Estamos por cumplir dos meses desde que Trump declaró la guerra contra la ciudad de Los Ángeles y los inmigrantes que residen en la urbe. Aun cuando ha habido redadas en otras ciudades, Los Ángeles ha sido el epicentro de los ataques contra inmigrantes. Queda claro que Trump quiere doblegar a Los Ángeles y su población, la ciudad donde reside el mayor número de inmigrantes en todo EU y la ciudad que se declaró santuario en 2019. En Los Ángeles, todo el mundo interactúa con un inmigrante, trabaja con ellos o tiene relación personal o familiar con alguno. Las acciones en Los Ángeles destacan los límites del poder que ejerce Trump.
Desde la primera semana de junio, imágenes de agentes encapuchados y sin identificación pertenecientes al ICE, la Patrulla Fronteriza, y hasta la FBI, acompañados de pelotones de infantería (Marines) y efectivos de la Guardia Estatal acosando inmigrantes indefensos se han difundido por todo el mundo evidenciando las motivaciones racistas del régimen de Trump.
Como ha dicho Stephen Miller, el principal asesor de Trump sobre inmigración, “engrandecer América,” es en realidad un proyecto que busca reimpulsar el privilegio blanco en EU, conclusión a la que llegó un juez federal que dictó que “hay una montaña de evidencia” que las personas detenidas por las autoridades sólo tienen un factor en común, el color de su piel. Subyugar a Los Ángeles, la ciudad donde inmigrantes son parte integral de la sociedad y de los movimientos sociales, sería más que una simple victoria simbólica, permitiría que Trump impulse su proyecto racial en todo el país.
Ante la presente crisis, el Partido Demócrata de nuevo brilla por su ausencia y resalta que no tiene propuesta ante la actual situación. Caso tras caso, sus líderes hacen eco a la política de Trump, aceptando la idea de que hay que militarizar la frontera y restringir la inmigración, aun cuando los cruces fronterizos están en su nivel más bajo. Sus acciones crean las condiciones que Trump ha podido explotar para su campaña de odio contra los inmigrantes.
Si Trump pensó que Los Ángeles se doblegaría, se equivocó. Desde el inicio de las redadas, los hijos de los inmigrantes han liderado la resistencia contra esas acciones. Esto no es nuevo. En Los Ángeles, y en EU en general, los hijos de inmigrantes han sido claves en la creación de movimientos sociales; lo fueron en los años 30, 70 y 80; también ahora. La segunda generación en la mitad del siglo XX transformó la política de EU, enfrentándose al tradicional racismo anglosajón.
En 1994, ante la proposición 187, que eliminaría los servicios públicos para inmigrantes, los jóvenes de secundaria abandonaron las aulas y salieron a la calle a protestar inspirando un movimiento de resistencia. En 2005, ante la llamada ley Sensenbrener, que criminalizaría a los inmigrantes, los jóvenes inspiraron marchas masivas de más de un millón de personas contra la ley.
Como parte de la resistencia, jóvenes patrullan las calles y usan medios sociales para informar a la comunidad dónde se realizan redadas. En otros casos graban las redadas y retan las acciones oficiales. Muchos sectores artísticos y sociales se han solidarizado con los inmigrantes, incluyendo raperos, muralistas, intelectuales y autores. Esta solidaridad ha resultado en movilizaciones en que han participado cientos de miles de personas. Los agentes de inmigración, gran número de los cuales son hijos de inmigrantes, enfrentan el repudio social generalizado.
Con el asalto a Los Ángeles, y la resistencia que ha generado, el apoyo con que contaba Trump hasta hace poco, se desvanece. Mientras los medios comerciales de EU se enfocan en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein y su relación con Trump, no reportan lo que podría ser un cambio dramático en la política nacional. Aun después de meses de una intensa campaña antinmigrante, una encuesta de Gallup (junio 2025) destaca que 79 por ciento de la población de EU considera que los inmigrantes son factor positivo para la sociedad.
Agrega que, sólo 30 por ciento piensa que se debe reducir la inmigración, de igual forma pocos apoyan la construcción de una muralla o las deportaciones masivas. El sondeo revela que jóvenes (18- 29) que hace menos de un año votaron por Trump, hoy lo han abandonado. Aunque los republicanos han cultivado grupos de jóvenes derechistas, su estrategia no ha tenido mucho éxito con los hijos de inmigrantes.
De Los Ángeles a Nueva York, la postura de menores de 30 años no se refleja en los medios. Aunque los medios comerciales siguen enfocándose en los influencers derechistas, la mayoría de los jóvenes encuestados reportan una actitud positiva hacia el socialismo. No hay mejor ejemplo que Nueva York, donde el voto joven otorgó la victoria al socialista Zohran Mamdani, de 33 años, en la primaria demócrata para alcalde de la ciudad.
Así, el movimiento estudiantil en apoyo a Palestina, que incluye una coalición de estudiantes palestinos, musulmanes, judíos, e inmigrantes, ha transformado el debate sobre Medio Oriente. En cada ciudad, una nueva generación progresista, con raíces fuertes en las comunidades inmigrantes, son factor decisivo en la política. Es posible, que los 2020, al igual que los 1930, 1960 y 1990, sean recordados como punto de inflexión inspirado por una nueva generación. (Miguel Tinker Salas y Victor Silverman, La Jornada, Opinión, p. 14)
No quedan más que recuerdos de Gerardo Fernández Noroña en sus tiempos de férreo opositor. El de las prolongadas huelgas de hambre, el que confrontaba granaderos y desafiaba presidentes. Hoy no es más que un vulgar censor al servicio del poder.
Presidió ayer la sesión de la Comisión Permanente. Interrumpió a cinco oradores de la oposición apenas comenzaron a hablar del caso Bermúdez, el prófugo exsecretario de Seguridad de Tabasco que, simultáneamente, era líder del violento grupo criminal La Barredora.
Justificó su política del bozal con el muy gastado argumento de que el tema era la situación migratoria de mexicanos en Estados Unidos y la violación de derechos humanos en la prisión de Alcatraz de los Caimanes, y no lo que ocurre en Tabasco.
En su escaño estaba muy atento el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Cada que escuchaba “Tabasco” levantaba la cabeza y ponía atención.
El caso de Bermúdez lo salpica. Él nombró a Hernán secretario de Seguridad en sus tiempos de gobernador de Tabasco (2019-2021).
Antes de entrar en el debate sobre los migrantes, la senadora panista Mayuli Latifa Martínez pidió a Fernández Noroña incorporar a la agenda política el tema de seguridad pública.
La opositora argumentó que la creciente evidencia de vínculos de servidores públicos con la delincuencia organizada ha sido tema en la vida pública del país.
“Ya se acordó —por la mayoría oficialista— que el tema fuera el que ya anuncié”, rechazó Fernández.
La primera que se refirió al caso Bermúdez fue Margarita Zavala. Luego de unirse a la denuncia por la prisión de Alcatraz de los caimanes, la diputada del PAN alcanzó a decir:
“Tabasco hoy está entregado al crimen organizado por la claudicación del Estado mexicano de enfrentar a los delincuentes… A Tabasco, hoy, como a casi todo el país, lo alcanzó el destino de esta política de abrazos y no balazos”.
Inmediatamente brincó Fernández Noroña. “Se terminó su tiempo de intervención”, le dijo.
Siguió otra panista, Diana Estefanía Gutiérrez. También reprobó los abusos contra los migrantes en Estados Unidos. “Es claro que nos duele”, subrayó.
La interrupción desde la mesa vino cuando dijo: “Si hablamos de abusos, empecemos con los que se cometen aquí en casa. En Tabasco no sólo se toleraron los vínculos del crimen con la policía. Se institucionalizaron, se lideraron desde dentro”. Fernández volvió a interrumpir: “No meta la agenda política por la puerta trasera. Está a discusión el tema de la persecución de los migrantes”.
El emecista Pablo Vázquez prolongó el esquema de las panistas. Primero la crítica a Alcatraz de los caimanes y luego Tabasco:
“Donde también hay muchos caimanes es en el estado de Tabasco… Se trata de una entidad federativa donde operó una célula de la delincuencia organizada y cuyo líder fue designado secretario de Seguridad Pública de esa entidad. Este caso debe llamarnos a reflexión, porque revela una descomposición nacional”.
Otra vez Fernández Noroña: “El tema no es la seguridad de Tabasco, sino la cárcel infamante de Alcatraz de los caimanes y la persecución a nuestros hermanos y hermanas…”.
Mayuli Latifa Martínez volvió a intervenir. Sin vericuetos, se fue al tema Tabasco. El presidente de la Mesa Directiva la volvió a cortar. “El artículo 48, numeral 3 de las reglas básicas, dice que la moción de apego al tema… bla, bla, bla”.
Esta vez la panista lo atajó: “¿Ya vieron? No quieren que hablemos de temas que le interesan también a México…
“¿Qué pasaría si hoy ustedes fueran la oposición? Estarían con sus megáfonos hablando de ese tema. ¿Por qué nos quieren callar?”, preguntó.
Al último que interrumpió fue al también panista José Mario Íñiguez, quien hizo una pregunta que él mismo respondió: “¿Cómo se dice cómplice de corrupción sin decir cómplice de corrupción? Es fácil: gobierno de Morena”.
Casi lo olvidaba. En la parte final del debate sobre la agenda política, el diputado de Morena Leonel Godoy metió “por la puerta de atrás” el doloroso tema del genocidio en Palestina.
La congruencia de Fernández Noroña se hizo añicos. No sólo lo dejó hablar, sino que él también comentó los dolorosos sucesos en Gaza.
* Las cosas no se ven bien para los implicados en el caso Tabasco. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que elementos de la Marina, la Sedena, la FGR y la SSPC detuvieron en Jalisco al expolicía federal Ulises Pinto, uno de los líderes de La Barredora.
“Este sujeto —escribió Harfuch— cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible; además de pactar una alianza con otro grupo criminal.
“Esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región”, vaticinó.
Hay reportes que vinculan a Ulises Pinto con Hernán Bermúdez cuando éste ocupaba la Secretaría de Seguridad de Tabasco. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 6)
La segunda mitad del año comienza para México en medio de un entorno global complejo y un panorama interno que combina retos significativos con oportunidades que podrían marcar un punto de inflexión para la actividad económica. En el plano internacional, la economía de Estados Unidos, clave para México, presenta señales mixtas. Aunque su desempeño general ha sido resiliente, comienzan a emerger focos de presión.
El mercado inmobiliario muestra signos de debilitamiento debido a tasas aún elevadas y precios altos; el crédito al consumo empieza a deteriorarse, y el gasto de los hogares podría moderarse ante mayores niveles de endeudamiento. Al mismo tiempo, el consumidor adopta una postura más cauta, lo que ha contenido en parte la transmisión inflacionaria, incluso frente a un entorno comercial más restrictivo. Aun así, los riesgos para la inflación siguen sesgados al alza, considerando que la política comercial del nuevo gobierno estadounidense aún no se estabiliza y podría generar nuevas presiones hacia el cierre del año.
En cuanto a política monetaria, la Reserva Federal mantiene una postura paciente. Aunque el consenso del mercado continúa anticipando recortes en el segundo semestre, la magnitud y el momento dependerán de la evolución del mercado laboral y la dinámica de precios. A pesar de las tasas elevadas, el dólar ha perdido algo de terreno recientemente, reflejando una desconexión temporal entre la política monetaria y el comportamiento cambiario.
En este contexto, México ha logrado destacar entre las economías emergentes. A pesar de la incertidumbre generada por el proceso de reforma judicial, el sentimiento entre inversionistas internacionales ha mejorado significativamente respecto a finales del año pasado, ya que se percibe una conducción económica más moderada y pragmática, especialmente en la relación con Estados Unidos, lo que ha favorecido una narrativa más positiva sobre la estabilidad macroeconómica y el atractivo relativo de México frente a otros países de la región.
Diversos fondos internacionales han señalado al país como uno de sus destinos preferidos dentro de América Latina.
Un factor clave ha sido la posición comparativa de nuestro país en la reconfiguración del comercio global. En el actual entorno de disputas arancelarias, México mantiene un arancel efectivo relativamente bajo, en torno al 8%, frente a niveles considerablemente más altos en países como China. Este diferencial ha abierto oportunidades, aunque también conlleva riesgos.
Ante este panorama, México debe actuar con cautela en la próxima revisión del T-MEC. Aunque el proceso aún no ha comenzado formalmente, será clave observar cómo evolucionan las negociaciones comerciales globales mientras se gestiona el frente bilateral. Precipitar una revisión o renegociación del tratado podría traducirse en la pérdida de ventajas relativas frente a otros países, especialmente frente a competidores asiáticos.
En el ámbito interno, el crecimiento económico sigue siendo limitado, pero podrían surgir condiciones más favorables hacia el segundo semestre. Tras un primer semestre débil, se anticipa una mejora gradual, particularmente si la revisión del T-MEC brinda certidumbre para inversiones asociadas al nearshoring. También se espera una mayor dinámica en la inversión, impulsada por programas de colaboración público-privada. Además, la tendencia descendente en las tasas de interés podría brindar un impulso adicional a la inversión productiva.
El consumo, por su parte, ha mostrado resiliencia y podría fortalecerse si la inversión se reactiva. La combinación de una masa salarial en expansión, la recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable y una mayor cobertura de programas sociales podría impulsar el gasto en servicios y bienes discrecionales.
No obstante, persisten riesgos: la generación de empleo formal se ha moderado, la subocupación ha repuntado y los flujos de remesas podrían verse afectados por una política migratoria más estricta. Aunque el volumen total de remesas sigue siendo alto, el monto promedio por operación ha disminuido, lo que sugiere una mayor presión sobre los ingresos disponibles de los migrantes.
Finalmente, en materia de política monetaria local, Banxico ha adoptado un tono más flexible. Las minutas recientes y el Informe Trimestral sugieren que hay espacio para recortes adicionales en la tasa de referencia. No obstante, el banco central mantiene una postura prudente, considerando los riesgos externos, el comportamiento de la Fed y la sensibilidad de la inflación local a choques globales.
En resumen, México se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes. Sin embargo, la segunda mitad de 2025 estará marcada por una mayor volatilidad externa, decisiones clave en política comercial, ajustes institucionales internos y una economía que podría comenzar a retomar dinamismo, aunque de forma gradual. (Miriam Acuña, El Financiero, Economía, p. 8)
La gentrificación se ha vuelto un fenómeno familiar en las principales ciudades de América Latina. Sin embargo, el foco suele estar en sus síntomas visibles —transformación barrial, inflación inmobiliaria, desplazamiento— y no en las causas estructurales que la alimentan. En el caso mexicano, una de esas causas se ha mantenido extraordinariamente al margen del debate público: la falta de regulación migratoria para nómadas digitales.
México ha consolidado un modelo que facilita la entrada de extranjeros sin necesidad de visa, especialmente a ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta medida, orientada históricamente al turismo y a la integración comercial, ha derivado en un uso intensivo de la figura de visitante temporal para fines que exceden el marco legal previsto: trabajo remoto para empresas extranjeras, desde territorio nacional, sin visado laboral ni regulación fiscal local.
La mayoría de estos perfiles no entran por necesidad, sino por optimización: su poder adquisitivo en pesos triplica o cuadruplica su calidad de vida en comparación con sus ciudades de origen. El resultado no es anecdótico. Es estructural. Viven en México, trabajan para el extranjero y no están obligados a contribuir fiscalmente con el país en el que residen.
Mientras tanto, el Estado mexicano no cuenta con una visa específica para nómadas digitales, ni con mecanismos de registro, estadística, fiscalidad o permanencia. Esta omisión ha generado una zona gris jurídica donde las ciudades absorben los impactos —presión inmobiliaria, desplazamiento cultural, desbordamiento urbano— sin recibir ingresos fiscales proporcionales ni contar con herramientas normativas para ordenar el fenómeno.
Países como Portugal, Alemania, Estonia y Colombia han comenzado a diseñar marcos migratorios ad hoc para este tipo de movilidad: visas de corta duración, exigencia de ingresos mínimos, inscripción fiscal parcial o responsabilidad social territorial. México, por el contrario, ha optado por la omisión funcional: beneficiarse de la presencia, sin nombrarla; permitirla, sin regularla.
Esto no solo erosiona la justicia territorial —al crear desigualdad entre residentes locales y población flotante privilegiada—, sino también la soberanía fiscal: quien vive, consume y presiona sobre el territorio debe, al menos parcialmente, contribuir a sostenerlo.
El argumento de fondo no es restrictivo ni proteccionista. La movilidad internacional es una constante del siglo XXI. Pero toda movilidad necesita reglas claras. Y esas reglas no pueden estar sujetas a la capacidad adquisitiva de quien llega, ni al algoritmo del mercado inmobiliario.
La gentrificación no es el problema en sí. Es el síntoma de una arquitectura institucional que ha decidido no actualizarse. Y en esa omisión, la desigualdad encuentra su pasaporte más silencioso.
Mientras el Estado mexicano mantenga una política migratoria pensada para turistas de los años noventa y no para trabajadores transnacionales del presente, el desequilibrio seguirá creciendo: no por quienes llegan, sino por quienes gobiernan sin nombrar lo que está ocurriendo.
Una visa para nómadas digitales no resolverá todos los efectos. Pero sería un primer paso para poner fin a la incoherencia entre lo que se permite, lo que se evade y lo que se paga.
En política migratoria, como en política fiscal, la ausencia no es neutral: genera distorsión.
ANTES DEL FIN
El Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado por México en 2018, establece un principio clave: todo Estado debe generar las condiciones normativas para que la movilidad humana no opere en la informalidad ni en la omisión. Sin embargo, en nuestro país, el vacío legal respecto a los nómadas digitales impide cumplir ese compromiso. Mientras tanto, las ciudades enfrentan el desorden, la tensión social y la desregulación sin herramientas suficientes.
Migrar no debe ser privilegio ni castigo, pero permitir que unos crucen sin reglas y otros mueran por cruzarlas es una injusticia estructural.
Porque cuando el Estado no pone reglas claras, el mercado las impone. Y el mercado nunca regula pensando en derechos, sino en rentas.
La ley que no se escribe también reparte el poder. Solo que lo hace en silencio. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 32)
La historia compartida entre México y Estados Unidos no es solamente la de una frontera común, sino un entramado profundo de intereses económicos, sociales y humanos que ha definido el rumbo de ambos países.
Hoy, sin embargo, vemos cómo en el debate migratorio del país vecino predomina la desmemoria. Se criminaliza a quienes cruzan la frontera en busca de trabajo, mientras se ignora —con conveniente amnesia— que la mano de obra mexicana fue un pilar del crecimiento económico estadounidense durante más de un siglo.
Estados Unidos no solo toleró la migración mexicana; la ha buscado y necesitado en momentos críticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, con miles de hombres enviados al frente, el Gobierno de la Unión Americana impulsó el programa Bracero, que entre 1942 y 1964 permitió la entrada de más de 4 millones de trabajadores mexicanos, para suplir la escasez de mano de obra en los campos y ferrocarriles. No fue un acto de generosidad; fue una necesidad estratégica. A México se le pidió ayuda, y nuestro país respondió.
Recuerdo la plática que sostuve con don Ventura, un amable anciano de un ranchito llamado La Colorada, en el estado de Guanajuato, quien recordaba que a su comunidad llegaban las invitaciones de nuestro Gobierno para ir contratados desde México a trabajar en Estados Unidos; que allá se les trataba bien y se les permitía elegir la actividad en la que querían apoyar a aquel país.
Así como este mexicano, fueron muchos los que apoyaron en esa ocasión, que no fue la única. Durante la guerra de Corea y posteriormente en Vietnam, el flujo de trabajadores mexicanos se mantuvo como un soporte del aparato productivo estadounidense. En los momentos en que la potencia del norte más lo necesitó, ahí estuvo México: no con tropas, sino con brazos, espaldas, esfuerzo. En silencio, millones de compatriotas han levantado cosechas, construido viviendas, cuidado niños y ancianos, cocinado alimentos y mantenido industrias funcionando. Son las y los trabajadores invisibles que han sostenido la economía más grande del mundo.
Y sin embargo, el trato que hoy reciben en Estados Unidos raya en lo inhumano. Las redadas migratorias, las jaulas para niños en centros de detención y los muros —físicos y legales— que se levantan para evitar su entrada o concretar su expulsión son actos de injusticia histórica. Porque no estamos hablando de criminales ni invasores, sino de trabajadores que ya demostraron con hechos su valor. Es irónico, y profundamente triste, que el país que más aprovechó su esfuerzo sea también el que más los persigue y degrada.
Vemos con preocupación y dolor cómo nuestras y nuestros compatriotas son víctimas de discursos xenófobos y políticas inhumanas. Pero también reconocemos que no podemos callar ante la hipocresía. Estados Unidos se construyó con inmigrantes, sí, pero su grandeza también se debe al trabajo duro y silencioso de millones de mexicanas y mexicanos que, aunque nunca fueron invitados con honores, se quedaron a construir un futuro.
Nos toca recordar, con firmeza y dignidad, que sin esa fuerza laboral migrante la Unión Americana no sería hoy la potencia que ostenta ser. Nos toca defender a quienes, desde las sombras de los campos agrícolas de California o las cocinas de Nueva York, siguen siendo esenciales para que la maquinaria estadounidense no se detenga. Y nos toca exigir respeto a los derechos e integridad de nuestras y nuestros compatriotas.
La historia está ahí. No la escribimos recién: la escribieron Estados Unidos, con su necesidad, y México, con su trabajo. Pero si hoy ese país olvida lo que le debe a las y los migrantes de nuestro país, entonces habrá que recordárselo. No con amenazas, sino con hechos, con datos, con historia. Y sobre todo, con orgullo. Porque cuando el norte necesitó ayuda, México estuvo ahí. Ya es momento de que también esté ahí el reconocimiento. (Ricardo Monreal, EL Sol de México, Análisis, p. 21)