Para Maureen Meyer, quien dirige el programa para México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), es claro que la intención del Presidente Donald Trump es trasladar a México y Guatemala la obligación de recibir a los solicitantes de asilo.

“Es otra medida unilateral que de facto sí pone esa obligación y esa presión a México para recibir a una cantidad mucho mayor de solicitantes de asilo, y no solamente centroamericanos”, comentó en entrevista telefónica.

“El reto para el Gobierno mexicano será determinar cuál será su política frente a Estados Unidos, ya que queda claro que a pesar de todos los intentos por evitar que los migranteslleguen a la frontera con Estados Unidos, esto no es suficiente para el Gobierno de Trump”.

Meyer recordó que el acuerdo al que llegó el Canciller mexicano Marcelo Ebrard con autoridades estadounidenses el 7 de junio pasado fue para evitar, además de la imposición de aranceles, que México se convierta en un tercer país seguro.

Sin embargo, tanto Maureen Meyer, como Daniela Gutiérrez, coordinadora del área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), coincidieron que cada vez más México está adoptando el rol del llamado tercer país seguro.

“Esto es básicamente un acuerdo de tercer país seguro, con la única diferencia que es un acuerdo emitido de manera unilateral por el Gobierno de Estados Unidos”, planteó Gutiérrez.

Las nuevas reglas para el asilo adoptadas por la Administración Trump establecen que los migrantes que lleguen por vía terrestre a su frontera sur sin antes haber pedido refugio en otro país no podrán recibir la protección de Estados Unidos.

“Al saber que ya no son elegibles, se van a ver obligados a seguir intentando ingresar a Estados Unidos a través de vías irregulares, o bien los obligará a solicitar la condición de refugiados aquí en México”, consideró Daniela Gutiérrez.

“(Esto) va a generar una saturación, ya de por sí preocupante, del sistema de asilo en México, que no tiene las capacidades ni presupuestarias ni humanas para procesar esas solicitudes”.

Gutiérrez recordó que de por sí México ya aceptó recibir en el norte a los centroamericanos que hayan pedido asilo en Estados Unidos, en lo que esperan a que se les resuelva su trámite.

Por su parte, Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras IAP, expuso que México podría apelar a instituciones del sistema judicial internacional en contra de Estados Unidos, al considerar que están obligando a las personas a considerar a México como tercer país seguro.

“México podría acudir a cortes internacionales porque tenemos que estarle apostando a soluciones colaborativas regionales”, manifestó Saiz.

Con información de Isabella González