Las horas pasan y el pánico cunde en el paraíso de los ricos. (La Jornada, Contraportada)
LOS EXPERTOS financieros siguen desconcertados con el plan del Presidente para el Banco del Bienestar. Les da la impresión de que el mandatario no sabe o no entiende qué es y cómo funciona un banco.
A MUY grandes rasgos, los bancos hacen negocio captando dinero del público y prestándolo. Es una fórmula que ha funcionado por siglos. Sin embargo, López Obrador ve el Banco del Bienestar como un gigantesco cajero automático. Es decir, lo quiere para repartir cientos de miles de millones de pesos, tanto en dádivas de programas sociales como en salarios de la burocracia. ¿De dónde sale ese dinero? De los contribuyentes. Y como AMLO no quiere que la institución cobre comisiones ni gane dinero, entonces toda esa infraestructura va a tener que ser subsidiada… ¡también por los contribuyentes!
PARA construir y equipar las 2 mil 700 sucursales se van a gastar 11 mil 500 millones de pesos. Y la operación sería de 6 mil 750 millones anuales. Es decir, los mexicanos pagarán todo ese subsidio… para repartir otros subsidios. ¿Y la lógica, apá?
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AYER corrió fuerte el rumor de que Manuel Bartlett se había ido a trabajar a las plataformas de Facebook y WhatsApp, por aquello del mega apagón. Pero fue falso, no exageren.
LO QUE sí es un hecho, es que la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal sigue ganando rechazos. Y es que, nomás de entrada, resulta violatoria del T-MEC, del Acuerdo Transpacífico (Tipat) y de varios artículos de la propia Constitución. Ante esto, resulta extraño escuchar al priista Alejandro “Alito” Moreno decir que van a escuchar todas las voces, antes de que el PRI decida su voto. ¿Pos qué no está oyendo? Es pregunta.
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DENTRO de la 4T hay quienes se preguntan qué va a pasar con Julio Scherer Ibarra. Meses antes de que saliera del gobierno, se decía que era el bueno para ocupar la próxima vacante en la Suprema Corte. En diciembre concluye su periodo José Fernando Franco González Salas.
LA JUGADA iba a ser que renunciara para que dejara pasar unos meses, dado que al consejero jurídico no se le aplica la regla de un año previo para ser ministro. Sin embargo, ahora que las circunstancias de su renuncia no están del todo aclaradas y que fue involucrado en el caso de los Pandora Papers, dentro del propio equipo presidencial se preguntan si todavía está en la lista.
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ESTE AÑO el Premio Nobel de la Paz debería ser para Mark Zuckerberg. Pues nada le ha dado más paz a la gente que las siete horas del apagón de WhatsApp, Facebook, Instagram… (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
El secreto del hermano de AMLO
Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que también entre los hermanos hay secretos y más cuando se trata de cuestiones de Estado. Desde las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, Puebla, el mandatario dio a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, ya le había dado a conocer que su nombre aparecía en la lista de los 3 mil mexicanos que enviaron dinero a paraísos fiscales, lo que hoy se sabe es el caso “Pandora Papers”. Don Jorge le hizo saber a su jefe, el Presidente, que en su caso se trató de una inversión de tres millones de pesos que realizó en 1998 utilizando el monto que obtuvo por la venta de sus acciones cuando se retiró de la empresa ICA, además le comunicó que en esa inversión fue defraudado por Stanford Trusts Company. En contraste, cuando se le cuestionó si el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien dejó el cargo en septiembre, había hecho lo mismo, el mandatario dijo que no. Añadió que como el abogado ya no trabaja en el gobierno federal, él tendrá que aclarar las fechas, montos y origen de los recursos que supuestamente invirtió en paraísos fiscales y si pagó impuestos. El presidente López Obrador dijo apenas el mes pasado que considera a Scherer Ibarra “un hermano” y que fue uno de sus más cercanos colaboradores. ¿Tendría don Julio un secreto que no le compartió a su “hermano” el Presidente?
Morena cuida al fiscal Gertz
Pese a que la oposición en la Cámara de Diputados apoyó a Morena y sus aliados para citar a comparecer al titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, no hubo reciprocidad por parte de los morenistas a la petición de los opositores para que compareciera el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a la investigación que realiza por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de 31 científicos. El compromiso, nos recuerdan, era que PRI, PAN y PRD apoyarían la rendición de cuentas del consejero electoral ante el pleno, a cambio de que Gertz hiciera lo mismo. Sin embargo, nos dicen que ayer en la reunión de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, ni siquiera sometió a votación la propuesta. El fiscal Gertz tiene su escudo en San Lázaro, nos dicen.
¿Comités de Defensa de la 4T recaudarán fondos?
Nos detallan que los llamados Comités de Defensa de la 4T que este domingo fueron presentados no son una idea reciente, pues al menos, nos indican, es una organización que ya se venía formando desde el año pasado y con los que, al parecer, se busca hacer negocio. Esto, nos hacen ver, debido a que en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se tienen dos solicitudes —2445036 y 2445036— desde el año pasado para tener los derechos de marca y logos de estos comités para la “organización de charlas y conferencias”. ¿Será que además de buscar defender a la autollamada 4T, también serán un medio para obtener fondos para la causa?
Se deslinda la CNBV de designar interventor en caso del Banco Accendo
La semana pasada le comentamos que tras la revocación de licencia del Banco Accendo, Margarita de la Cabada, vicepresidenta de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había logrado que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) designara como interventor a la empresa KPMG, bajo el argumento del renombre de la empresa, mas no de interés personal. Al respecto, la Secretaría de Hacienda, la CNBV y el IPAB aseguraron en una comunicación conjunta a este espacio, que la designación de un apoderado liquidador del IPAB no recae en la CNBV, o en su vicepresidenta de normatividad. Señalan que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, la designación corresponde a la Junta de Gobierno del IPAB. De igual forma, sostienen de la Cabada no participó en la sesión de la Junta de Gobierno en la que se aprobó dicha designación. (El Universal, Nación, p. 2)
Relax. Mario Delgado, líder de Morena, urgió a los militantes a no pelearse, al garantizar que habrá piso parejo para la selección de candidaturas en los procesos electorales de 2022 y 2024. Esto, ante las críticas que ha recibido por parte de consejeros nacionales que se quejan de sus decisiones. “Vayamos todos unidos, nada de pelearnos, nada de sectarismos, nada de politiquería. Tenemos que reorganizarnos y salir a las calles, visitar casa por casa y permanecer cercanos a la gente para que siga adelante el proyecto de transformación”. En la pasada repartición de candidaturas a diversos cargos, no todos quedaron contentos. El reto es que no vuelva a suceder. Nomás.
Escollos. Por no haberse turnado la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, enviada el viernes pasado por el Ejecutivo a la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados, además de que ni siquiera se ha formalizado su integración, no hay condiciones para votarla esta semana, señaló el Partido Revolucionario Institucional. El PRI afirmó que sus legisladores en San Lázaro serán responsables con el estudio de este documento, dándole prioridad al fortalecimiento del sector eléctrico, aunque también buscando que no se deterioren más las finanzas públicas de México. El partido que lidera Alejandro Moreno va por la conformación de foros sobre el tema. Es decir, va para largo.
Siguiente round. De manera inédita, la Cámara de Diputados hará una evaluación integral sobre el funcionamiento del INE, adelantó Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro. Aseveró que el instituto ha asumido funciones “metaconstitucionales”, al pasar de ser un órgano administrativo, para convertirse en uno “legislativo, fiscalizador, tribunal inquisidor, en un auténtico templo de ególatras y vanidosos”, afirmó. Consideró sin precedentes en la Cámara de Diputados que se haya aprobado por mayoría la comparecencia del consejero presidente Lorenzo Córdova, justo antes de que comience el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. La lucha de gigantes continúa. Y heridos seguro habrá. ¿De qué bando?
De lejos. Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del PAN, compareció ante un juez federal del Reclusorio Norte. Sin embargo, la diligencia virtual en la que la Fiscalía General de la República imputaría formalmente los cargos por supuesto soborno, en el que habría incurrido al avalar las reformas estructurales del pasado sexenio, fue pospuesta para el próximo lunes 8 de noviembre. Este retraso se debe a que el pasado 1 de octubre el agente del Ministerio Público Federal proporcionó a Anaya poco más de mil fojas adicionales a la carpeta de investigación aperturada en su contra y de las cuales apenas conocería su contenido. ¿Y si se pronuncian cargos en su contra, dejará la guarida y se entregará a la justicia? ¿O prefiere arreglarlo por internet?
De estreno. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que la nueva política que su gobierno representa no acepta los tratos en lo oscuro ni los arreglos. Celebró su primer evento oficial y tomó protesta a su secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco. Resaltó que Nuevo León ya no admite esos antiguos secretarios generales que se movían en las tuberías y el inframundo. Mencionó que invitó a Navarro Velasco a conducir con él la política interior del estado porque los buenos oficios, transparencia y apertura del reconocido abogado serán el signo de su nuevo gobierno. “La nueva política no admite el chantaje”, estableció. En el discurso suena espléndido, lo difícil es llevarlo a la realidad. Hágale. (Excélsior, Nacional, p. 13)
Que la especulación se desató en el Senado a propósito de la confirmación del Presidente de que no asistirá a entregar la Medalla Belisario Domínguez, en sus palabras, porque no quiere que la panista Lilly Téllez le falte al respeto y haga un escándalo, ya que hay quienes creen que más bien AMLO se ahorrará así la fotografía con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mientras que otros ven un desaire a Ifigenia Martínez, la premiada, quien históricamente ha sido una aliada de Cuauhtémoc Cárdenas.
Que ni modo, gajes del oficio, el nuevo alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, tuvo que arremangarse la camisa y responder a alusiones, dando la razón a López Obrador: “Señor Presidente, no se equivoca, la colonia Del Valle sí aspira a tener cada vez mejores servicios urbanos, seguridad, trabajo, escuelas y atención médica de calidad, y es un aspiracionismo legítimo”.
Que en oficinas del gobierno no pasa desapercibida la mala racha que ha tenido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, desde diversos flancos, porque hace unas semanas una jueza amparó a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, hija de Laura Moran Servín, a las que acusa de la muerte de su hermano Federico, y ahora sufrió un nuevo revés porque se le ordenó no volver a violar la presunción de inocencia de Rosario Robles Berlanga, luego de los comentarios que hizo sobre la ex funcionaria el año pasado en el Colegio de México. Si se le suman la suspicacia por eventuales refritos de investigaciones académicas…
Que el Estado de México se perfila a ser la entidad 25 en aprobar el matrimonio igualitario luego de que los diputados morenistas Anaís Burgos y Daniel Sibaja trabajaron en una iniciativa que presentarán ante el pleno hoy. El proyecto cuenta con el beneplácito del presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, y todo pinta favorable porque saben que el gobernador no meterá las manos para bloquear ese derecho, que la propia Corte y su titular, Arturo Zaldívar, reconocen y protegen. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Anuncio presidencial
De último momento, el presidente Andrés M. López Obrador avisó que no acudirá al Senado el próximo jueves, a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez. Será la primera vez que no asista el mandatario en turno y en la que se entreguen dos preseas: una en vida, a Ifigenia Martínez, y otra, post mortem, al doctor Manuel Velasco.
Sin imposiciones
No tardaron nada los seguidores del ala radical morenista en alborotar las redes sociales con ataques a Ricardo Monreal, por las declaraciones en las que pide piso parejo para todos los aspirantes a la Presidencia de la República, sin imposiciones. Lo que queda claro con esto es que no hay tolerancia de los grupos extremos.
Reviven Médico en tu casa
Garantizar servicios de salud a los habitantes de las comunidades más remotas y marginadas de Tlaxcala se propuso la gobernadora Lorena Cuéllar, por lo que oficializó la implementación en su estado del programa Médico en tu casa. El mismo que generó resultados positivos en la CDMX y se exportó a 18 países alrededor del mundo.
Al que madruga…
El presidente López Obrador puso como ejemplo al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien sólo ha faltado una vez a las 252 mesas de seguridad que se llevan a cabo en coordinación con el gobierno federal. Sin dar nombres, el mandatario dijo que en otros estados prefieren no mostrar la estadística y señaló que quizá es porque no quieren levantarse temprano.
Coincidencias
Nos hacen saber que los alcaldes de la CDMX se preparan para que, en la próxima Reunión de Cabildo, donde se encontrarán con Claudia Sheinbaum, den a conocer las necesidades económicas que tienen sus alcaldías, porque varias de ellas carecen de lo mínimo indispensable para arrancar funciones, y es algo en lo que coincide el gobierno central. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
¡De involucrado a testigo estelar!
Así que tras los reclamos que hicieran familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y grupos que se mueven en su entorno, por la difusión de la conversación entre un mando policiaco de Iguala y El Gil, señalado como parte del grupo criminal Guerreros Unidos, hace 7 años, fue el subsecretario Alejandro Encinas quien defendió la decisión del gobierno de transparentar algunas partes de la investigación— en este caso, información que se allegó el Ejército—, al rechazar que, como dijeron aquéllos, se pusiera en peligro la indagatoria. Ayer mismo, el periodista Héctor de Mauleón dio cuenta en su columna que El Gil es testigo colaborador y fundamental en el caso que lleva el fiscal Omar Gómez Trejo, apoyado por el GIEI. Por cierto que cuando le preguntaron a Encinas sobre la difusión de la conversación, éste respondió: “Estoy consciente que no va a dañar de ninguna manera, sino que puede alentar el avance en las indagatorias”.
Edomex y los constantes anuncios de inversión
En estos tiempos de reactivación, en donde prácticamente cada semana se agregan anuncios relevantes en materia de inversión productiva es en el Estado de México, entidad que gobierna Alfredo Del Mazo. Y es que ayer se informó que Hasbro invertirá 20 millones de dólares en el proyecto Imagic Park, enfocado al entretenimiento familiar, y que, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece la entidad, tendrá su sede en el municipio de Huixquilucan. Las firmas Happy Nation y Reinventing Entertainment coparticipan en el desarrollo de este proyecto que permitirá la creación de 450 empleos, centralmente para jóvenes, además de ser el primero en su tipo a nivel mundial y el primero de 12 que las referidas empresas buscan tener en el país. Se espera que una vez concluido pueda recibir anualmente hasta 300 mil visitantes. La existencia de garantías a la inversión es un tema de atención prioritaria en la entidad, nos aseguran.
La intensidad del preparativo
Con la novedad de que en el Senado desde hace varios días se realizaban varios trabajos de preparación para recibir al Presidente para la ceremonia de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez. Sobre todo eran, nos aseguran, diversas medidas de logística y seguridad las que se instrumentaban para que todo fluyera correctamente en su momento. Sin embargo, tras anunciar el mandatario que no asistirá a la sede legislativa con el argumento de evitar ofensas a la investidura presidencial, todo se empezó a relajar. Ahora en el Senado el que estará presente durante la ceremonia de entrega será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien recién pasó ahí mismo la prueba del ácido en días pasados, cuando al comparecer por la glosa del informe, su mensaje en favor del trabajo coordinado se superpuso a las tensiones propias de la acción de contraste —a veces un tanto exacerbado— que tiene lugar en la Cámara alta.
Felicitaciones en Puebla
Así que, de visita en Puebla, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer una especie de felicitación-espaldarazo al gobernador de esa entidad, Miguel Barbosa, porque es uno de los gobernadores, dijo, más cumplidos a la hora de presentarse al informe diario de seguridad en las que en reuniones de lunes a viernes, se recibe el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas. Y es que resulta que de las 252 llevadas a cabo, el morenista ha estado presente en 251, según dio cuenta el general secretario, Luis Cresencio Sandoval. También le reconoció la ayuda que ha dado desde la administración estatal a la atención a damnificados: “hasta se nos adelantaron entregando despensas”. Habrá que ver si en otras giras por el país, sobre todo ahora que los nuevos mandatarios tomen posesión, otros gobernadores reciben del Jefe del Ejecutivo una estrellita en la frente.
La guerra de las sopas
La batalla que abrió la Profeco contra las sopas instantáneas va con todo. Hasta ahora ha retirado de anaqueles 129 mil 937 unidades que corresponden a 12 productos de 9 marcas distintas. El frente contra esos productos se centra, según se informó, en la publicidad engañosa que realizan las empresas que las fabrican. El titular de esa dependencia, Ricardo Sheffield, acusó por ejemplo que las de la marca Buldak Cheese dicen tener queso y pollo sin realmente tenerlo. “Ahora sí que besando un pollo tiene uno más pollo que con esa sopa”. En otros casos, como la famosa Maruchan, lo que detectaron es que promociona el contenido de verduras, pero sólo tiene 0.8 gramos de éstas, “casi caben en la punta de la uña”. Y finalmente de la Knorr refirió que pretende esconder el valor calórico. Por cierto que en las benditas redes siguen haciéndose conversaciones y memes del tema y también se ha abierto el reclamo de que con los llamados productos milagro cuándo.
PRI, zarandeado
Si el PRI, que encabeza Alejandro Alito Moreno, ya pudiera sentirse un poco atribulado por las presiones que ya se hacen sentir para que defina cómo votará la reforma eléctrica, resulta que esas presiones parecen estar en la etapa inicial. Y es que, nos comentan, desde extremos opuestos parecen jalarle al tricolor los brazos, para que no siga diciendo que se tomará su tiempo. Primero fue el Presidente el que jaló hacia su lado en la mañanera al cuestionarle: “¿a poco van a apoyar a Iberdrola?”. Después vino el jalón del otro lado, cuando el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que buscará una reunión con los dirigentes de la alianza —PRI y PRD— y dijo: “Es muy importante que todos tengamos claro los compromisos básicos que suscribimos al conformar la coalición, y uno de ellos es evitar contrarreformas regresivas que pongan en riesgo a los mexicanos”. Uf. A ver si el PRI no termina muy zarandeado, nos comentan. (La Razón, La dos, p. 2)
El gobierno de México anunció el fin de la Iniciativa Mérida (IM) y el inicio de una nueva era de cooperación en materia de seguridad. ¡Bienvenida! Porque la seguridad nacional de México y EU están intrínsecamente ligadas, nos guste o no.
¿Qué es la Iniciativa Mérida? En marzo de 2007 los presidentes Bush y Calderón la acordaron y se planteó para un periodo de tres años (2008-2010), a fin de profundizar la cooperación bilateral en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada.
En diciembre de 2008 ambos gobiernos firmaron una Carta de Acuerdo para respaldar la solicitud de recursos del Departamento de Estado al Congreso de EU destinados a la IM. De 2008 a 2010, EU destinó a la IM, 1.5 mil millones de dólares.
En esos años, hubo transferencias de equipo militar, helicópteros Sikorski para la Policía Federal y Bell para la Sedena, así como aviones y drones.
En esa etapa las autoridades coordinadoras de la IM fueron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Sección Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado. En 2009 se enmendó la Carta de Acuerdo y se acordaron bilateralmente los programas a desarrollar en los siguientes años, básicamente en capacitación y equipo no militar.
Se estableció en agosto de 2010, en México, la Oficina Bilateral de Seguimiento (OBS), integrada por autoridades de ambos países. Con el paso del tiempo, las funciones coordinadoras de la OBS se desvirtuaron y se convirtió en el centro de operaciones de las agencias de EU, inclusive las de inteligencia, que ejercían el presupuesto de la IM.
En 2011 se redefinieron sus prioridades en cuatro áreas: la desarticulación de las capacidades de la delincuencia organizada; el fortalecimiento de las instituciones de México que luchan contra el crimen organizado; la cooperación para una frontera segura para el siglo XXI, y el fortalecimiento de la cohesión social en comunidades vulnerables al crimen organizado.
De 2011 a 2019 se asignaron a la Iniciativa Mérida otros mil 400 millones de dólares. La mayor parte los gestionó la oficina de INL en el Departamento de Estado y la Agencia de Cooperación al Desarrollo de EU, USAID, misma que ha destinado hasta 294 millones de dólares a la capacitación de funcionarios mexicanos para el sistema penal acusatorio y la capacitación de forenses para la búsqueda de desaparecidos. En el gobierno del presidente Peña Nieto, la Segob fue la “ventanilla única” para la instrumentación de la IM y la SER se diluyó como autoridad coordinadora.
No hubo evaluación de los programas en curso, las autoridades estadounidenses apoyaron directamente a los estados, sin coordinación con el gobierno federal. En 2019, la IM era ya anacrónica. No había coordinación ni objetivos en común. Tenía que transformarse o desaparecer. La detención del general Cienfuegos en EU, acabó con la confianza para toda cooperación.
La nueva etapa de cooperación bilateral en seguridad tendrá que atender temas prioritarios: tráfico de armas, de personas, lavado de dinero, corrupción, drogas sintéticas. Es un imperativo ineludible. (Martha Bárcena Coqui, El Heraldo de México, País, p. 6)
Desde hace un año, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera han estado merodeando en el entorno del senador Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación. Personas muy cercanas a él se encuentran prófugas de la justicia para evadir que sean capturadas por presuntos delitos de corrupción y delincuencia organizada. Otros se encuentran amenazados de ir a la cárcel. Unos más sólo sienten que el blindaje que tenían comenzó a ceder. Osorio Chong ha actuado con mucha cautela y bajo perfil, pero los misiles judiciales le siguen pasando muy cerca.
Osorio Chong lleva poco más de un año viendo que el fuego prende en su pradera. Lo más cerca que se le acercó fue en agosto del año pasado, cuando se giró la orden de aprehensión en contra de Frida Martínez, con quien tiene una muy estrecha relación familiar y que fue del grupo de hidalguenses que llegó con él a la Secretaría de Gobernación. Martínez fue nombrada secretaria general de la Policía Federal, y manejaba los dineros. Con ella al frente, el presupuesto se elevó significativamente, hasta llegar a 27 mil millones de pesos anuales, clasificados dentro del rubro de “seguridad nacional”, por lo que no se rindieron cuentas públicas de ellos. La fiscalía la acusó de un presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos.
Casi un año después, las autoridades detuvieron a Luis Cárdenas Palomino, que fue jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal y coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito durante la gestión de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En una de las dos carpetas de investigación que se abrieron, aparece imputado Gustavo Cárdenas Moreno, propietario de Obses, que le vendió equipos de intercepción de teléfonos. Junto con Cárdenas Moreno fueron señalados su esposa Lidia y su padre, Gustavo Cárdenas Fuentes, con lo cual se abrió una nueva avenida hacia el entorno cercano de Osorio Chong.
Cárdenas Fuentes es la figura prominente en otra investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2015, en contra de Comercializadora Democa y de Ismael Hernández Pichardo, que un día después de entregada, el 8 de octubre de ese año, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República presentó una denuncia por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de moneda. La denuncia muestra el mecanismo de triangulación de recursos ilegales por ciudades y países para que sea difícil rastrear su origen, utilizando empresas fantasmas y facturas falsas.
De junio de 2013 a junio de 2015, precisa la querella, Comercializadora Democa registró operaciones en sus cuentas bancarias por más de 2 mil millones y medio de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera consideró tenían un origen ilícito, y que al terminar ese periodo habían sido retirados casi en su totalidad. La gran mayoría de las operaciones fue realizada en Villahermosa, pero también en la Ciudad de México, Acapulco, Mérida, Naucalpan y Huixquilucan. Algunos de sus activos fueron enviados a empresas y personas físicas en Hong Kong, Seúl, Corea del Sur, Luxemburgo, España, Suiza, Italia, China y Emiratos Árabes Unidos, así como a bancos en Los Ángeles, California, y McAllen, Texas.
Democa tenía como objeto social todo lo relacionado con una comercializadora de mercancías, de productos elaborados y semielaborados, especialmente aquéllos para la industria y el comercio, pero en la denuncia aparecen en la triangulación de recursos 26 empresas que van desde compañías especializadas en seguridad y armamento, hasta una empresa para alimento de mascotas en Aguascalientes, pasando por constructoras, inmobiliarias, empresas de alquiler de aviones, de transporte de valores, servicios financieros y casas de empeño. Es decir, realizó operaciones en prácticamente nada de lo que indica su objeto social.
Hernández Pichardo era accionista y representante legal de Democa, y de otras cuatro empresas señaladas en la denuncia, Servicios y Asesorías Modeno, Maquikly, Comerjamia y Samidpromo. En el momento de la denuncia tenía 30 años de edad, y su credencial de elector lo domiciliaba en Tultitlán, Estado de México, donde la mayoría de la gente vive de servicios y comercio. El acusado, sin embargo, tenía acreditado dos domicilios en Polanco, mediante sendos recibos de Telmex y de la Comisión Federal de Electricidad; este último, en Campos Elíseos, lo pagaba una sociedad anónima, ENBS, que como la mayoría de las empresas en la denuncia, prácticamente no tiene información pública disponible.
El perfil de Hernández Pichardo y la forma como aparece en la denuncia muestra la tipología de los prestanombres. Quienes han estudiado el caso de Democa sospechan que era la fachada de personalidades políticas que, en papel, se pueden vincular circunstancialmente a través de Cárdenas Fuentes, que estaba ligado al grupo de Hidalgo, y cuya empresa familiar, Obses, vendió programas de espionaje a la Secretaría de Seguridad Pública –el software FinFisher–, cuya aprobación pasó por Frida Martínez y lo pagó el director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, Martín Hernández Roa, y el Cisen, según reveló una investigación de las ONG Contingente Mx y Propuesta Cívica, en 2013.
Las autoridades sospechaban que la mayoría de las empresas utilizadas en este esquema criminal era fantasma, a través de las cuales se emitieron facturas falsas. La denuncia fue frenada por Eugenio Ímaz, incondicional de Osorio Chong y en ese entonces director del Cisen. Las presiones de la Secretaría de Gobernación lograron que terminara siendo congelada. Hoy, la vieja sospecha que rodeó a Democa revivió con la acusación contra los hermanos Víctor Manuel y Alejando Álvarez Puga, que en un escándalo de factoraje son acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, porque entre las órdenes de aprehensión del caso se solicitó una contra Paulo Uribe, exdirector general de Administración de las cárceles, que respondía a Osorio Chong y a Frida Martínez, que representa el cabo suelto del Grupo Hidalgo, que puede llevarlos a Democa y a otros negocios más. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 32)
López Obrador considera que si se aprueba su reforma que, entre otras, le da más facultades a la CFE, que encabeza Manuel Bartlett, se combatirá la corrupción. No es broma ni declaración para un 28 de diciembre.
Su discurso contra adversarios y excesos del pasado suena bien, pero las soluciones que plantea, con personajes que lo rodean y a quienes defiende a capa y espada, nomás no convencen.
Uno de ellos es el polémico ex priista, de la madridista, salinista, hoy obradorista, Bartlett. Si antes lo perseguían los fantasmas de la caída del sistema o el asesinato de Buendía, ahora no logra sacudirse las propiedades, negocios y millones de él y sus allegados.
En la nueva investigación periodística, Papeles de Pandora, volvió a relucir el nombre de su pareja desde hace 20 años: Julia Abdala Lemus.
Abdala apareció en reportajes como el de Arelí Quintero sobre las 25 casas que Bartlett omitió en su declaración. También en el de Peniley Ramírez sobre la relación entre Julia y los Weinberg, socios de García Luna.
En este reciente trabajo se reveló que tres mil mexicanos llevaron su patrimonio a cuentas secretas. Hay más de 80 políticos y sus parientes. Ahí está incluida la pareja del director de la CFE. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Obsedidos por implicar al Ejército en la matanza de Los 43 pero indignados por la nueva confirmación de que los jóvenes fueron asesinados por Guerreros Unidos y por nadie más, a los detractores de la “verdad histórica” les queda sin embargo una rica veta por explotar, no para necear en el “crimen de Estado” pero sí para acusar a la Secretaría de la Defensa Nacional de negligencia y haber ocultado en cuatro años de peñanietismo y dos de la 4T lo que sus mandos conocieron la tarde-noche del 26 de septiembre de 2014, mientras los levantados todavía estaban vivos.
No solo: con las inauditas revelaciones del viernes, ahora pueden imputarle sólidamente cuando menos el probable delito de omisión porque, teniendo la oportunidad, nada hicieron mientras el crimen estaba en curso, antes de que los estudiantes fueran entregados a sus verdugos.
La investigación de la extinta PGR no solo adolece de lagunas y fallas procesales, sino está salpicada de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, pero conviene tener en cuenta que en solo 33 días (atrajo el caso una semana después de que la Fiscalía de Guerrero inició las primeras y atinadas investigaciones) Jesús Murillo Karam expuso la sustancia de lo sucedido: el levantón policiaco, la transferencia de los muchachos a los sicarios, las ejecuciones, la quema de “muchos o todos” en el basurero de Cocula y la tirada de los despojos carbonizados en el río San Juan.
Semanas después, con uno de los restos, fue identificado en Innsburck Alexander Mora y en 2015, con Arely Gómez como procuradora, se reconoció a Joshivani Guerrero. (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
México debe ser la única democracia del mundo donde el jefe de gobierno no tiene relación presencial en las sedes del Congreso.
Esto ocurre desde que el 1 de septiembre de 2006, los diputados del PRD y oposición al PAN impidieron que el presidente Vicente Fox ingresara al salón de plenos de la Cámara de Diputados a leer su último Informe de gobierno.
Al año siguiente, a Felipe Calderón le dejaron entrar, pero solo para entregar su primer Informe, igual que en 2008, y se acabó. Aquel 1 de septiembre fue la última vez que un presidente de México estuvo en el salón de sesiones de San Lázaro.
A partir de entonces, los 1 de septiembre el jefe del Ejecutivo en turno lee un mensaje, Calderón en el Auditorio Nacional y Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, y sus respectivos secretarios de Gobernación entregan el documento a los diputados.
La única asistencia presidencial al Congreso se redujo a ser testigo de honor, o de piedra, para la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado. Pero este año, ni eso.
Ayer, López Obrador anunció que no asistirá a la entrega de ese máximo reconocimiento a la maestra Ifigenia Martínez, pasado mañana en el Senado, para evitar, dijo, que le falten el respeto a la investidura presidencial, de lo que culpó a la senadora Lilly Téllez, y yo creo que esa ausencia es un error.
Es cierto que en 2006, Fox no asistió a la entrega al doctor Jesús Kumate y mandó a Carlos Abascal, su secretario de Gobernación. Pero López Obrador ha dicho siempre que él es diferente.
Y además hay otras muchas formas más serias y cotidianas de no faltarle el respeto a la investidura presidencial. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
En tanto los diputados de la bancada del PRI toman tiempo para “analizar” si rechazan la iniciativa de reforma eléctrica que antecesores partidistas aprobaron el sexenio anterior, en el caso de la investigación Pandora Papers de funcionarios de su Gobierno que sacaron parte de sus fortunas del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo salió en defensa del secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal.
Desde Puebla, en donde fue su mañanera, lamentó que sólo se haya exhibido a sus “cercanos”, como el titular de la SCT, que figuró entre sus cercanos colaboradores cuando gobernó la CDMX, y a manera de justificación dijo que Raúl Salinas de Gortari sacó 100 millones de dólares, aunque dijo que se debe investigar a todos los que aparecen en esa lista, entre ellos exlegisladores priistas, al senador morenista Armando Guadiana y a empresarios que llevaron sus fortunas a paraísos fiscales. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, p. 8)
Tres integrantes de su gabinete son señalados en los Pandora Papers, y el presidente se limita a un “que se investigue”, y pasa al siguiente tema. Sale un video de su hermano recibiendo fajos de billetes y responde “son aportaciones al movimiento”. Sale otro video de ¡otro hermano! y se zafa diciendo que era “un trato personal”. Salen las 23 casas de Bartlett y dice que se va a aclarar. El hijo de Bartlett vende ventiladores Covid a sobreprecio y pide iniciar una indagatoria… ¡a la organización que reveló el escándalo! Sus hijos se dan vida de magnates y sencillamente dice que él no responde por ellos.
A cada escándalo, el presidente se sacude eficazmente la responsabilidad con un método que ya tiene muy ensayado:
1.- Desdeña el asunto en un minuto, a diferencia de otros temas en donde puede hablar por horas.
2.- Suelta un “que se investigue”, pero nunca se investiga y nunca se llega a nada.
3.- Sugiere “que él responda”, pero no obliga a la rendición de cuentas y se queda satisfecho con cualquier explicación.
4.- Enmarca las denuncias en una campaña en su contra, asegurando que antes se cometían más delitos y con mayores montos.
5.- Remata con el clásico: “yo tengo la conciencia tranquila, mi plumaje es de los que no se manchan”.
Y sanseacabó. Con este sencillo método hemos visto reventar escándalo tras escándalo en su movimiento, en su partido, en su gabinete y hasta en su familia. El presidente no da la cara ni asume ninguna responsabilidad. Se esconde en el cómodo formato de las mañaneras para que no se le cuestione más y con eficaz desfachatez, se le resbala.
La más reciente danza fue con los Pandora Papers. Se denuncia que esconden fortunas en paraísos fiscales varios de sus colaboradores más cercanos. Julio Scherer, el más poderoso de los primeros tres años de su sexenio. “Ya no trabaja aquí”. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. Eran solo tres millones de pesos y al pobre hasta lo transaron. La pareja de 20 años de Manuel Bartlett. No es Bartlett, es su pareja.
Si un miembro del gabinete de Peña Nieto o de Calderón fuera salpicado por un escándalo así, si un hermano de alguno de ellos apareciera en video recibiendo bolsas de cash, no quiero ni imaginar lo que estaría diciendo —y con justa razón— López Obrador, que tan exigente es con la corrupción… ajena.
Saciamorbos
1.- Y a juzgar por sus empleos anteriores, la que le lleva el dinero a la precandidata consentida, ¿también va a cantar las de Pandora?
2.- Hoy presenta México Evalúa sus nuevos “Hallazgos 2020”: 93% de los delitos cometidos el año pasado no fueron denunciados o no fueron integrados en una carpeta de investigación. La proporción de delitos que son investigados por las autoridades fue realmente baja: menos del 7%. De las carpetas de investigación que sí se abren, 95% quedó impune, peor que en 2019 pero mejor que en 2018. Destaca que las fiscalías no establecen qué delitos priorizan para su investigación. Y a falta de criterios transparentes, está abierta la puerta para que las autoridades tomen decisiones arbitrarias: mientras Odebrecht, Ayotzinapa o los Duartes están a paso tortuga, la FGR tiene los ojos puestos en los científicos. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 5)
Las comunicaciones que el jefe regional de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, sostuvo con un comandante de la policía de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 —interceptadas tal vez de manera ilegal por la Secretaría de la Defensa y dadas a conocer hace unos días por instrucciones del presidente de la República—, llevaron inesperadamente el caso Iguala de vuelta al principio.
En abril de ese año, cinco meses antes de que 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieran en Iguala, la fiscalía del estado de Guerrero investigaba la muerte del luchador social Arturo Hernández Cardona, así como el secuestro de Adolfo Salgado Salgado, quien cobraba “derecho de piso” por parte de la delincuencia organizada a comerciantes y ejidatarios.
La investigación halló un momento estelar cuando uno de los involucrados en el secuestro de Salgado Salgado —Ernesto Pineda Vega— reveló a la fiscalía de Guerrero que el alcalde de Iguala y su jefe de policía formaban parte de Guerreros Unidos.
Pineda entregó parte del organigrama de la organización criminal de la que formaban parte el alcalde José Luis Abarca y el jefe policiaco Felipe Flores. Detalló cómo el grupo criminal secuestraba, desaparecía y mataba, y reveló su forma de operar: “la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos”.
A unos días de la desaparición de los 43 estudiantes, la fiscalía de Guerrero, a cargo entonces de Iñaky Blanco, detuvo a los primeros involucrados en el caso. Según un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, las declaraciones rendidas por los detenidos se obtuvieron de manera absolutamente limpia.
“Todos los actos de tortura analizados tuvieron lugar a partir de que la PGR atrajo el caso. La Oficina no ha conocido ningún caso de tortura mientras la investigación estuvo a cargo de la PGJE de Guerrero, ni en los Centros de Readaptación Social Federales donde se encuentran recluidos los procesados”.
En esas declaraciones, uno de los detenidos, Marco Antonio Ríos Berber, reveló que un sujeto apodado El Choky le dio la orden de ejecutar a 10 normalistas y relató que más tarde se había enterado de que otros 20 alumnos fueron trasladados a la comandancia municipal, por instrucciones del jefe de Los Bélicos —el grupo de reacción inmediata de Iguala—: Francisco Salgado Valladares.
Esto encajó con la declaración de otro miembro de la organización, Honorio Antúnez Osorio: dijo que 20 normalistas fueron llevados a la comandancia y entregados a un oficial de barandilla apodado El Gay, quien luego se los devolvió a Los Bélicos. La CNDH afirma que cuando los alumnos se hallaban en la comandancia hubo un cambio de orden: entregarlos a los sicarios a fin de que los desaparecieran.
En medio de todo esto figura también la declaración de Bernabé Sotelo Salinas, realizada en presencia de miembros del Grupo Internacional de Expertos Independientes, GIEI: dijo que esa noche asistió al basurero de Cocula a bordo de una camioneta que era propiedad de El Gil. En ese vehículo iban varios estudiantes esposados.
La CNDH determinó que en uno de los autobuses en los que los alumnos llegaron esa noche a Iguala (el 1568) viajaban entre 23 y 28 personas; en otro de los camiones (el 1531) iban entre 15 y 20 normalistas más.
En las comunicaciones dadas a conocer por órdenes del presidente, El Gil le pide al comandante de la policía Salgado Valladares que le entregue a los alumnos en el camino a Pueblo Viejo: “Yo los recibo… tengo las camas para aterrizarlos”. El jefe policiaco responde: “Ok, son 21 personas en el autobús que va a salir (…) paq los revienten ustedes (…) Y aquí tenemos 17 todavía en la cueva… Estos también los quieres y decimos q no isimos detenciones (sic)”.
Existe la versión de que otros tres o cuatro normalistas fueron entregados aparte, en Lomas del Coyote, a sicarios del grupo criminal.
Todo parece volver al punto en que la Fiscalía de Guerrero dejó la investigación, y antes de que esta fuera atraída y viciada, tanto por la Procuraduría General de la República como por los grupos de interés que desde hace siete años se apoderaron y han lucrado con el caso.
Las comunicaciones dadas a conocer por Gobernación echan por tierra algunas de las mentiras más importantes de cuantas se tejieron alrededor del caso Iguala —con muchas de las cuales el mismo Gil, liberado en 2019 y convertido en “testigo estrella”, enredó y durmió al inexperto fiscal, exsecretario técnico del GIEI, Omar Gómez Trejo.
Al mismo tiempo, las comunicaciones ponen al Ejército en un grave predicamento, porque prueban que ocultó información crucial: que dejó que el caso se enturbiara y siguiera creciendo durante años el enredo político; y porque se rehusó a dar parte de lo que sabía a las autoridades investigadoras.
Si existen intervenciones previas, el asunto se pone peor para los militares.
Estas comunicaciones ponen también en un serio aprieto al subsecretario Alejandro Encinas: ¿seguirá manteniendo en un barrio de lujo al “testigo colaborador” que, está perfectamente probado, después de ordenar y tomar parte en la desaparición de los alumnos, se dedicó a soltar una mentira tras otra —o acaso a repetir lo que alguien más quería que “revelara”? (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 7)
La llegada de Alfonso Durazo a la gubernatura de Sonora parece haber enviado la señal para un escalamiento de la violencia en el estado, donde dos cárteles sostienen una sangrienta confrontación que ha convertido a la entidad en una de las más letales para sus habitantes.
Durante 15 años el cártel de Los Salazar, una extensión de las mafias de Sinaloa, subordinados a Joaquín “El Chapo” Guzmán, tuvo el control de la venta y tráfico de droga, primero en la zona norte de Sonora, para después extenderse al resto del estado. Reportes generados en Estados Unidos asumen que el poder de Los Salazar refleja un acuerdo con autoridades locales y federales.
Esta suerte de entendimiento comenzó a quebrarse con la reaparición de Rafael Caro Quintero, el capo acusado en los años 80 de asesinar a un agente de la DEA, liberado en 2013 bajo un procedimiento polémico, y que formó su propio grupo criminal, cada vez más en pugna con sus antiguos aliados sinaloenses.
Informes aportados por agencias norteamericanas de combate al crimen organizado indican que Caro Quintero está construyendo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en aparente búsqueda de equilibrar fuerzas con Los Salazar y la mafia de Sinaloa, presumiblemente porque asume la existencia de un renovado respaldo por parte de la autoridad local.
Tras el arranque del gobierno de Durazo, el sur de Sonora, con corazón en Ciudad Obregón, ha sido el escenario de una brutal disputa entre ambos grupos, que ya se había expresado en mayo pasado durante las campañas políticas con el asesinato de Abel Murrieta, exprocurador de Justicia estatal, postulado por Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Obregón. El atentado contra este personaje, que gozaba de amplia popularidad y prestigio, anticipó el infierno que vendría después y que no ha hecho sino agravarse.
Esa comunidad, también llamada Cajeme, abrigó en días pasados un torneo internacional de beisbol, lo que llevó a los empresarios locales a pedir públicamente una “tregua” a los cárteles (con la autoridad ya no cuentan) para no protagonizar hechos de sangre durante la justa deportiva. En apenas unos días se registraron 25 ejecuciones.
Caro Quintero y Los Salazar tuvieron por algunos años zonas delimitadas de acción. Aquel en el sur, que conoció bien desde la década de los 80 (estuvo refugiado en una residencia de la zona rica de Obregón), estos en el norte. Por algún motivo, el arranque del nuevo gobierno lanzó la señal para una guerra de exterminio.
Apuntes: Desde el inicio del gobierno López Obrador, Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), se solidarizó con los reclamos de asociaciones de pacientes y organismos de la sociedad civil que denunciaban la cancelación de presupuestos para programas de combate al cáncer en la mujer y otras iniciativas.
Obtuvo el apoyo de senadores como Miguel Ángel Navarro (hoy gobernador de Nayarit) y Américo Villarreal, cabezas de la Comisión de Salud, y de diputados como Alfonso Ramírez Cuéllar. Acudió a una convocatoria de este último en San Lázaro, junto a otros directivos de institutos y hospitales de alta especialidad, para analizar recortes draconianos al presupuesto de salud. Corría 2019 y ya se anticipaba el desabasto de medicamentos oncológicos.
Por sus posturas, el doctor Meneses comenzó a ser objeto de acoso desde la Secretaría de Salud, especialmente por la vía del subsecretario Hugo López-Gatell, que no aún cobraba la triste fama que hoy arrastra. La venganza de esos actores llega ahora desde la Secretaría de la Función Pública en la forma de una inhabilitación contra este médico eminente a nivel internacional, lo que es interpretado como una nueva afrenta al segmento más luminoso de la comunidad médica. (Roberto Rock L. El Universal, Nación, p. 9)
En los últimos meses el país ha conocido la situación que vivió la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuando un grupo armado disparó contra civiles y en las horas siguientes se vivió un virtual toque de queda. Las calles se vaciaron por el temor a ser blanco de alguna agresión.
También se ha documentado el ambiente que se vive en poblados de Zacatecas (Jerez, Monte Escobedo, Tepetongo y Valparaíso), donde integrantes de cárteles del crimen organizado comenzaron a ingresar con rostros cubiertos y armamento para llevarse por la fuerza a jóvenes, presuntamente para enlistarlos en sus filas. El despojo de propiedades es otra de las duras realidades que padecen los pobladores.
En Michoacán el escenario es similar. Habitantes de los municipios de Aguililla y Coalcomán relatan historias de terror, que desgraciadamente no son nuevas en la historia de violencia que varias regiones han enfrentado desde hace más de una década. Una mujer cuenta que en junio pasado hombres armados irrumpieron en el terreno de su propiedad, mataron a su esposo y abusaron sexualmente de ella. Le dieron tres horas para huir o la matarían junto sus hijos.
En Reynosa, con alrededor de 700 mil habitantes, la vida sigue. Quienes salieron de la ciudad lo hicieron hace varios años, pero el grueso de la población se ha quedó y tuvo que aprender lo que debe hacer en caso de un enfrentamiento armado: no correr y tirarse al suelo y reportar que están con vida. Antes de salir de sus casas consultan las redes sociales, que se han vuelto el medio más común para informar de situaciones de violencia.
En las pequeñas localidades de Zacatecas y de Michoacán, con apenas unos miles de habitantes, la situación es distinta. La autoridad local es borrada —a veces literalmente— de la escena. La única opción es salir, huir, dejar atrás sus muertos, sus pertenencias, sus animales, maquinaria y vehículos.
La cifra más reciente refiere que 22 mil personas han huido de la violencia en Michoacán en lo que va del actual gobierno federal. Buena parte de ellos ha solicitado y conseguido asilo en Estados Unidos.
Seguir viviendo en la tierra que los vio nacer ya no resultó opción. Las agresiones y el despojo de que fueron víctimas no importó para ninguno de los tres niveles de gobierno. Sus voces fueron ignoradas.
Ante el clima de terror en algunas zonas no caben los oídos sordos ni la pasividad; eso podría entenderse como una señal para que el crimen siga en esa ruta. Definitivamente sería una mala señal. (Editorial, El Universal, Nación, p. 16)
Los hechos del domingo en Huauchinango —donde ocurrió un portazo en un acto para informar sobre los avances en la entrega de apoyos a damnificados por el huracán Grace— llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a adelantar el anuncio de que volverá a encabezar actos masivos.
“Vamos a seguir visitando Tlaxcala y yo espero que para la próxima hagamos en las plazas, ya los actos”, dijo en Apizaco, horas después de lo sucedido en la sierra norte de Puebla.
“Abrieron las puertas en Huauchinango, de donde estábamos. Así, entraron, porque la gente ya quiere vernos, que los escuchemos de manera directa y quieren participar. Ya también no quieren que todo sea a través del internet o de la televisión.
“Si terminamos de vacunar, como creo lo vamos a lograr, ya para el 20 de noviembre, plaza pública. Vamos a comenzar en el Zócalo el 20 de noviembre (…) vamos a hacer grandes concentraciones para que todo el que quiera llegar pueda asistir. Asambleas informativas en todas las plazas de México”.
La invasión de damnificados, que se plantaron frente a él para hacer reclamos, le había picado el orgullo. Ayer, durante la conferencia mañanera, en Puebla, el mandatario dio una segunda versión de lo sucedido. Ya no era sólo que tenían ansias de verlo, sino que intervino la “politiquería” local, por parte de organizaciones sociales acostumbradas a fungir como intermediarias entre ciudadanos y autoridades.
Aun así, mantuvo su decisión de volver a llenar las plazas, como en sus tiempos de campaña. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
El presidente López Obrador tiene por costumbre demonizar no sólo a los críticos de su gobierno, sino también a los habitantes de colonias, municipios y estados donde no permea su discurso populista.
Es el caso de la colonia Del Valle, en la CDMX, pero también del estado de Guanajuato, el único que perdió en las elecciones presidenciales de 2018.
En la mañanera de ayer, repitió lo que ya había escrito en su libro A la mitad del camino (Editorial Planeta): “Hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en Las Lomas…”. En el libro se extiende sobre las diferencias que existen entre los que viven en la Del Valle y los de Las Lomas. “Aunque éstos tienen más dinero, los menos afortunados son más refractarios al cambio”, asegura.
En la mañanera abundó que los que se oponen al cambio “no son, afortunadamente, mayoría, porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento, que es sinónimo de egoísmo, de individualismo, también de corrupción, de clasismo, de racismo…”. En el libro ofrece más datos sobre el “conservadurismo” de la Del Valle. Esa “colonia panista” —así la llama— fue creada por una familia adinerada y católica del Bajío, después de la guerra cristera.
“El asunto es más profundo y no podría desentrañarse, ni siquiera sabiendo que sus calles llevan el nombre de Félix Cuevas (cofundador de lo que hoy se conoce como Banamex) y otros destacados porfiristas, incluso el nombre del mismo dictador” (página 265). (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
No es un delito tener inversiones en paraísos fiscales. Hay muchas razones legítimas por las que una persona o una empresa pueden colocar recursos en esos lugares una vez que han pagado sus impuestos locales. El problema surge cuando se abren cuentas o se crean sociedades para ocultar ingresos mal habidos o por los que no se han pagado impuestos.
Los llamados Pandora Papers revelan que decenas de miles de personas en el mundo han invertido en paraísos fiscales. Es natural. Estos países o territorios ofrecen un trato fiscal benigno. Y nadie quiere pagar más impuestos de los que la ley exige.
Algunos invierten en fideicomisos para proteger a sus hijos en el futuro o para otorgar donaciones a través de fundaciones. Lo hacen en paraísos fiscales por razones de secrecía y para no cubrir impuestos excesivos. Otros crean sociedades para comprar y administrar apartamentos, yates u otras propiedades y activos. Es perfectamente lícito, si ya pagaron Impuesto Sobre la Renta sobre los ingresos originales.
También las empresas establecen sociedades en paraísos fiscales. Es legítimo, si ya han pagado impuestos por las actividades en los países en los que operan. Desde esos paraísos lanzan nuevas inversiones a otros países. Un buen inversionista está buscando siempre las mejores oportunidades para sus recursos.
Es muy distinta la situación de los políticos que depositan dinero en paraísos fiscales para esconder dinero que no debieran tener o recursos bien habidos, pero que perjudican sus intentos de presentarse públicamente como personas humildes.
Algunos políticos mexicanos que aparecen en los documentos de Pandora han ofrecido explicaciones razonables. Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones, ha señalado que la empresa que aparece registrada a su nombre en las Islas Vírgenes Británicas procede de un fondo de inversión en el que depositó recursos ahorrados mientras trabajaba en ICA. En el mismo fondo le recomendaron invertir en esa empresa, lo cual solo sirvió para que le hicieran un fraude por el que perdió el dinero. Según AMLO, el monto de la inversión de Arganis era de 3 millones de pesos.
Armando Guadiana, senador y minero de carbón, muy cercano al gobierno y a la CFE, el mismo que pidió que se le hiciera una auditoría a la UNAM porque como tiene científicos seguramente es deshonesta, creó empresas en paraísos fiscales con valor de 28 millones de dólares. El que tenga dinero en un paraíso fiscal no es ilegal, pero no cumplió con su obligación como legislador de declarar estos recursos. Así lo explicó: “Ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta en la declaración patrimonial. Entendieron que si tenía un conflicto de interés… Me atonté en el asunto de la Declaranet”.
No es el único político que se ha atontado al declarar sus propiedades en paraísos fiscales. Ahí está el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien afirma que las inversiones fueron previas a su participación en el gobierno. También Manuel Bartlett con las empresas de su pareja Julia Abdala, aunque Bartlett se justifica diciendo que ella no es ni su esposa ni su concubina.
No prejuzgo. Es injusto que esta investigación se haya dado a conocer como si tener una inversión en un paraíso fiscal fuera un delito. Esto enloda la reputación de algunos, pero encubre las faltas de otros.
Un residente de Isla Mujeres comenta: “Ya hay apagones, desabasto, y tarifas caras. En Isla, como no tienen el dinero para reparar el cable que cruza desde Cancún, están funcionando con plantas de gasolina… Cada 12 horas hay un apagón cuando cambian de planta. Toda la gente con aparatos eléctricos dañados por los cambios de voltaje”. Pero AMLO quiere restablecer el monopolio de la CFE. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
Después de investigar diversas fuentes periodísticas, de ver, aterrorizado, un buen número de videos y de escuchar de viva voz las trágicas versiones de diversas mujeres afganas en relación a las pesadillas padecidas en su país, un horror de extracción maligna solo comparable con lo descrito por Dante en alguno de los círculos del infierno, nunca supuse que un simple sueño pudiera reportarme alguna reconciliación por supuesto solo transitoria.
Al conocer con suficiente nivel de detalle las prohibiciones y los castigos impuestos por los talibanes a sus mujeres, me fue imposible no echar a andar mis mecanismos reactivos como novelista, con tal de entrar a su rescate en el contexto de las fantasías para sancionar a esa auténtica cáfila de salvajes incapaces de aceptar que hombres y mujeres deberíamos disfrutar en el mundo entero los mismos derechos, oportunidades y obligaciones.
¿Sí…? Solo que los talibanes, esos protervos sujetos con apariencia humana, prohíben a sus mujeres trabajar fuera del hogar, salvo el caso de doctoras y enfermeras que prestan sus servicios en algunos hospitales, a menos que estén acompañadas de un mahram (pariente masculino cercano). No pueden tratar con comerciantes masculinos ni ser atendidas por un médico varón, ni asistir a escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Las que no lleven un velo largo (burka), que las cubra de la cabeza a pies, pueden recibir golpizas y abusos verbales o azotes en público si llegan a mostrar los tobillos.
Las sanciones draconianas pueden llegar al extremo de la lapidación pública si son acusadas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o sufrir la mutilación de los dedos por usar cosméticos o pintarse las uñas. Se les tiene prohibido andar en bicicleta, hablar o estrechar la mano de hombres que no sean mahram o reír a carcajadas con extraños o usar zapatos de tacón que hagan ruido al caminar o viajar en taxi sin mahram o hablar en radio o aparecer en televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo o practicar deportes o ingresar a un centro o club deportivo o usar ropa de colores brillantes o lavar ropa en ríos o en lugares públicos o aparecer en los balcones de sus apartamentos o casas o visitar baños públicos.
Ellas están obligadas a pintar el vidrio de las ventanas de sus viviendas para no ser vistas desde el exterior, al igual que los sastres masculinos deben abstenerse de tomar medidas de su clientela femenina, de la misma manera en que los hombres y mujeres no deben viajar en el mismo autobús ni usar pantalones acampanados (anchos), incluso debajo de un burka ni se les debe fotografiar ni filmar ni publicar sus imágenes en periódicos o libros, o colgar sus imágenes en las paredes de casas y tiendas. Un hombre negador del velo es un infiel y una mujer sin velo es lasciva…
¿Cómo rescatar a la mayoría de esta pavorosa condición sancionando a los criminales talibanes con penas que superarían el dolor de mil azotes o las masacres a base de lapidaciones multitudinarias hasta privarlos de la vida? En mi fantasía imaginé que el peor castigo consistiría en que una mañana del Ramadán, el noveno mes del calendario islámico y uno de los cinco pilares del Islam, cuando millones de afganos estuvieran dedicados a la oración, a la reflexión y al ayuno, Afganistán amaneciera sin mujeres ayudadas a huir por la comunidad internacional a través de Turkmenistán, Uzbekistán, Irán, Tayikistán, buscando un paso desesperado hacia el Mar Caspio o el Arábigo.
¿Qué tal, querido lector, amante de la ficción, qué tal imaginar un Afganistán en el que las mujeres vivieran en igualdad? Soñar se vale, ¿no…? Entonces, ¿por qué no soñar también que los priistas no se venderán como hetairas, prostitutas callejeras, a AMLO, para traicionar una vez más la voluntad popular al concederle a la 4T la mayoría calificada para retrasar 50 años las manecillas de la historia patria al expropiar la industria eléctrica y atentar contra la energía del país? Llegado el caso, necesitaríamos jueces talibanes para castigar las felonías de los legisladores priistas, auténticos vende patrias, dignos del desprecio mayúsculo de la República… (Francisco Martín Moreno, Reforma, Opinión, p. 8)
CFE, litio y bloque opositor // ¿PRI votará con Morena? // Estrellas derechistas en aprietos // Sarkozy, Calderón y Vargas Llosa
Tal vez la más arriesgada de las apuestas que se han intentado en el primer trienio obradorista es la correspondiente a la iniciativa de reforma legislativa que busca dar más centralidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una reivindicación parcial al dominio estatal sobre el litio (propiedad nacional, salvo en algunas concesiones extranjeras vigentes).
La propuesta de devolver fuerza y control a la CFE ha sido asumida como un intento apenas disfrazado de expropiación por los representantes empresariales mexicanos, con la solidaria vista inquisitiva de firmas trasnacionales y gobiernos como el de Estados Unidos.
A esa postura, presta para entrar en reacción, se agregan los señalamientos negativos desde ese sector contra el director de la CFE, Manuel Bartlett, por episodios anteriores de la historia de este personaje y por otros recién llegados, como la inclusión de su pareja sentimental en los documentos de Pandora sobre recurrencias a paraísos fiscales. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 12)