Opinión Migración 110825

Trascendió Puebla

Que en un restaurante fifi de la Vía Atlixcáyotl coincidieron (y no por casualidad) el ex gobernador Sergio Céspedes y su principal operador, Jorge Estefan Chidiac, con sus respectivas familias. Llamó la atención que este último se dejó ver bastante recuperado luego de someterse a un tratamiento médico, mientras que Gaby Bonilla, ex presidenta honoraria del Sedif, ya camina sin las muletas que la acompañaron tras una operación de rodilla. El encuentro, dicen los enterados, no fue solo para brindar por la salud, sino para delinear el escenario político rumbo a 2027. (Trascendió Puebla, Milenio, Online)

Desde las Cloacas / La fuerza migrante

Las redadas migratorias de ICE no sólo son ataques deliberados contra la comunidad latina en Estados Unidos, también afectan a diferentes industrias del vecino país del norte, siendo la de la construcción una de las más visibles. La política antiinmigrante de Donald Trump daña cada día más a sectores clave para el crecimiento económico de esa nación, como la agricultura, la ganadería, el turismo y, sobre todo, la construcción.

Éste último el dato por sí solo es revelador: aproximadamente 54 por ciento de los migrantes que trabaja en la construcción es indocumentado.

Al transitar por las calles de la Unión Americana, cada vez es más común ver obras inconclusas y construcciones detenidas, ya que no hay personal que se haga cargo.

Estados como California, Nevada, Texas, Florida y Nueva York, donde la mano de obra se ocupa prácticamente todo el año, debido a su desarrollo continuo y crecimiento económico, se están quedando sin empleados.

A principios de abril de este año, las constructoras más importantes de Estados Unidos redujeron sus operaciones hasta en un 50 por ciento debido a las redadas.

La Asociación de Constructores de Viviendas de Estados Unidos calcula que para compensar el déficit histórico de hogares en el país de las barras y las estrellas, se requeriría contratar a 723 mil trabajadores anualmente.

Esta cifra parece imposible de alcanzar si tomamos en cuenta que la mano de obra migrante —en su gran mayoría— es indocumentada.

El tema es de total conocimiento en la administración trumpista, al grado que el propio presidente tuvo que salir a reconocer que los trabajadores migrantes que deporta no son fáciles de sustituir.

De acuerdo con empresarios de la construcción, el miedo que han generado las redadas incluso afecta a trabajadores con permisos temporales de trabajo que, al tener familiares indocumentados, simplemente ya no se presentan a trabajar.

Esto está pegando en muchas empresas, ya que además de carecer de esa fuerza laboral, se ven obligadas a hacer recortes —por presión del Gobierno estadounidense— y a prescindir de gente con experiencia en sus compañías por no tener papeles.

The Walt Disney Company, Amazon, Nestlé y Walmart son algunas de las corporaciones que han tenido que despedir personal y enfrentarse al complicado proceso de encontrar reemplazos.

Con estas decisiones, el Gobierno estadounidense se está dando un balazo en el pie y me hace recordar las sabias palabras de la abuela Dondinéa: “Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido”.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeeee!!! (El Duende, La Razón, México, p. 4)

Cuarto De Guerra / Integración silenciosa: seguridad México-EU

Un gran acuerdo en materia de seguridad en Norteamérica ha sido un proyecto que se ha atravesado con las asimetrías de poder y los divergentes intereses nacionales que tienen los tres países. Existen antecedentes regionales. Por ejemplo, en 1958, EU y Canadá firmaron el Tratado de Defensa Aérea de América del Norte (NORAD) en el marco de la Guerra Fría. Después de los atentados terroristas de 2001, EU creó el Comando Norte para organizar la defensa de su territorio en caso de una agresión externa en coordinación con Canadá, México y Bahamas. Las secretarías de Defensa y Marina tienen enlaces de coordinación y la cooperación se ha fortalecido en los último 13 años. Por su parte, EU ha firmado diferentes acuerdos ejecutivos de cooperación en materia de seguridad, sobre todo, fronteriza con Canadá y México.

Frente a las presiones de EU por la guerra contra el terrorismo y la amenaza de perder momentum la integración comercial, el gobierno de Vicente Fox logró con éxito proponer la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Fue lanzado el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas, por los líderes de los tres países con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad, competitividad económica y facilitación del comercio post 11-S. Aunque no fue un tratado formal, sirvió como marco político para proyectos conjuntos.

Al año siguiente, Felipe Calderón propuso al presidente George W. Bush un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico que conocimos como la Iniciativa Mérida. Mecanismo limitado en términos de recursos y participación de EU en territorio mexicano, pero que permitió avanzar en el concepto de responsabilidad compartida.

El Entendimiento Bicentenario de Andrés Manuel López Obrador fue un esfuerzo diplomático muy ambicioso que se negoció con el gobierno de Joe Biden. No llegó a grandes resultados, aunque México logró incluir el problema del tráfico de armas. También, se rescató el mecanismo de los noventa del Grupo de Alto Nivel en materia de Seguridad (GANSEG) para recuperar la institucionalización de la cooperación contra el narcotráfico, frente a las desavenencias con la DEA.

Ahora, con la amenaza real de imposición generalizada de aranceles de EU a México, por la falta de cooperación en materia de tráfico de fentanilo y el problema de la migración desordenada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone un acuerdo integral de seguridad, comercio y migración con EU. Hay voces críticas y sensatas por su experiencia como la del embajador Arturo Sarukhán que advierten del peligro de incluir los tres temas estratégicos de esta relación frente a la asimetría de poder con EU. Difiero: México tiene mayores capacidades y poder de negociación en esta época.

No es inédito pedir un acuerdo de cooperación, ojalá nos comprometamos más en construir una región más segura. Esto beneficiaría a los tres países y evitaría confusiones en la prensa internacional.

Agenda estratégica: En mayo de 2005 presenté por primera vez la siguiente idea: “la integración en materia de seguridad entre México y EU es y será un proceso silencioso. Es decir, se avanzará de manera gradual, muy lenta y no con acuerdos espectaculares dada la difícil construcción social y asimetrías estructurales…”. (Gerardo Rodríguez, El Heraldo de México, País, p. 7)

Visión washingtoniana / Pentágono caza narcos

Washington.– La integridad territorial de México se cimbró otra vez cuando la semana pasada el diario estadunidense The New York Times, reveló que el presidente Donald Trump firmó una orden para que el Pentágono combata directamente al narco-terrorismo latinoamericano en territorio y aguas internacionales.

El amplio reportaje del rotativo de la Gran Manzana dio pie para que la presidenta Claudia Sheinbaum saliera el viernes pasado a aclarar que Trump había hablado con ella al respecto y que le explicó que el Pentágono actuaría en contra los cárteles del narcotráfico, pero dentro de las demarcaciones territoriales de los Estados Unidos.

Lo dicho por Sheinbaum se puede interpretar de dos maneras.

Primero, que su homólogo estadunidense le mintió. Es imposible, aun cuando el tema de la lucha al narcotráfico transnacional sea uno de los pilares de la agenda binacional, que un presidente de Estados Unidos comparta con su contraparte de México y de cualquier otra nación para ser precisos, información de seguridad nacional de su país.

Hacerlo, podría ser interpretado en Estados Unidos por su Congreso federal y ciudadanía, como una traición a la patria porque los temas de seguridad nacional, y ante todo los planes del Departamento de Defensa, entran en la categoría de “Secretos de Estado”.

Segundo, si es correcto que Trump le especificó a Sheinbaum que el papel de caza narcos del Pentágono se concentrará en Estados Unidos, el reporte del Times es falso. Sin embargo, ni la Casa Blanca o el Departamento de Defensa han desmentido al influyente rotativo.

Bajo la categoría de organizaciones del terrorismo internacional que el 20 de enero de este año Trump les asignó a los cárteles del narcotráfico de México y de otros países de la región, el Pentágono no necesitaría que su Comandante en Jefe les firme otra orden para eliminarlos.

Bajo la ley del Acta Patriota promulgada en octubre de 2001, luego de los ataques terroristas de un mes antes a Nueva York, Pensilvania y Washington D.C., el Departamento de Defensa está obligado a destruir al terrorismo internacional. Lo ha hecho en Irak, Siria, Afganistán, Somalia, Libia, Paquistán y otras naciones de esas regiones del planeta por medio de operaciones encubiertas que se revelan en Washington hasta que concluyen porque son SECRETO DE ESTADO.

The New York Times mencionó operativos del Pentágono en el extranjero. La presencia de elementos y arsenal del Comando Norte en la frontera sur de Estados Unidos que colinda con el norte de México, es una fuerza de disuasión para el trasiego de drogas y el flujo de inmigrantes que por ahora le está funcionando a Trump.

Sería absolutamente excepcional e histórico que, de ser correcto lo que la presidenta Sheinbaum narró de lo que le dijo Trump, que la orden al Pentágono implicará combatir dentro de los Estados Unidos al narco terrorismo internacional. El Acta Patriota abre un abanico amplio de posibilidades y procesos jurídicos que obligarían al Pentágono a destruir a los cárteles del narcotráfico de Estados Unidos, que sí hay, e incluso a que interviniera contra instituciones financieras, fabricantes y vendedores de armas de fuego al norte del Bravo, por ejemplo.

La ley contra el terrorismo internacional de Estados Unidos es clara y contundente en ese sentido. Establece que cualquier entidad, institución y persona de la nacionalidad que sea que colabore directa o indirectamente con las organizaciones del terrorismo internacional, tienen que ser consideradas como terroristas.

Ciudadanos, cárteles gringos, fabricantes y vendedores de armas e instituciones bancarias y financieras de Estados Unidos que colaboran y trabajan con los cárteles mexicanos en el transporte, distribución, venta, empoderamiento bélico y lavado de dinero son, bajo la interpretación jurídica del Acta Patriota, miembros del terrorismo internacional.

Imposible que Donald Trump haya ordenado al Pentágono acabar con los narcos y terroristas gringos que quedan así acuñados por sus leyes.

Trump ya ha dado atisbos militares invasivos a México: los sobrevuelos de aviones y drones espía del Pentágono sobre puntos específicos de la República Mexicana. Recorridos de buques de guerra del Departamento de Defensa por el Golfo de México y el Pacífico de los que no queda claro si se realizaron sobre aguas de nuestro país.

No hay nada seguro con Trump, pero darse un tiro al pie no lo hará. (Jesús Esquivel, El Heraldo de México, Editorial, p. 16)

México frente al espejismo del nearshoring

Estados Unidos reconoce hoy como un riesgo existencial el ascenso de China como potencia económica, tecnológica y militar. En 2000, el sector manufacturero estadunidense era cuatro veces mayor que el chino; apenas dos décadas después, la situación se ha invertido: la producción industrial de China supera con holgura a la de EU. Este vuelco productivo y geopolítico, acelerado por la entrada de China a la OMC en 2001, ha erosionado la base industrial estadunidense, desplazado millones de empleos y debilitado su capacidad tecnológica. Washington ha concluido que la única vía para preservar su liderazgo global es una reindustrialización profunda que recupere capacidad productiva, autonomía tecnológica y ventaja estratégica.

Se trata de un proyecto de Estado que busca repatriar empleos manufactureros, reconstruir la base productiva y retomar el control de sectores claves como semiconductores, baterías, acero, farmacéuticos y defensa. Esta estrategia integral combina aranceles, subsidios masivos, compras públicas, regulaciones estrictas y presión política sobre socios y competidores. El objetivo es blindar industrias esenciales, reducir la dependencia de cadenas de suministro externas y reafirmar su poder económico como fundamento de su hegemonía política y militar.

En Washington saben que el liderazgo tecnológico no se sostiene sin una base industrial fuerte. La innovación surge de la capacidad productiva: en la ingeniería de productos, la mejora de procesos y la creación de materiales avanzados. Cuando la manufactura se debilita, también lo hace la capacidad de generar y retener conocimiento. Reindustrializarse no es capricho ni moda pasajera; es una necesidad estratégica. Pensar que, cuando se vaya Trump o otro presidente con discurso agresivo, todo volverá a la normalidad y México seguirá como antes, es desconocer que ésta es ya una política de Estado con amplio consenso en Washington y respaldo de los sectores industriales más influyentes.

En ese camino, los aranceles son un arma central. Gravámenes de 25 o 30 por ciento encarecen las importaciones y empujan a las empresas a instalarse en EU. México enfrenta las mismas barreras, y muchas filiales extranjeras que hoy producen aquí ya calculan que les conviene más trasladar su producción al norte de la frontera. A esto se suman programas como el CHIPS Act y el Inflation Reduction Act, que ofrecen subsidios y ventajas fiscales. Todo forma parte de una política de largo plazo para reindustrializar EU y privilegiar a socios que aporten tecnología, innovación y alto valor agregado, no sólo mano de obra barata.

México debe abandonar la idea de que EU trasladará a Norteamérica las manufacturas que hoy están en Asia y que, por cercanía, seremos beneficiarios automáticos. La verdadera estrategia es el reshoring: traer la producción de vuelta a su territorio e integrar sólo a socios que cuenten con recursos o capacidades tecnológicas que EU no pueda desarrollar solo. Creer que este ciclo industrial traerá una ola de inversiones hacia México es una ilusión que retrasa la formulación de una política industrial nacional.

El reshoring impone filtros estrictos: alto contenido nacional, estándares técnicos exigentes, certificaciones de seguridad y restricciones a la participación extranjera en contratos estratégicos. Incluso en sectores donde México tiene peso, el acceso a las cadenas de valor más rentables dependerá de cumplir estos requisitos. A esto se suma que nuestra imagen internacional está marcada por migración, inseguridad y pobreza, factores que no nos colocan en un lugar privilegiado. Estos males son el resultado de más de cuatro décadas de estancamiento económico, desindustrialización y descomposición social, producto de seguir los lineamientos de Washington. Ese atraso ahora sirve como justificación para que no seamos considerados en la nueva estrategia industrial estadunidense.

Pensar que esta estrategia fracasará es un error. La histéresis refuerza la tendencia: una vez que genere empleos bien remunerados, revitalice regiones industriales y reconstruya ecosistemas productivos, revertirla será costoso e inviable. Aunque su éxito no esté garantizado, es probable que se consolide como política de Estado aun bajo gobiernos demócratas. México debe asumir que funcionará y no estamos incluidos.

Si México no actúa, quedará confinado a tareas de ensamblaje y manufactura básica, compitiendo con países de salarios aún más bajos. La pérdida de inversiones estratégicas reducirá las oportunidades de empleo bien remunerado, acelerará la migración y ampliará la desigualdad interna. Este rezago llevará a un estancamiento económico prolongado y a una mayor descomposición social, alimentada por la pobreza, la inseguridad y la falta de perspectivas para millones de personas.

Mientras otros países se adaptan con rapidez –Canadá con incentivos para baterías y vehículos eléctricos; Corea del Sur y Japón con acuerdos estratégicos para asegurar presencia en semiconductores y materiales críticos; Alemania trasladando producción a EU para evitar aranceles, y Vietnam aprovechando la salida de manufacturas desde China–, México se mantiene inmóvil. No cuenta con una política industrial capaz de fortalecer su base productiva mediante el desarrollo de proveedores y empresarios nacionales, la movilización de capital propio, la creación de una banca de desarrollo eficaz, la sustitución de importaciones clave, la inversión en infraestructura y la formación técnica, y el acceso a financiamiento productivo de largo plazo. Sin estas acciones, la brecha con nuestros competidores se ampliará.

Escalar en la cadena de valor exige avanzar gradualmente, acumulando capacidades productivas, tecnológicas y humanas. Sin un tejido industrial diversificado, con empresas competitivas en calidad, costo e innovación, integrarse a los sectores estratégicos de la cuarta revolución industrial seguirá siendo retórico.

Para México, este viraje implica el agotamiento definitivo del modelo maquilador consolidado con el TLCAN y el T-MEC. La reindustrialización estadunidense redefine las reglas de la competencia y reorganiza las cadenas de valor en función de intereses que no nos incluyen. Si no actuamos ahora, no será el nearshoring lo que nos transforme, sino el reshoring el que nos desplace y nos condene a ser simples espectadores del nuevo orden industrial. La decisión es inmediata: romper con cuatro décadas de dependencia y construir una base productiva sólida o resignarnos a quedar al margen de la nueva era manufacturera. (José Romero, La Jornada, Opinión, p. 18)

Códice / ¿Vamos a defender al Mencho?

Desde hace meses el ejército de Estados Unidos, a través del Comando Norte, prepara con detalle operativos en territorio mexicano. Han ajustado la trayectoria de sus satélites, destructores con tecnología de última generación han tocado costas mexicanas, aviones espías surcan cielos nacionales, dicen que en particular sobre Sonora y Sinaloa. En el escritorio del general Gregory M. Guillot hay varias carpetas ejecutivas de las diferentes opciones.

El general Guillot, hasta donde entiendo, no ve a México como un enemigo, sino como una suerte de Estado fallido que no puede, o no quiere, terminar con el acoso permanente de las bandas del crimen organizado. Guillot sostiene pláticas periódicas con generales del Ejército mexicano a quienes conoce personalmente, incluso se dice que hay camaradería entre ellos. Para nadie es un secreto que la inmensa mayoría de los oficiales mexicanos han pasado largas temporadas en escuelas militares del vecino país, hablan inglés, han creado lazos de cooperación que siguen vigentes.

Lo anterior para establecer que nadie allá está pensando declararle a guerra a México, ni remotamente. Una operación a gran escala sería carísima. Un ejército de ocupación llevaría a la quiebra al gobierno de Estados Unidos en cuestión de días y además no serviría ni para detener la migración ni el tráfico de fentanilo. Se abriría, en cambio, una etapa larga de inestabilidad en América Latina porque llegarían a México milicias cubanas, venezolanas, brasileñas, chilenas, incluso. El Ejército de Estados Unidos no quiere eso. Quiere en su frontera sur un gobierno fuerte, eficaz y aliado.

Una cosa es el Pentágono, que es permanente, y otra diferente la Casa Blanca que da bandazos cada cuatro años. Donald Trump tampoco quiere invadir México, anhela golpes mediáticos que lo muestren ante su electorado como el presidente americano que va por los traficantes hasta su propia madriguera. Trump quiere salir en los noticieros de la noche mostrando la cabeza de uno o dos narcos mexicanos y sus cómplices en el gobierno.

Va por un golpe quirúrgico con potencial mediático y en esas anda. Puede ocurrir en cualquier momento. Hay que elegir el blanco y montar un operativo que permita que el grupo de fuerzas especiales tenga al lado un camarógrafo de Fox. Algo muy parecido a un montaje. No es sencillo porque muchos de los narcos principales viven en ciudades mezcladas con la población, no en cuarteles. Como he referido, un experto en trabajos de inteligencia me dijo alguna vez, en son de broma: si no quieres que se sepa, ni lo pienses. Lo dijo para mostrar la sofisticación de los artilugios de espionaje. Muchos de los jefes narcos que siguen operando, comenzando por el Mencho, seguro están en su radar desde hace años, pero ir por él a una comunidad como El Grullo, donde se la pasa bien el jefe del CJNG, puede resultar complicado.

Nosotros en México tenemos que responder la siguiente pregunta: ¿Qué haremos si el Pentágono realiza una acción militar unilateral en nuestro país? Digamos, por poner un ejemplo, que vayan a Culiacán y extraigan a Iván Archivaldo Guzmán. Lo más probable es que el gobierno se rasgue las vestiduras con el tema, siempre resbaladizo, de la soberanía nacional. ¿Vamos a arriesgar la vida de soldados para evitar que se lleven a ese matón?

Puedo apostar que el gobierno mexicano ha tenido docenas de oportunidades de liquidar o detener a Iván Archivaldo o al Mencho en la última década. No lo ha hecho por cálculo político, por interés económico o una combinación de ambos factores. Si acá no hicimos la chamba y alguien de fuera la hace, será vergonzoso, de acuerdo, pero que ningún mexicano arriesgue el pellejo por salvar criminales. (Juan Manuel Asaí, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 5)

Resistencia

América Latina es la región de las venas abiertas, tal y como escribió Eduardo Galeano, señalando con ello que, desde que fue descubierta hasta la actualidad, todo (tierra, frutos y riqueza mineral, habitantes y su capacidad de trabajo y de consumo, recursos naturales y humanos) se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, estadounidense.

Es así como el fantasma del intervencionismo vuelve a aparecer, justo ahora, cuando vivimos una de las etapas más intensas en la historia de las relaciones entre México y su vecino del norte, los Estados Unidos (EU), ya que Donald Trump firmó una orden que, presuntamente, autoriza al Pentágono a usar la fuerza militar contra cárteles de la droga en el extranjero, incluyendo nuestro país.

No causa extrañeza que algunas voces polkistas y neopolkistas, dentro y fuera de México, acogieran con beneplácito la medida, ignorando así la historia de injerencia que marcó a nuestra región. Pasan por alto lo que Noam Chomsky expresó respecto a que, por primera vez en 500 años, América Latina ha dado pasos significativos hacia la liberación del dominio imperial.

Tanto en nuestro país como en toda la región, hemos luchado por nuestra tierra, cultura y soberanía. Y en ese duro trayecto, liderazgos como el de Atahualpa, el último soberano del Tahuantinsuyo, emergen como ejemplo, porque en su caso no fue la falta de riqueza lo que lo condenó, sino su negativa a ceder su dignidad ante los conquistadores.

Recordemos que estamos hablando de una historia asimétrica, porque, en nuestro caso, se trata de la relación entre una de las potencias mundiales y una nación como México, que busca consolidarse como economía emergente sin perder su soberanía, independencia e identidad nacional.

Hoy, México vive un momento de definición. Eso significa que tenemos la obligación, como país y por una política exterior de Estado —mandatada por la Constitución—, de coordinarnos, no de subordinarnos; de cooperar, no de arrodillarnos; de colaborar en la solución de los problemas comunes, no de someternos a ningún dictado que implique sumisión, daño a la integridad o afrenta a la dignidad nacional.

Ante la andanada de declaraciones sobre una eventual intervención estadounidense en nuestro territorio, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza y claridad: no habrá injerencia extranjera; cooperaremos y colaboraremos, pero bajo la premisa de que nuestra soberanía no es negociable.

La relación bilateral se mueve en un delicado equilibrio, en el que tres temas acaparan la atención y la tensión: comercio, migración y tráfico de drogas. En lo comercial, existe un punto de acuerdo claro, a la espera de la próxima revisión del T-MEC. Asimismo, los flujos migratorios irregulares alcanzaron mínimos históricos desde la década de 1960.

Sin embargo, el tema del fentanilo sigue siendo la espina punzante de esta relación, permeando a la diplomacia y la política. Algunas voces, las que añoran los tiempos en que México era un apéndice de las potencias extranjeras, señalan que la postura de la mandataria es un portazo a la colaboración contra el crimen organizado.

Nada más lejos de la verdad: desde el inicio de la Cuarta Transformación, se ha combatido a los grupos criminales con una estrategia basada en la inteligencia, la coordinación y, sobre todo, la atención a las causas profundas.

Los resultados están a la vista: se han logrado avances significativos en el desmantelamiento de redes criminales y en la reducción de la violencia. Y en el tema del fentanilo tampoco debemos ignorar que la epidemia se originó en EU, alimentada por la ambición de las farmacéuticas.

La mera insinuación de una intervención militar en México lastima a millones de mexicanas, mexicanos y estadounidenses que nos respetan y aprecian. De concretarse, abriría una herida que la diplomacia, el comercio y la política de buena vecindad han intentado sanar por más de 180 años.

Lo más lamentable es que los polkos de antaño, que aplaudieron la invasión de 1846, tienen hoy a sus herederos en activo. Pero, al igual que sus predecesores, recibirán el desprecio popular que se ganan los traidores a la patria.

La postura de la Presidenta no rechaza el diálogo o la cooperación, pero abraza la soberanía, la dignidad y la autodeterminación. Es la convicción de que nuestros problemas se resuelven con nuestras propias leyes e instituciones.

La Jefa del Estado mexicano retoma los ideales que guiaron a Atahualpa y ha respondido con dignidad, con respeto y firmeza. Además, cuenta con el respaldo del pueblo y con la unidad de toda una nación.

A nuestros vecinos del norte podemos decirles que somos aliados en su lucha por recuperar la grandeza, prosperidad y seguridad de su país. A los opositores podemos decirles que les conviene más una nación íntegra y unida, que un llano en llamas. (Ricardo Monreal Ávila, El Universal, Opinión, p. A15)