Que llama la atención el poder de convocatoria que tiene la familia de Miguel de la Madrid, como quedó de manifiesto ayer en el Club de Industriales, donde se le rindió un homenaje al ex presidente en el décimo aniversario de su muerte y fue escenario para que se encontraran algunos tapados del PRI hacia 2024, como Alejandro Moreno, diputado y líder nacional partidista, y el propio Enrique de la Madrid, ex colaborador del gobierno peñista.
Que la próxima semana el morenista José Narro oficializará su búsqueda por la presidencia del Senado a partir de septiembre, en relevo de su compañera Olga Sánchez Cordero, para lo que ha intensificado el cabildeo no solo con los integrantes de su bancada, sino con la oposición, de la que espera tener respaldo para llegar en unidad. A ver qué dice Ricardo Monreal, quien por cierto envió ayer una carta al líder del Senado estadunidense, Patrick Leahy, para externarle su “profunda preocupación” por la moción aprobada allá en relación con México y el T-MEC.
Que el embajador de la delegación de la Unión Europea, Gautier Mignot, asegura que se mantiene una interlocución y cooperación permanente con el gobierno mexicano para la protección de periodistas y activistas amenazados. No obstante, al presentar el Festival de Cine Europeo en la Cineteca Nacional, anunció que sobre el tema de la prensa su representación hará un anuncio el próximo 9 de mayo, en el Día de Europa, en el que seguramente añadirán el caso del columnista Luis Enrique Ramírez, asesinado ayer.
Que la agenda internacional del INAI luce apretada para este año. La próxima semana Francisco Javier Acuña y Josefina Román viajarán a Marruecos para impulsar la red de organismos garantes de la privacidad en África, donde no se han conformado instituciones de esta naturaleza, mientras que Julieta del Río se va en septiembre a España al Congreso Internacional de Transparencia. La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, viene regresando por cierto de Uruguay. (Milenio, Al Frente, p.2)
A TODA ACCIÓN corresponde una reacción. En tiempos de la 4T, las leyes de Newton tienen una gravedad con tintes autoritarios.
SI UN periodista hace trabajo de investigación, la reacción es investigar su patrimonio y difundir información privada y confidencial. Si un legislador vota en contra de una reforma del gobierno, se le acusa de traidor a la patria.
SI UNA empresa noruega es contratada para hacer un peritaje sobre las causas del accidente de la Línea 12, pero los resultados de la auditoría no le gustan a Claudia Sheinbaum, el gobierno de la Ciudad de México demanda a la empresa por tener vínculos ¡con el PAN!
¿EN QUÉ forma de gobierno se persigue y castiga a quienes opinan, votan o piensan diferente que la autoridad? De esa pregunta, Porfirio Díaz conocía la respuesta.
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FINALMENTE Tlaxcala está llamando la atención del mundo… pero no por muy buenas razones. Los reflectores se enfocaron hacia el estado que gobierna la morenista Lorena Cuéllar por la realización de una boda… ¡con temática nazi!
OBVIAMENTE el asunto ha causado indignación a nivel internacional, pues mientras en el mundo se condena y proscribe el discurso de odio de los nazis, la entidad tlaxcalteca dejó ver una enorme insensibilidad social sobre este tema.
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¡HEMOS vivido engañados! Durante 160 años, en México se ha celebrado el triunfo del general Ignacio Zaragoza en contra de los invasores franceses, pero resulta que la guerra, en realidad, ¡fue contra los españoles!
AL MENOS eso fue lo que dijo en la ceremonia de ayer el gobernador ¡de Puebla!, Miguel Barbosa. Para como están las cosas en México, no queda claro si se le cruzaron los cables al morenista… o si lo dijo para darle gusto al Presidente que trae obsesión con culpar de todos los males nacionales a España. Mon Dieu! O mejor dicho: ¡rediez!
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DE NO CREERSE que justo en el aniversario de la tragedia de la Línea 12, el Conacyt decidiera darle un cargo a Florencia Serranía, la cuestionada ex directora del Metro.
SI BIEN no existe acción penal en contra de la funcionaria, es evidente que Elena Álvarez-Buylla no tiene la más mínima empatía hacia las víctimas del colapso en la línea dorada, que dejó 26 muertos y decenas de heridos.
SE PARECE al caso de Ignacio Ovalle, quien pese a las millonarias transas en Segalmex fue premiado con una nueva chamba en el Instituto para el Federalismo. Así son las cosas en la 4T: el que la hace no la paga, sino que recibe un nuevo cargo. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p..8)
“No queremos las excusas de siempre”
Muchos reclamos y exigencias del gremio periodístico se encuentran actualmente sobre el gobierno de Sinaloa, que encabeza Rubén Rocha Moya, quien ayer, nos comentan, buscó rápidamente expresar su “consternación” por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Hasta anoche, sin embargo, era más grande la ola de indignación que su compromiso de “esclarecer el crimen”. Un desplegado del periódico El Debate, para el que Ramírez escribía, la reflejaba claramente: “No queremos de las autoridades las frases de siempre, las excusas de siempre”. Ayer llovían las expresiones de solidaridad con la familia de Ramírez, con El Debate y con el gremio periodístico de Sinaloa y del país. Sobre el accionar de la autoridad hay signos de interrogación.
Y fue la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas la que advirtió sobre los incidentes que ha provocado la operación simultánea de aeropuertos en la Ciudad de México. Y es que, en un boletín de seguridad, esa organización dio cuenta de la existencia de problemas como vuelos con baja reserva de combustible por prolongados patrones de espera o desvíos para aterrizar, y un significativo número de alertas de proximidad al suelo. “Parece que con la apertura del nuevo aeropuerto, los controladores de tráfico aéreo aparentemente recibieron poco entrenamiento y capacitación”, señala. La alerta ha puesto las miradas encima del subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, a quien desde Palacio bajaron del Tren Maya por los retrasos en la obra, en una decisión que, en su momento, se interpretó como un “coscorrón”. ¿Pasará mucho tiempo o algo grave para que se atienda el asunto? Ya se verá.
El que va a pelear por el escaño que regresó a ocupar en marzo pasado es el senador por Baja California, y exgobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, quien advirtió ayer que la resolución que tomó la Sala Regional Guadalajara que le impide mantenerse en la senaduría no es definitiva. De manera que, anticipó, acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral, al tiempo que defenderá que el propio Senado como poder autónomo de la Unión determine “la separación o reincorporación de un servidor a sus funciones como senador”. El morenista acusó que quienes promovieron el recurso para cuestionar su retorno a la Cámara alta fueron “quienes perdieron todos los lujos del poder, quienes le hicieron tanto daño al estado y a quienes echamos de sus lugares de privilegio con nuestro proyecto de transformación”.
Donde se pusieron las pilas en un tema delicado como lo es el abuso y el acoso contra las mujeres es en Chihuahua. Y es que la gobernadora de la entidad, Maru Campos, presentó ayer un nuevo protocolo de actuación que deberá ser acatado por las corporaciones policiacas atendiendo una demanda ciudadana relevante. Las medidas buscan, entre otras cosas, tener un registro digital de las intervenciones de los cuerpos de seguridad, y que las acciones que éstos lleven a cabo sean por parte de elementos del mismo sexo que el infractor. Además, que haya un registro prácticamente en tiempo real de las intervenciones a través de comunicaciones de radio. “No hay pretextos, no hay excusas, no hay tolerancia. Las mujeres chihuahuenses merecen transitar por las calles en paz y nuestra labor es protegerlas”, señaló ayer Campos en un acto al lado del titular de Seguridad, Gilberto Loya, y la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Margarita Blackaller Prieto. Ahí el dato.
Nos cuentan que en las benditas redes se desataron los señalamientos entre el dirigente de Morena, Mario Delgado, y el del PRI, Alejandro Moreno. El líder guinda primero calificó al mandamás tricolor de “corrupto” y “perdedor”, tras replicar acusaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien señaló a Alito de orquestar una campaña de desprestigio en su contra durante las pasadas elecciones. En respuesta, el líder priista culpó a Delgado Carrillo del desplome de la Línea 12, por supuestamente desviar recursos cuando era secretario de Finanzas capitalino. Quienes creían en la posibilidad de que un PRIMOR se pudiera configurar para echar adelante iniciativas de la 4T de tipo constitucional, nos dicen, ya podrían empezar a disiparse la duda. ¿O no?
Quien entregó buenas cuentas ayer fue la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues el organismo a su cargo logró llevar a proceso penal a 72 agresores de mujeres en menos de dos semanas. El dato es relevante, sobre todo cuando los espacios de los medios están saturados de reportes sobre violencia de género en sus distintas formas y en varias partes de la República. Entre los que la Fiscalía capitalina puso tras las rejas están responsables de feminicidio, acoso, violación sexual, violencia familiar y otros delitos en razón de género. Destaca el caso de Daniel “N”, violador serial que operaba en la alcaldía Gustavo A. Madero y que tiene nada menos que 13 carpetas de investigación en su contra. Procesar a 72 agresores de mujeres en dos semanas sólo puede ser producto de un trabajo-hormiga, anónimo, que incluye recibir denuncias, recabar pruebas, preparar adecuadamente los pliegos de consignación y planear eficientemente los operativos para la detención de los responsables. El resultado ahí está.
DNV: potenciar la especulación // ¿Mantenimiento deficiente? // Culiacán: periodista Ramírez // Precandidatos y escisiones
Es probable que Claudia Sheinbaum, con la adjetivación, el encausamiento judicial y la pretensión de impedir su difusión pública, esté dando más relevancia al tercer y último dictamen técnico que, por su encargo tan encomiástico en su momento, elaboró la empresa con sede en Noruega Det Norske Veritas (DNV), respecto a las causas técnicas de la caída de un tramo de la línea 12 del Metro capitalino, un año atrás.
Con esas acciones, la jefa del Gobierno de la Ciudad de México promueve el morbo (no hay nada más suculento en términos noticiosos que lo prohibido) y alienta especulaciones que sus adversarios tratan de imponer como ciertas: el dictamen técnico en cuestión implicaría, según estas deducciones opositoras, responsabilidades para la actual administración en cuanto a deficiencias en mantenimiento, por lo cual ha preferido salir al paso, restrictiva, la precandidata presidencial que ya no está sola en el sitial de la mayor preferencia de su superioridad partidista.
La gobernadora capitalina afirma que este último dictamen es deficiente, mal ejecutado, tendencioso y falso, y que uno de los puntos de sospecha de un manejo parcial o faccioso de ese trabajo reside en que el abogado Héctor Salomón Galindo, ahora representante jurídico de DNV, trabajó para el gobierno de Enrique Peña Nieto y litigó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato.
Además, dijo, “es un caminito que está ligado a Mexicanos por la Corrupción (sic). Es decir, es parte de esta estrategia, de su publicación original (…) y es parte de este uso que hacen los adversarios, que no tiene ninguna moral, ninguna ética. Es el Prian el que toma este tema” (nota de Rocío González Alvarado: https://bit.ly/3OUkEiR).
Ha de suponerse que la única forma de confirmar o rechazar las valoraciones claudistas (que incluyen metodología y otros aspectos técnicos) sería conociendo desde ahora justamente lo que se desea inhibir o esperar a un largo proceso judicial entre DNV y el gobierno capitalino.
Por lo pronto, la cerrazón ante el citado dictamen técnico se suma a la circunstancia real de que la tragedia de la línea 12 ha sido concienzudamente llevada por los gobiernos federal y capitalino a un desenlace favorable a Grupo Carso, de Carlos Slim, quien ha desem-bolsado dinero a cambio de quedar formalmente excluido de una responsabilidad por la que paga, aunque no la acepta. Impunidad y complicidades han sido características de este proceso reparatorio.
El miércoles por la noche, el periodista Luis Enrique Ramírez sufrió desaparición forzada ( levantón, pues) y la mañana del jueves apareció tirado en un camino de terracería de Culiacán, envuelto en plástico negro y con cobertura transparente ( emplayado, dicen). Era fundador del portal Fuentes Fidedignas y columnista del diario El Debate.
El respetado semanario RíoDoce publicó en su portal que, según los primeros datos, a las 22 horas de ayer salió de su casa en la colonia Morelos y caminando se dirigió hacia un expendio ubicado en la esquina de Juan de Dios Batiz y Guadalupe Victoria. En el lugar se encontraban unos hombres armados con los que el periodista se hizo de palabras y lo privaron de la libertad. Durante la privación de la libertad hubo disparos y en el lugar quedaron manchas de sangre y una sandalia del periodista (https://bit.ly/3MSnrHf).
Astillas
¿El implacable cálculo futurista permitiría que algunos de los precandidatos presidenciales de Morena, que no obtuviera la designación de la DedoEncuesta, se pudiera ir a la oposición y la potenciara?… ¿Con limpieza podría pasar Marcelo Ebrard a Va por México o a Movimiento Ciudadano, a pesar de los expedientes de la línea 12?… ¿Ricardo Monreal viviría momentos de tensión por cuentas o cuentos habilitados por la franja senatorial morenista que ya le ha dado muestras de desafecto, o incluso por acontecimientos zacatecanos a cargo de su hermano, gobernador en constantes problemas?… ¡Hasta el próximo lunes! (Julio Hernández López, la Jornada, Política, p.8)
Jaime Rodríguez, El Bronco, escribió de su puño y letra una carta en la que revela detalles de su detención, el pasado 15 de marzo, cuando se dirigía al rancho de un amigo en el municipio de General Terán, Nuevo León. En la misiva, de 4 cuartillas, el exgobernador neoleonés echa por tierra declaraciones de su sucesor, Samuel García, en el sentido de que “intentaba huir”.
Jura que durante todo el trayecto, que inició a las 7 a.m. en Paredón, Coahuila, estuvo acompañado por los escoltas que el gobierno puso a su disposición desde que concluyó su gestión. El vehículo en el que viajaban traía localizador satelital.
Narra: “Como 20 kilómetros antes de llegar a nuestro destino, por la carretera al ejido de Guadalupe La Joya, los escoltas se nos adelantaron para decirnos que habían recibido instrucciones de su mando de que nos detuviéramos, porque supuestamente había problemas de la policía contra un grupo de la delincuencia organizada. Permanecimos a la orilla de la carretera 30 minutos, dado que la instrucción que habían recibido los escoltas era que enviarían refuerzos para protegernos. Poco más tarde llegó un carro con agentes ministeriales y, sin avisarnos, pusieron su carro frente al vehículo en el que viajaba con mi amigo. Sólo nos decían que esperáramos. Lo hicimos hasta que decidí bajarme y preguntar qué pasaba.
“Sólo me respondían que tenían la orden de esperar. 15 minutos después uno de ellos se acerca y me dice que trae una orden de aprehensión contra mí. Yo me sorprendo. Pensé que era broma. Le pregunté: ¿Me la enseña? No lo hizo. Así estuvimos hasta que, con mi insistencia, me muestra una en su teléfono celular. Le exigí que me la mostrara en físico. Me dijo que no podía hacerlo, que no la traía.
“Finamente, recibe la llamada de algún jefe y le ordenan que me suba de cualquier forma a la patrulla. Accedí solo. Ya que llegamos a General Terán nos interceptó otra patrulla con agentes ministeriales, traían la orden. Me la mostraron. Así me llevaron hasta la Agencia Federal de Investigación. Previo a todo, los mismos agentes estuvieron tomando fotos. Las imágenes fueron publicadas en los medios, gracias a la declaración pública del gobernador de que yo andaba huyendo.
Esto ocurrió mucho antes de que se me mostrara la orden de aprehensión. ¿Ustedes creen que andaba huyendo si estaba custodiado por empleados de la Secretaría de Seguridad y los vehículos en los que siempre me movían son propiedad del gobierno y cuentan con localizadores satelitales y los escoltas con celulares? El supuesto delito del que se me acusa lo investigaban desde 2018, pero nunca fui enterado ni notificado del caso para afrontarlo. Juzguen ustedes, después de leer mi relatoría, respecto a lo que realmente pasó”.
Ya que estamos: el exgobernador, acusado de desviar recursos públicos para comprar firmas a favor de su candidatura presidencial independiente en 2018, está delicado de salud.
Desde el pasado domingo lo internaron en el Hospital Universitario de Monterrey. Lo reportan con sangrados intestinales. Podría necesitar en cualquier momento una cirugía.
* La amenaza más grave para la permanencia de la democracia en México no es el INE ni los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, como afirman los paleros de López Obrador. Tampoco la reforma electoral del Ejecutivo, que quiere desbaratar al actual árbitro electoral, reducir el número de diputados y senadores, quitar el dinero para gastos ordinarios a los partidos políticos y desaparecer los tribunales locales. El riesgo mayor para la permanencia de la democracia es la creciente penetración del crimen organizado en las elecciones. Lo vimos en los comicios de junio pasado en la región del Pacífico, particularmente en Michoacán, Sonora y Sinaloa.
Hablamos del tema con el director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE. Nos dijo: “Por miedo o por negligencia, el gobierno federal ha sido omiso en tomar las medidas preventivas de protección. Los partidos de oposición que lo han señalado prefieren bajo perfil. El crimen organizado tiene presencia en muchas regiones del país. Me preocupa mucho que en 2024 defina y quite candidatos, sea el poder de veto, sea el que palomea, como ya lo hace hoy. Frente a una postura temerosa, que el crimen organizado domine los procesos electorales es un gran riesgo”.
—¿Ves como irremediable esta situación en el 2024? ¿Cómo se podría evitar?, le preguntamos.
—Sería necesario que el gobierno tome decisiones, pero no veo que las vaya a tomar. La oposición debe hacer una reflexión colectiva sobre el riesgo que esto significa.
Pero también que las autoridades electorales flexibilicen las causales para anular las casillas donde presuntamente el narco habría forzado o cambiado las votaciones, puntualizó. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Ayer le comentaba el rechazo de Claudia Sheinbaum al peritaje de la empresa noruega DNV, que su gobierno contrató, sobre las causas del desplome de la Línea 12 del Metro, hace un año, y que la podría colapsar.
Y es que desconoció el reporte final sobre la causa-raíz de aquella tragedia que dejó un saldo de 26 muertos, un centenar de heridos y medio millón de personas sin ese transporte, un conflicto ahora político en el que aparece con Marcelo Ebrard, ambos en la carrera por la Presidencia.
Ayer con Ciro Gómez Leyva su secretario de Movilidad, Andrés Lajous, dijo que DNV siembra el tema del mantenimiento, y que frente a un problema de construcción, como causante, —sentenció— ¿qué tiene que ver el mantenimiento?
Sobre ese caso hablé en Radio Fórmula con su secretario de Gobierno, Martí Batres. Me dijo que el reporte no señala la causa-raíz del desplome, que DNV cambió la metodología y que lo rechazaron por no especificar las causas que, señaló, estuvieron en el diseño y la construcción, no en la supervisión ni en el mantenimiento, de lo que la empresa noruega, digo yo, se ha limitado a unas líneas sin salir a dar la cara.
La clave de este caso está en ese reporte final, que desconocemos, y que es necesario transparentar para dejar en claro qué dijo DNV sobre la causa-raíz del derrumbe de la Línea 12, que Claudia Sheinbaum rechazó, y dejar todo claro para que el colapso no la colapse y que cada quien asuma sus responsabilidades penales, civiles y políticas.
RETALES
Creada el 26 de marzo de 2019, como parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la delincuencia organizada, la Guardia Nacional enfrenta hoy una serie de ataques en todos los frentes, desde lo político, social y mediático, sin considerar su lucha contra las bandas criminales, en la cual han sufrido la baja de varios de sus elementos, incluidos oficiales y jefes.
Fue cuestionada en su origen por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, aunque halló consenso unánime en el Senado luego de garantizar que sería una policía nacional civil y no militar, sin embargo, el tema vuelve a revivir con la iniciativa del Ejecutivo en la que propone incorporar a la GN a la Sedena, a la que debe pertenecer, ya que su base fue conformada con elementos del Ejército y la Marina, además de que cuentan con entrenamiento especializado.
En el plano mediático, la opinión pública ha generado un nuevo debate en torno a la participación de la corporación en materia de seguridad, atribuyéndole un uso excesivo de fuerza. El caso más reciente, el del estudiante de la Universidad de Guanajuato Ángel Yael Ignacio Rangel, quien el pasado 27 de abril, luego de un convivio con varios compañeros se retiró en su camioneta en caravana con otros tres vehículos. Elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto para una revisión de rutina, sin embargo, los estudiantes ignoraron la orden y, en su huida, los agentes de seguridad accionaron sus armas de fuego. El resultado fue la muerte de Ángel Yael, quien recibió varios impactos.
Aunque corresponderá a las autoridades competentes determinar la responsabilidad de cada uno de los actores, lo cierto es que lamentablemente, nuestro país vive momentos críticos de inseguridad, no sólo en Guanajuato, sino en todas las entidades, además, de un tiempo a la fecha se ha ido generando entre la población, principalmente entre los jóvenes, una cultura de desobediencia a la autoridad y la falta de respeto a la ley.
Algunas veces motivadas desde la delincuencia organizada y, otras, por lo mal entendido de los derechos humanos. Si bien no se justifica la muerte del joven estudiante, la GN está capacitada para resguardarla ley, y está entrenada para hacer uso de la fuerza. Si hubo o no motivos, serán las autoridades las que lo determinen. La investigación continúa y tanto el comandante de la GN, general Luis Rodríguez Bucio, como el secretario de la DN, LuisCresencio Sandoval, están en coordinación y colaboran en todo momento para que el caso se aclare.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado en mantener su estrategia de “abrazos, no balazos”, la cual, se filtró, le habría sido propuesta por asesores y consultores externos, cuando debió tomar en cuenta, en primer lu- gar, a los secretarios de la Defensa, de la Armada, así como al Gral. Audomaro Martínez, del CNI, quienes tienen vasto conocimiento de la situación que impera en el país. Dicha estrategia, ha quedado demostrado que no funciona. En la llamada de López Obrador con Biden, uno de los temas importantes fue la inseguridad y violencia generada por los cárteles. El Presidente mexicano ya se dio cuenta de la importancia del intercambio de información con EU, por eso ordenó a Marcelo Ebrard ir a Washington a fincarlos acuerdos bilaterales que permitan ese intercambio y continuarla lucha contra los grupos delincuenciales. Es una situación de urgencia para la seguridad nacional de ambos países.
DE IMAGINARIA
Buen golpe dio el Ejército mexicano en Tamaulipas, donde decomisó 300 kilos de cocaína y logró la detención de quienes realizaban el trasiego de la droga. El presidente López Obrador confirmó la confianza a las FA nombrando al Gral. en retiro Carlos Antonio Rodríguez Munguía, como nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil. (Miguel Ángel Godínez García, Excélsior, Nacional, p.10)
Mucha gente preocupada por la militarización de México se pregunta: ¿una vez que se le han dado tantas cosas a los militares, tantas funciones y prebendas ajenas a su función, cómo y quién podrá regresarlos a sus tareas?
Una de las promesas mejor recibidas del candidato López Obrador fue que regresaría al Ejército a sus cuarteles.
Pero hizo exactamente lo contrario: sacó a los militares de sus cuarteles y los desplegó como responsables sobre funciones estratégicas del gobierno civil, como las aduanas, los puertos y la obra pública.
La próxima reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas que el Presidente piensa enviar al Congreso, al parecer buscará consumar en la Constitución la entrega al Ejército del mando directo sobre la seguridad pública, mediante la absorción en las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional.
Es uno de los pasos más criticados y temidos de la sociedad, entre expertos en seguridad, partidos políticos, activistas en derechos humanos, observadores diplomáticos, periodistas, hasta historiadores. Y, desde luego, millones de ciudadanos.
No sabemos en realidad lo que busca el Presidente con este maridaje con las Fuerzas Armadas, ni si a estas les gusta realmente esta expansión fuera de sus especialidades institucionales históricas.
Quizá la discusión de la reforma que constitucionaliza la militarización de la seguridad pública, asunto de policías y mandos civiles en toda sociedad democrática, sea una buena oportunidad de empezar a poner un límite a la militarización de México.
Un No del Congreso a la militarización constitucional de la Guardia Nacional podría empezar a enviar a las Fuerzas Armadas el mensaje correcto de que hay en la sociedad dudas y temores sobre su maridaje en expansión con el actual Presidente.
Ese No del Congreso obligaría a empezar a corregir el rumbo y a cumplir con lo que hoy manda la Constitución al respecto, que es tener al frente de la Guardia un mando civil y no un mando militar.
Podría empezar ahí un regreso a la normalidad en las funciones de las Fuerzas Armadas, que hoy vemos presentes en muchos frentes civiles, desnaturalizando su función y abriendo zonas de sospecha de corrupción en los militares y de pretensiones de militarización de su mandato en el gobierno civil. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Al frente, p.3)
Este fin de semana, el presidente de México visita Cuba. Según el programa oficial, llega sábado en la noche y se queda hasta muy tarde el domingo. Es un momento histórico para la izquierda mexicana. Los que aprendieron a ser rebeldes con playeras del Ché Guevara y canciones de Silvio Rodríguez, hoy son el gobierno. En los momentos más desérticos de la lucha, Cuba los inspiró, Cuba los financió, Cuba los arropó, Cuba los invitó. Hoy han conquistado el poder. Triunfó su revolución. Por eso todos quisieran irse de fin de semana a Cuba con Andrés Manuel. Imaginar que se embarcan juntos en el Granma, de regreso a esa isla que es su musa, para arrodillarse victoriosos ante la tumba de Fidel Castro y susurrarle con la frente en alto: misión cumplida, comandante.
Para López Obrador, Cuba es el modelo perfecto. No hay oposición. No hay prensa libre. No hay sociedad civil. No hay empresario que no esté sometido al régimen. Y mandan los militares. Todo es propaganda. Cada palabra, cada gesto, cada avenida, cada monumento, cada souvenir con las caras de Fidel y el Ché. Falta libertad, pero sobra poesía. Falta democracia, pero sobra trova. Falta infraestructura, pero sobran discursos épicos. Hay escasez de todo, menos de narrativa. Y la corrupción —como la comida— está racionada, repartida y organizada desde el gobierno: a los de arriba les toca más, a los de abajo sólo les salpican las migajas. ¿Resultados, desarrollo, crecimiento? No hay ninguno, pero de nada tiene la culpa el régimen: todo es culpa del imperialismo yanqui.
Tengo un enorme interés por ver qué sucederá en esa gira cubana. Imagino que la dictadura recibirá a López Obrador no sólo como el alma mater que reconoce al alumno con los máximos honores, sino con orgullo de quien ve encumbrarse a un hijo y hoy lo tiene de visita en casa. ¿Le llevarán a una escuela para que López Obrador postule que el cubano es el modelo a seguir? ¿Lo llevarán a un hospital para que de ahí declare que México tiene mucho que aprender de la isla? ¿Lo llevarán a los campos de café o de tabaco para que diga no sé qué de Sembrando Vida? ¿Le organizarán un mitin en la Plaza de la Revolución, a la vera del memorial de José Martí? ¿Condenará a Estados Unidos desde el epicentro antiamericano? Tiene otro peso La Habana que la mañanera. ¿Irá Silvio Rodríguez a interpretar las canciones favoritas de la pareja presidencial mexicana? ¿Invitará a cantar a la esposa del presidente? No lo hace mal. La trova cubana es la banda sonora de la película épica de la izquierda mexicana: la han puesto en mítines, plantones, bloqueos, marchas, ¿por qué no usarla para amenizar la dulce melodía de la plenitud del poder?
Ya casi es la visita a Cuba. Creo que va a ser una gozada. (Carlos Loret, El Universal, Nación, p.5)
Como “una curiosidad surreal, casi inocente”, describe en El País el reportero Elías Camhaji, la forma como en México se abordó el tema de la boda nazi de Fernando y Josefina en Tlaxcala (revelada el martes por MILENIO).
Pero nada irracional o absurdo lo es para la comunidad judía y organizaciones internacionales.
El periodista retoma la condena de Ariel Gelblung, director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal:
“Nuestra institución condena enérgicamente la distorsión y banalización de la memoria de seis millones de hermanos judíos asesinados en el Holocausto y el menosprecio por parte de los que niegan o tergiversan la historia, así como a todos los que se prestaron a esta deleznable falta de respeto”.
Esa organización “ha exhortado a las autoridades mexicanas a reprobar la boda por promover un discurso de odio y racismo”.
Tribuna Israelita, portavoz de la comunidad judía en México, considera la boda una “acción que hace apología y enaltece al nazismo, ideología responsable del asesinato de millones de personas, incluyendo a seis millones de judíos”.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recordó que las leyes mexicanas prohíben el antisemitismo y que la ceremonia en Tlaxcala constituye una “manifestación de intolerancia”.
“Desde el Conapred consideramos necesario recordar los terribles eventos que tuvieron lugar en el suelo europeo durante el Holocausto, un crimen sin paralelos en la historia de la humanidad”.
La nota de El País incluye la opinión de Jaime Romanowsky, especialista en temas de genocidio que achaca estas muestras discriminatorias a la ignorancia.
“En México, donde viven casi 60.000 judíos –no hay datos específicos ni sistemáticos–, la más reciente encuesta nacional sobre discriminación enlista las creencias religiosas como el segundo motivo más común de las ofensas, solo después de la apariencia física. Varios miembros de la comunidad, sin embargo, no consideran que sea una tendencia generalizada…”.
José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador (1993-1999) de Tlaxcala y actualmente senador por esa entidad, me pide hacer notar que los tlaxcaltecas, mayoritariamente indígenas y mestizos, no comulgan con ideas racistas ni genocidas, y que quienes lleguen (de Ecatepec “o de donde sea”) a su estado con “esas sandeces”, corren el riesgo de ser acribillados “a huevazos y tomatazos”.
Considera que la pareja es del tipo de gente “que compra baratijas y pendejadas hitlerianas en mercados callejeros, por lo llamativo de las vestimentas (fueron diseñadas por Hugo Boss) y la lectura de uno que otro libro plagado de odio y estupideces como Mi Lucha o Derrota mundial”.
Lo que suceda con el juez que hace cinco años y con idéntica parafernalia nacionalsocialista desposó en Ecatepec a Fernando y Josefina no le importa, pero reclama de las autoridades eclesiásticas “poner en su lugar” al sacerdote de la parroquia de la Santa Cruz por convertir la inaudita ceremonia religiosa en “un acto de carnaval fantasmagórico…”.
Servido. (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)
Mientras en países culturalmente anglosajones cada vez es menor la tendencia a tener policías de corte militar, en los de cultura latina sucede todo lo contrario. En México el papel de nuestras fuerzas armadas ha ido en ascenso para la definición e instrumentación de las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública.
Ello ha prendido las alertas en organismos internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y los derechos humanos.
Como consecuencia de los procesos de integración económica regional y de la globalización, el país se encuentra inmerso materialmente dentro de los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Sin embargo uno de los ejes de la estrategia estadunidense basada en ampliar la comunidad de democracias de mercado conteniendo y disuadiendo el rango de amenazas a su nación, intereses y aliados ha venido sufriendo una transformación a partir de la llegada de López Obrador a la Presidencia.
Las consecuencias de los abrazos presidenciales a las organizaciones criminales están a la vista. La violencia no se detiene y se expande la impunidad de los narcointereses a regiones enteras. La postura y la capacidad del modelo Guardia Nacional prometido y cacareado es un absoluto fracaso. Híbrido en su doctrina, desordenado en su organigrama, ineficaz en su actuación y sin un sólido liderazgo, se pretende que este mosaico de elementos mantenga un crecimiento progresivo para alcanzar en 2024 la integración de 200 mil elementos. La reforma anunciada —que sigue sin discutirse ni aprobarse— por López Obrador para enviar a la Sedena este grupo es sólo una formalidad que exhibirá nuevamente en los hechos la flexibilidad de la palabra presidencial.
Ésa que es punta de lanza generadora de incertidumbre y desconfianza.
La Guardia Nacional de facto obedece al mando militar en la Sedena y no al mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Algunos de sus procedimientos de actuación “policial” han estado en el epicentro del escándalo, el más reciente ocurrido en Guanajuato donde elementos de la Guardia Nacional —según versiones oficiales— dispararon contra un estudiante, lesionando a otros en un operativo contra el robo de combustible, ocasionándole la muerte.
La indignación, impotencia y rabia ha inundado las calles sin que haya habido un manotazo impecable para deslindar responsabilidades en este caso que puede ir in crescendo en una coyuntura poco favorable para el régimen.
La mayoría de los controles civiles objetivos y subjetivos se encuentran en crisis debido a la ligereza, improvisación y desorden de la mentada transformación. Difícil será en el 2024 y dada la situación de la (pesadilla) realidad mexicana, que se dé un rápido, eficaz e impecable regreso de los militares a los cuarteles. El asunto gira más bien en la imagen y percepción de una Guardia Nacional cuyo reclutamiento, protocolos de actuación y procesos de administración son discrecionales, ineficaces y opacos.
Sin orden hay desorden, ya lo deberían saber los mandos castrenses distraídos algunos con las mieles del poder.
El orden, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales en cualquier régimen democrático, asumir que el futuro no los alcanzará conlleva una dosis de soberbia e insensatez. Y en esta coyuntura mundial los excesos y atropellos sobre la actuación de los militares tarde o temprano pasarán por la aduana. Asombra que no se analice la complejidad del escenario donde la imagen de esta cuatroté va en franco declive y con abundante presencia militar más allá de zonas de conflicto.
México es de suma importancia como puente con América Latina para la integración económica y comercial, pero también para la integración militar hemisférica coadyuvando a encarar las amenazas regionales ante las cuales este modelo cuatroté es obsoleto, disfuncional, ineficaz y desordenado. (Marcela Gómez Zalce, El Universal, p.8)