Cd. de México (03 julio 2019).- El uso de la Guardia Nacional para ejecutar la norma migratoria en México revela un cambio preocupante en la dirección de la política migratoria mexicana como resultado de la presión de Estados Unidos, advirtieron organizaciones sociales.

“Hemos observado con creciente alarma la penetración de estas fuerzas de seguridad en las actividades migratorias en México, ya que sus roles, responsabilidades y coordinación con los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) no son claros”, afirmaron.

En un posicionamiento, asociaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Latin America acusaron a elementos de la corporación policiaca de intimidar a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los refugios para migrantes que han prestado asistencia humanitaria y apoyo a los migrantes durante décadas.

“Denunciamos cualquier tipo de intimidación o acoso por parte de miembros de la Guardia Nacional mexicana contra organizaciones de la sociedad civil, incluyendo refugios para migrantes”, expresaron.

“Las fuerzas de seguridad deben rendir cuentas por la intimidación o las amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil, así como por los casos de uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos”, agregó.

Para las organizaciones, desde que el Gobierno de México acordó con Estados Unidos desplegar a la Guardia Nacional para reducir la migración hacia ese país el pasado 7 de junio, la actuación de la corporación en materia migratoria no es guiada por un protocolo.

“Instamos al gobierno mexicano a aclarar el papel de la Guardia Nacional con respecto a las actividades migratorias y a no condonar ninguna actividad que sirva para criminalizar a los defensores de derechos humanos”, urgieron.

“También instamos al gobierno mexicano a respetar los derechos de las personas a la libertad de movimiento y al derecho a buscar protección internacional en los Estados Unidos o en México, y abstenerse de celebrar un acuerdo de tercer país seguro con los Estados Unidos que pondría en peligro la seguridad y el bienestar de los solicitantes de asilo”.

Los activistas relataron que el 23 de junio de 2019, miembros de la Guardia Nacional se presentaron en la sede de un albergue para migrantes, el Centro de Atención al Migrante Exodus (CAME), en Agua Prieta, Sonora, para obtener los reportes sobre un individuo armado fuera de la instalación, que según ellos, se trataba de un funcionario de la policía municipal que apoyaba el resguardo del albergue porque allí se alojaban a las víctimas de delitos graves.

Después de interrogar al agente de la policía, uno de los miembros de la Guardia Nacional llamó a la puerta del CAME para pedir información sobre las personas que estaban dentro.

Cuando el personal del albergue les dijo que no era posible proporcionar esta información, continuó con más preguntas sobre la misión y las fuentes de financiación de la organización y sobre si las personas que estaban retenidas en el interior estaban allí por su propia voluntad.

El guardia insistió en que lo dejaran entrar. Advirtió que llamaría al INM para realizar una inspección migratoria dentro del edificio.

Durante estos procedimientos, otro miembro de la Guardia Nacional grabó a un empleado del CAME con un teléfono celular.

Durante el incidente, el personal del CAME se contactó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), la cual pidió que el personal fotografiara el incidente.

Mientras el personal tomaba fotos, el miembro de la Guardia Nacional calificó la acción de “ilegal”.