De malas, Alfonso Durazo Montaño fue de Palacio Nacional a San Lázaro con los mismos argumentos y la misma fortuna: ni los periodistas que cubren la conferencia de prensa matutina ni los legisladores de oposición validaron su versión sobre el culiacanazo. De hecho, lo acusaron de mentiroso.
Alterado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana compareció ante los medios y ante los diputados federales. Sobre la primera versión que divulgó sobre el operativo fallido —un patrullaje de rutina permitió identificar a Ovidio Guzmán e intentar su aprehensión— tuvo la oportunidad de aclarar: “Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el gabinete porque, además, no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie”.
Una cosa es el vacío de información, otro muy distinto el divulgar información falsa o equivocada, argumentó Durazo. Y recibió el espaldarazo presidencial. En San Lázaro fue cercado por las camisetas negras del PRD y las cartulinas del PAN. (Alberto Aguirre, El Economista, Opinión, p.32)
El futuro de una de las instituciones fundamentales de nuestra democracia está por definirse en los próximos días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no sólo es un garante de nuestros derechos fundamentales, sino una pieza clave de la transición hacia un país democrático en el que las garantías individuales se ejercen a plenitud.
Contrapeso del poder, organismo autónomo por antonomasia, la CNDH tendrá una nueva presidenta o presidente a partir del 15 de noviembre. De hecho, el miércoles pasado en el Senado se sometió a discusión y votación la designación de la persona que presidirá la CNDH por los próximos cinco años. Después de dos votaciones sigue la indefinición sobre quién encabezará los trabajos de dicha institución. La decisión fue aplazada para el próximo martes.
Las opciones son Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Henríquez. Para la designación es necesario el voto de las dos terceras partes de las y los senadores presentes. Dicho requisito obliga a tener el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas representadas en el Senado. (Emilio Buendía, El Sol de México, Opinión, p.16)
En tan sólo 24 horas, el gobierno de México ha vulnerado su seguridad nacional por instrucciones de quien debe ser su mayor garante, el Presidente de la República. En dos conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrojó a la tarima de la opinión pública al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, para que, en aras de la “transparencia” –como retóricamente se esconde la opacidad del gobierno–, revelara información secreta que pone en riesgo la vida de militares y de sus familias, y mostró las capacidades tácticas y tecnológicas que, al poder ser vistas y analizadas por el crimen organizado, minan al Estado mexicano. El Presidente no es un traidor a la Patria, no hay que equivocarse. Lo que se puede argumentar es que no termina de entender que es jefe de Estado, no un político en campaña permanente.
La nueva montaña rusa donde se ha metido de manera voluntaria ha rebasado su capacidad cognitiva y de reacción, pero no su vocación indómita para hablar de todo sin detenerse un momento a reflexionar sobre el daño que pueda causar. En la conferencia del jueves sucedió algo muy grave. Neldy San Martín, de la revista Proceso, cuestionó que en la relatoría que hizo el general Sandoval, el miércoles, no mencionara quién había ordenado el operativo ni establecía la cadena de mando. Con una extraña demostración de sinapsis, el Presidente, que es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, interrumpió al general Sandoval cuando hablaba de un militar que, por no aceptar un soborno del Cártel de Sinaloa el 17 de octubre, fue amenazado, al igual que su familia, y le ordenó que, sin revelar el nombre de ese oficial, revelara el nombre del “operativo en lo nacional”. Esa instrucción generó una lamentable confusión que atenta contra el Estado. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.47)
De bozales y mentiras
Vaya cita histórica que el presidente Andrés Manuel López Obrador escogió para terminar un acalorado debate que sostuvo con miembros de la prensa durante la conferencia de prensa de ayer por la mañana. “¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? ‘Le muerden la mano a quien les quitó el bozal’”, dijo. Luego de múltiples críticas a la manera en la que en las últimas dos semanas la prensa ha dado cobertura al fallido operativo para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán. El mandatario mostró un enojo explicable por la difusión de información falsa e imprecisa por parte de algunos medios. Aunque también valdría la pena reconocer que el hecho que motivó las dudas legítimas de los medios, sin cuya presión quizá nunca se hubiera trasparentado dos semanas después de los hechos la información que hoy se conoce, fue precisamente que la primera información oficial que se dio fue, en el mejor de los casos, falsa e imprecisa. Así que quizá el funcionario que dio la falaz versión de los hechos, quizá debió de haber tenido la boca cerrada.
Nos dicen que en el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, pese a las declaraciones, sí tiene un líder sindical consentido. Se trata del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, a quien lo convocan a los principales eventos del gobierno, incluyendo los presidenciales. El propio don Carlos ha reconocido que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene grandes atenciones con él y que siempre le pregunta por su salud. Ayer en la Asamblea General Ordinaria del IMSS, el mandatario hasta se acercó a abrazar al líder sindical cuando éste se levantó de la silla de ruedas para dar su mensaje. “En un acto de respeto a los presentes”, según explicó él. El hecho es que al parecer para el gobierno hay de Carlos a Carlos en lo que a sindicalistas se refiere, pues mientras uno anda a salto de mata el otro recibe apapachos. De no ser porque Aceves del Olmo es un priista de hueso colorado, cualquiera podría pensar que un día de estos la CTM se vuelve morenista o parte de la 4T. (El Universal, Opinión, p.2)
Retomo ideas centrales del explosivo discurso que le revelé aquí en la entrega pasada, pronunciado ante más de 500 generales, incluidos los del alto mando del Ejército, por el exsubsecretario de la Defensa, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa: 1. La sociedad está políticamente polarizada por una ideología resentida, pretendidamente de izquierda; 2. Los frágiles contrapesos políticos han fortalecido a un Presidente que toma decisiones estratégicas que no convencen a todos; y 3. El alto mando enfrenta, desde lo institucional, a un grupo de “halcones” que podrían llevar al país al caos (https://bit.ly/2N3JA9H).
AMLO, el aludido, contestó ayer en su mañanera: “Es natural que no coincida con la nueva estrategia contra la violencia, fue subsecretario con Felipe Calderón”. Y en efecto lo fue de 2010 a 2012. Antes, al inicio del gobierno que le declaró la guerra al narcotráfico, fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa y, más atrás, durante el gobierno de Vicente Fox, subjefe Operativo del mismo, a cargo, entre otros temas, de las operaciones contra el narcotráfico. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, p.5)
La crisis que hoy vive Morena, partido al que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó cancelar la elección de su nueva dirigencia, es de identidad, que contiene otras, se recrea permanentemente y cuya duración puede prolongarse por años. Con su rotunda negación al cambio, está muy lejos de hacer la diferencia respecto de la calamidad político-partidista sufrida por décadas en México.
La primera evidencia de ese cuadro, es la pugnacidad que se ha dado a lo largo de varios meses por la forma como debería renovar su presidencia. La descarnada lucha por el poder entre grupos, llevada a extremos de violencia en algunos casos, soslayando la sugerencia presidencial de que se hiciera por medio de una encuesta, dejó a Morena en una situación muy endeble. (Óscar Mario Beteta, El Universal, Opinión, p.9)
Hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos sobre lo sucedido en Culiacán. Sabemos de más: el nombre que no deberíamos saber.
Sabemos que en estos tiempos la diferencia entre táctica y estrategia se entiende en maneras —seré generoso— raras. Y sabemos que en estos tiempos las decisiones de quién debe saber qué, son nebulosas.
Me explico: hoy sabemos, gracias a la cronología hecha por el gobierno, y lo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha dicho, que él no sabía que, por una petición de extradición, el ministerio público federal había girado una “orden de investigación” a la Guardia Nacional, que a su vez había pedido a la Secretaría de la Defensa Nacional una solicitud de colaboración que, después de cumplida, se había vuelto a entregar a la Guardia Nacional, que a su vez había entregado al ministerio público federal ese informe policial. Tampoco sabía Durazo que la Guardia Nacional se había constituido en la Fiscalía el día 17 para obtener una orden de cateo y que la Sedena haría ese día el operativo para detener al hijo del capo de la droga más famoso de las últimas décadas en México. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
QUE a algunos expertos militares llamó la atención un dato del video de la frustrada captura de Ovidio Guzmán: el uso de un teléfono celular por el hijo de El Chapo, debido a que siempre hay bloqueo de comunicaciones cuando se ataca a un objetivo de alto valor estratégico y por eso las unidades que participan cuentan con jammers integrados a sus vehículos. A menos que el muchacho, dados sus recursos, ya cuente con el mentado iPhone 21.
QUE el investigador John Ackerman es uno de los más activos ante los integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM operando a favor de la reelección del rector Enrique Graue, aunque hay otros académicos haciendo su parte en otras área de la máxima casa de estudios, como Ernesto Villanueva, Eduardo López Betancourt y Javier Nieto. (Milenio, Opinión, p.2)
Se oye mucho decir que la revuelta de Chile es el fracaso final del neoliberalismo en el continente y el regreso de la marea rosa al poder, dado lo que pasó en Argentina, con el regreso del peronismo y con el fraudulento refrendo de Evo Morales en Bolivia.
Pero el mapa real es muy diverso. Para empezar, las únicas dos verdaderas catástrofes económicas y políticas que hay en el continente no son herencia del neoliberalismo, sino de las tradiciones duras de nuestra izquierda. Esas catástrofes son Cuba y Venezuela. Les sigue los pasos Nicaragua.
Luego están las crisis políticas y económicas relativas que cambian la marea del continente con cada elección. Ahí también reina la diversidad. Lo que llevó a Jair Bolsonaro al poder en Brasil no fue el fracaso del neoliberalismo, sino el fracaso de los gobiernos de izquierda de Luiz Inácio Lula y de Dilma Rousseff. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Opinión, p.3)
Ya había registrado las dos notas exclusivas de La Jornada sobre encuentros en los que dos generales habían expresado opiniones nunca antes conocidas.
El 2 de octubre, en una reunión de alto nivel de autoridades mexicanas y estadunidenses, el general Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Sedena, dijo del Ejército: estamos ahorita en un proceso de desgaste muy fuerte; sin embargo, el soldado mexicano se desdobla, se esfuerza por mantener todos los requerimientos que ha hecho el Poder Ejecutivo (…) la Sedena tiene un efectivo que nos permite apenas mantener por un mes un despliegue y relevar al siguiente mes.
Esto lo escucharon el director del CNI, el comandante de la GN, el jefe del Estado Mayor de la Marina, el titular de la UIF y Alfonso Durazo y altos mandos del departamento de Estado y del Pentágono, el jefe de la DEA. (Joaquín López Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
MÁS ALLÁ del berrinche presidencial (uno más) contra la prensa, resulta todavía más grave la manera en que Andrés Manuel López Obrador pone en juego la seguridad nacional, con tal de lavarse las manos. Más que exhibir, el mandatario delató al coronel encargado de todas las acciones militares en contra del narcotráfico. ¡Nada más!
EN SENTIDO estricto, delante de todo el mundo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas le ordenó al secretario de la Defensa Nacional ir en contra de su formación y sus principios sacrificando a uno de los suyos. Revelar el nombre, el grado y las funciones del titular del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) no sólo es ponerle precio a su cabeza, sino también podría considerarse un delito.
EL ARTÍCULO 54 de la Ley de Seguridad Nacional es muy claro en que los funcionarios con acceso a información de inteligencia deben “abstenerse de difundirla por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen a tener publicidad”. Todo lo contrario a lo que hizo el presidente de la República. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
Con 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el inicio de un procedimiento de juicio político ( impeachment) contra el presidente Donald Trump. Esta medida da paso a la fase pública de las audiencias para determinar si el mandatario traicionó el juramento a su cargo al condicionar un paquete de ayuda militar a Ucrania a cambio de que la fiscalía de que este país investigara y acusara por corrupción a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden.
En el último siglo, únicamente el republicano Richard Nixon en 1974 y el demócrata Bill Clinton en 1998 se habían enfrentado a esta fase formal del proceso de destitución establecido en la Carta Magna estadunidense. A diferencia de estos dos precedentes, en que legisladores del partido del mandatario impugnado votaron en favor de avanzar las investigaciones, esta vez la totalidad de los diputados republicanos cerraron filas en torno al gobernante, e incluso dos demócratas votaron contra la moción que impulsa su liderazgo –una señal de que dentro del Partido Republicano existe la consigna de asumir todos los costos políticos derivados de sostener a un Ejecutivo que se encuentra en abierto desacato a las leyes y a la institucionalidad. (La Jornada, Editorial, p..2)
La miniconspiración // Chocan Monreal y Delgado por los chocolates // Los mejores directores del IMSS
En los sexenios pasados, algunos altos mandos militares desarrollaron una relación estrecha, incluso de negocios, con el poder económico. La Ley de Seguridad se cocinó con el aliento de los banqueros que veían en esa legislación una protección a sus intereses. Eso se cortó de tajo en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Dichos mandos militares han perdido influencia, poder… y dinero. López Obrador escogió libremente a los secretarios de la Defensa y de Marina, general Luis Cresencio Sandoval y almirante José Rafael Ojeda, respectivamente. Los seleccionó, ha mencionado, porque no son corruptos y han demostrado lealtad al pueblo mexicano. Es natural que haya inconformes. En la mañanera de ayer, el Presidente se refirió a las críticas del general Carlos Gaytán Ochoa referidas a la conducción gubernamental y las estrategias de seguridad. Es algo que respetamos, afirmó. En la democracia debe haber divergencias. La dictadura, ya lo hemos dicho, es pensamiento único. Agregó que la declaración es entendible, porque este general fue, creo, subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón. Entonces, pues no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando, por razones obvias, pero tiene todo su derecho a expresarse. ¿Detrás de la miniconspiración se asoma el Tomandante Borolas? Es pregunta.
Los chocolates
El sector automotor, acompañado del Consejo Coordinador Empresarial y la Concamin, manifestó su rechazo al acuerdo de la Cámara de Diputados en favor de la legalización de los vehículos chocolates. El tema ha provocado el caso poco común de que los coordinadores de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal y Mario Delgado, asuman posiciones divergentes. El origen es la inclusión de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el décimo quinto. ¿Qué dice el artículo en cuestión? Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las normas y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en territorio nacional que no hayan cumplido las obligaciones de la Ley Aduanera. El sector automotriz advierte en estas adecuaciones una amenaza a sus intereses. Este es un problema típico en el que la razón no sólo asiste a una de las partes. Circulan alrededor de 8 millones de chocolates. ¿Se los van a confiscar a sus dueños? Hay que buscar una salida inteligente y sensible. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.8)
El Presidente y el periodismo // Una mañanera relevante // Avance: transparentar dudas y preguntas legítimas sobre el gobierno
Aun cuando es de reconocerse el positivo ejercicio inédito de aportar información abundante sobre lo sucedido el 17 del presente mes en Culiacán, es de señalarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que esa insólita y agradecible carga de datos y detalles sea asumida como una verdad absoluta y plena, ante la cual no deberían generarse dudas ni especulaciones.
En ese contexto, se ha entrado en un terreno tan resbaladizo como divisorio de opiniones al colocar la plausible decisión de salvar vidas inocentes bajo el amago de ataque de un cártel, frente al hecho de que esas vidas estuvieron en riesgo justamente a causa de un operativo de fuerzas del gobierno que fue mal planeado y pésimamente ejecutado, y no por un hecho fortuito. Saber más del tema y conocer las causas del sonoro fracaso ejecutivo, así como las medidas de corrección para impedir que estos episodios se repitan, es una obligación periodística indeclinable.
Lo preocupante es que el presidente López Obrador busca someter a su lógica política y de poder al ejercicio periodístico, pretendiendo que el gobierno sí puede mentir o equivocarse (como sucedió con el secretario Alfonso Durazo al atribuir los hechos de Culiacán a un patrullaje azaroso, tal vez porque no sabía lo que realmente estaba sucediendo), pero en esa situación de carencia de información precisa y confiable, los medios no podrían equivocarse. Es un falso dilema: ciertamente, los fines y los medios de la prensa y el poder son diferentes, necesaria y esencialmente diferentes. (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.10)
La conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional –la número 232– marcó un antes y un después en la relación entre el Presidente de la República y los reporteros asignados a cubrir la fuente.
Las partes venían de un encontronazo, ocurrido apenas el fin de semana anterior, cuando un grupo de periodistas que cubría la gira de Andrés Manuel López Obrador por Sonora se accidentó en un vehículo pobremente mantenido, proporcionado por el ayuntamiento morenista de Ciudad Obregón.
El mandatario tocó fibras sensibles cuando dijo que a los ocupantes de la camioneta volcada no les había pasado gran cosa y luego, ante reclamos por lo sucedido, sugirió que mejor no acudieran a sus giras y se limitaran a asistir a las mañaneras en la Ciudad de México. Para informar sobre las giras, agregó, “lo podemos hacer nosotros”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión, p.2)
Cuando decimos que la estrategia de seguridad del gobierno federal no funciona o por lo menos es notoriamente insuficiente, no nos referimos solamente a la detención o no de líderes del narcotráfico, ni siquiera al número de muertes en constante ascenso. El problema principal es que no existe una estrategia integral para los distintos ámbitos y para todo el país.
Tres ejemplos. Primero, el espacio local. Sin policías locales, estatales y municipales que realmente funcionen no se avanzará en las condiciones de seguridad. Se ha dicho hasta el cansancio, se viene planteando de forma ininterrumpida desde el gobierno de Calderón y más allá de las declaraciones nunca se ha podido avanzar. La Ley de Seguridad Interior daba un margen importante para ello, pero terminó siendo derogada por razones más políticas que jurídicas, pero lo cierto es que hoy no hay nada que literalmente obligue a la Federación y a los estados a establecer un verdadero sistema policial homologado para todo el país. Y se llega a soluciones ridículas.
Por ejemplo, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, anunció que se llegó a un acuerdo con los taxistas del aeropuerto capitalino para que allí no puedan recoger pasaje vehículos de plataformas digitales, como Uber u otros. La medida es por lo menos controvertida, pero más allá de eso, para garantizar ese acuerdo, anunció que será la Guardia Nacional la que vigilará que los taxistas conserven el monopolio del pasaje. (Jorge Fernández Meléndez, Excélsior, Opinión, p.10)