Casi el mundo entero a sus pies… ¡Qué horror! (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
LA FORMA EN LA QUE Mauricio Fernández enfrentó la muerte refleja muy bien de qué estaba hecho. Fue empresario, político de raíces panistas, pero con amistades de todos los colores, cuatro veces alcalde de San Pedro, senador, modernizador del panorama urbano, blindó a su municipio en la crisis más dura del narcotráfico, coleccionista de arte, descubridor de fósiles de especies únicas que se dieron en el noreste del país y promotor de museos en beneficio de la comunidad, entre muchas otras facetas.
AYER ABUNDARON las palabras tratando de describirlo: excepcional, visionario, disruptivo, singular, extraordinario, soñador, constructor, admirable, genial, polémico… “larger than life”, dirían en inglés.
COMO POLÍTICO destacó por su apertura y originalidad. Hijo de un fundador del panismo, supo adaptarse a las distintas circunstancias políticas y fue pionero de cambios democráticos en el país.
A PESAR de una lucha tenaz por cerrar con broche de oro su ciclo como alcalde de San Pedro, Mauricio no pudo completar su objetivo de regresar el 30 de septiembre a dar su primer informe de esta nueva etapa al frente del ayuntamiento. Descanse en paz el “Tío Mau”.
LA REFORMA a la Ley de Amparo está causando controversia inclusive dentro de las filas de la 4T. Tan es así, que no terminan de ponerse de acuerdo sobre cuál será el proceso legislativo para aprobarla.
EL COORDINADOR de los senadores, Adán Augusto López, ha sido enfático en que se tramitará vía fast track. Inclusive, confió en que la próxima semana quede planchada y almidonada.
SIN EMBARGO, un grupo de legisladores de Morena asegura que la cosa es más calmada. Que, tal y como lo han pedido juristas, habrá parlamento abierto para escuchar opiniones.
AUNQUE no hay un comunicado público al respecto, la instrucción de que sí se haga un parlamento abierto viene directamente desde Palacio Nacional.
Y VAYA QUE hace falta que hablen los expertos, pues todo indica que se busca con esta reforma quitarles armas legales a los ciudadanos para defenderse de los posibles abusos del Estado.
BUEN ESPALDARAZO le dio el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, a Claudia Sheinbaum. El enviado de Donald Trump dijo que la Presidenta le ha dado un giro a la lucha contra el narcotráfico, comprometiéndose realmente en ese objetivo.
LUEGO DE ESTOS ocho meses de intenso golpeteo desde Washington, resulta refrescante que el representante norteamericano reconozca los esfuerzos de nuestro país.
LO ÚNICO MALO para los morenistas es que ese apapacho venía con raspón incluido, pues de acuerdo con Johnson la labor de Sheinbaum es muy destacada… sobre todo al compararla con la complacencia de su antecesor (AMLO) con el crimen organizado. ¡Ups, ay, híjole! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
MC no hará alianzas con el PAN
Aunque muchos en Morena. en Palacio Nacional. están convencidos de que se cocina una alianza MC-PAN, en el partido naranja nos aseguran que estas afirmaciones van en sentido contrario. Nos señalan que Movimiento Ciudadano tiene muy claro que mantendrá su estrategia de competir solo en las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas. Nos comentan que para MC estos comentarios les hacen percibir que el oficialismo está nervioso por el crecimiento que el partido ha tenido en los últimos procesos electorales, pero que, por ahora, no piensan en ninguna alianza.
Van por un millón de pesos en colecta para Manuel Espino
Nos platican que durante la reunión plenaria que tuvo este martes el grupo parlamentario de Morena, el coordinador Ricardo Monreal, armó la coperacha para ayudar al diputado Manuel Espino, quien sufrió un derrame cerebral y permanece hospitalizado. La cooperación propuesta es de “mínimo 5 mil pesos”, aunque se aclaró que es voluntaria para cada uno de los 253 congresistas del partido oficial. Si todos aportaran, se podría juntar un poco más de millón 200 mil pesos. Nos platican que Espino fue ingresado de emergencia en el hospital Médica Sur, y debido a que su condición es crítica y lleva varios días en terapia intensiva, no puede ser trasladado a un hospital público, y la deuda ya supera los 4 millones de pesos. Nos recuerdan que los legisladores ya no cuentan con seguro de gastos médicos. La bancada, nos dicen, pretende que el monto recaudado alcance, al menos, un millón de pesos.
Malas noticias para Hugo López-Gatell: regresan los golpistas
El gobierno federal, nos comentan, volteará a ver a los niños con cáncer. Nos cuentan que después de que el exsubsecretario de Salud, el tristemente célebre Hugo López-Gatell, incluso acusó a sus padres de promover un movimiento golpista con sus denuncias por el desabasto de medicamentos, ahora se creó un registro nacional de cáncer infantil. Nos dicen que el sector Salud busca tener este registro para asegurarse de que todas las personas sean atendidas en forma adecuada. A esto, nos detallan, se suma el orden que está tratando de poner la presidenta Claudia Sheinbaum en la compra de medicamentos, incluidos los oncológicos para los niños y las niñas. Nos hacen ver que el doctor López-Gatell va a pasar un mal momento cuando se entere de esto, donde quiera que esté desempeñando su cargo de representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, pues el actual gobierno está dando buen trato a los golpistas.
¿Lavará tribunal la cara a los candidatos del acordeón?
Nos comentan que después de dos semanas de posponerlo, el Tribunal Electoral está listo, por fin, para analizar este miércoles las impugnaciones contra las multas a ganadores de la elección judicial que salieron en acordeones. Aunque las sanciones fueron mínimas comparadas con otros procesos electorales, ministros y magistrados se inconformaron para no pagar esta cantidad y no dejar esta mancha en su historial ¿La Sala Superior les lavará la cara? (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
1 Nuevos tiempos. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, inauguró la ronda de comparecencias en San Lázaro con resultados que marcan el sello de la gestión de Claudia Sheinbaum, no hay represión, no hay perseguidos políticos ni margen para la impunidad. Las cifras indican una baja de 20% en delitos de alto impacto y de 34% en feminicidios, además de 22 homicidios menos cada día, en comparación con 2024. Conciliación, acuerdos y estabilidad política. Los diputados, críticos o aliados, saben que con Rosa Icela en la Segob los derechos humanos van al centro, y hay mano firme contra la violencia. Como debe ser.
2 Foco rojo. El atentado contra Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del Delito en Tulancingo, confirma lo que muchos en Hidalgo ya sabían, que la violencia dejó de ser estadística para golpear directamente a los responsables de la seguridad pública. Dos hombres en motocicleta lo atacaron a plena luz del día y, aunque sobrevivió, ¿nadie está a salvo? El gobernador Julio Menchaca reconoce la vulnerabilidad de municipios como Tulancingo y Tula, atrapados por el huachicol y la delincuencia organizada. Sin embargo, la percepción de inseguridad sigue disparada. ¿De qué sirve estar en el Índice de Paz si ésta no se siente en las calles?
3 Extrañezas. Contra la alcaldesa de León, Ale Gutiérrez, se ha gestado una embestida que luce más como campaña de desprestigio que como crítica legítima. Su liderazgo local y el respaldo social que ha ganado parecen ser demasiado para ciertos grupos que, desde la penumbra, intentan erosionar su imagen. La interrogante es inevitable, ¿a quién le estorba su fortaleza política? Resultaría suicida que fueran los mismos panistas. ¿Será que el PAN, liderado por Jorge Romero, ya cede, sin resistencia, sus territorios históricos a Morena? Si es así, ¿a quiénes y a cambio de qué?
4 Pierde Adán. Otra grieta en la coraza del coordinador morenista en el Senado: aunque Adán Augusto López aseguró que no habría parlamento abierto para discutir la reforma a la Ley de Amparo, sus propios compañeros lo desmintieron, ya que sí habrá un conversatorio con expertos, confirmó Ignacio Mier, vicecoordinador del grupo. La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, también avaló el diálogo. A la par, Mier salió al rescate de Adán al defender la pulcritud en el manejo de los 338 mdp de la bancada y acusar al PAN de montar estrategia al pedir su desafuero. Dirán misa, pero, en los hechos, Adán pierde control.
5 Dolorosos silencios. El Senado guardó un minuto de silencio por Julieta Fierro, la astrónoma que acercó la ciencia a generaciones; también por Mauricio Fernández, exedil panista; Paloma Nicol, víctima de una cirugía estética; Carlos Gurrola, Papayita, muerto tras una broma cruel, y Jesús, el joven asesinado en el CCH Sur. Los diputados rindieron homenaje con aplausos a Fierro, cuya trayectoria fue reconocida por todas las bancadas. Entre voces de Kenia López, Margarita Zavala y Olga Sánchez Cordero, quedó claro que la divulgadora trascendió. Pocas veces un homenaje es tan doloroso. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 11)
Que el homicidio de un estudiante en el CCH Sur detonó las alertas más allá de la propia Universidad y generó consternación por ser un hecho insólito en su desenlace, pese a diferentes episodios de violencia en varios centros educativos en años recientes, pero también por la preocupación en un tema que suele dejarse de lado, el de la salud mental, por lo que ayer mismo la Facultad de Psicología de la UNAM y el rector Leonardo Lomelí convocaron a la comunidad a acercarse con los especialistas para pedir ayuda cuando sea necesario.
Que ya veremos si ahora sí, después de dos semanas consecutivas posponiéndolo, hoy el Tribunal Electoral, que encabeza Mónica Soto, resuelve ya las multas contra jueces, magistrados y ministros que ganaron vía acordeón, beneficiándose de propaganda prohibida. Por ahora, el panorama pinta para que, por mayoría de cuatro contra uno, se revoquen las sanciones del INE que hasta descuento tenían, y todo con el mismo argumento de la exigencia nivel misión imposible: que primero se tiene que probar quién los pagó. O sea, hay que dar por muerto el tema.
Que después de la tragedia de la pipa que explotó en Iztapalapa, en el gobierno federal trabajan con celeridad para generar una nueva normatividad para el tránsito seguro de autotransportes de gas LP por vialidades urbanas, para lo cual ayer la presidenta Claudia Sheinbaum tenía previsto reunirse en Palacio Nacional por la tarde-noche —aunque no se les vio llegar— con autoridades del sector energético, encabezadas por la secretaria de Energía, Luz Elena González.
Que el pleno de la Cámara de Diputados designó anoche a Óscar Daniel del Río como titular del Órgano Interno de Control de la FGR con 407 votos a favor, 15 en contra y una abstención, pero no dejó de llamar la atención que los legisladores opuestos al nombramiento fueron principalmente morenistas de Veracruz, identificados con el ex gobernador Cuitláhuac García, que en su momento y de la mano del Poder Judicial del estado le fabricó acusaciones de homicidio y encarceló a José Manuel del Río, padre del ahora nuevo contralor del MP federal. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Reitera cero impunidad
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, salió bien librada de la comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Al abrir la glosa del Primer Informe de la presidenta Sheinbaum, la encargada de la política interna recibió algunos cuestionamientos, a los que respondió con argumentos y datos. Le entró a todos los temas que le plantearon y dejó en claro que “habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”.
Doble comparecencia
Hablando de comparecencias, este miércoles toca el turno del secretario de Hacienda, Édgar Amador. A él le toca doble, pues ante el Pleno explicará la política económica del primer año de gestión de la presidenta Sheinbaum; y en comisiones abordará el Paquete Económico 2026, que debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.
Apuesta fuerte, en la FITUR 2026
México pisa fuerte en la FITUR 2026: Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, y Altagracia Gómez presentaron la apuesta para proyectar al país en España y Europa, bajo la estrategia de la presidenta Sheinbaum, y con el respaldo del canciller Juan Ramón de la Fuente. En Madrid, el embajador Quirino Ordaz fortalecee esta agenda.
Nuevas reglas, para gaseras
Prepara la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González, nuevas reglas para el transporte de gas LP, con los que busca evitar más tragedias como la del Puente La Concordia, en Iztapalapa, que hasta ayer había dejado 29 muertos. La próxima semana, en la conferencia mañanera, se presentará la normatividad que se aplicará.
Le salta Nahle a los Monreal
Se destapó como aspirante al gobierno de Zacatecas Arturo Nahle, ex magistrado local y hermano de la mandataria de Veracruz, Rocío Nahle. “Me voy a involucrar en la actividad política y por supuesto con miras al proceso electoral del 2027”, dijo. También suena el diputado de Morena Ulises Mejía, y ya tomaron nota, los hermanos Monreal.
Arranca la Ruta ONU 2026
Se va a poner bueno el relevo de António Guterres en la Secretaría General de la ONU, a finales de 2026. Ayer, el presidente de Chile, Gabriel Boric, candidateó a la ex presidenta Michelle Bachelet. Tiene enfrente a la mexicana Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, quien trae apoyo de varios países de América Latina y el Caribe.
Protocolos, a revisión
La UNAM revisará los protocolos de seguridad del CCH Sur, luego del ataque de un alumno que provocó la muerte de uno de sus compañeros y heridas a un trabajador. Para ello, el rector Leonardo Lomelí instruyó a que sesione la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
¿Nada contra Hilda Brown?
La UIF le congeló sus cuentas bancarias, a petición del Departamento de Estado de EU, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, pero en San Lázaro consideran que no hay nada para pensar que la diputada morenista Hilda Brown haya cometido algún delito. No hay nada en la Fiscalía, no hay sanciones administrativas, nada para proceder a un eventual desafuero. “Normalmente se tiene que tener pruebas y las solicita el órgano de persecución de delitos. Hay que esperar que la fiscalía, con pruebas que tenga, lo solicite”, insistió ayer el jefe del guinda en el Palacio Legislativo, Ricardo Monreal.
Ministro presidente recorta a su personal
Tras darse a conocer que la presidencia de SCJN tiene un número tan alto de asesores que no tenía ni Norma Piña, el ministro Hugo Aguilar Ortiz salió al paso y, para frenar la ola de críticas, anunció que reducirá casi a la mitad la lista de sus colaboradores. A partir del 1 de octubre, 40% de la plantilla de colaboradores, que es de 102 –no de 75 como se había publicado–, ya no estará con él. Los empleados no serán corridos, sino que serán reubicados en otras áreas. Eso sí, advirtió que su presidencia no es igual a las de antes, pues ahora se busca garantizar una justicia real, transparente y cercana a la ciudadanía.
Freno a reforma de aranceles
Contrario al dictamen exprés de la reforma aduanera, la iniciativa de aranceles de la presidenta Sheinbaum se pospuso y su dictamen será hasta finales de octubre. Aunque llegaron juntas, en el Palacio Legislativo afirman que la propuesta está siendo “revisada con lupa”, porque “no ha sido sencillo asimilar una imposición de aranceles de 10, 35 y hasta 50% a la importación de industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio… provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales”. Dictaminará la Comisión de Economía, que preside el PAN.
Rita Bell acudirá a foros para reforma electoral
Rita Bell López Vences, consejera del INE y cercana a su presidenta, Guadalupe Taddei, participará en la cuarta audiencia que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral celebrará en Puebla. La consejera, que se ha caracterizado por frenar sanciones a López Obrador en la pasada elección presidencial, será la primera integrante que exponga ante la comisión sus propuestas para el sistema electoral mexicano, por lo que hay expectativa sobre si defenderá al INE o adoptará una postura más cercana al régimen.
Las ‘cruzadas’ de Alito
Alejandro Moreno, líder del PRI, va contra todo morenista que se le ponga enfrente. Ayer, aparte de apodar a varios morenistas como el “cártel de Macuspana”, anunció que hará campaña contra Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidencia. Acusó que ha generado campaña para impulsar el “odio” entre los mexicanos y presiona para que haya “cercos informativos y se saque la propaganda del régimen. Le vamos a hacer la campaña más importante, con su foto, para que lo conozcan, y cuando lo vean en la calle, lo enfrenten”, advirtió. Al menos, no convocó a que sea con “chingadazos”, como cuando amagó a Fernández Noroña.
¿Soberanía energética?
Con la novedad de que la presidenta Sheinbaum ayer celebró que la refinería ‘Olmeca’ en Dos Bocas, la cual denominó como una “obra emblemática” de su mentor político, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo tercer lugar en el Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos 2025 de la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos (IPMA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la mandataria, esta “construcción extraordinaria”, ubicada en Paraíso, Tabasco, promueve la soberanía energética del país. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 29)
¿Durazo no supo nada?
A ver, a ver… de acuerdo con los informes difundidos por Guacamaya Leaks, que autoridades dieron por verídicos, el grupo La Barredora fue creado en 2020, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal era Alfonso Durazo. El asunto rebasaba el ámbito de Tabasco, pues se trataba de un grupo de delincuencia organizada. Si Durazo, nos dicen, estuvo enterado de que el responsable de la seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, lideraba el nuevo grupo delictivo, y no hizo nada, sería grave. Y si no lo supo también sería grave, porque entonces querría decir que las áreas de inteligencia del país no confiaban en él. Cuando Bermúdez Requena fue nombrado al frente de la SSP de Tabasco, el 11 de diciembre de 2019, ya se conocían algunos antecedentes respecto a su comportamiento poco honesto. Pero Durazo, quien ya tenía a su cargo la seguridad a nivel nacional, tampoco se enteró o hizo como que no supo. Uf.
“Sin importar nivel jerárquico”
Contundente, nos dicen, la advertencia que hizo ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el sentido de que “habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”. Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, la funcionaria aseguró que la comisión de delitos y los actos de corrupción de unos cuantos “no detendrán el avance del proyecto que impulsa la mayoría”. En lugar de asumir una postura protagónica, reconoció el trabajo de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de Defensa, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, gracias al cual, dijo, se han reducido los homicidios 25 por ciento en 11 meses consecutivos. Sin perder la calma, la titular de Segob enfrentó los cuestionamientos de la oposición, al rechazar cualquier campaña de linchamiento o acusaciones sin sustento contra AMLO y los calificativos que buscan dañar la vida pública. Para el registro.
Pugna por cascarón amarillo
Nos adelantan que en breve se definirá quiénes son legalmente los dirigentes del PRD en la Ciudad de México, un muy disminuido instituto político cuyo control se disputan dos grupos, uno encabezado por Jesús Zambrano y otro por la diputada local Nora Arias. Tras perder el registro a nivel nacional, el sol azteca quedó fragmentado en 13 partidos locales, en igual número de entidades federativas. Pero sólo en la capital se mantiene la pugna por lo que quedó del partido que, aunque es sólo prácticamente el cascarón de lo que en otros tiempos fue, representa poder político, captación de recursos vía prerrogativas y la posesión y usufructo de varios inmuebles. A este pleito no es ajeno el diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo quien, pese a pertenecer ya a otro partido, opera para que el grupo de Zambrano le quite al de Arias los restos del PRD capitalino. El asunto es relevante, pues ya se acerca un nuevo proceso electoral. Pendientes.
Nadie defendió a Andy
Llama la atención el hecho de que ningún diputado de Morena saliera ayer a defender a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en especial a Andrés Manuel López Beltrán. En la tribuna de San Lázaro, el panista Marcelo Torres se fue con todo contra los hijos de López Obrador, durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El más atacado fue Andy quien, según el legislador blanquiazul, está mencionado “hasta en cuatro ocasiones” en la causa penal 325 de la FGR como parte de una red de huachicol. Se esperaba que el primer morenista en tomar la palabra después de Torres se lanzara con todo en defensa de Andrés Manuel junior, al menos por ser el secretario de Organización de Morena, pero eso no ocurrió. Hay quienes creen que ese desdén de los diputados de la 4T demuestra que el liderazgo moral no es necesariamente hereditario o, dicho de otra forma, no es lo mismo el padre que el hijo. Ahí el dato.
Atacan bares en Veracruz
Lamentablemente, la ola de violencia que azota al norte de Veracruz dista mucho de estar superada. Muestra de ello son los ataques armados a tres bares en menos de dos días, que dejaron un saldo de cuatro personas muertas y cuatro lesionadas. En el primer caso, el lunes por la noche sicarios realizaron decenas de disparos en el antro Maryboo, en el municipio de Álamo Temapache, el mismo en donde en julio pasado fue secuestrada la maestra Irma Cruz Hernández. En el lugar perdió la vida un trabajador de transporte público estatal y tres personas, entre ellas el DJ y el dueño del establecimiento, resultaron heridas. El mismo día, un comando atacó el bar La Brocheta, en Poza Rica, lo que dejó dos muertos y un herido. Y ayer en la madrugada, dos hombres armados llegaron al bar Copa de Oro, en el municipio de Cerro Azul, y acribillaron a una mujer. Muchos critican el silencio de la gobernadora, Rocío Nahle, ante estas agresiones que causaron zozobra. Uf.
Belaunzarán entra al debate
Nos cuentan que a más de uno sorprendió la presencia del vocero del Frente Cívico Nacional, Fernando Belaunzarán, en las audiencias sobre la reforma electoral que se llevan a cabo en la Secretaría de Gobernación. Belaunzarán fue una de las pocas figuras del PRD que no aceptó dejar este partido para irse a las filas de Morena durante la diáspora de 2017-2018 y ha mantenido una postura crítica hacia los gobiernos de la 4T. Ayer, entre legisladores de Morena, juzgadores electos en las urnas y muchos simpatizantes del guinda, se le abrió el micrófono al experredista, quien consideró que reducir el financiamiento a los partidos políticos no sólo haría aún más desigual la competencia, sino que agravaría el gran problema del empoderamiento al crimen organizado. Puso énfasis en que, si hubiera la intención de construir una reforma de consenso, habría una mesa de negociación con pluralidad, “no un ejercicio de micromonólogos para desahogarse”. Qué tal. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
La Corte se reorganiza
El presidente de la nueva Corte, Hugo Aguilar, se arrepintió de recortar el 40% de los empleados asignados a su oficina, pues tras comunicar la reducción por los canales oficiales, salió a explicar que se trataba de una redistribución de personal al interior de la SCJN. Nos cuentan que, tras el anuncio, a decenas de empleados del Alto Tribunal les regresó la tranquilidad. ¿Será?
Balanza inclinada
Por cierto, en sus últimas sesiones, la nueva Suprema Corte ha resuelto casos a favor de autoridades federales, en uno de estos, salvó a la Sedatu de pagar una indemnización superior a los 63 millones de pesos, lo que ha levantado suspicacias sobre cuál será la línea de los ministros electos por voto popular respecto a casos de ciudadanos contra actos de autoridad… Los más pesimistas se preguntan ¿Acaso llegó la Corte para fallar a favor de las instituciones? ¿Será?
Disculpa pública
Si no cambian los planes, el próximo 26 de septiembre Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, ofrecerá una disculpa pública por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que causó la muerte de 40 migrantes en marzo de 2023. A 30 meses de la tragedia, el Estado obligará al exfuncionario a reconocer su responsabilidad como parte del proceso que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público… El acto de disculpa está programado en Ciudad de México, y no en Juárez, quizá porque en la capital del país el ambiente podría ser más amable para quien fuera protegido del expresidente López Obrador. ¿Será?
Activan mecanismos de regulación
Tal como lo advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa, este miércoles entran en vigor los Lineamientos para el balizado, requerimientos técnicos y de interoperabilidad que debe cumplir el GPS de los vehículos de transporte y distribución de petrolíferos, gas licuado de petróleo y petroquímicos. Será la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien dará a conocer las nuevas normas y aseguran que ahora sí habrá mayor vigilancia y control para estos vehículos. ¿Será?
Transparencia inoperante
Este martes trascendió que el Gobierno de Tabasco reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y presunto líder de La Barredora. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción de la entidad, la decisión obedece a que divulgar los datos podría afectar la investigación y la seguridad pública… Claro, también se escuchó decir a algunos que en los desgloses podrían salir algunas propiedades que dejen entrever otros malos manejos. ¿Será?
Otra historia de Alito
El dirigente priista y supuesto perseguido político del régimen, Alejandro Moreno, se aventó ayer en el Senado un discurso en el que argumentó que en México hay un nuevo cártel del que no se sabe nada, ni con quienes se ha peleado “la plaza” y que sólo existe en sus dichos: El Cártel de Macuspana, encabezado por AMLO. Si eso no fuera suficiente, también presentó una encuesta falsa en la que, según él -de nuevo- se pone de manifiesto el hartazgo de los mexicanos con el Gobierno… Ahora sí que, como dice lo que dice él de Morena, puede tener un efecto bumerang: ¡Miren nada más a estos (e) cínicos (o) curruptos (o) *mentirosos (o)! ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)
La voz de los textileros mexicanos da claridad sobre lo que estos industriales han vivido en los últimos años y lo que aguardan, esperanzados, que sea el futuro a partir de un respeto estricto de las reglas del comercio internacional. Quieren competir, pero siempre en piso parejo. Después de años de indiferencia y prácticas desleales, es necesario velar por este sector importante de la economía (La Esquina, La Crónica de Hoy, p. 2)
La investigación federal sobre el huachicol fiscal, derivado del aseguramiento de un buque tanque en Altamira que introdujo de contrabando diésel documentado como aceite para no pagar impuestos, sigue arrojando presuntos responsables del delito, pero con un giro inesperado: la vinculación de alrededor de 20 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las estructuras en la Armada y en Aduanas que participaron en los actos de corrupción y daños a la nación.
Las investigaciones, que aún no han sido judicializadas, han logrado establecer que hasta el momento hay 53 marinos, varios de ellos del alto mando y algunos de ellos que se mantienen en activo, presuntamente involucrados en la red del huachicol fiscal, por el cual dos sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, están sometidos a proceso, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, que se encuentra prófugo.
De acuerdo con la información que ha trascendido, unos 45 marinos de diferentes rangos serán separados de sus cargos o les girarán órdenes de aprehensión.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que autorizó la operación para desmantelar la red de corrupción en Altamira en marzo, está viendo cómo el gabinete de seguridad ha ido avanzando en las investigaciones, verificando la información de inteligencia que han ido recabando, principalmente, la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, con insumos que les han proporcionado las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Aunque la orden de acabar con la red de huachicol fiscal fue de Sheinbaum, se ha revelado que las presiones de diplomáticos de la administración Trump acotaron sus márgenes de maniobra, que impidieron que se toparan los crímenes cometidos en los sobrinos políticos del almirante Ojeda, que era una estrategia para evitar la contaminación en la Secretaría de Marina y, eventualmente, a la presidencia de López Obrador.
El primer mensaje específico de Washington se lo dieron a la presidenta un mes antes, aproximadamente, de la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, cuando le dijeron que la Casa Blanca esperaba que cualquier acuerdo político que hubiera tenido con López Obrador no significara un velo de impunidad para militantes de Morena. A lo largo de semanas, el interés principal se ha centrado en el senador Adán Augusto López, que ante la inacción de abrirle una carpeta de investigación en México e iniciarle un proceso para determinar su nivel de responsabilidad, provocó uno de los momentos más ríspidos en la reunión con Rubio, al considerar los estadounidenses que estaban buscando protegerlo.
Sheinbaum lo ha defendido en declaraciones, pero no ha sido lo mismo en privado, donde ha tenido encuentros ásperos con él, al tiempo de no haber frenado las investigaciones federales. Resultado de ellas, el caso del huachicol fiscal tomó un nuevo giro en las últimas semanas, de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, al encontrarse que alrededor de 20 personas que fueron colaboradores cercanos a López Obrador se encuentran vinculados a la red criminal de huachicol fiscal.
Algunos de los nombres son ampliamente conocidos, como el del senador López Hernández y el del exadministrador de Aduanas y hoy secretario de Gobierno en el Estado de México, Horacio Duarte, pero otros nunca habían sido incorporados en ninguna investigación previa, como el de Octavio Romero Oropeza, uno de los ideólogos de López Obrador en sus primeros años en la política en Tabasco, a quien nombró director de Pemex e impuso como director del Infonavit en el gobierno de Sheinbaum.
Las investigaciones incluyen al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en el sexenio de López Obrador, como secretario de Relaciones Exteriores, compró las pipas para abastecer combustible cuando en las primeras cuatro semanas de ese gobierno, el expresidente y Romero Oropeza provocaron desabasto de combustible. Junto con él figura, también por primera vez en una investigación de este calado, la actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, que en la administración anterior inició como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, por donde pasó el análisis sobre las pipas y las asignaciones presupuestales extraordinarias para adquirirlas.
La información que ha trascendido no detalla las razones por las cuales están incorporados en el tema del huachicol fiscal, en donde aparecen, también de manera sorprendente, familiares de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tampoco se revelaron los nombres de los familiares, pero aparece un exfuncionario muy cercano a ella, Ricardo Peralta, que cuando una investigación sobre corrupción en Aduanas que realizó la Marina fue el preámbulo de su cese como administrador general, lo rescató como subsecretario. Peralta ha sido vinculado por las autoridades estadounidenses a una red de huachicol en Tamaulipas creada por el empresario Sergio Carmona, que aunque tiene vasos comunicantes con la del sur del país, es distinta a la red de los marinos.
La investigación sobre el huachicol fiscal se sigue profundizando, y la presidenta no la ha frenado. Constantemente tiene reuniones de actualización con los secretarios de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, sobre los cuales está descansando la parte previa a la judicialización, donde el caso lo lleva Alfredo Higuera, fiscal especializado en materia de Delincuencia Organizada.
Hasta ahora, el senador López Hernández es el político de Morena de mayor jerarquía señalado en las investigaciones, cuya presunta relación con el huachicol fiscal de los marinos se conecta con las imputaciones que existen en la Secretaría de la Defensa por su supuesto involucramiento en otras actividades criminales, que incluyen negocios ilícitos con combustible robado en Chiapas y Tabasco, que operaba su exsecretario de Seguridad en el estado, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en El Altiplano y bajo proceso por delincuencia organizada.
El huachicol, en sus modalidades fiscal y de robo de combustible, es un negocio ilegal que detonó durante el gobierno de López Obrador y se extendió más allá de su sexenio. Los sobrinos políticos del almirante Ojeda no son la cabeza de la hidra sino la puerta a la estructura de poder del obradorismo que está siendo exhibida y expuesta, pese al interés político del régimen para lograr que la bala hacia donde se dirige, nunca llegue. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
Nadie había logrado documentar con tanta contundencia los vínculos del gobierno de López Obrador con el crimen organizado como lo ha hecho la administración de la presidenta Sheinbaum.
Se había logrado acreditar la corrupción en el sexenio de AMLO: Segalmex, sus hermanos Pío y Martín grabados recibiendo dinero en sobres amarillos, la riqueza inexplicable de sus tres hijos (La Casa Gris de su hijo José Ramón, los negocios de los amigos de Andy y Bobby), el carrusel en video de depósitos de cash en sucursales bancarias de su secretario particular Alejandro Esquer, entre muchos otros integrantes de su círculo íntimo.
Pero el señalamiento de narco-presidente AMLO había estado fundamentado en dichos de narcotraficantes que aseguraban haber financiado sus actividades políticas: un par de testigos protegidos citados de reportajes de Tim Golden en ProPublica, un capo que declaró en el juicio de García Luna en Nueva York y la entrevista a un líder criminal estatal. Eso, más algunas figuras morenistas que se quedaron sin visa americana, el saludo a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio, los triunfos de Morena en el corredor del narco en 2021 y el “abrazos no balazos” como slogan del pacto.
Pero nada como lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado acreditar y ha revelado en el último mes. Su Fiscalía General de la República elaboró dos expedientes que muestran cómo dos integrantes del gabinete de Seguridad de López Obrador facilitaron la operación del crimen organizado: Adán Augusto López en Tabasco con La Barredora y Rafael Ojeda en la Marina con la red de huachicol de sus sobrinos. El nivel de detalle de los seguimientos y los testimonios resultan devastadores.
Que la presidenta esté en una campaña de saliva para devaluar la investigación de la FGR no le quita un gramo de peso a lo que se lee en los expedientes. La presidenta puede hacer el esfuerzo que quiera para exonerar a Adán Augusto y a Ojeda, con tal de que el agua no llegue a su mentor López Obrador, pero si uno revisa el expediente, no hay modo que La Barredora hubiera podido operar a sus anchas tantos años en Tabasco —al grado de tener a su líder de secretario de Seguridad— sin el aval de quien era el gobernador: Adán Augusto López. Y no hay modo de que los sobrinos del almirante Rafael Ojeda hubieran podido comandar desde las aduanas una red de tráfico de huachicol y drogas (sí, el expediente habla también de drogas) sin el visto bueno de su tío, el secretario de Marina. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A8)
En medio de lo que ya es considerada la mayor conspiración político-criminal para saquear al erario federal con casi 600 mil millones de pesos por las importaciones clandestinas de huachicol fiscal desde Estados Unidos en el pasado sexenio, el fantasma del empresario que manejó originalmente este esquema de evasión de impuestos desde las aduanas de Reynosa y Matamoros resurge de ultratumba para recordar que su asesinato, en una barbería de San Pedro Garza García, el 22 de noviembre de 2021, sigue impune y nunca se investigó a fondo quién ordenó su ejecución realizada por tiradores profesionales que lo mataron mientras le cortaban el pelo, en un crimen del que no quedó ningún registro en video ni ningún testigo, a pesar de que ocurrió en el municipio más videovigilado de México.
Y es que Carmona y su casi perfecta ejecución, que no dejó rastro alguno ni se esforzaron mucho por investigar en la Fiscalía de Nuevo León, recuerda más a una operación de Estado que a un crimen del narcotráfico, no sólo por la forma en que se deshicieron del empresario que había financiado las campañas de Morena en al menos cinco estados de la República y que operaba con la total protección e impunidad que le brindaban desde el gobierno federal, que le había “concesionado” desde el arranque del sexenio del presidente López Obrador, la aduana de Reynosa para que fuera operada por él y por su hermano Julio Carmona Angulo, cuando el director de Aduanas Nacionales era Ricardo Peralta.
Entre 2018 y hasta su muerte en 2021, Sergio Carmona pasó de ser un empresario y contratista menor del gobierno de Tamaulipas, en el sexenio del panista Francisco García Cabeza de Vaca, a convertirse en el creador de un emporio huachicolero que le generaba ingresos millonarios, lo que le valió el mote del “Rey del Huachicol”, algo que logró por su habilidad para el negocio ilegal, pero también por la protección que le otorgaban desde las áreas de inteligencia militar del gobierno lopezobradorista, a donde él siempre decía que se “reportaba” con “el de las botas” en referencia a un general retirado del Ejército al que ubicaba como su “jefe” y quien controlaba el negocio huachicolero desde el gobierno federal.
Mientras apoyó a Morena con generosas sumas de dinero, lo mismo para financiar campañas de alcaldes y diputados tamaulipecos, como para impulsar a cinco candidatos a gobernadores en las elecciones de 2021, Carmona fue un empresario útil para el sistema, que ayudó a consolidar el crecimiento del partido oficial en los estados. Su relación cercana con el hoy alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, quien en aquellos años era presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, lo llevó a tener una relación cercana con la dirigencia nacional morenista que encabezaba Mario Delgado, quien llegó a utilizar sus camionetas y hasta sus aviones para sus giras por Tamaulipas, algo que también les daba a varios alcaldes de ese estado.
Pero cuando el perfil de los hermanos Carmona Angulo, especialmente de Sergio se volvió muy mediático y su nombre comenzó a aparecer en reportajes y columnas periodísticas, su figura y su actividad huachicolera se volvieron demasiado visibles y sus conexiones políticas con Morena comenzaron a llamar la atención no sólo de la prensa mexicana sino también del gobierno de Estados Unidos que abrió un expediente en el ICE para investigar la actividad criminal del empresario tamaulipeco y sus vínculos financieros con el partido gobernante en México.
Carmona pasó entonces de ser un “generoso financiero” a convertirse en un “personaje de alto riesgo” para Morena y para el gobierno lopezobradorista. Unas semanas antes de que fuera ejecutado en Nuevo León, el empresario huachicolero le había revelado a personas cercanas de su equipo que se había reunido con capos de algunos cárteles de la droga, a saber con los de Sinaloa y los del Golfo, y que buscaba insistentemente reunirse con la gente de Nemesio Oseguera “El Mencho”, porque, según les dijo a sus amigos, “les estoy proponiendo un acuerdo de paz” que le había pedido negociar su jefe “el de las botas”.
Hay incluso una versión que surge también de su círculo más cercano, que afirma que antes de morir, Sergio Carmona ya había sido contactado por agentes del gobierno de los Estados Unidos que le habían informado de la investigación abierta en su contra y le habían ofrecido hacer un acuerdo de colaboración para que diera información sobre sus actividades criminales, sus millonarias ganancias y los presuntos financiamientos a campañas oficiales en México. El contacto se había producido ya en San Pedro Garza a donde él se había ido a vivir y donde, unos días después, la tarde de aquel 22 de noviembre, lo sorprendieron las balas de dos tiradores que le dispararon en la cabeza y el cuello, mientras él estaba relajando en la silla de la peluquería.
Con todo y las casi 3 mil cámaras de videovigilancia que tiene el municipio de San Pedro Garza, monitoreando sus principales calles y avenidas, no se conoció nunca un video o un seguimiento en el sistema de vigilancia del área Metropolitana de Monterrey donde existen en total casi 12 mil cámaras, contando las de San Pedro. No hubo testigos más allá de quienes presenciaron el brutal asesinato en la barbería.
Lo que siguió después de su asesinato fue una investigación casi sigilosa y totalmente hermética de las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León que, en medio de presiones y reclamos por la falta de información, nunca arribaron a alguna conclusión sobre los asesinos materiales e intelectuales y archivaron el caso sin darle mayor importancia. Se sabe, por ejemplo, que un periodista de un medio de Monterrey, que había seguido de cerca la investigación y estaba revelando información, fue reconvenido por su editor que le pidió que ya no siguiera el tema “porque tenemos instrucciones de no publicar más de ese caso”.
A Carmona claramente lo eliminaron para silenciarlo, porque se había vuelto un peligro para quienes lo protegían políticamente, pero también para arrebatarle el millonario negocio que había construido con la importación ilegal de combustibles a través de las estratégicas aduanas tamaulipecas. El portal Código Magenta, que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, publicó un reportaje en el que sostenía que, tras el asesinato de Sergio Carmona, quién heredó el negocio huachicolero en Reynosa fue Angel Arnoldo Ramírez Salinas, empresario tamaulipeco con nacionalidad mexicana y estadounidense, quien mantuvo las conexiones de la Aduana de Reynosa y las ligas políticas de Carmona.
Ramírez Salinas tenía como registro de su domicilio la calle 9 No. 590 B, que era la misma dirección con la que Sergio Carmona y su esposa Perla McDonald dieron de alta en el año 2011 a su empresa Grupo Industrial Permart, S.A. de C.V., lo que confirmaba que él había continuado al frente de los negocios del empresario asesinado. Pero Angel Arnoldo también tuvo un final trágico: el pasado 26 de abril el vehículo en el que viajaba en la carretera de Guadalajara a Colima se desbarrancó provocando la muerte del empresario y su acompañante. En Colima, según información que manejaban en el gobierno federal, vivió Julio Carmona Angulo, quien se mudó a ese estado tras la muerte de su hermano, antes de convertirse en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.
Justo en las fechas en que murió Angel Arnoldo, el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había emitido un informe detallado en el que documentaba cómo operaba el negocio del “huachicol fiscal” a través de las importaciones ilegales de petróleo crudo que era llevado a Texas para su refinación y que después regresaba a México convertido en gasolinas que eran introducidas por las Aduanas mexicanas como “aceites” u otras sustancias, todo en coordinación y complicidad entre las autoridades aduanales y los cárteles de la droga mexicanos.
Lo que pasó a partir de 2021, tras la muerte de Carmona, fue un cambio importante en el negocio millonario del huachicol fiscal, que empezó a ser manejado desde el propio gobierno federal que lo amplió ya no sólo a las aduanas terrestres de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, sino a las marítimas y ahí la operación se le encargó a la Secretaría de Marina, que creó toda una red de contrabando de combustibles a través de los puertos de Guaymas, Sonora; Dos Bocas, Tabasco; Manzanillo, Colima, donde también los marinos controlaban todo tipo de contrabando, y en los puertos de Tampico y Altamira, por donde entraron hasta 14 buques tanques en los últimos meses, aunque se presume que fueron muchos más en el sexenio pasado.
Hoy, lo que ven con asombro los mexicanos, es apenas la punta del “iceberg” de lo que ocurrió con el negocio multimillonario del huachicol fiscal administrado y operado desde el gobierno, con la participación directa de la Marina, que tenía como operadores visibles a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante secretario Rafael Ojeda, pero que tenía también la protección desde las más altas esferas militares, navales y políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ante todo eso es inevitable revivir al fantasma de Sergio Carmona y preguntar, a casi cuatros años de su ejecución no investigada ni aclarada: ¿quién ordenó su muerte, quién la ejecutó y quienes fueron los herederos finales del millonario negocio del contrabando de combustibles en México que nos ha dejado el desfalco más grande en la historia con más de medio billón de pesos? Y en la respuesta a esa pregunta, todos los caminos llevan hacia el Palacio Nacional.
NOTAS INDISCRETAS… Días violentos los que se viven en México. A la desaparición y asesinato de dos colombianos que aparecieron desmembrados, se sumó el mismo día el homicidio de un estudiante de 16 años en el CCH Sur a manos de otro estudiante que lo atacó con una guadaña. Y como la violencia no distingue orígenes, niveles sociales o privilegios políticos, ayer se informó del robo de una camioneta, a punta de pistola en Culiacán, a una sobrina del gobernador Rubén Rocha Moya.
Y curiosamente mientras la violencia sacude todos los días al país, ayer en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, poco se habló de esta grave problemática. La funcionaria encargada de la gobernabilidad del país fue a presentar un panorama idílico sobre la seguridad y los logros del gabinete de seguridad de la doctora Sheinbaum. Si bien la seguridad ya no es responsabilidad de su dependencia, a la titular de Segob se le fue su discurso en elogiar los programas sociales, el crecimiento demográfico de México y “la transformación que avanza”, según dijo ella. Mientras los diputados de oposición le pusieron enfrente un enorme cartelón que le recordaba que en México hay “110 mil desaparecidos”, la mayoría de ellos, el 42% jóvenes de entre 14 y 29 años de edad.
Y cuando la violencia desaparece y asesina precisamente a los jóvenes mexicanos —a los que por cierto el gobierno no los busca con la rapidez y eficacia con la que encontró a los dos colombianos asesinados— la secretaria Rosa Icela sólo dijo que “jóvenes que antes no tenían opciones para acceder a becas, hoy acceden a los apoyos de los programas del bienestar”. Y luego se puso a repetir las cifras de decomisos de armas y de otros datos que se dan en las mañaneras, para al final rematar con una frase que dibuja de cuerpo entero el achicamiento de la que antes fuera la poderosa Segob, hoy convertida en un apéndice del aparato político del gobierno que se dedica a apagar fuegos: “La Secretaría de Gobernación hace su tarea como puente de diálogo entre las instituciones del Estado, el Poder Legislativo y la ciudadanía. Atendemos conflictos de una gran diversidad de temas como disputas comunitarias, controversias agrarias, bloqueos en vías de comunicación, tensiones por proyectos de infraestructura, solicitudes de servicios básicos, garantizando que las demandas sociales tengan una resolución”, dijo la secretaria que dijo haber atendido en este primer año de gobierno mas de 2,900 controversias y movilizaciones sociales.
Curiosamente los bloqueos de carreteras, de calles y avenidas en la Ciudad de México y de conflictos de todo tipo no han cedido y también, más que extrañamente, la secretaria se le olvidó mencionar que ella también es responsable del diálogo con la oposición política, a la que ni siquiera mencionó y mucho menos escucha. En fin que con ese desempeño tan pobre, que ella misma describe más bien como gestora de conflictos más que de gobernanza, no se ve nada fácil que a la señora Rosa Icela le alcance para mucho en sus aspiraciones para ser gobernadora de San Luis Potosí…
Ricardo Salinas Pliego ya pagó los impuestos que debía, pero no en México sino en Estados Unidos, donde ayer el empresario mexicano hizo un pago de 25 millones de dólares, por concepto de fianza, para evitar ser detenido en el vecino país, luego de que fuera declarado en desacato por no atender la denuncia de la empresa de telefonía AT&T que le compró Iusacell en 2014 y que lo denunció por no haberle pagado impuestos que adeudaba al momento de esa venta. En fin, que mientras Salinas Pliego el lunes escribió en las páginas de EL UNIVERSAL que él no se niega a pagar los impuestos que debe en México, pero que sólo pagará lo justo y lo que debe, que dice que son 10 mil millones de pesos, tal y como acordó con el expresidente López Obrador, en la Suprema Corte de Justicia, nos dicen, ya se empezó a mover su amparo que podría ser discutido antes de que finalice el año y el en que ya no habría los impedimentos por los conflictos de interés que argumentó el empresario en contra de algunos de los anteriores ministros, aunque aún está el caso de Lenia Batres, que había sido solicitada como “impedida” para participar en esa discusión por los abogados del empresario.
Veremos qué avanza más rápido, si el análisis y discusión del amparo de Ricardo Salinas en la nueva Corte o la creación de su movimiento político que ya anunció y al que empieza a darle forma con miras al 2030… Se detienen los dados. Serpiente Doble. (Salvador García Soto, El Universal, Online)
El reciente anuncio sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, se ha presentado como un golpe histórico a la criminalidad organizada.
La Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad destacan la detención de militares de alto rango, funcionarios aduanales y empresarios, además de una incautación de más de 69 millones de litros de petrolíferos entre octubre de 2024 y julio de 2025. Sin embargo, detrás de estas cifras, surge una pregunta crucial: ¿dónde están los miles de millones de pesos generados por este negocio ilícito?
El verdadero combate al crimen organizado no puede medirse sólo por la cantidad de tanques, litros de combustible y vehículos incautados. Para desmantelar estas redes de forma permanente, es imprescindible seguir la ruta del dinero y asestar un golpe financiero que las haga inviables.
Para comprender la urgencia de rastrear el dinero, es necesario dimensionar la magnitud del problema. El huachicol fiscal no es un delito menor; es una vasta economía paralela que drena al país de recursos públicos a una escala asombrosa. Fuentes como PETROIntelligence estiman que las pérdidas para las finanzas públicas por este delito superaron los 177 mil millones de pesos en 2024, equivalentes a casi 485 millones de pesos al día.
Este crimen impacta la capacidad del Estado para financiar servicios básicos. A diferencia del huachicol tradicional (perforación de ductos, con pérdidas para Pemex estimadas en 20 mil millones de pesos en 2024), el huachicol fiscal se ha convertido en un monstruo de proporciones mucho mayores. La infiltración del combustible ilegal es tan profunda que se estima que entre 16% y 27% del consumo anual en México proviene de fuentes ilícitas, según una investigación del diario Financial Times. Otras estimaciones lo elevan a 30 o 40 por ciento.
La investigación de la FGR ha revelado un sistema de corrupción profundamente arraigado. Un testigo clave, el excapitán de corbeta y exdirector de la Aduana de Tampico Alejandro Torres Joaquín, cooperó con la Fiscalía. Torres Joaquín confesó haber recibido sobornos por aproximadamente 24.5 millones de pesos y entregó dos maletas con dinero en efectivo. Sin embargo, el dinero recuperado es sólo una fracción de las ganancias totales.
Las celebraciones por la incautación de millones de litros de combustible y las detenciones no abordan la raíz del problema. La cantidad de dinero en efectivo recuperada es mínima en comparación con los ingresos delictivos. La Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN), del gobierno estadunidense, confirma que el contrabando de petróleo es la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles. Estos grupos utilizan empresas fachada en México y Estados Unidos para lavar el dinero. Mientras la autoridad se centra en los decomisos físicos, las organizaciones ya han movido los fondos a través de intrincadas operaciones bancarias.
La verdadera batalla contra el huachicol fiscal no se libra en los puertos y patios de ferrocarril, sino en los sistemas financieros y las estructuras corporativas que permiten a estas redes prosperar. La capacidad de la autoridad para recuperar el dinero es el indicador real del éxito de su estrategia. El camino hacia la justicia debe estar centrado en la inteligencia financiera. Es necesario ir más allá de los cateos mediáticos y centrarse en congelar cuentas bancarias, incautar propiedades y desmantelar las empresas fachada que actúan como vehículos para el lavado de dinero. ¿Acaso no tienen un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o a qué se dedica éste?
El objetivo no es sólo castigar a los culpables, sino también despojarlos de su riqueza ilícita y restituirla al Estado. Recuperar los miles de millones de pesos robados y reinvertirlos en el bienestar de la sociedad sería la forma más contundente de demostrar que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad genuina. Sólo cuando el gobierno pueda mostrar con claridad dónde está el dinero, podremos afirmar que la justicia ha sido plenamente servida y que el Estado de derecho se está restaurando. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
El secretario Peter Hegseth anunció la semana pasada que quienes deseen cubrir la información del Departamento de Defensa estadounidense deben firmar un compromiso de que utilizarán solo información oficial, previamente aprobada.
Pero es tal vez parte de una visión política más amplia en el marco de un enorme esfuerzo del presidente Donald Trump por ampliar los márgenes de poder de la Presidencia, aunque algunos comienzan a pensar que tal vez se haya excedido y enfrente resultados negativos para el Partido Republicano.
Por lo pronto; sin embargo, y sin tener la justificación de “violencia de género” que usan algunas gobernadoras mexicanas para tratar de silenciar judicialmente a medios críticos, Hegseth trató de llevar así, de un plumazo, controles de información que fueron aceptables en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero hace ya décadas que están rebasados por la realidad.
La determinación de Hegseth no es única, y de hecho sigue los pasos del gobierno del presidente Trump , que tiene una atribulada relación con los medios informativos, a los que considera como adversarios y plantea un régimen que preocupa a los defensores de la libertad de prensa en Estados Unidos.
Trump es particularmente sensible a la crítica y asegura que una inmensa mayoría de la información que se publica, es negativa, para él personalmente o para su gobierno.
A principios de año, Trump creó una pequeña tormenta cuando prohibió el acceso de reporteros de la agencia noticiosa Prensa Asociada, a la Oficina Oval y al avión presidencial por su negativa a usar el término “Golfo de Estados Unidos” en vez del histórico “Golfo de México”.
El fin de semana amenazó, de hecho con la posibilidad de retirar licencias de transmisión a empresas de radio y televisión, que divulguen información crítica, y aunque en principio parecer legalmente fuera de lugar, puede recurrir a presiones extralegales como utilizar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para frenar o incluso desautorizar movimientos empresariales alrededor de esas cadenas.
De hecho, funcionarios de su gobierno utilizaron ese procedimiento para buscar y lograr el despido de dos comediantes críticos del mandatario, Stephen Colbert, en la CBS, y Jimmy Kimmel, de la ABC, aunque la tempestad obligó a la empresa Disney a reinstaurar a Kimmel desde la noche de la noche del martes.Lo peor del caso es que el director de la FCC, Brendan Carr, ha buscado presionar a empresas de comunicación para obligarlas a ser “más justas” respecto al presidente Trump.
El senador Ted Cruz, republicano y en algún momento competidor de Trump por la candidatura Presidencial de su partido, señaló el fin de semana que es un precedente negativo, toda vez que eventualmente los republicanos pueden enfrentar ese tipo de medidas si los demócratas llegaran a reconquistar el poder.
Y eso no es imposible ni parece tan lejano. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 35)