La declaración como persona non grata, aprobada el martes en comisiones del Congreso de Perú, fue minimizada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que esto “no tiene importancia”.
El martes, la Comisión de Relaciones Exteriores del legislativo peruano avaló una moción con la que se busca asignar tal declaración a la mandataria mexicana, lo cual aún habrá de ser ratificado por la representación plenaria en el Congreso. El argumento es el rechazo a las declaraciones de Sheinbaum que considera a Pedro Castillo el presidente legítimo del país y que enfrentó un golpe de Estado. (Yulia Bonilla, La razón, México, p.12)
La Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se establecen las normas para el análisis del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 69 de la Constitución Política y numeral 4 del artículo 7.o de la Ley Orgánica del Congreso General.
En el documento se expone que la política interior y la política exterior se analizarán este miércoles 10 de septiembre, y la política económica y la política social, el miércoles 17 de septiembre. (Claudia Arellano, La Razón, México, p.4)
Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, el Poder Ejecutivo planteó al Congreso asignar prácticamente la misma cantidad de recursos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para sus actividades en el próximo año, pero dejó fuera la partida precautoria que había planteado el órgano para una posible consulta popular.
En el documento presentado el lunes a la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico para el año entrante, se proponen recursos por 22 mil 837 millones 221 mil 581 pesos para el instituto, cantidad que ya incluye los más de 7 mil 737 millones que se destinarán como prerrogativas a los partidos políticos. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.4)
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2026, el Anexo 30, que incluye recursos para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción registrará un aumento de 15.4% en términos reales con respecto al 2025, ya que contempla 9,599 millones de pesos, 1,278 millones más frente a los 8,320 millones ejercidos este 2025.
Una novedad del proyecto entregado a la Cámara de Diputados, el pasado 8 de septiembre, es que 16 secretarías y organismos recibirán recursos en esta materia cuando en 2025 no tuvieron asignación. (Arturo Rojas, El Economista, Política, p.40)
El Poder Legislativo federal tendría 4.6% menos presupuesto, en términos reales, en 2026 en comparación con este 2025.
Para el siguiente año, la Cámara de Senadores solicitó un gasto por 5,103 millones 817,038 pesos, monto que si bien es igual al aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal en curso si se considera una deflación de 4.8% suma 5,348 millones 800,256 pesos; es decir, el presupuesto solicitado para ejercer el próximo año es 4.6% menor al autorizado para 2025.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, remitido por el Ejecutivo federal a la Cámara baja para su discusión y aprobación, el gasto total solicitado se integra por 5,092 millones 861,538 pesos para cubrir “gasto corriente” y 10 millones 955,500 pesos para “gasto de inversión”. (Rolando Ramos y Maritza Pérez, El Economista, Política, p.41)
Con el fin de que no haya pensiones millonarias en Pemex y CFE, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una reforma constitucional durante el presente periodo extraordinario de sesiones que concluye el 15 de diciembre próximo.
“Va a haber una iniciativa de reforma constitucional, porque se están analizando todos los derechos laborales, digamos, para no afectar ningún derecho para ellos, solamente con una reforma constitucional, que ponga un límite a este abuso. (Redacción El Economista, Política, p42.)
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 plantea un recorte al gasto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que pasará de 73,802 millones 438,043 pesos aprobados en 2025 a 60,110 millones 883,499 pesos en 2026.
De acuerdo con el documento, lo anterior representaría una disminución de 18.6% en términos reales, equivalente a 13,691 millones 554,544 de pesos menos. (Redacción El Economista, Política, p.43)
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 contempla un gasto conjunto de 296 mil 790 millones de pesos para las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En términos comparativos frente al 2025, los datos muestran un incremento en el presupuesto militar, estabilidad en la Marina y una reducción en la SSPC.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2026, el gasto total de los ramos administrativos asciende a 2.45 billones de pesos, un crecimiento real de 9.5 por ciento respecto al 2025. Dentro de esa bolsa, la Defensa concentra 6.9 por ciento, Marina 2.7 y la SSPC, 2.5 por ciento. (Ulises Soriano, La Razón, México, p.3)
El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, aseguró que no habrá tolerancia alguna en torno a las investigaciones sobre la red de contrabando de combustible recién dada a conocer y en la que elementos de esta institución fueron encontrados como responsables.
En conferencia de prensa, el almirante subrayó que dentro de la Marina se cuentan con diversos controles, cuyo fin, aseguró, es evitar que las prácticas corruptas se anclen. (Yulia Bonilla Tania Gómez, La Razón, México, p.6)
México pidió a Estados Unidos la extradición de dos vinculados a la desaparición de 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer esto, pero se abstuvo de precisar los nombres, por cuidado al proceso que se seguirá.
Por otra parte, las familias de los normalistas han exigido a la Federación la extradición de dos funcionarios señalados en el caso. El primero es Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, y quien huyó a Israel. El segundo implicado sobre el que se exige su vuelta al país es el juez José Ulises Bernabé, quien cuenta con asilo político en Estados Unidos. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.10)
El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez interpuso un recurso de revisión contra el fallo de una jueza federal, quien anuló el juicio de amparo que promovió para que autoridades del Centro Federal de Reinserción Social Número 1 Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, estado de México, le brindaran atención médica pese a que en abril fue trasladado a un penal federal de Coahuila.
En su demanda, Abarca, a quien autoridades lo relacionan con el cártel Guerreros Unidos y con la desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reclamó la omisión de las autoridades responsables de proporcionar atención médica especializada en gastroenterología, cirugía vascular, nefrología, nutrición, siquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna y traumatología. (César Arellano, La Jornada, Política, p.10)
Por unanimidad, el pleno del Senado nombró ayer a los 13 representantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de entre 40 aspirantes que participaron en el proceso de selección y cuyos perfiles fueron sometidos a una consulta pública.
De los designados, cinco de ellos son familiares de desaparecidos. Se trata de Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados y José Andrés Méndez Ñeco, quienes han dedicado los últimos 20 años a buscar a sus hijos, y Diana Gutiérrez Cerqueda a su mamá. Han conformado colectivos con otras personas afectadas también por la desaparición forzada de algún ser querido. (Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Néstor Jiménez y Jared Laureles, La Jornada, Política, p.10)
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la basificación de 14 mil trabajadores de Nómina 8, como parte de las acciones para hacer justicia en material laboral en favor de los empleados de la administración local.
Desde el Zócalo, la mandataria capitalina explicó que los empleados, ya cuentan con su base desde el 1 de septiembre ya cuentan con su base y desde el 15 de septiembre cobrarán bajo el nuevo esquema laboral, el cual incluye prestaciones de ley. (Redacción, La Razón, Ciudad, p.18)