¡Ah, maldita pandemia! Mató a muchos, pero sólo hizo archimillonarios a unos cuantos. (La Jornada, Contraportada)
SI ALGUIEN tenía la esperanza de que Loretta Ortiz estuviera del lado de la independencia del Poder Judicial, la propia ministra acabó con esa ilusión con su proyecto para avalar la inconstitucional Ley de la Industria Eléctrica o, mejor dicho, Ley del Monopolio Contaminante.
EL PROYECTO podría haber sido redactado por Manuel Bartlett, pues se enfocaba no en los temas jurídicos, sino en los pretextos ideológicos. Por eso la mayoría de los ministros mostró su rechazo. Y Juan Luis González Alcántara fue más allá al advertir que la impugnada ley viola la libre competencia, contraviene los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud; y con ella la energía saldría más cara.
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SERÍA BUENO saber con quién firmó el gobierno de Claudia Sheinbaum el acuerdo -¿o es contrato?- para la instalación de una réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo. Hasta donde se sabe, el que maneja esa franquicia en México es Antonio “Toño” Berumen, quien enfrenta varias acusaciones de abuso sexual.
HACE APENAS unas semanas, el actor Mauricio Martínez reveló que, al inicio de su carrera, fue víctima de tocamientos por parte de dicho personaje. En aquel entonces, Berumen era uno de los productores de espectáculos más poderoso, creador de grupos como Magneto.
LUEGO de haberse alejado del show business, Berumen se involucró en asuntos cercanos a la Iglesia católica, e inclusive en algunas visitas papales. También ha hecho un gran negocio llevando su réplica de la Capilla Sixtina a varias ciudades. Sería muy extraño que Claudia Sheinbaum decidiera comulgar con un presunto depredador sexual que es investigado por la propia Fiscalía capitalina.
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CONOCIENDO cómo maneja la justicia Alejandro Gertz Manero, hay quienes se preguntan por qué la FGR no le anda pisando los talones a Rafael Zaga Tawil, prófugo desde hace más de un año.
LO MÁS curioso es que el empresario acaba de interponer un recurso de amparo, angustiado porque a lo largo de la Ciudad de México alguien colocó varios anuncios espectaculares, en los que se ofrece una ¡recompensa! para quien informe sobre su paradero.
CON las pruebas que hay en su contra, quienes saben del asunto aseguran que bien podría estar compartiendo celda en el penal federal del Altiplano con su hermano Teófilo Zaga Tawil, por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se sabe que tanto la Comisión Bancaria y de Valores como la Unidad de Inteligencia Financiera están muy interesadas en este caso… pero la FGR no tanto.
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LUEGO DE ver el desorden que se provocó en la frontera norte con el precio de la gasolina, quedó claro que dura menos una decisión de la Secretaría de Hacienda… que Alfredo Adame en una pelea. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Morena y opositores logran importante consenso
No todo en el Poder Legislativo son desacuerdos. Aunque hay reformas y asuntos en los que las fuerzas políticas en el Senado no logran ponerse de acuerdo, hay temas que fluyen muy bien. Es el caso del consenso para realizar un puente vacacional de Semana Santa. Nos comentan que en el calendario legislativo que se programó con antelación para el mes de abril, se acordó celebrar tres sesiones para esta semana: martes, miércoles y jueves. Sin embargo, nos dicen que en la Junta de Coordinación Política del Senado los grupos parlamentarios propusieron cancelar la sesión del jueves, por lo que la de hoy será la última antes de la semana mayor. De esta manera, los senadores volverán a sesionar hasta el martes 19 de abril, a menos de que haya un cambio de última hora por alguna causa de urgencia. Quién dice que no hay consensos.
Libra Guardia Nacional ir ante rendición de cuentas
Por enésima ocasión, el Senado de la República pateará el bote para debatir, y en su caso aprobar, el informe del 2021 de la Guardia Nacional. Como ya se lo hemos comentado, en al menos un par de ocasiones la mayoría de Morena ha logrado que se cancele la presentación del reporte. En esta ocasión, nos dicen, se reprogramará para después de la Semana Santa. Nos hacen ver que quizá ya que hayan pasado los días de guardar y la consulta de revocación de mandato, el tema de la presencia del comandante de esta corporación, el general Luis Rodríguez Bucio, en un evento partidista de Morena, y el uso de un avión oficial para asistir a dicho mitin, ya no esté tan fresco y cause menos críticas.
Pagarán medio millón por arreglo de jardines en Palacio Nacional
Si usted le sabe al oficio de la jardinería tiene que estar muy pendiente, pues la Secretaría de Hacienda está buscando quien le presente el servicio integral de jardinería en sus oficinas, entre ellas, las que están a su cargo en Palacio Nacional. Se prevé que este contrato de la licitación IA-006000998-E68-2022 alcance un monto cercano del medio millón de pesos para la empresa a la que se le adjudique el contrato. Aunque el fallo debe estar por conocerse, quizá aún haya oportunidad de participar. (El Universal, Nación, p. 2)
Que siguiendo con el tema, mientras el representante ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, dio a conocer el respaldo de México a la investigación internacional por “los crímenes de guerra” en las afueras de Kiev atribuidos a las tropas rusas, que dejaron más de 400 civiles ejecutados, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados negaron un minuto de silencio por las víctimas, al considerar que puede ser un “montaje”, en concordancia con el discurso del gobierno de Vladímir Putin.
Que con la 4T ya trabajando en nado sincronizado, siguiendo el ejemplo de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum convocó a un mitin hoy en el Monumento a la Revolución “en favor de la reforma eléctrica del Presidente”, en el que participarán la cantante Eugenia León y los comunicadores Epigmenio Ibarra y Fernanda Tapia. Y para acabar de entusiasmar al respetable, la jefa de Gobierno anunció ley seca el fin de semana en la capital con motivo de la consulta de revocación. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
La “Negación”
Y fue Artículo 19, la organización que ayer presentó su informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México. Decidió titularlo “Negación” porque, advirtió, en el 2021 se consolidó “la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público”. Leopoldo Maldonado, director general de la organización, señaló además que se reforzó la concentración de la comunicación social desde la conferencia matutina donde “la desinformación oficial es el mecanismo empleado para anular a cualquier otro discurso que se le oponga a sus interlocutores, a través de dichos y datos difíciles de confirmar”. La parte central del informe refiere que, en nuestro país, en promedio, una persona periodista es agredida por su labor cada 14 horas.
Caso relevante de la Fiscalía
Un caso relevante en la lucha por la procuración de justicia que ha emprendido la Fiscalía General de la República, nos aseguran, es el de Rafael Zaga Tawil, quien es dueño y apoderado legal de Telra Realty, empresa que fue acusada de ocasionar un quebranto al Gobierno federal hace unos años. Existe información, nos aseguran, de que la protección con que presuntamente éste contaba habría llegado a su fin. De acuerdo con datos del caso, la FGR busca lograr su detención y la de su hijo Elías Zaga Hanono, por cierto, con ficha roja de Interpol y presuntamente escondido en Estados Unidos. Nos hacen ver que por eso estaría recurriendo al engaño y al desprestigio de autoridades y particulares tratando de obtener la simpatía de la opinión pública.
Enrarecido proceso en el Inai
A quien algunos observadores del proceso de relevo de comisionados del Inai le están poniendo ahora la mirada encima es a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Y es que, a su juicio, la funcionaria estaría empeñada en que uno de los nuevos comisionados sea Julio César Bonilla, pues a este último lo consideran como parte del mismo grupo político y, dicen que, contando con él como aliado, podría sobrellevar tareas en la que divide esfuerzos, pues por un lado da atención a su responsabilidad en el Inai y por otro le echa la mano a su amigo David Monreal en Zacatecas. Cierto o no, el caso es que esta versión es una más de las que está alimentando el ruido y el enrarecimiento del proceso de designación de los dos comisionados que habrán de ocupar las plazas que dejarán vacantes los comisionados Guerra Ford y Monterrey Chepov. Pendientes.
Exfuncionario de Obama en Chihuahua
El que ayer anduvo en Chihuahua fue el exagregado del Departamento de Seguridad de Estados Unidos en México Alain Bersin. Y es que, nos cuentan, fue enrolado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que apoye en la evaluación de la estrategia de seguridad de su gobierno en los próximos seis años. Bersin estaría sumando sus capacidades y conocimientos en la materia, pues fue comisionado de Seguridad Fronteriza y de Aduanas en el gobierno de Barack Obama. Su primer compromiso, nos dicen, fue el de lograr una comunidad más segura. Y lo hizo ante la mandataria estatal, el secretario de la Coordinación de Gabinete, Luis Serrato, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.
Libertad de expresión y polémicas en NL
Y hablando de temas de libertad de expresión fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien tuvo que salir a aclarar versiones que surgieron en la entidad en el sentido de que supuestamente pretendería castigar con cárcel a quienes le falten el respeto, y además que esto quedaría establecido en una nueva Constitución. Resulta que todo se derivó de la lectura sesgada que se está haciendo de un artículo que ya está vigente en la Constitución actual y que no se refiere a temas de libertad de expresión. “Soy quien soy y estoy donde estoy gracias a la libertad de expresión, así que nunca, en ningún universo, se me ocurriría ni siquiera pensar en limitarla”, señaló el mandatario estatal en sus redes.
Ebrard, con el Presidente
Nos cuentan que Marcelo Ebrard apenas volvió el sábado de una gira y ya está de lleno metido en actividades relevantes. Fue el sábado por la tarde cuando retornó de la India, país que visitó por instrucción presidencial, y en el que tuvo como objetivo negociar acuerdos para traer tecnología que permita hacer vacunas y medicamentos aquí. Ayer, por esa razón, López Obrador lo invitó a la conferencia mañanera a explicar los resultados de la encomienda. Así que estuvo toda la mañana en Palacio, tiempo en el que además acompañó al mandatario en la llamada telefónica que tuvo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para luego recibir al secretario de Agricultura de EU, Tom Vilsack. Nos dicen que el apoyo de Ebrard al Presidente sigue estando muy presente. Ahí el dato. (La Razón, La dos, p. 2)
La primera reacción contra el fallo unánime del pleno de la Corte para eliminar el candado lopezobradorista de su Ley de Austeridad Republicana, que impedía a los ex funcionarios contratarse con el sector privado en actividades relacionadas hasta una década después, surgió en el Salón Tesorería.
Desde el lugar de sus éxitos, el presidente López Obrador se lanzó contra los once ministros al tachar su fallo de una aberración y advertirles que no se va a quedar callado, nunca se ha quedado.
Instantes después, en el mismo edificio, frente a su despacho en Palacio, en la sede de la Corte, nueve ministros le dieron otro palo al cancelar la facultad presidencial para ejercer de manera discrecional los ahorros de la Administración Pública Federal por medio de medidas de austeridad, por concluir que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y no del Ejecutivo.
Y ya en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) iban dos votos en contra, Juan Luis González Alcántara y Javier Laynez Potisek, y uno a favor, de la ponente Loretta Ortiz, cuando Zaldívar detuvo la sesión y citó para el jueves, plazo para resolver antes de las vacaciones.
El punto es que con cuatro votos a favor del proyecto sacarán adelante la LIE al bloquear la declaratoria de inconstitucionalidad, pero habría un criterio de inconstitucionalidad, cabrían los amparos, por lo que en realidad necesitarían seis votos para blindarla. A ver. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Sin variantes esenciales, son tres los informes que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha rendido sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De su lectura y declaraciones lo único verificable es la siembra de insidiosas sospechas, la negación a ultranza de la “verdad histórica” y su rotundo fracaso en la búsqueda de otra que lave la cara de sus integrantes.
Aunque el crimen se cometió hace poco más de siete años y medio, el GIEI no se ha ocupado ese mismo tiempo en el asunto porque sus actuaciones fueron convenidas a plazo fijo: dos veces en el peñato, de marzo de 2015 y con refrendo en abril de 2016 por algo menos de dos años en total, y la concertada con la 4T en mayo de 2020, prevista para concluir en nueve meses y prolongada hasta finales de marzo del 22 (quizás por la pandemia).
Tan jaladas de los pelos como las incontables “líneas de investigación” que el equipo ha sugerido, o sus ominosas exculpaciones de los asesinos porque sus confesiones fueron obtenidas mediante reales y supuestas torturas, son sus empeños por colgarles al Ejército y a la Marina la autoría, coautoría o, de perdida, la complicidad en lo que desde un principio prejuzgó como “crimen de Estado”.
En la proporción debida, al GIEI cabe concederle que el Estado mexicano tiene responsabilidad, en cuanto que fueron copartícipes del crimen los policías municipales (o sea constitucionales) que levantaron a las víctimas para entregarlas a una organización de narcotraficantes homicidas. (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
La consulta para la revocación del mandato hay que verla en dos etapas. La primera es la previa al 10 de abril, día de la votación, y la segunda es a partir de los resultados y la movilización. La primera fase está llegando a su término con la fuerza de un animal político depredador. El Presidente, el secretario de Gobernación, gobernadoras y gobernadores, promovieron la consulta violando sin escrúpulo la veda electoral. La prensa política ha concluido que la consulta busca satisfacer el narcicismo de Andrés Manuel López Obrador, dado que será la última vez que compita en una elección. Pero, ¿en verdad todo se reduce a su ego?
Parece reduccionista mirar en la vanidad del Presidente el objetivo de la consulta sin buscar nada adicional, salvo jugar semánticamente la no revocación con la ratificación. Un pensamiento tan complejo como el de López Obrador, y un pasado donde siempre diseña sus estrategias y tácticas electorales más allá de la coyuntura, obliga a imaginarse otros escenarios a partir de las señales que está enviando el Presidente, que suele engañar con la verdad. Uno es si lo que estamos viendo es en realidad el laboratorio para explorar la viabilidad de la extensión de su mandato.
López Obrador ha dicho que él no se va a reelegir, que al terminar su periodo de seis años se irá a su rancho en Palenque y que dejará de participar en la vida pública. Pero al mismo tiempo ha estado enviando señales que sugieren acciones extraordinarias para situaciones extraordinarias. Hace unos días, al revisar el avance del Tren Maya, urgió al Ejército a “cuidar y defender” esa obra porque “es en beneficio del pueblo de México”. En la redefinición del papel del Ejército en la vida pública, ahora le asignó una tarea transexenal, estableciendo el interés popular en el Tren Maya y obligándolo a impedir su freno como un acto de defensa del pueblo.
Defender el Tren Maya es un acto soberano en la visión del Presidente. Una vez más, son sus adversarios los que quieren descarrilarlo, sumando esta semana al gobierno de Estados Unidos por financiar, deslizó, a varios grupos ambientalistas que se oponen al tren. El nacionalismo está en el fondo del llamado presidencial a la defensa militar de la obra. Para trascender él, necesita que las armas se pongan de su lado. Y para que las armas se alineen con él, ha convertido a la jerarquía militar en su cómplice político.
López Obrador sabe que sus obras insignes no existirían sin la participación plena del Ejército, a cuyos generales les ha dado, a cambio, presupuesto, privilegios y poder. Los generales son un sostén y herramienta de legitimidad, involucrándolos incluso, como sucedió el domingo con el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, en actividades proselitistas. El alto mando no protestó, por lo que en el laboratorio para 2024, ese cruzamiento de línea fue logrado sin consecuencias.
Violentar la actitud institucional de aquéllos que han sido sus garantes, le salió gratis al Presidente, como también ha sucedido con la violación sistemática de la veda electoral. Las leyes no importan; las instituciones tampoco. Se pueden dar excesos y permitir abusos, si cumplen los objetivos buscados.
López Obrador avaló que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tomara medidas extremas contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y llevarla al umbral de la cárcel por insultar a policías, hasta que estimó que mantener un conflicto con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que se reunió con López Obrador hace casi dos semanas para pedirle su liberación, afectaría la consulta. Esta decisión obedeció a un equilibrio interno de poder, porque al exterior, la impunidad para cometer cualquier atropello quedó comprobada.
Le ley no lo detiene. La institucionalidad del Ejército dejó de ser con el Estado y se volteó hacia él. Si a alguien no le gusta lo que está sucediendo, ya dijo a través de sus voceros, que creen su propio ejército, porque el fundado en 1913, ya le pertenece a López Obrador. El Ejército era la última frontera del Estado mexicano, y ahora lo es de López Obrador. La “manzana envenenada”, como describió un general en retiro lo que le ha dado López Obrador al alto mando militar, ha logrado su cometido.
Si tiene de su lado al Ejército y el irrespeto a la ley no le genera costo, el laboratorio político en el que se ha convertido la consulta sólo tiene que probar si la candidata de López Obrador para la Presidencia, la doctora Sheinbaum, está a la altura de las exigencias del electorado. A la jefa de Gobierno le sigue inyectando helio para que vuele y la última acción para que muestre su estamina fue el lunes, cuando aclaró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no era precandidato a la Presidencia. Sólo ella lo es, pero para serlo tiene que parecerlo.
López Obrador está probando a Sheinbaum, y por los resultados de la consulta se verá su confiabilidad. No será algo definitivo, porque vienen por delante obstáculos mayores para el Presidente, al quedarse sin dinero, enfrentado a Estados Unidos y con un creciente deterioro en su gestión, agravado por un creciente mal humor social. Como se ha podido ver hasta ahora, Sheinbaum no tiene entereza para enfrentar desafíos extraordinarios, lo que obligará a decisiones extraordinarias.
Si la candidata no crece y existe el riesgo de que pierda la elección, López Obrador no tiene ninguna carta de sobrevivencia política a la mano salvo proponer una extensión de mandato, para que, ante el ataque a su proyecto por parte de grupos que responden a intereses estadounidenses, como se ha quejado por meses, la única solución para seguir defendiendo al pueblo es que extienda su gobierno para concretar la cuarta transformación.
No sería una reelección de forma, pero sí de facto. Las primeras pruebas que ha obtenido del laboratorio político de la consulta, han sido positivas. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)
El gobierno de México está aferrado a una política energética que atenta no sólo contra las finanzas nacionales, sino contra sus acuerdos comerciales y el interés superior de la especie humana.
¿Así de grave? Sí. ¿Exagero? No.
Ya sabemos el tema comercial, que viola reglas del T-MEC y Estados Unidos, con razón, ha protestado.
De hecho, los dos grandes partidos estadounidenses se han unido sólo en dos ocasiones importantes en la administración Biden: contra la guerra de Putin y contra la reforma eléctrica del gobierno mexicano.
Los adversarios que disienten en todo, demócratas y republicanos, tienen sólo un par de preocupaciones conjuntas con las que hacer frente común: Putin y López Obrador.
El daño mayor de la política energética del actual gobierno de México es, sin embargo, contra la humanidad.
Con un discurso nacionalista fuera de lugar, el presidente López Obrador acusó el lunes a Estados Unidos de financiar a grupos ambientalistas mexicanos.
Ahí está el punto central.
El planeta vive una contingencia ambiental que si no se atiende de manera conjunta y radicalmente decidida, en 20 años la temperatura habrá aumentado dos grados (Nature Geoscience).
No hay postura soberanista que valga en esta materia.
En 20 años, países enteros quedarán convertidos en desiertos.
Ciudades costeras sufrirán más huracanes.
La mayor recurrencia de aluviones destruirá urbes enteras.
Tendremos, pues, oleadas migratorias de millones de personas que buscarán refugio en otros países porque los suyos serán prácticamente inhabitables. O sin el “prácticamente”.
Los gases tóxicos en la atmósfera no respetan fronteras ni necesitan pasaporte y visa para moverse por el mundo.
Aunque equis o zeta país cumpla disciplinadamente con las metas de reducción de gases de efecto invernadero, puede ser arrasado si otros no cumplen.
En el tema ambiental no cabe su alegato soberanista.
Tampoco vale su postura “nacionalista”, de aquí nadie se meta porque rechazamos el injerencismo.
Brookings Institution, un think tank liberal, serio e influyente, sostiene que las implicaciones de esta “contrarreforma” energética, si tiene éxito, son serias y de gran alcance, y van mucho más allá del ámbito interno de México.
Primero, apunta, los cambios desestabilizarían el sector de energía renovable de México y la capacidad del país para cumplir con sus metas climáticas, que ya son demasiado modestas.
Dar prioridad a la energía producida por CFE sobre la de empresas privadas es un movimiento para favorecer los combustibles fósiles sobre las energías renovables.
Explica Brookings Institution que CFE genera energía principalmente hidroeléctrica, nuclear, gas natural y combustóleo. La mayor parte de la energía verde de México es producida por el sector privado, lo que significa que se despacharía en último lugar, a pesar de ser más barata.
Y va al punto: las perspectivas de que México cumpla con sus objetivos climáticos, que el gobierno de López Obrador se negó a revisar para que sean más ambiciosos en la cumbre de Glasgow, pasarían de débiles a nulas, a medida que las energías renovables sufrieran este gran revés.
La Ley General de Cambio Climático de 2012 de México compromete al país a generar al menos 35 por ciento de su energía con tecnologías limpias para 2024 y a reducir las emisiones en un 30 por ciento para 2020 y un 50 por ciento para 2050, en comparación con 2000.
Sin embargo, un estudio de 2021 realizado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de Estados Unidos evaluó que cambios similares a los que se impulsan, aumentarían las emisiones de carbono de México entre un 26 y un 65 por ciento.
La energía de CFE, que ahora se despachará primero, en la mayoría de los casos será más cara que la energía renovable generada por el sector privado.
El estudio de NREL espera que un papel dominante de CFE en el sector eléctrico de México aumentaría los costos de generación de electricidad en un 32-54 por ciento, y crecería la posibilidad de cortes de energía en un 8 y 35 por ciento.
Además, precisa, las grandes empresas que han estado obteniendo energía directamente de las centrales eléctricas privadas –de fuentes renovables– ya no podrán hacerlo y se verán obligadas a recurrir a la energía más costosa y menos limpia proporcionada por CFE.
La energía de mayor costo haría que México fuera mucho menos atractivo para las empresas y los inversionistas que buscan una alternativa competitiva para basar sus operaciones que están en China, debido a las crecientes tensiones entre Pekín y Occidente.
Por último, señala Brookings Institution, las empresas internacionales comprometidas con sus propios objetivos de carbono “cero neto” estarían menos interesadas en establecer operaciones en un lugar que empeoraría, o no mejoraría, sus huellas de carbono.
¿Qué, de todo lo anterior, no entiende el gobierno? (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
Luego de la retirada rusa de Bucha –una ciudad dormitorio, de 37 mil habitantes, ubicada a 30 kilómetros al noroeste de Kiev comenzaron a circular imágenes de las atrocidades cometidas contra civiles ucranianos durante un mes por los ocupantes.
Había cuerpos de personas maniatadas con el tiro de gracia, cadáveres a medio enterrar o parcialmente incinerados, cuerpos de mujeres que fueron violadas y de ciclistas que iban circulando cuando les dispararon…
Vot Tak, el servicio en ruso de la cadena de televisión polaca Belsat, entrevistó a uno de los sobrevivientes de esos días de horror. Llegué a ese texto por recomendación de mi compañero de páginas Ricardo Ortiz Esquivel. Lo que leí me dejó atónito, por el grado de deshumanización al que han llegado los soldados rusos, cuyos crímenes siguen siendo negados por Moscú.
“Vladislav Kozlovski fue testigo ocular de las ejecuciones de los residentes de Bucha y vivió en esa ciudad durante un mes”, relata Alik Spiridonov, reportero de Vot Tak.
Kozlovski trabajaba como sumiller en la capital ucraniana. Cuando Rusia invadió el país, regresó a Bucha, donde viven su madre y su abuela. Relata que, el 2 de marzo, cuando iban a entrar los rusos en la ciudad, las autoridades ucranianas ordenaron a quienes no tenían arma que se escondieran en un refugio antiaéreo, que estaba protegido por dos puertas. “Los invasores tiraron la primera y nosotros mismos abrimos la segunda porque comprendimos que de todos modos entrarían y luego simplemente podrían matar a todos”. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Quitar la visa a los petistas Fernández Noroña y Alberto Anaya; a los morenistas Armando Contreras y Miriam Citlally Pérez; al priista Augusto Gómez Villanueva, y a una veintena más de diputados que asistieron a la instalación del grupo de Amistad México-Rusia, pidió el representante demócrata en el Congreso de Estados Unidos Vicente González.
Hizo la llamativa petición en una carta que envió a Antony Blinken, secretario de Estado, y a su colega de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.
Dice el representante que mientras AMLO mantiene públicamente una postura neutral en el conflicto, integrantes de Morena y otras fuerzas han tomado partido por el agresor.
“Ya es lo suficientemente vergonzoso que México, nuestro vecino más cercano del sur, haya optado por no unirse a la comunidad internacional de democracias y se haya negado, en cambio, a enviar ayuda a Ucrania o imponer sanciones a Rusia”, se lee en la carta.
Noroña reaccionó de inmediato a un tuit de la periodista Dolia Estévez en el que dice que la lista de 25 “prorrusos” la encabezan Alberto Anaya y él mismo.
“Ahora resulta que atender tu tarea institucional de la creación de grupos de amistad es una actividad prorrusa. Lo menos que deberías hacer es realizar tu tarea de periodista. ¿O eres proyanqui?”, preguntó Gerardo.
Ya que estamos. El diputado el PAN Héctor Saúl Téllez envió una carta a Alberto Anaya en la que oficialmente se da de baja de ese grupo de amistad.
Él y otros tres panistas se integraron al grupo, pero ninguno asistió a la criticada reunión en San Lázaro con Víktor Koronelli, embajador de Rusia en México. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
No será fácil el debate en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la ley de industria eléctrica. Ayer tuvo que ser suspendido, pero desde el inicio las opiniones están divididas. Si bien se permitió, vulnerando antecedentes de la propia Suprema Corte, la participación de la ministra Loretta Ortiz, que en su paso como legisladora de Morena consignó como traidores a la patria a quienes apoyaran la reforma energética, rechazó por seis votos contra cinco los llamados considerandos del proyecto de la propia ministra. Se ve difícil que esos seis ministros cambien de opinión el jueves. Pero recordemos que para declarar la constitucionalidad de la ley se necesitan sólo cuatro votos. Y esos se pueden lograr, pero hacerlo en franca minoría respecto al pleno, tendrá un alto costo político.
Es mucho lo que está en juego con la aprobación de la Ley de Industria Eléctrica (LIE). Como lo reconoció ayer el propio presidente López Obrador, buena parte de la reforma constitucional planteada está contemplada en esa ley. Si existiera confianza en que la misma no vulnera la Constitución, ¿qué necesidad habría de hacer una reforma constitucional? Lo cierto es que esa reforma constitucional, que ya está en comisiones, pasará el filtro de las mismas, pero cuando llegue al pleno sin cambios, como dice el Presidente, no tiene los votos suficientes para ser aprobada, ni en diputados ni en senadores.
Pero la LIE no sólo viola las normas constitucionales, sino también las del T-MEC que, recordemos, tienen ese mismo alcance. Las presiones del gobierno, el Congreso y los empresarios de Estados Unidos están resumidos en la carta de la encargada de Comercio del gobierno de Joe Biden, Katherine Tai, donde fija las inversiones estadunidenses afectadas por esa norma legal en más de diez mil millones de dólares. Tampoco ayudó en ese sentido el desencuentro con John Kerry el pasado jueves, como lo explicábamos ayer. Y las protestas suben de nivel y se entrelazan con otra decisión tan cuestionable como la posición del gobierno mexicano y sus aliados ante el conflicto en Ucrania y la postura ante el régimen de Vladimir Putin.
La retirada rusa de territorios que ocupó durante el último mes ha dejado exhibidos los asesinatos de civiles, los fusilamientos, las amputaciones y las violaciones. En Bucha, más de 400 cuerpos quedaron en las calles. No se puede alegar que fue un montaje como dice el Kremlin porque existen, incluso grabaciones de drones en tiempo real de esos crímenes. El concierto de naciones democráticas del mundo, incluso de fuerzas políticas que tienen alguna o mucha relación con el régimen de Putin, como Vox en España, han terminado condenando esos crímenes y se suman las voces que piden que Putin termine compareciendo ante la corte internacional de La Haya por crímenes de guerra. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
En las elecciones para presidente, gobernador, alcaldes, senadores y diputados, el que se abstiene de votar no hace ninguna diferencia: vayan los que vayan a las urnas, se cuentan los votos de quienes sí acudieron y gana la persona que tenga más votos. El que no va a votar se vuelve irrelevante.
No es lo mismo con el ejercicio de revocación de mandato: la Constitución señala que para que el resultado de la consulta sea obligatorio de acatar, debieron haber acudido a las urnas al menos el 40% de los ciudadanos empadronados. Así que el que decide no ir a votar está expresando una opinión democrática y constitucionalmente avalada: no quiero que se junte ese 40%, esta consulta es irrelevante para mí.
A diferencia de lo que sucede en las elecciones tradicionales, la Constitución otorga al abstencionismo un papel central en una consulta como la revocación de mandato: la abstención puede tener la última palabra, y gane el Sí o gane el No, en tanto no vote el 40% del padrón, la consulta no tiene consecuencias legales.
Yo no voy a ir a votar en la revocación de mandato de este domingo. No iré a votar porque me parece un ejercicio construido para saciar el (insaciable) ego de un aspirante a autócrata al que me gustaría ver menos en campaña y más en gobierno, hablando menos y haciendo más.
Un presidente al que sencillamente no le creo: dice que, aunque no se junte el 40% si pierde la revocación, él se va del poder por las buenas, que creamos en su palabra. Vaya ingenuidad. Para mí, su palabra no vale un peso: nunca en su vida ha reconocido una derrota electoral, no tendría por qué reconocerla esta vez.
Por si fuera poco, encuentro en este ejercicio una contradicción flagrante: el presidente que se dedica a recortar los más indispensables programas de apoyo a la gente dizque por austeridad, súbitamente decide gastar 1,500 millones de pesos en una revocación de mandato que nadie pidió, nadie quiere y nadie necesita… salvo él, que sí la pidió, sí la quiere y sí la necesita para seguir evadiendo su responsabilidad en los temas de fondo: inseguridad cada vez peor, carestía que dispara hasta el precio de la tortilla y corrupción que penetra hasta su propia familia.
¿Qué voy a hacer el domingo? Estaré de vacaciones, tomando nota de cómo compiten los gobernadores por agradar al líder, cómo usan los programas sociales para chantajear a los ciudadanos, cómo acarrean gente a votar, cómo festejan el triunfo como hacen los más famosos dictadores de la historia (“¡ganamos con el 90% de los votos!”), cómo AMLO celebra sus goles como si no fuera patético ganar un partido en el que el equipo rival decidió no saltar a la cancha, y cómo al final él mismo lanza el grito de guerra para iniciar, ahora sí de lleno, la toma del INE: el gran sueño del dictador de clóset. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 5)
En un video dado a conocer hace un par de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó lo siguiente frente a un grupo de ingenieros militares involucrados en la construcción del Tren Maya:
“¿Por qué estamos haciendo todo esto [el Tren Maya]? No solo para impulsar el turismo o el desarrollo, para que haya trabajo, para que se tengan utilidades y se garantice en el futuro, que nunca falten las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas que van al retiro. También para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero del presupuesto, sin deuda”.
No es la primera vez que menciona esta conexión entre las hipotéticas utilidades de uno de sus proyectos predilectos y las pensiones militares, pero nunca había planteado una relación condicional entre ambos conceptos. En ese video, el presidente parece afirmar que el régimen pensionario del personal de las Fuerzas Armadas depende de las ganancias que pueda producir el Tren Maya.
Eso no deja de ser extraño por varias razones.
Primero, las pensiones militares, como las del resto de los servidores públicos, están garantizadas por un mecanismo tripartita de financiamiento, no por los resultados de un (cuestionable) proyecto de infraestructura. De acuerdo a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), las prestaciones sociales para el personal militar, incluyendo las pensiones, se financian mediante: 1) las cuotas que aportan los propios militares, 2) las aportaciones del Gobierno Federal (en su calidad de patrón), y 3) una cantidad anual a cargo del Gobierno Federal, equivalente a un 15% de los haberes, haberes de retiro y de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esto se puede complementar con las ganancias obtenidas de activos que formen parte del patrimonio de la institución, pero ese es el mecanismo básico de financiamiento. Y, hasta donde se sabe, ha sido más que suficiente para cubrir las obligaciones del sistema.
Segundo, no existe a la fecha un mecanismo para transferir las hipotéticas utilidades del Tren Maya o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al ISSFAM. Hasta donde se ha dado a conocer, las empresas de participación estatal mayoritaria que administrarán esos activos no forman parte del patrimonio del ISSFAM ni existe (por ahora al menos) un convenio para transferirle a ese instituto las utilidades de los proyectos. No queda claro por tanto cómo pretende el Presidente que las posibles ganancias vayan a financiar las pensiones del personal militar.
Tercero, las pensiones militares son una obligación ineludible del Estado y no pueden depender de un hecho contingente (las posibles utilidades del Tren Maya). Hay algo entre insultante y ominoso al sugerir que el Estado mexicano podría violentar los derechos sociales de soldados y marinos si fracasan unos proyectos de infraestructura. ¿Debe entenderse que si el Tren Maya o el AIFA no generan utilidades (algo nada improbable, por cierto), se recortarán las pensiones del personal militar? Espero que no, pero esa es una implicación de la declaración del presidente.
En cualquier métrica internacional, México gasta muy poco en materia de defensa. Creo que hay buenos argumentos para incrementar considerablemente lo que dedicamos a nuestras instituciones militares. Eso debería de incluir una mejoría notable de las condiciones laborales del personal militar, así como un fortalecimiento de sus derechos sociales.
Pero eso tiene que pasar por una discusión presupuestal en el Congreso de la Unión, no por la asignación de utilidades imaginarias de proyectos cuestionables. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 8)
¿Cómo está la situación allá?, le pregunto a mi amigo D, quien tiene un proyecto de reinserción social (reconocido internacionalmente) con jóvenes en situación de riesgo en El Salvador. “Terrible lo que está pasando, se están llevando presos a un montón de jóvenes en las comunidades sin haber cometido un delito. Solo por ser hombres jóvenes. Estoy acá y estoy superpreocupado por mis muchachos con los que trabajo, que viven en las comunidades donde la policía está entrando a las casas y, sin explicación está buscando llenar las cárceles”. Terrible, siento cómo mi corazón se rompe en pedacitos.
“¿Qué vas a hacer?”, le pregunto… “Ahorita lo único que puedo hacer es fortalecer mucho las redes del proyecto sacando las caras de los chavos que están trabajando conmigo, con la esperanza de que la policía vea que no son ningunos criminales solo por los tatuajes que tienen.”
“Estoy desesperado, Saskia, esta situación está muy difícil”, termina.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, implementó esta semana una política de cero tolerancia para pandilleros de la M13 y Barrio 18. Presume en redes sociales y en medios de comunicación los tratos inhumanos dentro de las cárceles que reciben los hombres cuyos lienzos de piel cuentan historias estigmatizados por la narrativa mediática criminal. Bukele está enseñando abiertamente cómo golpea, humilla y deja sin comer a los miles de hombres que acusa, pertenecen a las pandillas. Graban cómo entran las autoridades a las casas y se llevan sin razón alguna a personas que determinan (sin un proceso de justicia) que son o fueron parte de la M13 o el Barrio 18.
Le alimenta a la sociedad el discurso de odio y punitivisimo, haciéndoles creer que el linchamiento y la venganza son sinónimos de justicia.
Por instrucciones del Presidente el Congreso en El Salvador modificó la ley para poder juzgar como adultos a niños y niñas de 12 años en adelante y establece que el gobierno no tiene la obligación de informar a un procesado los motivos de su detención.
Las acciones radicales de Bukele encuentran sustento en la desesperación de una sociedad agraviada durante muchos años, pero poco resuelven de fondo. Se trata de medidas reactivas y de impacto mediático que no transforman la profunda descomposición social.
Señor Presidente, si sus opciones son “muerte o cárcel” es porque no está haciendo su trabajo. Un gobierno que recurre al uso de la fuerza demuestra la fragilidad y vulnerabilidad de sus instituciones. Instituciones débiles donde predominan la corrupción y la impunidad.
Las medidas punitivas en un Estado exponen la ausencia de Estado de Derecho y demuestran cobardía al atacar un problema desde la raíz.
Es política barata.
Desde la normalización de la violencia extrema, las pandillas existen y se forman como consecuencia directa de la necesidad de niños y jóvenes de pertenecer a una sociedad donde carecen de las oportunidades y las necesidades básicas. Existen y se han descontrolado, a raíz de una sociedad y un gobierno indiferente. Para muchos las pandillas no son una elección, en muchos casos, éstas representan una solución para sobrevivir.
Mandela decía: “Un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio, enseña a los oprimidos a usar la fuerza al oponerse a él”.
La construcción de la Paz no puede, no debe nunca, venir desde la construcción de la violencia. (Saskia Niño de Rivera, El Universal, Opinión, p. 16)
La oposición está escandalizada por la promoción directa del proyecto de la 4T en plena veda electoral que realiza Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien el fin de semana viajó a Coahuila, en un avión de la Guardia Nacional, para participar en un mitin que concentró a cientos de seguidores en una plaza pública, pero no nada más se trata de él, quién impulsa entre las bases el respaldo a la supuesta transformación.
Se trata de una estrategia generalizada de la 4T en la que todos los funcionarios y gobernadores cercanos a Palacio Nacional están echando, en aparente convicción, toda la carne al asador para medir la fuerza de su movimiento y mantenerlo en activo de cara al proceso de revocación de este domingo 10 de abril y posteriores elecciones.
No por nada Lorenzo Córdova, presidente del INE, reveló ayer lo que era obvio, a todas luces, de que nunca en la historia del árbitro electoral, se habían concentrado tantas quejas como las que tiene acumuladas en este momento por violación a las reglas electorales de cara a un ejercicio ciudadano.
Por ejemplo: la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, acumuló en cuatro semanas sanciones debido a publicaciones en Twitter donde se ha considerado que viola la veda electoral, ante la consulta de Revocación de Mandato del Presidente de la República. Sin embargo, la misma tarde del 29 de marzo, en que recibió la cuarta sanción, aprovechó un acto oficial masivo en la alcaldía Cuauhtémoc para destacar los apoyos de López Obrador en la CDMX y el país, así como el ejercicio ciudadano del domingo entrante.
El 3 de abril viajó a Aguascalientes y Durango para acompañar el arranque de campaña de las candidatas de Morena a ambas gubernaturas, donde destacó los logros de la 4T.
El 4 de abril sostuvo que los gobernadores de las 32 entidades del país también deberían ser sometidos a una consulta de Revocación de Mandato, y ayer invitó a un mitin que se realizará hoy miércoles en el Monumento a la Revolución al que ella misma asistirá, para apoyar la Reforma Eléctrica de la oposición.
También Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Rocío Nahle, secretaria de Energía; Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz; Carlos Merino, gobernador de Tabasco; Luis Bucio, titular de la Guardia Nacional; Mario Delgado, presidente de Morena, y alcaldes morenistas de todo el país están convencidos de promover a su líder.
UPPERCUT: Delfina Gómez, titular de la SEP, pidió a diputados, algunos días para documentarse sobre la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo completo (¿tomó una decisión sin conocerla?). Habrán pasado 27 días, a partir de la cancelación del 22 de marzo al 18 de abril, día en que promete ir a defender el programa. Es lo que se informó ayer después de que Luis Cházaro, coordinador del PRD, exigiera dar la cara con el mismo entusiasmo con que pidió diezmo en Texcoco. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 8)
Seis puntos a favor del revocatorio // Es un paso adelante // Es legítimo y legal // Coartadas opositoras
1- EL EJERCICIO revocatorio de mandato es un derecho avanzado de los ciudadanos, que puede ser ejercido en tiempos y formas claramente establecidos. No es una ocurrencia ni una celada; verlo o pensarlo así resultaría de una gran ignorancia jurídica y política.
POR EL CONTRARIO, opositores al gobierno en turno, y quienes apoyan a éste, tienen una extraordinaria oportunidad democrática de relevarlo por la vía democrática, en el primer caso, o confirmar el apoyo, en el segundo.
ESTE TIPO DE ejercicios políticos tiene lógicamente dos posibilidades: rechazar o aprobar, culpar o exonerar, revocar o ratificar. Antidemocrático e irracional sería suponer que sólo puede considerar el flujo de un bando o lo inexorable de un resultado.
2.- ES ABSOLUTAMENTE falso que “se rompe la legalidad” democrática al participar en el revocatorio, según eso porque se altera el periodo presidencial sexenal (en el caso de López Obrador, cinco años y 10 meses) y con ello se abrirían las compuertas jurídicas a una avenida releccionista.
LOS SENDEROS CONSTITUCIONALES para intentar reformas releccionistas, en el hipotético caso de que hubiera interesados en una propuesta así, no dependerían ni están condicionados por un ejercicio revocatorio, ni siquiera como antecedente “justificatorio”. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)