QUE siguiendo con el fin de las celebraciones de fin de año, hoy se reactivan las actividades de los poderes Ejecutivo y Judicial: Andrés Manuel López Obrador encabezará su primera conferencia mañanera del año y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, la sesión de apertura del primer periodo de sesiones de 2020. Además, la jefa de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, realizará recorridos por la Central de Abasto para supervisar la instalación del sistema de videovigilancia orientada a prevenir los delitos en la zona. Lo dicho, 2020 comienza movidito. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 3)
En abril de 2017, cuando detuvieron a Javier Duarte, nos dieron pautas para pensar que la entonces PGR había realizado una investigación profesional y sustentada que probaba sus delitos. Pero el video de Imagen Noticias donde Duarte se refiere a su “entrega” y asegura que llegó a un acuerdo con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto lo contradecía. Si la detención fue el resultado de un pacto, entonces ¿qué podíamos esperar del consecuente proceso penal por medio del cual se le juzgaría? ¿La nueva fiscalía romperá dicho acuerdo o lo mantendrá? En 2017, durante la audiencia inicial del ex gobernador de Veracruz, Arturo Ángel (Animal Político) reportó que los fiscales encargados de presentar la acusación frente al juez no conocían a fondo el expediente, lo que evidenciaba que la labor de investigación era deficiente. En 2018, a través de una recomendación del entonces titular de la UIF se reclasificó el delito de delincuencia organizada por el que se le había acusado para que se le investigara por el de asociación delictuosa. Con esto Duarte solo tendría que pagar una multa por poco más de 58 mil pesos y pasar nueve años en prisión. (Maite Azuela, Milenio, Política, p. 12)
Cuando ya agonizaba el fenecido 2019, el gobierno desplegó una consulta sobre el futuro del inevitable Tren Maya.
La mascarada consultora, recurso justificante de cualquier decisión previamente asumida, fue censurada por muchos, entre otros, por la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en la fragilidad de tales mecanismos de opinión, en contra de los pobladores originarios de esas tierras. (Rafael Cardona, La Crónica, Opinión, p. 3)
Hubo un tiempo en que los seguidores de AMLO daban por hecho el respaldo de las comunidades zapatistas a las aspiraciones políticas de López Obrador, especialmente cuando las circunstancias imperantes le franquearon de par en par las puertas de Palacio Nacional.
Lo cierto es que los mandos del zapatismo, comenzando por Galeano, antes Marcos, consideran al tabasqueño un adversario y lo alinean, quién lo diría, en el mismo equipo de Carlos Salinas o Ernesto Zedillo. Con motivo del 26 aniversario de su alzamiento armado en contra del Estado mexicano en algún lugar de las montañas de Chiapas, la comandancia zapatista reiteró su confrontación con la 4T. (Juan Manuel Asai. La Crónica de Hoy, Opinión, p. 4)
Donde reanudan sus labores es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hoy los ministros inauguran su primer periodo de sesiones del año. Dicen que el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, realizará un recuento de los retos que deberán afrontar este 2020, y entre ellos son generar condiciones para una mayor equidad de género, tener cercanía con los ciudadanos y mejorar la carrera judicial. Como acciones preliminares por lo pronto ayer Zaldívar tuiteó que en el combate a la corrupción y el nepotismo, las acciones ya están en marcha y continuarán este año. (Gabriel Morales, La Razón, LADOS, p. 2)
Claras prioridades para 2020 tiene el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo: combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad porque “no daremos ninguna concesión al crimen uniformado que protege al crimen organizado”. Además, llevar a la Guardia Nacional a 50 nuevas regiones, reclutar a 21 mil 170 nuevos elementos y reorganizar los penales. (Sacapuntas, El Heraldo de México, LA, p. 2)
Para la Unión Europea (UE), la expulsión de funcionarios diplomáticos “es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad”.
Así es en realidad en el mundo de la diplomacia. Como tal lo declaró la delegación de la UE en La Paz, luego de la decisión del gobierno de facto de Bolivia de expulsar a dos diplomáticos españoles y a la embajadora de México. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
Tradicionalmente México se ha destacado por contar con una política exterior independiente, que encuentra en el Derecho Internacional el fundamento para su actuar, pese a las presiones que pueda recibir del exterior.
Sin embargo, el gobierno de López Obrador ha optado por una política exterior inconsistente y reactiva, que responde más a posturas ideológicas que a los principios constitucionales mencionados anteriormente. (Mariana Gómez del Campo, El Heraldo de México, Editorial p. 14)
Reacción: “Quiroga sólo es un pregonero del conservadurismo rancio” expresó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado Héctor Vasconcelos (HV) quien ahondó las medidas adoptadas bajo el término expulsión, que en realidad constituyen una errónea aplicación de los procedimientos establecidos en el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD) 1961.
Expulsión: Los presidentes Barack Obama y Donald Trump aplicaron al Artículo 23 de la CVRD para expulsar a funcionarios rusos acreditados en Naciones Unidas. Ante este hecho HV advirtió “una de las características esenciales de las relaciones diplomáticas y consulares es la necesidad de consentimiento mutuo del Estado que envía y del receptor”. La SRE de Ernesto Derbez y el presidente Vicente Fox escenificaron en mayo 2004 un capítulo similar al de EU con Rusia cuando llamaron a consulta a su embajadora en La Habana Roberta Lajous e informaron a su similar cubano en México Orlando Silva que disponía de 48 horas para abandonar el país. (Federico La Mont, El Sol de México, Nacional, p. 7)
A los que hayan leído con atención el decálogo o medidas del Presidente de la República para el combate a la delincuencia y que se dio a conocer hace varios días, llamará la atención que en el punto 5 se refiera a los derechos humanos como, por ejemplo, desterrar el uso de la tortura en la investigación, en el ámbito de la policía y del ejército y respetar así mismo el debido proceso; aunque lo que es la tortura se puede ampliar y dilatar de muchas maneras, sucediendo lo mismo con el debido proceso. Es decir, abundan las ramificaciones de una y otro siendo insuficiente fijarse sólo en lo aparente, en lo meramente formal. Lo que pasa es que todo comienza con una idea que se transforma luego en realidad, por lo que en lo tocante a esa idea o ideación sus ramificaciones suelen esconderse y hasta disfrazarse. En tal virtud es imprescindible no perder de vista que innumerables alteraciones en el debido proceso recaen en el espacio de los derechos humanos y viceversa. Lo cual señalo porque para mí ambos son el eje del combate a la delincuencia. (Raúl Carrancá y Rivas, El Sol de México, Análisis, p. 15)
No son menores las declaraciones de ayer de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, quien afirmó que esa dependencia “no hará concesión alguna al crimen uniformado que protege al crimen organizado”. Y es que el funcionario ya reconoce, con todas sus letras, el delicado problema de la infiltración de las bandas criminales en los organismos de seguridad pública. Pero, sobre todo, nos dicen, esta advertencia llega en un momento crítico en esa materia, donde oficialmente desapareció la Policía Federal (PF), corporación que fue constantemente señalada de colaborar con algunos cárteles del narcotráfico. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 23)
A propósito de la extinción de la Policía Federal, nos comentan que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acumuló más de seis mil expedientes de elementos involucrados en detenciones arbitrarias y relacionados con diversos hechos ilícitos. Evidentemente, nos hacen ver, estos agentes no fueron incorporados a la Guardia Nacional, que está bajo al mando del general de brigada Luis Rodríguez Bucio, por no cumplir con los requisitos de control y confianza. En medio de acusaciones de corrupción, nos recuerdan, la corporación tuvo un triste final en el nuevo gobierno federal. Ahora, nos comentan, vendrá la etapa de consolidación de la Guardia Nacional, que será todo un reto en tiempos donde la violencia del crimen organizado no ha cesado. (Bajo Reserva, El Universal, p. 2)
Actualmente, los conflictos internacionales tienen un raigambre más ideológico que jurídico. ¿Cómo resolver problemas que no se sustentan en razones jurídicas, sino en preferencias personales? No tengo dudas de que nuestro canciller, Marcelo Ebrard, ya tiene una respuesta a estos imbricados y agudos problemas, pues tiene la experiencia política y la inteligencia jurídica para hacerlo; ya lo ha hecho antes y, también, lo logrará ahora. (Edgar Elías Azar, El Universal, Opinión, p. A12)
Nos cuentan que quien inició con el pie izquierdo este año fue el gobernador priista de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, debido a la riña registrada en el penal varonil de Cieneguillas, que dejó un saldo de 16 reos muertos y cinco heridos. Las fuertes críticas contra don Alejandro, nos dicen, tienen su origen en que al menos en las primeras 24 horas él no emitió ninguna postura pública al respecto, por tanto, en las redes sociales varias figuras políticas de oposición, como la senadora Geovanna Bañuelos (PT), le exigieron al mandatario mejorar la política penitenciaria, mientras que otros, como la senadora Soledad Luévano (Morena), le mandaron decir al góber que debería interrumpir sus vacaciones ante lo que ella considera una crisis de inseguridad y hasta pidió corte de cabezas de las autoridades, aunque también hubo quien le crítico a doña Soledad que esos mismos reclamos debió hacerlos a la 4T en el culiacanazo. ¡Ups! (Kiosko, El Universal, Estados, p. A23)
SI ALGUIEN conoce una buena dermatóloga, favor de pasar el contacto a la Secretaría de la Función Pública, pues resulta que Irma Eréndira Sandoval tiene la piel muuuy sensible.
LA RESPONSABLE de combatir la corrupción (es un decir) nomás no aguanta la más mínima crítica. Cosa de ver que tras la exoneración que hizo de Manuel Bartlett, se lanzó una intensa campaña en redes sociales para echarle porras, llevarle flores y prenderle incienso a la funcionaria. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión. p. 10)
La campaña electoral en Estados Unidos tendrá consecuencias importantes para México y para el mundo. Donald Trump parte como favorito, no por sus virtudes personales, sino por la mediocridad de los candidatos demócratas. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 10)
Es una pena que naciones hermanas como Bolivia y México hayan caído en un conflicto que turbó el buen entendimiento entre los dos países. Pienso que ambas partes han cometido errores. Nuestro gobierno asiló a Evo Morales en cumplimiento de su tradición diplomática y sus leyes, pero le dio trato de excepción y lo llenó de honores que ciertamente el señor no merecía por haber pretendido erigirse en dictador. La inusual conducta de México fue interpretada con razón por el nuevo régimen de Bolivia como un apoyo a Morales, una indebida injerencia en sus asuntos interiores. Por su parte, el vocero del nuevo gobierno boliviano injurió groseramente al presidente de México, lo cual, a la luz del derecho internacional, es absolutamente intolerable. Creo que López Obrador ha actuado con prudencia en este caso. (Catón, Reforma, Opinión, p. 11)
El gobierno de Donald Trump elogia el acuerdo logrado con los demócratas sobre el nuevo tratado comercial (T-MEC) aprobado por la Cámara de Representantes el 19 de diciembre pasado, el cual será revisado por el Senado en enero. Políticos demócratas y líderes sindicales destacan las recién negociadas medidas de aplicación de las leyes laborales, porque refuerzan lo suficiente el tratado para merecer su respaldo.
Sin embargo, una huelga de más de dos meses provocada por un magnate mexicano ha arrojado una nube sobre las nuevas disposiciones del pacto que refuerzan los derechos de los trabajadores. Señalando que la empresa negocia de mala fe, casi 2 mil trabajadores se mantienen en huelga desde principios de octubre en Asarco, subsidiaria que el conglomerado Grupo México opera en Tucson, Arizona. (Lance Compa, La Jornada, Opinión, p. 13)