NO QUEDA CLARO si la Presidencia de la República está buscando ganar tiempo para tomar decisiones y pedir la detención de Rubén Rocha Moya o si, de plano, se asumió que van a atrincherarse y aguantar el vendaval estadounidense tope donde tope.
MÁS DE UNO se pregunta, inclusive dentro de la 4T, qué es lo que gana Claudia Sheinbaum al poner el pecho para defender al gobernador morenista de Sinaloa de las acusaciones por narcotráfico de EU.
QUIENES CRITICAN esta postura dicen que la Presidenta está poniendo en riesgo a todo “el movimiento”… por un personaje que ya tiene un laaargo historial de asegunes truculentos.
LO QUE SÍ queda claro es que, si el gobierno federal hubiera continuado con las pesquisas sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Melesio Cuén, opositor de Rocha y quien murió el mismo día, otro gallo cantaría.
LA FGR ya había advertido inconsistencia de la investigación de la fiscalía estatal sobre esos hechos, así como encubrimientos alrededor del crimen. Las pesquisas se congelaron cuando estaban las evidencias en la mesa. Es decir, que era suya y la dejaron ir.
POR CIERTO que quien debe estar sudando la gota gorda y no sólo por la ola de calor, sino por los nervios, es el tamaulipeco Américo Villarreal.
EL HOY GOBERNADOR fue el delegado de Morena en Sinaloa, precisamente, para coordinar la elección de Rocha Moya, en la que “Los Chapitos” realizaron operativos de financiamiento y acarreo en favor de Morena, así como intimidación en contra de las y los candidatos de oposición.
UNA DE las versiones que ya se manejaba desde antes era que Américo había hecho que fluyera dinero del facturero Sergio Carmona a la campaña de Rocha Moya. Y ahora se sabe que también el Cártel de Sinaloa fue uno de los patrocinadores del partido oficial.
LOS MORENISTAS en el Senado estaban muy satisfechos de que los cuestionamientos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y que llevaron incluso a citarla a comparecer, les estaban dando muy buenos resultados en sus encuestas y en redes sociales.
UNO DE LOS más entusiasmados era Adán Augusto López, quien rompió su aislamiento para encabezar en el salón de plenos la ofensiva contra la chihuahuense. Obviamente su interés era electoral para promover a su candidata, la senadora Andrea Chávez.
DE UN DÍA A OTRO la euforia se convirtió en pesar cuando vino el balde de agua fría desde Nueva York y tocó al mismísimo recinto senatorial. El sinaloense Enrique Inzunza, uno de los más activos en pedir la comparecencia de Campos, resultó acusado de narcotráfico en los papeles estadounidenses. Y todo se derrumbó.
DE AHÍ QUE Campos se desquitara ayer y dijera que no vendrá a comparecer al Senado, pues quienes la iban a cuestionar estaban en las listas negras de la colaboración con el narco. ¡Ouch! (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Por el bien de todos, primero la visa
Nos cuentan que el bloque de gobernadores de Morena dejó de serlo, al menos en lo que se refiere al apoyo que se intentó armar para el mandatario estatal de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras la acusación de EU en su contra por narcotráfico. En situaciones anteriores de crisis de alguno de ellos, el desplegado firmado por todos, incluso de los surgidos de partidos aliados como el PVEM, se distribuía sin demora para ver el cierre de filas. Esta vez, nos aseguran, fueron varios los que se negaron a poner su firma pese a la petición proveniente de la dirigencia del partido. Nos comentan que la grieta en el bloque causó molestia y el esfuerzo por darle un espaldarazo a don Rubén ahora se cocina para que surja del Consejo Nacional del próximo domingo y que así la ausencia de firmas de algunos góbers se diluya, pero hay quien desde las propias filas guindas advierte que ahora podrían sumarse negativas de consejeros y legisladores. El miedo no anda en visa.
El huido filósofo de Culiacán
Frente a la adversidad de una solicitud de extradición a Estados Unidos, el que en lugar de amilanarse se puso filosófico fue el senador Enrique Inzunza. Nos cuentan que a quien fue secretario de gobierno de Sinaloa los primeros tres años de la actual administración estatal, le salió la vena filosófica y decidió citar a Séneca: “¿Por qué te extraña que los hombres buenos, para que se fortalezcan, se vean zarandeados?”. El viejo expediente de la victimización al que recurrió tiene sus riesgos, pues nos hacen ver que, la víspera, en un tuit embarró al expresidente López Obrador al decir que las acusaciones buscan afectar al tabasqueño, cuando ningún documento oficial del vecino del norte se ha referido a él. No me ayudes, compadre, podrían decirle… muy filosóficamente.
Vocera sin voz 2.0
Nos comentan que en la bancada de Morena en el Senado al parecer no acaban de entenderle a la figura de la vocería. Cuando comenzó esta legislatura, en septiembre de 2024, nombraron a la senadora Andrea Chávez como vocera del grupo parlamentario, pero nunca ejerció el cargo. Ahora que ella pidió licencia para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua, nos hacen ver que la fracción parlamentaria perdió la oportunidad de corregir. Resulta que los senadores guindas acaban de designar como su nueva vocera a Julieta Ramírez, a quien se le conoce por su fobia a los medios de comunicación, lo que ha quedado documentado tanto en el Senado como en Baja California, su entidad natal.
Patalean consejeros contra Taddei
Nos cuentan que los consejeros electorales Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo impugnaron ante el Tribunal Electoral el nombramiento de Mario Alberto Alejo García como director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, ahora que los nombramientos se realizan de manera unilateral desde la presidencia del Consejo General, gracias a los superpoderes que le otorgó la reforma judicial a Guadalupe Taddei. La impugnación se basa en que don Mario Alberto no tiene las credenciales suficientes para el cargo, según la consideración de los tres consejeros. Ahora veremos si los magistrados electorales resuelven este asunto de fondo o le dan la razón a doña Guadalupe sobre sus decisiones. Para no generar tanto suspenso, nos hacen ver que con el Tribunal que tenemos, ya se sabe más o menos cómo irá la cosa. (El Universal, p.2)
Que cómo estará el incendio que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a citar las memorias del enemigo histórico de la izquierda, padre del neoliberalismo en México, Miguel de la Madrid, para hacer notar que los vecinos son huesos duros de roer y no se andan por las ramas, a propósito de la solicitud para la extradición de Rubén Rocha y nueve personas más, entre ellos el senador Enrique Inzunza, que desde ayer mutó y quedó en calidad de bot de redes, porque sencillamente se esfumó del mundo físico. Hasta un “que en paz descanse”, por cierto, se ganó el exmandatario.
Que esta vez no hubo, como decíamos ayer en este espacio, desplegado de gobernadores cuatroteístas cerrando filas con su colega Rubén Rocha, como en las épocas de Mario Delgado al frente de Morena, pero sí alcanzó para uno de 18 alcaldes de Sinaloa, quienes sostienen que debe prevalecer el debido proceso y la presunción de inocencia, especialmente cuando la FGR ha indicado que no hay pruebas. El mandatario estatal, por cierto, dice que no da la cara por nadie, que en español significa que cada quien se rasque con sus uñas.
Que fuentes binacionales de inteligencia tamizan que la acusación contra Rubén Rocha plantea un dilema que el Estado mexicano deberá resolver y tomar decisiones en consecuencia, porque si el sinaloense se va a enfrentar las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dicen, México y Estados Unidos ganarán, pero una negativa a entregarlo implicará una victoria para el narco, la corrupción y la impunidad. Vaya encrucijada.
Que confirman en los pasillos de la Secretaría de Economía que la salida de Santiago Nieto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es parte del engranaje político que lo pondrá en la contienda morenista por la candidatura al gobierno de Querétaro, hoy en manos del PAN, mientras que su sucesor, Vidal Llerenas, hombre de todas las confianzas de Marcelo Ebrard, tomará protagonismo en la negociación del T-MEC. (Milenio, Al Frente, p.2)
Este mes, cumbre con Unión Europea
Cuatro días antes del inicio formal de las conversaciones con Estados Unidos para revisar el T-MEC, se realizará en nuestro país la cumbre entre la Unión Europea y México. La presidenta Claudia Sheinbaum, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acordaron ayer realizar ese encuentro el 22 de mayo. Abordarán temas de comercio, energía, inversión, cambio climático, igualdad de género, investigación y salud. Todo bajo una visión basada en la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto al derecho internacional.
Leticia toma las riendas
Leticia Ramírez tomó de lleno las riendas de la secretaría de Bienestar, y se está enfocando en dar continuidad a los programas sociales. Para eso se reunió ayer con los subsecretarios Jesús Valencia y Columna López, con quienes revisó la planeación de los distintos apoyos que maneja la dependencia y la coordinación en el equipo.
Mero trámite, el domingo
Está todo listo en Morena para la sesión de su VIII Congreso Nacional Extraordinario, este domingo, donde elegirán a Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional, tras ocupar la secretaría de Bienestar durante los últimos cuatro años y medio. Llega en lugar de Luisa María Alcalde, quien a partir de este viernes es Consejera Jurídica de la Presidencia.
¿Asistirá Rubén Rocha?
Por cierto, una de las preguntas sobre el Congreso Nacional de Morena es si asistirá el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, acusado por narcotráfico en EU. Todo indica que sí se presentará, pues aún y con la imputación ha mantenido sus actividades públicas y ha emitido declaraciones, dando a entender que no se está escondiendo.
Confusión naranja
En Movimiento Ciudadano se hicieron bolas con su postura ante el caso de Rubén Rocha y demás políticos acusados por EU. Su líder nacional, Jorge Álvarez Máynez, solicitó juicio de desafuero para los involucrados, pero su líder en Sinaloa, Sergio Pío Esquer, pidió no especular. Más tarde, corrigió y siempre sí respaldó la postura de su superior jerárquico.
Acuerdo contra la trata
Firmaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, un acuerdo para fortalecer la lucha contra la trata de personas. Con este instrumento buscan impulsar la cooperación y prevención, investigación, judicialización y la protección a las víctimas.
Enroque en el IMPI
Santiago Nieto dejó la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se va a contender por la candidatura de Morena al gobierno de Querétaro. En su lugar llega Vidal Llerenas, hasta ayer subsecretario de Industria y Comercio. El enroque incluye a Ximena Escobedo Juárez como subsecretaria de esa instancia. (El Heraldo de México, p.2)
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador Rocha Moya, el senador Inzunza, el alcalde de Culiacán y otros 7 funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con “Los Chapitos” en el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, a cambio de dinero y apoyo electoral en 2021. Además, un mando policial de Culiacán fue acusado del secuestro, tortura y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar.
La SRE recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su evaluación. Hasta el momento no se han exhibido pruebas, y tanto el gobernador Rocha como el senador Inzunza y el alcalde Gámez rechazaron las imputaciones. La presidenta Sheinbaum dijo que su postura es “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, y que la FGR procederá conforme a derecho si recibe pruebas contundentes e irrefutables o si encuentra elementos constitutivos del delito, pero que no permitirá intromisión o injerencia extranjera en las decisiones internas.
Las acusaciones contra Rocha no sorprenden del todo. Washington ya había advertido que la entrega de líderes criminales no era suficiente y, hace pocos días el embajador estadounidense Ronald Johnson anticipó acciones relevantes contra la corrupción. Además, Rocha ya había sido señalado por “El Mayo” Zambada por una supuesta reunión con Melesio Cuén el día de su asesinato. Todo apunta a que criminales entregados comenzaron a colaborar. Lo verdaderamente inédito es que, por primera vez, EU acusa a un gobernador en funciones, lo que redefine los términos de la relación bilateral.
La divulgación de estas acusaciones ocurre días después de que 2 agentes de la CIA -que ingresaron a México como turistas- murieran en un accidente del convoy en el que viajaban en Chihuahua, en lo que apunta a una posible colaboración extraoficial con autoridades estatales. De confirmarse, implicaría una violación a la Ley de Seguridad Nacional reformada durante el gobierno de AMLO para limitar la actuación de agentes extranjeros, lo que abriría una tensión de fondo en materia de soberanía.
En ese contexto, la acusación contra los funcionarios mexicanos, más que una simple acción judicial, puede leerse como un mensaje cuidadosamente calibrado dentro de una relación en la que Estados Unidos adopta una postura cada vez más injerencista y el gobierno mexicano responde a las exigencias en los márgenes posibles, procurando evitar que se perciban como imposiciones.
No hay dudas de que la presión estadounidense ha servido para que México avance en la lucha contra el narcotráfico con acciones que antes eran improbables. Pero la acusación de funcionarios extranjeros desde cortes estadounidenses es un acto intervencionista que politiza la justicia y amenaza con socavar nuestra soberanía. Con la renovación del T-MEC en puertas, la respuesta de la Presidenta sentará las bases del futuro de la relación bilateral, donde no ceder equivale a perder capacidad de negociar, pero hacerlo abre la puerta para futuras acciones similares.
La cooperación ha sido tensa, pero funcional. Desde el regreso de Trump se observa una escalada de presiones acompañadas de concesiones mexicanas, mientras Sheinbaum ha logrado sostener la narrativa de la colaboración. Pero ese equilibrio empieza a mostrar límites conforme aumenta la presión y el margen de maniobra se reduce. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar EU?
Defender a Rocha implica asumir el costo de parecer encubrir al crimen. Aceptar la acusación, en cambio, amenaza con fracturar a Morena y confirmar que la presión externa rinde resultados. La postura adoptada hasta ahora —rechazo al crimen con énfasis en la soberanía— concede tiempo, pero difícilmente será sostenible sin acciones internas contundentes que la respalden: para contener la presión externa, el gobierno tendrá que demostrar capacidad de depuración y ejercicio de la justicia desde dentro. Más aún cuando el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes advirtió que el caso de Rubén Rocha Moya no sería un hecho aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia. (Eunice Rendon, El Universal, Nación, p.7)
El estar acompañado no significa estar vinculado.
Florestán
El acuerdo inicial entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el de Donald Trump, es que no habría sorpresas en la relación bilateral.
Es decir, que todo sería consensuado o conversado antes de hacerlo público.
Y así funcionó hasta que este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a partir de la decisión de un gran jurado en Nueva York, hizo pública su denuncia derivada de una investigación del Departamento de Justicia, de la solicitud de detención con fines de extradición, del gobernador morenista de Sinaloa, de su secretario de Finanzas, de un senador de la República, el alcalde de Culiacán y de otros funcionarios policiacos de su gobierno.
Esta denuncia rompió el acuerdo original no escrito desde los tiempos del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien por razones realmente de salud, dejó el cargo el pasado uno de abril, pero que seguía vigente con su sucesor, Roberto Velasco.
Todo estalló el miércoles al mediodía, cuando dicho Departamento de Justicia hizo público el caso, disparando la peor crisis en la relación bilateral, desde el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique el Kiki Camarena el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara señalando como responsable a Rafael Caro Quintero, jefe, entonces, del cártel de Guadalajara.
A esto, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respondió ayer: Debe quedar sumamente claro, que bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México. Lo he dicho siempre en forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.
El hecho real es que el gobierno de Trump rompió aquel acuerdo de no sorpresas, y el martes sorprendió al gobierno de Claudia Sheinbaum con esta acusación e inicio de procesos públicos que vamos a ver en qué vaya a desembocar.
El reto es saber qué sigue, que marcará el futuro de esta relación bilateral, la más importante de este país.
RETALES
La presidenta Sheinbaum parece haber optado por entrar en una batalla con bajas probabilidades de éxito. Ayer trató al gobierno de Estados Unidos como a un agresor inconsiderado, no como a un aliado en la lucha contra la criminalidad. Se trata del gobierno al que, sin extradiciones de por medio, le ha entregado a decenas de los líderes criminales más poderosos y violentos de nuestra historia. Además, hostilizar a Washington de esa manera implicaría terminar convirtiendo al gobernador Rocha en una suerte de símbolo patrio a defender.
La Presidenta le tendió un manto conociendo las cosas que el sinaloense ha hecho y dejado de hacer. Rechazar la solicitud de extradición estadundinese con razonamientos como los expuestos ayer —tecnicismos sobre la pobre contundencia aportada o la difusión de información confidencial—parece una estrategia suicida. Y de corto alcance, pues el arsenal del trumpismo —alimentado, entre otros, por los capos que México le entregó— sería, literalmente, inagotable.
Washington expresó ayer desde el Congreso que lo de Rocha y los nueve implicados es sólo el inicio, porque harán rendir cuentas a cada uno de los narcoterroristas y narcopolíticos. Los días de impunidad han terminado, afirmaron. Ante ese panorama, la Presidenta blinda al gobernador.
Ella sabrá. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, Nacional, p.4)
La revelación de los detalles contenidos en las recientes acusaciones de la justicia estadunidense contra políticos sinaloenses no sólo describe la existencia de un cártel de la droga, sino también la mutación de un gobierno estatal en una extensión logística y operativa de una organización criminal.
A menos que los fiscales gringos tengan una imaginación digna de los guiones de Mario Puzo y una mala leche que podría llevar la marca Betty, aquí no estamos hablando de la vieja narrativa de la corrupción, en la que un funcionario recibía un sobre por debajo de la mesa para mirar hacia otro lado; lo que hoy enfrentamos es una simbiosis absoluta, donde las instituciones de seguridad, procuración de justicia y administración pública fueron entregadas, con inventario y personal incluido, al servicio de la delincuencia. El grado de penetración es tal que la frontera entre el servidor público y el sicario se ha vuelto inexistente.
El fenómeno comienza en la raíz misma de la democracia: las urnas. La descripción de una jornada electoral custodiada por fusiles de asalto, donde el padrón de opositores se convierte en una lista de objetivos para el secuestro y la intimidación, revela que el poder político en ciertas regiones no emana del voto libre, sino del permiso del crimen. Cuando un candidato recibe el respaldo de un ejército privado para limpiar el camino hacia la victoria, el gobernante resultante no es un representante popular, sino un gerente de plaza con oficina en el palacio de gobierno.
El pacto es claro y escalofriante: impunidad total a cambio de control territorial. Bajo este esquema, la estructura del Estado deja de servir a la ciudadanía para convertirse en la gerencia de recursos humanos y protección de un cártel. En este caso, el retrato hablado revela el rostro de Sinaloa, pero bien podría ser el de Tabasco y de muchas entidades más.
Una vez instalado el poder político, la metástasis se extiende a los órganos de control. El hecho de que altos mandos de la fiscalía estatal y jefes de la policía de investigación aparezcan con salarios fijos pagados por el narcotráfico –cifras que oscilan entre los 11 mil y 16 mil dólares mensuales– explica por qué las investigaciones nunca avanzan y por qué los operativos siempre llegan a casas vacías. Estos funcionarios no eran informantes casuales; eran centinelas dedicados a proteger la producción industrial de fentanilo y metanfetamina.
El punto más degradante de esta relación es el uso de la fuerza pública para actos de barbarie interna. La participación de comandantes municipales en el secuestro y entrega de informantes a los verdugos del cártel demuestra que el uniforme oficial se convirtió en el disfraz perfecto para la operación delictiva. El uso de patrullas y radios oficiales para capturar víctimas, incluyendo a menores de edad, y entregarlas para su tortura y asesinato, marca el fin de la legitimidad estatal. Aquí el gobierno no es cómplice; es el brazo ejecutor. El Estado, en su faceta de perseguidor del delito, pasó a ser un departamento de justicia privada que captura a los rivales del grupo hegemónico sólo para mejorar la imagen pública del gobernante en turno, simulando un orden que beneficia únicamente a sus socios.
Lo que describe el pliego de acusación de 34 páginas es –digámoslo sin rodeos– un sistema de gobernanza criminal. La entrega de radios de comunicación directa entre los líderes del cártel y los mandos policiales es la metáfora perfecta de esta realidad: una línea directa donde se dictan órdenes que se cumplen con recursos públicos.
México se enfrenta a la confirmación de que la soberanía en Sinaloa fue canjeada por una estabilidad ficticia, donde la exportación masiva de veneno hacia el norte se garantizaba mediante la administración del presupuesto estatal y el control de las fuerzas del orden. De ser preciso todo esto y en el entendido de que no es comparsa el gran jurado que revisó las pruebas, aquí no estamos ante un Estado fallido, sino ante un Estado cooptado que funciona con eficiencia quirúrgica para los intereses de una familia, mientras la sociedad queda atrapada en una red de simulación donde el protector y el depredador visten el mismo uniforme. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p.2)