podemos cansarnos de repetir que la atención de la crisis generalizada de violencia e inseguridad pasa por el fortalecimiento de las instituciones civiles, por el cuidado, la capacitación y la profesionalización policial, por la reforma de las fiscalías y el Ministerio Público para garantizar el efectivo acceso a la justicia, por la adopción de estrategias de seguridad regionales diseñadas a partir del conocimiento profundo de los contextos específicos por la adopción de un enfoque de prevención que atienda las causas estructurales de la violencia, y por la limitación del uso de las fuerzas armadas de manera extraordinaria, estrictamente temporal y con los debidos controles institucionales tanto internos como externos. (Mario Patrón, La Jornada, Opinión, p. 15)
Antes del fin / El Nobel del miedo
Esta semana, Diego Luna apareció como conductor invitado en Jimmy Kimmel Live! y no llegó solo. Llegó con maletas. Literalmente. Desde el arranque de su monólogo dejó una frase que, envuelta en risa, destilaba una verdad incómoda:
“English is not my first language… so I hope you guys will help me if I get —what’s the word?— deported.”
Aplausos. Risas. Ironía. Pero también un eco sordo, profundo. Porque esa broma solo funciona porque es posible. Y si es posible para él —un actor con trabajo, arraigo y reconocimiento público—, ¿qué queda para el resto?
Luna puede permitirse el chiste. Otros millones ni siquiera pueden decir la palabra. No sin temblar. Porque en la era Trump, el miedo ya no discrimina entre tener o no tener papeles. El miedo se volvió un idioma que todos entienden, incluso los ciudadanos naturalizados. Incluso quienes crecieron aquí. Incluso los hijos de este país.
En términos absolutos, Trump ha deportado menos personas en ambos mandatos que sus antecesores inmediatos. Barack Obama superó los tres millones de expulsiones durante su presidencia; Joe Biden, aunque con una retórica más humanista, mantuvo mecanismos de rechazo exprés como el Título 42 y CBP One, alcanzando cifras incluso mayores.
Sin embargo, en su regreso al poder en 2025, Trump ha profundizado un enfoque diferente: más que cifras, ha consolidado un régimen simbólico basado en el miedo, apuntando no solo al que cruza la frontera, sino al que ya había echado raíces.
Trump no juega con cantidades. Juega con símbolos. Su estrategia no opera en la frontera, sino en el alma. No necesita expulsar a millones. Le basta con hacer que millones se sientan expulsables.
Va directo al arraigo. A la madre con tres hijos ciudadanos. Al trabajador que lleva quince años cotizando. Al joven que ya no sabe si es mexicano o estadounidense. Al que brincó un muro sin saber que lo estaba brincando.
Uno de los golpes más brutales, y menos discutidos, fue la decisión de suspender la protección legal de más de medio millón de personas beneficiarias del TPS (Estatus de Protección Temporal). El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Venezuela: comunidades enteras que vivieron décadas con permiso, aportando al país y criando familia, quedaron de pronto en el limbo.
Trump no los deportó. Los dejó irregulares. Les quitó el suelo sin necesidad de moverlos. Ni dentro ni fuera. Ni bienvenidos ni expulsados. Ni ciudadanos ni ilegales. Solo suspendidos.
En 2018, su administración ya había intentado cancelar el TPS para seis países. Los litigios detuvieron la medida, pero su objetivo quedó claro: redefinir quién merece estar aquí, incluso después de haberlo ganado legítimamente. No renovar, no proteger, no reconocer. El castigo no es físico. Es existencial.
Ese tipo de miedo no es nuevo. Ya lo había intuido Octavio Paz, desde otro lugar, en El laberinto de la soledad. Escribía que el mexicano “puede doblarse, encogerse, agacharse, pero no rajarse”, porque abrirse implica mostrarse. Y eso nos da miedo.
Hoy, el migrante con documentos adopta esa misma máscara —no por pudor, sino por supervivencia emocional—. Habita un cuerpo legal que ya no garantiza seguridad. Un arraigo que dejó de ser escudo y se volvió blanco. No hablamos de irregularidad, sino de otredad forzada: una condición interior donde lo legal existe, pero la dignidad tiembla. Donde estar “dentro” ya no significa pertenecer.
Lo que Trump ha construido no es una política migratoria. Es una narrativa emocional, cuidadosamente diseñada para que hasta el más protegido dude de su derecho a permanecer. Aquí es donde las herramientas del pensamiento ayudan a descifrar el mecanismo.
Hannah Arendt nos habló de la banalidad del mal: ese que se institucionaliza, que se vuelve costumbre. Michel Foucault nos enseñó a mirar el poder que opera sobre la vida misma, que regula movimientos, gestos, vínculos. Judith Butler nos recordó que la legalidad es también una ficción emocional: un contrato que puede romperse sin aviso.
Y Donald Trump lo rompió.
Antes del fin
Lo que Diego Luna puso en escena —entre risas— es la antesala de lo que millones viven en silencio. Porque si el miedo alcanza al visible, al documentado, al exitoso… entonces nadie está a salvo del temblor.
Lo que hoy está en juego no es solo el futuro migratorio. Es el presente emocional de una comunidad que ya no se siente segura ni cuando cumple las reglas. Porque cuando incluso los documentos tiemblan, lo que está roto no es un sistema. Es la idea misma de hogar. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 27)
La gran depresión / Aranceles: el dinosaurio de Trump recargado
Cuando la Guerra de los 12 días terminó, los aranceles todavía estaban ahí.
Con el permiso de Augusto Monterroso, es el dinosaurio el que está ahí, el que ahora resurge más engreído tras lo que presenta como una victoria militar que le da un aire que necesitaba después de varias derrotas, ese es Donald Trump.
En México, la atención que genera ese fenómeno político que es el Presidente de Estados Unidos, distrae del cuidado que merecen los demonios que andan sueltos en nuestro propio país y que ahora mismo consiguen la militarización y la censura, y que van camino a dar la estocada final a la democracia con la desaparición del INE ciudadano.
La tregua en el Medio Oriente es eso, un impasse a un conflicto de décadas entre iraníes e israelíes, que da espacio a las economías para regresar su atención a una amenaza, no militar, sí comercial, que no está lejos de generar una estanflación, recesión más inflación.
Donald Trump tiene hoy el ego reforzado por su aparente triunfo militar y si las encuestas le dan la razón con sus seguidores de MAGA (Make America Geat Again) será más difícil verlo ceder en las negociaciones que emprende de manera bilateral con los mercados afectados por sus aranceles.
La siguiente fecha clave es el 9 de julio que es el día que unilateralmente impuso el gobierno de Trump para finalizar negociaciones bilaterales y aplicar los llamados aranceles recíprocos.
Trump salió del centro de comando militar, tomó el Air Force One rumbo a la Haya, en Países Bajos, y regresó con lo que él quería, el compromiso de los miembros de la OTAN de elevar a 5% de su Producto Interno Bruto el gasto militar.
Con ese sentimiento de omnipotencia querrá negociar los acuerdos comerciales con todos, o con casi todos, porque China ya le demostró que se cuece aparte.
Y en ese desconcierto permanente en los tiempos de Trump 2.0, México tiene que buscar no sólo un acuerdo comercial medianamente conveniente, sino algo similar a lo que en su momento llamaron la “whole enchilada”, aquel intento de principios de siglo de vincular los temas de migración, seguridad y comercio que fracasó por los atentados del 11S.
Incluso con la presión reforzada de la administración de Trump en contra de los intereses mexicanos, este país puede sacar una ventaja si entiende la importancia que hoy tiene para la seguridad de Estados Unidos reforzar la frontera, no sólo para frenar la migración, o el narcotráfico, sino ante cualquier amenaza terrorista.
Trump cuenta una historia de éxito militar y rendición del régimen iraní, allá adelantan las consecuencias futuras que tendrán a los que consideran sus enemigos.
La amenaza comercial sigue ahí, las redadas en todo el territorio de aquel país se mantienen, los avances en las negociaciones comerciales son lentos y hasta ahora no productivos, pero esa es la realidad de la relación bilateral en estos tiempos.
Es pronto para saber si Trump realmente logró una victoria en el Medio Oriente, pero lo que sí está claro es que hoy será más arrogante y las relaciones con México, comerciales, migratorias, de seguridad, están entre sus temas pendientes. (Enrique Campos Suárez, El Economista, Finanzas y Dinero, p. 9)
Project Syndicate / La disciplina del mercado prevalecerá en EU
Desde la elección del presidente estadounidense, Donald Trump, el año pasado, he sostenido que al menos algunas de sus políticas, con el tiempo, conducirán a un mayor crecimiento y a una menor inflación. Esto se aplica a su apoyo a la innovación de la industria tecnológica, a la desregulación, a tasas impositivas más bajas sobre el trabajo y las corporaciones, a una producción de energía mejorada y a recortes de un gasto público despilfarrador.
Otras políticas de Trump, sin embargo, son estanflacionarias. El proteccionismo y los aranceles ralentizarán el crecimiento y harán subir los precios, al igual que la mano dura de su administración contra la inmigración, los recortes al financiamiento de la investigación científica, los ataques a las instituciones académicas, el apoyo a los déficits presupuestarios sin financiamiento, las amenazas a la independencia de la Reserva Federal, los intentos desordenados por debilitar el dólar, los ataques al estado de derecho y el comportamiento corrupto. La marca Estados Unidos ha resultado muy dañada, y eso tendrá costos.
Aun así, he sostenido que la disciplina de mercado (sobre todo por parte de los vigilantes de bonos) y una Reserva Federal todavía independiente limitarían estas políticas estanflacionarias, dando ventaja a los asesores económicos moderados de Trump y produciendo una desescalada de las fricciones comerciales a través de las negociaciones. Eso es lo que ha ocurrido. Y ahora que los republicanos del Congreso están negociando un proyecto de ley presupuestaria que aumentará aún más los déficits y los ratios de deuda, la presión del mercado (a través de mayores rendimientos de los bonos a largo plazo) aumentará. Trump puede cambiar de rumbo o enfrentarse a un aumento repentino de los rendimientos de los bonos que provocará una recesión políticamente perjudicial.
Vale la pena recordar que los primeros ataques de Trump a la independencia de la Fed ya resultaron contraproducentes. Las acciones estadounidenses se hundieron, los rendimientos de los bonos se dispararon y Trump dejó de amenazar con despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell. Aunque podrá sustituir a Powell en 2026, la Fed seguirá siendo independiente, porque el presidente es primus inter pares (primero entre iguales), y no un monarca absoluto. La postura general del Comité Federal de Mercado Abierto seguirá reflejando las opiniones de sus miembros.
Por ahora, Powell le está haciendo un favor a Trump al no recortar las tasas de interés. La Fed está anclando de forma creíble las expectativas de inflación ante las presiones sobre los precios inducidas por los aranceles. Al abstenerse de recortar las tasas ahora, la Fed conserva la opción de recortarlas cuando la economía se debilite hacia finales de año. Trump no tiene motivos para atacar a Powell, salvo para catalogarlo como el chivo expiatorio de una posible recesión que él mismo ha provocado (igual que culpará de la inflación a la tozudez del presidente chino, Xi Jinping).
Las restricciones de la administración a la inmigración —y, por tanto, a la oferta de mano de obra— también serán contraproducentes. El período 2023-24 trajo consigo un crecimiento robusto y una caída de la inflación debido a un gran aumento de la oferta de mano de obra a través de la inmigración (en parte indocumentada). Con un mercado laboral tenso, las políticas que reduzcan la oferta de trabajadores impulsarán el crecimiento salarial y la inflación, dañando la economía y la posición política de Trump (el mismo efecto que la inflación de la era pandémica tuvo sobre Joe Biden).
Estados Unidos necesita un flujo constante de inmigrantes (preferiblemente documentados). Trump ya se puso del lado de Elon Musk en la cuestión de los visados H-1B para trabajadores calificados (un programa del que Silicon Valley depende fuertemente). Al desafiar a su base nativista MAGA, demostró que no está del todo desorientado sobre la necesidad de atraer talento extranjero. A pesar del daño más amplio que Trump le está provocando a la marca país, Estados Unidos sigue siendo el principal destino para el 10% de los investigadores científicos y talentos empresariales de todo el mundo, debido a la prima de compensación tres a cinco veces superior ofrecida en Estados Unidos.
Pero recortar el financiamiento de la investigación y permitir una fuga de cerebros no es coherente con el mantenimiento del dominio estadounidense en IA y otras industrias del futuro. También en este caso, las reacciones de la industria y la disciplina del mercado apoyarán a los asesores de Trump, que tienen la cabeza más fría. Asimismo, los crecientes desafíos legales a las deportaciones de la administración pueden finalmente empujarla hacia políticas de inmigración más sensatas. De lo contrario, la disciplina de mercado volverá a pegar con fuerza.
Los esfuerzos de la administración Trump para impulsar la competitividad de Estados Unidos y reducir el déficit comercial a través de un dólar más débil quizá también sean contraproducentes. Cuando los aranceles del “Día de la Liberación” anunciados el 2 de abril, las amenazas de despedir a Powell y la anticipación de mayores déficits fiscales hicieron que el dólar comenzara a caer, pronto se produjo una fuerte corrección de los precios de la renta variable y un repunte de los rendimientos de los bonos y los diferenciales de crédito. Trump se echó atrás debidamente con los aranceles y con Powell, y la misma disciplina forzará un ajuste fiscal —como hemos visto en otras economías avanzadas y mercados emergentes en los últimos años.
La idea de un “Acuerdo de Mar-a-Lago” para orquestar un debilitamiento ordenado del dólar es descabellada, rozando la locura. Los principales socios comerciales —sobre todo China— nunca se unirían, y los propios amigos y aliados de Estados Unidos se opondrían. Cuanto más esperen los mercados una repentina devaluación del dólar, más se dispararán los rendimientos de los bonos. Las propuestas de convertir las tenencias del Tesoro a corto plazo de los no residentes en valores a largo plazo ni siquiera funcionarían en teoría, mucho menos en la práctica. Debilitar el dólar mediante controles de entrada de capitales —un impuesto sobre las tenencias extranjeras de bonos del Tesoro— hará subir casi con seguridad las tasas a largo plazo y debilitará la economía. Los vigilantes del mercado simplemente no permitirán que se sigan aplicando políticas tan insostenibles durante mucho tiempo.
Por último, si bien el ataque de la administración al estado de derecho ha sido bastante agresivo, las instituciones democráticas estadounidenses —empezando por los tribunales y los jueces independientes— y la sociedad civil siguen siendo sólidas, y deberían ser capaces de limitar las políticas más extremas. Una vez más, no hay que subestimar aquí el poder de la disciplina de mercado. En otros países —como Turquía— donde los autócratas han socavado el estado de derecho, la reacción de los mercados de bonos y otros mercados ha sido implacable.
En última instancia, o Trump da marcha atrás en sus políticas estanflacionarias para concentrarse en medidas favorables al crecimiento, o la tensión financiera y una recesión harán que el Partido Republicano pierda las elecciones de mitad de mandato en 2026. Es de esperar que Trump haga caso al mercado y deje de actuar según sus peores instintos. Debería reconocer que las innovaciones tecnológicas de cosecha propia prometen aumentar sustancialmente el crecimiento potencial de Estados Unidos. Lo único que le queda por hacer es apartarse de su propio camino. (Nouriel Roubin, El Economista, Finanzas Globales, p.33)
Rozones
Entre ceja y ceja
Y no ha pasado mes, y hay quien dice que semana, en la que algún funcionario o dependencia del gobierno de Estados Unidos no muestre que trae a México entre ceja y ceja. Y es que, con razón o no, si no es el propio presidente de Estados Unidos es la DEA por el narcotráfico o la Secretaría de Seguridad Nacional por la migración o las drogas, o la de Comercio por los aranceles, o la de Agricultura por el gusano barrenador o el Servicio de Migración y Control de Aduanas por las redadas contra connacionales… No hay semana, nos insisten, en la que no haya en la agenda de asuntos espinosos al menos uno puesto sobre la mesa por alguna institución o funcionario del gobierno de Trump. Ayer se agregaron el Departamento del Tesoro que acusa a bancos mexicanos de lavar dinero y la fiscal general Pam Bondi que ayer metió a Mexico en el mismo costal de adversarios en el que tiene también a Irán a China y a Rusia. Uf. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
La doble embestida de EU
En un giro abrupto, la relación entre México y EU ha sufrido una sacudida de alto voltaje. El Departamento del Tesoro estadunidense reveló una investigación sobre tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa—, señalándolas como piezas clave en el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, especialmente en la cadena de suministro de fentanilo. Las sanciones impuestas por Washington prohíben ciertas transferencias de fondos con estas instituciones dentro del sistema financiero de EU, bajo nuevas facultades legales que buscan frenar el flujo de opioides y sus ganancias ilícitas. Las acusaciones son específicas: desde transferencias millonarias a empresas chinas relacionadas con precursores químicos, hasta reuniones documentadas entre ejecutivos bancarios y miembros de cárteles como el CJNG. La respuesta de la autoridad mexicana fue inmediata y defensiva. Hacienda y la CNBV señalaron que, tras ser notificadas, solicitaron pruebas concretas al Tesoro, pero no recibieron datos probatorios. Las revisiones internas arrojaron sólo irregularidades administrativas, ya sancionadas, y ninguna evidencia de lavado de dinero. Las instituciones acusadas han negado tajantemente los señalamientos y defendido su apego a la regulación mexicana e internacional.
Paralelamente, la fiscal general Pam Bondi sorprendió al incluir a México en la lista de “adversarios extranjeros” de EU, junto con Irán, Rusia y China, bajo el argumento de una supuesta pasividad ante el narcotráfico y la migración irregular. La declaración, respaldada por senadores como Lindsey Graham, eleva el tono diplomático a niveles inéditos y coloca a México en una posición de vulnerabilidad política y reputacional.
Este doble golpe, asestado en un solo día, no es casualidad. Las autoridades de EU parecen estar buscando varios objetivos estratégicos. Primero, ejercer presión máxima sobre el gobierno mexicano para que endurezca su cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, áreas donde Washington considera insuficiente la respuesta mexicana. Segundo, enviar un mensaje contundente al sistema financiero internacional sobre los riesgos de operar con instituciones mexicanas bajo sospecha, lo que podría aislarlas y obligar a una limpieza interna más profunda. Tercero, en el plano político, la inclusión de México en la lista de “adversarios” busca justificar ante la opinión pública de EU y el Congreso una postura más dura en materia de seguridad, migración y comercio, en un contexto electoral donde la narrativa de “mano dura” gana terreno.
La estrategia de EU parece orientada a forzar un cambio de rumbo en la política mexicana en materia de seguridad y cooperación bilateral, utilizando tanto el poder financiero como la presión diplomática. El desenlace dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para negociar en medio de una crisis que amenaza con escalar y redefinir su relación.
Ante la presión sin precedentes, las autoridades mexicanas se ven obligadas a ir mucho más allá de la simple exigencia de pruebas a Washington. México debe fortalecer de inmediato sus sistemas de prevención y detección de lavado de dinero, implementando controles internos más estrictos y mejorando la debida diligencia sobre socios, proveedores e intermediarios financieros, para asegurar que no existan vínculos directos ni indirectos con organizaciones criminales. Es indispensable que se refuercen los programas de cumplimiento en las instituciones financieras, con monitoreo proactivo de transacciones sospechosas y una colaboración más ágil y transparente con las agencias estadunidenses, como la DEA y el Departamento del Tesoro.
Además, el gobierno mexicano debe impulsar reformas legales que actualicen y fortalezcan la Ley Antilavado, que ha permanecido intacta desde 2012, y promover una mayor coordinación entre la UIF, la CNBV y la FGR para responder con eficacia a los nuevos esquemas de lavado. Sólo con una revisión profunda de sus mecanismos regulatorios, una cooperación real y sostenida con EU, y una voluntad política clara de combatir la corrupción y la colusión institucional, México podrá recuperar la confianza internacional y evitar mayores sanciones, bloqueos financieros o el aislamiento de su sistema bancario en el escenario global. (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional, p. 12)
Cartones
Educación: Pagar más por ser inmigrante
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 10)
Rusia, China, Irán y…. México
(El Fisgón, La Jornada, Política, p. 4)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 25/06/2025