Templo mayor
¡AH, CARAY! ¿No se suponía que en este gobierno eran “primero los pobres”? Resulta que los programas sociales de la 4T a quienes más han beneficiado… ¡es a los más ricos!
A ESA conclusión llegó un revelador reporte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. De acuerdo con el documento, contrario a lo que dice la propaganda social, la cobertura de los más pobres es mucho menor a la que tenían ¡en 2016! En números duros, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el 61 por ciento de los hogares más pobres era beneficiario de programas sociales. En contraste, con Andrés Manuel López Obrador el número cayó a sólo 35 por ciento.
EL ORGANISMO que dirige Máximo Jaramillo-Molina revela que, para colmo, entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de beneficiarios entre los más ricos. Y conste que el estudio parte del análisis de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares 2020, del Inegi, para que luego no salgan con que alguien tiene otros datos.
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LOS MÁS FELICES con el tope al precio del gas LP no son los consumidores, sino quienes lo venden de manera ilegal. Y es que cuando el gobierno decide -o pretende decidir- controlar el libre mercado, lo que genera es mercado negro.
POR SUPUESTO la reducción en el precio se verá reflejada en el corto plazo en el bolsillo de quienes compran los cilindros. Sin embargo, la experiencia dice que ese beneficio es efímero (aunque efectivo electoralmente). En el mediano y largo plazos, se espera el aumento en el robo de combustible, su venta por debajo del agua; inclusive que escasee el producto y, por si fuera poco, hasta una caída en las inversiones y el empleo en ese sector.
LO MÁS desconcertante es cómo puede el gobierno federal determinar cuál es la ganancia aceptable de esos empresarios. ¿Con base en qué estudios tomó la decisión la Comisión Reguladora de Energía para fijar el precio? Da la impresión que, oootra vez, en la 4T no se toman decisiones técnicas, sino supuestamente morales. El problema es que la moral… ¡ni moras da!
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ALLÁ en Jalisco hubo quienes se desmañanaron para ver si el Presidente abordaba en su mañanera el tema de la construcción de la Vía Corta a Puerto Vallarta.
SIN EMBARGO, el mandatario habló de las grandes obras de su gobierno, pero ni una palabra dijo de la carretera que acortaría el tiempo de traslado entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Y eso que él mismo supervisó el proyecto el domingo y la conferencia de ayer fue en ese destino turístico.
NO QUEDA claro si a AMLO se le olvidó mencionarla… o si simplemente no había nada bueno que anunciar. No vaya a ser que una vez más la terminación de la Vía Corta se haga laaarga, larga…
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CON ESO de que ahora la prioridad nacional va a ser arreglar los baches, bien podrían empezar por sacar a la economía del bache que más bien parece socavón. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Bajo reserva
Refuerzan la seguridad en Palacio Nacional
Conforme avanza este gobierno, cada día se invierte más en resguardar la seguridad de la sede del gobierno federal y residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al nuevo sistema antidrones que le hemos comentado que será adquirido se suma un contrato para garantizar la operación del sistema de cámaras. Por estos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lanzó una licitación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al circuito cerrado de las cámaras que hay en Palacio Nacional, lugar de las oficinas y residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nos detallan que en este contrato se especifica que se busca mantener en estado óptimo la operación y enlaces permanentemente de todas las cámaras para “contribuir en el reconocimiento e identificación de personas o eventos, ofreciendo mayor seguridad en las instalaciones”. Nos comentan que la necesidad de garantizar este sistema se volvió prioritaria luego de que en marzo pasado un joven logró burlar a todo el sistema de seguridad militar que hay en Palacio y colarse hasta la mañanera del Ejecutivo federal. Al pedirle a la SHCP copia de las imágenes de la forma en que el joven logró colarse, informó que no las tenía porque los videos se regrababan. Aunque el Presidente asegura que el pueblo lo cuida, nunca sobra un equipo antidrones y un buen sistema de cámaras.
El culto a “San AMLO”
Al iniciar el actual gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, la Presidencia de la República informó que las dependencias federales no tendrían colgada la fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador como era la costumbre en las anteriores administraciones. Sin embargo, algunos de sus secretarios han “desobedecido” esta orden y colgaron fotos del Ejecutivo federal, entre ellos, el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Marina, e Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública (SFP), quien no dudaba de posar en fotografías donde se viera la imagen del Presidente. Recientemente, nos informan, a esta lista de desobedientes se sumó Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF), quien en su cuenta de Twitter difundió una fotografía en donde se observa un retrato del presidente López Obrador que adorna su oficina. Hay tradiciones que se niegan a morir, lo bueno es que este es un gobierno que no es conservador.
Andan bravos en Morena
Hace unos días en la tribuna de la Comisión Permanente un diputado de Morena, Rubén Cayetano, exhortó al líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, a actuar con la congruencia que demanda la Cuarta Transformación; en defensa de don Ricardo, el senador Alejandro Armenta, también de Morena, dijo a Cayetano que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”. Pues los morenistas siguen bravos, ayer, durante la inauguración de un foro en el Senado, se dio un choque entre el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el senador Monreal.
Encinas reprochó al Congreso de la Unión que no se haya incluido en el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual de menores, y advirtió que con esto se envía un mensaje muy negativo a la sociedad, que exige justicia y combatir la impunidad. Don Ricardo reviró y le exigió a Encinas respetar a los tiempos y el trabajo del Poder Legislativo. “No, no le acepto su reclamo”, dijo Monreal. Son bravos.
Ven poco probable modificar consultas ciudadanas
A pesar de que la autollamada Cuarta Transformación impulsa iniciativas para disminuir de 40 a 30 por ciento el umbral para hacer vinculantes las consultas públicas, nos dicen que se ve complicado que se puedan aprobar en el Congreso. Legisladores de oposición advierten que un cambio de esa naturaleza sólo se puede hacer a través de una reforma constitucional, lo que exige la aprobación por mayoría calificada, que no tienen Morena y sus aliados.
Pese a la opinión del partido en el gobierno, es poco probable que para la consulta sobre la revocación de mandato del Presidente, el próximo año, haya modificación alguna en esa materia. (El Universal, Nación, p. 2)
Frentes políticos
Todo a su tiempo.
Hay políticos como Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, quienes creen que aprobar leyes es cosa fácil. Pero se equivoca. Así lo dejó ver con sus comentarios ligeros sobre el trabajo del Congreso en torno a los desafueros, palabras con las que no estuvo de acuerdo el senador Ricardo Monreal, quien pidió respeto a los ciclos con los que se van tejiendo las iniciativas entre legisladores. No es de “enchílame otra gorda”, como dicen por ahí. Que no se preocupe don Alejandro, pues la intención es llevar a tribuna los temas del diputado Saúl Huerta, Mauricio Toledo y el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El mensaje es claro: no se protegerá a nadie, pero todo con base al reloj legislativo. No antes.
Sin liderazgo. Cómo se nota que no hay un guía en Zacatecas. El llamado del gobierno de Alejandro Tello Cristerna para que los jóvenes de la entidad se vacunen contra covid-19 ha sido tan infructuoso, que se le ocurrió la peor manera de resolverlo. Aunque usted no lo crea, ante la baja afluencia de los zacatecanos para acudir a los módulos de vacunación, y el rezago en la vacunación en otros grupos de edad, que en promedio es de apenas 20%, en los 58 municipios de la entidad, el gobierno implementó un programa que busca motivarla vacunación entre jóvenes de 18 a 29 años y, por ello, ofrece como recompensa licencia de conducir gratis. Ideas tan absurdas son las que llevan a los funcionarios al fracaso. ¿Licencias como si fueran dulces?
Satisfecho. “Prueba superada”, afirmó el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, al reiterar que la Consulta Popular 2021 “fue exitosa”. Las condiciones de exigencia técnica, antes, durante y después de la jornada se cumplieron en tiempo y forma, a pesar de las “condiciones hostiles”, afirmó. “Quien diga que el INE no quería la consulta o no hizo lo que tenía que hacer para que hubiera una consulta exitosa, miente”, recalcó. “Ayer demostramos que el INE es una institución que se debe a la ciudadanía y que, de la mano de la ciudadanía, fue exitosa. Muy contento. Muy satisfecho, la consulta fue a todas luces exitosa”, remarcó. La sonrisa le durará poco. La andanada de Morena para renovar el INE no cesa ni da visos de tregua. Agárrese.
Honestidad a toda prueba, y ya. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que la sociedad vive tiempos de polarización, en donde los juzgadores quedan en medio de dos bandos, por lo que es imprescindible mantener su independencia. Inauguró el Segundo Periodo de Sesiones 2021 del Pleno del organismo, reanudando los trabajos presenciales tras año y medio de trabajos a distancia. “En tiempos como estos, la independencia judicial es un valor del que todos buscan apropiarse. Entender su sentido a cabalidad y no desde la óptica de los distintos actores políticos y sociales es fundamental para nuestra labor”, afirmó. Supersencillo: decencia. Nada más.
Por el relevo. Ante el inicio, en septiembre, del proceso electoral para gobernador en Oaxaca, en Morena Alberto Esteva, actual alcalde de Álvaro Obregón, se posiciona para la elección interna. El oaxaqueño suena fuerte. Comenzó su carrera política en su estado natal y la consolidó en la Ciudad de México. En unos meses al frente de la tercera alcaldía más poblada de la capital su gestión y liderazgo destacan en rubros como el desarrollo económico, donde acumuló mil 541 recorridos de supervisión a mercados públicos; en medio ambiente, pues fue artífice en la realización de proyectos de servicio en apoyo a productores agrícolas y buscó reducir las desigualdades entre los habitantes de la demarcación. Experiencia, capacidad y ganas. Dispuesto está. (Excélsior, Nacional, p. 11)
Trascendió
Que después de los reclamos de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, y de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el freno a los desafueros, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se sintió en confianza para reprochar al Congreso que aplace una y otra vez el procedimiento contra el diputado Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación a un menor, pero esta vez ante el senador morenista Ricardo Monreal, quien atajó el señalamiento con un “no le acepto su reclamo”. Sin embargo, el de ayer no fue el primer choque entre ambos personajes, quienes traen pique desde la discusión de la reforma al Poder Judicial y la nueva Ley de la FGR.
Que por lo pronto en el equipo de Ricardo Monreal evalúan que el subsecretario de Gobernación cometió un error sobre el caso del desafuero de Saúl Huerta, porque en redes sociales acusó al Senado de exclusión del tema en el pasado periodo extraordinario, cuando el asunto es exclusivo de la Cámara de Diputados, y por otra parte reclamó desde el foro contra la trata de personas al zacatecano, quien no dejó pasar la oportunidad para pedirle respeto por el trabajo de los legisladores, “ya que ellos lo respetan”.
Que el Tribunal Electoral pidió a la Suprema Corte investigar al Presidente por su campaña de difamación contra el sistema de votación en las elecciones, cuya transparencia ha puesto en duda el mandatario en repetidas ocasiones, por lo que se demanda sea incluido en un proceso ya en trámite que indaga la diseminación de noticias falsas y ataques a las instituciones democráticas. Hablamos de Jair Bolsonaro y de Brasil, naturalmente.
Que diputados entrantes del PRI, en nombre del bloque conformado con PAN y PRD, expresaron ver “con alarma” que Sergio Gutiérrez Luna sea perfilado por Morena para presidir San Lázaro a partir de septiembre después de sus críticas a oposición e INE por los resultados de la consulta. “Desequilibrará la representación de los partidos”, alertaron. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Sacapuntas
Lista la rehabilitación
De no haber cambio de último momento, en 15 días, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con las empresas involucradas, darán a conocer los detalles del plan de rehabilitación de la Línea 12, así como la cantidad de recursos que invertirán y que recaerán en las constructoras.
El debate sigue
De todo les dijeron al INE y a Lorenzo Córdova tras los pobres resultados de la Consulta Ciudadana del domingo. Uno de los reclamos vino de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien los acusó de gastar más en comida que en la logística. No tardó la respuesta: el consejero presidente le dijo que él tiene otros datos, y la invitó a confrontarlos.
Presiones y reclamos
Son más los funcionarios que presionan para que se retire el fuero a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Además de la fiscal Ernestina Godoy, que hizo pública su molestia, el subsecretario Alejandro Encinas reclamó al senador Ricardo Monreal la falta de acción, aunque el responsable de frenar el proceso fue el jefe de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.
Silencio en la STPS
Por carecer de información y sustento, la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, optó por el silencio en torno a los señalamientos sobre supuestos funcionarios infiltrados en el proceso de legitimación de la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato. Lo delicado de todo es que habrían enviado a un funcionario con antecedentes penales.
Pendientes
En este último mes de labores legislativas, el Congreso de la CDMX aprobará ocho asuntos urgentes. La Junta de Coordinación Política, a cargo de Víctor Hugo Lobo, acordó dos periodos extraordinarios: 12 de agosto y 30 de agosto. Entre los temas por aprobar está la Ley de Publicidad Exterior y las reformas a la Ley de Participación Ciudadana, entre otras. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Rozones
Capufe contra Acapulco
Ya parece personal la consigna de Elsa Veites Arévalo, titular de Caminos y Puentes Federales, contra el puerto suriano. Y todo porque no paran los aumentos de tarifas de la autopista que lleva al puerto más cercano a la capital del país. Y es que resulta que el de ayer, es el quinto aumento que se da desde 2018, prácticamente uno cada seis meses, sin que a cambio haya algún tipo de beneficio para los usuarios de la carretera y mucho menos para el sector turístico de la entidad y en particular de Acapulco.
El reclamo de los guerrerenses es justificado, porque suman años los que llevan demandando que al menos las condiciones de esa vía mejoren, porque hay tramos en los que es un verdadero martirio transitar o que, en su caso, se aplique una tarifa justa que no desincentive la llegada de turistas por tierra. En Guerrero la duda es qué le hace más daño al puerto: ¿Capufe o la toma de casetas de los ayotzis?
El lastre de los casos Toledo y Huerta
Resulta que esta semana habrá un nuevo intento de aprobar un periodo extraordinario para desaforar a los diputados Mauricio Toledo, del PT, y Saúl Huerta,de Morena. El caso de este último ha causado muchos reclamos a las principales cabezas del Congreso. El más reciente, el que hizo ayer el subsecretario Alejandro Encinas al senador Ricardo Monreal, quien le pidió respeto al trabajo legislativo, pues desde el jueves pasado dio cuenta de que está allanando el camino para ese fin.
Y es que el legislador Saúl Huerta está acusado de violación a un menor de edad y si el periodo extraordinario se aprueba el 9 de agosto, para desahogarse el 11, como propuso el coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, habrán pasado 105 días desde que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador. Y por si fuera poco, tan sólo restarán 22 días para que finalice la LXIV Legislatura.
Datos y señales en Jalisco
La mañanera de ayer en Puerto Vallarta fue espacio propicio, nos comentan, para mandar nuevas señales. Y es que desde el Gobierno federal se reconocieron cifras que dan cuenta de la reducción de la incidencia delictiva durante la gestión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Por ejemplo, en 50.4% los robos de alto impacto con respecto a 2018, entre los que destacan los de vehículos (con -50.9%).
Además, la reducción de homicidios dolosos de 2019 a 2021 y las extorsiones, con lo que la entidad figura por debajo de la media nacional de incidencia delictiva, algo que no había ocurrido en los últimos cinco años. Alfaro señaló que los resultados son producto de la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina con una agenda de seguridad blindada a temas políticos. Y en esa misma tónica, el Presidente dio cuenta de que Jalisco es donde más se han abierto cuarteles de la GN, 30 hasta el momento. Ahí pues, las cifras, los datos y las señales.
Top de gobernadores
El que se mantiene figurando en la lista de los gobernadores mejor calificados del país es el de Baja California, Jaime Bonilla. Y es que resulta que en la más reciente evaluación efectuada por la revista especializada Campaign & Elections de México, el mandatario estatal morenista no sólo se mantuvo en el top 5, sino que escaló un peldaño para ubicarse en el tercer lugar, hecho en el que incidió, se ha señalado, la estrategia de cierre de administración que está llevando a cabo de cara a la entrega de estafeta que hará a la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila.
Bonilla Valdez, de acuerdo con la medición, tiene un nivel de aprobación de 56.5% y comparte el top 5 con mandatarios panistas: Mauricio Vila, Francisco Domínguez, Diego Sinhue Rodríguez y Carlos Joaquín González. Sólo para el registro, el estudio fue realizado entre el 20 y el 29 de julio de 2021 a través 19,200 llamadas telefónicas distribuidas en las 32 entidades con margen de error del +/- 3.5%.
El oso con la urna embarazada
Con la novedad de que gracias a un video en el que se apreciaba a tres personas llenando boletas y depositándolas en la urna de la consulta efectuada el domingo pasado, las autoridades determinaron computarla en cero. Así, la maniobra para llevar a cabo la vieja práctica de la mapachería electoral denominada “embarazo de urna” al final no prosperó.
El hecho ocurrió en la mesa receptora 2716 básica, que se ubicó en la secundaria 4, en Orizaba, Veracruz. Enterados de la irregularidad gracias a las benditas redes, funcionarios distritales del INE acudieron al lugar y detectaron que conforme al cuadernillo de la lista nominal en el lugar se había dado la participación de 304 personas; sin embargo, al contabilizar las papeletas contenidas en la urna se dieron cuenta de que había 1,991, o sea casi seis veces más del número legal de participantes. El INE dio cuenta de que ya se interpuso la denuncia correspondiente y el propio Ministerio Público inmovilizó la urna embarazada. Uf.
Aureoles, “traidor a la patria”
Así que ante el activismo del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para denunciar a nivel nacional e internacional, especialmente ante la Organización de los Estados Americanos, las presuntas irregularidades registradas en los comicios estatales, diputados federales de Morena presentaron una denuncia formal en su contra ante la FGR.
¿Y cuál es la lista de cargos en contra del mandatario estatal que le atribuyen los legisladores morenistas Hirepan Maya Martínez y Reyna Celeste Ascencio Ortega? Ah, pues traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y peculado. Según la denuncia, los morenistas demandan que se le aplique a Aureoles la prisión preventiva. Aureoles se reunió la semana pasada con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, personaje claramente señalado como adversario de la 4T. (La Razón, La Dos, p. 2)
Rayuela
Menos mal que la Suprema Corte impidió la ampliación del mandato a Bonilla. No le habrían alcanzado los bienes públicos del estado para que los estadunidenses lucraran con ellos. (La Jornada, Contraportada)
Estrictamente personal // Presidencia, ¿en riesgo?
Los resultados de la consulta popular de este domingo son altamente significativos. Al consumarse el primer ejercicio de democracia participativa –mediante el cual se evalúa la gestión pública–, el porcentaje de quienes votaron por el “Sí” merece analizarse con mayor cuidado y fuera de la coyuntura del plebiscito mismo, porque permite tener un primer mapa de navegación para la cita de marzo de 2022, cuando se ponga en juego el sentir de los ciudadanos sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe permanecer en el cargo o tiene que renunciar.
Bajo esa perspectiva de mediano plazo, la consulta le sirve al Presidente para ver dónde falló la movilización de Morena, a fin de ajustar la maquinaria electoral y evitar que la sociedad mexicana le vaya a dar un susto en 2022. La convocatoria de su partido no funcionó, como refleja el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, y se quedó muy debajo de las expectativas que habían creado el Presidente y la promoción justiciera realizada por su partido. Según una encuesta publicada por EL FINANCIERO la semana pasada, el 31% de los entrevistados –una tercera parte del padrón de alrededor de 90 millones– decía que “mucho” le interesaba ir a votar, y de ellos, el 61% de los cuales se declaraba morenista, afirmaban ser los más dispuestos a ir a las urnas. No lo hicieron.
La dirigencia nacional de Morena urgió a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México a trabajar para alcanzar una participación numerosa, pero se quedaron lejos de ella. Si se compara el porcentaje de electores en la cuenca del descontento que controla Morena o los estados del sur bajo su dominio total, la movilización no tuvo suficiente poder para que fuera a votar el 50% de las personas que salieron a respaldar al partido en julio pasado.
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde se encuentra el bastión de López Obrador y la fuerza real de su poder, apenas salió a votar por el “Sí” alrededor del 40%. Las dos entidades que la conforman son parte de las cinco que concentran el voto nacional, y salvo Jalisco, la tercera en importancia, las otras dos las gobierna Morena. En Veracruz y Puebla, los estados cuatro y cinco con mayor peso electoral, sólo la mitad de los simpatizantes de López Obrador respaldó su consulta. En Tabasco, apenas una tercera parte de quienes votaron por Morena en julio salió a respaldar a su paisano, y en Chiapas, alrededor de un 40%. La fuerza de Morena en esas entidades se vio sin estamina, como también se apreció en otras entidades como Chiapas, Guerrero y Morelos.
La dirigencia de Morena clamó victoria en la consulta, pero más allá de su realización o los resultados del domingo, en la perspectiva de la revocación de mandato la maquinaria que salió a las urnas se aprecia débil, pese a que el número de personas que salió a apoyar el “Sí” fue superior al voto que tuvieron en las pasadas elecciones nacionales el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PT o los tres que perdieron su registro. Es decir, no estuvo nada mal si se hace la analogía con otros partidos, pero fue muy deficiente si lo que necesitaban probar era el respaldo para López Obrador.
Hay que precisar que la participación de la consulta no se puede extrapolar mecánicamente al plebiscito para la revocación de mandato. La consulta, más allá de la ambigua y confusa pregunta, no tenía ningún impacto directo sobre la vida cotidiana de los electores, ni era tangible en ellos el sentimiento de pérdida o ganancia. Era un ejercicio aséptico donde palabras como “democracia participativa” no tienen ninguna asidera tangible para la mayoría. A diferencia de un proceso conceptual, como fue la explicación sobre la importancia de haberse realizado esta consulta, un referéndum para ver si se quiere que López Obrador siga o no despachando en Palacio Nacional tiene motivadores totalmente diferentes que tocan las fibras del sentimiento, en uno y otro lado. Su nombre agita siempre los termómetros de mercurio.
Como se ha visto en las encuestas de aprobación presidencial, la personalidad y el carisma de López Obrador se mantiene muy sólido entre la población, y le perdonan la mala gestión en los asuntos de gobierno. Llevarlo a la disyuntiva de que pueda hacerlo dimitir, introduce un elemento emocional al proceso que sí podría significar para muchos el sentido de pérdida. La consulta sobre la revocación de mandato tendrá otro tipo de participación, probablemente con números significativamente más altos que el domingo pasado, lo que ayudaría y agregaría a la movilización de Morena.
La otra cara, y de ahí la importancia también de analizar la participación de este domingo, es que el diagnóstico sobre la capacidad de Morena para llevar personas a las urnas resultó negativo a sólo ocho meses del referéndum sobre la revocación de mandato. Entonces, si a López Obrador le sirve el resultado para analizar dónde está débil para reforzar el trabajo político-electoral, también a sus adversarios, que seguramente están trabajando para construir bloques de votantes que pidan su renuncia, y les será útil el mosaico de las debilidades del apoyo presidencial.
Será interesante ver la forma como López Obrador va desdoblando su estrategia hacia marzo del próximo año y qué hará. Mantener la polarización y la confrontación, como se observó en las elecciones de julio pasado, donde Morena perdió un buen trecho de lo ganado en 2018, parece una ruta con rendimientos decrecientes. Pero al mismo tiempo, establecer puentes con tantos sectores con quienes ha antagonizado, lo haría perder clientelas radicales sin conseguir la persuasión de otros, como las clases medias que votaron por él hace tres años, a las que ya perdió.
Polarización, destino manifiesto del régimen, tendremos. La lucha será de estrategias y trabajo político-electoral, sobre todo para López Obrador, pues su Presidencia sí parece, hoy en día, estar en riesgo. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 32)
Alhajero // La deseada Secretaría de Gobernación
El arranque de la segunda mitad del sexenio, los resultados de las elecciones de julio –particularmente la derrota de Morena en la CDMX– y la sucesión adelantada que propició López Obrador en las filas de Morena, no sólo acarrearon ajustes en los equipos de trabajo del Presidente y del gabinete, sino que dieron también pie al reparto de “golpes” entre los distintos grupos del partido en el poder.
Ayer –de nueva cuenta–, Ricardo Monreal fue blanco del reclamo de otro moreno por haber excluido del periodo extraordinario el desafuero del diputado Saúl Huerta (solicitud basada en la investigación de la fiscalía de la CDMX), acusado de violación y abuso sexual. Sólo que esta vez no fue de parte de un diputado (con dedicatoria del equipo de Claudia Sheinbaum) sino del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
¿Misma razón del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México que la de Rubén Cayetano? ¿O habrá que añadir los “mensajes” cruzados que en los últimos días se han lanzado desde las sombras cercanos a Monreal y a Olga Sánchez Cordero?
Pero en medio del ruidero y del pleito entre aspirantes y presidenciables, en el Palacio de Cobián las cosas parecen avanzar en un sentido distinto a la salida de su actual titular y la posibilidad de que vuelva al Senado.Por lo pronto, Sánchez Cordero está “reforzando” a su equipo rumbo a la segunda mitad del sexenio porque, “vienen nuevos retos”, según ella misma indicó.
En ese marco, la salida de su coordinador de asesores, Jorge Alcocer, quedó signada el pasado sábado (se menciona a Raúl Morón como posible sustituto). (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
Quebradero // La consulta y los otros resultados
Como se preveía la consulta permeó entre la ciudadanía, lo que no es sinónimo de que el ejercicio fuera un “fracaso”.
Es importante como inicio de un ejercicio democrático que lleva a los ciudadanos a participar en la toma de decisiones que afectan directamente.
La confusa pregunta para enjuiciar a los expresidentes no tuvo claridad. No es que no se quiera juzgar el pasado, sino que entre el Presidente, la Corte, Morena y en algún sentido el INE se creó un ambiente poco favorable para la consulta.
El Presidente pasó de animador a tomarle distancia y decidir no participar en algo que era su iniciativa. Quedó la impresión de que de alguna manera fue aislándola quizá a sabiendas de que la consulta no estaba logrando meterse en la mente y decisión ciudadana.
Por más que Morena y el mismo mandatario ponderen y exalten el hecho de que 7 millones de ciudadanos hayan dado el “sí” es evidente que no logra trascender la consulta como se había propuesto. Ahora vamos a entrar en terrenos de enorme complejidad para decidir qué hacer con el “sí”, porque, al mismo tiempo, no se puede pasar por alto que la baja participación se puede deber a diversas variables, las cuales habrá que saber interpretar. (Javier Solórzano, La Razón, La Dos, p. 2)
Razones y pasiones // SOS, ministro Zaldívar, Cuevas estaba amparada
Alejandro, lo dice su propia hija, es como un bulldog, como un pitbull: te muerde y no te deja”, comentó Alonso Castillo Cuevas sobre Gertz Manero.
Los fiscales hacen y deshacen a sus anchas. No hay quienes se atrevan a cruzarse en su camino. Tienen todo el poder, y ahora la autonomía, para destruir vidas o procurar justicia. ¿Quién los investiga?
En el extraño caso familiar de Gertz Manero, los poderes locales parecen doblegados. Después de años de no lograr someter a Laura Morán Servín, pareja por medio siglo de su hermano Federico, Alejandro reactivó la acusación en su propia cancha y en Ciudad de México. Se lanzó contra esa mujer que rebasa los 90 años y encarceló, hace 10 meses, a su hija Alejandra Cuevas Morán, de 68.
Curiosamente, dejó a un lado a la otra hija, a quien también había demandado, suegra del hoy gobernador de Edomex Alfredo del Mazo.
El Fiscal General señaló que, por falta de cuidados, las mujeres mataron a su hermano. Federico murió después de que Alejandro se lo arrebató a Laura. Falleció el 27 de septiembre de 2015 a consecuencia de un choque séptico y neumonía bacteriana, tras casi un mes de haber sido internado por el propio Gertz en el hospital ABC. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
En privado // Revocación presidencial sin ley
El presidente López Obrador inició la campaña por la ratificación de su mandato en cuanto celebró el resultado de la encuesta dominical no obstante la baja participación, 7.1 por ciento del registro electoral, seis millones 650 mil 109 ciudadanos, cuando la ley marca un mínimo de 40 por ciento, 37 millones 468 mil 678 empadronados.
Es decir, le faltaron 23 millones 463 mil 374 ciudadanos de los 30 millones 113 mil 483 que sumó en julio de 2018, cuando se emitieron 56 millones 600 mil votos, 63.4 por ciento del padrón; el domingo apenas 7.1 por ciento.
Sobre esto, ayer en Radio Fórmula, el presidente de INE, Lorenz Córdova, me dijo que todavía no sabemos si habrá, hoy no hay, condiciones legales ni presupuestales para la revocación de mandato en marzo.
Tienen que ocurrir muchas cosas que aún no están claras. Por ejemplo, reveló, no hay ley de revocación de mandato. El Congreso fue omiso y ya se venció el plazo para aprobarla, a partir de la reforma constitucional de diciembre de 2019.
El INE va a tener que emitir lineamientos a finales de mes y no sabemos si habrá condiciones para hacerla.
Córdova explicó que la revocación de mandato no es una consulta, que es como organizar una nueva elección con toda la infraestructura y costos del proceso de 2018, si se juntan las firmas necesarias, 3 por ciento del padrón, 2 millones 800 mil electores, entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, validarlas a principios de enero y convocar para los 60 días, lo que llevaría el proceso al domingo 6 de marzo.
A ver qué dice a esto el Presidente, que la da por hecha. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Desde afuera // Una visión ambiciosa…
La política exterior ha sido por lo regular un punto secundario de atención para los presidentes mexicanos, excepto en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos.
Pero eso no limitó sus ambiciones, como tampoco ha sido obstáculo para la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de una asociación latinoamericana al estilo de la Unión Europea y una remodelación de la relación con EU.
Sin embargo, aquellas ambiciones fracasaron, o simplemente se olvidaron, sea al final del gobierno del mandatario o cuando la resonancia internacional de México se tambaleó, normalmente por crisis internas.
Hace poco más de medio siglo, el entonces presidente Luis Echeverría buscó trascendencia mundial con su Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados y su fallido intento de lograr el Premio Nobel de la Paz.
La carta era una declaración de principios en busca de una mejor relación Norte-Sur, como lo fue la iniciativa de su sucesor.
José López Portillo, que a la cabeza de un México de nuevo relevante en los mercados petroleros mundiales convocó a un diálogo Norte-Sur que se realizó en Cancún, con la asistencia de los jefes de gobierno de los principales países industrializados y las quizá más representativas naciones en desarrollo de los 70. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
Misión especial // ¿Es posible la unión latinoamericana?
El discurso del presidente López Obrador ante la Celac planteó dos temas dignos de discusión: el futuro de la OEA y el modelo de integración continental.
Desde nuestra independencia, los latinoamericanos aspiramos a la unidad dentro de la diversidad, con base en la cultura y la lengua. Desde la Carta de Jamaica, de Simón Bolívar, hasta las iniciativas más recientes como Mercosur y Celac, hemos soñado con la integración.
En cambio, Estados Unidos privilegió el libre comercio en la relación con América Latina e intervino en múltiples ocasiones en asuntos internos de los países latinoamericanos.
En ese contexto histórico, cabe preguntarse si las propuestas del presidente López Obrador, que parecen contradictorias, tienen viabilidad: la sustitución de la OEA por otro mecanismo que no incluya a EU y, al mismo tiempo, el establecimiento de un esquema de integración que incorpore a Estados Unidos, Canadá y Brasil (que se retiró de la Celac) bajo el modelo de la Unión Europea.Respecto a la sustitución de la OEA, me parece que la visión mexicana es parcial.
La perspectiva de la cancillería sobre la OEA está permeada por la ideología sesentera, así como una animadversión personal a su secretario general. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
Bitácora del director // ¿Se cansó de votaciones? Espérese, porque ahora sigue la “revocación”
Apenas terminó la consulta popular y ya tenemos en el horizonte una nueva cita con las urnas: aquella que, tentativamente, tendrá lugar para que los ciudadanos decidan si le revocan el mandato al Presidente.
Esa nueva elección, en caso de ser convocada, ocurriría el domingo 6 de marzo de 2022, exactamente nueve meses después de los últimos comicios intermedios y 217 días después de la consulta.
Bajo la premisa de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, Andrés Manuel López Obrador se prepara para otro capítulo de su campaña sin fin.
Ayer, en su conferencia mañanera en Puerto Vallarta, el Presidente se refirió al tema cuando le pidieron su opinión sobre la consulta del domingo y la escasa participación que tuvo ésta. “Es un buen inicio —dijo—, porque en marzo del año próximo viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el Presidente o que renuncie”.
Desde que buscaba la Presidencia, López Obrador anunció que promovería una figura legal mediante la cual la ciudadanía pudiera rescindir el cargo al Ejecutivo. Originalmente, planteó que dicha consulta se realizara a la par de las elecciones intermedias.
Sin embargo, las negociaciones para sacar adelante la necesaria reforma constitucional dispusieron que la votación sobre la permanencia del Ejecutivo se realizara después de que éste hubiese rebasado la mitad de su mandato. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Historias de reportero // Las 6 grandes mentiras de la consulta
Serpientes y escaleras // La tercera ola, con más contagios que las anteriores
Según los reportes de la Secretaría de Salud y con todo y el avance de la vacunación en México, el país vive hoy una tercera ola de contagios de Covid19 que ya es más grave, en números, que las dos anteriores que tuvimos desde que comenzó la pandemia. Sumando los nuevos 6,506 casos del virus reportados ayer por las autoridades federales, desde que comenzó este tercer pico, hace quince días, los contagios suman ya 120 mil 248 casos activos, con lo que esta nueva ola ya es más grave y mayor a la primera que registró 69,419 casos como pico máximo el 19 de diciembre de 2020, mientras la segunda marcó 97,418 casos en enero de 2021.
Las escenas de hospitales saturados y sin camas disponibles, que ya vivimos los mexicanos en los dos picos anteriores, empiezan a repetirse hoy tanto en los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud y de los gobiernos estatales, como en las clínicas y hospitales del ISSSTE y el IMSS, en este último de nueva cuenta con reportes sobre la escasez de medicamentos e insumos para combatir el Covid19 y denuncias de familias a las que se les pide comprar de su dinero todo lo que necesitan sus pacientes internados o intubados, desde medicamentos, oxígeno, materiales médicos; “lo único que le suministra el Seguro Social es el paracetamol y la cama, todo lo demás nos pedían a nosotros comprarlo y entregárselos para su atención”, reveló un familiar de un enfermo de Covid en la Clínica 32 del IMSS en la Ciudad de México.
Lo único que cambia entre esta ola y las anteriores es que los pacientes internados o intubados son más jóvenes: hoy la mayor parte de los pacientes críticos y los contagiados que desarrollan síntomas, tiene una edad promedio de 30 años y abundan los casos de jóvenes de entre 20 y 40 años de edad entre los pacientes que ya saturan los hospitales públicos. Entidades como la Ciudad de México, que vuelve a ser el epicentro de la pandemia con 36, 531 casos activos, después de que había bajado su incidencia de casos y su ocupación hospitalaria, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Colima, Quintana Roo, Colima, Sonora, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Baja California Sur, tienen hoy más de 1 mil casos activos cada uno.
De esos estados, al menos cinco ya rebasaron el 70% de ocupación hospitalaria; el más saturado en estos momentos es Colima con 84.90% de camas ocupadas, mientras que la CDMX tiene el 75.62%, Guerrero el 73.24%, Nayarit 72.82% y Durango el 71.92% de ocupación en sus hospitales que atienden Covid. Otras 9 entidades del país tienen en estos momentos entre 50 y 70% de ocupación hospitalaria.
Lo más preocupante de todos esos datos es que la estrategia del gobierno federal y de la Secretaría de Salud no se ha movido ni un ápice, a pesar de las evidencias científicas de que la nueva variante Delta del SARS-Cov2 que hoy está contagiando, enfermando y matando a los mexicanos es mucho más contagiosa y se trasmite más rápidamente entre los mexicanos.
Mientras en el mundo alertan que “la guerra contra el Covid ha cambiado” porque según un reporte de Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos del pasado fin de semana la variante Delta “es tan contagiosa como la viruela”, en México no sólo el discurso del subsecretario López-Gatell desestima la mayor transmisibilidad de esta variante, sino que todavía el pasado 2 de julio afirmaba que “no hay evidencias científicas suficientemente robustas, de que la variante Delta sea más contagiosa” y el encargado mexicano de la pandemia también ha descartado que sea más agresiva que otras variantes del virus.
Todavía la semana pasada, el 26 de julio, el presidente López Obrador minimizaba la gravedad de esta tercera ola y en el mismo tono del discurso de su subsecretario López Gatell —el mismo que dijo al inicio de la pandemia que “el Covid19 era menos mortal que la pandemia— el mandatario nacional decía que en este tercer pico las hospitalizaciones eran más bajas: “Hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no igual, afortunadamente a la primera, sobre todo no igual a la segunda, es de menor intensidad y también menos dañina, porque tenemos menos hospitalizaciones y lo más importante de todo, menos fallecidos”.
Lo que empieza a alarmar es que a pesar del crecimiento que ya tiene esta tercera ola del Covid en México, las autoridades federales, el presidente y sus funcionarios de Salud encargados de la pandemia, no sólo no modifican ni cambian nada de su fallida estrategia que hoy nos tiene como uno de los países más golpeados y con más muertos por esta pandemia –241 mil 034 según la cifra oficial; más de 500 mil en conteos extraoficiales– sino que para colmo vuelven a repetir el mismo error y el mismo discurso de minimizar la gravedad de la situación y, en vez de tomar acciones o medidas urgentes para disminuir los contagios que ya superan en esta tercera ola a las dos anteriores, se dedican a tratar de negar una realidad que, por esas actitudes desde el gobierno, puede agravarse.
Y si la actitud de las autoridades, sobre todo las federales vuelve a ser tan preocupante y negligente como lo ha sido en toda la pandemia, la irresponsabilidad de los ciudadanos también vuelve a prender los focos rojos, pues por todo el país se repiten escenas de mexicanos que hacen filas en restaurantes, bares, conciertos y hasta partidos de futbol, mientras en los aeropuertos de destinos turísticos como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, siguen llegado oleadas de turistas desde el extranjero a los que no se les pide ningún tipo de prueba, control o cuarentena.
Con un gobierno que minimiza y desestima este tercer pico de contagios mientras no toma ningún tipo de medida distinta a lo que ha hecho hasta ahora, una variante mucho más contagiosa y que se transmite con mayor facilidad y rapidez, y unos ciudadanos que no acaban de entender que la pandemia continúa y ya relajan las medidas sanitarias, es casi un hecho que el país se dirija a una nueva crisis con hospitales que empiezan a volver a saturarse e instituciones de Salud que, a pesar del enorme y loable esfuerzo del personal de salud e incluso de muchos de sus directivos, podrían volver a colapsar y a revivir escenas de caos, dolor y muerte que ya creíamos superadas.
NOTAS INDISCRETAS…
Además de duro, aunque comedido, el reclamo que ayer le hizo Alejandro Encinas al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, durante un foro legislativo en el que ambos participaban, pareció algo fuera de lugar. Al subsecretario se le olvidó que los desafueros de legisladores son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que, si bien la semana pasada se discutió en la Comisión Permanente la posibilidad de un periodo extraordinario para desaforar a dos diputados acusados de delitos graves, como Saúl Huerta denunciado por violación de un menor y Mauricio Toledo, acusado de corrupción, la realidad es que el Senado poco tiene que ver con ese procedimiento.
Encinas pareció comprar el discurso que la semana pasada dieron algunos legisladores morenistas, como el diputado Rubén Cayetano –quien por cierto unas horas después cayó detenido en “El Torito” por no pasar el alcoholímetro– quienes culparon a Monreal de haber operado para que esos dos desafueros no quedaran incluidos en la agenda del periodo extraordinario de la semana pasada. La realidad es que fue el coordinador morenista Ignacio Mier, quien en esa discusión del jueves 29 de julio, ingresó a las 6:30 de la tarde una reserva que proponía suprimir el tema de los desafueros en la orden del día del periodo extraordinario.
Por eso ayer que Encinas se soltó con todo, aunque eso sí con un lenguaje muy moderado, reclamándole a Monreal el que no se haya incluido el desafuero de los dos diputados en el pasado periodo extraordinario, Monreal se limitó a responderle, también comedidamente, que “no le acepto su reclamo” y le aclaró que “son tiempos del Congreso y le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. No se va a dar carpetazo a nadie, por eso no le acepto su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo y como respetamos el suyo, también quisiéramos que respetara el nuestro”.
Así que parece que Encinas se equivocó de lugar y de personaje para reclamar el retraso en el desafuero de Saúl Huerta, y en el Senado no faltó quien atribuyera los reclamos del subsecretario a “los tiempos de sucesión adelantada”…
Una de las lecturas políticas que algunos están haciendo del resultado de la Consulta Popular de este domingo, es que a Morena no le alcanzó su estructura , su operación y el dinero público que se gastó en promover la Consulta bajo el eslogan de “Juicio a los expresidentes” para lograr más que un 7.11% de participación de los ciudadanos, equivalente a 6 millones 663 mil 208 ciudadanos en este importante ejercicio democrático.
Aunque la crítica propone comparar a la Consulta con una elección, algo que tal vez es desproporcionado y no se sostiene del todo, lo que se cuestiona es que aún con todo el esfuerzo realizado por el partido gobernante, tal parece que sin la figura y el apoyo del presidente López Obrador, que terminó apartándose y decidió ni siquiera emitir su opinión en las urnas, la fuerza de Morena mengua y no es lo mismo que cuando el presidente se mete a hacer campaña, tal y como se demostró en las pasadas elecciones.
En fin, que los morenistas, sobre todo sus dirigentes, tendrán que hacer su propio análisis, realista, de por qué no pudieron concitar a más ciudadanos a que salieran a participar en la primera Consutla de democracia participativa que tenemos en México… Se baten los dados. Serpiente doble. Descendemos. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
Jaque mate / Consulta y cacería
No fue un ejercicio democrático ni de justicia sino de propaganda. El propósito de la consulta era lanzar una cacería de exmandatarios, aunque el Presidente siga insistiendo que no es vengativo, pero la Suprema Corte rechazó la pretensión. El otro propósito era golpear al Instituto Nacional Electoral.
La consulta que propuso AMLO pedía investigar y sancionar a los expresidentes -desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pero sin incluir a Luis Echeverría ni al propio López Obrador- por “la presunta comisión de delitos”. Los ministros de la Corte determinaron que era ilegal preguntar sobre acciones contra personas específicas, pero en un esfuerzo por quedar bien con el mandatario redactaron una nueva pregunta, un vago galimatías acerca de si los ciudadanos están de acuerdo en llevar a cabo “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
El Presidente y sus legisladores se negaron a darle al INE los recursos para la consulta, pero eso no evitó que constantemente descalificaran a la institución por no hacer más con nada. López Obrador se quejó de que el INE no le permitía promover la consulta, olvidando que la ley lo impide, lo que no obstó para que lo hiciera de manera sistemática en las mañaneras. Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera dama, se quejó de que no pudo votar en Nayarit, porque no había casillas especiales, y culpó al INE, sin considerar que la ley no las contempla en una consulta (se habían incluido casillas especiales, bastante más caras que las normales, en el presupuesto que los legisladores rechazaron). (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
Astillero
Lo que sigue: el revocatorio de mandato // AMLO y ¿algunos gobernadores? // Aún no hay ley reglamentaria // 100% de casillas en 2022: INE
penas resuelta por la vía negativa la consulta popular sobre ex servidores públicos bajo sospecha delictiva, ha comenzado la marcha política y mediática rumbo a otro proceso participativo, que podría realizarse el 6 de marzo de 2022 para preguntar a los ciudadanos sobre la revocación o no del mandato del actual Presidente de la República y de gobernadores de estados o jefatura del gobierno capitalino donde se hubiera asumido tal derecho y los mandatarios estuvieran en las correspondientes hipótesis de calendario (aquí, el decreto presidencial: https://bit.ly/3s23eG5).
Activar esos procesos revocatorios, federal y estatales, estará en función de que los interesados junten (a partir del próximo noviembre) firmas correspondientes a 3 por ciento de la lista nominal de electores del respectivo caso, que tales rúbricas sean validadas, al igual que la pregunta correspondiente, y que se autorice el presupuesto público adecuado.
De entrada, ya hay materia para el debate y la impugnación: el Constituyente Permanente (formado por el Senado y los diputados federales, más los congresos estatales: https://bit.ly/3luvVKx) dio, mediante un artículo transitorio, 180 días para que el Congreso de la Unión expidiera la ley federal reglamentaria de esa materia. El plazo expiró el 20 de junio del año pasado. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Justicia pendiente
La justicia penal, pronta y expedita es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país.
Si bien se han promovido diversas reformas que buscan fortalecer el sistema judicial, como sucedió con la reforma en materia de seguridad y justicia de 2008, que estableció una ruta de cumplimiento hasta el 2016 y que se robusteció en 2011, con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, aún estamos lejos de que éstas impacten de manera clara en el acceso a la justicia.
Ejemplo de ello, es la situación que enfrentan las personas privadas de la libertad. Actualmente, en los 288 centros penitenciarios del país se concentra una población penitenciaria de 200 mil l14 personas, de las cuales, el 43 por ciento, es decir, 94 mil 547 personas, se encuentran sin sentencia, lo que se suma a otros problemas de la población penitenciaria, como el hacinamiento y la falta de acceso a derechos básicos.
Este es un problema generalizado en el sistema judicial, aunque se concentra principalmente en las entidades federativas, toda vez que el 87 por ciento de la población penitenciaria corresponde al fuero común y 13 por ciento al fuero federal.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (INEGI, 2020), 42.6 por ciento de esta población tuvo que esperar un año o más para recibir su sentencia, y solo el 27.3 por ciento obtuvo su sentencia en menos de 6 meses, aunque de acuerdo a los registros actuales hay personas que superan las dos décadas sin sentencia.
Sumado a lo anterior, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 (INEGI, 2019), revela que, del millón 901 mil 740 carpetas de investigación iniciadas en 2018, sólo fueron cerradas 83,419, es decir, sólo el 4.3 por ciento a diciembre de 2018.
Los datos mostrados cuestionan el enfoque integral de las reformas realizadas, el principio de presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser considerada inocente hasta que se compruebe lo contrario, y que observa a la prisión preventiva como una medida cautelar de carácter excepcional para las personas que podrían evadirse u obstaculizar la justicia, entre otras causas, quedan en entredicho.
Existen diversas investigaciones que revelan la corrupción existente en el acceso a la justicia, que vulneran los avances en la materia. Son innumerables los ejemplos que se pueden exponer, una muestra de ellos es el reciente amparo otorgado por la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez y por la secretaria en funciones de Magistrada, Garciela Bonilla González, que buscan exonerar a Kamel Nacif por la tortura contra la periodista Lydia Cacho.
El sistema de justicia cuenta con recursos, infraestructura y personal, pero se mantiene en una inercia renuente a los cambios, ocioso o subutilizado, lo que falta es un compromiso para el desarrollo de estas capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia; una que se pronta y expedita y ponga en el centro los derechos humanos, y que proteja a las personas y respete sus derechos, sean imputados o víctimas.
La transformación al sistema de justicia sigue sin rendir resultados. Los jueces, juezas, magistrados y magistradas, así como las y los fiscales, tienen la obligación de agilizar y desburocratizar el acceso a la justicia. Luchar contra la corrupción y el nepotismo constituyen los principales retos para un acceso efectivo a la justicia que impacte favorablemente en las víctimas y a los grupos sociales más vulnerables. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 11)
Hechos son amores
Hace unos días, el presidente López Obrador informó en la mañanera que serán liberadas las personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y que en diez años no hayan sido sentenciadas. “… hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. (…) La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de diez años sin sentencia?” dijo el mandatario.
Además, afirmó que serán liberadas las personas que fueron torturadas – y se pueda comprobar mediante el Protocolo de Estambul–; las y los adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves y, los mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves.
Habría que recordarle al presidente que la población carcelaria del país, especialmente el número de personas privadas de la libertad sin sentencia, ha crecido durante su gobierno, a pesar de la pandemia. Como muestran diversos artículos y reportes, en el caso de las mujeres, el cambio es aún más significativo que para los hombres. En un periodo de un año, según cifras de Animal Político, el número de mujeres presas aumentó casi 16%, principalmente por el uso de la prisión preventiva.
Hoy en México, según los datos del propio presidente, hay casi 95 mil personas encarceladas sin sentencia. Lo que no dijo es que fue justamente la reforma Constitucional impulsada por su partido lo que ha permitido ampliar el uso de la prisión preventiva y encarcelar a más y más personas sin sentencia. Hay pues una fuerte contradicción entre lo que el presidente afirma a los mexicanos y lo que promueve su partido en el Congreso. Habría que también preguntarle ¿por qué facilitan el uso de la prisión sin sentencia por un lado, pero habla de excarcelación por el otro?.
No es la primera vez que López Obrador afirma que va a atender las injusticias del sistema penal. También la Ley de Amnistía prometía despresurizar las cárceles y sacar a personas injustamente encarceladas. Un año después de aprobada, apenas un puñado de personas han sido excarceladas a nivel federal. El sistema penal que permite que mujeres y hombres pobres sigan llegando a las cárceles, en cambio, sigue intacto e incluso fortalecido, alimentando los reclusorios del país de manera acelerada con historias vergonzosas de arbitrariedad e injusticias. El discurso clemente por un lado, la dureza e indiferencia en los hechos.
No queda claro cuál es el mecanismo legal por el cual pretende el gobierno excarcelar a todas las personas que mencionó el presidente, acompañado de la secretaria y subsecretario de Gobernación. Sin embargo, las cifras muestran a un gobierno más afín con el punitivismo que con la justicia y el uso racional del aparato punitivo estatal. Hechos son amores, no buenas razones, reza el refrán popular. Los hechos están ahí, en los datos del propio gobierno. (Catalina Pérez Correa, El Universal, Opinión, p. 10)
Guatemala, en el laberinto
En el curso de julio arreciaron en Guatemala las exigencias de renuncia del presidente Alejandro Giammattei, impulsadas por la destitución del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, a raíz de sus pesquisas contra altos funcionarios del actual gobierno. Luego de ser despedido, el 23 de julio, el funcionario dijo temer por su seguridad, la del personal de esa dependencia y la de su familia, y abandonó el país. Ayer, el funcionario declaró que su destitución fue ilegal y pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo restituya en el cargo.
Con ello se intensifica el ciclo de descontento social que tiene un claro precedente en 2015, cuando la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala pidió el desafuero del entonces jefe del Ejecutivo Otto Pérez Molina, por actos graves de corrupción, una medida que recibió el masivo respaldo de la sociedad guatemalteca, la cual se volcó a las calles para exigir la renuncia y el procesamiento del presidente. A la postre, tanto éste como la vicepresidenta Roxana Baldetti terminaron en la cárcel.
Tras un breve interinato asumió el poder Jimmy Morales, el cual enfrentó similares acusaciones de corrupción y al final de su mandato logró salvarse in extremis de ser presentado ante un tribunal mediante una negociación para ser incluido como diputado al Parlamento Centroamericano y lograr así un estatuto de inmunidad, a pesar de las intensas movilizaciones sociales que trataron de impedirlo.
Para Giammattei la crisis empezó desde el año pasado, a raíz de la inopinada decisión presidencial de recortar el gasto de educación y salud justo cuando la pandemia de Covid-19 se propagaba por Guatemala y los sectores más desfavorecidos de la sociedad tenían que hacer frente a los desastrosos efectos de los huracanes Eta e Iota. Lo anterior dio lugar a un nuevo periodo de protestas que se reavivaron el mes pasado, luego del despido del fiscal Sandoval. Las manifestaciones tienen de protagonistas a los sectores indígenas y campesinos, organizaciones civiles, la Iglesia católica y ciudadanos de clases medias urbanas. (Editorial, La Jornada, p. 2)