La presidenta Claudia Sheinbaum llega a su primer informe bajo la sombra que proyecta Trump sobre su agenda de gobierno. Su mayor envite ha sido contener el viraje que implica la revuelta del republicano sobre la política interior del país y tratar de desactivar el revólver que empuña, como policía mundial, a cuenta de la soberanía. Su mayor órdago es no perder autonomía ante las políticas intervencionistas y la sujeción de la agenda a las exigencias de la Casa Blanca. No es casual que dedique uno de los promocionales de su informe a recordar a Trump sin nombrarlo— que México es una nación soberana, con el mantra “colaboración, coordinación, nunca subordinación”, que repite queriendo conjurar su amenaza. Un discurso del anaquel del patriotismo que poco influye en su interlocutor.
Tampoco es de extrañar que las tensiones soberanistas desaten enconados enfrentamientos en la Cámara alta una vez que la oposición del PRI y PAN secundan la presión externa para ganar presencia. La intromisión resquebraja consensos “intocables” ante la injerencia de afuera con la peligrosa idea de que la mayor traición a la soberanía es no combatir a los cárteles; como reclama EU con su amenaza de atacarlos como terroristas o exhibir la caída de El Mayo como el colapso del mito de que los grandes capos están fuera del alcance de su justicia. La declaración de culpabilidad de El Mayo y reconocer sobornos a policías, militares y políticos durante décadas hasta su captura en 2024 abre brecha a la acusación de pactos o complicidades con los cárteles. La petición opositora de apoyo a EU para enfrentarlos expresa el mismo cambio del significado de la palabra injerencismo, como ataque al crimen y el terrorismo con que EU justifica su intromisión en la seguridad o la migración.
La intención de manipular la realidad con el cambio de significado de las palabras es la llave de Trump para expandir su dominio, junto con el castigo arancelario. Cuando Sheinbaum habla de cooperación, su contraparte ofrece enviar militares al país; cuando dice coordinación, EU entiende autorización para operaciones en la frontera; y si rechaza la subordinación, Trump acusa de estar petrificada ante el crimen. No es sólo un desencuentro por falta de significados compartidos, sino una manera de dejar atrás viejas fronteras del concepto de soberanía para extender su dominio. Por ello, la mayor apuesta del primer año de Sheinbaum ha sido resistir el choque económico del neoproteccionismo externo, tanto como resistir el injerencismo en migración y seguridad. La amenaza de cerrar la frontera para capturar la agenda migratoria o el giro en la política de seguridad ante la amenaza intervencionista orillan a su gobierno a decidir hasta dónde está dispuesto a ceder y modificar el concepto de la política interior.
¿Qué implicaciones ha tendido la revolución trumpista para la agenda del primer año de Sheinbaum? ¿Hasta dónde trastoca las prioridades de su gobierno? ¿Qué virajes ha dado en seguridad, migración o economía un gobierno que se define de continuidad respecto al anterior? ¿Cuáles cartas decidirán la partida? Una de las mayores ironías de estas interrogantes es que la oposición ni siquiera se percata de que las presiones de Trump han sido un respaldo para el viraje del plan de seguridad de Sheinbaum contra las resistencias de intereses afectados dentro de su coalición. Pero es difícil de no ver cómo Trump exalta sus logros en migración, incluso jactándose de que México y Canadá hacen lo que él quiere en la frontera, sin necesitar ninguna nueva ley. Aunque su principal objetivo es el Plan de Seguridad de Sheinbaum para reducir a los cárteles, pero sin hacerse cargo de la violencia que genera el tráfico de armas y el consumo de drogas en EU. El cambio en la agenda anticrimen es notorio en la mayor orientación hacia la investigación e inteligencia para perseguir el crimen y atacar sus finanzas con una nueva Ley Antilavado, elevar decomisos de droga y entrega de medio centenar de los mayores capos para ser juzgados en tribunales estadunidenses.
Pero errar en la lectura es una expresión patente del estado de confusión por la disputa política interna y la presión externa sobre la agenda del gobierno. Cuando el arma desenfundada del interlocutor apunta a la acción del gobierno y la oposición aviva el fuego interno, el mayor reto es mantener el rumbo y el control de la agenda, aunque llegue al primer informe con aprobación superior a 70% en las encuestas. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 18)
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó una propuesta de regulación que busca poner fin al esquema de duración de estatus para estudiantes académicos (visa F), visitantes de intercambio (visa J) y representantes de medios extranjeros (visa I). En lugar de admitirlos sin una fecha de salida definida, como ocurre desde finales de los años setenta y ochenta, el DHS plantea establecer un periodo fijo de estancia de hasta cuatro años para F y J, y de 240 días para I, con la obligación de solicitar extensiones directamente a las autoridades migratorias si desean permanecer más tiempo en Estados Unidos. El gobierno argumenta que el crecimiento de más de 1.6 millones de ingresos anuales en visas F y medio millón en J dificulta el control, fomenta abusos como fraudes escolares y permanencias indefinidas, y pone en riesgo la seguridad nacional, como ya había advertido la Comisión del 11-S. Se estima que el cambio tendría un costo anualizado de hasta 392 millones de dólares para estudiantes, universidades y programas de intercambio, pero permitiría a oficiales migratorios revisar periódicamente el cumplimiento de cada caso. (El Sol de México, República, p. 2)
Después de meses de controversias, negociaciones y amenazas, el Congreso estadounidense finalmente adoptó la iniciativa fiscal conocida como Big Beautiful Bill. A muchos estadounidenses les preocupaba el predecible y notable incremento en el déficit y la deuda pública. A otros, los recortes en la seguridad social y los apoyos a la salud. Pero ahora comienzan a surgir voces alarmadas por el brutal incremento al presupuesto de la “migra” o ICE (Immigration and Customs Enforcement), que hacia 2029 recibirá 100 mil millones de dólares, diez veces su nivel actual y superior al PIB de más de 120 países.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el trabajo de ICE ha estado sujeto a severas y justificadas criticas, firme rechazo y constantes demandas judiciales. Agentes con los rostros cubiertos, sin uniforme ni identificación, han conducido redadas lo mismo en la vía pública que en santuarios. Han irrumpido en escuelas, iglesias, hospitales, casas particulares, centros de trabajo y comercios, en muchos casos sin causa previa, ejecutando arrestos a menudo bajo la sola sospecha de un tatuaje o la piel más obscura, separando familias y traumatizando a menores. Lejos de concentrarse en la frontera o en individuos peligrosos o con órdenes de arresto, las detenciones han incluido a trabajadores honestos, migrantes documentados, en proceso de regularización, casados con ciudadanos o con hijos estadounidenses e, incluso, residentes permanentes.
Con frecuencia, han sido ejecutadas con apoyo de fuerzas militares, diseñadas para aterrorizar ciudades enteras gobernadas por el Partido Demócrata. Comienzan a aparecer campos de concentración en los pantanos de Florida bajo el resguardo de lagartos. Miles han sido deportados a sus países de origen, pero muchos otros a centros de detención al otro lado del mundo, lejos del alcance de la justicia. Como resultado, hay temores fundados de que el crecimiento exponencial en el presupuesto de ICE exacerbe los abusos. México debería prepararse para hacer frente a tiempos todavía más difíciles y dramáticos para los paisanos en EU.
Más allá de solidaridad con los migrantes y sus familias, en EU hay otro tipo de recelos de cara al inminente empoderamiento de ICE, particularmente ante la pulsión autoritaria que muestra el injustificado despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Angeles y ahora en Washington. Con un incremento de 11 mil elementos adicionales (para llegar a 20 mil), la “migra” se convertirá en la fuerza policiaca más grande en el país, por encima del FBI, la DEA y cualquier policía estatal o local.
La incorporación de tantos individuos en tan poco tiempo ha obligado a reducir los estándares de admisión, lo que probablemente generará un cuerpo todavía menos profesional. Inevitablemente atraerá a sujetos con pocos escrúpulos, tendencias racistas y gusto por la violencia y el caos. Se teme que, por tanto, se convierta no solo la fuerza policiaca más grande sino, a diferencia de otras con décadas de servicio y procedimientos, la más leal a sus patrones políticos y más susceptible a acatar órdenes por encima de la ley y de las instituciones.
Un ejército incondicional a Trump, como el que hubiera deseado tener a su disposición en 2020 para impedir la transferencia pacífica del poder. Como las guardias pretorianas, los Tonton Macoute de Papa Doc o los servicios de seguridad cubanos en Venezuela. (Jorge Lomonaco, El Universal, Opinión, A19)
Me sorprenden quienes creen que Donald Trump salvará a México de la creciente amenaza de organizaciones criminales. Esa esperanza carece de fundamento. Asume que a él le preocupa nuestra estabilidad. Lejos de eso, ser vecino de un país inseguro y peligroso le puede resultar útil para justificar su narrativa autoritaria y excesiva, para acelerar la militarización de tareas migratorias y de policías locales. Pero, además, ese anhelo ignora sus prioridades y forma de operar.
Trump está lejos de ser el gran estratega que presume ser. Sus tácticas son básicas y persiguen fines elementales. Busca consolidar su poder personal y garantizar la lealtad tanto de instituciones como de individuos. Quiere ser el gran transgresor del establishment político (algo así como “la mafia del poder”), rodeándose de personajes inexpertos, pero leales. Busca capitalizar los fracasos -reales o imaginarios- de élites que siempre lo marginaron. De ahí su odio a las mejores universidades, a científicos y a expertos.
Busca rehacer el Poder Judicial y revertir regulaciones ambientales, financieras y migratorias. En materia cultural, quiere congraciarse con electores blancos, rurales y evangélicos, aprovechando el fuerte rechazo a las políticas woke impulsadas por los demócratas para consolidarse en el poder. Éstos insisten en ayudarle, por ejemplo, impulsando perfiles que son epítome del woke, como el de Mamdani en Nueva York.
Promueve una política económica proteccionista y reduce la presencia de EU en organismos multilaterales. Y, sobre todo, quiere saldar cuentas pendientes con quienes lo agraviaron. Además, desea que su familia sea una de las más ricas del país al final de su mandato, para lo cual apuntalará la presencia de su marca por generaciones.
México no entra entre sus planes, no es más que el vecino volátil que exporta fentanilo y gente de tez morena que atenta contra los privilegios de su base de raza blanca. Todo lo que hace se enfoca en avanzar los temas anteriores. Un ejemplo es su decisión de militarizar la seguridad pública en Washington D.C. El crimen en esa ciudad siempre ha sido problemático, sin embargo, lleva años a la baja. ¿Por qué entonces imponer una especie de ley marcial en la capital? El Distrito de Columbia está bajo la esfera federal, lo que le da facultades legales para hacerlo. En 2020, 92% de sus habitantes votaron por Biden. Es una ciudad muy visitada por turistas, nacionales y extranjeros, por lo que el impacto mediático es mucho mayor al que tendría en otras ciudades. El objetivo es ese. Trump trajo a miles de elementos de la Guardia Nacional de estados como West Virginia y Carolina del Sur, personal sin entrenamiento para tareas policiacas (¿suena conocido?) y las desplegó en las zonas con más visibilidad turística. Ahí no es donde impera la violencia, pero donde la hay no habría cobertura de medios. Su prioridad no es reducir el crimen, es maximizar cobertura de prensa.
Ahora plantea replicar la estrategia en otras ciudades. Las ciudades con mayor violencia criminal son Memphis, San Luis, Detroit, Baltimore, Birmingham, Kansas, Cleveland y Little Rock, excepto Michigan y Maryland, todas en estados muy republicanos. Pero él propone intervenir en Nueva York (estadísticamente la ciudad “grande” más segura en EU después de San Diego), Chicago y Los Ángeles, ciudades en estados demócratas, y con alcaldes de raza negra. La tasa de homicidios per cápita en Luisiana es cuatro veces la de California. Además de titulares, Trump busca debilitar a gobernadores demócratas, potenciales candidatos presidenciales y de paso que nos acostumbremos a ver militares en las calles, por si se ofrece en caso de otra disputa electoral, por ejemplo.
Entendámoslo, por mucho no somos su prioridad. Estaría dispuesto a atacar un laboratorio de fentanilo, por ejemplo, si en algún momento le conviene como distractor, y eso en nada resolvería nuestro problema. El combate real a organizaciones criminales dependerá de nosotros y sí, debemos buscar cómo alinear nuestros objetivos a los suyos, pero depender de su ayuda es quimérico. (Jorge Suárez, Reforma, Opinión, p. 11)