El primer gobernador que salió al quite para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador —por aquel tuit en el que descartó la viabilidad de un supuesto golpe de Estado en su contra— fue el de Veracruz, Cuitláhuac García. A través de su cuenta de Twitter, García posteó que al menos seis gobernadores impedirían un intento de golpe contra el Presidente. El mandatario estatal mandó un mensaje a los “conservadores” y dijo que ni sueñen con intentarlo porque se les convertiría en una pesadilla de inmediato. La pregunta que más de uno se hizo ayer fue, ¿y quiénes son esos otros gobernadores? Si don Cuitláhuac se aventuró a dar una cifra, nos comentan, ¿es porque ya cruzó llamadas para organizar la defensa ante el supuesto golpe? (Bajo Reserva, El Universal, p.2 )
Desde Baja California, donde recién estrenaron gobernador, nos confían, en los corrillos políticos han mandando un mensaje a la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, de no volver a bajar la guardia, aunque se sienta en confianza. Nos dicen que fue tras el escándalo que se armó por un video publicado en el Facebook del mandatario Jaime Bonilla Valdez (Morena), donde doña Olga aseguraba que la llamada Ley Bonilla perviviría, que la oposición se le fue en contra, al llamarla incongruente y hasta pedirle la renuncia, primero por rechazar la ampliación de mandato, y luego por arroparlo en el marco de la toma de protesta del morenista. Como detalle final, nos señalan que tras desatarse una tormenta contra la secretaria, el video desapareció de las redes de don Jaime. ¿Le habrán reclamado el “quemón”? (Kiosko, El Universal, Estados, p.A24 )
Bastó un solo mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales para desatar gran polémica en torno a la posibilidad de un golpe de Estado en México que tire a un gobierno democráticamente electo. Un escenario que, más allá de su inviabilidad, debe ser desterrado de cualquier consideración futura, pues no beneficia a nadie. El México en democracia que tanto trabajo ha costado construir no debe retroceder décadas atrás con la mención de un empleo de las armas que hasta ayer no se había puesto sobre la mesa. Para empezar, hay que recordar que las Fuerzas Armadas mexicanas, a diferencia de otros ejércitos en los países más importantes de América Latina, tiene una tradición de institucionalidad profundamente arraigada. Mientras en Argentina, Brasil, Chile y otras naciones, los mandos militares traicionaron a sus respectivos pueblos y tomaron el poder, en México el Ejército se mantuvo siempre leal al gobierno civil; incluso cuando cambió el partido político regente. (Editorial, El Universal, Opinión, p.A12 )
QUE en el gobierno federal hay molestia por la filtración del video de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su reciente visita a Baja California.
Resulta que el Facebook Live fue difundido por el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien inicia con el pie izquierdo su gestión. También se sabe que hubo un regaño para el coordinador de Comunicación Social del Estado, Juan Guízar, por dejar crecer el tema sin hacer un inmediato control de daños. (Trascendió, Milenio, p.)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano. El balance le favorece en casi 30 años de funcionamiento como órgano autónomo. La violación de los derechos humanos persiste como uno de los problemas nacionales fundamentales, más allá de las intenciones o la retórica de las autoridades. En la actualidad, la manera como se conduce el gobierno hace más que siempre necesaria la presencia de una instancia autónoma que salvaguarde los derechos humanos en el contexto de independencia, institucionalidad y rigor jurídico.
El actual gobierno no ha sido sensible al tema ni a la institución. La soberbia de que todo ya cambió y con ello los males del pasado han sido superados, impide entender que el problema persiste. La respuesta presidencial y de miembros del gabinete hacia la CNDH ha sido deplorable, bajo el prejuicio de connivencia con lo peor del pasado, situación que no se sustenta y menos aún durante la buena gestión de Luis Raúl González Pérez. Las insuficiencias no le son imputables, aunque sí es preciso reconocer que la irrupción de la violencia y de la criminalidad, así como la respuesta gubernamental hacia ésta, ha presentado casos muy lamentables de violación de derechos humanos. (Federico Berrueto, Milenio, Al Frente, p.3)
Desde que nació la República las elecciones en México se han caracterizado muchas veces por ser irregulares y a veces fraudulentas. Desde 1828 y hasta 2006 hay acusaciones de fraude electoral. En 2000 se permitió la alternancia y en 2018 ganó un líder progresista de la oposición. Según la verdad oficial, nunca ha existido un fraude electoral en México. Las acusaciones en el siglo XIX provocaron rebeliones y el fraude electoral de 1910 detonó la Revolución. A partir de 1920 los procesos electorales se han celebrado sin violencia. Aunque muchas veces ha habido acusaciones de fraude los opositores han preferido las vías pacíficas de protesta. Es muy difícil la prueba del fraude electoral, porque las evidencias quedan del lado de los que lo perpetran y por supuesto no serían filtradas por ellos. Tenemos pruebas indirectas, la desconfianza de la población mexicana respecto a la autenticidad de los procesos electorales. (José Agustín Ortiz Pinchetti, La Jornada, Política, p. 8)
Los datos dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio de los recursos asignados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para las LXII y LXIII legislaturas, ejemplifican de manera descarnada lo que el refranero popular denomina servirse con la cuchara grande.
Durante el tiempo que duraron esos periodos legislativos (el primero desde septiembre de 2012 a agosto de 2015 y el segundo esos mismos meses de 2015 a 2018) dispusieron de más de 5 mil millones de pesos (mdp) en calidad de subvenciones ordinarias, a los que habría que agregar 642 mdp otorgados en forma extraordinaria, cualquier cosa que eso signifique. En este caso, el elegante y amplio verbo disponer indica que hicieron uso efectivo de semejante cantidad de dinero, lo cual sería perfectamente compatible con la actividad parlamentaria si no fuera porque ninguno de los grupos camerales se tomó la molestia de comprobar a dónde fueron a parar los fondos recibidos. (Editorial, La Jornada, p.2)
Y luego de saber las verdades de San Lázaro, todavía hay quien se pregunta por qué era necesario el cambio. (Rayuela, La Jornada, C.p.)
Aunque sea más ficción que realidad, gracias a decenas de películas la gente sabe que cuando se cae en arenas movedizas se debe permanecer lo más calmado posible, evitando hacer movimientos desesperados que provocan que una persona se hunda más. Con el operativo fallido de Culiacán, el gobierno federal cayó en terreno pantanoso y más de 15 días después sigue hundiéndose cada vez que se mueve. No ha atinado a explicar lo que realmente sucedió y se mantienen muchas preguntas sin responder. Aunque debe reconocerse que el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en un ejercicio inédito compareció ante los medios para explicar lo que minuto a minuto sucedió ese 17 de octubre, las respuestas ante preguntas específicas, para tratar de esclarecer puntos fundamentales, han sido respondidas con retórica, rodeos o nuevas versiones de las que inicialmente fueron difundidas. (Vianey Esquinca, Excélsior, Nacional, p. 15)
Cualquier tropiezo puede ser una lección o un obstáculo infranqueable, depende mucho de cómo se tome para perseverar en un objetivo. Nadie cree que las instituciones sean infalibles y tampoco la ciudadanía exige perfección, nada más transparencia, congruencia, voluntad y compromiso. El tiempo dirá si todas las anteriores motivaron la semana de aclaraciones que nos ofreció el gobierno de la República por los hechos en Culiacán hace dos semanas. En comparecencias públicas, en un formato ya de por sí inédito, el Gabinete de Seguridad explicó sus decisiones sobre el operativo para detener a un presunto líder del tráfico de drogas en la capital de Sinaloa. Algunas dudas fueron disipadas, otras produjeron un auténtico debate entre la prensa acreditada y los funcionarios de la nación, incluido el Presidente de la República. (Luis Wertman Zaslav, Excélsior, Editorial, p. 10)
CADA VEZ se entiende menos la actitud de Andrés Manuel López Obrador hacia las Fuerzas Armadas, sobre todo tomando en cuenta que les ha encargado desde construir un aeropuerto, hasta combatir el sargazo.
PESE a ello, el mandatario tunde un día sí y otro también a las instituciones castrenses, no con ataques directos, pero sí con agresiones sordas como las descalificaciones y el empoderamiento de sus críticos. Y ayer, de plano, puso en la mesa un golpe de Estado.
NADIE cuya opinión importe ha planteado semejante despropósito, pero el Presidente escribió en Twitter que en México no hay espacios para “los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet”, lo cual es cierto.
PERO, en lugar de reconocer la lealtad de los militares, escribió que gracias al amplio apoyo popular del que goza no podría haber un golpe de Estado en México.
EN ESA lógica, si no tuviera esa base social, ¿el Ejército ya lo habría derrocado? Eso es lo que está diciendo, sin decirlo, el Presidente. ¿Pero qué necesidad de maltratar así a las Fuerzas Armadas? (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)