Templo Mayor
DESDE QUE Octavio Romero Oropeza empezó a presumir un alza en la producción de Pemex, hubo quienes levantaron las cejas con extrañeza. Y es que la petrolera simple y sencillamente no tiene capacidad ni para cumplir sus propias metas. ¿Acaso estaba inflando las cifras? Caliente, caliente…
YA SE SUPO que hay truco (por no decir maña) en la forma en que Pemex mide su producción: lo hace a una temperatura más alta que el estándar de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La petrolera lo mide a 20 grados Celsius y el ente regulador a 15.56. Esa diferencia le reporta a Pemex una ganancia ficticia de unos 16 mil barriles diarios. O sea que la Cuarta Transformación resultó ser la Falsa Percepción.
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BASTANTE BIEN le fue a Rogelio Ramírez de la O al ser ratificado en San Lázaro. Al nuevo titular de Hacienda le llovieron elogios y reconocimientos de todos los partidos. Llamó la atención que los diputados de Movimiento Ciudadano fueron especialmente lisonjeros. Ni se nota que quieren más presupuesto para Jalisco y Nuevo León.
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LA ESTRATEGIA que encabeza Hugo López-Gatell ha sido incapaz de siquiera hacer obligatorio el cubrebocas, por lo que las empresas privadas enfrentan el dilema de cómo regresar de manera segura a las actividades normales. A diferencia de lugares como Nueva York o París, difícilmente podrán exigir a sus empleados o clientes certificados de vacunación o, por lo menos, pruebas negativas de Covid-19.
EVIDENTEMENTE son realidades muy distintas las de aquellos países que tienen vacunas a manos llenas y la que vive México dependiendo del suministro extranjero. Pero con todo, allá hay una actitud mucho más decidida para frenar la pandemia. ¡Hasta pagan por vacunarse! Acá, en cambio, la Federación no pone reglas y el Presidente dice que vacunarse es voluntario.
¿QUÉ PASARÁ si un empleado no quiere vacunarse porque le duele, porque está seguro de que le van a inyectar un chip o porque cree que una estampita lo protege? Enfrentar esto no es un capricho, sino la necesidad de garantizar espacios seguros. Pero el gobierno no quiere entrarle. ¿Qué hará México ante ese riesgo a la salud colectiva que representan los antivacunas?
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HOY ES Miércoles de Misterios sin resolver. Si Andrés Manuel López Obrador dice que la consulta popular del domingo fue un triunfo democrático, ¿por qué dice que el INE se puso del lado de la antidemocracia al organizarla? O una u otra, ¡pero no las dos!
SIGUIENTE misterio: si la Comisión Reguladora de Energía impuso un tope al precio del gas LP, ¿por qué nadie impidió que se incrementara en 21 por ciento la tarifa eléctrica doméstica de alto consumo? Nadie sabe, nadie supo. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión,p.8)
Bajo reserva
Morena no teme a la Covid
En Morena, nos hacen ver, se sienten inmunes a la Covid-19. La semana pasada falleció por complicaciones generadas por esta enfermedad el líder de la bancada del PRI, René Juárez. Ayer, murió la diputada del Partido del Trabajo, Teresa Maru Mejía, también víctima de este padecimiento. Sin embargo esto no asusta a la bancada de Morena que, ayer, tras notificarse el deceso de la legisladora petista, no sintió temor alguno y decidió que la fracción parlamentaria se tomara la foto del recuerdo, más de 250 legisladores sin cubrebocas posaron para la cámara.
¿Fuego “amigo” contra Monreal?
Algunos senadores aseguran que el bloqueo a los accesos que sufrió el Senado provino de “fuego amigo” dentro de Morena. Nos dicen que los sindicatos inconformes se autodenominan “de la Cuarta Transformación”, pero su discurso está centrado en descalificar al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Nos dicen que algunos de los que protagonizaron la “protesta” tienen demandas que corresponde resolver al gobierno de la Ciudad de México y no al Senado.
Además, en las movilizaciones ha participado la diputada federal guerrerense de Morena, Araceli Ocampo Manzanares, quien dice respaldar la exigencia de reconocimiento a los sindicatos de nueva creación. La reforma laboral fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2019, así que es “extraño” que, de buenas a primeras, los manifestantes hayan cerrado las puertas del Senado. ¿Será que alguien está interesado en ponerle piedras en el camino a don Ricardo, luego de que anunció que buscará la candidatura presidencial para la elección de 2024?
Estados priistas participan más que morenistas en la consulta
Algunos priistas ociosos sacaron papel, lápiz y una sumadora para hacer cuentas sobre la consulta de la consulta popular de pasado domingo y cómo se votó en cada estado del país. Los resultados, nos comentan, son muy interesantes, pues descubrieron que algunas entidades gobernadas por el PRI son las que mayor participación tuvieron, como en Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo. En estas tres entidades la votación superó la de estados como Veracruz y Puebla, gobernados por Morena.
AMLO el opositor vs AMLO el Presidente
Como su pecho no es bodega, ayer el presidente Andrés Manuel López criticó el “autoritarismo” y el autogobierno que existe en algunas escuelas normales rurales donde además –agregó– hay malos manejos del presupuesto que el gobierno federal envía a estos centros de enseñanza. “En algunos casos, no estoy generalizando, son los que ponen al director, al administrador, son los que mandan”, por ello el mandatario planteó que para remediar esta situación se entregue de manera directa apoyos a los estudiantes para su comidas, una beca y hasta una plaza al término de sus estudios.
Lejos han quedado aquellos días en que AMLO, entonces opositor, no tenía más que comentarios de apoyo a las normales rurales, y jamás se le escuchó alguna crítica, y menos que hubiera autoritarismo en algunas de ellas. Estas palabras sirven para demostrar que se equivocan sus críticos, quienes dicen que es obstinado y no cambia nunca de opinión. (El Universal, Nación, p. 2)
Frentes políticos
Sacapuntas
Ministros productivos
Es un hecho que, pese al confinamiento derivad de la pandemia de covid-19 , la Suprema Corte, presidida por Arturo Zaldívar, no sólo se mantuvo trabajando, sino que incrementó su efectividad de manera significativa. En 2020 resolvió 266 asuntos a través de 168 sesiones vía remota, lo que convierte a ese año en el más productivo de la última década.
La CRE, firme ante gaseros
La Comisión Reguladora de Energía, presidida por Leopoldo Vicente Melchi, está ante su prueba de fuego con el tema de los gaseros. Muchos en el gobierno advierten que los paros en la venta de cilindros buscan generar descontento social, como presión contra la regulación al precio que se fijó para el combustible. Pero todo indica que no se dará marcha atrás.
Diputada mete la mano
Todo apunta a que la toma de instalaciones del Senado por parte de integrantes de un sindicato minoritario, es obra de la diputada de Morena Araceli Ocampo Manzanares, según dijeron algunos participantes. Es la misma legisladora de Guerrero que se unió a protestas contra Pemex y quien, en su campaña por la reelección, posaba cargando fusiles AR-15.
Asesor de lujo
Generó confianza entre los empresarios la reunión entre la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y José Antonio Meade, quien le explicó el qué y el cómo para reactivar la economía y generar empleos. Su conocimiento, dicen, aportará al plan de convertir a esa demarcación en la vanguardia económica de la ciudad, como quiere la próxima alcaldesa.
Releva a embajadora
Viene un relevo en la embajada de Colombia en México. El gobierno de Iván Duque removerá a Patricia Cárdenas Santamaría, y en su lugar perfila a Ángela Ospina de Nicholls. Oficialmente se dice que Cárdenas ya cumplió su ciclo, pero versiones apuntan a la gran cantidad de quejas de colombianos aquí acusando desprotección de su cuerpo diplomático. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Rozones
El fracaso que viene de Ana Guevara
Con la novedad de que Alexa Moreno, la gimnasta mexicana que más lejos ha llegado en una competencia olímpica en esa disciplina, tuvo que comprarse con lo de su Premio Nacional del Deporte sus propios aparatos para poder entrenar y llegar al cien a Tokio. Lo anterior, a falta de tener los adecuados en México, según reveló su representante deportiva en las benditas redes. Si bien pudiera no ser tan nueva la noticia de que el principal apoyo de los atletas nacionales venga de ellos mismos y de sus familias, no deja de enfadar, nos comentan, que los funcionarios deportivos no luzcan por batallas para procurarle recursos a los verdaderos talentos sino por escándalos diversos que protagonizan. A la actual titular de la Conade, Ana Guevara, nos recuerdan, se le tiene presente como la que cerró el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. A lo que hay que agregar lo que pinta ser uno de los mayores fracasos en la historia de las delegaciones mexicanas en los Juegos Olímpicos.
De finanzas en NL
La capacidad de generar ingresos de las entidades federativas será clave para acelerar los procesos de reactivación. De ahí la relevancia que tiene el que en Nuevo León, entidad a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, al cierre del primer semestre del 2021 lograran ingresos totales acumulados por 52 mil 224 millones de pesos, cantidad 8 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con los datos del secretario de Finanzas y Tesorero General, Carlos Garza, los ingresos propios sumaron los 9 mil 726 millones de pesos, 19.5% más, si se compara también con lo reportado los primeros seis meses del año pasado. Mientras, la recaudación por impuesto sobre nóminas creció en 10 por ciento al llegar a los 5 mil 370 millones de pesos. Sin embargo, la noticia que mejor le va a caer a la administración entrante es la del pago total de la deuda de corto plazo, porque no será ya razón para andar tronándose los dedos apenas asumiendo el poder.
El desfondado góber de Colima
Donde la cosa está que arde es en Colima. Y es que el gobernador saliente, José Ignacio Peralta, camina sobre brasas después de que declaró que su gobierno carece de recursos para pagar a los más de ocho mil trabajadores al servicio del Estado, a quienes les adeuda la última quincena de julio. Y mientras el mandatario alega que la “severa crisis financiera” es efecto de la pandemia y no de negligencias o malos manejos, los diputados de oposición y el sindicato de trabajadores ven detrás corrupción y desvíos y se preparan para emprender acciones legales en contra de la agónica administración de Peralta, que incluso incluye una demanda de juicio político. Por lo pronto, Peralta Sánchez y el extesorero del estado Carlos Arturo Noriega están citados hoy en el Congreso del estado y deberán explicar a los legisladores dónde fue a parar el dinero de las arcas públicas. Qué pensará la gobernadora electa Indira Vizcaíno?
¿Mapachería o error?
Ahora resulta, nos comentan, que las personas que fueron sorprendidas al momento en que, según se ha denunciado, “embarazaban” una urna de la consulta sobre actores políticos en una mesa receptora en Veracruz, no era que estuvieran llevando a cabo esa maniobra de mapachería. De acuerdo con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en esa entidad, Esteban Ramírez, lo que las funcionarias de casilla hicieron fue cancelar las boletas. Para el morenista, quien descartó que su partido hubiera tenido injerencia alguna en el proceso, la acción se trató de un error, del que culpa ¡al INE!, pues asegura que se derivó de un problema de capacitación. En este espacio se informó que esa urna rellenada al final se computó en cero, además de que la anomalía quedó registrada en un video que profusamente circuló en las benditas redes y que sirvió para reportar los hechos ante la Fiscalía de Veracruz.
La “iniciativa preferente” de Morena
Legisladores de la Permanente están por concretar un periodo extraordinario en el Senado para que procese una nueva legislación: la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada por el diputado federal Rubén Cayetano García, quien de antemano dejó claro que, aunque él dio la cara por la iniciativa, pertenece a todo el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro. La principal oferta de la propuesta es que se podrán fincar responsabilidades penales al Presidente, aunque el planteamiento es más amplio y alcanza a casi todos los funcionarios federales y locales, incluyendo a los miembros de órganos autónomos. La oposición señaló que se le quiere dar una celeridad a esta propuesta que ni siquiera se ha visto con las iniciativas preferentes del Ejecutivo.
Extraña toma del Senado
Extraño caso, nos comentan, el ocurrido ayer en el Senado, donde un grupo de trabajadores del sindicato minoritario del Senado, cerró los accesos para exigir mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de Bertha Orozco, lideresa del gremio mayoritario y quien reprobó las acciones, entre los manifestantes había “externos”, hecho que se demostraría con imágenes de los transportes en los que viajaban los manifestantes, en los cuales se aprecian pancartas de protest, pero contra Andrés Lajous, titular de la Semovi de la CDMX, que despacha a poco más de un par de kilómetros de distancia del lugar. Lo más grave del caso, nos comentan, es que resultó que una de las promotoras de la movilización que paralizó ayer las actividades en la Cámara alta, que actualmente preside el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, es la diputada Araceli Ocampo Manzanares, quien también es de Morena. Uf. (La Razón, La Dos, p. 2)
Rayuela
Buenas señales y garantías, tanto hacia adentro como en los circuitos internacionales, se envían con la llegada de Ramírez de la O. (La Jornada, Contraportada)
Estrictamente personal // Santiago Nieto, una bomba de tiempo
Santiago Nieto, el poderoso jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, está jugando las contras al presidente Andrés Manuel López Obrador, y asumiendo posiciones que enfrentan los deseos de su jefe, algunas veces de manera pública, y otras intrigando para alcanzar objetivos políticos personales, se quejan funcionarios federales. Nieto lo niega, pero las críticas en Palacio Nacional se están acumulando.
Nieto ha ido sumando funcionarios con agravios en su contra o con fricciones, más allá del conocido caso con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. En las últimas semanas empezaron los choques con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, luego de que, afirman los funcionarios, en varias ocasiones ha tomado iniciativas sin autorización, lo que ha motivado extrañamientos de parte de López Obrador.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, acusan, ha asumido una autonomía que no tiene, y en Palacio Nacional han tomado nota de cada acción que consideran desleal.
Funcionarios sostienen que lleva tiempo construyendo una agenda propia, y lo han señalado como filtrador de información a la prensa, entregando documentos sobre carpetas de investigación en curso, cuya divulgación afecta el trabajo de la Fiscalía General.
Pero hay otros momentos más delicados incluso, por la pretensión de manipular a funcionarios cuya adscripción está en otras dependencias del gobierno. Hace pocas semanas, revelaron los funcionarios, intentó convencer a una alta funcionaria de la Fiscalía General, sin el consentimiento o conocimiento de Gertz Manero, para hacerle un favor al todavía gobernador Javier Corral.
Los funcionarios dijeron que organizó una cena en su casa, donde el invitado sorpresa era Corral. La idea que le quiso sembrar, dijeron, es que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos, atrajera la llamada Operación Justicia, emprendida por Corral en contra del exgobernador César Duarte y sus colaboradores con poco éxito por supuesto desvío de recursos, tras perder los 35 casos que inició.
El argumento de Nieto para la atracción, agregaron, es que el gobernador pensaba que su sucesora, Maru Campos, no continuaría con la investigación, y tampoco confiaban en Gertz Manero.
La propuesta llegó a Palacio Nacional donde, por lo que se sabe, ignoraron a Nieto. Interrogado sobre esa cena, respondió: “Si la memoria no me falla, un día después de que Corral se reunió con el Presidente, declaró que buscaría a la Fiscalía. Hasta donde sé se reunió con Gertz. Habría que preguntarle si también con la fiscal (Mijangos)”.
La relación de Nieto con Corral viene de años, y fue su defensor a ultranza, primero, cuando como fiscal para Delitos Electorales quiso meter a la cárcel a Arturo Escobar, del Partido Verde, luego de que fuera nombrado subsecretario de Gobernación. Más adelante, cuando fue cesado porque, de acuerdo con la versión oficial, violó el código de conducta de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, lo contrató como asesor y lo mantuvo financieramente.
Los favores políticos se pagan, y eso es lo que proyectó Nieto al interceder por Corral. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dice otra cosa. “La investigación sobre los detalles de la llamada Operación Safiro, con la que se desviaron recursos para campañas políticas del PRI –respondió–, es fundamental para la UIF y para los órganos de justicia del gobierno de México, toda vez que se ha detectado que el tema pudiera estar conectado con una red operada desde la SHCP para desviar recursos y lavar dinero por alrededor de 6 mil millones de pesos. Con base en estos descubrimientos es que se ha buscado la posibilidad de allegarse más información a través de Operación Justicia”.
Nieto admitió que sí vio a Corral, y aseguró que la Operación Safiro, el presunto plan del PRI que dio origen a la Operación Justicia, “es el camino a Luis Videgaray”, el secretario de Hacienda en los años en que supuestamente se ejecutó ese delito.
En ese tema van juntos Corral y Nieto, aunque en realidad han corrido en forma paralela, como en estos tiempos donde el gobernador renunciará a su partido, el PAN, para incorporarse a Movimiento Ciudadano, tras acordarlo con el líder del partido, Dante Delgado. Nieto, quien tiene aspiraciones políticas y fue mencionado como probable candidato de Morena a la gubernatura de Querétaro, dijeron fuentes políticas, también estaba coqueteando con irse a ese partido, pero al ser consultado, negó que estuviera en sus intenciones hacerlo.
En Palacio Nacional no le creen. Funcionarios federales dijeron que hace unas tres semanas envió un mensaje a López Obrador de que, ante las preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que aspirara a la Presidencia, había respondido que no tenía ninguna intención de ello. En Palacio Nacional, agregaron los funcionarios, se rieron de él, por sus manifiestas ambiciones políticas.
En Palacio Nacional deberían tener más cuidado con Nieto, sugirieron otras fuentes. Personas con información de calidad señalan que ha ido integrando expedientes de altos funcionarios del gobierno y de su familia por presuntas irregularidades o ilegalidades, incluido uno sobre el hermano mayor del Presidente, Pío López Obrador. El armado de estas carpetas ha sido posible, de acuerdo con las mismas fuentes, porque le ley no le prohíbe iniciar pesquisas de cualquier persona sin necesidad de autorización judicial.
Nieto, no obstante, insiste en su lealtad a López Obrador. “Tengo la instrucción del Presidente de investigar y combatir todos los actos de corrupción, independientemente del partido o del gobierno al que pertenezcan, así que si hay casos vinculados con Morena, incluso denunciados como Segalmex, Aduanas, gobierno de Morelos, entre otros”, respondió.
Pero son varias fuentes que no se conocen entre sí, que dan cuenta de sus andanzas. Nieto se ha convertido en una bomba de tiempo, consideran, que el gobierno tiene que desactivar, porque las señales de que la mecha se prendió están a la vista y si no se apaga, explotará. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 36)
En privado // Y se levantó sin mirarse la ropa
Contra lo que pensé la noche del domingo, el lunes por la mañana el presidente López Obrador se dijo muy contento con el resultado de la consulta sobre el juicio a sus antecesores, que apenas abarcó 7.1 por ciento del padrón electoral, 6 millones 650 mil electores que, por donde se le vea, es decepcionante, cuando el mínimo para hacerla vinculatoria era 40 por ciento, 37 millones 468 mil participantes, es decir, se quedó corto por 30 millones 818 mil votos.
Y comparándolo con los 56 millones 600 mil ciudadanos que participaron el 1 de julio de 2018, le faltaron por 49 millones 950 mil, de aquel 63.4 por ciento del padrón electoral a 7.1 por ciento.
Con todo esto, el Presidente celebró la participación y se montó en el abrumador sí, que estaba por descontado.
Y siguió la celebración por el hecho histórico de la primera consulta popular, ignorando en el discurso que si bien participaron 6 millones 650 mil de los 93 millones 676 mil ciudadanos en el listado nominal, no lo hicieron ¡87 millones 26 mil! 92.9 por ciento, un mensaje que no se quiso leer, al menos en público, en Palacio Nacional, ni con el agravante de la derrota de Morena en su santuario, Ciudad de México, en las elecciones del 6 de junio.
Pero, le decía, el Presidente dio un salto, otro, hacia adelante, cerró el caso de esta consulta, se montó en la revocación de mandato y retó a la oposición a juntarse para sacarlo de Palacio en el referendo del 6 de marzo.
Es decir, López Obrador, como los toreros tras un percance, no uso el verbo para que no se ofendan, se levantó de la arena sin mirarse la ropa, gritó el ¡Dejadme solo, que me echen al que sigue!, ocultando la procesión que traía por dentro, mientras los suyos, que no llenaron el tendido, lo celebraban. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Historias de reportero // Breve recordatorio para el que está pensando en su siguiente consulta
Hay un tercer brote de coronavirus en el país. Hay más contagiados que en las primeras dos olas. Falta de vacunar medio país. El Insabi no termina de jalar y el desabasto de medicamentos aún no se resuelve.
El regreso a clases está agendado en tres semanas. Las escuelas no están listas. Llevan año y medio abandonadas. El presidente dice siempre en sus discursos que hay muchos Méxicos, pero ha definido que para todos esos Méxicos (con distintos semáforos epidemiológicos, hospitalizaciones y contagios) hay una sola orden: todos regresan a clases el mismo día a la misma hora, llueve, truene o relampaguee. Urge reabrir las escuelas. Las familias no aguantan más. Pero la pandemia está desatada. Menudo desafío.
La frontera terrestre con Estados Unidos está cerrada. Hay que conseguir que reabra. La recuperación económica está trunca.
La gasolina está más cara que nunca. El gas LP está más caro que nunca. El gobierno tiene que echar a andar -no se le ocurrió nada mejor al presidente- una empresa para llevar el gas a las casas de la gente. Los gaseros se van al paro en la Ciudad de México y seis estados.
A Pemex le bajaron la calificación. Hay que recuperarla y salvar de la quiebra a la compañía. Al aeropuerto de Santa Lucía le bajaron también la calificación, de hecho, a toda la seguridad aérea mexicana. Urge recuperarla.
La inseguridad está en niveles récord. Ejecutan a 100 personas al día. Los feminicidios siguen aumentando. Y la Guardia Nacional no termina de funcionar. O no empieza aún a funcionar.
Los programas sociales resulta que llegan más a los ricos que a los pobres. En tres años de gobierno, los pobres reciben menos dinero del gobierno porque les quitaron Oportunidades y la suma de las becas y los apoyos de López Obrador suman menos dinero que lo que obtenían antes. Por si fuera poco, a los ricos les llega más dinero del gobierno. Son datos del INEGI. O sea, que el objetivo central del obradorismo –“primero los pobres”– está perturbado. Hay que corregirlo. Hay millones de pobres más a consecuencia de la crisis que acarreó la pandemia.
Ya son dos hermanos de Andrés Manuel López Obrador que aparecen en videos, recibiendo dinero en efectivo y diciendo que es lana para la campaña de su hermano. Los escándalos de corrupción de su propio gobierno crecen y lo cercan. Es otro planteamiento fundacional de esta administración que está resquebrajado.
Dos Bocas está empantanada. También el Tren Maya. La Línea 12 del Metro sigue sin operar.
Puedo seguir.
Mientras este es el estado de su gobierno, el presidente López Obrador tiene como prioridad -lo dejó claro en la mañanera- su siguiente consulta: la revocación de mandato, agendada para marzo del próximo año. Tendremos otra vez a un presidente en campaña. Como le gusta estar. Su estado natural. Provocando a sus adversarios, cucando a sus opositores, culpando de todo a la prensa, concentrado en movilizar a su partido, en alinear su músculo político para una operación electoral que si falla le puede costar la chamba.
Pero al país le vendría bien un gobierno, no una coordinación de campaña. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Plata o plomo // Las prisiones y la errática política del gobierno
El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere mostrarse clemente y sacar a muchos reos de prisión. O al menos así lo anunció en una mañanera reciente.
Según informó, la Secretaría de Gobernación prepara un decreto, que estaría listo esta misma semana, para conceder el beneficio de la libertad a cuatro categorías de presos:
“Primero, sentenciados del fuero federal, o mejor dicho, no sentenciados del fuero federal con más de 10 años sin sentencia que no haya cometido delitos graves van a ser liberados…
Dos, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves …van a ser liberados.
Tres, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados.
Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado.”
Todo esto suena muy bien, salvo por un detalle: varias de esas categorías ya estaban contempladas en la Ley de Amnistía aprobada en abril de 2020. Entonces, ¿para qué un decreto?
Pues lo necesitan porque la Ley de Amnistía es un fiasco. En su primer año de aplicación, según una nota reciente publicada en Animal Político, el gobierno federal solo concedió amnistía a 5 internos, de entre 28,200 personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal.
Se entiende entonces que se quiera buscar otro mecanismo. Pero el decreto que propone el presidente tampoco va a tener mayores efectos.
El primer problema es la restricción de edad. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), elaborada por el Inegi en 2016, solo 3.1% de las personas recluidas en el sistema penitenciario nacional tenía más de 60 años. Tal vez las proporciones han cambiado algo en los últimos cinco años, pero dudo que mucho. Y si a esto le añadimos que solo estarían incluidos los reos viejos que hubiesen cometido un delito “no grave” del fuero federal, el número de beneficiarios potenciales se va a un par de cientos cuando mucho.
Tampoco hay mucha población con más de 10 años en prisión. Según la Enpol, 18.6% de la población privada de la libertad había sido detenida ocho años o más antes del levantamiento de la encuesta. Y eso incluye a población procesada y sentenciada. Añádase la restricción por tipo de delito (federal y “no grave”) y estamos de nuevo hablando de algunas de decenas de personas.
La categoría más grande de beneficiarios podría ser la de torturados, dada la alta incidencia de la tortura en nuestro sistema de justicia. Pero allí el problema es la comprobación. La FGR tiene, según datos oficiales, 114 peritos en psicología forense, de los cuales probablemente no más de una docena están certificados para la aplicación del Protocolo de Estambul. La cola apunta a ser larga.
Es bueno que liberen a unas cuantas personas que no representan un riesgo o que han sido víctimas de maltrato e injusticia. Pero hay que entender que van a ser unas cuantas. El número podría crecer si, como lo han anunciado, los gobernadores morenistas se suman al decreto. Habrá que ver cuántos lo hacen y en qué términos.
Pero si al presidente realmente le preocupa el encarcelamiento de inocentes, podría hacer algo mucho más útil: promover la derogación de las reformas que él impulso para triplicar el catálogo de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Desde que eso sucedió en diciembre de 2018, el número de personas encarceladas sin sentencia ha crecido 25% a nivel nacional.
Eso sí tendría impacto. Eso sí sería una política humanista. Todo lo demás es una simulación. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p .6)
En tercera persona // Los hilos rotos del caso Iguala
Ochenta meses después, acompañados por organizaciones sociales y protegidos por fuerzas federales, los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 recorrieron las calles de Iguala. Las mismas en que sus hijos fueron perseguidos y atacados.
Tocaban puertas. Repartían volantes. Preguntaban a los vecinos si aquella noche habían visto algo.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, ofrecía una recompensa, que supuestamente entregaría el gobierno a quienes recordaran algo que ayudara a llevar adelante la investigación.
“Todos dicen que no saben nada…”.
De acuerdo con Rosales, en todos esos meses la información con que se cuenta “es la misma”: “Solo la declaración del testigo (protegido) ‘Juan’ es la nueva información y sobre esa se realiza esta búsqueda” dijo.
Lo que se tiene, en efecto, es una recompensa, un ofrecimiento de anonimato, y las extrañas declaraciones del testigo “Juan”, que antes había colaborado en la construcción de la llamada “verdad histórica” bajo su nombre verdadero: Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, jefe de sicarios y “capitán de capitanes” de los Guerreros Unidos en la región.
Hace unos días, el propio Vidulfo Rosales dio a conocer que el expolicía ministerial Humberto Velázquez Delgado, alias El Guacho, vinculado a la célula de Guerreros Unidos —que dirigían los hermanos Benítez Palacios (conocidos como Los Peques o Los Tilos)— fue ejecutado en un negocio en el que vendía uniformes policiacos y militares.
Según el abogado de los padres, El Guacho era investigado por los encargados del caso Iguala y la fiscalía “perfilaba acusaciones penales contra él”.
Con su ejecución, se habrían cortado, dijo Vidulfo, “hilos conductores para llegar al conocimiento de los hechos”.
La noche del lunes fue asesinado en Cuernavaca otro miembro de la organización: Moisés Brito, El Bandam, lugarteniente de Juan Flores, La Beba, involucrados también en los hechos de esa noche.
Por otra parte, la epidemia de Covid se ha llevado para siempre testimonios que hubieran sido cruciales. El líder de Guerreros Unidos, Mario Salgado Casarrubias, El Sapo Guapo, falleció en el Hospital Militar de la Ciudad de México justo cuando negociaba con el gobierno mexicano la entrega de información a cambio de beneficios.
El Covid cobró también la vida del general en retiro Marcos Esteban Juárez Escalera, identificado como El Caminante: un personaje que la noche de la desaparición de los alumnos intercambió llamadas telefónicas con varios de los agentes de Iguala, Huitzuco y Cocula involucrados en los hechos y, según la CNDH, funcionó como enlace entre la policía del estado y los Guerreros Unidos.
A causa de la pandemia pereció también el entonces director de la normal rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera: partió sin revelar por qué fueron enviados los estudiantes a Iguala y sin rendir cuentas sobre la evidente infiltración del grupo criminal Los Rojos en la escuela normal.
A casi siete años de aquella noche, los padres recorren las calles de Iguala buscando información sobre sus hijos. Solo tienen un relato “de oídas”, cargado de inconsistencias y contradicciones, que “Juan” le ha vendido a la Fiscalía General de la República, y en el que —mágicamente, milagrosamente— no aparece ya el jefe de sicarios Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil.
La intervención de los chats de los Guerreros Unidos por parte de la DEA muestra plenamente el intercambio de órdenes e información que El Gil y otros líderes del grupo sostuvieron en el transcurso de aquella noche.
Según la “nueva verdad” que López Astudillo relató en su más reciente audiencia judicial, rendida el 20 de mayo pasado y dada a conocer en Milenio por Alejandro Domínguez, un personaje que nunca apareció en ninguna de las investigaciones, ni en ninguno de los expedientes elaborados por las instancias nacionales e internacionales que han intervenido en el caso, dio la orden al Ejército, la Policía Federal, la policía estatal y las policías municipales de que mataran “a todos” los alumnos “para no dejar cabos sueltos”.
Se trata de Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, quien de acuerdo con “Juan” tenía en la nómina a jefes y comandantes de todas esas corporaciones, así como a ministerios públicos, “quienes le rendían cuentas”.
Relata “Juan” que a los alumnos se los llevaron ya muertos, luego de ser detenidos por fuerzas del orden y sicarios de Guerreros Unidos, a fin de desaparecerlos mediante el uso de ácidos y químicos, y que los restos de algunos de ellos fueron desaparecidos en crematorios.
Como no alcanzaron a disolver todos los cuerpos, fueron a esparcir lo que quedaba en zonas cercanas, entre ellas, una mina abandonada en Taxco… También recolectaron otros restos y los fueron a tirar por el rumbo del basurero de Cocula.
Todo esto lo supo “Juan” porque se lo dijeron en un salón de fiestas y en una pozolería, y porque lo vio en un mensaje de BlackBerry.
Todo contradice no solo cientos de testimonios: también evidencias técnicas y científicas que, entre otras cosas, están, para quien quiera verlas, en la recomendación emitida en 2018 por la CNDH.
Debido a una venganza personal, El Gil mandó matar desde la cárcel al Güero Mugres. Según un reporte que ya he comentado en este espacio, elaborado por la PGR, sus enviados, sin embargo, no dieron con él.
En marzo de 2018 un comando sí lo encontró y lo ejecutó en Tonatico, Estado de México. Otro hilo conductor que se corta para dejar solamente un testimonio a todas luces torcido, interesado, mendaz: el del nuevo testigo estrella de la fiscalía. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 7)
Serpientes y escaleras // Moraleja del 1 de agosto: el pasado ya no es lo que era
La estrategia política de señalar al pasado y acusarlo de todo lo malo, sin duda tiene beneficios y le da dividendos coyunturales a un gobierno que inicia. El discurso que ve en el pasado el origen de todos los problemas y de lo que está mal en una sociedad, sirve incluso como legitimador de una nueva administración y puede darle margen de maniobra a un gobernante que despega su mandato. Pero en algún punto, discurso y estrategia de justificar todos los problemas culpando al pasado, tiene fecha de caducidad, cuando la gente empieza a exigir resultados de gobierno y no sólo justificaciones.
Como todo presidente que inicia, y quizás él mucho más que sus antecesores, Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno en 2018 con un bono democrático. 30 millones de mexicanos que habían votado por él le daban no sólo sus mejores expectativas y esperanzas y otros tantos le otorgaban el beneficio de la duda en la llamada “curva de aprendizaje” al comienzo del sexenio. Pero hay un momento en el que empiezan a pesar más los resultados que los discursos y la repartición de culpas al pasado.
No poder presentar resultados concretos de gobierno, no estar concentrado en los esfuerzos institucionales para atender y solucionar las principales necesidades de la gente, hace que se empiece a perder la credibilidad en el gobierno.
El resultado de la Consulta Popular del domingo pasado, más allá del análisis de los números o de la eficiencia organizativa, podría también leerse como un divorcio definitivo de la gente con el gobierno. Un gobierno que impulsa una agenda en la que una buena parte de la sociedad ya no se identifica y no la hace suya.
Lo que se vio el domingo en un ejercicio de participación que si bien es importante y sienta un precedente para la democracia participativa, no parece haber justificado un gasto económico tan grande, de 526 millones de pesos en momentos en los que hay una pandemia en crecimiento y una crisis económica y de recursos en el país. Se diría a partir de eso que la gente y sus necesidades van por un lado y el Gobierno de la República, con su agenda, va por otro camino. Los dos por caminos separados.
Así que el 7.11% de participación final que tuvo la Consulta puede significar muchas cosas, según el cristal con que se quiera ver. Puede ser considerado un “éxito de la democracia” por los 6 millones 608 mil ciudadanos que decidieron salir a participar y expresar su opinión sobre la pregunta planteada, pero también puede entenderse como la comprobación de que, para el gobierno de López Obrador, el pasado ya no es lo que era y dejó de ser una veta y un discurso con el que puede seguirse legitimando y justificando la ausencia de resultados.
En todo caso, si la Consulta Popular y su pretendido “juicio a los expresidentes” era parte de la agenda de este gobierno y de su partido, está claro que la agenda de la 4T ya no es necesariamente la agenda de muchos mexicanos ni de lo que hoy necesita el país.
NOTAS INDISCRETAS…
Ahora resulta que la campaña presidencial del PAN en 2012 se manejó sola y que los gastos, inversiones y erogaciones financieras para el proselitismo del que era entonces el partido gobernante se hizo casi por arte de magia y sin que nadie fuera responsable.
Al menos eso parece tras las reacciones que generó la noticia de que la UIF y la FGR están investigando depósitos y egresos por cerca de 63 millones de pesos, realizados en 2012 a un despacho legal vinculado directamente a Gil Zuarth, que coincidente con las fechas de esas transferencias, era el coordinador de la campaña de la candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota.
Tanto la excandidata y actual senadora del PAN, como el que fuera su coordinador, han salido a deslindarse y a negar que hayan tenido algo que ver con los movimientos de dinero en la campaña presidencial de aquel año.
“Yo no tenía control de los dineros en la campaña presidencial. Según la normatividad entonces vigente, los ingresos y egresos de la campaña debían administrarse en cuentas bancarias mancomunadas entre la tesorería del partido y el responsable de las finanzas de la campaña, que no era yo”, dijo ayer en entrevistas Roberto Gil Zuarth, mientras Josefina también se desmarca de cualquier manejo financiero.
Veremos qué tanto logran documentar Santiago Nieto y María de la Luz Mijangos desde la UIF y la Fiscalía Anticorrupción, respectivamente, pero por lo pronto está claro que Gil Zuarth sigue siendo un blanco muy claro e importante para la 4T, no sólo por sus conexiones políticas con el calderonismo, con el priismo de Peña Nieto y sus reformas y con el gobernador tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca, sino también porque hay otras razones extrapolíticas que lo han colocado como un objetivo prioritario para el combate a la corrupción del pasado reciente.
Diríamos, por no decir más, que la investigación y denuncias contra el panista tiene que ver con las sábanas de información, con las sábanas financieras y de gastos de campaña, pero también con las sábanas de seda…
Ayer comenzó lo que bien podría llamarse “la guerra del gas”. Las reacciones de las empresas gaseras al nuevo sistema de fijación y control de precios máximos del gas en el país ya comenzaron y lo hicieron de una manera extrema: con un paro ayer de 8 mil pipas de gas LP que dejaron de abastecer el combustible a toda la Zona Metropolitana del Valle de México y a otros cinco estados de la República.
Anoche dueños de pipas para tanques estacionarios y de camiones repartidores de cilindros de gas, anunciaron que mantendrán su paro a nivel nacional “de manera indefinida” hasta que el gobierno rectifique en la disminución de cerca del 11% de los precios del gas que fue decretada este lunes por la Comisión Reguladora de Energía y que, según los distribuidores del gas en todo el país, les vuelve incosteable su actividad.
Empezó dura la “guerra del gas” y eso que, hasta ahora, los cinco grandes consorcios, que según el gobierno controlan el mercado privado del gas, Grupo Tomsa, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza, no han dado la cara ni han dicho esta boca es mía, aunque no es difícil adivinar que son los poderosos dueños del sector gasero los que están moviendo los hilos del paro nacional decretado por piperos y camiones repartidores de gas.
Se sabe también que los consorcios preparan ya una batería de amparos para oponerse al decreto de la CRE y considerarlo inconstitucional. En fin, que el presidente López Obrador, con sus medidas, decretos y reformas, ha enfrentado y enfrenta ya varias guerras jurídicas, entre ellas las del sector eléctrico, la de la ampliación de mandato del ministro presidente de la Corte, la de su Ley de Telecomunicaciones que propone crear el cuestionado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y algunas otras que están pendientes de resolverse en la Suprema Corte de Justicia y en los Juzgados federales.
Pero quizás por duras que han sido las batallas políticas y jurídicas en otros temas, ninguna será tan explosiva como la guerra del gas, que por su propia naturaleza le puede estallar en la cara al gobierno y a los mexicanos. Y eso que aún no se crea la anunciada empresa estatal del Gas Bienestar… Los dados giran. Tocó Serpiente. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
Coordenadas // ¿Podrá decirle “no” Ramírez de la O al presidente?
Si todos los secretarios fueran como Rogelio Ramírez de la O, que ayer fue ratificado por la Cámara de Diputados como secretario de Hacienda, este gobierno… no sería el de AMLO.
En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara fue cuestionado por diversos legisladores. No se la pusieron fácil.
Le pidieron que mostrara conocimiento, criterio y habilidad política. No dejó pregunta sin contestar y abrió la puerta a los legisladores.
Cuando le cuestionaron si –como se dice en los pasillos de las instituciones financieras– él condicionó su aceptación al cargo a que le dieran mayor control del ámbito energético, no ocultó los hechos.
Obviamente nunca usaría el verbo “condicionar”, pero sí fue claro en que pidió al presidente “estar informado” y “tener voz” respecto a las implicaciones fiscales de los temas relacionados con las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE.
Lo cual es una forma elegante de decir que sí, que va a estar directamente involucrado en las decisiones financieras de estas empresas. (Enrique Quintana, El Financiero, Página Dos, p.2)
Bitácora del director // ¿Y dónde está el Estado?
México es un país donde grupos delincuenciales enfrentados suscriben treguas para no interferir en sus respectivos territorios; donde las autoridades constituidas llaman a los criminales a dejar que los ciudadanos trabajen y vivan en paz; donde víctimas de la violencia graban mensajes para pedir a los sicarios que les den garantías a fin de buscar a sus familiares desaparecidos y donde la Iglesia sirve de intermediaria entre los gobernantes y grupos de ciudadanos que se han armado para enfrentar a narcotraficantes, plagiarios y extorsionadores.
Pero vayamos por partes:
1) La madrugada del 26 de julio apareció una serie de mantas en los municipios de Reynosa, Tampico, Padilla y Matamoros, Tamaulipas, en las que se daba cuenta de una negociación de “paz” entre las facciones del Cártel del Golfo que llevaban años disputándose violentamente el control territorial. Un mes antes, dicho conflicto había llevado a dos de esos grupos a irrumpir en Reynosa para “calentarle la plaza” a otro de ellos, sembrando el terror y matando a 15 habitantes al azar. En las mantas, los criminales prometían dedicarse “a lo que realmente nos compete en nuestra empresa (sic)”, a fin de que “los pueblos que cuentan con nuestra presencia se sientan seguros con ella, sin preocupación alguna”. Al día siguiente, apareció ejecutado el hombre a quien se señalaba por haber dirigido la masacre de civiles en la ciudad fronteriza: Édgar Valladares Hernández, El Maestrín.
2) “Le pido a la delincuencia que le baje”, fue la solicitud que hizo el presidente municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas, Servando López Moreno. El pasado lunes se divulgó en redes sociales un video grabado por el alcalde de extracción priista en el que pide a los criminales “paz y tranquilidad” para los habitantes de la llamada Región Ribereña, luego de que el 29 de junio aparecieron nueve cuerpos baleados y mutilados en el poblado de Los Guerra, sobre la carretera que une a Miguel Alemán con Mier, a menos de dos kilómetros del río Bravo. Los cadáveres fueron descubiertos al amanecer por automovilistas que transitaban por ahí. “Sé que mis declaraciones van a causar polémica”, aceptó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. “Ya no queremos más guerra. Y esto lo digo para todos los grupos, no sólo para uno: no queremos violencia, queremos paz social”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Razones // Y cuando despertamos, López-Gatell seguía ahí
Según cuentan dentro de la propia administración federal, los principales funcionarios del presidente López Obrador e incluso el propio mandatario están hartos del subsecretario López-Gatell, aún defendido en público, pero defenestrado en privado.
Mientras los casos de covid se disparan dramáticamente, 20 millones de vacunas están almacenadas (o “desfasadas”, diría el subsecretario) y no se aplican, no hay una respuesta coherente sobre cuáles son los pasos a seguir, las medidas a tomar ante la nueva ola de contagios.
Se entiende que no se puede volver a cerrar la economía y hay que reconocer que la política de obtención de vacunas (que no pasó por Salud, sino por Relaciones Exteriores) ha sido eficiente (no así las políticas de vacunación), pero resulta increíble que no se lancen anuncios sobre nuevas medidas de prevención, que no se pida a los turistas, por lo menos, una prueba de antígenos para ingresar al país, que no se planifique con detalle el regreso a clases presenciales o al trabajo, que no se revisen, con base a lo que está sucediendo a nivel global, las políticas de vacunación.
La llamada variante Delta se está extendiendo con rapidez, es más transmisible que las anteriores y casi todos los países están tomando medidas de prevención al respecto. El gobierno de Biden, en Estados Unidos, donde ya el 70% de la población adulta está vacunada (la meta se alcanzó la semana pasada y se ha inmunizado a cerca del 50% de toda la población), está estudiando hacer obligatoria la vacunación de todos los trabajadores federales, necesitan vacunar más para reducir contagios y muertes. No quieren perder el control del proceso, lo que podría incluir, en esta segunda mitad del año, la aplicación de una tercera dosis.
Para colmo, como ya lo habían adelantado muchos especialistas, el equipo de Salud ha manejado mal o dolosamente las cifras de la pandemia: oficialmente teníamos, al lunes pasado, dos millones 861 mil contagiados y 241 mil 279 fallecidos. Pero el Inegi informó esta semana que sólo en 2020 murieron por covid 201 mil personas, no las 149 mil que reportó el gobierno federal y, con esas estimaciones, creen que los fallecimientos por la pandemia deben sumar, a estas fechas, por lo menos unos 325 mil. Esas son cifras de una institución pública como el Inegi. Hay estudios privados que elevan ese número a más del medio millón de fallecidos y quintuplican el número de contagiados. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
Desde el piso de remates // Ramírez de la O: como pez en el agua
Muy bien le fue a Rogelio Ramírez de la O en su primera comparecencia ante legisladores, quienes le manifestaron, todos, su apoyo para ratificarlo como secretario de Hacienda.
Hay que recordar que Ramírez de la O, con su larga trayectoria como asesor del presidente López Obrador y de grandes empresas del sector privado, nunca ha sido funcionario público y, sin embargo, durante su comparecencia se mostró muy tranquilo y seguro de sí mismo, tanto en su discurso inicial como en las respuestas a los legisladores que, hay que reconocerlo también, no fueron muy incisivas.
Reiteró que se mantendrá la estabilidad macroeconómica sin un mayor déficit público, que es una de las prioridades de López Obrador, pero también impulsar el crecimiento y desarrollo económico, desde luego, con un énfasis en programas sociales y para generar mayores oportunidades, tanto para nuevas generaciones como para los grupos más vulnerables. (Maricarmen Cortés, Excélsior, Dinero, p. 4)
Jaque Mate / Esto queda abierto
El presidente López Obrador lo señaló el 3 de agosto: “Esto no descarta la posibilidad de que haya juicios: la autoridad tiene, en todo momento, derecho de actuar cuando se trate de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. Esto queda abierto”. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, lo dijo de otra manera: “El hecho de la consulta no implica enterrar o archivar como definitivos los expedientes o las causas que pudieran existir de conductas antijurídicas de los expresidentes, eso es independiente de los resultados de la consulta. Las investigaciones de carácter criminal o las investigaciones de carácter penal que existan sobre los expresidentes no se pueden detener; esas van a continuar, independientemente de los resultados de la encuesta”.
Efectivamente, si hoy o mañana surgen elementos que permitan suponer que cualquier expresidente cometió algún delito, las fiscalías tendrán la obligación de presentar acusaciones formales. Si no lo han hecho es por omisión, lo cual sería un delito, o porque no hay pruebas. La consulta de 522 millones de pesos no era necesaria.
Pero ¿de qué se quiere acusar a los expresidentes? ¿Cuáles son sus presuntos crímenes?
Algunos afirman que cometieron delitos de lesa humanidad, que violaron derechos humanos, que ordenaron torturas. No es tan claro, sin embargo, que haya pruebas. En noviembre de 2006, por ejemplo, se acusó de “genocidio” a Luis Echeverría por su presunta participación en la matanza de Tlatelolco de 1968 y en el halconazo de 1971, pero tres años después fue exonerado.
Otros acusan al expresidente Felipe Calderón de haber comenzado la “guerra contra las drogas”. Calderón lanzó en diciembre de 2006 en Michoacán, efectivamente, unos operativos conjuntos de militares y policías, pero él no empezó la guerra contra el narco. Esta la lanzó en 1971, hace 50 años, Richard Nixon desde Estados Unidos. En los años ochenta el Ejército mexicano ya estaba involucrado en tareas policiales. En 1984, recordemos, los militares tomaron el Rancho Búfalo de Rafael Caro Quintero en Allende, Chihuahua, donde había un extenso cultivo de marihuana. Por otra parte, si usar las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia fuera un crimen, el presidente López Obrador lo estaría cometiendo hoy también.
Yo siempre me he opuesto a la guerra contra las drogas: la prohibición no es ni ha sido nunca una estrategia adecuada para enfrentar un problema de salud pública. Sin embargo, no tiene sentido enjuiciar a un expresidente, como Calderón, por haber tratado de hacer cumplir la ley. Sería un delito, en cambio, no cumplirla al liberar, por ejemplo, a un presunto narcotraficante, como Ovidio Guzmán, ya detenido por el Ejército, sí, por el Ejército. Se acusa a Calderón de haber provocado decenas de miles de muertes por la guerra contra las drogas; quizá, pero ha habido más homicidios en el actual gobierno.
El Presidente afirma que todos sus predecesores fueron corruptos. Si hay pruebas, las autoridades tienen obligación de consignarlos. Al parecer, sin embargo, no hay pruebas o no hay intención de actuar. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, a pesar de que las declaraciones de Emilio Lozoya involucran directamente a Enrique Peña Nieto, el expresidente no ha sido siquiera citado a declarar.
La consulta no era más que una excusa. El propósito del Presidente era seguir culpando a sus predecesores de todos los problemas del país. No parece haber pruebas contra los expresidentes. Si las hubiera, no habría sido necesaria la consulta.
El Presidente y su equipo deberían estar preocupados. Una vez lanzada la persecución contra los expresidentes, las siguientes víctimas podrían ser los miembros del actual gobierno. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.8)
El Espectador // Raquel Buenrostro no renunció
Raquel Buenrostro, la matemática que encabeza el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal como se esperaba, se molestó cuando le quitaron las aduanas, pero no renunció, aunque todos los involucrados en el movimiento estratégico esperaban que lo hiciera.
No la quieren porque parece que, igual que el Andrés Manuel López Obrador, da la sensación que no escucha a la gente que le habla. Pero a diferencia del tabasqueño, ella no es la jefa máxima del gobierno en turno, simplemente es una pieza de recaudación que no ha conseguido movilizar los recursos que le exigen en Palacio Nacional.\u0009
La creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México genera muchas interrogantes, sobretodo en el tema de seguridad nacional y fondos secretos para la presidencia de México. Llama mucho la atención que los encargados de la transición, que se espera en septiembre a más tardar, han tratado de transparentar todos sus movimientos, en espera de cualquier ataque que trate de opacar sus esfuerzos.
Lo cierto es que Horacio Duarte Olivares, un político de Texcoco que destaca por ser uno de los abogados de Andrés Manuel López Obrador, en los días más difíciles del tabasqueño, se convirtió de la noche a la mañana en un hombre clave de la administración que actualmente ostenta el poder y las reglas del juego. Se convirtió en una pieza clave que le resta poder a Buenrostro –que ya andaba operando por su cuenta— y abre un nuevo horizonte en la recolección de dinero que en estos momentos no se percibe desde ninguna trinchera. Los empresarios incluso bromean, dicen que esta administración está como compuesta por hijos de millonarios, juniors de 20 años que saben gastar, pero no saben ganarse el dinero. No se ve, luego de tres años de gobierno, una seriedad en la forma de generar dinero, solamente gasto y pretextos.
Sin desviarnos del asunto, resulta que la nueva agencia de aduanas estará recolectando más dinero, este año esperan hasta un billón de pesos por ese concepto. Horacio Duarte tiene una misión muy delicada, recolectar fondos y además combatir el tráfico de diésel desde el norte, combustible que le pega directamente a los negocios de Pemex y que genera una red de tráfico de influencias que desde Palacio Nacional quieren anular. Además, un tema que preocupa a Ken Salazar, el próximo embajador de Estados Unidos en México, es el tráfico de fentanilo que pasa desde China, por México, hasta su país. Es una de las grandes preocupaciones de Washington de la que están conscientes en la Cuarta Transformación. Eso también cae dentro de la cancha de Duarte. Y hay muchos asuntos que conocen y que saben que deben combatir, como el tráfico de otras drogas, de textiles, de automóviles y de amiguismo en puntos clave para la seguridad nacional.
Nos confían en corto que ya están en la mira muchos personajes de la 4T que siguen haciendo negocios al margen de la ley, amparados por las redes que se han tejido en aduanas con poder, dinero y violencia. Que Horacio Duarte sabe lo que está pasando y con su perfil político y amistad con el mandatario tratará de combatir de frente, pulcramente, antes de que todo se salga de control y el ajuste en aduanas se quede como una anécdota más de los buenos deseos de este gobierno.
No pierda de vista lo que sucede en Baja California ni por los rumbos de Colima. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p. 5)
¡Destapados!
En el viejo Régimen se conocían como “Tapados”. Ahora son ¡Destapados! AMLO encuentra otra treta para mantener ocupada a la opinión pública. El desgaste de sus diatribas cotidianas de las mañaneras es notorio, pero, imaginativo como es, inventa el acicate con el que cree atraerá de nuevo, los reflectores.
Desgrana nombres sin ton ni son, de colaboradores que no merecerían estar ni en la nómina de una oficina “de cuarta”. El punto está en que se olviden las fallas de su protegida, a la que cuida más que a la niña de sus ojos.
La tragedia de la Línea 12 del Metro y la debacle electoral en la CDMX –en la que Morena perdió hasta los calcetines-, la mandó a la olla. Si ya estaba en la mira de muchos de sus “colegas”, los dos hechos la enfocaron como la “pepita que se quedó sin comal”.
Aunque sigue sin esclarecerse la verdad de las causas de lo sucedido, con la caída del par de vagones, ninguno de los responsables del tema quedará exonerado ni limpio de culpa. Marcelo Ebrard, lo construyó; le siguió Mancera, que debió darle mantenimiento y otro tanto, la propia Claudia Sheinbaum.
Vergüenza debería darles el que, hasta ahora, nadie responda por la muerte de 27 personas, las heridas de más de 70 y la agonía que vivieron todos los que se encontraban en el mortal trayecto. A las víctimas, dígase lo que se diga, tampoco se les dio, ni da, la ayuda correspondiente al daño, así solo fuera emocional.
A los deudos de los fallecidos se supone que les depositaron más de un millón de pesos (El miedo de la interfecta no anda en burro), pero a quienes sufrieron daños físicos de consideración, se les tiene en el olvido.
En cuanto a la pérdida de nueve alcaldías en la Capital, qué esperaban. Sus titulares resultaron bastante peores que los del pasado y encima, más sordos y ciegos para escuchar las quejas de la población. Los “suspirantes” nominados por Sheinbaum, por otra parte, de bramar.
Tanto el tlatoani, como su calcamonía, Claudia, culpan a una “campaña sucia en los medios de comunicación”. Donde hubo una autoridad competente y eficaz, consiguieron la reelección. Lo demás fue un voto de castigo.
El tabasqueño busca preservar a su proyecto estrella para el 24, defendiéndola a capa y espada. Del Metro, ya dijo que él se iba a ocupar de la información (Escupirá una sarta de mentiras, como las que acostumbra). A la susodicha la conminó a “acercarse a la gente” y le hizo cambios al gabinete, en el que se incluyó como Secretario de Gobierno, al líder porril, Martí Batres, especialista en mover a los de abajo, a cambio de los consabidos dineros y privilegios (Ambulantes, cuadros juveniles y demás). De este personajillo habría que recordar su involucramiento en el negocio de la leche Bety, entre otras porquerías.
Hay quien vio el “destape” con un cariz de acto democrático. La realidad es que pone a los nominados a sacarse los ojos antes de tiempo y los sitúa en una pelea que, de acuerdo a la trayectoria de algunas de las tribus morenacas, podría ser a muerte.
Ya tiene cantaleta para rato, aunque considera, en el fondo de su alma, que la única que podría seguir con su proyecto de la 4T es su incondicional capitalina, dispuesta a seguir sus instrucciones, “sin quitarles una coma”.
Habrá que ver si hay algún avance en la inseguridad, en el fallido sistema de salud y en la economía. Entonces será el momento de pensar en a quien elegir en la papeleta. De momento, todos están verdes. (Catalina Noriega, El Sol de México, Análisis, p. 14)
Astillero
La rebelión de los gaseros // El zorro en el gallinero// Inflación y Claudios // Plan de Ramírez de la O
La venta al público de gas licuado de petróleo (gas LP), el de uso doméstico generalizado, ha estado históricamente definida y dominada por los intereses de las propias empresas productoras y distribuidoras, con una incesante desatención al público (con frecuencia, maltrato y prepotencia de los operadores de los vehículos de reparto o en las oficinas administrativas, en cuanto a quejas), prácticas fraudulentas por sistema y acuerdos de las cúpulas de ese negocio para imponer precios y condiciones de servicio.
Este 29 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales (https://bit.ly/3ynbLFT).
La CRE es presidida por Leopoldo Vicente Melchi García, ingeniero químico veracruzano de larga trayectoria en tareas relacionadas con Pemex, pero no en cuanto a mercados de gas y energéticos. Melchi tiene cercanía con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y fue designado por el Senado el 17 de octubre de 2019, a partir de una terna propuesta por la Presidencia de la República (https://bit.ly/3jn2nvs). (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Dinero
No alza de impuestos, no deuda, sí austeridad // FMI lanza anzuelo por 650 mil mdd // PAN comienza campaña por revocación
Pide Biden renuncia de gobernador
La ciudad de Nueva York requerirá certificado de vacunación para los trabajadores y clientes en restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento bajo techo, dijo el alcalde Bill de Blasio. Anunció la Llave del NYC Pass, la primera en Estados Unidos que se exigirá como requisito a los empleados y clientes. La política, promulgada mediante orden ejecutiva de la alcaldía y mandato del departamento de Salud, se lanzará el 16 de agosto y se introducirá gradualmente a partir del 13 de septiembre.
No todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, lo entiendo, dijo De Blasio. Sin embargo, para muchas personas esto va a ser un salvavidas. Por otro lado, el presidente Biden pidió la renuncia del gobernador Andrew Cuomo (ambos pertenecen al Partido Demócrata), a la luz del informe de la fiscalía que lo acusa de haber acosado sexualmente a varias empleadas de gobierno.
El presidente López Obrador pidió al gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el cese del fiscal Carlos Zamarripa, debido a los resultados que posicionan al estado como el más violento, y no ha sido atendido. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
Michoacán: ¿Por qué Aureoles no paga?
Miles de profesores michoacanos realizan, desde el viernes pasado, actos de protesta en las 22 regiones sindicales de la entidad para exigir que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo les pague salarios y prestaciones rezagadas que suman un adeudo de 3 mil 500 millones de pesos.
Según la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la administración perredista apenas les ofreció pagar la segunda quincena de julio el próximo 12 de agosto, por lo que ayer continuaron con los actos de protesta, como la toma de oficinas municipales y el bloqueo de accesos carreteros a la capital del estado y al aeropuerto internacional Francisco J. Múgica.
El conflicto no afecta únicamente a los docentes, pues desde principios del mes pasado se han atrasado las quincenas en el sector salud, a los trabajadores del Poder Ejecutivo local e incluso a la policía. Tampoco es un hecho inédito: a partir de enero de 2019 se han registrado oleadas de inconformidad del magisterio michoacano debido a la retención de pagos de bonos y primas vacacionales, en el transcurso de las cuales se han bloqueado vías de comunicación e incluso tramos ferroviarios, con lo que se puso en jaque el transporte de mercancías en esa zona del país. (Editorial, La Jornada, p. 2)