HAY QUIENES afirman que pronto podría haber noticias importantes en materia de infraestructura… y que en eso mucho tendría que ver la misteriosa reunión de ayer en Palacio Nacional entre el Presidente y un grupo de importantes empresarios.
LOS QUE SABEN de estos temas aseguran que el gobierno federal finalmente está aceptando la realidad: no supieron hacer las cuentas y no les alcanza para todo lo que prometieron. Y ahí entraría la iniciativa privada. Según esto, el Consejo Coordinador Empresarial, por vía de Carlos Salazar, ha venido cabildeando con el propio Andrés Manuel López Obrador y con los capitanes de empresa para desarrollar diversas obras bajo el esquema de APP (Asociaciones Público Privadas).
AUNQUE son una opción viable para construir hospitales, escuelas, reclusorios, carreteras y otras obras necesarias, las APP también tienen mala fama. Como toda herramienta, estos instrumentos financieros se pueden usar para promover el bienestar colectivo o para generar jugosos negocios a partir de dineros públicos… sin obligación de transparencia ni rendición de cuentas.
DE HECHO antes de hacer el gran anuncio, el propio López Obrador tendría que echarse para atrás, pues siempre criticó las APP y las llamó “una manera más de robarle a los mexicanos”. (F, Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
¿En qué se parecen el presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto? Aunque AMLO le “calienta” mucho que lo comparen con EPN, en realidad ambos, en sus respectivos gobiernos, han sido requeridos por el Instituto Nacional Electoral (INE). Luego de las declaraciones de los diputados Pablo Gómez y Gerardo Fernández Noroña en contra del (INE) por haber citado a comparecer al presidente López Obrador por una denuncia presentada por el PRD contra los servidores de la nación —las personas que se dedican a entregar apoyos de los programas sociales de su gobierno—, hicieron que el consejero electoral Ciro Murayama sacara de su caja de archivos el citatorio de comparecencia que mandaron al ex presidente Enrique Peña Nieto cuando fue acusado de hacerse publicidad con un programa de reparto de televisiones. “Me permito sacarlos de su error: aquí va la prueba de ese emplazamiento en 2015. EPN compareció —igual que AMLO— a través de la consejería jurídica. Ante el INE todos parejos”, escribió Murayama. Zas, eso sí calienta. (El Universal, Nación, p.2)
Que a ver si no se le ocurre a quien tuvo la “gran idea” de armar un cordón civil de paz para la marcha de mañana por el 2 de octubre, que anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también identificar a los trabajadores del gobierno local participantes con guante blanco o un palo de kendo. Parece diálogo de sordos entre quienes, como la funcionaria, no paran de hablar de que no van a reprimir manifestaciones, y los que argumentan que nadie pide proceder contra marchistas pacíficos, sino aplicar la ley a quienes, embozados, vandalizan y agreden a personas, como decían ayer empresarios y Martí Batres. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Carlos Slim Helú, el hombre más rico de este país, visitó ayer Palacio Nacional. Dicen los que saben que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presiona a Don Poncho Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, y a Carlos Salazar, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para que le presenten planes de inversión en los que involucren a todos los poderosos empresarios de este país antes de que termine el año. El mensaje va desde infraestructura, hasta servicios. O le entran, o le entran. (El Sol de México, Nacional, p. 2)
Responsabilidad intransferible.- No pueden repetirse en la marcha con motivo del 2 de octubre, los actos vandálicos que ha perpetrado en otras marchas, de manera impune, un grupo de encapuchados. La responsabilidad de que las manifestaciones no sean pretexto para ocasionar destrozos e incurrir en pillajes es de la autoridad.
Es una atribución de ley que no puede transferir a los ciudadanos, menos a los que marchan. Ellos, los manifestantes, tiene derecho pleno de ejercer su libertad de expresión y la autoridad está para asegurar su integridad y también los derechos de los demás ciudadanos.
Unos se manifiestan y las autoridades vigilan que se haga en orden. La impunidad no tiene permiso. (La Crónica de hoy, Opinión, p. 3)
Notas en remolino.- Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, avaló la política del cambio del presidente López Obrador: desecha al neoliberalismo por una política transversal de bienestar, dijo… (José Fonseca, El Economista, Política, p. 35)
Prácticamente desde el día en el que Trump descendió por la escalera eléctrica anunciando su candidatura a la presidencia supimos que este asunto terminaría, tarde que temprano, en un juicio político por su destitución (impeachment). No sólo el neoyorkino carecía de experiencia política, sino que, incluso como empresario, su carrera ha estado plagada de escándalos por su falta de respeto a la ley, su temperamento explosivo y su desbordada ambición personal. Su forma de ser, sus instintos y su narcisismo enmarcan la crónica de una crisis política anunciada.
Sin embargo, Trump no es más que la consecuencia más nefasta de un clima político descompuesto. Estados Unidos ha dejado de lado la verdadera democracia y el patriotismo que tanto publicitan en sus películas, por un bipartidismo exacerbado que se nutre y crea división en un ciclo sin fin. El poder es primero. El partido antes que la patria. Ganar lo es todo. El fin justifica los medios. (Montserrat Salomón, La Razón, 23)
Donald Trump la debe de estar pasando más mal que un mexicano migrante indocumentado atravesando el desierto de Arizona. El motivo: el juicio político que a petición de los legisladores demócratas, encabezados por Nancy Pelosi, se le aplicará con la intención de destituirlo como traidor a la patria. (¿Si Nancy es pelo-sí, Donald es pelo-no? –chiste mamón que sirve para romper el hielo).
Pero como dijo el maestro mecánico que se dirigía a la colonia Buenos Aires, voy por partes: En toda la historia de Estados Unidos, únicamente se han presentado tres procesos de impeachment –así se dice en inglés el litigio que culmina con la degradación del cargo presidencial. Éste se lleva a cabo a petición de los congresistas, por lo general del partido contrario al del presidente. Para hacerse efectivo es necesario que en la Cámara Baja –diputados- exista el voto de una mayoría simple en contra del sujeto del procedimiento; una vez cubierto este requisito, el caso pasa al Senado donde las cosas son más difíciles: es indispensable el voto de dos terceras partes más uno de los senadores para que la cesantía se haga efectiva. (Manuel Ajenjo, El Economista, Política, p. 37)
Todo hace pensar que Donald Trump finalmente se echó la soga al cuello al haber llamado al presidente de Ucrania para pedirle una investigación sobre el hijo de Joe Biden, su principal rival demócrata. Este hecho supone un claro abuso de poder y hace inevitable el inicio de un juicio político desde la Cámara de Representantes.
Según las encuestas más recientes, la divulgación de la conversación reforzó el apoyo popular al juicio. CBS News-YouGov da una aprobación de 55% al impeachment. Con todo, el control de los republicanos en el Senado hace casi imposible la caída de Trump, el mismo desenlace que tuvo el juicio político a Bill Clinton por el escándalo Lewinsky.
Y si ese caso es referencia, no debe olvidarse que la opinión pública, inicialmente dividida, acabó siendo favorable a Clinton. Pese a las encuestas actuales, lo mismo podría ocurrir con Trump, sobre todo si los demócratas se engolosinan y dan la impresión de estar motivados también por intereses políticos. (Leopoldo Gómez, Milenio Diario, Al Frente, p. 3)
El poder del presidente de Estados Unidos se encuentra legalmente en 13 párrafos del artículo 2º de la Constitución de ese país. Un artículo que desde su creación le quedó muy pequeño a la figura del Ejecutivo estadounidense y, por ello, desde George Washington hasta Donald J. Trump este artículo ha sido interpretado a modo por el ocupante de la Casa Blanca para ensanchar su poder. Ese es el dilema que hoy tiene Trump y esto es en parte lo que los demócratas evaluarán ahora que se activó la posibilidad de realizar un juicio de destitución del Presidente, el famoso impeachment.
El show demócrata está por empezar y con él se inflarán los ratings de los noticieros, los precandidatos demócratas aumentarán su notoriedad nacional y a lo mejor logran raspar un poco más la credibilidad de Trump. Sin embargo, a menos de que surgiese información mucho más escandalosa y digerible para el electorado, Trump será candidato y con el show demócrata hay el peligro de que México y Canadá sean los perdedores. Los demócratas ahora van a dirigir todo su tiempo y esfuerzo a esta investigación y con ello seguramente dejarán la ratificación del nuevo acuerdo comercial T-MEC para el año 2020 y en una de esas hasta después de la elección de noviembre. Además de esto, ya muchos sabemos cuál es la distracción favorita de Trump acorralado. El show demócrata no parece ser una buena noticia para México. (Genaro Lozano, Reforma, Opinión, p. 9)
Donald Trump aparenta calma ante el último escándalo sobre su muy particular forma de hacer política y que se desató a partir de la filtración —y posterior transcripción— de una llamada que sostuvo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El resultado ya lo conocemos: los piratas informáticos rusos APT 28, o Fancy Bear, fueron detectados y eliminado su acceso a los correos de los demócratas.
Pero el asunto todavía ronda en la cabeza de Trump y quiere encontrar algún elemento incriminatorio hacia los demócratas, haciendo una vinculación falaz entre dos empresas con el mismo origen, pero totalmente separadas.
Donald Trump, quien nunca ha cuidado las formas habituales, ahora violenta la esencia política al colocar el interés personal sobre el interés nacional y recurrir a lo que sea necesario para asegurar su reelección. Éste es el meollo de la llamada y la causa que encendió la chispa de un posible juicio político en su contra. (Leopoldo Mendívil, La Crónica de Hoy, Nacional, 6)
Al cumplirse un lustro de la trágica noche de Iguala y del inicio del tortuoso derrotero que siguió el proceso sobre el que se pretendió instaurar la mal llamada verdad histórica, ha sido necesario, a la luz de las inconsistencias de la investigación realizada, llevar a cabo un replanteamiento integral de la misma.
A lo largo de nueve meses, la Comisión Presidencial, en la que participa una importante representación de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, ha venido desarrollando una revisión profunda de los expedientes y ha implementado nuevas líneas de investigación, que permitirán avanzar en esa dirección.
Se cuenta además con una mesa multidisciplinaria conformada por peritos de la FGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense y especialistas en el análisis e identificación genética. Se han realizado diez operativos de búsqueda en cinco municipios de Guerrero: Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco. Cuatro diligencias judiciales se encuentran en proceso. (Alejandro Encinas Rodríguez, El Universal, Nación, p. 19)
¿Por qué uno de cada cuatro periodistas y defensores de derechos humanos considera que ejercer su derecho a la libertad de expresión es peligroso en México? De acuerdo al informe 2019, Libertad de Expresión en México, elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. Al menos hay tres causas: La persistencia de las agresiones; las zonas de silencio y la ineficacia de las instituciones. Sin embargo, el tema más importante es que los periodistas confían más en la Secretaría de Marina y el Ejército Nacional que en las comisiones estatales de derechos humanos. Los estados que tienen mejor derecho a la libertad de opinión y expresión son: Nuevo León, Yucatán, Aguascalientes y Colima. Las entidades peor calificadas son: Veracruz, Guerrero, BCS, Sinaloa, Coahuila y Morelos. “A la fecha México carece de programas y políticas públicas diseñadas para proteger y asistir a las personas internamente desplazadas”, afirma tristemente el reporte. Quiero ser optimista, pero como decía el príncipe de la canción José José “pero lo dudo”. (Gerson Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 18)
Surge nuevamente la propuesta para que López Obrador se someta a referéndum en 2021. La nueva propuesta señala que la revocación podrá ser solicitada por el presidente de la República o por un número equivalente al 3.0 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Serán organizadas por el INE o los institutos electorales locales y aplicarán para todos los gobernadores del país. La revocación de mandato procederá si los votos válidos equivalen a 50 por ciento más uno de los obtenidos en la elección para ocupar el cargo.
El presidente López Obrador ha cedido a la exigencia de que la consulta no ocurra el mismo día de la elección y ello abre una ventana para su aprobación. La otra petición de la oposición es que el Ejecutivo no pueda ser solicitante de la consulta porque el ejercicio se convertiría en una campaña de ratificación, no de revocación.
Someterse a una consulta revocatoria parece –a primera vista– un bonito gesto democrático. Pero tiene varios inconvenientes. (Luis Carlos Ugalde, El Financiero, Opinión, p. 30)
La prensa política amaneció el lunes con críticas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no defender la libertad y cuidar los derechos de sus gobernados, y abandonarlos a la violencia de grupos radicales infiltrados en marchas para generar caos e ingobernabilidad. Sheinbaum dijo que la violencia callejera en la ciudad era lo menos malo, al explicar que la inacción de la policía fue porque haber intervenido contra los anarquistas, como se definen desde hace un cuarto de siglo quienes utilizan esos eventos para provocar mediante actos vandálicos, habría resultado peor.
Es decir, mejor que destruyan monumentos, comercios, restaurantes, vehículos, incendien edificios, y sean dueños de las calles durante las horas que deseen, porque aplicar la ley generaría más violencia. Las críticas la tienen sin cuidado. Sheinbaum anticipó que para la próxima marcha del 2 de octubre, tampoco actuarán. Una vez más, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convertirá en territorio comanche. Quien más violento se ponga, entonces, más posibilidades tendrá de quedar impune. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 35)
Una y otra vez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, criminalizó a los agentes de la Policía Federal que se negaron a sumarse a la Guardia Nacional o a cualquier otra función dentro del gobierno federal. Ahora se ha visto obligado por la terca realidad a llevar a cabo lo que pudo hacer meses atrás: empezar a indemnizar a los agentes “rebeldes” de la Policía Federal quienes con la Constitución y la ley en la mano exhibieron la ineptitud y ausencia de conocimiento mínimo del derecho de Durazo. Baste recordar que al principio negó a los propios agentes policiales a estar acompañados de su representante legal violando con ello los principios esenciales del debido proceso.
El agua ahora empieza llegar a su nivel. Lo que aseguró Durazo que no era opción (indemnizar a los policías federales por la decisión de eliminar su fuente de trabajo) la realidad se ha impuesto. Lo que empieza, con tropiezos y lentitud, es un reconocimiento de que Durazo había menospreciado a los policías federales y pensó que la estrategia de decir una cosa en corto y hacer otra en pública habría de arrinconar a los policías federales para obligarlos a aceptar sus condiciones. No fue así. (Ernesto Villanueva, El Sol de México, Análisis, p. 18)
En la UNAM hay inquietud de lo que se puede venir en la llamada Máxima Casa de Estudios en estos tiempos de la 4T. Algunos ven, en la potencial llegada del John Ackerman a la Secretaría General —no puede ser rector porque no es mexicano por nacimiento—, un intento por morenizar la universidad.
Al secretario general lo nombra el rector. Se dedica de tiempo completo a la UNAM. Tiene ayudantes, plazas, presupuesto y mucha injerencia en los programas universitarios. Puede modificarlos y orientarlos.
Los más desconfiados sostienen que Ackerman en la Secretaría General sería el pago a la “deuda política” de la UNAM con el gobierno de AMLO. John entró en esa casa de estudios con pie firme. No sólo maneja el programa Democracia, Justicia y Sociedad, sino que también conduce el programa Diálogos por la Democracia, en TV UNAM. (Francisco Garfias, Nacional, p. 4)