SI EL INFORME de la Auditoría Superior de la Federación es imperdible por todo lo que revela, quienes saben de estos temas dicen que es igual de interesante lo que no apareció en el documento.
EXTRAÑAMENTE en los Resultados de la Cuenta Pública 2019 no se incluyó un subejercicio de 17 mil millones de pesos que se encuentran en 12 fideicomisos del Poder Judicial, un guardadito del Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
¿POR QUÉ desapareció ese expediente del nuevo reporte de la Auditoría si se consignó desde el año pasado? Dicen que tal vez algo sepan la actual contralora de la Judicatura, Arely Gómez, y el titular de la Unidad Técnica de la ASF, Eber Betanzos Torres, quien casuaaalmente fue su subalterno tanto en la PGR como en la Secretaría de la Función Pública. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Una prueba para la 4T.- Dentro del gobierno federal, nos comentan, hay un sector que está presionando para que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas visite México este mismo año y conozca la realidad del país. El día de ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, participó en un evento de la ONU y ahí expresó su deseo de que un grupo de trabajo del Comité venga a tierras mexicanas a hacer un diagnóstico. Habrá que ver si todas las dependencias de la autollamada Cuarta Transformación están de acuerdo con don Alejandro, pues varias de ellas, señaladamente las dedicadas a la seguridad, han bloqueado durante la última década la posibilidad de que se les haga una evaluación en materia de desapariciones. Así que aquí tiene la 4T la posibilidad de demostrar eso que presume a diario de que “no somos iguales” y de decir “Ya Chole”, con la opacidad en este tema. (El Universal, Nación, p. 2)
Busca origen de filtración.- Nos platican que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está buscando quién se la pague por la filtración de que estuvo hospitalizado por el COVID-19. Su principal sospecha es que la información salió del Insabi, que dirige Juan Antonio Ferrer. Sin embargo, no ha podido comprobarlo, y hay quienes afirman que la versión salió de su propio equipo. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
En la conversación que sostuvieron el viernes pasado el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, Antony Blinken, se puso sobre la mesa un hecho irrefutable: la estrategia de seguridad no ha funcionado.
El tema de la desconfianza, por supuesto, era el telón de fondo (propiciada tras la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y las consecuentes medidas del lado mexicano para acotar la labor de los agentes extranjeros en nuestro país).
Pero la cuestión de seguridad no puede quedar atorada y atrapada en ese punto. Lo reconocen ambas partes. Como reconocieron en ese encuentro que la estrategia de seguridad no ha funcionado ni del lado mexicano ni del lado norteamericano.
¿Por qué no ha funcionado? Según Ebrard, porque el consumo sigue subiendo, porque las armas y los homicidios siguen subiendo; porque la violencia y el tráfico no se ha logrado reducir.
Entonces, advierte: “Se tiene que partir de una visión crítica de lo que se ha hecho para hacerlo mejor”. Del lado mexicano, es sabido, se buscar desaparecer de entrada la Iniciativa Mérida. Del lado estadounidense aún no está claro qué medidas buscan adoptar. Pero de que el tema quedará inmerso dentro del área de lo que el vecino del norte considera su seguridad nacional, no cabe duda.
Pero se están preparando. El propio Blinken le dijo a Ebrard que en cuanto estuvieran listos convocarían a una reunión para hablar sobre el tema. En opinión del canciller, ésta será pronto. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
En el futuro próximo surgirán noticias que estarán marcadas por el pleito entre dos altos funcionarios del gobierno actual: el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La animadversión entre ambos ya tiene rato, todo mundo la conoce y es hasta admitida públicamente. Nieto se queja de que Gertz no procede judicialmente con los expedientes que le manda, y Gertz acusa que Nieto no integra bien sus investigaciones y por eso no puede judicializar.
Vienen tres momentos que pueden definir al vencedor de este pleito.
El primero es el caso de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex. Salvo alguna sorpresa de retraso en los tribunales por pandemia, en los próximos días debe definirse si Lozoya es formalmente aceptado como testigo protegido.
El segundo caso es el del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Quien haya escuchado con atención las palabras del fiscal Gertz en la conferencia mañanera del miércoles de la semana pasada, habrá notado que en varias ocasiones trasladó la responsabilidad de probar el caso a la parte denunciante, es decir, a Nieto.
El tercer caso es el de Alonso Ancira, una derivación del caso Lozoya. La promesa pública a Ancira fue: devuelves los 200 millones de dólares y ya no hay problema. Ancira aceptó, dio pasos decisivos para entregar su empresa a un nuevo dueño y en ese marco fue extraditado a México. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Los gobernadores priistas fueron sin duda el grupo de poder que salvó al PRI de la desintegración en el año 2000, tras perder por primera vez la Presidencia de la República que mantuvieron por 75 años ininterrumpidos. Luego, 12 años después, los gobiernos estatales volvieron a ser el eje político sobre el que el viejo priismo se reagrupó y se fortaleció para volver a recuperar el poder presidencial en el año 2012 con la candidatura televisiva de Enrique Peña Nieto impulsada y financiada por un grupo de gobernadores priistas que volvían a meter a su partido a Los Pinos, tras dos efímeros sexenios panistas.
Con Peña Nieto en el poder, el PRI no sólo vivió la era de corrupción más grande y escandalosa de su largo historial de presidentes corruptos, sino que con el mismo grupo de gobernadores que acompañaron al peñismo —la mayoría jóvenes que representaban a un falso e inexistente “Nuevo PRI”— se confirmó que la corrupción era algo transversal en las generaciones priistas y con los millonarios saqueos y excesos de Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Humberto Moreira, Eugenio Hernández y Roberto Sandoval, entre otros mandatarios priistas, se confirmó la creencia popular de que “el PRI no tiene remedio”.
Hoy, en la elección intermedia del próximo mes de junio, los gobernadores priistas volverán a jugar un papel clave para su partido, pero esta vez en sentido inverso. De haber sido los “salvadores”, primero del priismo en el 2000 y luego sus mayores “lastres” en 2018, en estos comicios los mandatarios estatales priistas parecen dispuestos a jugar el papel de “enterradores” del PRI. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
Es demasiado lo que Morena y el presidente están jalando la cuerda en el caso Félix Salgado Macedonio. Se han metido en terrenos de una muy confusa definición-indefinición. Da la impresión que el partido no sabe cómo hacer las cosas, parece estar entrampado en lo que piense el presidente, más que en ir al fondo del caso.
No ha quedado claro el alcance de la decisión de la Comisión de Honor y Justicia. Si bien en un primer momento parecía que se descartaba la candidatura del legislador, días después resulta que no, incluso Salgado Macedonio se echó para adelante y anunció que va de nuevo; en su peculiar estilo lanzó un: “¡hay Toro!”.
Las encuestas para la elección de Gobernador en Guerrero dan una nítida ventaja a Morena, hay quien dice que con quien sea podrían ganar las elecciones. Lo que subyace es una manifiesta simpatía por el presidente y por todo lo que tiene que ver con él. Guerrero es uno de los estados en donde queda muy claro que Morena es un partido hecho a imagen y semejanza del presidente, y que su identidad pasa para los ciudadanos como una extensión del tabasqueño.
López Obrador ha llevado a cabo una gran cantidad de giras por Guerrero, que es junto con Oaxaca, Tabasco y Veracruz, los estados que más ha visitado. La idea del presidente de buscar a como dé lugar estar en el sureste del país la ha cumplido de manera puntual. (Javier Solórzano, La Razón, La Dos, p. 2)
La repetición de la encuesta de Morena para elegir de nuevo al candidato a gobernador de Guerrero se perfila como una tomadura de pelo. El nuevo ejercicio ordenado por la Comisión de Justicia de Morena incluye a Félix Salgado Macedonio, presunto violador, como aspirante. Una burla a las destacadas morenistas, entre otras muchas mujeres, que han alzado la voz para que se reconsidere su inclusión en el proceso. Hasta el New York Times se metió en el tema. Le dio espacio a un muy crítico artículo de la escritora Guadalupe Nettel. El texto expresa indignación por la postura de López Obrador frente al caso. Califica al tabasqueño de “conservador, con poca elasticidad mental”. A los morenos no parece importarles que el senador con licencia tenga abiertas dos averiguaciones por violación, y que otras tres mujeres hayan balconeado su violencia sexual. La Comisión de Honor y Justicia dejó a salvo sus derechos políticos, y no tuvo empacho en calificar de “infundadas” las acusaciones contra Félix.
A Salgado tampoco le importa su imagen ni los señalamientos que se le hacen, a juzgar por sus reacciones. Está listo para participar nuevamente. “En la encuesta, Félix es la respuesta”, escribió en Twitter. No le extrañe si los morenos lo vuelven a declarar ganador de la encuesta. López Obrador actúa como si fuese su padrino. ¡Ya chole! (Francisco Garfias, Excélsior, Nación, p. 4)
Como estos párrafos del podcast de María Scherer (en www.asicomosuena.mx) que se publicará hoy con las voces de quienes denuncian a Andrés Roemer.
En marzo de 2018, en plena campaña por la presidencia de la República, José Antonio Meade se tomó unos días para ir a San Miguel de Allende y celebrar la boda de su amigo y protegido Andrés Roemer y firmar como testigo. Junto a él firmaron Ricardo Salinas Pliego, Esteban Moctezuma y el ex presidente Vicente Fox. Esos nombres marcan bien la ruta pública de Roemer.
Después de años dedicado a la enseñanza, trabajó en algunos puestos en el gobierno de Ernesto Zedillo —el primero cerca de Esteban Moctezuma— de donde brincó a la secretaría técnica de Conaculta en los primeros años del gobierno de Vicente Fox. De ahí, pasó unos años como conductor de radio y llegó a TV Azteca, donde ya estaba Moctezuma, y ahí, con Ricardo Salinas Pliego y de la mano del gobierno de Puebla fundó La Ciudad de las Ideas.
Quien fuera el embajador de Israel en la Unesco al mismo tiempo que él se convirtió en alcalde de la ciudad de Ramat Gan y le puso el nombre de Roemer a una calle. El mexicano dijo que era la mayor satisfacción de su vida. Pues sí, como sabemos ahora por múltiples testimonios de mujeres, desde hace muchos años a Roemer solo le importa satisfacer a Roemer. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Sobre la contrarreforma energética se ha dicho mucho y todo lo que se diga se quedará corto respecto al daño potencial que generará para el país el modelo impuesto. En el mundo actual, alejarse de las energías limpias y renovables para apostar por el monopolio estatal y las energías fósiles es un despropósito.
El eje del tema no es, como se le enfoca incorrectamente, que la CFE tenga que comprar energía de productores privados, sino que es la única que lo distribuye, y eso es lo que le tendría que dar la rectoría del Estado que, muy en consonancia con los años 70, reclama el gobierno federal. Con una diferencia, en el modelo aprobado el sexenio anterior, incluso con los ajustes que se pudieran realizar, habría siempre energía suficiente y barata para hacerla llegar a toda la República Mexicana. El esquema ahora aprobado no lo garantiza y lo hemos podido comprobar durante estos dos últimos años, incluso con los recientes cortes del norte del país, donde se quedaron sin energía ante la ola de frío en Texas.
La solución no es “dejar de depender” del gas que llega allende la frontera y recurrir al combustóleo (barato, porque es tan contaminante que ya no se utiliza ni siquiera en navíos de carga), sino en tener suficientes depósitos y generación propia de gas. Es ridículo, pero el gas que llega de Texas viene de los mismos yacimientos que tenemos sin explotar debidamente en Tamaulipas, que, con la nueva ley y con decisiones como prohibir el fracking en forma taxativa, se quedarán sin explotar. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nación, p. 8)
En medio de la peor pandemia de que haya registro en un siglo, las vacunas son la única salida.
El pasado día 27 se cumplió un año del paciente cero en México, de los 2 millones 104 mil 987 casos confirmados anoche, y el próximo jueves se recordará al primer muerto de los 188 mil 44 que alcanzamos ayer.
Al martes habían aplicado 2 millones 526 mil vacunas, 2 por ciento de la población y hablo de primeras dosis; con la completa, dos, solo medio millón, por lo que el gobierno, que tiene una escasez dramática de vacunas, deberá conseguir todas las que ha dicho y más, y aumentar exponencialmente su aplicación, porque al ritmo actual inocular a los mexicanos que faltan llevaría mil 582 días, equivalentes a 52 meses o cuatro años y cuatro meses con base en estudios de T-Research, que dirige Carlos Penna. Al paso que lleva Estados Unidos, le llevaría 280 días, y a Chile 235.
¿Cuál es la diferencia entre México, EU y Chile? Las vacunas. Porque ya vimos que el protocolo de aplicación lo resolvió el gobierno de Ciudad de México de un modo que debería ser modelo para todo el país, y sin servidores de la nación.
Así que resuelto el método, lo que faltan, insisto, son vacunas. Y supimos lo que Joe Biden le respondió a López Obrador sobre el acceso a las suyas: que primero atenderá a todos los estadunidenses y luego verán.
Mientras seguirán los contagios, las muertes, y espero que acaben con el discurso de que México es un ejemplo mundial y que la pandemia está bajo control porque no lo está ni estará, al menos, este año. Esa es la realidad, la pinche realidad que tan poco les gusta. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Alfonso Durazo tiene un gran problema en este momento. No es en Sonora, donde su adversario para la gubernatura, Ernesto Gándara, se metió en el último mes al terreno de competencia, sino en la Ciudad de México, y directamente con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien lo sucedió en el cargo que Durazo usufructuó de manera ilegítima, ilegal y desvergonzada después de irse a vivir a Hermosillo. Ya se medirá con Gándara en las urnas, pero mientras tanto, ya lo están llamando a cuentas en la Ciudad de México por los abusos que cometió –podrían configurarle delitos– y que había mantenido en secreto.
Durazo renunció al cargo de secretario en la tercera semana de octubre, para dedicarse de lleno a su campaña para gobernador. Llevaba tres meses haciéndola los fines de semana viajando a Sonora, pero era insuficiente. Durazo concretó su salida del gobierno a regañadientes del Presidente, pero se llevó con él canonjías insólitamente extraordinarias: 75 marinos que fueron comisionados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que le sirvieran como equipo de seguridad en Sonora. No le dijo a nadie, pero la nueva administración de Rodríguez, dentro de todo el desastre que le dejó el sonorense, se topó con esa guardia pretoriana particular, a cuenta del erario.
De nada valió el contexto en el que se mueve Durazo, donde los 75 marinos muestran qué tan in quieta tiene su conciencia. Desde hace casi dos años Durazo ha recibido amenazas de muerte de los líderes de la organización criminal Los Salazar, que es el brazo armado del Cártel de Sinaloa, que opera en Sonora y Chihuahua. Las imputaciones que le han hecho públicamente es por haber incumplido compromisos que nunca aclararon, y que Durazo no ha respondido, como fue correcto proceder. No es inusual que una banda criminal acuse a personas públicas de corrupción, pero, en cualquier caso, las amenazas provocaron que Durazo, todavía como secretario, modificara algunas veces su agenda personal. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 32)
Pocas cosas pueden ocurrir en el Ejército que provoquen medidas tan drásticas, como las sucedidas después del accidente de aviación que le costó la vida a seis militares el pasado domingo 21 de febrero en la base militar de El Lencero, Veracruz.
La nave siniestrada no era cualquier avión. Se trataba de un Lear Jet 45XR con matrícula FAM-3912 , rotulada con las cuatro estrellas que identifica las aeronaves de uso exclusivo del secretario de la Defensa Nacional, y que pertenecía a la Unidad Especial de Transporte del Alto Mando (UETAM).
Las consecuencias del accidente de un avión que solía utilizar el general Luis Crescencio Sandoval González, quien convalece por Covid-19 aislado en la Quinta Galeana, su residencia oficial en Lomas de Sotelo, derivaron en el cese de su brazo derecho, el general de división Homero Mendoza Ruiz, jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), el cargo operativo más importante del Ejército mexicano.
De lo poco que se conoció de la investigación posterior al accidente, de acuerdo a diversas fuentes militares, fue que la aeronave le faltaba mantenimiento, algo que no puede ocurrir al tratarse de uno de los aviones que usa el general secretario. La responsabilidad de supervisar y tener al día estos equipos era del jefe de EMDN. (Juan Veledíaz, El Sol de México, República, p.5)
El tema de la semana es relativo a los depósitos de mexicanos en el extranjero que durante los años recientes han venido creciendo a un ritmo muy rápido…
Queda suficientemente claro que las fugas de capital durante el gobierno de López Obrador no están siendo provocadas por una política inflacionista con un tipo de cambio sobrevaluado.
En la edición de El Economista del lunes se publicó una nota digna de llamar la atención. El tema es las transferencias de fondos que inversionistas mexicanos vienen realizando al exterior. En ese sentido, las cifras revelan que mientras en 2017 el saldo de los depósitos de mexicanos fuera del país ascendía a tan solo 5,575 millones de dólares, ese dato se ha venido incrementando desde ese año de manera muy rápida y continua y al cierre del 2020 ya ascendía a 18,758 millones de la moneda estadounidense. De manera particularmente preocupante, ese flujo egresivo se ha venido acelerando en tiempos recientes dando lugar a que en el último trimestre del año pasado esa salida de fondos haya sumado más de 9,000 millones de dólares. (Bruno Donatello, El Economista, El Foro, p.46)
Como que pasó de largo, pero en otras circunstancias, los resultados de las finanzas públicas en el primer mes de este año hubieran prendido las alarmas.
Le resumo los principales datos inicialmente.
1-Los ingresos totales del sector público cayeron 12 por ciento en enero respecto al mismo mes del año anterior. Es la caída más drástica desde 1993, es decir, hace 28 años.
2-Los ingresos tributarios retrocedieron en 5.8 por ciento, mientras que los no tributarios lo hicieron en 54.2 por ciento, es decir, prácticamente fueron la mitad de los del año pasado.
3-La fuerte caída de los ingresos no tributarios deriva del nivel atípico que tuvieron en enero de 2020. En ese entonces se incorporó a los ingresos públicos la recuperación de los activos del fideicomiso del NAIM, que sumaron 21 mil 634 millones de pesos y otros 6 mil 613 del fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria. Estos dos conceptos sumaron 28 mil 247 millones. Si no se hubieran dado estos ingresos de una sola vez el año pasado, la caída de los ingresos presupuestales se habría reducido a la mitad.
4-A pesar de que la programación de la Secretaría de Hacienda ya había descontado que no habría esos ingresos extraordinarios, los montos reales se quedaron cortos. El calendario, publicado el 16 de diciembre, indicaba que para enero habría entradas por 507 mil 371 millones de pesos. La realidad fue un ingreso de 492 mil 450 millones. Es decir, la caída real respecto a lo anticipado fue de 6.2 por ciento. (Enrique Quintana, El Financiero, Pagina Dos, p.2)