¿Qué hay detrás de la resistencia de algunas dependencias gubernamentales a dejar de contratar empresas privadas de seguridad? (La Jornada, Contraportada)
AUNQUE en Palacio Nacional y en Morena presuman que el más reciente proceso de selección de consejeros del INE fue distinto y mejor a los anteriores, el resultado terminó siendo incluso peor que cuando imperaba el llamado sistema de “cuotas y cuates”.
ANTES, los partidos proponían a perfiles que les fueran cercanos ideológicamente, pero ahora dos de las cuatro vacantes, incluida la de la presidencia del organismo, quedaron en manos de Guadalupe Taddei y Jorge Montaño, personas plenamente identificadas con el partido en el poder.
Y CON ELLO, un organismo que por diseño debería ser 100 por ciento ciudadano está más partidizado que nunca.
POR CIERTO, dado que la suerte en la tómbola no favoreció a Bertha María Alcalde Luján, a quien los morenistas perfilaron como nueva consejera presidenta del INE, surgió la duda sobre qué le depara el futuro.
HAY QUIENES dicen que retomará su cargo como comisionada de Operación Sanitaria en la Cofepris al amparo del subsecretario Hugo López-Gatell, pero otros afirman que le podrían dar un premio de consolación.
INCLUSO se dice que podría ser una de las sillas que siguen vacantes en el INAI después de que la Presidencia vetara a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, quienes ya habían sido elegidos por el Senado. ¿Será?
AUNQUE no faltan los que se quejan de que en el caso del plagio de la tesis de Yasmín Esquivel la UNAM “tapó el pozo después del niño ahogado”, otros opinan que el refrán que mejor ilustra lo ocurrido es el que dice: “Más vale tarde que nunca”.
Y ES QUE el Consejo Universitario ya hizo su tarea y actualizó la normatividad interna para tener la facultad de anular títulos de licenciatura y posgrado cuando se compruebe que un estudiante en activo o egresado hizo trampa o no cumplió con los requisitos para obtener algún grado.
LA OTRA asignatura pendiente que ya quedó cubierta es la valoración final sobre el caso específico de la ministra y su trabajo de titulación que hizo la Comisión Universitaria de Ética… nomás que no puede hacer públicas sus conclusiones por el amparo que fue concedido a la integrante de la Corte. ¡Qué tal!
QUE ALGUIEN le avise a Andrés Manuel López Obrador que dirigirse a una mujer a la que no conoce como “mi amor” es hacer un uso sexista del lenguaje. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Otra vez se dividen los opositores, ahora por el tema del INE
Nos cuentan que el saldo de la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE fue, una vez más, la división entre los partidos que integran la siempre inestable alianza opositora. Tras el proceso de madrugada, el PAN anunció que impugnará jurídicamente el nombramiento de la primera consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y el PRI pidió dar oportunidad a los recién designados para que muestren su imparcialidad. Nos hacen ver que entre los legisladores blanquiazules hay resquemor porque consideran que los priistas aparentaron una vez más su oposición a los deseos de Palacio Nacional pero en realidad facilitaron que se acelerara el proceso de insaculación en las primeras horas del viernes. Según los panistas, había un acuerdo tácito para obligar a los guindas a llegar hasta el último paso del proceso, que culminaría en que el sorteo se trasladara a la Suprema Corte. Los priistas, nos comentan, niegan tal acuerdo y hasta festejan que al final no quedaron los perfiles más polémicos. Entre que se recriminan y se contentan, la alianza Va por México parece matrimonio peleonero, de esos que discuten un día sí y el otro también, hasta porque vuela la mosca.
Alianza sí, pero sin el PRI
Nos cuentan que ahora que comienzan las campañas en el Estado de México y Coahuila, en Movimiento Ciudadano se comienza a hablar de una “tercera vía” en el tema de la posibilidad de formar parte de una alianza opositora. Nos cuentan que la decisión del dirigente emecista Dante Delgado de no postular candidatos ni sumarse a Va por México en esos estados ha ahondado las diferencias con los gobernadores Samuel García, de Nuevo León, y Enrique Alfaro, de Jalisco, quienes saben que sin coalición en el 2024 corren riesgo hasta en sus entidades. Pero, nos hacen ver, en realidad podría haberse abierto una posibilidad de acuerdo entre los tres personajes: decir sí a la alianza para la presidencial… pero sin el PRI. Claro que para eso primero tienen que convencer al PAN y al PRD de alejarse de los comandados por Alejandro ‘Alito’ Moreno. La desconfianza ya existe, sólo es cuestión de rasparle, dicen.
De la tómbola a la playa
Y a propósito de jaloneos, nos cuentan que los diputados no hicieron bien sus cálculos en este proceso de elección de consejeros del INE y se metieron en un aprieto. Resulta que, al ser elegidos durante la madrugada del viernes, los nuevos integrantes tendrían que rendir protesta hoy sábado en el Consejo General, pero tres de ellos no estaban en la Ciudad de México, lo que obligó a que el consejero presidente saliente, Lorenzo Córdova, retrasara para el lunes la convocatoria a sesión. Mientras tanto, los diputados aprovecharon para iniciar desde ayer sus vacaciones de Semana Santa y la Cámara baja estuvo vacía. La discusión de iniciativas como la de permitir que los extranjeros participen abiertamente en política o reducir a 18 años la edad mínima requerida para ser diputado, tendrán que esperar al regreso del asueto. Lo primero es lo primero.
Dejan a Alcalde y Adán Augusto sin solución a la huelga de Notimex
Nos cuentan que hace tres semanas se tenían listas, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos propuestas para solucionar y levantar la huelga en Notimex que ya cumplió tres años y que incluso los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y del Trabajo, Luisa María Alcalde, comprometieron su palabra, junto con el vocero, Jesús Ramírez, a los dirigentes del sindicato. Sin embargo, nos detallan que una visita de la directora Sanjuana Martínez a Palacio Nacional, con foto en Twitter de por medio, fue suficiente para meter en la congeladora la voluntad de ambos secretarios. ¿Será que el conflicto se irá hasta el fin del sexenio? (El Universal, A2, p.2)
Torbellino. Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences, Arturo Castillo-Loza y Guadalupe Taddei Zavala se convierten en protagonistas del circo político al ser nombrados nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, con Taddei Zavala como la primera mujer en presidir el organismo. Entre insaculaciones y acusaciones de opositores que cuestionan la validez de su cédula profesional, la polémica no tarda en surgir. La oposición legislativa busca impugnar su nombramiento, en un intento desesperado por apartarla de un cargo recién adquirido sin un fundamento sólido. Quizá sería más apropiado cuestionar sus decisiones como consejera, o incluso indagar en los supuestos lazos familiares con Morena. Se pronostican rayos y centellas.
¿De qué se trata? A este ritmo, ni transformaciones ni soluciones veremos. Morena frena el proceso legislativo para que el Senado llame a 57 servidores públicos a comparecer y expliquen por qué ignoran las recomendaciones de la CNDH, con expedientes que se remontan a 2021. ¿La estrategia? Ausentarse de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y evitar el quórum necesario. Pareciera que prefieren esconderse detrás de tácticas burocráticas en lugar de asumir sus responsabilidades. ¿Será que temen las consecuencias? Basta de evasivas, es hora de rendir cuentas. Mensaje dirigido a militantes y a Mario Delgado, presidente del partido.
Llevar la fiesta en paz. Ante la vorágine que se avecina, PRI y PRD aceptaron el resultado del sorteo para definir a los nuevos consejeros del INE. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, recalca que se cumplió con la Constitución y que ahora les toca a los elegidos cumplir con el país. A pesar de las dudas sobre la cercanía de Guadalupe Taddei y Jorge Montaño con Morena, el líder de los priistas en San Lázaro confía en que se ganarán la confianza de los mexicanos. Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD, reiteró el respeto a la insaculación, establecida en la Carta Magna. Que reine la imparcialidad en el actuar de los consejeros; es lo mínimo que podemos pedirles.
El voto póstumo. El INE multó a Que siga la Democracia con 500 mil pesos por entregar 14 mil 940 firmas de apoyo para la revocación de mandato correspondientes a personas fallecidas. La FGR y el Inai también investigarán a la organización y a su representante legal, Gabriela Jiménez. Ciro Murayama había revelado que el padrón electoral permitió detectar el fraude en la iniciativa promovida por simpatizantes de la 4T. ¿Por qué Morena y Jiménez impugnaron el uso de la aplicación móvil? Ahora se entiende su insistencia en los apoyos físicos. El INE revisó tres millones de registros y encontró 693 mil inconsistencias. ¿Qué sigue? ¿Acaso el voto zombi en la próxima elección? Democracia de ultratumba.
Bien pensado. Una buena manera de poner un alto a la violencia de género. La Cámara de Diputados discute una iniciativa del grupo plural para impedir que agresores de mujeres accedan a puestos públicos y candidaturas. Adiós a los casos como el del senador Noé Castañón. La propuesta reformaría la Constitución, suspendiendo derechos y prerrogativas de ciudadanos con sentencia firme por delitos contra mujeres, incluyendo violencia familiar y política. Además, personas declaradas deudoras alimentarias morosas también quedarían excluidas. Así, los agresores no podrán ser registrados como candidatos ni nombrados en el servicio público. Excelente. No más puertas abiertas a violentadores en cargos públicos. Que no se quede en promesas. (Excélsior, Nacional, p.9)
No sé de ningún país que elija a sus autoridades electorales en una tómbola. En eso sí la 4T es diferente. En la Constitución se le llama “insaculación”. Es el último recurso para “elegir” nuevos consejeros del INE, cuando la negociación fracasa. En el caso del Instituto Nacional Electoral ni siquiera hubo negociación. Pura simulación. Había “línea” de Palacio Nacional de llegar a la insaculación desde un principio.
Adán Augusto López, secretario de Gobernación, lo dejó claro en entrevistas banqueteras. El camino era el sorteo, lo demás es “toma y daca”, repitió. En la rifa salieron “premiados” Guadalupe Taddei, primera mujer que presidirá el INE; Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo-Loza. Los dos primeros ya fueron impugnados por el PAN, por sus vínculos familiares y políticos con Morena.
Taddei es prima del superdelegado de Morena en Sonora, Jorge Luis Taddei y es pariente de la diputada Ivana Taddei y de Pablo Taddei, director de LitioMX. Montaño es tabasqueño de origen. Maestro en derecho. Tiene experiencia como fiscal de delitos electorales en su estado.
* Antes de ir a la tómbola para elegir a los cuatro consejeros, la madrugada del 31 de marzo, el oficialismo se aseguró que las quintetas de aspirantes a consejeros se integrarán, mayoritariamente, con gente cercana a Morena.
La estrategia funcionó a la mitad, a juzgar por el tuit que puso ayer Maite Azuela, la valiente integrante del Comité Técnico de Evaluación que, días antes del sorteo, se atrevió a denunciar públicamente los vínculos de la mayoría de aspirantes incluidos en las quintetas con el partido en el gobierno. Después de la insaculación, Maite Azuela escribió en Twitter: “La designación de estas cuatro conserjerías es un escenario equilibrado. Dos con perfil cercano al poder y dos con perfil cercano a la ciudadanía”.
* Buscamos al exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, para que nos diera su opinión sobre el tema. Nos compartió el reporte político que Integralia, la consultora que dirige, les envía a sus clientes, con la autorización de compartirlo. Sobre la nueva presidenta del INE y de los nuevos consejeros, el reporte dice: “El saldo es positivo: se evitó el riesgo de que una persona muy vinculada personal, laboral e ideológicamente con el gobierno, y sin la experiencia en la materia, llegara a la presidencia del Instituto. En contraste, la nueva titular, Guadalupe Taddei, cuenta con amplia experiencia electoral en el INE y en el OPLE de Sonora, donde fue su presidenta”.
Aunque, reconoce, persiste la preocupación de que sus vínculos laborales y políticos con el régimen pudieran afectar su imparcialidad. De los otros tres nuevos consejeros señala que tienen amplia experiencia electoral. No evade el tema de los vínculos con Morena de parte de Montaño, pero añade que está por verse si su origen implica sumisión política. Y lo más importante del reporte: “No hay riesgo inminente de captura política: no se considera que el órgano de deliberación del INE esté en riesgo de inminente intromisión política, pues las decisiones se toman en forma colegiada…”.
* Otra derrota de la política ocurrió con la elección de los comisionados del Inai. Tampoco se pudo, vía la negociación. Pero aquí no hubo sorteo, sino una directriz: no dejar pasar a nadie. Había una lista de los diez mejor calificados. Cinco hombres y cinco mujeres para suplir a los dos vetados por el presidente López Obrador y a uno más que se fue el viernes. La cerrazón de Morena y aliados en el Senado lo impidió.
Al “Instituto de la Transparencia” –como lo llama AMLO– le quedan cuatro comisionados en funciones. A partir de hoy se queda sin quórum para sesionar. Necesitan por lo menos a cinco comisionados. ¿Lo asfixiarán? Es pregunta.
Los desacuerdos en el Senado le impiden cumplir –a partir de hoy– con una de sus funciones sustanciales: resolver las controversias presentadas por la ciudadanía en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
Pero el Inai no deja de operar. Las personas podrán seguir presentando peticiones de información o interponer recursos de revisión cuando no estén conformes con las respuestas, y presentar denuncias ante el incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
Para el mero mero de la 4T sentarse a negociar con la oposición es traicionar al movimiento. Lleva cuatro años y cuatro meses en el poder. ¿Lo ha visto dialogar con Marko Cortés, Alito Moreno, Dante Delgado o Jesús Zambrano? Por supuesto que no. En su mundo de autócrata, los que piensan diferente no merecen atención, son corruptos, sólo quieren recuperar privilegios perdidos o “los mandó Maru” (Campos) a protestar frente a él, como les dijo ayer a los migrantes en Ciudad Juárez que pedían justicia por los 39 quemados de la estación migratoria. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Convencidos de que en el relevo del INE se acabaron las cuotas, pero jamás los cuates, porque los 20 finalistas eran o afines o consentidos o, al menos, tenían el visto bueno de Morena, los diputados de la coalición Va por México aprobaron el desenlace menos avasallador, el del sorteo.
Con la ausencia de Movimiento Ciudadano –que se abstuvo de respaldar esa ruta, reclamando a las bancadas 4T y a las del PAN, PRI y PRD haber renunciado al ejercicio de la política–, se inauguró en el Palacio Legislativo de San Lázaro la inédita democracia de la tómbola, con las manos benditas, al menos para los ganadores, de las diputadas secretarias de la Mesa Directiva.
Fue un espectáculo nunca visto para definir al árbitro electoral por insaculación, bajo un cuidadoso protocolo de sobre cerrado, con los nombres de cada uno de los integrantes de la quinteta de aspirantes, 10 vueltas contadas a la urna transparente, grabación de por medio, y la mirada al frente de la escrutadora para evitar trampas y suspicacias, cuando la fortuna estuviera echada.
La rutina se aplicó a las cuatro quintetas con los 20 finalistas.
El primer sorteo benefició a Jorge Montaño Ventura, fiscal de delitos electorales en Tabasco, dato que inauguró la madrugada de suerte para el secretario paisano que despacha en Bucareli, el secretario Adán Augusto López Hernández, considerado el ganón en las sumas y restas de este recambio en el INE.
En la insaculación de la segunda y tercera quintetas, el azar estuvo con Rita Bell López Vences, exconsejera electoral de Oaxaca y destacada activista de la sociedad civil, y Arturo Castilla-Loza, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF), últimamente con el magistrado José Luis Vargas y antes con la presidenta de ese órgano jurisdiccional, que le abrió paso al cumplimiento de la paridad, Maricarmen Alanís, quien en el sexenio antepasado logró que los partidos cumplieran sí o sí con las cuotas de género.
En ambos casos se quedaron fuera nombres polémicos por la presunta cercanía con las filas morenistas o porque eran parte de los seis aspirantes sin idoneidad que Maite Azuela ventiló en su voto particular, por falta de autonomía.
Tampoco pasaron perfiles que en la CDMX y el Estado de México operaron como magistrados o consejeros al servicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Y aunque estaba dicho que la quinteta dorada era de “ganar o ganar” para la bancada de Morena,la mano santa de la diputada secretaria escrutadora del PAN, Sarai Núñez, tuvo el tino de sacar la boleta de Guadalupe Taddei Zavala, quien será la primera presidenta del INE.
Fue un anuncio que en voz del también panista diputado presidente, Santiago Creel, nunca fue celebrado en las curules de la bancada de Morena, donde, sin embargo, salieron del alma uno que otro “¡No!”.
Y hay quienes cuentan haber escuchado un “ya nos llevó la…”. O el clásico “ya valió”, mientras observaban el gesto de desánimo por el resultado del diputado Hamlet García Almaguer, enlace legislativo de Morena ante el INE. Un estado de ánimo comprensible en un grupo parlamentario que sigue con fervor la premisa de Palacio de “preferimos a los duros leales sin experiencia, que a los experimentados que se dicen cercanos”.
Porque si bien Guadalupe Taddei fue incluida en el veto de los 6 candidatos sin autonomía de Maite Azuela, ayer la evaluadora fue parte de quienes plantearon que, aún con sus familiares en cargos de gobiernos de Morena, la sonorense, exconsejera local, con dos décadas en el sistema electoral creado por el IFE y el INE, era la mejor opción dentro lo existente.
Esa fue la valoración del director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde: “Dentro de las opciones que había, me parece, que es la mejor opción para el Instituto”.
Sorpresas de una insaculación que, a estas alturas del polarizante sexenio, hace posible el consenso entre el expresidente del IFE y su detractor histórico –por aquel 2 de julio de 2006 en que cantó el conteo rápido a favor de Felipe Calderón–, el presidente López Obrador, que también celebró los frutos de la democracia a cargo de la tómbola. “Es una mujer experimentada, vean su trayectoria (…) No la conozco; conozco a su familia. Y sí, son gente progresista y demócrata, y gente honesta, nada qué ver con el conservadurismo”.
Con excepción del PAN, que amaga con impugnar al tabasqueño Jorge Montaño y a la futura presidenta Taddei, el beneficio de la duda caracterizaba la llegada de los nuevos integrantes del INE, en la expectativa de que se trata de un robusto cuerpo colegiado en el que los siete consejeros que se quedan impugnaron el plan B con los salientes Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña.
Y que, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva si ese paquete de leyes secundarias hechas por el gobierno es inconstitucional, el árbitro electoral seguirá funcionando con las reglas que le dan autonomía y bajo las cuales las intenciones de cercenarla de la 4T se quedan en discursos incendiarios
¿Salió bien entonces el recambio del INE? Pudo ser peor.
Y acaso la derrota de la oposición en esta batalla no sea por los nombramientos, sino porque volvió a reactivarse la siempre latente ruptura de la alianza electoral de Va por México ante el rechazo del PAN a conformarse con el saldo, mientras PRI y PRD pedían respaldar a los consejeros de la tómbola.
Porque ya tendrán nueve años para sacudirse el sobrenombre. O cargarlo siempre.
P.D.: Tomamos una pausa y nos reencontramos el sábado 15 de abril. (Ivonne Melgar, Excélsior, Nacional, p.7)
No por análisis riguroso de perfiles y credenciales. Fue por tómbola. La elección de los nuevos consejeros del INE se hizo mediante linsaculación.
Lo logró, hizo historia. Ya tiene un lugar que ningún otro personaje en su país ha alcanzado. Donald Trump es el primer expresidente en enfrentar cargos penales. Si en 2016, cuando este episodio comenzó, no le fue sencillo sacudirse las dudas, ahora que poco a poco se han revelado más detalles de la jugada que hizo para no declarar el pago a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, será más complicado y público el deshilvanar esa trama con la que quiso ocultar que tuvo una relación extramarital. Y no es cosa de espanto o de mentes limitadas, pero es justo el acto de deshonestidad en medio de la campaña electoral lo que puso este asunto en el reflector político. Y el error, tan recurrente en este tipo de personajes, fue negarlo todo.
Trump, expresidente de EUA al banquillo de los acusados: “Se ha sentado un nuevo precedente. ¿Desgarrará al país, como temían algunos sobre la posibilidad de enjuiciar a un expresidente después de Watergate? ¿Será visto por muchos, en el país y en el extranjero, como la justicia del vencedor que se aplica en los países en desarrollo cuando los líderes anteriores son encarcelados por sus sucesores? ¿O se convertirá en un momento de la verdad, una señal de que incluso alguien que fue la persona más poderosa del planeta no está por encima de la ley?”, se pregunta Peter Baker, el corresponsal de The New York Times en la Casa Blanca.
No es la primera acusación contra el republicano. En el historial del también empresario, pesan otras acusaciones federales, entre ellas el señalamiento de haberse quedado con documentos confidenciales y el papel que tuvo durante el asalto al Capitolio.
Nadie duda del personaje polémico que ha sido, pero que llegue a otro nivel, ése que lo apunta como presunto responsable de un delito, le da a Trump ese lugar en la historia que nadie más ha obtenido en su país. Lo curioso es que, pese a este episodio, se le ha visto vigoroso en eventos frente a sus seguidores. Incluso vimos movilizaciones de apoyo cuando él mismo dio a conocer que sería detenido hace un par de semanas. Y justo cuando se confirmó que el gran jurado votó para acusarlo penalmente, la cadena Fox News difundió su última encuesta: en ella le daba a Trump 30 puntos de ventaja frente a su rival y compañero de partido Ron DeSantis, analistas de la política estadunidense argumentan que entre más fuerte es el escándalo, más es el apoyo que obtiene. Trump sabe jugar el papel de víctima, por eso no cesa en decir que esto se trata de una cacería de brujas. El martes, cuando comparezca frente a un juez, veremos hasta dónde es capaz de llegar en su interpretación…
*Addendum 1. Por tómbola. No por análisis riguroso de perfiles y credenciales. Fue por tómbola. La elección de los nuevos consejeros del INE se hizo mediante la llamada insaculación. Guadalupe Taddei como consejera presidenta; también Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo-Loza. No hubo acuerdo legislativo para su nombramiento, así que fue el azar. Ojalá que el futuro de este brazo democrático tan importante, no tenga destino igual de azaroso. (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional, p.10)
La democracia es un valor fundamental en cualquier sociedad moderna, y los órganos electorales son la base de cualquier sistema democrático.
Plan A
En noviembre del 2022, la reforma constitucional en materia electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador, fue rechazada en la cámara de diputados al no contar con la mayoría calificada requerida para su aprobación.
El Presidente pretendía reformar 19 artículos de la Constitución, sustituyendo al INE por un Instituto de Elecciones y Consultas. Además, desaparecía en los hechos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales estatales, y los órganos electorales locales.
Plan B
Al ver perdida la posibilidad de modificar la Constitución para desaparecer al INE, el presidente anunció su Plan B. Una batería de reformas a seis leyes secundarias en materia electoral.
La intención fue clara: minar el trabajo del instituto, modificando su estructura interna. De paso, también aprovechó para legalizar la intromisión de funcionarios públicos en procesos electorales, cambiando el concepto de ‘propaganda gubernamental’
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a dos controversias constitucionales presentadas por el INE, suspendiendo los efectos del Plan B. Aún quedan pendientes por resolver los recursos presentados por el INAI, los partidos políticos, los diputados y los senadores.
Plan C
Desde principios de año, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció la intención del gobierno de hacerse de los cuatros espacios pendientes por nombrar en el Consejo General del INE, incluyendo la presidencia del mismo. Sabedor de que morena y aliados no cuentan con mayoría calificada para tal propósito, el proceso habría de forzarse hasta la insaculación de nombres.
Fue así como echaron a andar todo el aparato del régimen para sembrar lopezobradoristas en el comité técnico evaluador, órgano responsable de calificar los perfiles de las personas interesadas en integrar el Consejo General del INE.
Luego de un proceso muy cuestionado debido a los criterios utilizados para seleccionar a los candidatos, así como la falta de transparencia en la evaluación y selección, se integraron las listas finales de nombres de donde saldrían los cuatros nuevos consejeros. El 80% de esos perfiles, en mayor o menor medida, con una clara cercanía con morena y el gobierno.
A pesar de lo anterior, las cosas no le salieron bien al Presidente, o por lo menos no como él lo esperaba.
La insaculación arrojó un escenario medianamente equilibrado. Dos consejeros con un perfil cercano al régimen, y otros dos con autonomía y capacidad técnica.
La presidencia del Consejo la ocupará Guadalupe Taddei Zavala, una mujer con una tendencia clara hacia el oficialismo, prueba de ello, son los nueve familiares que se ubican en nóminas de gobiernos morenistas. Sin embargo, la favorita de López Obrador, Bertha Alcalde, quedó fuera del INE.
A pesar de los descalabros, Lopez Obrador insiste en que su verdadero ‘Plan C’ es hacer un llamado a que ‘nadie vote por la oposición’.
Ese debió de ser su único plan, que su partido gane la elección en las urnas, limpiamente y respetando las reglas de juego.
Pero en su obsesión enfermiza por asegurar su sucesión, prefiero intentar, primero: desaparecer al INE, modificar la ley a modo, e imponer consejeros electorales abyectos.
Es todo menos, menos un demócrata.
Un demócrata tiene visión amplia y a largo plazo de los asuntos públicos, busca promover el bien común por encima de intereses personales o partidistas, reconoce errores y respeta al diferente, es humilde y solidario en la derrota y en la victoria.
Gobiernos autoritarios y antidemocráticos alrededor del mundo, han intentado, por diversas vías, controlar a su órgano electoral para manipular los resultados de las elecciones y asegurarse así la permanencia en el poder. Estas vías pueden ir desde la infiltración de simpatizantes del gobierno en dicho órgano, hasta la destitución de funcionarios electorales que no se plieguen a los intereses del régimen.
Es fundamental que la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general, se mantengan vigilantes y denuncien cualquier intento por controlar al órgano electoral.
La independencia del INE debe ser respetada y garantizada por el Estado y por la comunidad internacional. Solo así podremos asegurar que las elecciones sean un reflejo genuino de la voluntad popular y no un simple acto de ratificación del poder de un régimen autoritario y de un simulacro de dictadura. (Jorge Triana, El Universal, Opinión, p.15)
El estudio sobre las farmacias piratas en México comenzó en 2018. Un equipo de investigadores de la Universidad de California se interesó por entender cómo se vendían en México pastillas sin recetas a turistas estadounidenses.
Los investigadores acudieron a 40 farmacias en ciudades fronterizas, entrevistaron a compradores, adquirieron pastillas y las analizaron. En tres de cada 10 farmacias, compraron pastillas que en análisis de laboratorios resultaron como falsificadas. El 81% de las pastillas vendidas como Adderall -para problemas de sueño- en realidad contenían metanfetaminas. El 30% de las etiquetadas como oxicodona -para el dolor- contenían fentanilo.
El reporte se publicó a finales de enero. Poco después, reporteros del diario Los Angeles Times viajaron a Tijuana, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Allí compraron pastillas que estaban etiquetadas como oxicodona y las analizaron. El 70% de las píldoras en realidad contenían fentanilo y metanfetamina.
Hace tres semanas, el caso expuesto en California llegó al Senado estadounidense. El 9 de marzo, un senador demócrata envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken. Pedía una alerta inmediata sobre los peligros de comprar medicamentos adulterados en farmacias mexicanas. El senador le dio un plazo a Blinken para responder si el Departamento de Estado emitiría la alerta. El plazo se cumplió el 30 de marzo.
Unos días después de la carta, la DEA presentó su petición de presupuesto para el año fiscal 2024. El informe establece que la “máxima prioridad operativa” de la agencia antidrogas hoy está en México. Son las organizaciones conocidas como el Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esos grupos, dice la DEA, “están sintetizando fentanilo, metanfetamina (…) en ambientes peligrosos ilícitos en México”.
En las últimas semanas, he explicado aquí por qué el debate alrededor de la producción de fentanilo en México es hoy un punto central en la relación con Estados Unidos. El gobierno mexicano ha dicho que en el país no se producen los precursores, la sustancia básica para hacer fentanilo. Mientras, la DEA prioriza investigar, en México, la fabricación de esos precursores.
Esta diferencia de objetivos coincide con un proceso político clave: tanto México como Estados Unidos se preparan para sus elecciones presidenciales el año próximo. Quizá por eso, además de la crisis sanitaria, la situación respecto al fentanilo ha escalado políticamente este año, al menos desde el lado estadounidense.
Una semana después de la carta sobre las farmacias y la solicitud de presupuesto de la DEA, el Comité de Servicios Financieros del Senado publicó cifras oficiales sobre la dimensión del problema. Entre 2021 y 2022, 107 mil personas murieron por sobredosis en Estados Unidos. Siete de cada 10 consumió fentanilo.
“La potencia del fentanilo ha llevado a que los cárteles se centren en su producción y distribución”, dice el memo. La lógica es simple: al traficar fentanilo en lugar de cocaína o marihuana, los cárteles mueven cantidades menores y obtienen ganancias mayores. Así, reducen costos de empacado, traslados y sobornos.
Según la DEA, los cárteles invierten unos 13 centavos de dólar en producir una pastilla de fentanilo, y la pueden vender en unos 10 dólares o más. Las cifras parecen confirmar que el negocio es boyante. En 2020, la aduana estadounidense incautó unas 2.4 toneladas de fentanilo. En 2022, 7.4 toneladas. Y solo entre enero y febrero de este año, más de 6.2 toneladas.
“Si bien algunos pueden señalar estas estadísticas como evidencia de una mayor seguridad fronteriza, es más probable que indiquen que cantidades cada vez más grandes continúan penetrando nuestras fronteras”, dice el memo del Senado.
En los días en que esto sucedía en la DEA y el Senado, altos funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron y anunciaron que “mejorarían la coordinación de inteligencia criminal para apuntar a nodos clave en la cadena de suministro de drogas sintéticas”. Ambos gobiernos se reunirán de nuevo en Washington, en mayo. Mientras tanto, más voces oficiales en Washington se suman al coro sobre la gravedad del momento. En México, oficialmente y en la prensa, el asunto parece aún como una más de las anécdotas sobre los “otros datos” de Palacio Nacional. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)
En resumen, eso fue lo que sucedió con la investigación del caso Ayotzinapa: la obstrucción de justicia impuesta por las fuerzas armadas ha logrado que, ocho años después, la verdad sobre la desaparición de los normalistas continúe siendo inescrutable.
El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma las peores sospechas. Desde el alto mando militar se ha intentado ocultar la evidencia que habría permitido dar con el paradero de las víctimas.
Este documento presentado ayer por los dos últimos integrantes del GIEI que continúan trabajando para desentrañar lo ocurrido en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 —Ángela Buitrago y Carlos Beristain— resume, entre otras cosas, el papel jugado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para descarrilar la investigación.
En “las declaraciones de militares del 27 batallón, tanto mandos como miembros de servicios de inteligencia han cambiado de versión según se han desarrollado las investigaciones,” denuncia el documento compartido por el GIEI.
“A pesar de tener la evidencia de disparos y ataque a los jóvenes, señalan que no salieron del cuartel bajo el argumento de que no les correspondía.”
Sin embargo, los mandos militares “tenían evidencia … controlaban las cámaras y se transmitió en tiempo real el ataque de los responsables de inteligencia del 27 Batallón.”
Se suma a lo anterior que inteligencia militar tuvo presencia en más de uno de los lugares donde se agredió a los estudiantes.
De acuerdo con este último informe del GIEI, “responsables del Ejército … estaban coludidos con el narcotráfico”. Tal cosa fue corroborada por las escuchas entregadas por las autoridades de los Estados Unidos que hallaron pagos y comunicaciones vinculando a un comandante y un capitán financiados regularmente por la organización criminal de los Guerreros Unidos.
Todavía peor, existe evidencia corroborada de que varios militares perseguidos por la Fiscalía General de la República, por su presunta vinculación con la tragedia de Ayotzinapa, lograron eludir la justicia gracias a que el alto mando militar presionó para cancelar las órdenes de aprehensión que existían en su contra.
Confirma el hecho de que la obstrucción de justicia provino desde la más alta esfera el que la Sedena haya ocultado información clave durante más de siete años. Afirma el GIEI que si bien esta dependencia tuvo conocimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo, los archivos de inteligencia de la Sedena fueron sistemáticamente escondidos.
En este contexto destaca la negativa militar a reconocer que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, dependiente del Estado Mayor de la Sedena, contó con evidencia en tiempo real sobre lo ocurrido con los normalistas.
Denuncian Buitrago y Beristain que el GIEI solicitó en varias ocasiones la entrega de información en manos de este CRFI y, sin embargo, cada vez la Sedena respondió que dicha instancia no existía.
La última solicitud llevó la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la esperanza de que, siendo el jefe supremo de las fuerzas armadas, cayera por tierra la negativa.
Sin embargo, la Sedena se mantuvo inflexible y reiteró al Presidente de México la inexistencia de dicha documentación. Peor aún, esa dependencia propuso al mandatario denunciar penalmente a Beristain y Buitrago por confundir con sus informes infundados.
Con todo, hay evidencia contundente que señala al Centro Militar de Inteligencia como la instancia que concentró la información que el Estado Mayor de la Sedena se atrevió a ocultar, incluso del ojo presidencial.
No solamente la Secretaría de la Defensa estaría involucrada en el descarrilamiento de la investigación sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. También la Secretaría de Marina (Semar) tuvo un papel destacado en esta operación de Estado.
La Semar habría desarrollado una serie de acciones secretas que igualmente fueron ocultadas. Por ejemplo, existe evidencia de que esta otra dependencia estuvo presente en el basurero de Cocula varias horas antes de que arribara al lugar el personal de la Procuraduría General de la República.
El lunes 27 de octubre de 2014 la Semar habría intervenido sobre esa supuesta escena del crimen alterando pruebas que más tarde servirían para engañar a la opinión pública con el argumento de que el vertedero de Cocula fue escenario de la incineración de los cuerpos de los normalistas.
Advierten Beristain y Buitrago, por otra parte, que hay información incontrovertible de que integrantes de la Semar, sin atender a los estándares procesales, detuvieron y torturaron a presuntos perpetradores materiales de la desaparición de los estudiantes.
Destaca el quinto informe del GIEI que la tortura sistemática llevada a cabo contra esos detenidos, especialmente a partir de inicios de octubre de 2014, pervirtió la investigación y las declaraciones.
El quinto informe distingue entre los actos militares de ocultamiento y aquellos cometidos material y directamente por integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir que integrantes tanto de la Sedena como de Semar serían responsables no solamente de obstruir justicia, sino de la desaparición y eventual muerte de los jóvenes normalistas.
Hay información documental —dice el reporte— recogida por la Sedena, que refiere, en concreto, a un grupo de muchachos que habría logrado sobrevivir después del 26 de septiembre de 2014 y más tarde fue eliminado.
Esta información coincide con lo denunciado por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien acusó al comandante del Batallón número 27, José Rodríguez Pérez, de haber ordenado la muerte de esos normalistas.
Prácticamente nada de lo expuesto en este quinto informe del GIEI era desconocido para la opinión pública, sin embargo, en esta ocasión el documento hace énfasis en la responsabilidad militar detrás del caso Ayotzinapa. Es inocultable que, detrás de esta tragedia, estuvieron las Fuerzas Armadas. Y también lo es que éstas han hecho todo lo posible por descarrilar las investigaciones del caso. Con ello no solo se confirmaría su responsabilidad, sino la impunidad imbatible que todavía hoy les protege y empodera. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, P.10)
Ayotzinapa: señalamientos preocupantes
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ayer su informe Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa, en el cual recapitulan los sucesos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, además de ofrecer un balance de las investigaciones realizadas desde entonces, con énfasis en los acontecimientos de los últimos seis meses.
Tanto en el documento como en la conferencia de prensa ofrecida por los dos integrantes actuales del grupo, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, se destaca la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a colaborar con las indagatorias, pese a la instrucción verbal y por escrito del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se proporcione toda la información existente que ayude a la investigación y búsqueda de los desaparecidos. Según detallaron los expertos, la Sedena ha negado de manera sistemática conocer materiales que prueban que el Ejército supo en tiempo real de las agresiones contra los jóvenes y que podrían contribuir a dar con su paradero, pese a que el GIEI cuenta con indicios de su existencia. Incluso, dijeron, se habría sustraído documentación importante del lugar donde estaba resguardada para colocarla en otro sitio, y se mantienen en secreto aspectos claves como los reportes de tres militares infiltrados en la normal rural. En estos extremos de ocultamiento se llega a refutar que hubiera un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) en Iguala, aunque su presencia está comprobada documentalmente.
Resulta inconcebible que a ocho años y medio de la trágica desaparición de los normalistas persistan tantas y tan formidables trabas para que los investigadores accedan a elementos críticos en sus pesquisas. Como ellos mismos reconocen, durante el presente sexenio se han dado importantes avances y se han abierto resquicios al pacto de silencio instalado al más alto nivel en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, ya se encuentra detenido el ex procurador general Jesús Murillo Karam, máximo responsable, junto con el prófugo Tomás Zerón, del gigantesco operativo de encubrimiento y obstrucción de la justicia cínicamente denominado verdad histórica. Asimismo, se han liberado archivos y ubicado testigos cuyas declaraciones permitieron dilucidar aspectos del caso escondidos hasta hace poco.
Sin embargo, está claro que ningún progreso puede considerarse satisfactorio mientras las familias de los jóvenes desconozcan el paradero de sus seres queridos y persista la impunidad de quienes participaron de forma activa o por omisión en la cadena de agravios que ha configurado este tristemente emblemático caso de violación a los derechos humanos. En particular, sería inquietante comprobar que las fuerzas armadas se resisten a seguir órdenes de su mando supremo y, por espíritu de cuerpo o cualquier otro motivo, ocultan de modo deliberado archivos cruciales.
Como señalaron Buitrago y Beristain, la suerte de Ayotzinapa puede convertirse en un indicador de lo que ocurrirá con el flagelo de las desapariciones forzadas en nuestro país. Por ello, cabe esperar que el próximo encuentro del GIEI con el presidente López Obrador marque un punto de inflexión y lleve al definitivo despeje de los obstáculos para el conocimiento de la verdad. (La Jornada, Editorial, p.6)
El pueblo es sabio, aparte de bueno, pero en ocasiones no habla bien, no se expresa correctamente, no conjuga los verbos como debe ser. Algunos individuos de la especie humana pertenecientes al pueblo sabio dicen, por ejemplo, “dijistes” o “acabastes”, aparte de usar equivocadamente otros términos del castellano.
El escribidor de estas líneas no ha comprobado personalmente que la enseñanza que imparte actualmente el régimen de la 4T haya introducido deliberadamente palabros en los libros de texto con los que pretende adoctrinar a las nuevas generaciones. A lo mejor es una falsedad la especie de que figuran ya premeditadamente gazapos gramaticales en los antedichos manuales (aunque, hay que decirlo, los más esperpénticos escenarios están teniendo lugar en estos tiempos: ahí tenemos el himno a un aeropuerto y también el momento cumbre de la cursilería nacional en el discurso que la señora Sansores le consagró recientemente al señor presidente de Estados Unidos Mexicanos) para celebrar una enternecedora comunión entre el referido pueblo bueno y las autoridades que intentan educarlo o tal vez estamos hablando de la ignorancia –de yerros involuntarios, o sea— de los propios redactores de los cuadernos, pero lo que sí es cierto y comprobable es que el modelo populista busca congraciarse con las clases populares a punta de paternalismo y calculadas blandenguerías.
De lo que va el asunto, justamente, es de no es instaurar un sistema educativo de severas exigencias como ocurre en países como Japón, Corea del Sur o Finlandia –punteros en lo que toca a la educación pública— sino, por el contrario, de implementar un patrón premeditadamente complaciente para aparecer, ante esas clientelas naturales, como una suerte de papá bueno. El propósito persigue intereses políticos, desde luego, pero la aparente magnanimidad de la estrategia resulta también del pobrismo que promueve la izquierda cavernaria como una auténtica virtud social.
Al decir “pueblo”, el oficialismo no está hablando de los clasemedieros que aspiran a comprarse un coche nuevo o a negociar un buen crédito hipotecario o a vacacionar, digamos, en Las Vegas, sino de los sectores de la sociedad que sobrellevan las durezas de la escasez material y a quienes, en esa condición de damnificados, no se les podría, ni debería, someter todavía a mayores asperezas, más allá de que sean votantes encandilados por el discurso justiciero y revanchista propalado por la demagogia populista.
La educación de calidad, encima, es vista como un privilegio de las élites hasta el punto de que debiera ser casi combatida por los comisarios encargados ahora del adoctrinamiento universal de la población: en algún momento han hablado de imponer los textos oficiales, trasmisores de la ideología del régimen, en todo el espacio educativo.
Lo disparatado de la cuestión es que esta estrategia va brutalmente a contracorriente de lo que una nación necesita para desarrollarse económicamente y alcanzar mayores niveles de bienestar. Pero, además, ¿el gran orgullo de México no debería de ser que todos sus ciudadanos, instruidos y conocedores de la gramática, se expresaran con ejemplar corrección? Pues… (Román Revueltas Retes, Milenio, Política, p.5)