La noche del pasado jueves, policías municipales en Puebla detuvieron a 6 miembros de la Guardia Nacional quienes ayudaron a escapar a integrantes del grupo delictivo “Los Oaxacos”. De acuerdo con el diario La Jornada: “Los agentes federales, en evidente estado de ebriedad, intentaron obstruir un operativo de la SSPC de la capital poblana, aventando su patrulla contra los agentes municipales, lo que permitió que los delincuentes se dieran a la fuga.”
A principios de junio, la diputada federal Margarita García García realizó una denuncia pública desde la cámara de diputados en contra de elementos de la Guardia Nacional por supuestos vínculos con el crimen organizado. Según su recuento, ante un pedido de ayuda de un conductor que había sido asaltado y baleado en una carretera, varios elementos de la institución lo multaron por estar mal estacionado cuando pidió ayuda. “No nos cabe duda de que también forman parte de la delincuencia organizada” afirmó la diputada.
De acuerdo con un reportaje, entre 2019 y abril de 2022 fueron registradas 8 mil 656 denuncias en contra de elementos de la Guardia Nacional, de estas 1,135 derivaron en investigaciones. 787 eran por extorsión y 137 por abuso de autoridad. Según un informe del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), UNICEF y el Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua (2024), 30% de las mujeres entrevistadas en albergues para migrantes entre 2022 y parte de 2023 afirmaron haber sido víctimas de abusos por autoridades identificadas como militares o GN, durante su trayecto en México.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, además, identificó entre enero de 2022 y mayo de 2023, una decena de operativos de la GN y el INM, en los que se detuvo principalmente a mujeres –incluso embarazadas–, niñas y niños. El colectivo registró “uso de fuerza física intensa para restringir movimiento grupal y uso de armas no letales, como son el bastón tradicional de la policía, gas pimienta, lacrimógeno, armas de electrochoque como tasers TM, balas de goma y plástico, cañones de agua y armas acústicas.”
Estos datos hablan de abusos y comportamientos persistentes en la institución que está por recibir del Congreso control pleno de seguridad pública federal, incluidas facultades de espionaje a civiles. Esto, sin controles civiles, sin mecanismos de transparencia, con un poder judicial debilitado y con fueros militares (esto es, tribunales militares en los que no participa ningún civil).
Durante el gobierno de López Obrador, la Guardia Nacional fue creada como una institución civil con presencia nacional, para sustituir a la Policía Federal. Sin embargo, nunca se respetó el carácter civil y se integró (y encabezó) desde el inicio por miembros de las fuerzas armadas. Nos decían que la conformación militar no era preocupante pues “el presidente es civil”, y por tanto la institución estaba subordinada al poder civil. El entrenamiento, armamento, disciplina, mandos militares, decían, son cuestiones menores si la cabeza del ejecutivo es civil. Con la reciente reforma constitucional y nueva ley, los militares -a través de la Guardia, cuyos miembros han sido acusados de abusos y extorsiones- quedarán a cargo de la institución nacional de seguridad pública. Podrán investigar delitos, investigar para prevenir delitos, arrestar personas, hacer espionaje a los civiles sin intervención judicial e incluso realizar otras facultades que habían sido declaradas inconstitucionales por la SCJN.
En el debate público uno de los temas que más llamó la atención es la posibilidad que da la nueva ley a los miembros de la Guardia de ocupar puestos de elección popular. De nuevo desde el gobierno se ha minimizado la gravedad de esta disposición alegando que ya existía la posibilidad de que miembros del ejército ocupen cargos de elección popular. Sin embargo, nunca en la historia reciente habíamos presenciado un despliegue militar con las magnitudes que hoy existe, o la presencia militar hasta en los cuerpos electorales e instituciones educativas. Si hoy estos artículos encienden alertas es porque no resulta en el imaginario distante el involucramiento de militares en los partidos políticos, en los órganos legislativos y por qué no, en los judiciales. ¿No son los cargos de jueces también “de elección popular”?
Desmontaron la protección a nuestra información personal al desaparecer el INAI. Con la destitución de todas las personas juzgadoras y el debilitamiento del Poder Judicial, allanaron el camino para hacer de nuestros derechos fundamentales un tigre de papel. Hoy le otorgan nuestra información personal y una patente para participar en la política electoral al Ejército a través de la Guardia Nacional. ¿Qué podría salir mal? (Catalina Pérez Correa, El Universal, Opinión, p. 14)
AMÉRICO, ARRANCA OPERATIVOS DE VERANO SEGURO… este martes Américo Villarreal Anaya estará en Reynosa para el inicio del Operativo Verano 2025 del programa “Héroes Paisanos” y parece una cosa común, sin embargo hay que resaltar que se trata de una especie de bienvenida con olor a seguridad para quienes pretendan cruzar por Tamaulipas, hay que recordar que en los últimos periodos no se han reportado asaltos, ni extorsiones, ni chantajes, también que los vacacionistas se han ido con la misma percepción y eso vale la pena, ahí la necesidad de recalcar que habrá muchos vigilantes para que las cosas otras vez resulten bien.
Porque además el operativo es mucho más amplio que antes, arranca ya y comprende desde el primero de julio al tres de agosto, es coordinado por el Instituto Nacional de Migración y se trata de brindar apoyo, orientación, asistencia y seguridad a connacionales que pasen por Tamaulipas, con destino a sus lugares de origen en el interior del país e incluso para los guatemaltecos, salvadoreños y centroamericanos en general que usan nuestras carreteras.
Participarán todas las corporaciones federales, pero también tendrán su trabajo la Guardia Estatal, Transito Estatal, los Ángeles Verdes… (Marco Antonio Vázquez, Nota Tamaulipas, Online)
Este domingo la prensa nacional dio a conocer un dato revelador que debe de preocupar a Chiapas, sobre todo porque se trata de conquistar nuevamente que los hermanos Guatemaltecos regresen y visiten Chiapas, no nos debe de extrañar que en el país del quetzal se tenga una percepción negativa de la seguridad en Chiapas, y que es aquí donde deben de entrar las autoridades de Turismo estatal, Secretaria de la Frontera Sur y hasta la Secretaria de Economía, y es que este domingo el Sol de México y Excélsior dieron a conocer con textos diferentes de que el aumento de la violencia de la delincuencia organizada por el dominio de la Frontera Sur, ha inhibido la llegada de personas que todos los días cruzan desde Guatemala para trabajar en el campo, la construcción y el sector de servicios en México, además de turistas guatemaltecos que ingresan por Ciudad Hidalgo y Talismán.
El Sol de México, señaló que datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirman una fuerte reducción en el flujo de personas chapinas. Por ejemplo, en la delegación de Tecún Umán, una de las que más cruces fronterizos en general registra al día, en el año 2023 se atendieron 180 mil 787, mientras que en el 2024 fueron solo 50 mil 234, lo que representa una caída de 72.2 por ciento; y de enero al 15 de junio pasado, sólo se han gestionado 20 mil 482 salidas.
En otras regiones como Tecún Umán II, orientada al comercio con México y Centroamérica, se registraron 179 mil 264 trámites en 2023; pero en 2024 sólo se contabilizaron 19 mil 69, con una caída del 89.3 por ciento y en El Carmen, la reducción fue de 70.2 por ciento al pasar de 139 mil 849 salidas en el 2023 a 41 mil 657 en el 2024. Hasta el 15 de enero pasado, se habían gestionado 16 mil 548 salidas. Además, por primera vez en más de dos décadas, las solicitudes de tarjetas de visitantes regionales con las que miles de guatemaltecos entran a laborar de manera legal de este lado de la frontera, han caído 25 por ciento. Así mientras en el primer semestre del año 2023 había una demanda de 350 mil tarjetas, en 2024 no llegaron a cien mil y este año la cifra no supera las 87 mil 500.
Según el IGM, las personas tienen miedo de cruzar ante la violencia en estados como Chiapas, Tabasco y Campeche y prefieren quedarse a trabajar en su país, aunque ganen menos. La oficina del gobernador de San Marcos, Rolando López Crisóstomo, confirmó la disminución del flujo de personas hacia México por los pasos fronterizos y aduaneros e incluso señaló que hace unos tres meses un grupo de guatemaltecos no pudo asistir a un taller de serigrafía maya en el Museo de Tapachula porque se les exigió el pago de un impuesto ilegal.
Otros programas binacionales como el de Movilidad de Trabajadores Agrícolas, que permite a los guatemaltecos viajar a Chiapas a trabajar por varias semanas en fincas, principalmente de café, también han registrado baja desde el año pasado, cuando llegaron un total de 52 mil 168, mil 134 menos que en el 2023, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM). “A diferencia de la frontera norte, donde Estados Unidos utiliza alta tecnología para combatir al crimen organizado, la frontera sur es una coladera de puntos ciegos que son aprovechados por los criminales para apoderarse de la región e imponer su ley”, comentó Javier Urbano, especialista en migración y seguridad.
Inclusive la prensa a nacional divulgó que la semana pasada las autoridades de ambos países mantuvieron una reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), luego de la confusión que privo entre policías mexicanos y Guatemaltecos con la persecución de unos delincuentes, y durante el encuentro, se acordó realizar operativos conjuntos en la frontera en común, además de la utilización de drones y un perro robot para la vigilancia de la frontera, donde Chiapas ha sido el principal colaborador.
Vigilarán frontera sur con drones artillados: Chiapas tendrá primer escuadrón en el país
Todavía el pasado martes 24 de junio, se anunció que Chiapas tendrá la primera flotilla de drones artillados en México, que operará en la frontera con Guatemala en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército. El gobierno de Chiapas presentó hace una semana la primera flotilla de drones artillados en México, que será desplegada para labores de vigilancia en la frontera con Guatemala. El escuadrón forma parte de una estrategia tecnológica de seguridad que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la recién creada Guardia Estatal de Chiapas. Los drones se utilizarán para patrullajes comunitarios y carreteros en la región sureste, junto con la unidad móvil blindada Kanan y un perro robótico destinado a operaciones tácticas
Durante el evento, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que su administración está “a la vanguardia” en tecnología aplicada a la seguridad pública y afirmó que esta estrategia se implementa en coordinación con el gobierno federal: “Caminamos de la mano de nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Sepan que están acompañados por su gobernador. El camino que estamos construyendo es el de la paz”, expresó.
Estos cambios derivan de una reforma aprobada recientemente en el Congreso local, que modificó el nombre de la Policía Estatal a Guardia Estatal, con el fin de fortalecer su coordinación con la Guardia Nacional y dotarla de certeza jurídica. Además, el gobernador anunció un incremento salarial del 40 por ciento para cerca de 10 mil elementos de seguridad pública del estado, como parte del esfuerzo para dignificar la labor policial en Chiapas. (Sic) (Diario de Chiapas) (El Sol de México)
Urge mayor vigilancia binacional entre México y Guatemala, y más apoyo financiero federal para la seguridad fronteriza.
Más allá del trabajo policial que se viene proveyendo y otorgando a la sociedad chiapaneca en esta puerta mexicana llamada “Sur de México”, lo más ideal sería que la hermandad de los países de México y Guatemala, aportaran mayores finanzas para buscar una plataforma bien diseñada, trazada y delineada en favor dela seguridad nacional de los límites fronterizos entre el Águila y el Quetzal, porque resulta incongruente de que por donde ingresan los migrantes extranjeros y grupos armados, y ahora hasta delincuentes colombianos donde México se está infectando, no haya una estrategia de seguridad migratoria mucho menos una seguridad policial, y es aquí donde deben de entrar los Cónsules de Guatemala asentados en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán, y evidentemente las embajadas de México y Guatemala, y los Cónsules mexicanos asentados en los departamentos del país del Quetzal, tenemos mucha “diplomacia para tirar para arriba” pero que no se le ha requerido o ellos han fallado, para darle solución a la problemática de la inseguridad en la frontera sur, donde Chiapas y Guatemala son hermanos desde la historia de la Capitanía General de Guatemala, donde alguna ocasión volaba el quetzal junto al Águila. En fin. (Carlos Z. Cadena, Diario de Chiapas, Online)
El Gobernador Américo Villarreal presidió honores a los Símbolos Patrios en Palacio Legislativo, en que reconoció y felicitó a los legisladores por su trabajo y madurez política en armonía con los otros poderes. Atestiguó la ceremonia ide clausura del segundo periodo ordinario de sesiones de la 66 legislatura.
Los diputados se fueron de receso con una medalla sobre el pecho: La certificación internacional de calidad ISO 9001:2015 de gestión de calidad, impulsada bajo la guía del presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera.
No es un enchílame otra. La certificación viene de la Organización Internacional de Normalización, institución no gubernamental fundada en 1947, con sede en Suiza, y hoy con presencia en 167 países.
La legislatura registró un intenso trabajo desde el 15 de enero: 29 sesiones ordinarias, tres solemnes y 156 reuniones de comisiones. Dictaminaron 160 asuntos, acumulando 376 dictámenes en nueve meses.
Un día antes, en dominguito, AVA presidió la sesión del Consejo de Protección Civil para dar puntual seguimiento a la entrada de la tormenta Barry. Ordenó reforzar las medidas de seguridad para proteger a la población, en tanto los consejos municipales también se activaron.
El martes, Villarreal Anaya andará por Reynosa para arrancar el Operativo Verano 2025 del programa Héroes Paisanos, que va del uno de julio al 3 de agosto bajo coordinación del Instituto Nacional de Migración para brindar apoyo, orientación y asistencia a los paisanos que cruzan por Tamaulipas.
Mientras tanto, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, acordó suspensión de clases el lunes en los campus Sur, Centro y El Mante ante los posibles efectos de la propia tormenta tropical. Quedaron guardias en cada dependencia.
Lo anterior no tiene nada que ver con que el doctor Jorge Ariel Castellanos, ex candidato a integrar el Poder Judicial, se animó a impugnar el triunfo que el INE estatal concedió a su contrincante David Cerda Zúñiga como magistrado del Tribunal Colegido de Circuito en Tamaulipas.
El asunto se pone interesante porque son dos figuras muy conocidas. Cerda fue presidente del Poder Judicial y ex secretario de Francisco Cabeza de Vaca.
Ariel, catedrático universitario, Oficial Mayor del Congreso del Estado, secretario del ayuntamiento victorense, funcionario de la General de Gobierno y secretario del ex Rector Jesús Lavín. Atentos. (Felipe Martínez Chávez, Inforadio23tv.com, Online)
No cabe duda de que el show es el show. Los migrantes indocumentados ocuparán una nueva prisión en una zona rodeada por caimanes y serpientes.
Se trata de 100 kilómetros cuadrados en despoblado, donde solo hay una pista aeroportuaria, prácticamente sin uso. Un sitio cercano a Miami, Florida.
El plan es albergar ahí alrededor de 5 mil detenidos. Los primeros llegarán este martes.
Los más entusiasmados con el proyecto son la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ya hizo publicidad al respecto. Muchos creyeron que era una broma, pero es una realidad.
La fotografía, elaborada con inteligencia artificial, muestra a tres caimanes con gorras de agentes migratorios.
Autoridades de Florida la califican como “eficiente y de bajo costo”, porque la naturaleza proporcionará buena parte de seguridad.
La prisión se conocerá como Alligator Alcatraz (el Alcatraz de los caimanes), en referencia a la prisión frente a la ciudad de San Francisco, que hasta hace unas semanas era un museo y Trump busca reabrirla como cárcel de máxima seguridad.
El proyecto de Florida apunta a la bukelización de la detención migratoria. Es atractivo. Es un show. Pero también es inhumano.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientalistas han protestado sin que sus demandas sean escuchadas.
La realidad es que si el gobierno de Trump, con el apoyo del de Florida, ya se propuso meter ahí hasta 5 mil personas, lo hará.
Sin que se precise si el delito de vivir en aquel país sin documentos es suficiente para merecer tal aislamiento, peligros de la naturaleza y condiciones extremas de calor y humedad.
México debe actuar para evitar que alguno de nuestros paisanos caiga ahí, pero la asesoría legal de los consulados no tienen los recursos suficientes y ya hasta la app diseñada para que los migrantes pidan apoyo tuvo fallas. Ni hablar de la clase de representantes consulares en la zona, dos ex gobernadores chiapanecos. El más cercano, Rutilio Escandón, cónsul en Miami, con cero experiencia diplomática.
¿México se pronunciará al respecto o pedirá más pruebas de la infamia? ¿Un caimán devorando a un migrante, tal vez? (Alejandro Domínguez, Milenio, Al Frente, p. 2)
La migración entre México y Estados Unidos representa uno de los fenómenos sociales, económicos y diplomáticos más complejos y sensibles en la relación bilateral. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), reconocemos que este reto debe abordarse con una visión integral que combine la defensa de la soberanía nacional con un enfoque profundamente humanitario, el fortalecimiento de la cooperación bilateral y el respeto mutuo entre las naciones.
La migración es un fenómeno con múltiples facetas que refleja desigualdades, conflictos, aspiraciones y, sobre todo, la necesidad de millones de personas de encontrar una vida digna, de ahí que no deba de ser vista únicamente como un asunto de control fronterizo. Dentro de los principales efectos positivos que se viven en nuestro país podemos enunciar las remesas enviadas por los migrantes que constituyen una importante fuente de ingresos para las familias mexicanas, contribuyendo así al desarrollo económico de algunas regiones del país; pero podemos citar como efectos negativos la fuga de talentos, el despoblamiento que sufren algunas zonas por la gravedad del desplazamiento forzado, el cambio en la estructura demográfica de México, y sobre todo la separación familiar y el estrés emocional. Por ello, México tiene la responsabilidad moral y estratégica de atender este fenómeno desde una perspectiva que priorice los derechos humanos de los migrantes, y que al mismo tiempo salvaguarde los intereses nacionales.
En COPARMEX creemos que el Estado mexicano debe mantener una política migratoria clara, coherente y responsable, que respete los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y que se coordine de manera eficaz con Estados Unidos. Esta coordinación debe estar siempre basada en el respeto a la soberanía de ambos países, evitando que el fenómeno migratorio se convierta en un pretexto para tensar la relación binacional o para aplicar medidas unilaterales que vulneren el derecho internacional o el trato digno a las personas en tránsito o bien que se tome como pretexto para endurecer medidas económicas que afecten al país.
Debemos recordar que el respeto a la soberanía nacional es un principio irrenunciable, lo cual no debe confundirse con el aislamiento ni con posturas radicales que afecten la imagen de México ante el mundo. En un entorno global interconectado, los discursos o acciones que fomentan la confrontación, el cierre de canales diplomáticos o el uso político del fenómeno migratorio pueden tener efectos nocivos sobre la estabilidad económica del país y el clima de inversión. Con base en estos argumentos, exhortamos al Estado Mexicano a asumir un papel de facilitador de soluciones evitando caer en confrontaciones innecesarias.
México y Estados Unidos son socios estratégicos no solo por su vecindad geográfica sino por el volumen de comercio, la cooperación en seguridad, la inversión mutua y los lazos sociales que unen a millones de personas a través de la frontera. Es por eso que desde COPARMEX hacemos un llamado a mantener un diálogo constante, institucional y respetuoso con el gobierno estadounidense, con el fin de generar soluciones conjuntas al tema migratorio que no sacrifiquen la dignidad humana ni la estabilidad económica.
De manera particular, es urgente reconocer cómo el fenómeno migratorio impacta de forma diferenciada a las mujeres, ya que son ellas las que enfrentan mayores riesgos de violencia sexual, trata de personas, discriminación y exclusión tanto en el tránsito como en los procesos de regularización migratoria. En ese sentido, la política migratoria mexicana debe incluir un enfoque de género que garantice la seguridad, la protección y el acceso a servicios básicos para las mujeres migrantes, reconociendo en todo momento su vulnerabilidad, pero también su papel activo en las dinámicas de movilidad y desarrollo económico.
México debe trabajar en el fortalecimiento de sus instituciones migratorias, en el desarrollo de políticas públicas eficaces para atender a migrantes en tránsito y en la implementación de mecanismos de diálogo directo con Estados Unidos que busquen soluciones sostenibles, respetuosas y corresponsables. Pero sólo se podrá abatir el fenómeno migratorio si atacamos la raíz que lo genera, y que no es más que la falta de oportunidades para crecer, desarrollarse y satisfacer las necesidades básicas de las familias. Es justamente en este acto donde se debe reconocer el papel del sector privado como un actor clave en la promoción del desarrollo económico en regiones expulsoras de migrantes, contribuyendo así a atacar las causas estructurales del fenómeno.
Desde COPARMEX reiteramos nuestro compromiso con una visión de país abierta al mundo, que apuesta por el respeto al Estado de derecho, la seguridad jurídica y la promoción de un entorno propicio para la inversión nacional y extranjera. En este sentido, el manejo responsable del fenómeno migratorio es esencial no sólo para preservar la dignidad de las personas, sino para garantizar la estabilidad institucional y económica de México en el corto, mediano y largo plazo.
Por ello, instamos a los actores políticos, sociales y económicos a sumar esfuerzos en la construcción de una política migratoria de Estado, que parta del respeto a la ley, la cooperación internacional, la igualdad de género y la responsabilidad compartida. Sólo así México podrá consolidarse como un país fuerte, soberano, humanitario y atractivo para la inversión, en el marco de una relación bilateral sólida, respetuosa y madura con Estados Unidos. #OpiniónCoparmex (Luisa Estela León Marín, El Heraldo de México, Online)
El cambio sí es posible. Cuando los mexicanos lo deciden, México cambia. Eso nos lo demostró Vicente Fox el 2 de julio del 2000. Hoy, cuando tantos viven con desánimo, cuando hay desacuerdos profundos, empresarios que se van del país, instituciones debilitadas y una violencia que no cede… vale la pena recordarlo: sí se puede cambiar el rumbo. Ya lo hicimos una vez.
Aquel 2 de julio, por primera vez en 71 años, un partido distinto al PRI ganó la presidencia: el PAN, con Vicente Fox. Para algunos fue el nacimiento de la democracia; para otros, solo una alternancia. Todos vivimos el inicio de verdaderos cambios.
Fox rompió barreras políticas, sociales y simbólicas. Fue el primer presidente que llegó al poder sin pertenecer al viejo sistema. Llamó a la reconciliación, formó un gabinete plural, promovió la transparencia y defendió con firmeza las libertades democráticas. Durante su sexenio se respetó la libertad de prensa, se fortalecieron las instituciones electorales, y un presidente entregó el poder sin manipular la elección de su sucesor.
También se triplicaron las reservas internacionales, bajó la inflación, hubo crecimiento económico constante y se ampliaron programas sociales. Se impulsó el Seguro Popular para dar atención médica a millones que nunca la habían tenido. Se defendieron los derechos humanos y se respetó la libertad sindical. Aún con obstáculos y oposiciones, México vivió una transición pacífica, cívica y esperanzadora.
Y ese cambio también alcanzó a millones de migrantes que por décadas habían sido ignorados. Vicente Fox fue el primer candidato presidencial que los buscó donde estaban —en Los Ángeles, Dallas, Chicago— y los hizo parte de su proyecto de país. En mítines, cabalgatas y hasta conciertos, les habló con respeto y cercanía. Ya como presidente, organizó su primer acto público en Los Pinos con migrantes, creó la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior (OPME), fortaleció programas como el 3×1, impulsó el voto desde el extranjero, promovió campañas de salud como “Vete sano, regresa sano”, y apoyó la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). También redujo los costos de envío de remesas y promovió su uso digno y productivo. Desde Los Pinos, como parte del gabinete presidencial, me tocó coordinar ese esfuerzo. Reunimos voces, abrimos espacios, firmamos convenios. Y por primera vez, los migrantes fueron escuchados por el gobierno… y por el país. Hoy pueden votar desde el extranjero de forma electrónica, y pueden ser candidatos a diputaciones y senadurías. Lo que parecía imposible, ahora es ley.
Claro que hubo críticas. Nos dijeron que exagerábamos, que el cambio no era real. Pero los hechos hablaron. Y millones de mexicanos siguen creyendo que aquel 2 de julio fue el primer paso de algo mejor.
A 25 años de esa elección, no escribo esto con nostalgia, sino con convicción: el cambio sí es posible. Lo fue entonces, y lo será otra vez cuando la ciudadanía lo exija con esperanza y valentía.
Gracias, Vicente. Al menos yo, estoy marcado: sigo creyendo que sí se puede (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 21)
Malabarista
La Comisión de Relaciones Exteriores en Diputados destacó que México es uno de los países con más solicitudes de asilo y tránsito a nivel mundial, con más de 79,000 peticiones registradas por la Comar en 2024. Además, legisladoras reconocieron la aprobación de la reforma a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, considerándola un importante avance en la defensa de los derechos humanos en el país. (La Gran Carpa, El Economista, El Foro, p. 36)
¿ESCUCHAN ESO? Es el sonido de los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que “protegerán” su frontera con México. Y es que esta rama militar ha sido asignada para operar la tercer Área de Defensa Nacional, una franja de seguridad que corre a lo largo del Río Bravo unos 400 kilómetros, prácticamente desde la Isla del Padre hasta poco más allá de Reynosa. ¡Chulada de vecinos! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
1 Todos para uno. Ante el inminente impuesto de 1% a las remesas en efectivo propuesto por Donald Trump, sí, él otra vez, la presidenta Claudia Sheinbaum no titubeó y prometió que México reembolsará ese monto a través de la tarjeta FinaBien. Edgar Amador, secretario de Hacienda, acompaña la jugada financiera; Marcelo Ebrard, desde Economía, le da forma. Pero aquí lo importante no es la defensa del migrante, sino el mensaje político, todos listos para responder con chequera a una amenaza que aún ni cruza el Senado gringo. Estados Unidos aún no aprueba, pero México ya se prepara. Eso es previsión, lo demás, un juego. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 11)
Ahora sí es buena noticia
En el Senado de Estados Unidos perfilaban la aprobación de un gravamen a las remesas ya no del 15%, ni del 5%, bueno ni siquiera del 3.5%, cifra que en su momento celebró el embajador Esteban Moctezuma, con un mensaje en la red social X el pasado 22 de mayo. “Buenas noticias sobre el cargo a las remesas. El comité de reglas aprobó el paquete de reconciliación con una enmienda que incluye una reducción del impuesto a las remesas del 5% al 3.5%, no obstante que hicieron mayores recortes a Medicaid y a incentivos fiscales para energías limpias. Éste es un primer importante avance para la defensa de la economía de nuestros migrantes y sus familias”, publicó. La que sí es buena noticia, nos comentan, es que el 3.5% se convertiría en 1%, y sólo aplicaría a una proporción muy reducida de envíos, según el borrador dado a conocer el fin de semana y comentado ayer por la Presidenta Sheinbaum, quien anunció un apoyo a quienes les pudiera afectar el gravamen y agradeció a paisanos y paisanas por haber mandado cartas a sus representantes para que se cambiara el impuesto. (Rozones, La Razón, La Dos, p. 2)
Alistan visas electrónicas
Nos cuentan desde el Caribe mexicano, donde este fin de semana estuvo Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, que ahora sí va la visa electrónica para agilizar el ingreso al país de turistas, principalmente provenientes de Brasil y Colombia. El sector hotelero tomó con cierto recelo el anuncio, debido a que desde hace más de un año se prometió la implementación de este documento. Sin embargo, “en esta ocasión sí se hará”, aseguró la funcionaria, ya que forma parte de los preparativos que se tienen para recibir a miles de aficionados que viajarán al país por el Mundial de Futbol.
Buques de EU en aguas mexicanas
La presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que buques de Estados Unidos hagan incursiones en territorio mexicano. De acuerdo con la mandataria, las embarcaciones estadounidenses, cuando entran a aguas nacionales para presuntamente “cargar combustible”, tienen un permiso de la Secretaría de Marina a través de tratados internacionales de navegación. Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció que existen “operaciones conjuntas” con Washington. Es decir, así como dice una cosa, dice otra. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 29)
Saludar con sombrero ajeno
Ya nada más faltaba que el embajador de México en Estados Unidos saliera a presumir en sus redes sociales que finalmente el gravamen a las remesas enviadas a México haya quedado únicamente en el 1 por ciento (y únicamente a los envíos en efectivo), pero parece que tras haber saludado con sombrero ajeno en ocasiones anteriores, mejor optó por quedarse al margen, pues como en muchas otras cuestiones de esta relación bilateral, simplemente se quedó como espectador. También, por cierto, se quedó muy “calladito” ante la bomba que soltó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la semana pasada sobre tres instituciones financieras en México, pues mantuvo su muy particular labor diplomática en redes sociales, como si nada hubiese pasado. Ya a estas alturas no se entiende mucho cómo sigue en su puesto. (Redes de Poder, Reporte Índigo, Reporte, p. 3)
El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno está preparando un pase temporal para migrantes que laboran en granjas, en la industria hotelera y en otros rubros donde la gente trabaja, a fin de que se paguen impuestos y los empleadores tengan un cierto control sobre las contrataciones. Después de años de machacar con la consigna fascista de que todos los migrantes en situación irregular son delincuentes, el mandatario pareció darse cuenta de que los granjeros no van a contratar a un asesino, de que sus políticas generan un problema cuando entras a una granja y terminas destruyendo a un agricultor porque te llevas a todos sus trabajadores, así como del hecho de que los hombres y mujeres a quienes ha acusado de envenenar la sangre estadunidense son obreros talentosos, veteranos y difíciles de remplazar.
Los antecedentes de Trump en el maltrato a los migrantes y el desprecio por los derechos laborales hacen temer que el sistema de pases anunciado replique los esquemas usados por las petromonarquías del golfo Pérsico, donde los extranjeros provenientes de países pobres –que representan hasta 95 por ciento de la mano de obra– trabajan y viven en condiciones casi indistinguibles de la esclavitud: los millones de personas que llegan a encargarse de todas las labores que mantienen en marcha la economía son alojados en condiciones insalubres, carecen de acceso a servicios médicos, trabajan sin ninguna protección social ni laboral y se encuentran a merced de sus empleadores, pues un despido se traduce en deportación. Este régimen se traduce en abusos letales: tan sólo en las obras relacionadas con el Mundial de futbol de Qatar celebrado en 2022, murieron al menos 6 mil 500 personas y 38 mil sufrieron lesiones de diversos grados.
Además de anticipar una nueva ola de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migrantes, las palabras de Trump dan cuenta de la irracionalidad y la frivolidad que guían sus actos: la destrucción de sectores enteros de la economía estadunidense debido a las políticas de terrorismo de Estado contra los indocumentados no es sorpresiva ni imprevisible, sino resultado de que empresarios, activistas, académicos, las autoridades mexicanas y muchas otras voces le han advertido de forma reiterada desde antes de que las pusiera en práctica. También es típica de su conducta la soltura con que presenta como un gran logro personal la solución a un problema que no habría existido si él no lo hubiera creado, como ha hecho con las negociaciones en torno a su guerra arancelaria o con sus ataques contra Irán con el pretexto del programa nuclear de la nación persa, un diferendo que se encontraba resuelto de manera satisfactoria para todas las partes desde 2015 hasta 2018, cuando el propio Trump destruyó unilateralmente los acuerdos que garantizaban el uso pacífico de la energía atómica por parte de Teherán.
Desde México, es necesario denunciar los pases temporales como medida humillante e incoherente, puesto que no se presenta como método para facilitar la entrada regular de nuevos trabajadores, sino para negar por motivos racistas la residencia y la nacionalidad a quienes por años e incluso décadas han realizado los trabajos más extenuantes y peligrosos, pagado impuestos, criado a sus propias familias y, en muchos casos, a las de sus empleadores; contribuido al bienestar de sus comunidades y enriquecido todos los aspectos de la vida cotidiana en la superpotencia. Responder a estas personas con una institucionalización de las persecuciones, la paranoia y la xenofobia es una mezquindad y una ilegalidad inadmisible en cualquier sociedad observante de los derechos humanos. (Editorial, La Jornada, p. 2)
El gandalla de la primaria, el buleador de la secundaria, el porro de la prepa, el matón de barrio, el coyote del campo, el extorsionador de la plaza, el lobo de Wall Street, el eterno Amo del Universo, el mismo de siempre, sólo que ahora corregido y aumentado, pega, castiga y amenaza.
Ya no somos sus buenos vecinos, sus socios confiables, sus aliados naturales en la lucha contra el mal, sus casi familiares, sus excéntricos compadres. Vaya, ni siquiera su patio trasero. Ahora somos su fuente inagotable de problemas: su amenaza, los sembradores del caos, los que cobijan el terror. Inundamos su país de drogas, exportamos potenciales violadores y come mascotas, nos robamos sus empleos y trastocamos su seguridad y bonanza.
Cierto, los malvados que se oponen a hacer a Estados Unidos grande nuevamente abundan en el mundo de hoy. Pero ahora hemos entrado casi oficialmente al club de los villanos. Y el flamígero dedo índice señalándonos no es producto de un mal chiste o de una campaña electoral, sino de la determinación de fijar nuevas reglas del juego en la relación bilateral, en las que ellos tengan aún más ventaja de la que ya tenían. Es la nueva versión de lo que don Pablo González Casanova llamaba la ocupación integral del territorio. Quieren, como canta el Corrido de Cananea: “y llegaron los sherifes al estilo americano”. Es la narrativa que busca envolver para regalo a los ejércitos del bien, el uso de la fuerza. De la que comenzó a ejercerse o de la que se planea utilizar más adelante.
Las ofensas son tantas, que parecen cuentas de un rosario. Llenarían innumerables entregas de Por mi madre, bohemios, la célebre columna del finando Carlos Monsiváis, redactada a partir de las barbaridades declaradas por políticos, clérigos y empresarios.
Apenas el pasado miércoles, Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, declaró en una audiencia del Comité de Apropiaciones del Senado sobre el presupuesto 2026: No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, Rusia, China y México. De cualquier adversario extranjero que esté tratando de matarnos físicamente, o por sobredosis a nuestros hijos, con drogas.
Mientras, en la misma sesión, el senador republicano Lindsey Graham, reviró: “Ellos [los mexicanos] deben saber que la mitad de su país está gobernada por los cárteles. Nunca vamos a estar seguros aquí hasta que hagamos que México cambie su estrategia… Iremos tras ellos [los cárteles] con o sin la ayuda de México”.
Días antes, el 10 de junio, al calor de las masivas movilizaciones de las comunidades migrantes en ciudades de EU, contra las deportaciones arbitrarias de indocumentados, la secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Kristi Noem, había declarado, sin sustento: Sheinbaum alentó más protestas en Los Ángeles y lo condeno. No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo. La gente tiene derecho a protestar de forma pacífica, pero la violencia que hemos visto es inaceptable.
Algo traen en mente. El 17 de junio, Eric Trump, hijo del mandatario estadunidense y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, declaró en entrevista a la cadena Fox News, como un símil de lo que estaba sucediendo en el conflicto armado entre Irán e Israel: Puedes apostarlo. Si México disparara cohetes a Estados Unidos, serían decapitados en unos cuatro segundos. Estados Unidos no lo toleraría. Mi padre no lo toleraría.
Las hostilidades comenzaron desde el primer día en que el presidente asumió su cargo (y, por supuesto, de la campaña electoral). Nada más sentarse en la silla, ordenó que los cárteles fueran clasificados como organizaciones terroristas extranjeras, arrancó su ofensiva antimigrante e instruyó a las instituciones federales a nombrar el Golfo de México como Golfo de América.
Se siguió, entre muchas cosas más, con aranceles al aluminio y el acero, y amagos de ponérselos al tomate. Con las redadas contra los migrantes. Con la amenaza de cobrar impuestos a las remesas (en los hechos, un ilegal doble gravamen). Con las amenazas de invadir el país o utilizar drones en territorio mexicano. Con la prohibición de importar ganado mexicano por el peligro del gusano barrenador. Con el avance en la militarización de su frontera sur. Y, en un nuevo apretón de tuercas, con la sanción a dos bancos y una casa de bolsa por lavar dinero para el narcotráfico. Casi cada semana hay un ataque nuevo, verbal o práctico.
Estos agravios en la relación binacional han caminado de la mano de la difusión de rumores que hablan de una supuesta lista de políticos mexicanos sujetos a restricciones de visa por vínculos con el crimen organizado, o, más aún, de presiones por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, para su extradición a Estados Unidos por narcocorrupción. Es cierto que no somos los únicos en sufrir sus agresiones. Todo el mundo padece su vocación neocolonial. Pero también lo es que estamos muy lejos de ser sus consentidos.
Una parte de la vieja partidocracia conservadora añora contar con un Juan Guaidó (el títere ungido por Washington como supuesto mandatario de Venezuela) azteca. Y por ello celebran las agresiones del trumpismo como si fueran triunfos propios, aunque impliquen un desafío a la soberanía. Las justifican en nombre de una supuesta democratización, que ellos no practicaron. Pero nunca, nada bueno, ha venido de saludar y dar la bienvenida a las intromisiones imperiales en nuestro país. Por más diferencias internas que se tengan, el imperialismo no es un aliado de las luchas de los pueblos, es su enemigo. (Luis Hernández Navarro, La Jornada, Opinión, p. 15)
La semana pasada, el sistema judicial de los Estados Unidos de América enfrentó un fenómeno de notable trascendencia política: la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión significativa en el caso Trump vs. CASA, mediante la cual resolvió limitar la competencia de los jueces federales para expedir injunctions (el equivalente a nuestras resoluciones de suspensión en el juicio de amparo) con efectos generales o colectivos, en juicios promovidos por particulares contra la Orden Ejecutiva número 14160. Dicha orden, emitida por el presidente Donald Trump, busca restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados.
La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos no abordó el fondo de la controversia —esto es, la constitucionalidad de la citada Orden Ejecutiva—, sino que se circunscribió a un pronunciamiento de naturaleza procesal. En efecto, la Corte resolvió que los jueces federales no pueden suspender con efectos generales la aplicación de dicha orden, lo que obliga a cada persona interesada a promover un juicio en nombre propio para obtener los beneficios de una medida de suspensión judicial.
Esta determinación ha suscitado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten un fenómeno de “fragmentación de la justicia”. Argumentan que la resolución de la Corte genera un escenario desigual: algunos lograrán proteger sus derechos mediante injunctions válidamente otorgadas, mientras que otros —carentes de medios para acceder a una defensa adecuada— verán sus derechos vulnerados ante la ejecución de la Orden Ejecutiva 14160.
Una línea crítica del fallo ha subrayado su posible motivación política. Sin que existan pruebas concluyentes al respecto, se ha señalado —no sin algún asidero racional— que las resoluciones de los jueces de distrito provinieron mayoritariamente de tribunales liberales, cuyos integrantes fueron designados por presidentes demócratas, mientras que la decisión de la Corte Suprema obedeció a una mayoría conservadora, conformada por justices designados por presidentes republicanos.
Al examinar cuántos de los 670 jueces federales de distrito han sido nombrados por presidentes demócratas, cuántos de ellos han otorgado medidas de suspensión con efectos generales y cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia —en particular, la forma en que votó su mayoría conservadora el pasado 27 de junio— resulta plausible aceptar que dicha tesis crítica no carece de fundamento.
No obstante, el debate no debe centrarse exclusivamente en la “carga política” de la decisión judicial, sino en cómo la función jurisdiccional incorpora, de manera inevitable, un principio de representatividad política nacional, derivado del mecanismo de designación de sus operadores. Es cierto que el pensamiento y la inclinación ideológica de jueces y ministros puede influir decididamente en la interpretación constitucional de un acto de gobierno. Pero también lo es que dicha evolución jurisprudencial debe darse de manera gradual, institucional y sensata.
En Estados Unidos, los justices de la Corte Suprema son designados por el presidente y ratificados por el Senado, con carácter vitalicio. Por ello, las vacantes se presentan de forma esporádica y su relevo ocurre de manera escalonada. Esa paulatina renovación garantiza, en gran medida, la estabilidad del entendimiento constitucional. Las resoluciones de dicha Corte contribuyen así a la seguridad jurídica. El fallo del pasado 27 de junio constituye un giro relevante —aunque aún no definitivo— que ha tardado años en consolidarse.
Al trasladar esta experiencia a la reciente reforma judicial en México, encontramos paralelismos importantes y otros aspectos que requieren anticipación para evitar consecuencias indeseables.
La resolución de la Corte estadounidense del 27 de junio pasado sería, en nuestro contexto, jurídicamente inviable o innecesaria —según se quiera ver—. En efecto, el 15 de septiembre de 2024 se reformó la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha reforma, el Congreso de la Unión decidió que, tratándose de normas generales —leyes, reglamentos o tratados internacionales—, las resoluciones de suspensión dictadas por jueces no pueden tener efectos generales. En consecuencia, toda persona interesada debe promover individualmente el juicio de amparo correspondiente. La Constitución federal ordena lo mismo que decidió apenas la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Paradójicamente, esta decisión —de corte aparentemente restrictivo— fue adoptada en México por un Congreso mayoritariamente liberal, mientras que en Estados Unidos la misma postura provino de una Corte de perfil conservador.
En cuanto al relevo paulatino de ministros en la Suprema Corte de Justicia mexicana, el diseño institucional es muy distinto al modelo estadounidense. La reforma judicial aprobada el año pasado contempla la sustitución de cuatro ministros en 2033 y de cinco más en 2036 (salvo en el caso de las tres ministras que permanecerán en el cargo). Es decir, la totalidad del Pleno se renovará en dos etapas, a ocho y once años respectivamente. Aunque este diseño pretende preservar la memoria histórica del derecho constitucional, su frecuencia podría propiciar giros abruptos en la interpretación jurisprudencial, afectando la estabilidad del sistema, porque el número de ministros que cambiará en cada ocasión será relevante, y su importancia influirá en la construcción de mayorías en los procesos de votación de sus sentencias.
Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿qué mecanismos podrían favorecer una mayor deliberación constitucional y mitigar la inestabilidad de los precedentes? Curiosamente, en el defectuoso sistema actual de elección judicial, esa “paz” podría surgir si se evitara la formación de mayorías parlamentarias efímeras, se respetara genuinamente el sufragio ciudadano y se garantizara que quienes acceden a la Suprema Corte sean juristas de probada trayectoria y competencia en derecho constitucional. Estos perfiles deberían surgir de un foro auténticamente plural, con pensamiento universal y vínculos reales con una comunidad diversa de electores que no ejerzan control sobre sus decisiones.
En suma, la legitimidad de la función jurisdiccional en nuestro sistema constitucional depende, en última instancia, de la autenticidad del sistema electoral consagrado en la Constitución. Solo así podrá garantizarse que la Suprema Corte de Justicia no derive en un órgano sometido al vaivén político, sino en un verdadero garante de la justicia constitucional. Vaya paradoja. Deberíamos buscar un mejor escalonamiento de los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Antonio Cuéllar, El Financiero, Opinión, p. 24)
La cláusula Sunset del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), que entró en vigor hoy hace cinco años, marca julio del 2026 como ese momento de decisión de extensión, o no, por otros 16 años más.
Si las partes no lograran ponerse de acuerdo para su extensión, entonces a partir de julio del 2026 correrían revisiones anuales durante 10 años hasta su extinción en julio del 2036.
Esos fueron los acuerdos que dieron certeza a las partes que decidieron renegociar el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero eso es algo cercano a la letra muerta.
Es cierto, el que invocó la cancelación del TLCAN e impuso la negociación de un nuevo acuerdo es el mismo que regresó a la presidencia estadounidense, pero en realidad Donald Trump es hoy otra persona.
El mundo entero padece a un Trump que con todo el poder que concentra impone sus propias condiciones comerciales, sin escuchar razones y claramente sin importarle las consecuencias.
Muchas de las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos a sus dos socios de América del Norte son claramente violatorias del pacto, como los impuestos al acero y al aluminio, y en todo caso el T-MEC ha servido como un paliativo al impacto de esos gravámenes.
Hay un acuerdo vigente que, cuando las leyes valían, tenía sus tiempos y procedimientos.
Dice la ley de implementación del T-MEC en Estados Unidos que la Oficina del Representante Comercial de aquel país (USTR) debe publicar un aviso de inicio de consultas públicas 270 días antes de la fecha de revisión, lo que resulta en octubre próximo como ese momento pactado.
El USTR debería también presentar al Congreso de su país un informe de la evaluación del T-MEC 180 días antes del inicio de la revisión tripartita, esto es, en enero siguiente.
Sin embargo, lo que parece quedar claro a estas alturas es, uno, que las fechas no le importan al Presidente de Estados Unidos y, dos, que no habrá una revisión, sino una renegociación de uno, dos, o ningún pacto comercial.
Un solo acuerdo será posible si se logra algo que hoy ya parece difícil: mantener el bloque de tres países de Norteamérica juntos en un mismo marco. Canadá y Estados Unidos, con su estilo más beligerante, avanzan ya en negociaciones bilaterales.
México, a su ritmo de serenidad y paciencia, deja pasar el tiempo a la espera de ver qué se puede salvar.
Si se logra al final un acuerdo bilateral, será muy diferente a lo que hoy conocemos.
Hay que tener claro que no será un pacto entre iguales y que Estados Unidos impondrá temas como migración, seguridad y narcotráfico como condicionantes hacia México.
Y que no quede duda que habrá una cláusula de vigilancia al sistema financiero mexicano, porque queda claro que es apenas la punta del iceberg lo que hemos visto.
Hay otro obstáculo a salvar y es saber si este giro hacia un régimen más controlador en México les viene bien a los capitales estadounidenses, porque no queda duda que desde La Casa Blanca deben ver con cierta envidia el éxito de la actual involución autoritaria. (Enrique Campos Suárez, El Economista, Finanzas y Dinero, p. 10)
El gobierno, a través de la tarjeta Finabien reembolsará a los trabajadores, el 1% de impuesto que cobrará Estados Unidos sobre las remesas en efectivo, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Jefa del Ejecutivo dijo que el próximo viernes se hará público el programa respectivo.
La noticia es que aunque todavía es un proceso legislativo inconcluso en Estados Unidos, el impuesto podría ser de 1% y no del 3.5 o del 5% como originalmente se había planteado.
Ahora se está planteando que no se cobre de manera generalizada.
Sólo se aplicará a los envíos en efectivo.
A la fecha aproximadamente el 99% de las remesas son enviadas vía electrónica.
Al cierre del año 2024, México recibió un total de 64,745 millones de dólares en remesas, de las cuales el 96.6% provinieron de Estados Unidos.
Esto equivale a aproximadamente 62,529 millones de dólares.
Sólo el 0.7% de estas remesas se enviaron en efectivo y especie, lo que representa alrededor de 437.7 millones de dólares en efectivo desde Estados Unidos.
El resto, el 99.1%, se transfirió mediante transferencias electrónicas.
La buena noticia es que en Estados Unidos podrían reducir al mínimo el impuesto a las remesas y al mismo tiempo acotarán su aplicación.
La mala noticia es que afectará a los trabajadores que menos tienen.
La intención del gobierno de México de reembolsar el impuesto a los trabajadores migratorios afectados, es positiva, sin embargo, la pregunta es: ¿y de donde saldrán los recursos, en tiempos de ajuste fiscal?
El impuesto de EU a las remesas será otro cargo al erario federal de México. (Marco A. Mares, El Economista, Empresas y Negocios, p. 22)
Trump está en su derecho de tomar toda una serie de medidas para cumplirles a sus millones de seguidores todo lo que les prometió.
Puede gustarnos o no, pero lo hace porque busca en los temas de seguridad tener el control hasta donde le sea posible. El tema económico tiene sus matices. No se pueden tomar decisiones unilaterales, porque las economías tienen mutuas dependencias y todo lo que se haga con los aranceles termina por afectarle a los propios estadounidenses.
Sin embargo, como se sabe, más que estar frente a una estrategia contradictoria, todo indica que estamos ante un conjunto de medidas que están concatenadas y que arman la política de Trump. El presidente, indistintamente, ataca y por momentos recula, pero no hay que pensar que por ello no tiene claro hacia dónde se dirige. En buena medida, su estrategia tiene que ver con lo que por momentos pareciera ser actos indecisos.
EU tiene el derecho de revocar las visas sin explicar el porqué de ello. Si se tratara de un diplomático o un personaje representante de otro país está en la obligación de explicar el porqué de su decisión. Pero si de lo que se trata es de revocarle la visa a un artista, un político o a familiares y empleados de un banco, como se informó la semana pasada, está en su derecho de hacerlo.
La razón puede no gustarnos, pero se trata de una acción soberana que se asegura busca castigar a quienes guarden relación con la delincuencia organizada. No se han dado las razones del porqué le fue revocada la visa a la gobernadora de Baja California y a su marido, pero muy, probablemente, encontraron elementos que los ubican bajo la presunción de estar relacionados con irregularidades.
Si en México no hemos caído en la cuenta de que la revocación de la visa es bajo la óptica estadounidense debido a la relación que pudieran tener con la delincuencia organizada, estamos volteando únicamente hacia EU, señalándolo como autoritario sin preguntarnos realmente qué es lo que anda pasando aquí adentro.
Tiene su razón de ser preguntarnos el porqué lo hacen teniendo de por medio una perspectiva crítica, porque a lo largo de la historia hemos estado sujetos a medidas que se han tomado desde EU que han sido actos de prepotencia y de autoritarismo.
Tendríamos que preguntarnos qué es lo que hay detrás de los personajes a los que se les ha revocado la visa y no solamente cuestionar la decisión. No hay indicios de que hasta ahora desde el Gobierno mexicano se esté cuestionando el porqué de todo esto. Se señala a Trump y su autoritarismo y no nos ponemos a pensar qué es lo que exactamente está pasando en el país.
Ya han pasado muchos días y el Gobierno no ha hecho una sola referencia a la gobernadora de Baja California. Más bien llenaron los medios impresos de desplegados y la propia Presidenta se encargó materialmente de exonerarla, sin que medie el más mínimo cuestionamiento del porqué se presentó la revocación.
Trump está tomando medidas internas drásticas y en un buen número de ellas nos tiene en la lista. Algunas parten de su discrecionalidad; sus dosis de racismo; su intento por hacer de EU lo que fue que ya no será y por colocar de nuevo a su país como el eje económico mundial, para lo cual se ha dedicado a lanzar aranceles por doquier.
Nuestro país tendrá que preguntarse qué es lo que hemos hecho a lo largo de años, incluyendo los recientes, que nos llenaron de adversidades y de frentes abiertos.
Con la revocación de visas habría que reconocer el derecho de EU a hacerlo, pero también estamos obligados a preguntarnos qué es lo que han hecho los personajes a los que les quitaron el documento.
RESQUICIOS.
Sus muy particulares motivos tendrá la Presidenta para nombrar al vocero del Covid como representante de México ante la OMS. Pero es evidente que pesan sobre el personaje una gran cantidad de cuestionamientos fundados por su gestión durante la pandemia; más que un reconocimiento parece un desafío. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, La Dos, p. 2)
RETALES
Nos vemos mañana, pero en privado (Joaquín López Dóriga, Milenio, Al Frente, p. 3)
La primera etapa de la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump terminó. Fueron unos cuantos meses de tanteos que generaron mucha atención mediática pero cuyos frutos fueron más bien modestos. México no tuvo propiamente un proyecto pero sí un discurso, “defender la soberanía”, al tiempo que hacía sacrificios (e.g., mandar más tropas a la frontera, enviar narcotraficantes presos a Estados Unidos y tratar de sustituir importaciones chinas) con la esperanza de calmar a Trump y dar señales de disposición a “colaborar”. Canadá tomó decisiones diferentes y obtuvo un resultado similar, lo cual indicaría que la respuesta estadounidense tiene que ver más con argumentos de política interna que con lo que hacen o dejan de hacer sus vecinos.
En cualquier caso, el escenario, claramente, cambió. El gobierno de Trump ha implementado una agresiva política de cancelación de visas y de redadas contra inmigrantes; la Suprema Corte limitó la capacidad de los jueces federales para bloquear la implementación de las políticas del presidente; la secretaria de Seguridad (Kristi Noem) acusó falsamente a la presidenta mexicana de “alentar” las protestas masivas contra las redadas; la Fiscal general (Pam Bondi) incluyó a México, junto con China, Rusia e Irán, en la lista de “adversarios” contra los que el Estados Unidos debe proteger su seguridad; el secretario del Tesoro (Scott Bessent) emitió órdenes que vinculan a tres instituciones financieras mexicanas con lavado de dinero del narcotráfico. Para decirlo con la memorable frase de El Mago de Oz, “ya no estamos en Kansas, Toto”.
Lo que ayer le sirvió a Sheinbaum no le servirá hoy. Aquello de “cabeza fría”, “no caer en provocaciones”, “ser prudentes” fue una táctica que, en la incertidumbre inicial, le ayudó no sólo a ganar tiempo sino a dar una imagen de seriedad y profesionalismo en contraste con el comportamiento errático de Trump. Pero no fue entonces, ni es ahora, una estrategia. Frente a la ofensiva en múltiples flancos que el gobierno trumpista está desplegando contra México, la política no puede ser nada más esperar, resistir o salir al paso. ¿A qué aspiramos como país, más allá de tratar de sobrevivir coyuntura tras coyuntura? Al margen de la retórica nacionalista, ¿cuál es nuestro interés nacional? ¿O acaso en el “segundo piso” sigue imperando aquella soberana tontería de que “la mejor política exterior es la política interna”?
Para dimensionar la magnitud del desafío que encaramos, basta con recordar que la prioridad histórica estadounidense respecto a México siempre ha sido la estabilidad. Pero con esta Casa Blanca ya ni eso puede darse por sentado. Da la impresión de que su prioridad es, de hecho, la contraria: desestabilizar a México. El lugar que la crisis de los opioides y la migración ocupan actualmente en la política estadounidense nos ubica en una posición no sólo incierta sino muy peligrosa.
Lo dicho: ya no estamos en Kansas. (Carlos Bravo Regidor, El Heraldo de México, País, p. 9)
Algunos analistas han dicho que Trump giró la mira de Irán a México, pasando de los ataques bélicos en Medio Oriente a los mediáticos contra su vecino del sur. En realidad, la mira siempre ha estado en el mismo blanco: enaltecer su imagen. La popularidad de Trump comenzaba a tambalear cuando se alineó el conflicto entre Israel e Irán, para después rematar con uno de los temas torales de su campaña: México. Los bombardeos no fueron físicos, pero golpeó en tres frentes: comercio, migración y seguridad.
Ante la decepción que provocarán los aranceles y el aislamiento internacional, presentarse como el mediador que calmó el conflicto en Medio Oriente le da oxígeno a su narrativa de “presidente fuerte”. Pero no era terreno cómodo. La tensión Israel-Palestina divide incluso a su base, y el conflicto puede reactivarse en cualquier momento. México, en cambio, ofrece una narrativa más simple y rentable en su campaña.
Tanto así que el primer ataque de esta semana fue equiparar a México con Irán, China y Rusia. La fiscal Pam Bondi, en audiencia ante el Senado, colocó a México en la lista de amenazas para EU, señalando migración, drogas y crimen organizado. La migración ha sido el tema estrella de Trump: conecta con su base, simplifica el enemigo y le permite ofrecer soluciones de fuerza.
El segundo golpe fue financiero. El Departamento del Tesoro, dirigido por Scott Bessent, acusó a tres instituciones mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— de lavar dinero del narco. La firma Vector, vinculada a Alfonso Romo, exfuncionario de AMLO, fue señalada por operaciones con fentanilo y sobornos a Genaro García Luna. Sin entregar pruebas a México, la acusación encendió alarmas y provocó una intervención temporal para evitar un golpe al sistema financiero.
El tercer ataque, más sutil, mezcla seguridad, migración y comercio. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones de visas a familiares y socios de narcotraficantes mexicanos. El mensaje es claro: si estás cerca del narco, no entras. Es presión indirecta, pero efectiva, para amplificar la narrativa del “México amenaza”.
Los tres ataques apuntan a lo mismo: colocar a México como enemigo. Es una jugada conocida de Trump. No importa que no haya evidencia sólida; basta con polarizar y encender el nacionalismo. México vuelve a ser el enemigo útil que le permite mostrar fuerza sin arriesgar soldados.
Trump ha redibujado su mapa de guerra política, trazando una línea desde el Golfo Pérsico a lo que ahora, como parte de su estrategia, él denomina el Golfo de América que, en realidad, desempeña el mismo papel que México: no se puede borrar del mapa de EU, pero Trump manipulará la historia a su conveniencia. Para él, la ambición siempre ha pesado más que la geografía. (Antonio Michel Guardiola, La Razón, México, p. 11)
Se trata de limpieza étnica.
El país idílico del presidente de Estados Unidos es uno que sea poblado por güeros y no morenos (latinoamericanos). No sabemos si su ideal dejará la ficción para instalarse en la realidad el año 3000 o 4000. Los demógrafos estarán haciendo el cálculo.
Al menos, es el escenario ideal que edificó en su mente el presidente Trump desde que llegó a la presidencia el pasado enero. Su sueño lo hizo público en su toma de posesión.
Donald Trump convocó a una conferencia de prensa el sábado bajo un estado de euforia. “Victoria gigante”, escribió unas horas antes en Truth social. “Incluso el engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado”.
La decisión de la Corte Suprema representa una cesión o transferencia de poder a la Casa Blanca como ningún presidente lo haya recibido. El máximo tribunal le restó poder a los jueces federales al impedirles que frenen decretos del presidente a nivel nacional. Solamente la persona que demande la posible ilegalidad constitucional de un decreto podrá pararlo a través de una orden de un juez federal.
El origen del fallo de la Corte Suprema dado a conocer el pasado viernes tiene que ver con los hoy inmigrantes (antes esclavos). En 1868 la enmienda 14 de la Constitución comenzó a otorgar la ciudadanía estadounidense a toda persona que haya nacido bajo el entorno jurisdiccional del país. Ocurrió tres años después del fin de la Guerra de Secesión.
Trump recordó en su red social que la enmienda 14 “tuvo que ver con los bebés de esclavos (¡el mismo año!), no con la estafa de nuestro proceso de inmigración”. En realidad, a Trump poco le interesa si son esclavos o inmigrantes los beneficiados por la enmienda 14 de la Constitución. Hoy se llaman inmigrantes; llevan años en Estados Unidos y que muchos de sus hijos fueron protegidos por un programa creado por el presidente Obama (Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia, DACA).
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos , y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, contempla la 14ta Enmienda.
Lo que subyace en la posible limpieza étnica que el Gobierno de Trump comenzará a realizar el 27 de julio es el poder que va sumando su persona.
“El país tiene que estar muy orgulloso de la Corte Suprema hoy”, comentó eufórico Trump en su conferencia de prensa.
El presidente llegó al extremo irracional de comentar que la decisión de la Corte Suprema fue una victoria “monumental para la separación de poderes”.
La realidad es otra. Las decisiones de jueces federales representaban para Trump la necesidad de pasar por una ventanilla previa a la de la Corte Suprema. Ahora, con seis de los nueves jueces conservadores, el mar se le abre para que pueda caminar.
El doble rasero trumpista lo deja claro un día sí y otro también. Sanciona a la Universidad de Harvard por considerarla un “caldo de cultivo” antisemita, pero está por dar un golpe letal con los derechos jurisdiccionales de ciudadanos estadounidenses cuyos padres son inmigrantes sin documentos.
En varias partes de Latinoamérica se escucha un aterrador silencio por lo que ocurrirá a partir del 27 de julio.
No existe queja o incomodidad alguna entre diplomáticos. Se entiende que su silencio cultiva su complicidad en lo que sin duda alguna será una limpieza étnica por parte del presidente de Estados Unidos. (Fausto Pretelin Muñoz de Cote, El Economista, Geopolítica, p. 36)

(Rubén, El Sol de México, Análisis, p. 21)

(Fernando Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)

(El Fisgón, La Jornada, Política, p. 4)