Y mientras, la oligarquía boliviana se lame los bigotes… y, en una de esas, la CIA también. (La Jornada, Contraportada)
AHORA que Morena y sus aliados en el Congreso federal y en los congresos estatales aprobaron la reforma para la llamada “supremacía constitucional” y esta ya fue publicada en el Diario Oficial surge una duda relevante sobre la misión y la definición misma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DE ACUERDO con la propia Corte sus dos funciones principales son la de ser el Tribunal Constitucional del país y la de encabezar el Poder Judicial de la Federación.
NADA MÁS QUE, si las modificaciones a la Carta Magna realizadas por el Poder Legislativo ya no pueden ser revocadas por la Corte, ¿tiene caso seguir definiendo a la SCJN como un tribunal constitucional cuando, en los hechos, ya dejó de serlo? Es pregunta con la ley en la mano.
FUERTE está el pleito en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos en donde la mayoría de los magistrados de plano ya desconocieron al presidente del organismo, Jorge Gamboa Olea.
EL FUNCIONARIO, ligado desde hace varios años con el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, ha estado metido en pleitos con sus compañeros desde mayo pasado cuando su periodo de 2 años al frente del organismo fue prorrogado… ¡por el Congreso local!
PERO todo indica que, ahora sí, la sangre va a llegar al río pues 15 magistrados que se oponen a su permanencia se reunieron con la gobernadora Margarita González Saravia, quien les habría dado su apoyo para que tumben a Gamboa Olea del cargo.
LA MANDATARIA morenista se ha deslindado de su antecesor desde que estaba en campaña y para nada estaba contenta con que un aliado de Blanco estuviera al frente del Poder Judicial de la entidad, por lo que no extraña que ahora opere en contra de uno de sus alfiles.
PREOCUPADOS andan en organizaciones civiles de Puebla por el proceso de selección de quien quedará al frente de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad.
OCURRE que, entre los doce semifinalistas, figura Rosa Isela Sánchez Soya, quien tiene un conflicto de interés del tamaño de la catedral de la Angelópolis.
Y ES QUE la abogada es mamá de Alexa Espidio, diputada local suplente por Morena quien, además, es muy cercana colaboradora del gobernador electo, el morenista Alejandro Armenta.
DE AHÍ que hay quienes afirman que Sánchez Soya, quien incluso fue señalada por exagerar sus credenciales a la hora de comparecer ante legisladores, ya trae la bendición del próximo gobernante cuatroteísta por lo que la mayoría morenista la impondrá el próximo miércoles. ¿Será? (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
“¿Y si no hubiera elección de jueces?”, sueñan en Hacienda
Nos cuentan que en pasillos del Palacio Nacional se escucha que hay quienes, desde la parte económica del gabinete, impulsan la idea de replantear y posponer la elección de jueces y magistrados programada ya en la ley para llevarse a cabo en junio de 2025. Ante lo apretado del Presupuesto de Egresos del año entrante por las nuevas obras y programas sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum, más la necesidad de bajar el gasto para controlar el déficit, en la Secretaría de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O le ponen veladoras para que la mandataria acepte una salida política que permita no tener que programar los 13 mil 200 millones de pesos que está calculando “precautoriamente” la Junta Ejecutiva del INE para organizar la complicada elección. Hasta ahora, nos dicen, no han recibido señales positivas. Pero la esperanza muere al último para los encargados de que alcance el dinero.
FGR va por cientos de cámaras y micrófonos ocultos
Nos comentan que quienes tienen la billetera lista para ir de compras son los responsables de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz. La Dirección de Adquisiciones de la Fiscalía lanzó hace unos días una licitación pública para sustituir e instalar un nuevo sistema de circuito cerrado de televisión para las instalaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la FGR. Entre estas sustituciones, nos comentan con documentos en mano, que además de los cientos de cámaras de vigilancia, también se adquirirán 98 micrófonos que estarán ocultos en techos y paredes. ¿El monto? Nos adelantan que será considerable. La tarde del 6 de noviembre se dará a conocer el fallo de la empresa ganadora y la cifra final del costo.
Lady Codazos ataca de nuevo
Nos cuentan que en el Senado el nivel del debate va en espiral descendente. Una de las protagonistas recurrentes de episodios con gritos y sombrerazos es la morenista Lucía Trasviña, especialista en un lenguaje florido que durante la sesión del jueves, en la que se declaró la validez de la reforma conocida como de “supremacía constitucional”, de plano derivó en agresiones, codazos e improperios contra la senadora priista Karla Toledo. Todo con el afán de estrenarse como guarura del líder de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, porque ahora los combativos morenistas no aguantan ni una interpelación de los opositores y de inmediato se dicen atacados y ofendidos. En redes ya etiquetaron a doña Lucía como “Lady Codazos”.
La amnesia de Noroña
Y ya que hablamos de la delgada piel que muestra Fernández Noroña ahora que es presidente del Senado, nos recuerdan un incidente en septiembre del 2018, cuando el entonces diputado petista exigía el uso de la palabra al presidente de la Mesa Directiva, su compañero de partido Porfirio Muñoz Ledo, con gritos, insultos y subiendo a la tribuna en San Lázaro. Ahora que él debe conducir las sesiones y los debates en la Cámara alta, Don Gerardo regatea el uso de la palabra a la oposición y exige respeto a su persona y su cargo ante reclamos como el de Alejandro ‘Alito’ Moreno que subió a reclamarle a la tribuna. La amnesia total. Ni un poquito le aprendió al parlamentario Muñoz Ledo. (El Universal, A2, p.2)
Que primero fue el desafío del crimen con la explosión de dos coches bomba y ahora, en medio de una nueva ola de violencia y ya con la Federación actuando en Guanajuato, la gobernadora Libia Denisse García presentará el próximo lunes su propia estrategia de seguridad en el Parque Bicentenario de Silao, en un evento al que está convocada buena parte de la clase política estatal. La promesa es que ahora sí habrá coordinación y resultados, pese a las diferencias partidistas con el centro, pero si la colaboración es la clave del plan desde Palacio Nacional, ¿a qué viene un programa alterno?
Que en oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, hay incertidumbre sobre el tema de la reforma judicial, que será discutido por los ministros el próximo martes, ya que en diversas ponencias ha surgido la duda de que se alcancen los ocho votos que se necesitan para invalidarla y hay quien dice estar seguro de que un integrante del tribunal no acompañará a la mayoría, sabiendo de antemano que las tres cuatroteístas votarán en bloque. ¿Quién será?
Que luego de la confrontación que tuvieron el pasado jueves en la sesión del Senado, el presidente cameral, Gerardo Fernández Noroña, se declaró en una videocharla a favor de retomar el proceso de desafuero contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Es tal su descontento con el episodio que hasta llamó “culebra” a MILENIO por ilustrar su nota de portada del impreso sobre la “supremacía constitucional” con el reclamo con manoteo incluido que le hizo el campechano en tribuna. Ándele pues.
Que por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó la noche del jueves el decreto de la reforma de “supremacía constitucional” en el Diario Oficial de la Federación, con la cual se busca que las reformas a la Carta Magna sean inimpugnables, y ayer envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para crear dos secretarías de Estado y la Agencia Digital, además de cambiar de nombre a la Función Pública y darle tareas de transparencia y protección de datos, con copia, sin duda, para el INAI. (Milenio, Al Frente, p.2)
Lemus, Alfaro y las nuevas inversiones
Con muy buenos resultados, nos comentan, los gobernadores entrante y saliente en Jalisco, Pablo Lemus y Enrique Alfaro cerraron ayer una gira que realizaron juntos en Silicon Valley, donde dejaron un mensaje de continuidad y estabilidad a inversionistas del sector de la alta tecnología. El mejor indicador del objetivo alcanzado es el dato de la inversión lograda: 890 millones de dólares; y el de creación de empleos: 11 mil 500 plazas para 2025. Fueron dos días durante los cuales fortalecieron la colaboración con empresas como Sanmina, Jabil e Intel, algo que sirvió para que Lemus destacara la visión de convertir a Jalisco en el nuevo California de México, punto posterior al de ser el Silicon Valley mexicano. Mientras Alfaro ha subrayado el que por primera vez en la historia un gobernador constitucional y un gobernador electo trabajen juntos para proyectar certeza. En su sexenio logró, de acuerdo con datos oficiales, 2 mil 750 millones de dólares en inversión y más de 40 mil empleos.
Operativo correcto
Y fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a cargo de Pablo Vázquez, la que el jueves pasado con motivo de las rodadas masivas que realizan motociclistas en diversos puntos de la capital, aplicó un dispositivo de seguridad, vialidad y acompañamiento. Gracias a lo anterior, nos comentan, se revisaron 531 motocicletas, de las cuales 416 fueron llevadas al corralón, además de tres vehículos y se detuvo a 18 personas por incumplir el Reglamento de Tránsito. Y es que la dependencia, se ha informado, desplegó a 348 efectivos, acompañados de 55 unidades oficiales, 11 motopatrullas, siete grúas y dos remolques, quienes estuvieron al pendiente de la seguridad de los asistentes, transeúntes y conductores. La acción de las fuerzas policiacas, nos hacen ver, además de meter orden en las dichosas rodadas, ha mandado de manera temprana y conveniente, el mensaje de que ninguna acción de ese tipo, por muy masiva que pueda llegar a ser, podrá transgredir los derechos de terceros.
El vehículo y la impronta
Y es la reforma que modifica la estructura del Gobierno federal la que ayer mandó la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa con la que se crean las secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y que convierte a la de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Otros cambios que contempla son que la Secretaría de Salud esté al frente de la estrategia para el abasto de medicamentos; que las funciones de inteligencia sean reforzadas en Seguridad y Protección Ciudadana, además de que amplía las facultades de la Secretaría de la Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En total, nos comentan, se propone modificar 28 artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es de esperar, nos comentan, que la reforma sea aprobada en breve, pues el Gobierno ya necesita contar con el nuevo vehículo con el que habrá de transitar el sexenio, pero que también da cuenta de la impronta en lo administrativo de la Presidenta de la República. Pendientes.
Le recuerdan desafuero pendiente
Y luego del choque que protagonizaron el jueves los senadores del PRI, Alejandro Moreno, y de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue éste último el que no se quedó con las ganas de mandar un mensaje relacionado con los temas de justicia que rondan al dirigente nacional del PRI. “El desafuero de Alejandro Moreno está solicitado, ¿eh? Está en lista de los 512, está en la lista. Porque lo solicitó en su momento la Fiscalía de Campeche, si mal no recuerdo”, dijo Noroña en una transmisión en vivo de las que el legislador regularmente realiza. Diversos fragmentos de ésta se difundieron ayer en las benditas redes, entre ellos uno más en el que apunta: “tiene que desahogarlo (ese desafuero) la Cámara de Diputados. Está entre los pendientes y francamente yo creo que deberían hacerlo”. Nos dicen que el dicho si hubiera sido en otra circunstancia habría quedado como parte de la calentura del momento. Pero como la correlación de fuerzas políticas ha cambiado, en una de ésas significa algo más. Uf.
Concentración en la Corte
Con la novedad de que, en las últimas horas, se empezó a difundir una convocatoria para que trabajadores del Poder Judicial, jueces, magistrados, integrantes de barras de abogados estudiantes de derecho y sociedad en general se concentren masivamente frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo martes 5 de noviembre, con la idea de respaldar a los ministros que ese día habrán de empezar a desahogar diversas impugnaciones de la reforma al Poder Judicial. En particular, se ha informado, se debatirá el proyecto que elaboró el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, y que ha estado generando controversia, al plantear la invalidación de la elección de jueces y magistrados y dejar viva la de ministros. La convocatoria, hecha originalmente por la Jufed en las últimas horas, está siendo replicada por distintas agrupaciones estudiantiles y de la sociedad civil. El caso es que ese día estará teniendo muchos más reflectores que de costumbre. Las palabras de cada ministro se estarán pulsando al momento por quienes defienden la reforma pero también por quienes la rechazan. Pendientes. (La Razón, Informativa, p.2)
Apurados en evitar la legalidad de la que podría convertirse en la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una reforma constitucional, Morena y sus aliados concretaron la denominada supremacía del Poder Legislativo sobre el Judicial.
El Diario de los Debates de la sesión del miércoles 30 de octubre queda para la historia y, dentro de cinco, 10, 20 años, permitirá revisar a quiénes les asistió la razón en esta polémica que, a decir de Ricardo Monreal, representa el cambió más relevante en los últimos 200 años.
Leonel Godoy (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, insistió en que los derechos humanos están garantizados: “Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad se mantienen como están actualmente”.
En contraste, la oposición advirtió que esta reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución dejará indefensos a gobiernos locales y ciudadanos. “Lo que les preocupa es que la Corte se exprese antes de que puedan arrancarle hojas Constitución!”, resumió Noemi Luna, coordinadora de la diputación panista.
“El régimen nazi también bombardeó al Poder Judicial”, comparó Fernando Torres Graciano (PAN).
“Ustedes son el conservadurismo, son Santa Anna”, reclamó el exmorenista Gibrán Ramírez, ahora de MC.
“En pocos días están haciendo más de aquello a lo que se atrevió Porfirio Díaz. Hoy, el Poder Legislativo no está limitando al poder. Y ésa es la fórmula simple de permitir el abuso del poder. Exigimos respeto a la democracia y decimos no a la dictadura”, definió César Domínguez (PRI).
“Lo que parecía ser un paquete que decían de la supremacía constitucional, pasó a ser el paquete de la instalación de la dictadura”, recriminó Margarita Zavala (PAN).
Con los votos suficientes atarle las manos a la SCJN antes del martes 5 de noviembre, día en que algunos de sus integrantes podrían anular la elección de jueces y magistrados, dejando las urnas sólo para renovar la Corte, completar el Tribunal Electoral e integrar el Tribunal Disciplinario, los diputados 4T dieron por enterrada esa propuesta y acusaron de golpistas a los ocho ministros que renunciaron en desacuerdo con la reforma judicial.
“Lo que hoy está tratando de hacer la Corte es dar un golpe de Estado legal a través de la interpretación de la Constitución. Porque si hoy pueden ellos interpretar la Constitución, como lo ha hecho el ministro (Juan Luis González) Alcántara Carrancá, que dice que una parte de la Constitución es inconstitucional y otra parte no… imagínense el absurdo”, alegó Lilia Aguilar Gil (PT).
Su compañero de bancada Adrián González Naveda reforzó la imputación: “Esta minoría rapaz es una minoría golpista, es una oposición desleal que atenta contra los principios democráticos y constitucionales del país”.
Entre augurios funestos y descalificaciones, se diluyó el mensaje que dejó en tribuna la diputada Olga Sánchez Cordero que, en su apasionada reivindicación de la supremacía legislativa frente al Poder Judicial, admitió, sin embargo, que ésta abandona el carácter progresivo de los derechos humanos, un cambio que justificó como necesario y remontable. “Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado, este poder soberano menguado durante las últimas cuatro décadas. E integra un modelo de ingeniería constitucional que abandone el principio de progresividad y nos lleve a criterios que ha validado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro”, asumió quien fuera integrante de esa SCJN por más de dos décadas.
Citando al ministro en retiro Arturo Zaldívar —evaluador de los futuros candidatos a juzgadores— cuando definió que una reforma constitucional podía echarse por tierra en la Corte, en caso de atentar gravemente contra derechos humanos, los panistas montaron un performance en modo ofrenda y machacaron con la idea de que la Constitución había muerto a causa de la supremacía legislativa a la que bautizaron como Ley de Herodes: “O te sometes a Morena o te jodes”, ironizó Annia Gómez.
Y en voz del diputado Héctor Saúl Téllez llamaron a los ministros a respaldar el proyecto de Alcántara Carrancá.
El diputado Germán Martínez, morenista en la primera parte del sexenio pasado y hoy en la bancada del PAN recordó que al ministro Alcántara lo propuso el expresidente López Obrador y lo avaló el senado morenista. “No tiene nada qué ver con el pasado ni el neoliberalismo. Aquí no vengan con el argumento baboso de que García Luna y que de Calderón y de Peña Nieto”, expuso.
Miguel Carrillo Cubillas (Morena) reviró que, en la práctica, el proyecto del citado ministro era “un pliego petitorio, una solicitud de negociación: lo que están diciendo los ministros es, nosotros nos vamos, eso sí, con nuestros privilegios y pensiones vitalicias, pero que se quede toda nuestra gente y todo el lado de corrupción”.
El expriista Fernando Castro Trenti (Morena) secundó la descalificación: “Basta de los robos que hay al amparo de la justicia que hace el Poder Judicial, los vamos a sacar a la calle y los vamos a dejar sin empleo a los rateros”.
Elevando el tono, el panista José Manuel Hinojosa Pérez pidió guardar los nombres de quienes “hoy decidieron arrojar a México a los leones de la dictadura ¡Ojalá la ley tuviera espinas para que al menos les doliera cuando se las pasen por los huevos!”.
Más allá de catastróficas advertencias de ministros golpistas o legisladores dictatoriales, el reto es grave: inventar un modo mexicano para la progresividad de los derechos humanos. ¿Algo qué celebrar? (Ivonne Melgar, Excélsior, Nacional, p.13)
Un capricho. Un mero capricho. No deberíamos olvidarlo. El caos en el que se ha precipitado el país en las últimas semanas no obedece a un proyecto meditado, a las legítimas ansias de terminar con la impunidad, a una auténtica preocupación por la justicia. No: se trata -peor aún- de una ocurrencia. Así suelen gobernar nuestros políticos: de la misma manera que Felipe Calderón lanzó a fines de 2006 la guerra contra el narco sin ninguna prevención, análisis o estrategia previas, simple y llanamente porque un buen día así lo quiso -con las devastadoras consecuencias que hemos pagado desde entonces-, López Obrador una mañana decidió que había que demoler el Poder Judicial hasta sus cimientos y elegir a todos los jueces por voto popular.
(México, 1968). Es autor de la novelas En busca de Klingsor, El fin de la locura, No será la Tierra, El jardín devastado, Oscuro bosque oscuro y La tejedora de sombras. Y de ensayos como Mentiras contagiosas, El insomnio de Bolívar y Leer la mente. En 2009 obtuvo el Premio José Donoso de Chile por el conjunto de su obra. Sus libros han sido traducidos a 25 idiomas. En 2014 se publicará su novela Memorial del engaño.
De nuevo: sin el menor estudio de la situación, sin tomar en cuenta la realidad, sin prever sus costos -económicos, sociales, políticos- y, desde luego, sin evaluar sus posibles resultados. A estas alturas da igual si su única motivación consistió en vengarse de quienes se atrevieron a confrontarlo: igual que con su némesis panista, México ha debido plegarse a su dictado y todos habremos de pagarlo por largos años. Cualquiera que haya estudiado mínimamente nuestro sistema de justicia sabe que es, sin duda, desastroso. Sin duda hay jueces corruptos o torpes, empecinados en seguir la letra de la ley en vez de hacer justicia. Pero ellos no son ni por asomo la peor parte del modelo, sino uno más de sus componentes. Solo por hablar de la parte penal, que es la que más debe preocuparnos, miles de delitos no se denuncian: ¿para qué hacerlo cuando se sabe que menos del 0.5 por ciento se resuelven?
Para colmo, la mayor parte de los problemas se localiza antes de que los casos lleguen siquiera a los jueces: policías, fiscalías y ministerios públicos son, por lo general, menos profesionales y mucho más corruptos que los juzgadores. Pero a López Obrador esto no le importó durante seis años y, cuando al fin se decidió a atender este asunto de absoluta urgencia, unas semanas antes de concluir su mandato, decidió concentrarse -y de paso echarles toda la culpa de su disfuncionalidad- en los jueces, sin ocuparse siquiera de los otros actores cruciales. Escuchar a quienes afirman que la reforma tiene como objetivo mejorar la justicia es advertir un cinismo sin límites.
El solo proceso de despedir miles de jueces y de elegir por voto a sus sustitutos engendrará unos rezagos y curvas de aprendizaje inauditos: ello hará que, en áreas distintas a la penal -donde en cualquier caso nada funciona- la incertidumbre se vuelva monumental. Para colmo, el Poder Judicial perderá toda autonomía y se verá politizado e infiltrado por el mismo crimen que se aspira a combatir. Nada garantiza, además, que los nuevos jueces vayan a ser menos corruptos, torpes o ciegos que sus predecesores: las posibilidades de que lo sean -sumadas a su inexperiencia- serán, de hecho, mayores.
Pero, una vez que el caudillo dictó su capricho, nadie entre sus filas logró frenarlo. Si acaso Sheinbaum lo intentó en algún momento, pronto descubrió que no tenía margen de maniobra y entonces optó, en contra de todo lo que se esperaba de una científica como ella, por sumarse a la demencia colectiva. La 4T se abocó entonces a dibujar al Poder Judicial como el mayor enemigo interno de la patria -otra vez, sin argumentos- y a convertir la reforma en un asunto de vida o muerte. Sabiendo que la Presidenta aún no controlaba todos los resortes del sistema heredado de AMLO, sus fuerzas más radicales aprovecharon para lanzarse con medidas cada vez más autoritarias. De su lado, la mayor parte de los juzgadores -con los ocho ministros opositores a la reforma a la cabeza- también se atrincheraron como si fueran, en otro despropósito, héroes y salvadores de la patria. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p.8)