Señora, como decía don Jesús, la forma es fondo. (La Jornada, Contraportada)
EN UN auténtico y viviente Teatro de la República se convirtió ayer la ceremonia por el aniversario de la Constitución. Como hace tiempo no se veía, el tradicional encuentro sirvió para que los Poderes Legislativo y Judicial le hablaran de frente al Ejecutivo sobre temas cruciales para el país.
DE ENTRADA, destacó el mensaje del anfitrión, el gobernador Mauricio Kuri, que muy claro dijo que para celebrar a la Constitución, lo primero es respetarla. ¡Ouch! Y contrario al clima de polarización que se genera desde Palacio Nacional, pidió restablecer algo básico: la convivencia pacífica y respetuosa entre los distintos actores políticos y sociales. Y para ser congruente con la idea, el gobernador panista le echó una flor al Presidente, al reconocerle la aplicación de sus programas sociales.
EL DIPUTADO Santiago Creel, que viene de una semana tormentosa, no se achicó y le entró al tema del “Plan B” electoral, señalándole a AMLO la necesidad de no caer en errores que podrían evitarse.
Y, CLARO, había mucha expectativa por escuchar a la nueva presidenta de la Suprema Corte, quien no decepcionó. El discurso de Norma Lucía Piña exigiendo respeto a la autonomía del Poder Judicial retumbó en el recinto ante los conocidos embates de la 4T. Ojalá que Andrés Manuel López Obrador haya abierto los oídos del poder imperial a los reclamos republicanos.
MÁS DE UNO se pregunta por qué tanto amor de Morena y de la 4T hacia los gobernadores de Movimiento Ciudadano. Hace apenas unos días, Enrique Alfaro fue recibido en Bucareli por Adán Augusto López. Y más tarde el propio secretario de Gobernación viajó a Monterrey para ver a Samuel García.
Y NO sólo eso: inclusive el Presidente salió en defensa del gobernador de Nuevo León, ante los intentos de panistas y priistas en el Congreso local por hacerle la vida de cuadritos. Estos cariñitos a las figuras naranjas no parecen gratuitos. Da la impresión de que los morenistas se están apresurando a ganarse el cariño de MC, ante la cada vez más cercana perspectiva de que este partido será el fiel de la balanza en las elecciones de 2024. Y eso, claro, incluye la presidencial.
¡VAYA! Un globo de China causó gran revuelo en Estados Unidos, pues se cree que era espía. ¡Qué fácil se espantan! Peligro, el globo del falso Estado del Bienestar que sigue creciendo en México: se dan “apoyos” sin orden, ni control, no para el desarrollo de la gente, sino para el manejo de los votos. Pero no hay dinero que alcance para estarlo regalando. El gobierno cada vez tiene menos de dónde sacar recursos… y el globo de la ilusión sigue creciendo, así que cuando explote va a ser un escandalazo. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
EL UNIVERSAL tiene pruebas, no dichos, sobre García Luna
Ayer en un oficio la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió al juez de la causa que prohíba el testimonio de un testigo colaborador del Departamento de Justicia que hablaría sobre presuntos sobornos por parte del exfuncionario a medios de comunicación, entre ellos a EL UNIVERSAL, documento que horas después fue retirado. Al respecto, esta casa editorial considera que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Por ahora, de lo que sí hay testimonios documentales es de que El Gran Diario de México mantuvo siempre una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna. Una de ellas es que, en 2011, EL UNIVERSAL ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de noticia, por un trabajo en el que se denunció el gasto millonario realizado por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces bajo el mando de García Luna, para producir una serie de televisión con el fin de promover la imagen de la Policía Federal. Esta sí es una prueba.
Alguien en Palacio Nacional detesta a la presidenta de la Corte
Una muestra de la mala relación que Palacio Nacional se empeña en que exista con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, se dio ayer cuando el vocero presidencial emitió un mensaje en redes sociales en el que lamentó que en el acto para conmemorar el 106 Aniversario de la Constitución “no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”, y adjuntó una fotografía de la ministra Piña sentada mientras todos estaban de pie ante la presencia del Presidente López Obrador. Nos hacen ver que la ministra no faltó al protocolo. Cuando el Presidente subió al presídium todos los integrantes del mismo aplaudieron del pie, la ministra lo hizo sentada. Segundos después, cuando la maestra de ceremonias anunció el inicio del acto y los honores correspondientes a la investidura del Presidente López Obrador, la ministra Piña se puso de pie. Antes, a la llegada del mandatario al recinto, en la puerta esperaban al Presidente para ingresar al Teatro de la República, la ministra presidenta, quien al igual que el presidente de la Cámara, Santiago Creel, y el presidente del Senado, Alejandro Armenta, saludaron de mano al mandatario. Adentro, cada poder fijó su postura y todo fue muy civilizado, pero al parecer el mensaje es que en Palacio Nacional alguien no está muy cómodo con la llegada de la ministra Piña, y se empeñan en hacerlo saber, y que quede muy claro.
Cuando la política falla, la violencia estalla: Kuri
Y, a propósito de la ceremonia para conmemorar el 106 Aniversario de la Constitución, quien quedó no solo como un excelente anfitrión, sino como quien pronunció uno de los mejores discursos de la mañana, fue el gobernador Mauricio Kuri. La intervención del gobernador de oposición estuvo llena de llamados a la unidad, al respeto al Estado de derecho y la protección de la democracia, pero también encontró espacio para reconocer que al presidente López Obrador se le debe que, en los años recientes, “se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados” que ayuda a cumplir uno de los anhelos de la Constitución, que es el de “alcanzar un México más justo, igualitario y solidario”. Pero quizá la frase de don Mauricio que más llamó la atención, dados los momentos políticos que vive el país, es cuando señaló que la lección central que nos ha dado la Constitución es que, “cuando la política falla, la violencia estalla”.
Las ausencias en Querétaro
Nos dicen que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard no asistió a la ceremonia del 106 Aniversario de la Constitución, en el Teatro de la República, por una fuerte gripa. Este fin de semana el Canciller acompañó al Mandatario a una gira a San Luis Potosí donde las temperaturas llegaron a los cero grados centígrados. Quienes tampoco asistieron fueron los gobernadores priistas del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Coahuila, Miguel Riquelme, ambos estados, en donde habrá elecciones en junio próximo. Tampoco acudió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC). Tampoco estuvieron presentes el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien el año pasado incluso fue orador en la ceremonia; ni el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. (El Universal A2, p.2)
Que la primera parte del llamado plan B de reforma electoral suma hasta ahora seis acciones de inconstitucionalidad, una controversia y un amparo, por lo que tan pronto el Senado apruebe el segundo paquete se espera una cascada de recursos en contra, lo que convertirá a dicha iniciativa en la más impugnada de la historia, según las previsiones del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Por cierto, la Corte debe resolver el tema a más tardar en junio, pues la Constitución impide modificaciones a la legislación 90 días antes del inicio del proceso electoral 2023-2024.
Que en el Congreso de la Unión toma fuerza una iniciativa para que se otorgue un reconocimiento especial a la labor de los integrantes de Sedena que fallecieron el pasado 5 de enero en el operativo implementado en Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán; incluso se maneja la posibilidad de que durante una semana se ilumine la sede del Poder Legislativo con los colores de la bandera, además de que se coloquen 10 estrellas doradas debajo de la leyenda Ejército Mexicano en el salón de plenos.
Que la Conferencia Nacional de Gobernadores revivió con la elección del oaxaqueño Salomón Jara como presidente y Mauricio Vila como vicepresidente, en una reunión en la que el mandatario panista de Querétaro, Mauricio Kuri, echó porras a su homólogo yucateco y compañero de partido como eventual candidato presidencial de la alianza Va por México a partir de los resultados que ha logrado desde que despacha en Mérida.
Que el reto del clonazepam, que se ha hecho viral a partir de la intoxicación de decenas de estudiantes de secundaria en todo el país, ya tiene consecuencias en otras instancias y una de ellas es que las farmacias comenzaron a aplicar una restricción a la venta de este medicamento controlado, lo que ha dado como resultado su encarecimiento, en tanto que la Cofepris tiene en marcha una investigación sobre la comercialización ilegal de ese fármaco, que se usa sobre todo para tratar la ansiedad e induce un sueño profundo. (Milenio, Al Frente, p.2)
El factor Anaya
Como si algo hiciera falta para meter más ruido en la alianza Va por México, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, revivió a Ricardo Anaya. Al aparecer junto a quien fuera abanderado azul y amarillo en el 2018, Cortés envió el mensaje de que Anaya, a pesar de estar en un virtual exilio, no está muerto políticamente. Los observadores nos hacen ver que el espaldarazo a Anaya se da en momentos en que Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, tuvo un gran impacto mediático por el sainete con la banda de guerra y por su discurso de ayer. Se da también en momentos en que el PRD lucha por hacerse visible con el placeo de sus dos principales gallos: Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. La lectura del oxígeno a Anaya, nos dicen, es que la decisión en el PAN aún no está tomada. Y que todos los suspirantes aún tienen posibilidades.
El mensaje de Kuri
Y fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, el que durante su participación en el 106 aniversario de la Constitución, planteó un mensaje relevante a considerar. Y es que sin dejar de conceder sobre lo que se ha hecho bien en el Gobierno federal —por ejemplo, los apoyos sociales—, también se refirió a temas que inquietan en la actualidad, al destacar en una parte de su intervención que son las y los ciudadanos quienes organizan, operan y legitiman los procesos electorales. Lo anterior, en el entendido de que modificar esa dinámica no sólo iría contra la Constitución, sino contra la historia y una demanda sentida de la sociedad. “Quien manda es el ciudadano y expresa su voluntad en elecciones auténticas, libres y periódicas”, planteó también en una alocución en defensa de la democracia. Anotado el dato.
Proximidad con Gallardo
Y el que no puede estar más satisfecho estos días es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Y es que apenas el viernes pasado, tras anotarse un logro relevante: una inversión millonaria de la armadora BMW en su estado, el Presidente le reconoció su labor de promoción de la entidad potosina. Ah, pero no fue el único momento ni el único reconocimiento, porque después, en un acto de la Secretaría de Bienestar al que asistieron los servidores de la nación, López Obrador destacó que Gallardo es un “aliado” del Gobierno federal. Nos hacen ver que hubo quien no dejó de apreciar que los mensajes pudieran tener también la mirada puesta en el 2024, porque el PVEM en la entidad es dominante y mantiene una fuerte estructura electoral, mientras Morena más bien carece de ella y se la pasa, nos dicen, “en disputas estériles”. Uf.
Samuel y las ventajas de la Conago
Con la novedad de que la Conferencia Nacional de Gobernadores, que en el actual sexenio ha tenido muchos vaivenes, ayer quedó formalmente reconfigurada. Y, nos hacen ver, podría ser una plataforma importante para el trabajo de algunos mandatarios estatales. Es el caso del Samuel García, a quien se vio muy contento tras el encuentro realizado en Querétaro. Y es que el gobernador de Nuevo León emanado de Movimiento Ciudadano amarró tres presidencias de comisión: Desarrollo Regional y Metropolitano, Asuntos Internacionales y Ciencia y Tecnología. Y en cuanto a vicepresidencias tendrá las de Economía, Zona Norte, Desarrollo Urbano, Infraestructura, Hacienda y una nueva que evaluará los asuntos relacionados con el T- MEC. Esta última, nos hacen ver, es particularmente relevante, pues al tener Nuevo León una de las fronteras con mayor movilidad para la carga, desde la Conago se buscaría potencializar esa ventaja frente al resto de los estados. Ahí el dato.
Cuevas… hasta en su casa
Vaya capacidad que tiene la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para enfrascarse en pleitos con todo mundo, hasta con los militantes de uno de los partidos que la llevaron al cargo. El Congreso capitalino le pidió a Cuevas que respete los derechos humanos. Y lo hizo a raíz de una propuesta presentada por la diputada del PRI Maxta González, quien acusó abusos en el desalojo de varias familias en la colonia Atlampa. A los reclamos se unió la también priista Silvia Sánchez, quien señaló que Cuevas no tiene por qué intervenir en una zona en donde el Gobierno central tiene en marcha un plan de rescate. Nos adelantan que la alcaldesa ignorará el exhorto del Legislativo, como antes hizo caso omiso a una cita para comparecer. Y dejará abierto ese frente de batalla con dos diputadas que, se supone, son aliadas políticas suyas. Veremos hasta dónde llega este nuevo pleito.
Arde el PRI con fuego amigo
Y hablando de diferencias y pleitos, resulta que ante la petición de expulsión del PRI en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores priistas aseguró que está listo para defenderse de la “embestida” de Alejandro Moreno y afirmó que recurrirá a todas las instancias para continuar como militante del PRI. El político hidalguense señaló que la limpia de opositores que realiza Alito dentro de su partido es porque ya aprendió las “mañas” de las personas con quienes convive en el Gobierno federal. Osorio expresó su confianza en que el tema no pasará de la Comisión de Honor y Justicia partidista, pero previó que el conflicto con el líder nacional de su partido continúe esta semana en la que Moreno citó a los senadores en el CEN. Arde el PRI con fuego amigo, nos hacen ver. (La Razón, La 2, p.2)
DISTANCIAMIENTO
En evidencia quedó la distancia que hay entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y la 4T. Ayer, en las redes sociales, sin mencionarla por su nombre, pero con una imagen en la que ella aparece sentada, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, le reprochó no haber respetado el protocolo durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la Constitución, en el Teatro de la República de Querétaro.
DEJAR ATRÁS LA VIOLENCIA
Quien dejó un mensaje en contra de la polarización fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Llamó a hacer política con altura de miras para dejar atrás la violencia. “Cuando la política falla, la violencia estalla”, dijo el anfitrión de la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución mexicana ante el presidente López Obrador.
ENCUENTRO CASUAL
Tras la tensa ceremonia en el Teatro de la República, el secretario de la Segob, Adán Augusto, y los gobernadores Carlos Manuel Merino, Víctor Manuel Castro, y otros funcionarios se relajaron rumbo a la CDMX. Coincidieron en un establecimiento de barbacoa. Entre risas, tacos y consomés, dejaron atrás desavenencias políticas.
EL AUSENTE
Nos hacen saber que el motivo de la ausencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la magna y tensa ceremonia por la Constitución en Querétaro fue porque convalece de gripa. El vacío era notorio porque en el acto, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvieron Claudia Sheinbaum y Adán Augusto.
MÁS AYUDA
Quien se anotó otro punto en favor de las personas vulnerables es la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, pues firmó un convenio para acceder a la universalidad de la Pensión para Bienestar de Personas con Discapacidad, en San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo. Tendrá un fondo de 100 mdp de la federación y otra parte del gobierno local. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
En la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la Constitución de 1917, celebrada ayer en Querétaro, quedó de manifiesto que ese documento es, hoy más que nunca, un escenario fundamental de lucha entre los dos alineamientos que se enfrentan en la vida política del país: por un lado, el que se orienta por la Cuarta Transformación que propugnan el Presidente de la República y los partidos que lo respaldan, y por el otro, la coalición tripartita formada por Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, y el residual Partido de la Revolución Democrática, heredera del Pacto por México forjado a principios del sexenio pasado con el objetivo de perpetuar el régimen neoliberal que existió entre 1983 y 2018.
El anfitrión del encuentro, el gobernador queretano Mauricio Kuri, procuró mantener una postura institucional, dejar de lado su condición de adversario político del titular del Ejecutivo federal y concentrarse en sus coincidencias con éste. No ocurrió lo mismo con el presidente de la Cámara de Diputados, el también panista Santiago Creel Miranda, quien, olvidando que asistía al acto en representación de ese órgano legislativo y no de su propia afiliación partidista, buscó la confrontación abierta con Andrés Manuel López Obrador y esgrimió por enésima ocasión la exigencia opositora de participar en el diseño de las políticas públicas del gobierno federal.
El senador Alejandro Armenta, por su parte, formuló un elogioso recuento de las reformas constitucionales –particularmente, las que han permitido fortalecer la soberanía nacional en sus distintas dimensiones– conseguidas en lo que va del presente sexenio.
El discurso de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, estuvo teñido de cierto fundamentalismo legal, y aunque ni ella ni Creel Miranda lo dijeron expresamente, sus respectivas palabras apuntaban a cerrar la perspectiva de nuevos cambios al texto constitucional.
En su alocución, López Obrador recordó el carácter antipopular y antinacional de las reformas a la Carta Magna efectuadas durante el periodo neoliberal y señaló que todas ellas se orientaron a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera.
Asimismo, el mandatario reivindicó los ideales de la Revolución Mexicana plasmados por el Constituyente de Querétaro y exhortó a abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal y a devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original.
Debe reconocerse que el texto vigente de la Constitución requiere cambios urgentes y de gran calado en diversos pasajes, como el energético, el que rige a los organismos electorales y el que regula el Poder Judicial, terrenos donde sigue imperando la opacidad, el derroche y la disfuncionalidad.
Para ilustrar este hecho, baste con recordar las múltiples trabas interpuestas desde el Legislativo y el Judicial a propuestas de reforma que contaban con un abrumador respaldo social, como la eléctrica y la electoral.
En suma, pues, el documento constitucional y la disputa entre quienes pretenden dejarlo como está y quienes buscan modificarlo para profundizar los cambios que se han venido efectuando desde 2018 son expresiones de la pugna por la orientación general del país, pugna que se agudiza conforme se aproximan los comicios presidenciales del año próximo. (La Jornada, Editorial, p.2)
Durante el juicio que una corte de Brooklyn sigue en contra del exsecretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, un exagente federal reveló las claves con que se permitía el paso de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México:
“Por 45 todos en 35”, que significaba que por órdenes superiores los agentes en turno debían suspender la revisión de equipajes, y “79” y “40”, códigos que hacían referencia a maletas con droga y dinero, respectivamente.
Según la declaración del exfederal Raúl Arellano, esto ocurría dos veces por semana, regularmente tras el arribo de aeronaves procedentes de Sudamérica.
Arellano estuvo adscrito al AICM entre 2003 y 2015, hasta que asqueado decidió darse de baja, según dijo.
El suyo es uno de los testimonios más relevantes que se han dado hasta ahora en el juicio, no solo porque no proviene de un criminal en busca de beneficios, sino porque pone sobre la mesa una realidad que hasta la fecha se mantiene inalterable: el tema del aeropuerto capitalino como una de las mayores ventanas que hay en México para el tráfico de dinero, drogas y artículos ilícitos.
En 2008 el AICM fue catalogado como “una coladera”. Un reporte oficial ubicó cuatro puntos críticos y de alto riesgo dentro de sus instalaciones. Eran los lugares a los que llegaba la droga.
El informe señalaba en primerísimo lugar la banda 10, a donde iba a parar el equipaje que venía en vuelos procedentes de Centro, Sudamérica y el Caribe, y frente a la cual transitaban más de 6 mil personas diariamente.
Los otros puntos eran el filtro migratorio y la zona fiscal: la aduana, y la zona de carga, en la que operaban 11 líneas aéreas. En aquellos años se habló del relevo de más 100 agentes federales adscritos al aeropuerto y sobre los que pesaban sospechas de corrupción. Pero en el fondo nada cambió: policías, empleados de las aerolíneas, personal de Aduanas y Hacienda siguieron formando parte de la red.
En junio de 2012 las cámaras de vigilancia de la Terminal 2, a la llegada del vuelo de Aeroméxico 919 procedente de Lima, captaron a un agente federal que se introducía en el baño de la sala de llegada y salía diez minutos después, cuando la mayor parte de los pasajeros se habían retirado, con un bulto bajo la chamarra.
Más se tarde se sabría que aquella era una de las prácticas de introducción de droga más frecuentes en el aeropuerto. Alguien dejaba la maleta o un bulto en el baño. Y agentes federales se encargaban de sacarlos.
Aquella mañana, tras salir del baño, el agente Zeferino Morales Franco se dirigió al área de comida rápida. El titular de estación del aeropuerto envió tres oficiales con la orden de revisarlo y, en su caso, detenerlo. Morales estaba en una de las mesas con dos civiles.
Cuando uno de sus compañeros le pidió que se abriera la chamarra, Morales se incorporó y abrió fuego en su contra. Le disparó cinco veces.
Otros dos federales que formaban parte de la red de tráfico, Daniel Cruz García y Bogart Felipe Lugo de León, dispararon contra los agentes que venían atrás del primer oficial. Ambos perdieron la vida.
Los videos mostraron a los agresores corriendo en medio del caos hacia el área de taxis. Bogart Felipe se encaminó hacia el estacionamiento, abordó una camioneta y huyó derrapando llantas.
Curioso: le correspondió al entonces jefe de seguridad regional Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna, y hoy bajo la lupa de la justicia, salir a dar la cara para explicar los hechos.
Los agresores fueron buscados por cielo, mar y tierra, pero a los hechos del aeropuerto se les echó tierra. El asunto fue tratado, simplemente, como un caso de traición a la Policía Federal.
El testimonio del exfederal Arellano deja ver el verdadero trasfondo: que Zeferino Morales y sus cómplices no eran una excepción. Policías federales que formaban parte de “un grupo especial” ayudaban a los cárteles a descargar, dice Arellano, y luego repartían las ganancias a lo largo de la cadena de mando.
Lamentablemente, esto no terminó. Por el contrario: sigue ocurriendo. Los cárteles continúan traficando en el aeropuerto, la gran puerta de entrada de enervantes a la capital del país; apenas en octubre pasado se dio a conocer un reporte hackeado a la Secretaría de la Defensa Nacional por los integrantes del grupo conocido como Guacamaya.
Según el documento, los cárteles están coludidos con personal de cinco aerolíneas: Avianca, Lan, Aeroméxico, Taca y Copa Airlines y poseen en el aeropuerto capitalino una extensa red de complicidades de la que forma parte personal de Hacienda.
Los decomisos hablan de la magnitud de los cargamentos y de la forma en la que los narcotraficantes se las ingenian para pasar la droga. Justo en octubre se detectaron 8 mil kilos de cocaína que llegaban dentro de botellas de champú. Poco antes la Marina había asegurado 50 kilos en maletas de ropa impregnada con cocaína.
La droga que compra autoridades y financia campañas políticas baña el país. La respuesta a todo eso no está solo en el pasado: está también ahí, hoy mismo, en el aeropuerto. Allá ustedes si quieren volver a cerrar los ojos. (Héctor De Mauleón, El Universal, Nación, P.6)
En su alegato inicial, César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna en el juicio que se le sigue en Nueva York, afirmó que no hay evidencia material que vincule a su cliente con los delitos que se le imputan: “No hay un solo chat, llamada, video, documento, foto, nada que pruebe este supuesto nexo criminal. ¿Y el dinero? No existe”.
Esa apreciación parece ser correcta. Después de dos semanas y una docena de testigos, la fiscalía no ha presentado algún tipo de rastro material o documental que muestre el pago de sobornos a García Luna y su presunto apoyo a las operaciones de tráfico de droga del Cártel de Sinaloa.
Lo que sí ha abundado es evidencia testimonial. Han pasado por el estrado múltiples testigos describiendo actos de corrupción, algunos involucrando directamente a García Luna y otros a subordinados o elementos de la Policía Federal o la AFI. Algunos de esos testigos han sido narcotraficantes de cierto peso (Sergio Villarreal, Óscar Nava), otros han sido personajes de poca monta (un narcomenudista de Nueva York, por ejemplo) y otros más han sido elementos en activo o retirados de corporaciones policiales, tanto mexicanas como estadounidenses.
Por lo que se sabe, ese va a seguir siendo el tenor del juicio en las semanas que faltan para que la fiscalía termine de presentar su caso: una multiplicidad de testimonios, no solo sobre García Luna, sino sobre la corrupción y el narcotráfico en México, y pocas evidencias materiales que apuntalen esos dichos.
Eso bien puede ser más que suficiente para obtener una sentencia condenatoria: muchos juicios en Estados Unidos se acaban resolviendo exclusivamente con evidencia testimonial. Escuchar a varios testigos, con motivaciones diversas y puntos de vistas dispares, contar historias similares con detalles parecidos puede ser una prueba muy potente de la culpabilidad del acusado.
Pero allí también radica la vulnerabilidad de una estrategia de ese tipo. Dos o más testigos pueden acabar haciendo afirmaciones contradictorias. O un mismo testigo puede acabar haciendo declaraciones lógicamente incompatibles (ya sucedió en este caso en el contrainterrogatorio a Óscar Nava Valencia). La defensa puede además cuestionar la credibilidad, la motivación o hasta la memoria y los sesgos cognitivos del testigo (no está de más recordar que se están narrando hechos de hace 15 o 20 años).
Más importante: la defensa podrá en su momento presentar todos los testigos que juzgue pertinente, algunos de los cuales probablemente contradigan de manera frontal las afirmaciones realizadas por testigos de la parte acusadora. ¿Cómo evaluar entonces declaraciones que corren en sentido contrario? En ausencia de evidencia material, esto se vuelve una evaluación subjetiva de la credibilidad de los testigos.
Es importante recordar que los objetivos de la fiscalía y la defensa no son idénticos. Los fiscales tienen que convencer a los 12 integrantes del jurado de la culpabilidad de Genaro García Luna (el veredicto tiene que ser unánime). Y esa convicción tiene que ser a prueba de una duda razonable.
Para la defensa, en cambio, basta con sembrar dudas en un solo integrante del jurado. Eso es suficiente para que no se pueda llegar a un veredicto, se anule el juicio y todo regrese a la casilla inicial, con la posibilidad de que la fiscalía se desista de la acusación en ese punto.
En resumen, es posible que García Luna sea condenado solo o mayoritariamente con evidencia testimonial (sigo creyendo que ese va a ser el desenlace). Pero también es cierto que esa puede ser una estrategia de alto riesgo que acabe en un veredicto sorpresivo. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p.7)
Una vez más el presidente López Obrador tomó una decisión muy cara para las empresas afectadas y que no traerá beneficios para nadie. Este 2 de febrero adelantó la publicación en el Diario Oficial de un decreto que prohíbe la operación de vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Solo estarán permitidos los que lleven a un mismo tiempo pasajeros y carga.
La prohibición se registró en un momento en que las empresas todavía estaban tratando de explicar al gobierno el daño que esta medida ocasionará. La iniciativa, de hecho, estaba en revisión por la Comisión de Mejora Regulatoria y no hay anuncio de que haya sido aprobada. Además, el Presidente impuso un plazo perentorio de solo 108 días hábiles para cumplir con la orden. La medida es una más de las que está tomando para obligar a las empresas a trasladar vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual pierde carretadas de dinero todos los días.
El decreto justifica la prohibición con el argumento de que el AICM está saturado, pero no resolverá esa situación. Solo un 4 por ciento de los vuelos del aeropuerto son enteramente de carga, según Rosario Avilés, analista del sector aéreo. La mayor parte de la carga la transportan aviones que también llevan pasajeros. Para muchas empresas, principalmente pequeñas, sin embargo, trasladar operaciones al AIFA, o a otro aeropuerto, representará costos adicionales sin ingresos nuevos que los compensen.
El AIFA tiene capacidad de carga suficiente, según el director, el general Isidoro Pastor, pero no instalaciones para un manejo adecuado de grandes volúmenes de mercancía, como señala la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. No hay bodegas acondicionadas, especialmente las que requieren las cadenas de frío. Las aerolíneas de carga y pasajeros difícilmente construirán nuevas instalaciones en el AIFA porque duplicarían sus costos de operación. Simplemente tendrán que ajustar su capacidad de carga a la que puedan llevar los aviones de pasajeros. Esto afectará las cadenas de suministro. Habrá alzas de precios y escasez de ciertos productos. No hay en el AIFA, por otra parte, talleres de mantenimiento para aviones.
DHL, una empresa solo de carga, ya ha anunciado su intención de empezar a operar desde el AIFA. Le conviene, porque no tiene operaciones de pasajeros y cuenta, además, con un centro de operaciones en Cuautitlán Izcalli. Otras enfrentarán problemas.
Los daños por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se siguen acumulando. El AIFA no solo no resolvió la saturación del AICM, sino que la incrementó, con un menor número de vuelos. La prohibición de los vuelos de carga del AICM creará ahora problemas mayores.
Tarde o temprano habrá que construir un solo aeropuerto que sirva a la Ciudad de México y cerrar el AICM. Una opción será ampliar el de Santa Lucía para alcanzar más de 500 mil operaciones anuales, pero con vías de acceso. La otra sería revivir el NAIM, como han prometido algunos políticos de oposición. La supuesta solución de dos aeropuertos solo ha generado problemas.
Una cosa sí queda clara. El Presidente que dijo el 19 de enero que estaba dispuesto a negociar, “todo por la razón y el derecho”, sigue tomando decisiones unilaterales que demuestran su ignorancia sobre cómo funcionan las empresas.
El nearshoring está haciendo su magia. BMW anunció una inversión de 872 millones de dólares para producir autos eléctricos en su planta de San Luis Potosí. Un artículo del New York Times describió casos de empresas chinas que están instalando fábricas en México, ante las barreras a los productos chinos del gobierno de Estados Unidos. Buenas noticias. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.10)
Pobre Andrés Manuel López Obrador y el AIFA. Su juguete nuevo que no sirve. Su magna obra que no despega. Un aeropuerto tan presumido, tan alabado, tan cacareado, y tan inútil. Mientras que el AICM traslada a 373 mil pasajeros al mes, el AIFA sólo logra 17 mil. Helo ahí, reluciente, con una cafetería Starbucks, y nada más 8 a 12 vuelos al día, medio llenos. Helo ahí, construido por militares, manejado por militares, aprovechado por militares y símbolo de la pleitesía que el poder civil ahora le rinde al poder militar. Un tributo a la terquedad, un monumento a la militarización, un regalo que López Obrador se hizo a sí mismo y a sus nuevos amigos. Un aeropuerto que entretiene, pero no funciona.
Y por ello los esfuerzos desesperados del Presidente para obligar a su utilización, aunque sea a la fuerza. Curioso que AMLO me criticara en una mañanera hace meses por pronosticar que ese sería el caso, cuando ha terminado imponiendo medidas, redactadas en su cabeza y dictadas desde Palacio Nacional. Fiel a su estilo de gobernar, López Obrador invoca la razón, pero recurre a la imposición. Si alguna institución se resiste a los machetazos, no tardan los decretazos. Si las aerolíneas no tienen demanda suficiente para despegar desde el AIFA, serán obligadas a hacerlo. Obediencia mata evidencia. Juguete presidencial mata obra pública racional. Patrimonialismo mata patriotismo.
El Presidente tiene una responsabilidad fiduciaria y moral sobre el erario, pero no le importa desperdiciarlo si de comprar pilas para su muñeco se trata. De acuerdo con los estados financieros del AIFA, 90 centavos de cada peso que el aeropuerto reporta como ingresos, fueron una ayuda del gobierno. Un subsidio permanente para pagar el cachivache promovido por Riobóo, a cambio de nombrar y mantener en la Suprema Corte a su esposa, Yasmín Esquivel. Para 2023, el gobierno proyecta proveer 836 millones 230 mil 355 pesos según el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023, casi lo doble que lo solicitado para el primer año de operación. Ya lo había advertido la ASF: el plan de negocios del AIFA no tiene sustento alguno, ni técnico, ni económico. Por eso, perdió 22 millones 902 mil 811 pesos en su primer mes de operaciones. Un fracaso rotundo, excepto para quien se beneficia del subsidio. Y no es el pueblo de México, no es el Estado. Es el Ejército.
Hasta ahora, el único logro del AIFA ha sido que Joe Biden aterrizara ahí. A cambio, México aceptó recibir a 30 mil deportados -nicaragüenses, haitianos, salvadoreños y guatemaltecos- al mes. Un quid pro quo vergonzoso en el cual México entregó el oro de la política migratoria, por los espejitos del AIFA. Para tapar el elefante blanco financiado por el Estado, López Obrador ahora intenta forzar al uso del Felipe Ángeles, aunque no haya buenas razones para hacerlo. Aunque coloque a las aerolíneas nacionales en riesgo de quiebra con la propuesta de cabotaje. Aunque produzca disrupciones masivas en el transporte de carga al obligar que se traslade del AICM al AIFA. Detrás de los decretazos y las propuestas de reforma constitucional no hay estudios de costo-beneficio, de competitividad, de competencia, de eficiencia, de diagnósticos provistos por la SCT. Hay ideas peregrinas que transitan del pensamiento presidencial al papel. Ocurrencias transformadas en decretos. Caprichos convertidos en cambios a la Constitución.
En el caso del cabotaje, cualquier medida que fomente la competencia, baje los costos y favorezca a los consumidores en loable. Pero no si se instrumenta solo en México, sin asegurar la reciprocidad para que las aerolíneas mexicanas vuelen tramos domésticos en otros países. No si la iniciativa presidencial ignora los métodos de asignación de “slots” para nuevas rutas, o desestima los impactos económicos de la medida. Lo mismo para la terminación de los vuelos de carga al AICM y su traslado al AIFA. ¿Alguien en el gobierno ha proyectado cuántos almacenes se requerirán, cuántas rutas de salida terrestre se necesitarán, cuántos centros de logística se crearán, cuántos tráileres se comprarán, cuántas cadenas de suministro se trasladarán? El Tren Maya no contempló los cenotes, Dos Bocas no tomó en cuenta las inundaciones, y el AIFA reproducirá el mismo patrón. Un Presidente que trata al país como su guardería personal, y lo llena de juguetes caros e inservibles. (Denise Dresser, Reforma, Opinión, p.11)
El 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 no terminó siendo el choque de trenes que algunos esperaban, pero tampoco un espacio que abriera oportunidades para dialogar entre los distintos México, enfrentados en el cada vez más tenso, complejo y polarizado día de hoy.
Cada discurso tuvo su auditorio. La ministra Norma Piña en su primera aparición en estos ámbitos, se mostró como lo que es, una jueza que intentará hacer valer la independencia del Poder Judicial pidiendo explícitamente que se respete la autonomía de los jueces y del Poder Judicial, una respuesta a los reclamos presidenciales sobre los mismos.
Santiago Creel, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio un buen discurso llevándonos en los tiempos históricos a través de las etapas de diálogo y las de confrontación. La diferencia, sostuvo, es si se incluye o no a la hora de gobernar a los que piensan distinto.
El presidente López Obrador repitió casi textualmente partes de su propio discurso de hace un año. En su visión, el pueblo sólo es uno y la oligarquía, los conservadores o como se les quiera llamar, son otra cosa, ajena al pueblo. Su objetivo es regresar la Constitución a sus orígenes de 1917, aunque al paso de un siglo, el texto, no en su espíritu, pero sí en mucho de su letra, haya quedado superado por la realidad.
La Constitución del 17, sin duda, tuvo muchos méritos, pero tiene un defecto que sigue permeando el conjunto de la vida política nacional desde entonces: la ambición de que incluya en sus artículos todos y cada uno de los capítulos que pueden ser de interés para la sociedad o los grupos de poder. Desde la conformación de los órganos electorales hasta la enumeración de los derechos individuales; desde derechos sociales que garantizan vivienda, ingreso, empleo y salud hasta la forma en que se pagan las horas extras de los asalariados. Como se imprime en la Constitución eso conlleva a que exista una suerte de cinturón de castidad en torno a una vida política, económica, social, cultural, que sobre todo desde la segunda mitad del siglo veinte ha sido mucho más dinámica que el cuerpo legal que la debe regular. Cada gobierno quiere dejar inamovible lo suyo.
Dicen algunos analistas que la diferencia que hace más o menos viable a un país y a su sistema de leyes y normas, se da entre los países que tienen leyes flexibles que se aplican de manera estricta, y aquellos que tienen leyes y normas estrictas que se aplican de forma flexible. La mayoría de las naciones industrializadas se rigen por el primer principio (la Constitución estadunidense o la Constitución europea son ejemplos de ello) y las naciones latinoamericanas, en forma destacada nuestro país, son ejemplo de lo segundo: las leyes y la Constitución son tan estrictas, abarcan tantos temas, que es imposible aplicarlas plenamente, no se cumplen o se cumplen de forma selectiva.
Por eso también cada administración constantemente busca modificar la Constitución. Las reformas constitucionales se convierten en un instrumento político de corto plazo que hace, paradójicamente, cada día más difícil el cumplimiento estricto de la misma. Un buen ejemplo de ello es la reciente reforma electoral: no tiene demasiado sentido convertir normas electorales en letra de la Constitución, sobre todo cuando esas normas se contradicen con otros capítulos o derechos que establece la propia Carta Magna.
Allí está la trampa: en que no tenga sentido. Cuantas más normas, más particulares y estrictas existan, cuanto, paradójicamente, más se contradigan unas con otras, mayor discrecionalidad existe en la aplicación de las mismas.
El punto está en el proceso: para reformar la Constitución se requiere de dos terceras partes de los votos en las Cámaras de Diputados y Senadores y de la mayoría de las legislaturas locales. Cuando se llega a un acuerdo político y se refrenda de ese modo, las posibilidades de modificarlo en el futuro son escasas, porque además, se supone que las reformas constitucionales son inatacables, algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría modificar en el futuro próximo, atendiendo, precisamente, los amparos, disímiles en las formas y algunos en el fondo, que se han presentado contra la reforma electoral: la controversia es sencilla: ¿pueden los constituyentes permanentes hacer modificaciones que vayan contra la propia letra de la Constitución?
Macario Schettino escribió en Cien años de confusión (Taurus, 2007) que la nuestra “es una Constitución que no sólo establece garantías individuales y forma de gobierno, sino que eleva las reformas sociales al máximo nivel jurídico posible… la falta de claridad en los equilibrios entre los poderes federales y entre éstos y los poderes locales, se suma entonces a un exceso de detalle en cuestiones sociales, para dar como resultado una Constitución que no funciona”. Todo ello, concluía Schettino, no fue importante mientras controlaba el país un régimen autoritario, sólo cuando éste dejó de funcionar las limitaciones de la Constitución, sus contradicciones, se hicieron evidentes.
Y en eso estamos: celebrando una Constitución que incluye demasiados capítulos inútiles, que tiene enormes ausencias y, peor aún, cada quien lee y entiende de acuerdo con su interés particular. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p.8)
Querétaro: dos proyectos // AMLO rebate a opositores // Creel habla por sus intereses // En Piña anida el lawfare
Pocas veces un escenario institucional ha sido tan política e ideológicamente esclarecedor como el que ayer desplegaron en Querétaro tres representantes de la reacción política: el panista gobernador anfitrión, Mauricio Kuri; el panista presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Santiago Creel, y la ministra presidenta de la Corte, la wallacista Norma Piña.
En esencia, los tres oradores plantearon (con diversos matices e intensidad) críticas indirectas o genéricas a las políticas obradoristas, con la exigencia de que haya diálogo y se frenen proyectos supuestamente lesivos a la nación (el plan B electoral como elefante en la sala que en todo caso sería Creel quien más lo enfocaría).
Kuri campechaneó su discurso en el marco de una conmemoración más de la promulgación de nuestra Carga Magna: elogió aspectos de la administración obradorista, pero también advirtió que los días que vivimos nos urgen a restablecer la convivencia pacífica y respetuosa como método para lograr el consenso.
La ministra Wallace, perdón, Piña, confirmó que su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia implica tanto la anulación de cualquier atisbo de crítica a la corrupción histórica del Poder Judicial como el ensalzamiento convenenciero de las presunta virtudes de ese entramado administrador de justicia. Sus modos y su retórica buscan agradar a los sectores conservadores que celebran su presunta independencia (quedarse sentada, como presunta declaración de principios) porque en el fondo se alienta la posibilidad de golpeteo a un gobierno de tendencia popular (como ha sucedido en otros países latinoamericanos). En una piña anida ya el huevo de la serpiente del proceso de desestabilización conocido como lawfare (guerra jurídica; judicialización de la política).
El golpismo desde la hipocresía también fue esbozado por el panista Creel, quien habló como presidente de la directiva de la Cámara de Diputados, pero lo hizo para defender sus intereses como panista y como precandidato presidencial, llegando al extremo de exhortar a la rectificación del plan electoral ¡ya aprobado por los mismos diputados federales a los que representa! En lugar de ser voz de la mayoría de los legisladores, por quienes tuvo oportunidad de hablar ayer en el Teatro de la República, Creel usó la tribuna para desahogar sus puntos de vista personales, que ya fueron derrotados en plenaria de San Lázaro.
Otro aspecto notable fue el desfondado intento de revisionismo histórico que Creel hizo para hilvanar la indemostrable hipótesis de que los cambios políticos y sociales revolucionarios provienen del diálogo y el entendimiento entre todas las partes de un conflicto. En realidad, los que durante décadas acallaron a un segmento importante de la sociedad ahora reclaman con aires intelectuales fallidos el ser tomados en cuenta: lo que las urnas no dieron, que lo aporten los discursos de unidad, de entendimiento, de luchar ¡Poooor Méxicoooo!
En esta significativa confrontación de las dos visiones que se encaminan a una cita resolutoria en 2024, el presidente López Obrador respondió con puntualidad: recordó cómo durante décadas los poderes institucionales sirvieron al proyecto de la clase dominante y que así fue como se reformaron leyes y la Constitución para cerrar el paso a las opciones populares: “todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera”, señaló. Y, frente a este vergonzoso retroceso, insistió en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público.
El choque de posiciones ha tenido por primera vez una expresión institucional inequívoca. En Querétaro se ha dado un adelanto, desde poderes ganados por la derecha, y con una respuesta sin concesiones de parte del líder de la izquierda electoral, del debate y el combate ideológico, político y electoral que cada vez son más recrudecidos. ¡Hasta mañana! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.8)
Dicen que Cuauhtémoc Cárdenas “se dobló” ante la diatriba presidencial que lo llamó “adversario” y le exigió definirse en esta hora donde, según el Presidente, no “hay justo medio” y no se puede estar sino “con la oligarquía o con el pueblo”.
Siempre hay más de dos caminos en la historia. Hasta en las guerras civiles, donde los bandos adversarios llevan en su seno opciones distintas.
Creo que a lo largo de su vida política Cárdenas no ha conjugado nunca el verbo “doblarse”. Su prudencia no es temor, es prudencia.
Creo que se retiró de la convocatoria de Mexicolectivo por lo que dijo y sugirió: porque no había participado en la elaboración de la propuesta, ni en la convocatoria, y se sintió presentado de más como su buque insignia.
Lo que quiere Cárdenas, creo yo, es mantener su propio rumbo propositivo, quedando libre de dialogar, acercarse o alejarse de quien quiera cuando quiera.
Si de distanciarse del gobierno se trata, Cárdenas se ha distanciado ya con la publicación de su libro Por una democracia progresista, cuya propuesta tiene poco que ver con la llamada 4T.
De hecho, el libro es una crítica al actual gobierno hecha desde la izquierda nacionalista y democrática. Y no sólo el libro.
Van dos citas de Cárdenas pescadas por Sergio Sarmiento:
Del libro: “Hacia donde debe dirigirse el esfuerzo es a ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia… para salir de la situación de deterioro y empantanamiento actual”.
De la conferencia El futuro de la Izquierda: “Difícilmente diría yo que tenemos un gobierno de izquierda, por más que se digan de izquierda” (20/5/2021).
Al día siguiente de su diatriba, el Presidente bajó el tono, dijo no haber estado al tanto de lo que sucedía, y trató de pegar la taza rota.
Pero la taza estaba rota ya y el incidente no hizo sino exhibir y recordar la vieja ruptura del Presidente con lo que representa Cárdenas en la izquierda y en la política mexicana.
Fustigando todo lo que no le es incondicional, el habitante de Palacio exige más de lo que ofrece, y separa más de lo que agrega.
Extrañará en el 2024, como extrañó en el 2006, las alianzas que va perdiendo por el camino. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Al Frente, p.3)
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue de nueva cuenta el gran ausente en la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución, donde estuvieron los representantes de los tres poderes de la Unión, además de gobernadores y secretarios de Estado.
En esta ocasión, la ausencia en el Teatro de la República de Querétaro se sintió por las versiones sobre que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta ocasión como una gran oportunidad para la reaparición, y para echar por tierra los rumores con respecto a su estado de salud.
Lo cierto es que el fiscal Gertz se recupera en su casa, tras la cirugía en la espina dorsal que le realizaron en la clínica Johns Hopkins de Baltimore, y no piensa en lo absoluto poner su renuncia sobre la mesa o apartarse de la FGR para darle paso a alguien más, según fuentes cercanas. El fiscal general está convencido de que puede acabar su mandato o por lo menos el sexenio del presidente López Obrador como titular del ministerio público.
El fiscal Gertz está operando desde su casa y los fiscales especiales le reportan directamente a él. Su mano derecha, Juan Ramos, no ha tomado su lugar.
Se asegura que Gertz reaparecerá en público hasta que haya completado plenamente su proceso de recuperación y la imagen que muestre nuevamente al público sea de fortaleza. Para sus cercanos aún quedan unos días para que llegue ese momento, pero afirman que sucederá.
Gertz tiene que luchar otra vez contra los grupos de poder que ambicionan su posición en la FGR y que ven esta convalecencia como una gran oportunidad para impulsar a perfiles que les prometen una relación mucho más amable y, probablemente, hasta de conveniencia. Ante las publicaciones sobre su estado de salud y su posible dimisión, el fiscal ha hablado por teléfono con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de lo que considera una “guerra sucia”.
La lista falsa que circuló hace unas semanas con los nombres de posibles sustitutos de Gertz Manero es un ejemplo de la lucha que hay dentro y fuera del gobierno para controlar esa posición de poder. Aunque muchos de esos candidatos están impedidos constitucionalmente para asumir el cargo, siempre está disponible la figura de “encargado de despacho”.
En la lista aparecen nombres como el del ministro Arturo Zaldívar y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Bátiz Vázquez; los tres están impedidos para llegar por la vía legal.
En el número cuatro de esa lista, y luego en diversos espacios de discusión política, aparece el nombre del fiscal General de Justicia Militar, Miguel Carrasco Hernández, un general de brigada y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México con más de 40 años de trayectoria en el Ejército Mexicano.
Si bien Carrasco tiene una buena reputación, tanto en el Ejército como fuera de él, la idea de militarizar la procuración de justicia no parece ser la mejor en un Estado en el que las Fuerzas Armadas también son administradoras de las tareas que le corresponden a los civiles.
En la conmemoración del 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro hubo algunas cosas a resaltar. Por un lado, el gobernador anfitrión, Mauricio Kuri, fue bien recibido por el presidente López Obrador e incluso los “ultras” de Morena resaltaron su institucionalidad. El panista que fue menos terso fue Santiago Creel, quien criticó la reforma electoral del presidente. Tampoco fue suave el discurso de la presidenta de la Corte, Norma Piña, en defensa del Poder Judicial, mientras que el mensaje del morenista Alejandro Armenta estuvo demasiado plegado al gobierno. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p. 8)
En vísperas de conmemorarse ayer 106 años de promulgada la Carta Magna, el presidente López Obrador volvió a una falsa disyuntiva entre justicia y derecho al subrayar una “diferencia de fondo” con su correligionario Ricardo Monreal, afirmando que prefiere la primera sobre lo segundo.
De ahí lo oportuno del mensaje de la titular del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura federales, Norma Lucía Piña Hernández, llamando a evitar encuentros estériles mediante el simple acatamiento de la Constitución.
Por la subjetividad que los términos justicia y derecho entrañan, lo justo se basa en ordenamientos específicos modificables pero no a criterio de quien sea, porque cualquier delito para las víctimas merecería cadena perpetua o hasta la pena de muerte a los infractores (más un pago incalculable por la “reparación del daño”).
En respuesta al Presidente, el coordinador de Morena en el Senado tuiteó que la diferencia entre legal y justo es tan antigua como la Grecia Clásica. No debe existir diferencia entre uno y otro: si algo es legal, debe también ser justo, y viceversa/ Si el Estado de derecho es imperfecto y cuestionado, modificarlo es labor del Poder Legislativo. No hay justicia sin Estado de derecho/ que, con la democracia, serán realidad cuando lo legal sea también legítimo, y la base de la justicia sea el derecho. Su convergencia es la experiencia civilizatoria más relevante de la humanidad y la democracia.
Con la misma lógica dijo la ministra Piña:
“No es accidental que en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia esté grabado el apotegma: Somos siervos de la ley suprema para poder ser libres”.
Ilustró: “Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley (…). Esta importantísima labor, la realizamos como seres sociales, insertos en una cultura política, con diversos perfiles éticos, que se proyectan inevitablemente en nuestra labor. La diversidad entre quienes impartimos justicia no sólo es inevitable, es deseable”.
En el acto celebrado en el Teatro de la República, el gobernador anfitrión panista de Querétaro, Mauricio Kuri, aludió a las reformas legales del plan B para descuartizar al INE:
“No habrá nadie por encima de la Constitución, ni nada más fuerte que ella; la Constitución tampoco admite, ni entonces ni hoy, atajos, planes o procedimientos legislativos para violentarla”.
En su primera alocución ante el mandatario que desconfía de ella y juzga incapaz de mejorar el Poder Judicial, Piña Hernández resumió la importancia del apego a la legalidad:
“La Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos y obliga a todas las autoridades (…). Les invito a que trabajemos por el bien de nuestro país (…). La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental…”. (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)