¿Y ahora qué les ha dado a las alimañas para querer meterse en México? (La Jornada, Contraportada)
LA DECISIÓN de Rubén Rocha Moya de pedir licencia temporal muestra que la presidenta Claudia Sheinbaum ejerció su autoridad y forzó una de las varias posibilidades para abrir paso a la posible detención del gobernador de Sinaloa.
LA LICENCIA se mantendrá durante el tiempo que transcurra la investigación de la FGR y todo indica que ésa será la ruta que sigan para evitar entregarlo a EU: investigarlo en México, culparlo, encarcelarlo, pero no extraditarlo.
YA SE HABÍAN dado varios intentos pidiendo a Rocha que se hiciera a un lado, y no de ayer, sino desde hace meses.
UNA DE las emisarias fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien regresó con las manos vacías pues al parecer Rocha pedía ciertas garantías para no ser encarcelado.
LO QUE en la 4T pudieron haber resuelto hace tiempo lo tuvieron que hacer presionados por el gobierno de Donald Trump.
Y QUEDA CLARO que con la licencia no termina la historia y que viene lo más fuerte. A ver cuántas licencias temporales más se van a necesitar en el futuro inmediato.
EL PLEITO entre la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández, vivió ayer un nuevo capítulo.
EL AUDITOR convocó a una reunión de la plana mayor de los funcionarios anticorrupción a nivel federal y estatal… y la titular de la secretaría federal lo desairó, mandó a la subsecretaria Guadalupe Araceli García y se fue a la gira presidencial por Palenque.
EN CONTRASTE, sí estuvieron y tomaron el micrófono la fiscal especial de la FGR, María de la Luz Mijangos, y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva.
TAMBIÉN participaron los titulares de 28 contralorías estatales, por lo que llamó la atención la ausencia de Buenrostro quien, al parecer, aún no termina de procesar la llegada de Hernández a la ASF, donde ella quería colocar a la magistrada Natalia Téllez.
¿Y LA coordinación institucional? Bien, gracias.
COMENZÓ mayo y los profesores de la CNTE iniciaron su extorsión anual, perdón, su campaña anual para obtener aumentos salariales y la ampliación de su larga lista de privilegios sindicales con el pretexto del Día del Maestro.
POR LO PRONTO, ya le sacaron a la presidenta Claudia Sheinbaum una cita para el 11 de mayo en la CDMX, después de hacer un bloqueo para interceptar la camioneta en la que viajaba ayer en Chiapas.
MÁS NOS VALE a los capitalinos armarnos de paciencia, pues seguro llegarán en los próximos días con sus bloqueos y plantones. A ver si logran despacharlos de regreso a sus entidades de origen antes del 11 de junio que arranca el Mundial. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Se impone la retórica de los duros; ¿réquiem a la cooperación?
Nos cuentan que el caso Rubén Rocha ha desatado una batalla retórica del lado mexicano en la que van ganando los duros, que parecen estar tocando el réquiem a la colaboración bilateral con Estados Unidos en el combate al narco y, de paso, al T-MEC. La conferencia de ayer de la FGR, nos hacen ver, estuvo llena de alusiones a la soberanía y declaraciones categóricas sobre la falta de pruebas en la acusación al gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios y exfuncionarios, pero en lo formal no hubo una negativa de la detención preventiva que se pidió sino simplemente la solicitud de que se “amplíe la información”. Es decir que, si bien el proceso formal sigue intacto y abierto, la retórica aparenta un rechazo tajante a la pretensión estadounidense. Si la decisión es romper lanzas con Washington, se puede adivinar la tormenta que se viene. Si la estrategia es ganar tiempo, nos señalan, el riesgo es alto. ¿Alguien cree que a Donald Trump lo detendrán los formalismos legales?
¿Trollea la embajada de EU a AMLO?
Y mientras la cancillería y la FGR argumentan jurídicamente, nos cuentan que la embajada de Estados Unidos en México optó por otro tono: un día después de que se difundió la acusación contra Rubén Rocha, la representación a cargo de Ronald Johnson compartió en sus redes sociales una imagen de dos hombres con cabeza de águila que barren las escaleras de arriba para abajo, con la leyenda “Jueves de justicia”, acompañada de la información de que el Senado mexicano aprobó el ingreso de 96 soldados estadounidenses, que fue detenido un traficante de fentanilo y que la FGR destruyó más de 400 kilos de narcóticos. La alusión al famoso lema anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador, nos dicen, no es casual. ¿El siguiente trolleo será con el “abrazos no balazos”?
En pos de contacto con Marco Rubio
Nos dicen que, en esta coyuntura de solicitudes de extradición y revisión de acuerdos comerciales, el gobierno de México ha intentado establecer una comunicación directa con Washington, pero hasta ahora no ha habido respuesta del lado estadounidense. Desde Palacio Nacional nos comentan que la administración federal busca contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio, para asegurar que la relación bilateral no se descontrole. Habrá que ver si la llamada se concreta el próximo lunes o si el silencio se prolonga en un asunto que va subiendo de tono.
Jalón de orejas en la gira presidencial
Durante su gira por Palenque, Chiapas, nos cuentan que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado de atención a su equipo de logística. Nos hacen ver que en la supervisión de la conexión del Tren Maya de carga con el Tren del Corredor Interoceánico, la mandataria federal notó la ausencia de los reporteros que cubren sus actividades, debido a la manifestación de los maestros de la CNTE afuera del aeropuerto. Aunque los representantes de los medios hicieron el intento de entrar, el aparato presidencial les negó el acceso. “Esto es muy importante que lo vean”, expresó Sheinbaum a sus colaboradores. Después del jalón de orejas, los representantes de los medios fueron contactados, pero ya no había posibilidad de hacer el recorrido. (El Universal p.2)
Que más tardó la Presidenta en anunciar a Julio Berdegué como refuerzo de lujo para las negociaciones del T-MEC, en el equipo que encabeza Marcelo Ebrard, que el secretario de Agricultura en renunciarle cuando la cosa está que arde. Muy propio, eso sí, agradeció a Claudia Sheinbaum por haberlo llevado al gabinete y felicitó a su relevo, Columba López Gutiérrez. Presidencia informó que lo pondrá a defender los intereses del campo mexicano frente a EU y Canadá, por lo que la pregunta es natural: ¿y no lo podía hacer desde la Sader?
Que uno de los más estentóreos defensores del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, es el senador Gerardo Fernández Noroña, quien ahora deberá cambiar de restaurante, porque por lo menos entre los comensales de El Cardenal del Hotel Hilton no es bien recibido y de “ratero” y narco no lo bajaron mientras emprendía la huida ayer. Quizá ahora lo pueda invitar su colega Enrique Inzunza al negocio de mariscos de la colonia Del Valle donde ayer se le vio quitado de la pena, pese a los cargos que pesan sobre él desde EU.
Que aunque falta una votación y algún trámite más por procesar, la exsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, sigue recogiendo apoyos de los liderazgos de Morena, y si anteayer fue el coordinador en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien posó entusiasta y le deseó parabienes para la jornada del domingo, ayer fue el titular de Educación, Mario Delgado, quien no sólo le echó porras, sino que ya la vio conduciéndolos “a una jornada histórica en 2027 para que la patria siga adelante con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano”. Órale.
Que Patricia Talavera, quien se ostenta como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, fue la gran ausente, quizá porque hay dudas de su legitimidad, a la reunión convocada por el auditor superior Aureliano Hernández Palacios con los titulares de diversas instituciones como la fiscal especializada, Luz Mijangos; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva, y la subsecretaria Guadalupe García. Bueno. (Milenio, Al Frente, p.2)
› Revelación de Labastida sobre Quirino
Hablando de sinaloenses, fuertes son los señalamientos que hizo el exgobernador priista de ese estado, Francisco Labastida Ochoa, sobre el embajador de México en España, Quirino Ordaz, quien antes de ocupar ese cargo fue también gobernador de la entidad. Durante una participación ayer en el programa de Carmen Aristegui, el también excandidato presidencial se refirió a las acusaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra políticos morenistas mexicanos que ocupan altos cargos. “(El senador) Enrique Inzunza, que fue secretario general de Gobierno durante tres años, tiene fama de ser el enlace con los narcotraficantes, tiene muy mala fama en Sinaloa. Diría que Rocha también tenía la fama de ser el enlace cuando el gobernador era Quirino Ordaz, que hoy es embajador de México en España”. Por lo anterior, refirió que la posición de este último es “inadmisible. “No lo sé (si se sostendrá). No tengo forma de saber qué piensa el Gobierno, cómo va a actuar. Pero me parece que lo lógico, lo sensato, es que venga un cambio inmediato en la Embajada de México en España”, refirió. Uf.
› Encaminando la elección
Y aunque será hasta el domingo cuando la exsecretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel, sea ungida como nueva presidenta nacional de Morena, ya hay varios indicios de que está ya trabajando de lleno al frente del guinda. Al menos así lo vieron quienes registraron el encuentro que la exfuncionaria federal tuvo con quien en el pasado fuera su compañero de gabinete, Mario Delgado, aunque esta vez más con propósitos partidarios, pues es sabido que el hoy titular de la SEP fue entre 2020 y 2025 dirigente nacional del guinda. “Hoy tuve el privilegio de desayunar con Ariadna Montiel. Recordamos viejas batallas, anécdotas y compartimos reflexiones sobre nuestro movimiento y los cambios tan profundos que ha logrado en nuestro país de la mano del pueblo de México”, publicó Delgado en X. Y no sólo eso, anticipó que este domingo “toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad de que su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027”. Durante la semana varias voces ya dieron cuenta de su arropo a Ariadna. El domingo sólo se verá qué tan atronadora es la ovación.
› Morenistas con otra posición
Y nos piden no perder de vista que incluso dentro del propio partido Morena no había una posición unánime en torno a la forma en que se debe procesar el asunto del gobernador Rubén Rocha Moya. Ayer, nos hacen ver, varias cejas se levantaron al conocer el posicionamiento de la senadora del guinda Guadalupe Chavira, quien antes de conocerse que el gobernador solicitaría licencia, consideró que debía separarse del cargo para que permita a la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, realizar la investigación correspondiente ante las acusaciones de Estados Unidos. La separación del cargo no significa una condena anticipada al gobernador ni desconoce sus derechos fundamentales, apuntó. No obstante, también refirió en su posicionamiento que “es una exigencia mínima de responsabilidad republicana frente a imputaciones que comprometen la legitimidad, estabilidad y autoridad moral de su gobierno”. Chavira de la Rosa, nos recuerdan, en el Senado es secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Ahí el dato.
› Gritan a Noroña “¡ratero, narco!”
Y ahora fue en un conocido restaurante del Centro, en la Ciudad de México, donde el senador Gerardo Fernández Noroña fue increpado y repudiado con gritos de “¡fuera, fuera!”, pero también con el de “¡ratero!” y hasta el de “¡narco!”. Ocurrió la mañana de ayer, nos comentan, en El Cardenal, ubicado en avenida Juárez, donde, según se aprecia en un video que circula en las benditas redes, encara a un hombre a la salida del lugar. Además de algunos comensales se observa que la escena está siendo grabada por Emiliano González, el inseparable asistente del legislador que saltara a la fama la vez que terminó en el piso —y luego envuelto en vendas y con el brazo sostenido por un cabestrillo— tras la zacapela en la que su jefe se vio envuelto con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. En fin. Resulta que tras conocerse el hecho, el morenista difundió un mensaje al respecto. “Al salir, un tipo me dice narco, lo encaro y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno —una hora— cobardemente empezó a gritar…”. A su juicio, sus adversarios están “muy engallados” por el tema de la presión de EU. Qué tal.
› Carpetazo al desafuero de Blanco
Y el que, nos comentan, acaba de librar el desafuero en San Lázaro, como quien hace un drible en un partido, fue el diputado Cuauhtémoc Blanco. Y es que ayer se conoció que la Comisión Instructora, a cargo de Hugo Eric Flores, habría decidido que las pruebas entregadas por la Fiscalía de Morelos en los expedientes en los que se acusa al exfutbolista por presunta violencia de género y tentativa de violación en contra de su media hermana, carecen de sustento probatorio. El también exgobernador de Morelos ha estado involucrado en múltiples acusaciones y no está claro si su caso podría reabrirse. Por lo pronto, a quien esta resolución no le ha caído nada bien es a la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. “Una vez más, Morena protege a Cuauhtémoc Blanco. Con una acusación de una posible agresión sexual, hace un año Morena y el PRI evitaron que Cuauhtémoc Blanco enfrentara la justicia como cualquier mexicano. Y ahora deciden desechar formalmente la solicitud de desafuero que había hecho la Fiscalía de Morelos a la Cámara de Diputados. Las mexicanas queremos verdad y justicia. No más impunidad”, protestó ayer.
› Visita desde Madrid
Y nos piden no perder de vista la próxima visita que realizará una prominente figura del Partido Popular de España a nuestro país, porque tendrá una agenda que considera actos que, se ha informado, parecen contrastar con el enfoque que tienen algunos temas de la agenda del Gobierno federal. Resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaría viajando el próximo domingo a México en donde tiene previsto realizar una gira entre el 3 y el 12 de mayo, que incluye llevar a cabo varios eventos, entre ellos, según ha trascendido, el asistir a un evento en honor a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana. Es sabido que Díaz Ayuso no está de acuerdo con la petición que han venido formulando el actual y el anterior Gobierno de México para que la Corona española ofrezca disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista —pese a que la propia monarquía y el gobierno han dado pasos para sacar del enfriamiento en que se mantenía la relación México-España. En su visita Díaz Ayuso acudiría a la Basílica de Guadalupe y tendría reuniones con empresarios y figuras de la oposición. (La Razón, p.2)
Sin ninguna sorpresa, la FGR confirmó ayer, con formalidad ministerial, lo que la presidenta Sheinbaum había perfilado el jueves desde la política y las emociones: no hay motivo, fundamento ni evidencia para apremiar la detención provisional de Rubén Rocha.
El régimen ha tomado, por lo pronto, la decisión de blindar al gobernador de Sinaloa ante la exigencia de la justicia estadunidense.
Tocaría ahora el turno al partido. Morena celebrará mañana en el WTC de la Ciudad de México una sesión del congreso nacional extraordinario donde elegirá a su nueva presidenta y a su nuevo secretario de Finanzas.
Era un evento planeado para encumbrar a Ariadna Montiel, pero la acusación de Estados Unidos contra Rocha ha puesto las cosas de cabeza. De ahí que no habría mayor nota —salvo, claro, la eventual presencia de López Obrador, quien llegaría a “defender a la patria de la amenaza extranjera”— que la asistencia del sinaloense, si es que así lo resuelve Palacio Nacional.
Si Rocha pisara el salón del WTC, lo lógico sería que los cientos de consejeros se pusieran de pie y le obsequiaran una ovación fuerte y prolongada. Lo decíamos ayer: por inverosímil que parezca, se le está convirtiendo en el símbolo patrio a proteger. Y un símbolo nacional merece al menos un instante de adoración.
Con esa standing ovation, el pleno de Morena enviaría una señal clara a Washington —y también a México— desde un acto en el que, como marca la convocatoria, “se deberá velar por el legado que ha construido el licenciado Andrés Manuel López Obrador y apoyar la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”. Domingo, 11 de la mañana. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, Nacional, p.4)
El contraste es elocuente. Tenían prisa por quemar en leña verde a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio. Es panista.
En el caso de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, rechazan su detención con fines de extradición, que reclama Estados Unidos, por conspiración para llevar fentanilo, cocaína y heroína a ese país. Es morenista.
La FGR ya dio color. Descartó la detención de Rocha Moya y los otros nueve implicados que señala el Departamento de Justicia de EU.
Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial lo dijo así ayer:
“No hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional.
“No existen pruebas anexas a pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”.
La FGR pedirá “pruebas” al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero solicita “confidencialidad”.
Según Jiménez Vázquez, la publicación de las acusaciones en contra de Rocha y otros nueve funcionarios pone en riesgo el debido proceso.
* La presidenta Sheinbaum dice que es falso que la solicitud de detención con fines de extradición de Rocha Moya la haya puesto entre la espada y la pared.
“En México decidimos los mexicanos y las mexicanas, para empezar. Siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la soberanía en el caso Chihuahua, en el caso Sinaloa y en cualquier otro caso”.
El dilema que enfrenta Sheinbaum y que, por lo visto, no reconoce, fue descrito con precisión por el Wall Street Journal.
El doctor Ghaleb Krame Hilal, experto en seguridad y crimen organizado, lo incluyó en su Reporte de inteligencia sobre el caso Rocha Moya.
Dice el periódico estadunidense:
“Sheinbaum puede intentar remover a Rocha Moya y arriesgarse a alienar al ala más nacionalista de Morena. O puede no actuar y deteriorar una relación bilateral que ya opera bajo tensión máxima”.
Ghaleb Krame agrega: “El discurso de soberanía es parte constitutiva de la identidad política del movimiento, pero la realidad de una integración económica profunda con Estados Unidos hace imposible una confrontación bilateral sostenida.
“México no puede desacoplarse de su vecino del norte ni política ni económicamente”, sintetiza.
La Presidenta, por cierto, estuvo en Palenque. Dice que fue a la unión de los trenes Maya e Interoceánico y que no vería al expresidente López Obrador, que vive ahí.
¿Usted le cree? Yo tampoco.
* En la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS) nos dicen que dentro de la proveeduría de IMSS Bienestar no hay normativa que garantice tiempos claros de validación y pago.
En ANDIS no se quedaron en la queja. Proponen a IMSS Bienestar establecer plazos máximos de validación y pago (30 días naturales, pero también integrar en el SIAN un módulo de seguimiento de pagos, visible para proveedores y autoridades; y publicar reportes mensuales de cumplimiento de pagos para dar transparencia y confianza en el proceso.
Nos aclaran que con el IMSS y el ISSSTE no tienen problema.
* La Comisión Nacional del Agua comenzó ayer a saldar lo que llama “una deuda histórica” con el arranque de las acciones de fumigación y control sanitario en la presa Endhó de Hidalgo.
No exagera la Conagua cuanto habla de deuda histórica con las 24 comunidades de habitan en la zona de la presa en ese estado.
Ahí van a dar las aguas negras de la CDMX, que han convertido Endhó en zona de contaminación y foco de infecciones.
“Con brigadas, drones, maquinaria especializada y trabajo en territorio inicia una intervención integral para proteger la salud de las familias y recuperar el torno ambiental en el estado de Hidalgo”, dicen en la Conagua.
En los estertores del mandato de López Obrador se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de zona de restauración ecológica en el área de influencia de la presa Endhó. Apenas hoy empieza el trabajo para limpiarla y devolver el bienestar a las comunidades.
Más vale tarde que nunca. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.6)
No ha habido ambigüedad en la defensa de Rubén Rocha Moya por parte del gobierno y el movimiento encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobernador ha merecido toda la elocuencia disponible en la garganta de sus correligionarios.
Detrás de esa elocuencia hay razones atendibles y otros desatinos. Tiene sentido valorar con lupa, cada uno por sus méritos, los alegatos defensistas.
Destaca a la cabeza el argumento del injerencismo del gobierno de Estados Unidos –también señalado como nuevo imperialismo– sobre asuntos que pertenecerían en exclusiva a la jurisdicción mexicana.
Se ha dicho igualmente que son insuficientes las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia a la Cancillería mexicana. El gobierno mexicano emitió también un extrañamiento contra el país vecino por haber hecho pública la acusación formal, ya que al hacerlo así violó la cláusula de confidencialidad prevista por el tratado y los protocolos bilaterales en materia de extradición. Por último, los voceros de Morena han declarado enfáticamente que la verdadera motivación de esta acusación sería política y no jurídica.
El argumento sobre una jurisdicción exclusivamente mexicana para investigar y, en su caso, enjuiciar a Rocha y el resto de la lista, emplea una definición de soberanía que no aplica en este caso.
De probarse las acusaciones, los imputados habrían cometido delitos que tuvieron su origen en México, pero cuyas consecuencias alcanzaron a víctimas que habitan en Estados Unidos.
Por su naturaleza, se trata de crímenes a escala transnacional que, para perseguirlos, requieren de la concurrencia de los tribunales de ambos países. En el derecho penal internacional estos casos se rigen por el principio de “personalidad pasiva”, es decir, que un Estado está facultado para juzgar crímenes cometidos en el extranjero cuando la víctima vive dentro de su territorio o bien ostenta su nacionalidad.
Si Rocha y sus presuntos cómplices hubieran prestado protección al cártel de Sinaloa –dado que los efectos de esa actividad delictiva se habrían extendido hacia ambas naciones– los tribunales de los dos países tendrían competencia para juzgar a los acusados.
Tanto la presidenta Sheinbaum como Ulises Lara, el vocero de la FGR, han inferido debilidad en las pruebas aportadas por el Departamento de Justicia.
Sin embargo, en estricto sentido hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos no ha entregado ninguna prueba. Esto es así porque en la etapa que corre actualmente, y que está prevista en el proceso de extradición, no es todavía necesario acompañar los alegatos acusatorios con la evidencia que el gobierno mexicano está exigiendo.
Antes de proseguir es necesario precisar que el Departamento de Justicia no pidió formalmente la extradición de Rocha y los demás, sino que activó un mecanismo previo: solicitó la detención provisional –con fines de futura extradición– de las personas imputadas, mecanismo para el cual son mínimos los requisitos establecidos según el tratado bilateral y los protocolos.
Para reclamar la detención provisional únicamente se necesitaba mencionar los delitos, identificar a las personas imputadas, compartir la acusación emitida por un juez competente y ofrecer, en un plazo razonable, el material probatorio que, más adelante, habría de acompañar a la solicitud de extradición.
¿Cuál es el plazo legal previsto para la presentación de la evidencia? De acuerdo con la Constitución mexicana, a partir de la solicitud de detención provisional, el Departamento de Justicia contaría con sesenta días naturales para entregar la información necesaria.
En resumen, no han sido presentadas al gobierno mexicano las pruebas reclamadas porque de acuerdo con la normatividad vigente, no se requieren aún.
El tercer argumento del gobierno de México refiere al incumplimiento por parte del Departamento de Justicia a propósito de la confidencialidad que debió haberse guardado sobre la acusación. El artículo 11 del tratado bilateral establece que, para conseguir una detención provisional es indispensable mantener en sigilo el procedimiento. Esta previsión tiene todo el sentido: si el Estado solicitante publicita la acusación antes de que el Estado receptor pueda actuar, las personas imputadas tendrán ventaja si intentan eludir la acción de la justicia.
El gobierno estadunidense puede argumentar que solicitó la detención el martes 28 de abril por la tarde y no fue hasta el miércoles 29, al mediodía, que se publicitó la acusación. Tiene, sin embargo, razón el gobierno mexicano al reclamar que las dieciocho horas transcurridas entre el primero y el segundo evento implican un lapso muy corto.
Por último, el gobierno mexicano afirma que el verdadero móvil detrás de este asunto no es jurídico. En palabras de Sheinbaum: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Obviamente que se trata de un expediente políticamente explosivo. Es así porque las personas señaladas ostentan cargos relevantes de poder. Era entonces inevitable que la acusación en su contra se cargara de inmediato con connotaciones políticas.
Ahora bien, la cuestión no es si la acusación tiene contenidos e implicaciones políticas, sino si su encausamiento corre por las vías del derecho y sus procedimientos. Es decir, si la investigación es sólida, si la evidencia es solvente, si los testimonios son válidos y si los procedimientos son legales.
El tratado bilateral no coloca por encima a los tribunales de ningún país porque supone buena voluntad de las partes para cooperar en igualdad de condiciones. No obstante, este es el principal problema para el desahogo del affaire Rocha: margina a los tribunales la defensa de una supuesta soberanía absoluta, la negación de la jurisdicción vecina, la descalificación de las pruebas en una etapa pre-probatoria y la convicción de que se trata de un asunto meramente político.
En el punto donde hoy se encuentra la cuestión los alegatos jurídicos han perdido relevancia; solo importa la capacidad y la energía de cada Estado para imponer su voluntad. Respecto a la capacidad de hacer daño, México lleva las de perder. Por tanto, la pregunta clave es otra: ¿cuánto está dispuesto a invertir el gobierno de Donald Trump en esta disputa? Dado que podría traerle votos en los comicios de noviembre, cabe suponer que el affaire Rocha continuará electrificando, por un buen rato, las relaciones y la colaboración entre los dos países. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.10)
En octubre de 2023, en Culiacán, unos policías detuvieron a Alexander Meza. Lo subieron a una patrulla municipal y lo entregaron a sicarios del Cártel de Sinaloa. Meza informaba a la DEA sobre las operaciones de “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La información alimentaba la causa penal 180 ante el juzgado del distrito sur de Nueva York.
La causa penal 180 busca demostrar el control de “Los Chapitos” sobre una parte del cártel y los arreglos corruptos que hicieron para lograrlo. Esta semana se presentó una nueva acusación en esa causa. Busca demostrar que al menos 10 miembros del gobierno de Sinaloa y de Culiacán, incluido el gobernador Rubén Rocha, colaboran con el cártel.
En enero de 2023, el Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Ovidio Guzmán en Sinaloa. Fue extraditado después para enfrentar la causa penal 180, que incluye a sus hermanos. En aquellos meses, “Los Chapitos” sospechaban que Meza colaboraba con la DEA. Ordenaron a Juan Valenzuela Millán, comandante policiaco en Culiacán, que lo secuestrara y lo entregara a sus sicarios. Meza no estaba solo. Con él estaba un pariente, un niño de 13 años. Los sicarios torturaron y asesinaron a Meza, al niño y a otras personas. Ahora, la causa penal 180 incluye esos crímenes.
En los últimos días se ha publicado mucho sobre la nueva acusación que involucra a Rocha, mientras el gobierno de Sheinbaum insiste en que no hay pruebas suficientes. No es necesario explicar por qué resulta atípico que se revele públicamente una acusación cuando los acusados están libres y en sus cargos. En este caso, también llama la atención la minuciosidad de la indagatoria.
Sobre Valenzuela Millán, la acusación dice que “Los Chapitos” le pagaban mensualmente una nómina a él y a más de 40 oficiales. A cambio, tenían “acceso total” a información de inteligencia, operativos, radios y patrullas municipales. Los policías movían fentanilo, vigilaban y secuestraban a objetivos de “Los Chapitos”.
En junio de 2021, dice la acusación, Rocha se reunió con Iván y Ovidio Guzmán. El acuerdo: “Los Chapitos” le ayudarían a ganar a cambio de colocar a su gente como funcionarios. Su enlace de comunicación, de nuevo según la causa, fue Enrique Díaz, quien se reunió con “Los Chapitos” y se convirtió en secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. En otra reunión, Díaz entregó a “Los Chapitos” una lista con nombres y direcciones de los opositores a Rocha, para que los amenazaran.
Una vez que Rocha ganó, dice también la causa, se asentó todo un sistema en el gobierno al servicio de “Los Chapitos”. El encargado de la fiscalía estatal los informaba sobre las investigaciones en su contra o sobre los operativos en sus laboratorios. El jefe de la Policía de Investigación permitía que los cargamentos se movieran. Otro jefe policial liberaba a aliados de “Los Chapitos” detenidos, y el secretario de Seguridad Pública les avisaba cuándo habría cateos, con información de la DEA, para que movieran la droga y el equipo.
La acusación relata cómo los jefes de plaza reciben cada mes cajas de dinero. Lo reparten entre funcionarios corruptos. Los fiscales incluyeron listas de sobornos, con cuánto dinero ha recibido cada quien y desde cuándo. La comunicación entre funcionarios y “Los Chapitos” era tan estrecha que el subdirector de la policía estatal hablaba directamente con Iván Guzmán por radio.
Ahora, en la causa penal, estos funcionarios están acusados de conspiración para importar narcóticos, posesión de armas, asesinatos y secuestros. La relatoría indica que algunos arreglos corruptos comenzaron en 2012. A diferencia de otras causas que he visto, no tienen fecha de cierre. Esto implica que los fiscales creen que esas personas siguen colaborando con “Los Chapitos” hoy.
He visto muchas causas penales de este tipo, pero casi ninguna con este nivel de detalle, que los fiscales solo podrían conocer por los propios “Chapitos”. Si se prueba, este caso relata un sistema corrupto que atraviesa gobiernos, persiste hasta hoy y abarca todos los niveles de seguridad y de procuración de justicia en Sinaloa. Esta no es solo una historia política, sino la de un narcoestado que permite asesinar a un niño de 13 años y que su muerte quede impune. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)
Es un gran error ponerse a la defensiva cuando se trata de narcos y desaparecidos. El gobierno de México debería aprovechar esta oportunidad para tomar el lado de las víctimas y no el de los matones y corruptos. En lugar de tildar como “político” el objetivo de quienes acusan de fuertes vínculos con el narcotráfico a 10 funcionarios de Morena -y de “tendencioso” el reporte de expertos de la ONU sobre las decenas de miles de desaparecidos en México- la actitud correcta sería agradecer la información y perseguir juntos a los responsables de crímenes, no defender automáticamente a los acusados solo por ser miembros del partido en el poder.
Es considerado uno de “los hispanos más influyentes de Estados Unidos” y es conductor del Noticiero Univision desde 1986. Ha ganado 9 premios Emmy y el prestigioso Maria Moors Cabot. Ha escrito 11 libros y su columna semanal la distribuye el New York Times Syndicate en todo el hemisferio. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Nació en Cd. de México y vive en Miami.
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos son gravísimas. Está pidiendo la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del alcalde de Culiacán, de un senador federal y de siete funcionarios más por, supuestamente, conspirar con el Cártel de Sinaloa para meter drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo. Además, en las 34 páginas de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se detalla una aparente reunión de Rocha Moya con dos de los hijos de “El Chapo” Guzmán en junio del 2021 para solicitar su ayuda antes de las elecciones de gobernador. El expediente habla de que los narcos intimidaron a otros candidatos y que se robaron material electoral. (El gobernador ha negado tajantemente todas las acusaciones. “No le temo a nada”, le dijo a la prensa).
El anuncio de Estados Unidos no fue nada diplomático. No avisaron previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a la Oficina de la Presidencia. Querían que fuera un bombazo noticioso y lo fue. La realidad es que Trump y Sheinbaum tienen grandes diferencias sobre cómo lidiar con los narcos. Él quiere enviar tropas a México; ella, defender la soberanía del país por encima de cualquier cosa
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Entiendo el enojo por no haber sido informada con antelación, pero yo esperaba una actitud mucho más proactiva por parte de la Presidenta contra los narcos y sus aliados. En su mañanera del jueves Sheinbaum dijo que “nosotros no vamos a cubrir a nadie”. Pero apenas unos momentos después añadió que “sin pruebas claras es evidente que el objetivo de las imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. Eso es cubrir a alguien.
La misma actitud defensiva ocurrió hace unas semanas cuando un grupo de expertos del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas denunció la existencia en México de más de 4 mil 500 fosas clandestinas y “72 mil restos humanos no identificados”. Y en lugar de aceptar que se trataba de una de las grandes tragedias que vive México, la Secretaría de Gobernación dijo que el reporte era “tendencioso” y con “falta de rigor”. Así nada se va a resolver.
Muchos mexicanos creemos que el principal problema de México son la violencia y las desapariciones causadas por los cárteles de las drogas y que estos pueden operar gracias a la complicidad o negligencia de políticos, policías y autoridades. Por eso partes del país están en control de los narcos. No reconocerlo sería irresponsable.
Esta es una oportunidad única para voltear la tortilla.
Lo primero que hay que hacer es romper con el pasado y aceptar que la política de “abrazos, no balazos” fue un fracaso y que, lejos de enfrentar al narco, incrementó la sensación de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no atacaría a sus líderes. Esto creó alianzas y acuerdos no escritos entre políticos y narcos. Eso es precisamente lo que denuncia el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero, por ahora, se ve imposible que Sheinbaum públicamente denuncie los graves errores tácticos de su antecesor y mentor.
La respuesta oficial ante el reporte de la ONU sobre los desaparecidos y las acusaciones del Departamento de Justicia contra 10 morenistas es insuficiente y da la impresión de que el gobierno solo está protegiendo a los suyos. Es el partido y el amigo antes que el país. Quieren más pruebas pero la verdad es que México debió realizar esta investigación hace mucho, no Estados Unidos.
Morena llegó al poder diciendo que no eran iguales que los de antes.
Muy pronto veremos si es cierto. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)