Hoy más que nunca, nuestros paisanos en Estados Unidos necesitan apoyo real, más que palabras. (La Jornada, C.p)
En su segundo cuatrienio al frente de la Casa Blanca, Donald Trump ha dado rienda suelta a sus instintos autoritarios, al uso del aparato gubernamental para el enriquecimiento personal y familiar y al que probablemente sea el mayor desmantelamiento institucional en la historia estadunidense. De cierto modo, podría decirse que el magnate ha importado a la política doméstica los métodos que casi todos los mandatarios de la superpotencia han usado para imponer los intereses de Washington al resto del mundo, desde la violencia contra grupos que identifica como enemigos o la remoción de toda persona u organismo que no le rinda pleitesía o desafíe su visión del mundo, hasta el manejo del presupuesto como un arma para la extorsión.
Con un descaro pocas veces visto en las autodenominadas democracias liberales, Trump ha forzado a los medios de comunicación a despedir a figuras críticas y ha impuesto a las universidades supuestamente orgullosas de su independencia y prestigio lo que pueden o no enseñar, así como qué estudiantes pueden ser admitidos y qué es válido decir dentro de sus recintos. Tanto centros de enseñanza como grandes corporaciones mediáticas han accedido a pagar sobornos multimillonarios a cambio de que el presidente les permita operar y lucrar. En su imposición de un discurso único, el trumpismo llega a extremos inquietantes de infantilismo. Ya no sólo enaltece a esclavistas y demuele los derechos reproductivos de las mujeres o el reconocimiento de la comunidad de la diversidad sexual, todo lo cual se encuentra en sintonía con el programa conservador; además, pretende desaparecer la realidad prohibiendo que sea enunciada. Si las agencias encargadas del monitoreo atmosférico aportan datos que demuestran el cambio climático de matriz antropogénica, Trump les retira el financiamiento hasta volverlas inviables; si la Oficina de Estadísticas Laborales confirma que el empleo se encoge cuando el Ejecutivo emprende una guerra comercial contra el planeta entero y una cacería humana contra los migrantes que sostienen sectores como la agricultura, la industria restaurantera o la construcción, Trump despide a su titular.
Sin embargo, la ultraderecha estadunidense no ha logrado que toda la sociedad se resigne ante el catastrófico retroceso en los derechos humanos. Trump y la oligarquía que representa pueden haber segado los espacios para la libertad de expresión, convertido los medios y las redes sociales en aparatos ideológicos que acallan el pensamiento crítico, reducido a la Suprema Corte a comparsa de la Oficina Oval y criminalizando la protesta hasta extremos que hermanan a Estados Unidos con los peores autoritarismos, pero no han arrancado la dignidad enraizada en las mejores tradiciones populares de resistencia y autonomía.
Ayer, miles de manifestantes se sumaron a las millones de personas que desde febrero alzan la voz contra una forma de gobierno que se vuelve indistinguible del fascismo. En 463 pueblos y ciudades de los 50 estados del país se efectuaron actos de todos los tamaños para denunciar las medidas antimigrantes, los recortes a los programas de asistencia social, las políticas antiambientales, las represiones de disidentes a la complicidad del gobierno con el régimen israelí en el genocidio en Gaza, los atropellos a la libertad de cátedra, entre otros rasgos ilegales y antidemocráticos de la administración republicana. La actual oleada de protestas resalta porque en ella participan no sólo los ámbitos tradicionales del progresismo, sino también individuos e instituciones que por décadas han formado parte de la clase dominante y que por primera vez se ven en la necesidad de acudir a las calles para oponerse a los abusos del poder.
Las perspectivas de Estados Unidos para restablecer una democracia medianamente funcional residen en la ampliación de la disidencia por el nivel de arbitrariedad y agresividad alcanzados por el trumpismo en esta nueva etapa, así como en la organización de los descontentos bajo un programa que rebase lo coyuntural. Por el bien de las grandes mayorías de estadunidenses y de todos los habitantes del planeta que padecen las políticas diseñadas en Washington, cabe desear que la sociedad de ese país encuentre una salida real, democrática, humana y justa a las contradicciones que la desgarran. (La Jornada, Editorial, p. 2)
Uno de los compromisos centrales de la campaña del ahora presidente de los Estados Unidos fue expulsar a un millón de extranjeros indocumentados por año y retomar el control de la frontera, la que, en su decir, estaba fuera de control.
La meta de indocumentados deportados, a seis meses del nuevo gobierno estadounidense está lejos de cumplirse. Constantes son los operativos espectaculares de los agentes migratorios, infundiendo temor por sus redadas y acciones intimidatorias.
Las consecuencias de expulsar a un millón de trabajadores en activo, quienes están pagando impuestos, contribuyendo al fondo de pensiones y subsidiando la economía norteamericana con los bajos salarios que perciben, no se hicieron esperar.
La industria de la construcción va en declive, menos personas salen a levantar las cosechas y hay una escasez de empleados para atender hoteles y restaurantes: esto, a meses del Campeonato de Futbol. La escasez de trabajadores reducirá el PIB en aproximadamente el uno por ciento. Esto decir, se va a contraer la economía.
En los anaqueles de los supermercados las amas de casa ya ven la carestía de los productos y los prestadores de servicios sin ningún empacho están repercutiendo en los consumidores los costos elevados de no tener trabajadores.
Es decir, el norteamericano medio tendrá que acostumbrarse a que los precios suban, los trabajadores cada vez sean menos y en algunos casos los servicios no tendrán quien los atienda.
A la larga, los pensionarios -cada vez más, quienes aportan cada vez menos- tendrán que preocuparse por sus futuras pensiones y jubilaciones porque no habrá jóvenes que al trabajar coticen para sostenerlas.
En resumen, una grave contracción económica a causa del desplazamiento forzado de ese numeroso grupo humano que son los migrantes indocumentados trabajando -sí, trabajando, no le cuestan a nadie- y quienes están ahora en proceso de una deportación anunciada. (Antonio Meza Estrada, El Heraldo de México, Escena, p. 13)
Jacobo* ya no madruga. Sale a trabajar casi al mediodía, porque andar en la calle temprano es jugarle al valiente. El año pasado en estas fechas, antes de las 6 de la mañana ya había comprado su café, los materiales del día, y estaba listo para ganarse el pan a ras del sol abrasador de Arizona. El 2025 es muy distinto.
En sus muchos grupos de WhatsApp se corre el rumor: de madrugada los agentes de migración se estacionan en comercios como Home Depot, en supermercados, cafeterías, incluso junto a carretas donde venden los burritos… no hay lugar seguro, salir temprano es, dice el mexicano, muy peligroso.
“En la tarde están yendo a tocar puertas a los apartamentos”, dice como si contara un secreto. “Así que vale más no estar en casa”.
Por eso cambió las jornadas de sol a sol a unas de horarios complicados: mediodías y noches prolongadas. Se mueve cuando puede, pero, sobre todo, cuando siente que es seguro. Quiere ser invisible.
Y no es el único. Las alertas se activan todos los días en esos chats donde decenas de jornaleros, albañiles, choferes, comerciantes y jardineros avisan dónde andan los “patas verdes”, como les dicen a los agentes migratorios. Yo soy parte de muchas de esas conversaciones y veo cómo se organizan para mantenerse alejados y protegidos, para salvaguardar a los más vulnerables.
El hielo, como también les dicen a los agentes de ICE, se pone cada vez más agresivos en sus encuentros. Lo confirman los números: de enero a junio de este año, las deportaciones aumentaron 33 por ciento en comparación con 2024. Más de 207 mil personas han sido removidas del país en lo que va del año, según el reporte semestral de ICE 2025.
En Arizona, las detenciones migratorias también incrementaron, pero en un 42 por ciento solo en la primera mitad de 2025. En seis meses, más de nueve mil personas fueron arrestadas en el estado, de acuerdo con cifras de TRAC Immigration, Syracuse University. Y no solo sucede en la frontera: los arrestos se dan en lugares tan comunes como estacionamientos, zonas de trabajo, apartamentos y paradas de tráfico.
Pero ya no son solo las redadas las que provocan desasosiego en la comunidad indocumentada, ni los agentes con uniforme y rostros cubiertos; en este 2025, hay quienes le tienen miedo hasta a los carteros.
Ir por el correo o revisar el buzón se ha convertido también en una ruleta rusa. Desde marzo, el Departamento de Justicia comenzó a reabrir más de 350 mil casos de inmigración que habían sido cerrados administrativamente, muchos de ellos bajo la política de “discrecionalidad procesal” implementada entre 2021 y 2023.
Para miles de personas, eso significaba poder vivir y trabajar dentro del país mientras su proceso avanzaba lentamente o quedaba en pausa indefinida. Ahora, una carta en el buzón puede traer citatorio con fecha para una nueva audiencia.
Conozco a tres familias que recibieron las notificaciones oficiales que los obligarán a volver a pelear su caso en una de las administraciones más antiinmigrantes de Estados Unidos. Tienen miedo. En algunos casos, los abogados que llevaron sus casos se han retirado, mudado o “desaparecido”. Para que alguien más tome sus expedientes, les dan cotizaciones de más de cinco mil dólares por persona sin garantizar ningún resultado. Y se quedan a la deriva.
Algunos de esos “remitentes” del sistema habían empezado ya otros procesos migratorios para ajustar su estado y tendrán que parar en seco para defenderse de una posible deportación que ya veían más lejana.
Como ellos, son cientos. Según el American Immigration Council, más de 60 por ciento de personas en proceso de deportación no cuentan con representación legal a nivel nacional, y en Arizona la proporción puede llegar hasta 66 por ciento. Entre las personas detenidas en el estado, la ausencia de abogado supera 80 por ciento.
Pero deportar es un negocio. El presupuesto de ICE para 2025 rebasó los 9.2 mil millones de dólares, según el Departamento de Seguridad Nacional. El número de deportaciones es un justificador presupuestal clave. Arizona se mantiene entre los cinco estados prioritarios a nivel nacional para “acciones rápidas”. Aquí operan algunos de los acuerdos de colaboración más amplios del país, como el programa 287(g), especialmente en condados como Maricopa, permitiendo a las policías locales actuar como agentes migratorios.
Así que los agentes no tienen que buscar mucho. Los migrantes llegan solos, porque no hay otra opción. Y esto también causa mucha indignación. (Maritza Félix, El Sol de México, Análisis, p. 15)