La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este domingo La Paz, Baja California Sur, donde el gobernador de la entidad, Víctor Manuel Castro, expresó su respaldo a la mandataria ante “infundios y calumnias de gente indeseable”.
La titular del Ejecutivo encabezó la inauguración de la sala de hemodinamia del Hospital General del IMSS-Bienestar de La Paz “Juan María de Salvatierra”, evento en el que afirmó que “frente a cualquier adversidad, la fuerza de México está en su pueblo y en su historia.
En ese contexto y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles de 30 por ciento a productos nacionales, mientras que Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, calificó al gobierno de Sheinbaum de “brazo de relaciones públicas” de Ismael El Mayo Zambada —uno de los fundadores del cártel de Sinaloa— Castro aprovechó para expresar su respaldo a la Presidenta. (Margarita Rojas, Milenio, P.p.)
(Arturo Páramo, Excélsior, P.p.)
(Yulia Bonilla, LaRazón de México, P.p.)
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que se destinará una inversión de 300 millones de pesos adicionales, para apoyar a Baja California Sur, los cuales, sostuvo, se comenzarán a ejercer “a partir de ahora porque no van a faltar recursos.
“Cuando se trata de la salud del pueblo, —aseveró—, no puede faltar ningún recurso, porque queremos dar los mejores servicios de salud… Somos parte de un gobierno que tiene la convicción de una máxima: `por el bien de todos, primero los pobres´, es nuestra convicción, nuestra máxima, sabemos que los recursos del pueblo son sagrados, y que no puede haber ningún espacio para la corrupción en el gobierno”. (Cecilia Higuera Albarrán, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas)
La Paz, BCS., En los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) no hay espacio para la corrupción, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al inaugurar la nueva sala de hemodinamia en el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar Juan María de Salvatierra en esta ciudad, la mandataria afirmó que los recursos del pueblo son sagrados, por lo que se le retornan en programas sociales, salud, educación y obras de infraestructura.
Frente a cientos de personas que se dieron cita en el estacionamiento el hospital, la jefa del Ejecutivo destacó que en el periodo neoliberal se hicieron negocios corruptos en salud, cobrando los servicios públicos; o haciendo del Infonavit un espacio de corrupción terrible. (Raymundo León, La Jornada, P.p.)
Senadores de Estados Unidos lanzaron esta semana una proyecto de ley para fortalecer la cooperación antinarcóticos de la Dirección Nacional de Inteligencia con el gobierno de México e identificar riesgos de contrainteligencia.
Presentada por John Cornyn, senador republicano por Texas, y Mark Kelly, demócrata por Arizona, la iniciativa de Ley para el Fortalecimiento Antinarcóticos ordenaría a la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) presentar al Congreso un plan de acción para mejorar la colaboración, coordinación y cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y México.
De ser aprobada, la ley dispone que el jefe de cada elemento de la comunidad de inteligencia deberá presentar a DNI “una descripción y evaluación de la relación directa del elemento de la comunidad de inteligencia con cualquier elemento del gobierno de México, incluyendo una evaluación de los riesgos de contrainteligencia de dicha relación”. (Juan Carlos Rodríguez, El Sol de México, Ocho Columnas)
A partir de este lunes Estados Unidos aplicará un arancel de 17 por ciento a las importaciones de jitomate mexicano, mismo que según expertos y estudios realizados por universidades podría causar un impacto económico negativo sobre su economía de 8 mil 330 millones de dólares.
De acuerdo con un análisis de datos de la universidad de Texas A&M, este capital está compuesto por 3 mil 640 millones de dólares de daños de forma directa sobre procesadores y comerciantes en ese país, y de 4 mil 690 millones en efectos indirectos, como el gasto adicional que tendrán que realizar las familias.
Incluso destacaron que la cadena productiva de importación de jitomate mexicano sostuvo de forma directa e indirecta 46 mil 936 empleos, tanto en tiempos parciales y completos, considerando todas las industrias anexas que dependen de este insumo. Solo el sector minorista concentra casi 20 mil puestos de trabajo, seguido por el mayorista y el transporte. (Jordan Saucedo, Milenio, P.p.)
La Casa Blanca anunció este domingo que deja la puerta abierta a negociar con México los nuevos aranceles del 30% anunciados por el sábado por el presidente Donald Trump, de aquí al 1 de agosto, fecha en la que entrarían en vigor, en caso de que no se llegue a un acuerdo.
Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional (NEC, en inglés) de la administración republicana, respondió a preguntas de la prensa sobre si los mexicanos (y la Unión Europea, afectada también con el mismo porcentaje) deben considerar el anuncio de estos impuestos como parte de la táctica (chantajista) de Trump o es un hecho que entrarán en vigor dentro de dos semanas, pase lo que pase.
“Bueno, estos aranceles son reales, si el presidente no obtiene un acuerdo que él piense que sea suficientemente bueno (entrarán en vigor), pero las conversaciones persisten y veremos dónde se asienta el polvo”, indicó Hassett este domingo en una entrevista con el programa ‘This Week’ de ABC. (Fran Ruiz Perea, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas)
Pese al golpe político que representa el anuncio de un arancel general de 30 por ciento a todos los productos mexicanos a partir de agosto, analistas ven un posible efecto limitado si se mantiene la exclusión de bienes amparados por el T-MEC, como ocurrió con medidas previas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública la nueva imposición arancelaria a través de una carta dirigida a la mandataria Claudia Sheinbaum, en la que acusa a México de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, y asegura que el déficit comercial bilateral representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En una declaración conjunta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Juan Ramón de la Fuente confirmaron la instalación de una mesa binacional para proponer alternativas que protejan empleos y empresas en ambos lados de la frontera antes del 1 de agosto. (Jassiel Valdelamar, El Financiero, Ocho Columnas)
El presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de 30% a las importaciones de Estados Unidos desde México argumentando insuficientes acciones para cooperar contra la crisis estadounidense por consumo de fentanilo y el déficit de su país en el comercio bilateral.
En una carta enviada el sábado a la presidente Claudia Sheinbaum, Trump ya no mencionó expresamente a la migración como argumento para esta imposición arancelaria.
La tarifa anunciada de 30% para México sustituiría al “arancel de emergencia” de 25% que actualmente cobra Estados Unidos a los productos originarios de México que no cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), poniendo como causa las afectaciones estadounidenses por las políticas mexicanas relacionadas con el narcotráfico, la migración y el déficit comercial. (Roberto Morales, El Economista, Ocho Columnas)
Con el fin de acelerar la salida de migrantes de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump empuja ahora una figura de deportación tipo exprés para, incluso en apenas seis horas, expulsar a las personas a países que son los de su origen.
Ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede ejecutar las expulsiones con sólo seis horas de aviso previo y “en circunstancias apremiantes”, siempre y cuando la persona detenida haya tenido la oportunidad de hablar con un abogado, anunció el director interino de la agencia, Todd Lyons, en un memorando del miércoles 9 de julio firmado por él.
La nueva política establece que los migrantes podrían ser enviados a “terceros países” que se han comprometido a no perseguirlos ni torturarlos, “sin necesidad de procedimientos adicionales”. (Yulia Bonilla, La Razón de México, Ocho Columnas)
La nueva política comercial de Estados Unidos ha vuelto más atractivo a México como la puerta de entrada al libre comercio con Latinoamérica, para los países de Asia en el Pacífico, es por ello que Singapur ya trazó su incursión.
El país asiático tiene la mira en México, para juntos convertirse en los ‘axis mundi’ que fortalezcan el intercambio comercial entre decenas de países, ante las amenazas comerciales de Estados Unidos.
Una de las áreas en las que Singapur tiene más interés, es en participar en las licitaciones que abrirá el Plan México y el nuevo Acuerdo de Libre Comercio con la Alianza del Pacífico, para manejar los puertos de Manzanillo y Ensenada, y fortalecer sus exportaciones y conexión con el otro lado del mundo. (Jannet López Ponce, Milenio, Ocho Columnas)
El contrabando de combustible de Estados Unidos a México, conocido como “huachicol fiscal”, es una compleja cadena de complicidades favorecida por la impunidad.
El uso de barcos, ferrocarriles, pipas, tanques de almacenamiento y redes de gasolineras se realiza con complicidades de privados y autoridades, o mediante la contratación de servicios, a través de empresas fachada que operan en la formalidad.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que el huachicoleo que ahora se observa es resultado de la impunidad que ha imperado en México. (Rolando Herrera y Mayumi Suzuki, Reforma, Ocho Columnas)
Villahermosa. Tabasco se ha convertido en uno de los principales centros operativos del país de robo, venta y distribución de combustible ilícito, mejor conocido como huachicol.
En lo que va del presente año, las autoridades han reportado el decomiso de más de 16.8 millones de litros de huachicol en diversos operativos registrados principalmente en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Centro, donde está la capital del estado.
Estos municipios se encuentran precisamente en la ruta que va del complejo petroquímico Cactus, en Reforma, Chiapas, a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso. (Leobardo Pérez Marín, El Universal, Ocho Columnas)
La indagatoria por huachicol en la que se encuentra procesado Cirio Sergio Rebollo Mendoza, “Don Checo”, y cinco de sus presuntos operadores, confirma la participación de autoridades en la red de impunidad.
Los acusados forman parte de una presunta red de huachicol que opera en el centro del País, y en la que “Don Checo” es líder del grupo.
En la acusación se ubica a Eréndira Jacala García Hernández, “La Yeyé”, como la responsable de establecer convenios con autoridades policiales y ministeriales, así como del transporte para la distribución del combustible; mientras que a Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”, se le señala como el encargado de mantener los contactos con autoridades y “fabricar” documentos apócrifos para acreditar la procedencia de los combustibles. (Grupo Reforma, Reforma, P.p.)
En el país, 379 municipios de 10 entidades concentran el mayor número de extorsiones en los primeros cinco meses del año, incluso hay ayuntamientos que registran más de 100 extorsiones en este periodo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De enero a mayo, las estadísticas del Secretariado documentan a nivel nacional 4 mil 588 carpetas de investigación. Los 10 estados que acumulan 80%, es decir, 3 mil 697 investigaciones, son Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Michoacán.
Entre los municipios que acumulan el mayor número de carpetas de investigación se encuentran a su vez Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Irapuato, en Guanajuato; Iztapalapa, en Ciudad de México; Monterrey, en Nuevo León; Xalapa en Veracruz, y Cuautla, en Morelos. (Daniela Wachauf, El Universal, P.p.)
Los morenistas que tengan aspiraciones para gobernar sus estados no serán elegibles para presidir el Senado, por lo que la Mesa Directiva no será un trampolín político rumbo a gobernar una entidad.
Así lo acordó el grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, decisión que no aplicará sólo a las elecciones gubernamentales de 2027, sino a todo el sexenio en el Senado, por lo que al menos 25 legisladores quedaron impedidos para ocupar la máxima posición de gobierno interno en esta instancia del Congreso de la Unión, a menos que modifiquen sus expectativas de gobernar su estado.
La determinación también funcionará para los senadores que son militantes de ese partido, aunque en el Senado formen parte de otra bancada. (Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, Ocho Columnas)
Al menos ocho senadores de los partidos Morena y del Trabajo viajaron por parte de la Cámara alta al extranjero desde enero pasado y no han presentado el respectivo informe que por ley tienen que rendir de las actividades que hicieron en su comisión.
Los morenistas Gerardo Fernández Noroña, Cynthia López, Verónica Camino, Simey Olvera, Beatriz Robles y Lorenia Valles; así como las petistas Lizeth Sánchez y Ana Karen Hernández, no han presentado el respectivo informe de actividades que está establecido en los artículos 10, numeral 1, fracción VIII, 287, numeral 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República.
El único senador de Morena que sí reportó sus viajes es el expriista Alejandro Murat, cuyo viaje coincidió en lugar y fecha con el de su asesora en la Comisión de Relaciones Exteriores que él preside, Edith Yolanda Martínez. (Karina Aguilar, 24 Horas, Ocho Columnas)
Ante el crecimiento acelerado de mensajes de odio en redes sociales y plataformas digitales, la investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Gina Gallegos García, propuso la creación del primer Observatorio Digital contra el Ciberodio en México.
Gallegos García, jefa del laboratorio de ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación (CIC), subrayó la urgencia de establecer un frente común que permita monitorear, analizar y combatir los discursos de odio que se generan en línea. (Laura Toribio, Excélsior, P.p.)
El número de carpetas de investigación que se abren en la capital del país por discriminación no sólo se mantienen, en los primeros cinco meses del año aumentó.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre enero y mayo de 2024 se abrieron 587 indagatorias por esos hechos y en el mismo periodo de este año se llegó a 608.
Durante este año ha sido febrero el mes en el que se contabilizaron más carpetas de investigación de este tipo, con 136; el año pasado fue mayo, cuando más denuncias se recibieron: 137. (Iván Mejía, Excélsior, P.p.)
Los fondos del ahorro pensionario de los trabajadores mexicanos han inyectado millones de pesos en fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibra) y otros instrumentos financieros enfocados en infraestructura y construcción de inmuebles imposibles de adquirir para la mayoría de la población en México.
En este proceso de financiarización de la vivienda, la paradoja es que se está usando el dinero de los trabajadores mexicanos, sobre todo los más jóvenes, en viviendas que son impagables con el ingreso promedio de la mayoría de la población, destacó Felipe Hernández Trejo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.
Sólo el año pasado, las Afore inyectaron 114 mil 200.6 millones de pesos a CKD (certificados de capital de desarrollo) y Cerpi (certificados de proyectos de inversión), según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). (Dora Villanueva, La Jornada, Ocho Columnas)
El Gobierno de la Ciudad de México ha recuperado 13 inmuebles desde que inició operaciones el Gabinete de Despojos, encabezado por la Secretaría de Gobierno capitalina.
El objetivo es devolver la legalidad a los espacios ocupados de forma irregular y ofrecer certeza jurídica a las víctimas de despojo, muchas de ellas personas adultas mayores.
En entrevista exclusiva con Heraldo de México, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, aseguró que la instrucción es clara: “Vamos a velar porque se regrese la legalidad a estos inmuebles. Que la gente sepa que no está sola y que el gobierno ya tomó este tema como prioridad”. (José Miguel Velázquez, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
Morelos es el estado con más municipios del top 10 de zonas del país con más casos de despojo, por cada 100 mil habitantes, pues cuenta con Cuautla, Cuernavaca y Yautepec, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los datos muestran que el listado de hechos registrados entre enero y mayo del presente año lo lidera Cuautla con una tasa de 33.1 por indagatorias por despojo por cada 100 mil habitantes.
En la segunda posición está Cuernavaca, con una tasa de 32.76 por cada 100 mil habitantes, y Yautepec que ocupa el sexto lugar con una tasa de 30.26 por cada 100 mil habitantes, indican los datos del SESNSP. (Alan Gallegos, La Razón de México, P.p.)
Oaxaca, Oax. En lo que va de la administración estatal encabezada por el morenista Salomón Jara Cruz, la cual comenzó el primero de diciembre de 2022, han sido perpetrados 247 feminicidios, dio a conocer el Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
Alertó que la violencia feminicida sigue cobrando vidas con brutalidad y ensañamiento, por lo que demandó acciones urgentes y concretas para hacer frente a esta grave problemática. Consideró que el recrudecimiento de la violencia en la entidad refleja un estado de emergencia institucional.
En una declaración, dicha organización especializada en la defensa de los derechos de las mujeres criticó las políticas públicas puesta en marcha por el gobierno estatal, o la falta de las mismas, lo cual, aseguró, ha desencadenado un incremento en la violencia que las autori-dades se niegan a ver o aceptar. (Jorge A. Pérez Alfonso, La Jornada, Contraportada)
En materia eléctrica, las políticas públicas tienen consecuencias… y la visión restrictiva de la 4T que limitó la inversión privada en generación, junto con la ausencia de inversión pública en transmisión y distribución, áreas reservadas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya están teniendo consecuencias para la industria.
Bajo amenaza de atenerse a ser objeto de apagones, la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) están pidiendo a la industria de Nuevo León reducir su consumo en las llamadas “horas pico” de demanda.
Reforma publicó que en lo que va del año, más de 335 mil usuarios industriales de la CFE fueron afectados por apagones. (Alfredo González, Reforma, P.p.)