¡Qué chulada de democracia en el sindicato petrolero! El tesorero de Carlos Romero Deschamps “ganó” las elecciones a pesar de todo tipo de anomalías. (La Jornada, Contraportada)
MÁS ALLÁ de si es una vida de lujos que contradice el sermón de la austeridad, hay un asunto realmente importante en el caso del hijo mayor de AMLO y sus residencias en Houston. Y es que de acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y Latinus, la casa en la que vivió José Ramón López Beltrán entre 2019 y 2020 pertenecía a un ejecutivo de la petrolera Baker Hughes.
¿Y QUÉ tiene esto de raro? Que la empresa tiene contratos por 151 millones de dólares en obras para Pemex. A lo mejor es casualidad pero el hijo del Presidente ocupó la casa apenas un mes después de que Baker Hughes obtuvo un contrato por 85 millones. Así que el meollo del asunto no es si la casa tiene una piscina de 23 metros de largo, lo que inquieta es saber si en la transacción hubo algún tipo de conflicto de interés o, de plano, de tráfico de influencias.
SI REALMENTE quisieran despejar cualquier duda, bien se podría nombrar un auditor o fiscal ajeno a la 4T para averiguar, como dicen en la mañanera, quién pompó, casita en Houston, quién pompó.
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LUEGO de que Monterrey fue la primera ciudad en declarar la emergencia climática en México, ahora el alcalde Luis Donaldo Colosio lanzará lo que dicen que será el primer Acuerdo Verde del país. La idea, dicen quienes conocen el proyecto, es empujar desde el ámbito local, un modelo de desarrollo realmente sostenible.
ENTRE las organizaciones que acompañarán el acuerdo están, por mencionar algunas: ONU, OCDE, Banco Mundial, la embajada británica, Tec de Monterrey, UNAM, World Wild Fund (WWF) y la Iniciativa Climática Mexicana. Habrá que ver en qué consiste la propuesta de Colosio y, sobre todo, cómo se lleva a la práctica… pues ya se vio que desde la Federación nomás no se toman en serio el cambio climático.
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ALGUIEN debería recordarle a Adán Augusto López que es secretario de Gobernación de México y no secretario de Organización Electoral de Morena. Y es que el funcionario, al participar en la plenaria de senadores morenistas dejó muy en claro que Bucareli es cuartel de campaña.
COSA DE VER, por ejemplo, que aplaudió la desaparición de la comisión especial para investigar los abusos de poder en Veracruz. Pero no lo hizo por un tema legal, sino porque no le beneficiaba políticamente a su partido. A su juicio, resultaba inconcebible que se abriera un debate sobre la posibilidad de desaparecer los poderes en un estado gobernado por Morena, como si la militancia le diera fuero a Cuitláhuac García.
FUE más allá. Les dijo a los legisladores morenistas que se cuidaran de hacer acuerdos… ¡con la oposición! Y el tabasqueño es quien debe llevar el diálogo con todas las fuerzas políticas. ¡No, pos’ sí! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Primero fue el aumento en las tarifas del agua en 165 colonias, en alcaldías en las que por “casualidad” perdió Morena en las pasadas elecciones. Ahora se trata de una presunta investigación a cinco alcaldes de oposición por una oficina de la que muy pocos habían escuchado, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), y que algunos identifican como la Unidad de Inteligencia Financiera de la capital. El caso es que, en pocos días, alcaldes de oposición consideran que son objeto de ataques políticos del gobierno capitalino. Según información periodística, la UIPE pidió a bancos información sobre cuentas y operaciones financieras de las alcaldesas de Álvaro Obregón, Lía Limón, y de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, así como los alcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez. Ayer Taboada, como vocero de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, denunció que esta supuesta indagatoria es una persecución de opositores con claros tintes políticos. Nos dicen que está planeado que hoy los cinco alcaldes pedirán al gobierno capitalino que les entregue la carpeta de investigación, o que les confirme que no hay investigación en su contra. Una buena oportunidad para que la administración de Claudia Sheinbaum ponga las cartas sobre la mesa.
La caída del hombre de los dineros en el Poder Judicial
Ayer, el secretario ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, presentó su renuncia con efectos a partir de hoy. No hubo mayor explicación de manera oficial sobre la salida de Ríos Camarena, el hombre encargado de manejar el dinero que recibe el CJF, sin embargo, en el Poder Judicial se menciona una versión sobre su caída. Aseguran que don Alejandro se encuentra en medio de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Si esta fue la causa de su salida, la situación es grave. Se impone, nos hacen ver, transparentar qué hay detrás de esta renuncia.
Rebelión contra Monreal desnuda a senador
La efímera rebelión de los 30 senadores de Morena que amenazaba con quitar de la coordinación de la bancada a Ricardo Monreal, desnudó a algunos legisladores, nos comentan. Es el caso del mexiquense Higinio Martínez, a quien en el pasado se le había visto cercano a Monreal. La postura asumida por Martínez, expresidente municipal de Texcoco, caló entre los senadores cercanos a Monreal, pues aseguran que traicionó a don Ricardo con la intención de allegarse de apoyos del ala radical de Morena en la búsqueda de la candidatura para el gobierno del Estado de México. Los monrealistas aseguran que don Higinio podría haber salido mal parado, pues perdió la confianza de Monreal, quien finalmente se quedó al frente de la bancada, y por otra parte todo indica que la candidata que apoyará Morena para la elección mexiquense es la secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien es vista como la candidata de Palacio Nacional.
Faltas de ortografía en Hacienda
Nos dicen que en el Instituto Nacional Electoral no causó ninguna sorpresa que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, le haya negado una ampliación a su presupuesto con el fin de realizar la consulta de revocación de mandato del Presidente, con las características que mandata la ley. La verdadera sorpresa, dicen en el instituto, fue que la respuesta, que llegó en un documento de 24 páginas y en el último día que se dio para responder, estaba plagado de faltas de ortografía y errores de sintaxis. En el INE, nos comentan, no se esperaba otra respuesta, pero sí por lo menos mayor seriedad de parte de la dependencia federal. (El Universal, Nación, p. 2)
Bombo y platillos. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, acompañó al presidente López Obrador en el anuncio del programa de obras de infraestructura para Cancún y Tulum, como el puente de la Laguna Nichupté y la rehabilitación integral del bulevar Colosio, además de supervisar obras del Tren Maya. “Se revisaron los tramos, entre ellos el Cinco Norte de Cancún a Playa del Carmen, cuyas obras se iniciarán en breve con un nuevo trazo dentro de la zona continental sin afectar la actividad turística”, expresó el mandatario. En su más reciente gira de trabajo, López Obrador informó que después del 21 de marzo se iniciarían las obras de construcción del aeropuerto de Tulum. ¿Listos para ver cómo detona el desarrollo en la región? Para los que no creen.
Enmienda. Pudo más la presión y, finalmente, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, envió una iniciativa al Congreso local para derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal, como lo recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH determinó que policías del estado violaron los derechos humanos de seis jóvenes que fueron detenidos en la plaza El Tejar, en Xalapa, por lo que estuvieron recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, por más de tres meses. En el estado suman más de mil presos en estas condiciones. Con una iniciativa mal redactada, pero, bueno, lo extraño es que haya atendido la recomendación. Ojalá se traduzca en la liberación de inocentes presos.
Dichos y hechos. Es lamentable que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, minimice la situación de inseguridad que prevalece en la entidad, señaló Octavio Ocampo, presidente del PRD local, tras los enfrentamientos entre militares y población civil, hechos reportados el pasado fin de semana en localidades limítrofes entre Tepalcatepec y Aguililla. Militares se enfrentaron contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Zamora, donde dos presuntos pistoleros murieron y se detuvo a 18 personas, entre ellos menores de edad. Ayer mataron al periodista Roberto Toledo, en Zitácuaro. Qué dirá Alfredo Ramírez, quien, por cierto, tiene ya tres meses gobernando, ¿que es culpa de la herencia neoliberal?
Enojado. Ciro Murayama, consejero del INE, estalló en contra de la actual administración federal una vez que Hacienda les negó los recursos que solicitaron para la consulta de revocación. “La SHCP niega los recursos al INE México para la revocación de mandato. Tardó casi 3 semanas en contestar. Además, lo hace con faltas de ortografía. Confunden ‘cauce’ de conducto, con ‘cause’ de causar o producir. Así de lamentable el nivel del Ejecutivo federal”, trinó en redes sociales. Preferible un error ortográfico que un error de transferencia bancaria. La 4T determinó que ni un peso más a esa institución. A planear una reingeniería de procesos que los haga sobrevivir… ¡Y a cumplir con el mandato!
Intención de voto. Una encuesta rumbo a las elecciones en el Estado de México arroja interesantes resultados. A la pregunta de si hoy fuesen las elecciones, ¿por qué partido político votaría?, se tiene arriba a Morena, con 33% de intención de voto. Pero lo destacable es que el PAN avanza en segundo lugar, con 22 por ciento. La diferencia disminuye y podría revertirse, derivado de que, con dos eficientes administraciones municipales en Huixquilucan, el diputado Enrique Vargas del Villar está a la cabeza de los aspirantes del PAN a la gubernatura. También destaca Ernesto Némer Álvarez como posible abanderado del PRI. Y, del otro lado, la carta más fuerte es la secretaria de Educación y polémica exalcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez. Ahí radicaría la diferencia. (Excélsior, Nacional, p. 11)
Nueva empresa global
Alianza estratégica lograron concretar Emilio Azcárraga, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, al fusionar Televisa con Univision y crear una empresa de talla global, con la que buscan conquistar un mercado de 600 millones de hispanoparlantes en el mundo, con un valor de 70 billones de dólares. Gran visión. Enhorabuena.
Listos para dar la pelea
A propósito del partido tricolor, nos aseguran desde tierras oaxaqueñas que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha entregado la plaza rumbo a la elección para gobernador, que se llevará a cabo el 5 de junio, y junto con su abanderado, Alejandro Avilés Álvarez, darán la pelea para no dejar pasar al rival a vencer: Morena.
Arranca el nuevo periodo
Este martes arranca el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. A las 11:00 horas se instala el Congreso General, y arrancan los trabajos en ambas cámaras con una agenda muy apretada, en la que la Reforma Eléctrica, nos dicen, estará en primera fila, por ser de alta prioridad para el presidente López Obrador.
Cooperación bilateral
Nos dicen que el gobierno mexicano apuesta mucho a la reunión entre representantes mexicanos y estadounidenses —por un lado, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, y, por el otro, el embajador Ken Salazar—, pues se deberá delimitar qué pueden y qué no pueden hacer en territorio nacional los agentes del FBI y de la DEA.
Incertidumbre
Crece el silencio y la falta de transparencia en torno a la planta de Iberdrola en Pesquería, Nuevo León. Ni la empresa ni la Comisión Reguladora de Energía, que preside Leopoldo Vicente Melchi, han informado sobre el estatus de la central cuyo permiso de interconexión venció ayer 31 de enero, y que no fue renovado, con lo cual tendría que salir de operación. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Incidencia, a la baja en la capital
Con la novedad de que durante el primer mes del año las cifras de incidencia delictiva en la capital tuvieron una baja importante, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Nos comentan, que si se comparan los homicidios dolosos registrados en enero de 2022 contra los de 2019, es decir, los de un momento previo a la pandemia —que alteró también algunos referentes de incidencia criminal— la reducción fue de 67 por ciento. Este indicador se acompaña del resultado del Programa de Fortalecimiento de Cuadrantes, que se aplica en siete demarcaciones, las cuales también reportaron una disminución en su incidencia delictiva: Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco, GAM, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.
El silencio de David Monreal
Nos cuentan que los zacatecanos no ven la luz al final del túnel, sobre todo por la insistencia del gobernador, David Monreal Ávila, en hacer mutis o en no tomar acciones concretas frente a la violencia, que se ha recrudecido en el estado. El haber asumido el cargo sin una estrategia de seguridad, como han señalado expertos en la materia, ha “pasado factura” a varios, nos dicen. Tan sólo este lunes se descubrió que ni las fuerzas federales se encuentran. Los habitantes no ven el momento en que su gobernador decida tomar el “toro por los cuernos” y deje de insistir en que su estrategia de pavimentación es una de las medidas contundentes contra la violencia.
Aldana, nuevo líder del sindicato petrolero
En una jornada que se prolongó unas horas más de lo previsto, Ricardo Aldana se alzó con la victoria para convertirse en secretario general del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, al lograr una ventaja considerable de sufragios emitidos en la jornada que se llevó a cabo este lunes a través de una plataforma digital. Nos hacen ver que los trabajadores sindicalizados pudieron ejercer su derecho a sufragar vía celular de manera directa con verificación de a quién daban su apoyo, por lo que se tiene previsto que este martes, en la mañanera, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, confirme los resultados para que ocupe dicha acante para los próximos dos años con el compromiso de hacer valer el contrato colectivo de trabajo.
Humo en la Corte
Así que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de fondo sobre la revocación de mandato; sin embargo, debido a que en la sala comenzó a salir humo por una falla en el aire acondicionado el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, pospuso la sesión para hoy. Durante el breve debate, cinco ministros participaron: Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Loretta Ortiz Ahlf y Jorge Mario Pardo Rebolledo, de los cuales, sólo la ministra Ortiz consideró que la pregunta que sugiere ratificación en el cargo al Presidente López Obrador es válida como está planteada. En la propuesta de resolutivo que estaba a evaluación se propone desaparecer de la pregunta la parte que dice “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, para que la respuesta de los electores sea sólo un sí o un no a la pregunta de si se debe revocar el mandato. Hoy, ya sin humos que puedan nublar las vistas, tendrá que haber una decisión. Uf.
Mensaje electoral en Oaxaca
En Oaxaca, nos comentan, existe la versión de que el Revolucionario Institucional, que ha gobernado desde siempre la entidad, sí va a tratar de tener un buen desempeño electoral en la contienda por la renovación de la gubernatura. Si bien tiene registrado que ganar representaría una auténtica hazaña casi imposible de lograr, nos insisten, tampoco se podría dar por cierto el señalamiento de que hay ya una cesión total de la plaza a priori. A eso atribuyen que el domingo pasado, en un acto al que acudieron alrededor de un millar de militantes tricolores, el gobernador Alejandro Murat cerrara filas con el precandidato Alejandro Avilés, pronunciara un mensaje de unidad y señalara que con el PRI “Oaxaca crece y se fortalece en el gobierno”. Nos dicen que también cerraron filas ahí Eufrosina Cruz, Germán Espinosa, Héctor Pablo Puga Leyva, Francisco Villarreal, todos ellos exaspirantes a la candidatura, y los priistas Lizeth Concha, Mariana Benítez y Javier Villacaña. Ahí el dato.
El PAN en el INE
Nos comentan que este martes la bancada de diputados del PAN, encabezada por Jorge Romero, acudirá a las oficinas del Instituto Nacional Electoral para dar un mensaje de defensa a los organismos autónomos, así como para presentar parte de su agenda legislativa en la que estarán incluidas propuestas en materia electoral, que se elaborarán como coalición Va por México, es decir, en conjunto con las bancadas del PRI y PRD. Este pronunciamiento ocurre días después de que el grupo parlamentario albiazul expresó su respaldo al órgano electoral y que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, asistió a su reunión plenaria previo al arranque de la segunda mitad del primer año de la LXV Legislatura. La visita ocurre en un momento coyuntural importante, nos recuerdan, la decisión del Gobierno federal de no entregar el presupuesto que requirió el árbitro para la organización de la consulta de revocación de mandato. (La Razón, La dos, p. 2)
El presidente López Obrador tardó en hablar acerca de las residencias millonarias en Houston, EU, donde han vivido su hijo José Ramón y su nuera Carolyn Adams.
No comentó hasta días después porque, entre otras cosas, no lo cuestionaron en la conferencia mañanera. A pesar de que se volvió un escándalo, se guardó silencio hasta pasado el fin de semana.
La explicación llegó tarde y mal. “Ellos se casaron y, al parecer, la señora tiene dinero”, indicó. Después vino la tradicional descalificación a periodistas que difundieron el trabajo de los reporteros que hicieron la investigación.
Incluso recuperó la frase: “muerden la mano del que les quitó el bozal”.
Como si AMLO hubiera abierto brecha en los portales que han develado las transas de ayer y hoy: Animal Político, Aristegui Noticias, Emeequis, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento, Sinembargo, entre otros.
Como si él hubiera construido el sitio de Carmen cuando MVS la sacó del aire por la pregunta que hizo sobre Felipe Calderón y luego, de manera definitiva, por la casa blanca de Peña Nieto.
Como si México no fuera uno de los países más peligrosos para la prensa. Como si no hubieran asesinado a periodistas en el mes que acaba de concluir. Como si compañeros no perseveraran en su labor, a pesar de las amenazas. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El jueves el fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, me confirmó que los dos asesinados a tiros en el hotel Xcaret eran canadienses y que, de acuerdo con información de la Policía Montada, pertenecían a una banda del crimen organizado, que fue en un ajuste de cuentas, y que también participaba en la investigación el FBI y la DEA.
Esto fue confirmado por el gobernador Carlos Joaquín y al día siguiente, viernes, llegó a la mañanera donde el presidente López Obrador dijo que pediría un informe al embajador Ken Salazar sobre esa intervención, que no se oponía a que se trabajara en forma coordinada con agentes extranjeros siempre y cuando haya información de por medio y no se viole la soberanía nacional.
A esto, Joaquín dijo que al Presidente le dieron información equivocada, porque yo hablé de intercambio de información.
El embajador Salazar respondió el domingo, confirmando las labores de los agentes estadunidenses en Quintana Roo y que operaban en el marco del nuevo programa Bicentenario de cooperación, y que combatir el tráfico de drogas, personas, armas y violencia es una responsabilidad de los dos gobiernos.
El diplomático habló antes de iniciar en Cancún una reunión de seguridad binacional, también al amparo de dicho acuerdo.
El punto es que la falta de comunicación y las versiones encontradas crearon este malentendido, por decir lo menos, que llegó al Presidente de la República y llevó a una serie de aclaraciones, escenario que no facilita la lucha contra la delincuencia organizada que, pese a todo, sigue avanzando. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
No hay asunto actual que genere más discusión en el Reino Unido que el llamado Partygate, el escándalo por fiestas que tuvieron lugar en la oficina y residencia del primer ministro Boris Johnson durante el tiempo en que las actividades grupales que podían realizar los británicos estaban severamente limitadas por la pandemia. Ayer se dieron a conocer los hallazgos de una investigación realizada por Sue Gray, la principal servidora pública de carrera en el gabinete.
Gray concluyó que el primer ministro tuvo un comportamiento “difícil de justificar” y “fallas de liderazgo” ante una docena de reuniones que tuvieron lugar en el número 10 de la calle Downing entre mayo de 2020 y abril de 2021. Muchas de ellas “no debieron haberse llevado a cabo”, por “el riesgo que representaban para la salud pública”. Todas, menos cuatro, están bajo investigación de la Policía de Londres.
Amenazado de perder su puesto, Johnson se disculpó ayer ante el Parlamento, en sesión en que fue duramente criticado por su propio partido. El parlamentario conservador Aaron Bell relató que sólo 10 personas asistieron al sepelio de su abuela, por las restricciones, y no pudo dar un abrazo a sus parientes. “¿Cree el primer ministro que soy un tonto?”, preguntó Bell, enojado. Pero el golpe más duro a Johnson provino de su predecesora y exjefa, Theresa May, quien dijo que el Partygate tiene tres explicaciones posibles. “O usted no leyó las reglas o no las entendió o pensó que no tenía por qué cumplirlas. ¿Cuál de ésas es?”
Otros miembros de su bancada le exigieron renunciar y publicar el informe de Gray, a lo cual Johnson no se comprometió. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, llamó “sinvergüenza” al primer ministro, quien se limitó a responder que entendía los reproches y prometió realizar cambios en su oficina. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Los problemas, las crisis, grandes o pequeñas, personales o institucionales, comienzan a acumularse en la administración López Obrador y el propio estilo de gobernar del mandatario, centralizando todo lo posible la toma de decisiones, incluso dejando de lado a su gabinete, la tendencia a fijar metas macro sin vigilarlas de cerca mientras se dedica acuciosamente al micromanagement, convierten al Presidente en el pararrayos de todas esas crisis ante las cuales sencillamente no hay fusibles.
Los capítulos conflictivos se suman y dos son los más delicados: la economía y la violencia. Según datos oficiales, estamos ya en recesión: la economía volvió a caer en el último trimestre de 2021, un 0.1%, es el segundo trimestre consecutivo en que cae la economía y ante la creciente presión inflacionaria ya hay analistas que piensan que estamos en una estanflación, una de las situaciones más críticas porque las medidas que se pueden adoptar para reducir la inflación aceleran el estancamiento económico y, por el contrario, las que buscan impulsarlo generan mayor inflación.
La situación económica es crítica, pero nadie parece estar asumiéndolo plenamente. Y se trata de un problema de política interna: la pandemia nos pegó como a toda la economía mundial, pero durante 2021 la enorme mayoría de las economías han recuperado lo perdido, sobre todo Estados Unidos, y ni siquiera con ese motor adicional hemos podido regresar a los niveles previos a la pandemia. Pero recordemos que no crecemos desde el inicio del sexenio: la pandemia agudizó la situación, pero el problema es anterior a ella. Y pasa por dos capítulos: la certidumbre jurídica y las inversiones. La primera está muy deteriorada y las segundas están en franca caída libre. Y es una situación que ha creado la propia administración federal con decisiones erráticas y poco confiables, como la propuesta de reforma eléctrica o proyectos de inversión pública, cuyos beneficios son por lo menos dudosos. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
De acuerdo al reportaje, López Beltrán, junto con su esposa, Carolyn Adams, habitaron en una residencia propiedad de Keith L. Schilling, desde la segunda mitad de 2019 y parte de 2020. La casa se encuentra en un suburbio de Houston y, según la investigación, tiene un valor de un millón de dólares.
Schilling es un “alto ejecutivo de Baker Hughes”, conocida empresa de tecnologías para el sector energético. Se trata de una compañía que cotiza en la bolsa del Nasdaq, con una capitalización de mercado de casi 24 mil millones de dólares. La empresa petrolera mexicana, Pemex, es un cliente frecuente de Baker Hughes.
“Schilling —revela Latinus y MCCI— se había desempeñado como director comercial y de ventas a nivel global, de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en el que la multinacional obtuvo dos contratos en Pemex, uno de los cuales, hasta por 66 millones de dólares, sigue vigente en el actual gobierno federal. Luego, Schilling fue ascendido a una de las presidencias de la compañía petrolera, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. El 5 de agosto de ese año, funcionarios de Pemex firmaron en Villahermosa, Tabasco, otra asignación a Baker Hughes, esta vez hasta por 85 millones de dólares, con vigencia hasta diciembre de 2022”.
Lo que López Beltrán tiene que aclarar es por qué vivió en esa residencia propiedad de un ejecutivo que hacía negocios con Pemex. Aquí hay un probable conflicto de interés. La explicación incluso le incumbe a Baker Hughes por las reglas que tienen que cumplir las empresas que cotizan en el Nasdaq.
¿Pagó la pareja López-Adams renta por el inmueble? Si es así, ¿pagaron un alquiler a precios de mercado? Y si no hubo renta, ¿por qué Schilling les prestó la casa? ¿Son familiares o amigos? ¿De dónde viene la relación entre las partes? (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 9)
Amo de las percepciones, Andrés Manuel López Obrador es el Presidente que más impunidad ha tenido en la opinión pública mexicana porque es quien más ha cautivado con su palabra religiosa, su prédica de amor a los pobres y, sobre todo, porque la realidad finalmente se alineó con su discurso de la desigualdad y contra la corrupción. De ahí la alta aprobación presidencial, empapada en la abulia a su ineficiencia y falta de resultados. Pero eso que sucede afuera de Palacio Nacional es muy diferente a lo que se está viviendo adentro, donde podría caracterizarse como una caldera en ebullición.
No han sido buenos días para el Presidente, y empeoraron al difundirse videos de dos de sus hijos, que lo han enfurecido pese a que sabía desde hace semanas que iban a comenzar a aparecer materiales sobre ellos. El Presidente se enteró por el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, cuyos agentes descubrieron la existencia de los videos y la intención de difundirlos, pero no pudieron frenarlos, pese a que los estuvieron rastreando varias semanas en las redes sociales.
Estaban convencidos de que tenían que ver con otro hijo, recibiendo dinero, pero no estaba en el radar que se iba a tratar de la revelación de una residencia en Houston donde vivía su primogénito, y otro donde aparecía su hijo menor bailando reguetón junto a la alberca de la casa. No sería esto un escándalo de no estar en las antípodas del discurso moral del Presidente, y compararse con sus palabras como opositor contra el expresidente Enrique Peña Nieto, cuando se supo de la llamada casa blanca, donde afirmó que era producto de la corrupción. La casa de Houston, sabemos ahora, era propiedad de un exempleado de Baker Hughes, una empresa petrolera con contratos con Pemex, y que en el pasado ha enfrentado problemas de corrupción globales.
Los videos, que forman parte de una serie de materiales que se ha difundido de manera regular desde agosto de 2020, golpean por debajo de la línea de flotación del Presidente, porque representan todo lo que dice no ser, y lo pintan igual que sus antecesores. Si bien su difusión no ha impactado en su aprobación, sí lo ha afectado en lo personal. Enfurecido, como lo han descrito en los últimos días, ordenó que se contuviera el impacto en redes sociales, lo que fue imposible. La guerra digital que se vivió entre el 26 y el 28 de enero la ganó el periodista Carlos Loret, que reveló en el portal Latinus, en una colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la casa de Houston, según la empresa Euclidean Distance Analysys Group, que analiza las redes sociales.
En esa guerra de 39 horas, Loret dominó la conversación con un 26.79% del tiempo, contra el 15.67% que tuvo el videodocumentalista del Presidente, Epigmenio Ibarra, que encabezó la fuerza de contención. A la trinchera de Loret se sumó el actor Chumel Torres, pesadilla para el gobierno y sus gatilleros cibernéticos, con 10.05%, seguido de Joaquín López-Dóriga –a quien el Presidente acusa hasta de lo que no hace–, con 8.06%. Ninguna otra cuenta relevante del gobierno figuró en apoyo de la defensa de los hijos del Presidente.
López Obrador y su jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, saben muy bien cómo la utilización de las redes puede llegar a generar, con consistencia y foco, un cambio en la opinión pública, y generar un rencor que pueda traducirse en apoyo electoral. Lo trabajaron por años en contra del expresidente Felipe Calderón, y les funcionó perfectamente contra Peña Nieto. Aún no horadan el blindaje de López Obrador las revelaciones familiares, pero debe sentir que se está erosionando, porque sus instrucciones fueron encontrar una solución definitiva contra las revelaciones de Loret y la crítica en los medios. Qué significa esto, no está claro, pero avizoran tiempos difíciles.
El enojo del Presidente provocó situaciones que afectan su gestión e imagen, como la falta de respuesta a las crecientes críticas por el rechazo a vacunar a los menores contra el Covid-19, que lejos de aprovechar la oportunidad y utilizar como fusible al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sin decirle a nadie lo defendió ante el asombro de sus colaboradores en la mañanera del viernes. Resultó peor. La respuesta que dará el gobierno se enfocará al campo mediático, pese a que sistemáticamente Ramírez Cuevas ha mostrado sus limitaciones. Los ataques, insultos y linchamientos en las redes sociales, que es lo que hace, no evitan las muertes. ¿Hasta cuándo se dará cuenta el Presidente?
Nunca con López Obrador, porque sólo piensa en él. Quedó claro en Palacio Nacional con su respuesta sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, donde se enfocó en tratar de comparar la violencia contra el gremio en gobiernos anteriores, o en la defensa de su hijo, donde se equiparó este lunes con Francisco I. Madero, y tergiversó los hechos: en México se conquistó la libertad de expresión durante el periodo que él llama del neoliberalismo, y es él quien está tratando de coartarla. También se notó con el rechazo cortante a la sugerencia del canciller Marcelo Ebrard de que rectificara en la designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, luego que la Cancillería de ese país envió una carta con sus reticencias para darle el beneplácito.
Al pésimo estado de ánimo del Presidente se le han sumado las preocupaciones por su salud, lo que también ha alterado la gestión gubernamental al estarle dosificando la información y administrando su agenda y sus citas. En cualquier caso, no parece ni relevante ante los ojos de López Obrador, ni que le importara, porque su tiempo y pensamiento han estado enfocados en las revelaciones sobre las propiedades y lujos de sus hijos. Esa crisis interna no ha trascendido hacia la opinión pública, pero es como un cáncer dentro de Palacio Nacional, donde se está viendo cómo neutralizar antes de que se convierta en una metástasis electoral. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
Me cuesta imaginar cómo era la Ciudad de México en 1923. Pero el 20 de julio de ese año los gritos de los vendedores de periódicos atrajeron a la gente a las esquinas principales cuando estaba cayendo la tarde, y era la hora del cine o de ir a pasear a la Alameda.
Los voceadores, niños en su mayoría, corrían por Bucareli hacia la Avenida Juárez, hacia San Juan de Letrán, y a lo largo de Balderas. Llevaban en las manos ejemplares de El Universal Gráfico que todavía escurrían tinta.
“En estos momentos se recibe en la capital una noticia tremenda que nos anticipamos, como siempre, a dar al público: el general Francisco Villa ha sido asesinado”, se leía en aquellas páginas.
Aunque la información era muy precaria, y no se conocían aún los detalles, El Gráfico confirmaba plenamente la noticia. El Centauro del Norte había caído, según las versiones disponibles a aquella hora, asesinado por su propia escolta, o bien en medio de una emboscada.
La edición de aquella tarde voló. En aquella época no había en México periódicos vespertinos, pues todos los intentos realizados para lanzar a la venta diarios de la tarde habían fracasado. El Universal Gráfico había surgido como un sueño delirante del ingeniero Félix F. Palavicini el 1º de febrero de 1922.
Periodista aliado de Francisco I. Madero, y más tarde afín al ideal constitucionalista encarnado por Venustiano Carranza, Palavicini había abierto las puertas de El Universal seis años antes (1º de octubre de 1916); muy pronto descubrió que el hambre de noticias en aquel México sacudido por los horrores de la lucha revolucionaria, y por la zozobra desatada por la Primera Guerra Mundial, no alcanzaba a ser saciada por los diarios matutinos —que según la conseja envejecían tan rápido que por la tarde eran empleados para limpiar vidrios o envolver filetes.
Era necesario, decía Palavicini, un periódico que a media tarde llevara a los lectores información fresca sobre cuestiones palpitantes y asuntos de última hora.
En el brindis de fin de año de 1921, Palavicini anunció el nacimiento del “hermano menor” de El Universal. Un periódico que pusiera énfasis en las imágenes, a fin de aprovechar el desarrollo que había alcanzado la fotografía. Un periódico con la mayor cantidad de noticias en la menor cantidad de páginas. Un diario que permitiera al público estar bien informado sin perder demasiado tiempo.
Un periódico que costara solo cinco centavos.
Me cuesta imaginar cómo era la ciudad de aquellos días, pero era la época del jazz, del ruido de los autos, de los teléfonos repiqueteando y del paso rápido de los tranvías. Todo parecía ocurrir más rápido. Y El Gráfico era así: estaba marcado por la velocidad. Sus titulares y sus notas eran como relámpagos.
Palavicini había ensayado aquella fórmula cuando decidió anunciar, en una edición vespertina que se agotó en unas horas, el asesinato de Carranza.
Lanzaba ahora un periódico que era como un “¡Extra!”, cargado desde luego de noticias nuevas, pero con abundancia de notas sobre toros, deportes, espectáculos. En su discurso inaugural sostuvo que el periódico iba a captar a la gente que él veía haciendo fila en los estadios, los cines, los teatros, las carpas… gente que quería saber cosas sobre sus ídolos.
El primer número salió a la venta hace un siglo, el 1º de febrero de 1922. La nota principal anunciaba la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Venezuela.
Ahora, los “papeleritos” de El Universal Gráfico corrían por la ciudad voceando el asesinato de Villa, quien según Frederich Katz y Jean Meyer podría haber firmado, precisamente en El Universal, su sentencia de muerte al declararle a Regino Hernández Llergo que prefería ver en la presidencia a Adolfo de la Huerta, y no al candidato elegido por Obregón: Plutarco Elías Calles.
Hubo una segunda primicia que consolidó al Gráfico como un diario indispensable. Procede de aquel día en que fue el primero en informar: “A las dos y veinte minutos de la tarde ocurrió hoy, en el restaurante de la Bombilla, en San Ángel, una tremenda tragedia: el general Obregón, presidente electo de la República, resultó muerto como consecuencia de cinco balazos que le disparó por la espalda, a quemarropa, un individuo que se hizo pasar como dibujante…”.
En el tiempo que siguió, cientos de diarios nacieron y murieron. Vino primero el radio, luego la televisión, más tarde las nuevas tecnologías. Para sobrevivir en lo que es ya otro país, otro México, El Gráfico transitó desde hace unas décadas hacia esa extraña forma de la fascinación que es la nota roja. Hoy, al cumplir un siglo, el decano de los vespertinos sigue narrándonos algo. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 5)
Insultó, injurió, calumnió, mintió, repitió las respuestas peñistas cuando la “casa blanca”, divagó durante 22 minutos… pero el presidente no pudo desmentir una sola frase del reportaje sobre las casonas y los lujos con los que vive su hijo: cine privado, alberca de 23 metros, camioneta Mercedes Benz.
En esa larga y desordenada perorata —el odio como combustible—, el presidente dijo una mentira gigantesca: “en este gobierno no tienen influencia mis hijos”. Esta frase expone tremendamente a sus propios hijos. Esa frase lo va a perseguir.
Los hijos del presidente han sido sus operadores electorales; interlocutores con grandes empresarios y poderosos políticos; han colocado funcionarios públicos; le llevan temas, preocupaciones y peticiones de distintos sectores; han tenido diálogos de talla internacional a nombre del gobierno de México; y usan su apellido para “desatorar” trámites y “orientar” decisiones de la administración pública. He tratado de ser elegante en la descripción de su indudable influencia, en la que coinciden distintas fuentes.
Un ejemplo pertinente:
Una de las casonas de Houston —la del cine y la alberca— era de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, que ha obtenido de Pemex contratos en el actual gobierno por más de 150 millones de dólares. Uno de esos contratos, por 85 millones de dólares, lo otorgó Pemex Exploración y Producción cuando ahí estaba uno de los amigos íntimos de Andrés López Beltrán, otro hijo del presidente: Abraham Alipi Mena, quien fue subdirector de Administración de Servicios para Exploración Producción, y después saltó a encabezar el Centro Nacional de Control de Gas Natural. PEP y Cenagas, con todos los recursos que manejan, ¡ni más ni menos!
Si bien José Ramón López Beltrán ha estado en la palestra en los últimos días, a raíz del reportaje de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción sobre sus lujos, el hijo que más influye en el gobierno es Andrés, conocido como “Andy”. Como su hermano, no es retrato de austeridad. Pero, a diferencia de su hermano, más discreto y mejor operador: es interlocutor con grandes empresarios de la Ciudad de México y Monterrey.
Como Andrés López Beltrán puso al administrador General de Grandes Contribuyentes del SAT, Antonio Martínez Danigno, se ofrece para resolver los diferendos de impuestos. Treintañero, sin experiencia en el sector y ubicado también como amigo de Gonzalo López Beltrán. Otra figura vinculada a los hermanos López Beltrán es Carlos Torres Rosas.
Por la cercanísima relación entre sus papás, es como su primo. Torres controla la distribución de los programas sociales a través de los “servidores de la nación”, pues sustituyó a Gabriel García —de infeliz memoria— en Palacio Nacional. Javier May, al frente de Fonatur y ahora encargado del Tren Maya, es también cercanísimo. Y el que define el acceso al presidente, el jefe de la Ayudantía, Daniel Asaf, el hombre físicamente más cercano a AMLO, es también del grupo de su hijo Andrés.
En sencillo. Lo dicen todos en voz baja: no hay nadie en el gobierno que se niegue a tomarles la llamada y hacerles el favor que pidan. Eso de que “en este gobierno no tienen influencia mis hijos” es de las más escandalosas mentiras. Lo sabe él, lo saben ellos, lo saben muchos. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 6)
Esta consigna articuló la primera campaña electoral de la izquierda tras la reforma política de 1977 que abrió paso al registro de distintos partidos políticos. Se ponía en el centro de la discusión la necesidad de avanzar en el ejercicio de los derechos y las libertades políticas, así como en el combate a la desigualdad.
En México prevalecía un agotado sistema político, encabezado por un presidencialismo autoritario, soportado en un partido hegemónico y el férreo control corporativo sobre todas las expresiones del movimiento social, que en el ámbito sindical se ejercía bajo el “charrismo” impuesto desde los años cincuenta tras la represión a la huelga ferrocarrilera.
Era la antesala del neoliberalismo, que conculcó la democracia sindical, deprimió el poder adquisitivo de los salarios y que, junto con ello, alentó la informalidad laboral, el crecimiento indiscriminado de los contratos de protección y la precarización del trabajo. Esto trajo consigo una caída drástica en el poder de consumo de los trabajadores en un 70% entre 1980 y 1994, año en el que los incrementos al salario mínimo mantuvieron un estancamiento, bajo la premisa que el aumento a los salarios provocaba inflación, hasta 2019, cuando inicia un proceso de recuperación en términos reales, al registrase durante cuatro años consecutivos, incrementos por encima de la inflación, lo que ha permitido recuperar un poder adquisitivo similar al de 1984, al crecer el salario mínimo en 71%, pasando de 88.36 pesos en 2018 a 172.87 pesos en este 2022, lo que no sucedía en los últimos 34 años.
El trabajo dignifica la vida de las personas. Ésta pasa por la dignificación de la persona trabajadora en su espacio laboral, en el reconocimiento de su labor, su condición de género, por una sana relación obrero patronal y por la importancia de reconocer la organización obrera para tener condiciones justas de trabajo.
La reforma impulsada en 2019, ha sido fundamental para sentar las bases para una verdadera justicia laboral. Con ello, se abrió la ruta para saldar una deuda histórica con las personas trabajadoras para frenar la pauperización de la fuerza de trabajo en el neoliberalismo. Dentro de esta reforma destaca el enfoque de género e inclusión con el reconocimiento a las personas trabajadoras del hogar y jornaleras agrícolas, el cambio del régimen de subcontratación, el teletrabajo y los derechos a vivienda, seguridad social, así como la libertad sindical y la conciliación en conflictos laborales.
La reforma avanza en romper con una cultura de opacidad y manipulación sobre los derechos laborales, eliminar el clientelismo, garantizando la participación de las personas trabajadoras en la negociación colectiva, garantizar acceso a la justicia laboral y a mecanismos de conciliación que permitan desahogar los conflictos laborales de manera más expedita. Muestra de ello es que hasta el 18 de enero de este año se han resuelto el 76% de los conflictos laborales a través de este mecanismo.
Un avance sin precedente, es el impulso a la democracia sindical, al favorecer la participación obrera en los contratos colectivos y con ello aumentar las capacidades organizativas que dan voz para tener espacios de trabajo adecuados, salarios y condiciones laborales dignas. En este sentido se han validado 2 mil 951 contratos colectivos de trabajo, consultándose a un millón 123 mil trabajadores. Ejemplo de ello es la primera revocación de un Contrato Colectivo de Trabajo, es el caso de la empresa General Motors en Silao, Guanajuato, tras la consulta a los trabajadores, al igual que las elecciones en el sindicato de Pemex a través del voto personal, libre, directo y secreto, para elegir a sus dirigentes.
Por otro lado, se han realizado mil 195 registros de revisión salarial; 944 convenios de revisión salarial; 511 sustituciones patronales, que garantizan el reconocimiento de la antigüedad y derechos de las personas trabajadoras; 213 revisiones integrales de contratos colectivos y cerca de 700 registros de reglamentos internos de trabajo.
Los derechos laborales son fundamentales para transformar las estructuras económicas de desigualdad en nuestro país. Romper con la corrupción, el corporativismo sindical, los contratos de protección, garantizar la libertad de asociación y la democracia en los sindicatos, son condiciones básicas para dignificar el trabajo en su sentido más amplio. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 16)
Hace ocho meses EL UNIVERSAL dio a conocer un informe elaborado por la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la infancia, en el que se daba cuenta de que en escuelas públicas y privadas han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada en los que participan por igual maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia; los abusos han ocurrido dentro y fuera de los planteles escolares y los han videograbado con fines de difundir pornografía en línea.
En el reporte hay una documentación detallada de 18 casos de abuso sexual cometidos en siete entidades. Los registros señalan que se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel.
La asociación ha acompañado a las víctimas para emprender acciones legales, pero ahora la tarea ha crecido.
Hoy ese informe se encuentra más abultado. En el tiempo transcurrido desde mediados de mayo se han agregado tres casos. Ahora son 21 en 10 estados. Uno de ellos ya en el regreso a clases presenciales en 2021.
Por la gravedad del tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió el año pasado a que cada mes se darían detalles de las acciones realizadas para proteger a sectores vulnerables como la niñez, porque el gobierno federal “trabaja mucho” en el combate contra los grupos de la delincuencia organizada dedicada a la explotación sexual infantil en México.
Sobre los casos denunciados anteriormente sorprende el silencio del Estado mexicano, en especial de la Secretaría de Educación Pública, pues varias de las situaciones se han registrado en escuelas públicas.
En la actualización del informe se informa que los trabajadores de la SEP involucrados en su mayoría no son denunciados ni sancionados por la dependencia; si acaso, son cambiados de plantel educativo. Además de eso, no ha pasado nada, excepto que han crecido las denuncias. ¿Qué tendría que pasar para que se atienda esta problemática y para que las autoridades no sigan escondiendo la cabeza?
Abogados y activistas advierten que de mantenerse la inacción y el silencio, el problema en lugar de disminuir va a aumentar. Así, se prevé el peor panorama para los más vulnerables. Inadmisible. (Editorial, El Universal, Opinión, p. 16)
No, las autoridades no tienen intenciones de expropiar a nadie con su contrarreforma eléctrica. Ellas mismas lo dicen. Pero no es porque quieran respetar la propiedad privada, sino porque no quieren pagar indemnizaciones. El gobierno, efectivamente, cancelará de manera unilateral los contratos que tienen las empresas privadas de generación de electricidad sin compensar las pérdidas que les ocasione. Podemos hablar de un robo más que de una expropiación.
“No se va a expropiar ni un tornillo -dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a los senadores de Morena este 30 de enero-. No se va a expropiar absolutamente nada. No les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan. Porque no les estamos diciendo nada; nada más les decimos, ustedes se quedan en esta parte”. Los daños a las empresas que han invertido en México para generar electricidad no serán, así, compensados.
En todo el mundo se reconoce el derecho de los gobiernos a expropiar bienes por razones de utilidad pública, pero siempre con el pago de una indemnización justa. Si el gobierno mexicano cancela unilateralmente los contratos de las plantas eléctricas que ya operan en el país, o les impide entregar energía a sus clientes, el resultado será inutilizarlas y provocar pérdidas. Si las expropiara, tendría que compensar su valor. De la forma en que lo quiere hacer, las volverá inoperantes sin indemnizarlas.
Ya se está llevando a cabo la primera cancelación de un contrato de generación y venta de electricidad. Se trata de la planta de ciclo combinado de Dulces Nombres ubicada en Pesquería, Nuevo León, propiedad de Iberdrola. La planta es muy anterior a la reforma eléctrica de Peña Nieto, la de 2013-2014. Se empezó a construir en 1999, por una adjudicación de la Comisión Federal de Electricidad, y se concluyó en 2002. Tiene una capacidad de 1,008 megavatios. Cumple con varias certificaciones y normas internacionales de calidad, entre ellas la de Industria Limpia.
Dulces Nombres surte de electricidad a varias empresas privadas. La Comisión Reguladora de Energía, ahora bajo control absoluto del gobierno, le ha negado la renovación del permiso de interconexión. Las empresas que reciben electricidad de esta planta han sido presionadas para conectarse directamente a la Comisión Federal de Electricidad. Ante la posibilidad de quedar sin energía, muchas han tenido que aceptar. La CFE, sin embargo, no se da abasto para conectarlas.
El gobierno no está expropiando la planta de Dulces Nombres y no tiene, por lo tanto, que pagar una indemnización. Lo que está haciendo, sin embargo, es más dañino: le impide cumplir sus contratos con las empresas que hasta ayer han recibido su energía. Es peor que una expropiación. El gobierno está ahogando la planta.
No nos equivoquemos. Cuando la secretaria Nahle afirma ante los senadores morenistas que no habrá expropiaciones, no lo hace para exhibir su respeto al Estado de derecho. Al contrario, no expropiar en este caso equivale a no pagar las indemnizaciones que deben cubrirse a las plantas que están siendo inutilizadas. El gobierno mexicano quiere impedir que las plantas privadas de generación sigan haciendo su trabajo y entregando una electricidad más barata y de mejor calidad a sus clientes. Pero no quiere indemnizarlas… porque es un gobierno austero.
RECESIÓN
El PIB mexicano se contrajo 0.1 por ciento en el cuarto trimestre de 2021. Es la segunda baja trimestral consecutiva, lo que genera una “recesión técnica”. Se acabó el rebote de principios de 2021. La economía de Estados Unidos, en cambio, creció 1.7 por ciento en el cuarto trimestre. El PIB mexicano sigue siendo inferior al de 2018, cuando terminó el sexenio de Peña Nieto. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 10)
Hacienda se negó a entregarle recursos al INE para sacar adelante la consulta popular sobre revocación de mandato del presidente López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió al Instituto hacer ahorros en su presupuesto para tener recursos para la Consulta y recomendó que en caso de faltarle dinero se lo pidiera a Hacienda.
El INE juntó mil 567 millones para el proceso después de apretarse el cinturón y hacer ahorros; sin embargo, el costo total es de 3 mil 306 millones 420 mil pesos, por lo que el INE tiene un déficit de más de 2 mil 554 millones de pesos para poder consultar a la ciudadanía mayor de 18 años si quiere o no que López Obrador continúe al frente del Poder Ejecutivo federal.
Ante la falta de recursos, ¿qué sigue entonces?: ¿se frena la Consulta Popular? o ¿ésta se debe llevar a cabo? La revocación de mandato va aún cuando Hacienda informó ayer que no transferirá al INE un solo peso para el ejercicio democrático.
Con los recursos incompletos el árbitro electoral anunció que no puede instalar todas las casillas previstas en el proyecto original para el proceso previsto en abril, por lo que así como están las cosas será un ejercicio que no podría realizarse siquiera con la mitad de casilla instaladas.
El árbitro electoral no alcanzará a colocar todas las que se necesitan para cubrir las circunscripciones del país, que es el mismo número (161 mil 460 casillas) instaladas en un proceso electoral federal.
Bajo esa lógica no todos los ciudadanos tendrán las mismas oportunidades de expresión democrática, quedará segmentada la población para ejercer su derecho democrático ¿Qué sentido tiene llevar a cabo un ejercicio sin los recursos ni condiciones necesarias? El principal beneficiario de un proceso mutilado es el Presidente de la República. De por sí quedó constatado que durante el primer ejercicio de esta índole para enjuiciar o no a los expresidentes del país por irregularidadesn que se habrían cometido durante sus respectivos sexenios, solo participó el 7 por ciento del electorado (poco más de 6 millones) cuando se requiere al menos 40 por ciento del padrón nacional conformado por más de 93 millones de votantes.
Si hay algo que le conviene a López Obrador es que no vote el 40 por ciento, pues de esa forma garantiza su pase directo para terminar su sexenio y venderá la narrativa de que el pueblo lo aclama y quiere que siga al frente del Poder Ejecutivo, situación que enciende los focos ambar porque una parte de sus criticos asegura que ahí puede estar la estrategia para buscar una reelección o manejar las cosas a su favor para fortalecer el pase directo de quien quiere que sea su sucesor o sucesora.
El INE, sin embargo, aún espera el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debe resolver en breve, una controversia constitucional interpuesta por el instituto sobre la falta de dinero para sacar adelante la consulta. Alguien quiere asegurar que AMLO gane porque gane aún cuando teniendo los recursos suficientes para que se intalen 100 por ciento de las casilla será dificilísimo que vote al menos el 40 por ciento de la población y con la popularidad que se carga el mandatario casi imposible que López Obrador pierda la consulta ciudadana.
Uppercut: Toda la carga rumbo a este proceso la tienen los ministros porque además de resolver el tema del presupuesto también deben resolver si cancelan el modo de pregunta para “ratificación” del presidente impuesta por la mayoría de Morena en el Congreso, cuando la forma original es si se está de acuerdo o no con que se revoque el mandato al presidente por perdida de confianza. Ayer, el ministro Jorge Mario Pardo presentó un proyecto para que se eliminará lo de ratificación, pero algo muy extraño ocurrió que cuando se sometería a votación se le “calló” el sistema al aire acondicionado de la sala y al empezar a salir humo, Arturo Zaldivar, presidente de la SCJN, tuvo que suspender y posponer la votación. ¡Cuánta coincidencia! (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, On line)
Houston: el rigor de los datos // Evoluciones patrimoniales // Baker Hughes, contratos // Ricardo Monreal: canto de las sirenas
El punto clave de los alegatos encendidos que se han cruzado respecto de la forma de vida en Houston de uno de los hijos del Presidente de México reside en la demostración, o la falta de ella, de hechos firmes, datos duros, que muestren conflicto de interés o algo similar en cuanto a la adquisición o disfrute de un inmueble ciertamente lujoso, y no sólo en comparación con los que la clase media mexicana puede adquirir.
Los ciudadanos tienen el derecho de estar muy atentos a la evolución patrimonial de las familias en el poder. Ese ejercicio nunca será un exceso, aunque sí ha de cuidarse que los señalamientos y denuncias tengan el sustento adecuado. Otro aspecto a cuidar es que, mientras no se demuestre lo contrario, no puede adjudicarse a padres e hijos las responsabilidades jurídicas, políticas o ideológicas de cada cual en cuanto mayor de edad.
Un ejemplo que se ha mencionado mucho en estas horas es el de la casa blanca adquirida por Angélica Rivera, entonces esposa de Enrique Peña Nieto. Un trabajo periodístico puntual, irrefutable, que el equipo de trabajo conducido por Carmen Aristegui difundió con hechos que conmocionaron a ese poder instalado en Los Pinos. Lo que hasta ahora han presentado Latinus y Mexicanos contra la Corrupción carece de esa contundencia y, por ello, a pesar del revuelo que ha causado, sigue estancado en la polémica y la interpretación. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)