En el marco de una guerra híbrida multiforme y asimétrica diseñada desde Washington y el Comando Sur del Pentágono −y articulada por figuras de la ultraderecha local (como María Corina Machado y Leopoldo López), redes criminales, grupos paramilitares y mercenarios extranjeros, y replicadas por operadores regionales como el ahora sentenciado ex presidente colombiano Álvaro Uribe−, las elecciones municipales del pasado 27 de julio en Venezuela transcurrieron en paz y normalidad. En contraste con los actos vandálicos desestabilizadores tras los comicios presidenciales del 28 de junio de 2024, ello se debió, en parte, a las aparentes contradicciones en la administración Trump, que, en la coyuntura, dadas las realidades energéticas, económicas y geopolíticas mundiales, obligaron, por ahora, al magnate neoyorquino a flexibilizar las bipartidistas medidas coercitivas extraterritoriales ilegales sobre Vene zuela, priorizando el enfoque de negociación pragmática de su enviado especial para el país sudamericano, Richard Grenell, por sobre las políticas de “máxima presión” ideologizadas, impulsadas por su secretario de Estado, Marco Rubio.
Así, dos días antes de los comicios, en menos de 48 horas el gobierno de Donald Trump dio dos pasos aparentemente contradictorios en su política hacia Venezuela. Por un lado, el Departamento del Tesoro autorizó a la estadunidense Chevron (ex Standard Oil del Grupo Rockefeller) retomar sus operaciones de extracción, comercialización y exportación de crudo venezolano y restablecer su colaboración estratégica con la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Y al día siguiente, mediante la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Marco Rubio lanzó una ofensiva mediática acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar el llamado cártel de Los Soles, una fabricación propagandística de los servicios de inteligencia de EU, calificado ahora como “organización terrorista”, y vinculado, presuntamente, con el Tren de Aragua (banda delictiva destruida en Venezuela, pero que Washington usa de excusa para perseguir y criminalizar a los migrantes venezolanos, y como coartada para imponer sanciones económicas y financieras como herramienta de guerra por medios no militares) y una facción del cártel de Sinaloa; un fantasmal triunvirato de poder mafioso utilizado de distracción, pero que ha sido retomado desde su autoproclamada “clandestinidad” por María Corina Machado, quien redefinió al vuelo la “naturaleza del régimen” venezolano, caracterizándolo como “sistema que ya no califica como dictadura convencional, sino como estructura criminal trasnacional” (sic).
Ambos hechos, la víspera de los comicios municipales −en los que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) otrora liderada por Machado no participó tras su llamado al abstencionismo y el boicot electoral y está en fase de extinción− entrañaban una supuesta contradicción: ¿cómo renovar la licencia que permite a Chevron operar en joint ventures con PDVSA (con obvios beneficios para la economía y las finanzas públicas de Venezuela), lo que implica a la vez un reconocimiento de facto a Maduro como interlocutor válido para acuerdos energéticos, pero a quien, simultáneamente, se acusa de liderar una organización criminal trasnacional?
La respuesta a esa contradicción tiene que ver con las necesidades de Trump de mantener la unidad y los equilibrios entre las distintas facciones de su administración: el ala pragmática, ligada a las megacorporaciones del ramo energético, que busca estabilidad y grandes beneficios económicos con eje en el petróleo de Venezuela (además de que las refinerías estadunidenses de la costa del Golfo de México están adaptadas para procesar el hidrocarburo pesado venezolano, con elevados niveles de azufre), y el ala ideológica de los neoconservadores republicanos, encabezada por Rubio y congresistas de Florida, en contubernio con el lobby cubano de Miami que explota la industria de la contrarrevolución y financia sus campañas. Aunque en rigor, ambas alas responden al imperativo geopolítico mayor de la Doctrina Monroe reforzada: impedir que Venezuela negocie con China, considerada el enemigo principal por Washington. A la sazón, en plena discusión arancelaria con EU, China ha elevado sus compras de crudo venezolano, llenando el vacío que había dejado la suspensión de las licencias especiales otorgadas a Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones. De allí que el guiño de Trump a Chevron, ahora, responde a los verdaderos intereses en juego: el control del petróleo y los contratos multimillonarios en disputa, y la hegemonía regional, amenazada por su principal rival, en un contexto de tensiones mundiales y riesgos de recesión.
En la coyuntura, la política de máxima presión de Rubio, fracasó. Y el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, quien trabaja en la sombra y sin estridencias, cosechó triunfos de sus conversaciones con el Palacio de Miraflores. Grenell, quien responde directamente a Trump, negoció la liberación de 252 migrantes venezolanos enviados ilegalmente por Trump al campo de concentración Cecot, en El Salvador (donde fueron vejados y torturados), y el regreso de niños que habían sido separados de sus padres y permanecían bajo custodia gubernamental en Estados Unidos. Y si bien Caracas pagó un alto precio al tener que liberar a 10 mercenarios estadunidenses y varios venezolanos ligados a la trama golpista, al decir de Sergio Rodríguez Gelfenstein, el intercambio tuvo un enorme impacto mediático, emocional y simbólico, como expresión de la voluntad de Maduro de encarar esa situación originada por la designación de Venezuela como una “amenaza” a la seguridad nacional de EU.
Así, las elecciones municipales del 27 de julio tiñeron aún más de rojo la geografía del país, ampliando la hegemonía chavista en el seno de las clases subalternas de Venezuela. Merced a una concientización continua, el Gran Polo Patriótico obtuvo 285 alcaldías de las 335 en disputa (85 por ciento) y ganó en 23 capitales de los 24 estados del país, más el Distrito Capital. Frente a las promesas vacías de los emisarios de la plutocracia internacional, y con la consigna del presidente Hugo Chávez “¡comuna o nada!” como horizonte estratégico, el proceso de participación popular venezolano alienta la percepción sobre la posibilidad de empoderar a los municipios como piezas fundamentales en la construcción de un nuevo tipo de Estado desde abajo, así como la concepción de la democracia como mecanismo que va más allá de las urnas: está en la construcción cotidiana de la colectivización del poder. (Carlos Fazio, La Jornada, Opinión, p. 15)
MIENTRAS TANTO, POR lo menos 13 países, incluidos Canadá, Francia, Alemania, China y Australia, han emitido alertas de viaje para sus ciudadanos con planes de visitar Estados Unidos desde que llegó Trump a la presidencia, citando desde preocupaciones en el trato a inmigrantes y turistas, hasta violencia contra minorías raciales y de género, como de la comunidad gay. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 23)
Los últimos días de la semana pasada terminaron llenos de noticias que van marcando el futuro comercial y económico del mundo, de México y de la relación del país con Estados Unidos.
Los aranceles trumpianos, la nueva pausa en el caso de México, los resultados de la Enigh, los datos de crecimiento —estancado en el país—; los del empleo en Estados Unidos, mal.
Y ayer, leo en The New York Times, otro dato que puede marcar las siguientes decisiones del presidente estadunidense.
“Los derechos de aduana, junto con algunos impuestos especiales, generaron 152 mil millones de dólares hasta julio, aproximadamente el doble de los 78 mil millones de dólares recaudados durante el mismo periodo del año fiscal pasado, según datos del Tesoro”.
Trump celebró el anuncio. Pues sí, la mala para quienes, como México, sigue esperando qué pasará con los aranceles y la revisión del T-MEC es que ese nuevo ingreso se hace adictivo para el habitante de la Casa Blanca. Es un triunfo que puede vender a su base como la efectividad de su estrategia.
Para colmo, en junio las remesas se redujeron 16 por ciento, según informó el Banco de México, el mayor descenso para el mismo mes del que se tenga registro. El miedo provocado a los migrantes tiene un efecto en estas transferencias que afecta a miles y miles de familias mexicanas.
Viendo lo que sucedió con los aranceles trumpianos a tantas regiones y países, no cabe duda de que la nueva pausa con México es una victoria para el gobierno y el país, pero una que también sigue teniendo costos. No tan altos como los aranceles, pero costos serios para una economía estancada.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha propuesto programas para enfrentar este nuevo esquema comercial en el mundo, el Plan México, el principal. Pero a la fecha, las inversiones en dicho plan van apenas goteando; normal. Nadie va a meter dinero, a invertir, sin saber qué sigue, cómo quedarán los aranceles, cómo funcionará el Poder Judicial, si en verdad la estrategia contra la extorsión —que cuesta millones a empresarios— funcionará. Y, claro, la posible reforma electoral.
Salir de este laberinto no está siendo ni será sencillo.
Entre la herencia, la económica y la política, y el señor de Washington, seguimos en aguas turbulentas en las que no se ve destino. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
¿Cuál es el número de recetas emitidas por el IMSS que no pudieron surtirse durante el primer semestre de este año? ¿Qué regulaciones expidió el Instituto Nacional de Migración durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son las principales redes de transmisión con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad?
Estas son solo algunas de las solicitudes de información que deben ser atendidas por Transparencia para el Pueblo, el organismo que sustituyó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
De un total de 2 mil 253 recursos pendientes de revisión presentados hasta el mes de junio de este año, el nuevo organismo ha resuelto 457. De ese número, 99.6 por ciento recibió una respuesta negativa a la solicitud realizada por la ciudadanía.
Transparencia para el Pueblo no es un órgano autónomo del poder sino subordinado a éste. No debe por tanto sorprender que haya nacido para velar por los intereses políticos del gobierno y no para atender las solicitudes de información de la gente.
Antes el INAI no tenía que rendirle cuentas a la Presidencia de la República ni a la Secretaría de la Defensa o a la de Bienestar: se debía a las personas solicitantes y a nadie más.
La nueva dependencia, en cambio, ha dejado de ser una ventana para convertirse en un muro. En vez de obligar al gobierno a que haga pública aquella información que interesa al público, su tarea será justificar por qué no va a proporcionarla.
Dicen los nuevos titulares de Transparencia para el Pueblo que negaron la casi totalidad de esos 457 recursos porque no cumplieron con los requisitos supuestamente fijados por la ley.
Sin embargo, tal cosa es un pretexto. En el pasado, el INAI estaba facultado para suplir los faltantes que tuvieran las solicitudes, o lo que se conoce como el principio de la suplencia de la queja. En sentido inverso, ahora Transparencia para el Pueblo se está agarrando del más mínimo detalle para desechar los recursos y con ello evitar que se entregue información.
Esto es lo que sucede cuando las instituciones se degradan, como sucedió cuando desmantelaron el INAI. El resultado neto es una degradación proporcional de los derechos ciudadanos, en este caso el del acceso a la información pública.
Zoom: Transparencia para el Pueblo es un organismo que carga en su nombre dos mentiras: no es transparente ni es para el pueblo. Más bien merecería ser bautizado como Opacidad para el Gobierno. (Ricardo Raphael, Milenio, Al Frente, p. 3)
La relación entre Estados Unidos y México no es mala, pero es muy complicada por su asimetría, las pretensiones del gobierno estadounidense por involucrarse y promover condiciones legales que le interesan, la renuencia del gobierno mexicano para aceptarlo y la aparente determinación del aparato político a darles todos los pretextos posibles.
Sería absurdo pensar que las presiones comerciales y políticas que enfrenta México son fruto de algún sentimiento de solidaridad o de simpatía para ayudar a solucionar los problemas en el país.
Pero México no es una isla: las cuestiones de certidumbre legal, violencia, gobernabilidad, cultura y economía impactadas por el crimen organizado son temas que afectan a los países vecinos, y muy en especial a los Estados Unidos, por su efecto en la migración, en los costos de operación de industrias y comercio, y hasta en la delincuencia en su propio territorio. Y de paso, 10% de su población es de origen mexicano.
Y para un país tan paranoico como los EU, todo eso debe resolverse de una forma u otra.
Pero los políticos mexicanos, y los que hoy están en el poder son políticos “a la mexicana” sin importar cuán diferentes digan que son, rechazan aceptar el problema aunque lo tengan enfrente.
Se concretan simplemente a proclamar “somos diferentes”. Es cierto que en México siempre habrá la posibilidad de recurrir a denunciar alguna barbaridad hecha por funcionarios de gobiernos anteriores, como si eso justificara las acciones del funcionario de un régimen que fue electo porque se presentó como distinto.
El que en su momento fulano o perengano haya abusado o consentido actos de corruptela o estado en contubernio con delincuentes lo hace, si se prueba, reo de delitos y debiera ser perseguido.
Pero no justifica que el actual funcionario, electo o nombrado, cometa los mismos delitos o abusos aunque lo haga en menor escala. No fueron electos para eso.
Peor aún, en estos momentos resultan en el debilitamiento del gobierno mexicano de cara a sus negociaciones con el exterior, en especial los Estados Unidos.
El punto no es que los EU tengan la “autoridad moral” para reprochar a México, tienen el interés y el pretexto: mucho de lo negativo que ocurre aquí tiene impacto allá:, de la migración provocada por violencia o problemas económicos, al narcotráfico, la impunidad, la incertidumbre legal para inversionistas y corrupción.
Puede afirmarse que hay más estadounidenses radicados en México que en varios estados de su país o en cualquier lugar del mundo fuera de los EU; la inversión estadounidense aquí está valuada por encima de los cien mil millones de dólares, la integración productiva y una frontera de tres mil kilómetros de largo crean una situación geopolítica y estratégica por lo menos complicada para los dos países.
En otras palabras, en tiempos normales tienen el pretexto para interesarse en los problemas de México; ahora cada escándalo político, cada funcionario ligado con actividades ilegales o delictivas es un golpe a la credibilidad del gobierno mexicano. Y no les falta información. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)
La relación entre México y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, una de las más relevantes del hemisferio. Abarca comercio, inversión, migración, seguridad y cada vez más un ecosistema financiero binacional que representa una enorme oportunidad para el crecimiento económico compartido. En ese contexto, desde la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) hemos decidido fortalecer los vínculos con actores clave de la economía y diplomacia estadounidense, con el único objetivo de posicionar a nuestras instituciones como un puente de sinergia y colaboración.
La semana pasada tuvimos el gusto de reunirnos con Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, organización que agrupa a empresas, líderes y cámaras de origen estadounidense con presencia en nuestro país. Coincidimos en que no puede haber desarrollo económico sostenible sin una alianza estratégica entre los sectores financieros de ambas naciones. La colaboración, la capacitación conjunta, la implementación de mejores prácticas y la certificación de nuestras instituciones son rutas claras hacia ese objetivo.
UNIFIMEX representa a un grupo diverso de entidades financieras mexicanas medianas y regionales, que buscan profesionalizarse, innovar y cumplir con los más altos estándares. Como ejemplo, en 2024, México recibió más de 63 mil millones de dólares en remesas, de las cuales nuestros agremiados transaccionan casi 75%. Este dato refleja la importancia económica de la relación entre nuestras poblaciones migrantes y el sistema financiero, además de la necesidad de crear un marco de eficiencia, transparencia y cooperación que maximice su impacto social. La región fronteriza norte y los estados de alta migración como Michoacán, Guanajuato, Oaxaca o Jalisco, tienen un potencial enorme si logramos articular una política financiera binacional que transforme el envío de remesas en cadenas de valor, vivienda, emprendimientos o educación.
Las remesas no son solo flujos monetarios: son oportunidades de inversión productiva, ahorro, inclusión financiera y movilidad social. Por eso es fundamental articular esfuerzos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de Justicia, de Seguridad Nacional, así como sus respectivos agregados en la Embajada estadounidense en México. Desde UNIFIMEX estamos abriendo canales de comunicación directa con estos actores, convencidos de que el fortalecimiento institucional de las financieras mexicanas contribuye también a la estabilidad económica y social de la región.
Hoy más que nunca, urge impulsar una agenda de entendimiento y compartición de información financiera binacional, creando “puertos seguros” con acceso a tecnología que permita que todas las instituciones pequeñas y medianas de México puedan seguir operando con la seguridad de que se cumplen los más altos estándares en la materia. Lo que nos permitirá servir mejor a nuestros clientes, y sobre todo generar confianza entre actores internacionales.
En un entorno global tan complejo y dinámico como el actual, nuestras instituciones seguimos preparándonos para cumplir con las normativas aceptadas internacionalmente en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, cumplimiento regulatorio, gobernanza corporativa y gestión de riesgos.
UNIFIMEX continuará consolidándose como el espacio natural de encuentro, sinergia y cooperación entre las instituciones financieras mexicanas y sus contrapartes estadounidenses. Agradecemos el respaldo de actores de Estados Unidos, con quienes seguiremos trabajando para construir puentes, abrir mercados y profesionalizar nuestro sector.
México necesita una visión moderna de su sistema financiero. Una que reconozca que el desarrollo económico no es posible sin instituciones nacionales sólidas, inclusivas y conectadas al mundo, especialmente con Estados Unidos. (Soraya Pérez, El Economista, Empresas y Negocios, p. 28)
Al menos 54 migrantes murieron y decenas siguen desaparecidos tras naufragio frente a Yemen; solo diez personas fueron rescatadas. (Extra, El Economista, El Foro, p.54)
“El Centro de Detención para Migrantes es peor que la prisión”. Eso me aseguró una mujer que estuvo presa en la cárcel por conducir intoxicada y que, luego de otras infracciones, no pudo mantener su permiso de residencia en Estados Unidos. Después de una redada fue llevada a un lugar en Arizona, en el que los migrantes esperan meses o hasta años la resolución de sus casos. Lo describe como el infierno. Recuerda el frío que le calaba los huesos y los papeles tipo aluminio con los que intentaba taparse.
Esos espacios han sido desde siempre terribles, y la consigna es que ahora sean peores. Se trata de generar miedo para que los inmigrantes se vayan voluntariamente del país. Eso explica la cobertura mediática tan amplia que tuvo la inauguración de Alligator Alcatraz, un lugar en Florida para retener migrantes en medio de un pantano y rodeado de grandes reptiles.
Desde antes de su apertura, activistas alertaron sobre las posibles violaciones a los derechos humanos; mientras que grupos ambientalistas denunciaron la depredación del entorno que generó su construcción. Nada de eso detuvo la presencia del propio presidente Trump en su inicio de operaciones. Lo presumió como un lugar custodiado por “fauna peligrosa y un terreno implacable”, mientras que su vocera, Karoline Leavitt, señaló que con Alligator Alcatraz comenzaba la mayor campaña de deportación masiva en Estados Unidos.
Hasta ahí fueron llevados los hermanos mexicanos Carlos y Alejandro González. La pesadilla empezó por una infracción de tránsito. Los ingresaron sin entregarles un número de caso, así que no era posible siquiera iniciar un proceso legal para lograr su liberación. Su padre fue hasta Florida para auxiliarlos, y de la mano del personal diplomático emprendió una campaña mediática para denunciar lo que pasaba. En entrevista me describió las condiciones en que los tenían: “Cuando les dieron de comer estaban encadenados de pies y manos”.
Por fortuna esos dos jóvenes fueron repatriados en cuestión de días, pero no son los únicos mexicanos recluidos en Alcatraz de los Caimanes. Ahí y en otros muchos centros menos conocidos, pero igual de terribles, están miles de paisanos. El gobierno mexicano ha dicho que “mantendrá una política activa de protección consular y que no se tolerarán condiciones que atenten contra la dignidad y el bienestar de esos mexicanos”. Pero la realidad es que es muy poco lo que pueden hacer nuestras autoridades por ellos.
La autodeportación es la vía más barata que tiene el gobierno estadounidense para deshacerse de los migrantes, así que hacer de los centros de detención una pesadilla es parte de la estrategia. Lo interesante es que aquellos que vuelven voluntariamente a México son en su mayoría personas trabajadoras y esforzadas que no quieren que su familia sea dividida por la fuerza o sometida a esas torturas. Los delincuentes no se deportan. Ellos siguen las reglas del mundo criminal; entran y salen del país por amenazas de grupos rivales o por acuerdos con autoridades corruptas.
La tarea del gobierno mexicano debe ser crear las condiciones económicas y de seguridad para recibir a aquellos que vuelven. Tienen perfiles interesantes, son bilingües y están capacitados. Pero más allá de que son un importante recurso humano, toca darles las oportunidades que no tuvieron en el pasado y que los obligaron a emigrar. Son mexicanos que han sufrido discriminación, que han superado obstáculos y que hoy viven un segundo destierro. Se fueron tras el sueño americano, hoy merecen vivir el sueño mexicano. (Paola Rojas, El Universal, Opinión, A16)