Apagaron una de las pocas voces que habla por Gaza ante el mundo. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
PARA la próxima, en lugar de que sean los institutos electorales los que organicen los debates, habrá que encargarle esa tarea al Consejo Mexicano de Lucha Libre. Y es que los trancazos han estado a la orden del día en todo el país.
AYER, por ejemplo, en Yucatán se enfrascaron en un duelo de acusaciones el morenista Joaquín “Huacho” Díaz y el panista Renán Barrera. Al primero lo acusaron de usar los recursos de los programas del bienestar para hacerse de tres ranchos. En respuesta, el de la 4T dijo que él sí hacía públicos sus bienes, en tanto que el albiazul los ocultaba. ¡Mare, lindo!
DEL OTRO lado del país, en el municipio más rico de México, San Pedro Garza García, el candidato independiente y no menos polémico, Mauricio Fernández, no estuvo dispuesto a escuchar los ataques de la emecista Lorenia Canavatti… ¡y que se sale del debate!
ADEMÁS, el sábado en Puerto Vallarta el debate por la gubernatura jalisciense terminó en un sainete, pues el emecista Pablo Lemus llamó “hijas de Alito” a sus opositoras. Y, por supuesto, la priista Laura Haro se le fue a la yugular acusándolo de violencia política de género, cosa que ya antes había hecho la morenista Claudia Delgadillo.
POR CIERTO que antes del conflicto, Delgadillo llamó a Lemus “machito” y Haro calificó a Jorge Álvarez Máynez de “borracho”. ¡Se llevan pesado!
A VER, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Aduanas? Por los cuatro puntos cardinales han comenzado a surgir inconformidades por la manera en que se está manejando esa dependencia pública, que ahora está en manos del reconocido general André Georges Foullon Van Lissum.
PARA MÁS señas se trata de quien fuera director del Colegio Militar, subsecretario en Sedena y, en 2018, uno de los finalistas para ocupar el cargo de secretario de la Defensa Nacional. O sea que improvisado no es el general.
SIN EMBARGO, a tan sólo unos meses de que concluya el sexenio, alguien quiere hacer su agosto con el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, el famoso PITA, un ambicioso programa que busca agilizar por medio de la automatización el ingreso y salida de mercancías en México.
QUIÉN SABE si el general Foullon está enterado del problemón que se está generando en Aduanas, pero una cosa es segura: no tarda en estallar el escándalo.
EL MENSAJE que le dejaron hombres armados al panista Eduardo Rivera no deja lugar a dudas: “lo vamos a recibir con un plomazo en la cabeza”. La amenaza contra el candidato opositor a la gubernatura de Puebla no se puede ignorar.
POR MÁS que la 4T pretenda mantener el poder en ese estado, más valdría que se preocupara por acercarle al candidato albiazul un comando de protección. Lo que menos necesita Puebla -y el país- es que las amenazas en contra de Rivera escalen a un nivel irreversible. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Legisladores, mucho sueldo, poco trabajo
Desde el lunes pasado EL UNIVERSAL dio cuenta del rezago con el que acabó la 65 Legislatura, que superó 76%. Explicamos que de las 7 mil 606 iniciativas que recibió la Cámara de Diputados desde 2021 hasta 2024, solo se aprobaron 837, se desecharon 375, y se retiraron 594, dejando pendientes un total de 5 mil 800. Si hablamos solo de las aprobadas, el rezago sube a 90%. Pero nos recuerdan que las y los diputados de Morena, PT y PVEM fueron a presumir a AMLO que hicieron posible un nuevo andamiaje del bienestar y hasta festejaron su productividad. Sin embargo, los números son fríos y dan cuenta de que los legisladores, aunque digan lo contrario, quedaron mucho a deber a los ciudadanos. En contraste, nos hacen ver, los ciudadanos les pagaron sus dietas, bonos, gastos y viajes. En resumen, mucho sueldo y poco trabajo.
La impunidad en Palacio Nacional
Nos comentan que luego de que Presidencia difundiera casi 400 documentos sin testar sobre el caso en el que acusa a María Amparo Casar de cobrar indebidamente una pensión millonaria, más de un reportero, de los 263, que cubren la mañanera del presidente López Obrador, que fueron víctimas de la divulgación de sus datos personales, se preguntan cuándo se dará a conocer el resultado de la investigación que la dependencia federal aseguró que realizaría para encontrar a el o los culpables de la publicación de la información personal de los comunicadores. Nos recuerdan que a finales de enero se reveló el hackeo de credenciales de elector, teléfonos, firmas, email de 263 reporteros que cubren la mañanera presidencial y del cual el presidente López Obrador reconoció que al interior “falló la seguridad y garantizó encontrar a los culpables”. Ya son más de tres meses del hecho y no hay información ni responsables. Impunidad pura en Palacio Nacional.
¿Exdirector del Cisen trabaja en campaña de Sheinbaum?
Este fin de semana, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, sembró la versión de que Eugenio Ímaz, exdirector del órgano de inteligencia, el Cisen, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, trabaja para la campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Doña Xóchitl dijo que tiene versiones de que Ímaz está detrás de actos de violencia contra candidatos opositores. El señalamiento de Xóchitl Gálvez, es grave y más aún dado que don Eugenio, es excuñado de Sheinbaum. El equipo de campaña de la candidata de Morena ¿dejará pasar este señalamiento o saldrá a responder si Ímaz trabaja con ellos?, y de ser cierto, ¿cuáles son sus funciones? Ya se verá.
Un ambicioso regalo para AMLO
Ayer, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, la acompañó a su gira por la capital del país y fijó la meta de los votos que quieren obtener Morena, PT y el Verde el próximo 2 de junio en la elección presidencial: 35 millones de votos. Nos cuentan, que Fernández Noroña les dijo a los asistentes a un mitin en la alcaldía Coyoacán, que sería el regalo de despedida para el presidente, López Obrador. “Él se va a su rancho, pero yo quiero cerrar pidiéndoles que le demos un regalo, un regalo grande y arrasamos en la capital del país para que la derecha sepa que nunca más va a regresar al gobierno”, dijo el vicecoordinador petista en la Cámara de Diputados. Un ambicioso regalo para AMLO. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
1 Resurgimiento. Andrés Manuel López Obrador aprovechó la conmemoración del 162 aniversario de la Batalla de Puebla para reafirmar la soberanía y autonomía nacional frente al “neoliberalismo”. Durante su mandato, el Presidente de México subraya se ha recuperado la soberanía y la dignidad nacional al haber asegurado que México no es ni será “colonia ni protectorado de ninguna potencia extranjera”. En términos políticos, López Obrador no pierde oportunidad para destacar que su administración es un cambio radical del pasado, una especie de renacimiento de los ideales que llevaron a Ignacio Zaragoza a la victoria. Apenas uno de los logros.
2 Preparativos. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, liderados por Guadalupe Taddei como presidenta, incluyen a Jorge Montaño, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo. En ellos caerá la responsabilidad en tres semanas de que el resultado de la elección brinde certidumbre. El INE se adelantó al reloj electoral con una serie de simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares, comenzando ayer 5 de mayo. Un ensayo general que apunta a afinar cada detalle técnico y operativo antes de enfrentar el que promete ser el proceso electoral más complejo en la historia de México. De ese tamaño es el reto.
3 Efecto dominó. Cuando como funcionario público se toca fondo, las consecuencias arrasan con el entorno político. Por ello la gravedad de lo que acontece en León, Guanajuato. Solamente el sábado asesinaron a 13 personas, entre ellas dos niños y cuatro mujeres, de acuerdo con la Fiscalía General de Guanajuato. En su reporte dominical, la FGE refirió, uno a uno, con lujo de detalles, los casos. Lo que es ya inocultable es que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, está perdiendo esta batalla contra los criminales y en su ineficacia se lleva el prestigio de su partido y de su gobernador. Póngales un alto a los delincuentes, señora.
4 A ras de tierra. En la región Olmeca de Veracruz, Marko Cortés, líder nacional del PAN, llamó a la población a no dejarse amedrentar por quienes llamó “cuervos de la nación”, aludiendo a los promotores de la Secretaría de Bienestar, pues los señaló de utilizar los programas sociales para la promoción de la coalición Sigamos Haciendo Historia. En un acto de apoyo a José Francisco Yunes Zorrilla y los candidatos al senado, Miguel Ángel Yunes Márquez y Sara Ladrón de Guevara, el líder panista reiteró que nadie puede condicionarlos con el tema de los apoyos. Veracruz ya decidió. Y todo indica que no es Rocío Nahle, a quien todo le ha salido mal.
5 Los primovotantes. Jornada histórica nos espera en México, pues alrededor de 6.6 millones de jóvenes entre 18 y 21 años votarán por primera vez en México, de los cuales 1.4 millones apenas cumplieron o cumplirán 18 años y sacaron su credencial para votar. Ocho entidades federativas agrupan al 50% de los 6.6 millones de primo votantes, Estado de México (Delfina Gómez), Jalisco (Enrique Alfaro), Ciudad de México (Martí Batres), Veracruz (Cuitláhuac García), Puebla (Sergio Salomón Céspedes), Guanajuato (Diego Sinhue), Chiapas (Rutilio Escandón) y Nuevo León (Samuel García). Bienvenida la sangre joven a nuestra igualmente joven democracia. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 11)
Que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se niega a dar por muertas las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero y, en esa lógica, se mantiene a la espera de un acuerdo político entre los líderes parlamentarios en San Lázaro para dictaminar esos proyectos, citar a un periodo extraordinario con el voto de dos tercios de la Comisión Permanente y con esa misma mayoría calificada aprobar las reformas a la Constitución en el pleno de ambas cámaras, así como en al menos 17 de los 32 congresos locales. Casi un milagro, pues.
Que hoy comienza una de las jornadas más delicadas de la elección del 2 de junio, pues presos de todo el país que aún esperan sentencia tendrán oportunidad de sufragar en más de 250 prisiones por Presidente, jefe de Gobierno, mandatarios estatales, alcaldes, diputados y senadores; solo en 65 cárceles no se alcanzaron las condiciones de seguridad requeridas. En CdMx las autoridades electorales y de Seguridad darán el banderazo en un acto protocolario en el Reclusorio Norte, aunque en la capital podrán participar mil 800 personas privadas de la libertad de siete centros penitenciarios. A ver.
Que dirigentes de PRI, PAN y PRD acudirán hoy a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a denunciar a Eukid Castañón, operador de Morena en Puebla, a quien señalan de estar detrás de los ataques a la casa de campaña de Eduardo Rivera, el candidato opositor a la gubernatura de esa entidad. Sin embargo, se sabe que los agresores tuvieron tan mal tino que en realidad entraron al hogar de una vecina, donde preguntaron si ahí despachaba el aspirante opositor.
Que con bajo perfil, funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dieron cita en la concentración de este domingo en la columna del Ángel de la Independencia, donde demandaron respeto a la autonomía del máximo tribunal. Durante la manifestación, únicamente trabajadores, jueces y magistrados tomaron la palabra; sin embargo, es evidente que ningún bando pierde oportunidad para contribuir con su marcha, su plantón o su desplegado en esta disputa que ha enfrentado durante meses a los poderes Judicial y Ejecutivo. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Elección histórica
Tendrá el INE, presidido por Guadalupe Taddei, la tarea histórica de promover y hacer valer, la votación anticipada de las personas en prisión preventiva, que se llevará desde hoy hasta el 20 de mayo. Esto es posible también por la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como dependencias de seguridad locales, que realizaron una base de datos de las personas recluidas sin sentencia condenatoria.
Defienden al Poder Judicial
Importante manifestación se registró ayer en defensa de la autonomía del Poder Judicial, que encabeza la ministra Norma Lucía Piña. Convocados en El Ángel de la Independencia y en otros estados, cientos de personas, jueces, magistrados y trabajadores del PJ, refrendaron su defensa de la Constitución, tras los continuos ataques que han sufrido.
Mostró su fanatismo
El que no paró en halagos como anfitrión en Veracruz fue el gobernador Cuitláhuac García. Y es que luego de la visita de López Obrador, mostró muy efusivo su obradorismo al calificarlo como “el mejor Presidente de México en la historia moderna y postmoderna, y el que está haciendo historia”. Minutos después, recibió críticas en redes.
Como en los viejos tiempos
Quien recordó su época como jefa de gobierno fue Claudia Sheinbaum. Este domingo recorrió cuatro alcaldías importantes para su movimiento: Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, donde recibió el respaldo no sólo de sus habitantes, sino de liderazgos del partido y alcaldes que buscan ganar el próximo 2 de junio.
Siguen los Chapulines
A quien se le borró el brillo “fosfo fosfo” fue a la candidata de MC, Esther Mejía Bolaños, que iba por la alcaldía Álvaro Obregón y Pablo Ortíz Jiménez, concejal de “Va X la CdMx” en Coyoacán, renunciaron a sus partidos y se sumaron a Morena, al movimiento que encabeza Clara Brugada, en búsqueda de la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Más conciertos en la capital
Para seguir sumando a la derrama económica de mil 200 millones de pesos que dejaron en el primer trimestre los conciertos en la capital, el gobierno de Martí Batres prepara un nuevo recital para el próximo viernes, en el Monumento a la Revolución, para celebrar el Día de las Madres, prevén 3 mil millones de pesos de derrama.
Avance en maíz
La Secretaría de Agricultura, de Víctor Villalobos, dio a conocer que el esquema de comercialización del maíz blanco de Sinaloa, para el ciclo Otoño-Invierno 23/24, avanza con la contratación de una tercera parte de la cosecha. Seguridad Alimentaria Mexicana dará a conocer la mecánica para otorgar el apoyo de 750 pesos por tonelada. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Cambio generacional
En el mitin que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, encabezó ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, coincidieron el zacatecano Ricardo Monreal y su hija Caty Monreal, quien es candidata morenista a dicha alcaldía. En el acto, el todavía senador, quien ahora aspira ocupar una curul en San Lázaro, no hizo uso de la palabra, sino sólo Caty, quien, admitió, se encontraba “más nerviosa que de costumbre” y aseveró que recuperará la alcaldía del “abandono, la corrupción y la improvisación” en que la tuvieron “el prianismo”. Va el cambio generacional.
Marea Rosa alista nueva movilización
En las movilizaciones anteriores vaya que han tenido poder de convocatoria. Y ahora la Marea Rosa alista una nueva jornada en las calles, en el Zócalo de la capital del país y en plazas de toda la República y ciudades del extranjero, “en defensa de la democracia”. El senador Emilio Álvarez Icaza hizo eco del llamado a salir a manifestarse el próximo domingo 19 de mayo a las 12:00 horas. “Y la siguiente marcha es de tu casa a las urnas el 2 de junio”, exhortó el legislador e integrante de la coalición Fuerza y Corazón por México. “Sólo hay una opción: democracia o autoritarismo”, sostuvo el también extitular de la CIDH.
Suman voces contra la salida de PISA
“Pretender sacarnos de la prueba PISA es apostar por la mediocridad, es condenar a los niños a una educación que no les permita superarse”, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana. Crece la preocupación en distintos sectores de la sociedad sobre la ruta que ha tomado el gobierno de la autollamada ‘4T’ en materia educativa que, todo indica, se perfila a salirse de esa evaluación internacional. De concretarse, alertó la Coparmex, impactaría todavía más en el rezago educativo de nuestro país.
Votos… ¿para AMLO?
Quien anda muy espléndido, aunque con sombrero ajeno, es Gerardo Fernández Noroña, enlace con organizaciones sociales y civiles de la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Resulta que ayer, en un mitin en Coyoacán, dijo que el inquilino de Palacio Nacional se irá a su finca el 1 de octubre con su pensión de adulto mayor, por lo cual pidió “que le demos un regalo grande, un regalo importante, qué tal si le damos 35 millones de votos el próximo 2 de junio y arrasamos en la capital del país”. Es decir, ¿el Presidente se va o no se va? Es pregunta, dado que en la boleta está Sheinbaum y no el mandatario federal, ¿qué no?
De nuevo comentarios sexistas en debate jalisciense
El que por segunda ocasión tuvo un comentario sexista en el debate organizado por la autoridad electoral en Jalisco fue el emecista Pablo Lemus. El candidato naranja a la gubernatura aseguró que sus contrincantes Laura Haro y Claudia Delgadillo son “hijas de Alito” Moreno, líder del PRI. Mucho presume MC que apuesta por el voto de las nuevas generaciones, pero que alguien les informe que a las jóvenes no les gustan esos desplantes de misoginia.
Acusan guerra sucia en Puebla
Los equipos jurídicos nacionales de PAN, PRI y PRD no dudan que el expanista Eukid Castañón Herrera está detrás de la agresión al domicilio de su candidato al gobierno de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y de “muchas otras tropelías” –dicen–, por lo que hoy acudirán hasta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a presentar otra denuncia en su contra. El excolaborador del fallecido panista Rafael Moreno Valle, señalan, ya fue denunciado y encarcelado por tres años y siete meses por los delitos de extorsión, amenazas, uso de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Aseguran que como operador político electoral, ahora de los morenistas Alejandro Armenta y José Chedraui, se ha dedicado a “presionar y amenazar”. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
Tensión en Puebla
Y donde la contienda electoral este fin de semana se puso tensa fue en Puebla, luego de que el candidato de la oposición, Eduardo Rivera, denunciara que la seguridad del fraccionamiento donde vive fue vulnerada. A ello agregó ayer que los sujetos que lo hicieron preguntaron su ubicación porque, sostuvo, cuando ahí estaban dijeron que “al político” le darían un plomazo. “En tal ataque resultaron afectadas con agresiones físicas, mis vecinas, madre e hijas”, lamentó. Ayer mismo el gobernador de la entidad, Sergio Salomón, nos cuentan, quiso despresurizar la situación al pedir responsabilidad con los tintes que se le quieren dar al tema del ataque pues “tengo entendido que no fue a su domicilio… están corriendo las investigaciones en el ámbito de la fiscalía, seremos muy prudentes… y estaremos atentos a que el resultado sea muy claro y preciso, ya que hay dos detenidos”. Por lo pronto, pendientes.
Iglesia ve “instrumentación política”
Y es la jerarquía católica la que no ha querido quitar el dedo del renglón en su reclamo por la forma en que se ha revelado información del caso del obispo emérito Salvador Rangel, lo cual dio pie a que se hiciera escarnio contra su persona sobre todo en las benditas redes. “Instrumentación política” es lo que acusa ahora el clero, al tiempo que demanda una investigación exhaustiva. Fue en un videomensaje en el que el secretario general de la Conferencia del Episcopado y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, señaló que “en estos tiempos de noticias falsas y polarización, lamentamos profundamente que se hagan conjeturas a la ligera sobre la aparición de monseñor Salvador Rangel, ya que lejos de aclarar, confunden a la gente de buena voluntad y dañan la integridad de quien, por el momento, está impedido para compartir su experiencia”. Uf.
Gestión de la pandemia, a revisión
Y es el informe “Aprender para no repetir” uno de los documentos que está siendo ampliamente revisado en estos días. Elaborado por la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de Covid-19, en la que participa Jaime Sepúlveda, el documento advierte, por ejemplo, que la vacunación en México tuvo como una falla grave “la politización en la distribución de los biológicos”. Las autoridades sanitarias mexicanas no siguieron puntualmente las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, señala. Y agrega que ciertos gremios fueron favorecidos y otros fueron excluidos. “La distribución de vacunas estuvo altamente politizada, al usar siervos de la nación como agentes comunitarios; la estrategia nacional de vacunación se definió por un modelo centralizado de toma de decisiones y tácticas políticas que favorecieron al partido en el poder”. El desempeño de la autoridad en la pandemia sigue bajo la lupa, nos comentan.
Apoyo a María Amparo Casar
Y fueron decenas de académicos, investigadores, periodistas, actrices y artistas, quienes expresaron ayer su solidaridad con María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a través de un escrito. En éste, se defiende la trayectoria de la académica y se acusa un abuso de poder desde el Gobierno federal, luego de que el viernes se le señalara por el cobro de un seguro y una pensión de Pemex por el caso de su fallecido esposo. “María Amparo Casar es una figura pública clave en la construcción de la democracia mexicana. Su trayectoria como académica y como promotora de la lucha contra la corrupción es innegable”, sostiene el documento. La parte más delicada del caso, han señalado, es la difusión por parte de la Presidencia de documentación con datos que deberían permanecer en reserva. El Inai, por lo pronto, ha informado al respecto que ya investiga. Pero sobre el tema seguramente hoy se seguirá hablando.
Mensaje de trabajadores del PJ
Y fueron activistas y trabajadores del Poder Judicial de la Federación los que ayer trataron de mostrar músculo en una protesta que tuvo lugar en Paseo de la Reforma. En esta movilización, nos aseguran, dieron cuenta de su respaldo a la independencia judicial y aprovecharon para lanzarse contra el exministro Arturo Zaldívar, al que acusan de cambiar la toga por un chaleco. Entre sus pancartas se leían expresiones como “Poder Judicial Federal, contrapeso nacional”, y entre las consignas que se gritaron estuvieron las de “¡Sin Poder Judicial, ¿quién te va a amparar?!” y “¡La ley sí es la ley!”. De acuerdo con algunas estimaciones, en el lugar estuvieron unos cientos de personas entre las que habían trabajadores jubilados y en activo, pero también jueces y magistrados. Nos dicen que pudieron ser más si la reforma que propuso el Presidente para elegir a jueces hubiera avanzado en el Congreso, aunque, por lo pronto, han querido dejar el mensaje de disposición a salir a la calle. Ahí el dato.
Modos de protesta
Y nos cuentan que al grito de “Desde el río y hasta el mar, Palestina vencerá”, una egresada de la licenciatura de Ingeniería Química quemó su título en la acampada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Según la joven, esto lo hizo como una protesta pacífica y un gesto “simbólico y de solidaridad” con los estudiantes reprimidos de manera violenta durante las manifestaciones en Estados Unidos, Francia y otras partes del mundo, además de hacer un llamado a finalizar los ataques realizados por las fuerzas de Israel en Gaza. Apenas el viernes, la máxima casa de estudios se refirió a la instalación de este campamento en las inmediaciones de la Rectoría. Planteó respeto a quienes tienen esta forma de ver el conflicto que actualmente tensa a Medio Oriente y tiene una ola expansiva de protestas, pero también de tolerancia a quienes tengan otra posición. Hacerse escuchar, como en este caso, sin dañar los derechos de otros, es lo mejor. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Las autoridades educativas de México no han querido reconocer la importancia la evaluación por organismos de prestigio como la OCDE. La evaluación es uno de los mecanismos que aporta información para elevar la calidad educativa. Al no haber una retroalimentación para saber cómo estamos, el rezago educativo de agrava y la calidad de la educación pública termina perdiéndose. (La Esquina, La Crónica de Hoy, P.p.)
Desde hace tiempo hay una preocupación estratégica en Estados Unidos por la expansión tecnológica de China en México. Desde el sexenio pasado, Washington ha presionado a México para cancelar la tecnología de telecomunicaciones 5G china, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado. En los últimos meses, sin embargo, las preocupaciones han girado y se han ampliado. México, por el creciente uso de drones chinos por parte de los cárteles de las drogas, y Estados Unidos por los drones chinos espías que vuelan sobre territorio mexicano.
La preocupación doméstica es por la capacidad de fuego de los grupos criminales que se incrementó con la utilización de drones chinos, DJI, la fábrica más grande en China que produce la marca, y que prefieren y pueden comprarse en las tiendas departamentales mexicanas por unos 2 mil dólares. Estos drones, adaptados con dispositivos para arrojar bombas, eran desconocidos en México hasta hace poco más de tres años, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a utilizarlos con gran efectividad. Les facilitó atacar desde el aire y matar a sus enemigos, a fuerzas de seguridad y a población civil, minimizando sus costos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su arsenal de drones en Apatzingán, Michoacán, el principal campo de batalla contra Cárteles Unidos. La utilización de ese equipo modificado con fines bélicos ha sido copiada por otra organización criminal, La Familia Michoacana, que opera en el Estado de México y Guerrero, y que se ha venido expandiendo en los dos últimos años a otros estados. Eventualmente se puede esperar que otros cárteles incrementen su capacidad de fuego con esta tecnología.
En el caso de los drones utilizados por las bandas criminales, las autoridades mexicanas hablaron con sus contrapartes en China para lograr su cooperación para neutralizarlos, ya que los drones que fabrican sus empresas tienen una huella digital, un código de aplicación universal, por lo que en China saben perfectamente dónde está cada uno de ellos. El gobierno de Xi Jinping accedió a la petición y está aportando información sobre la ubicación de los drones.
Esta cooperación ha sido fluida, pero hay otro tema estratégico directamente relacionado con China, donde las cosas serán totalmente diferentes, al cruzar por el terreno de la geopolítica y el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, como en el caso de la tecnología 5G, que tiene que ver con los drones chinos que pasan por territorio mexicano para realizar actividades de espionaje en Norteamérica. En las últimas semanas, el gobierno del presidente Joe Biden empezó a ejercer fuertes presiones contra México para que actualice los reglamentos sobre su espacio aéreo, con el argumento de frenar los vuelos espías que cruzan territorio mexicano y buscan recolectar información sobre Estados Unidos.
Los estadounidenses han detectado que drones espías chinos sobrevuelan el espacio aéreo mexicano, y se quejan de la falta de actualización en la reglamentación vigente. Las leyes mexicanas establecen que todo avión de otro país que quiera incursionar en el espacio aéreo tiene que solicitar permiso para hacerlo, máxime cuando lleve armas –que podría ser el caso del equipo que va fotografiando la superficie terrestre o interviniendo comunicaciones– que tienen que detallar y especificar su objetivo, que se fueron adecuando a las necesidades generadas por las nuevas tecnologías que pudieran aplicarse a la aviación civil, una preocupación planteada por la Organización Internacional de Aviación Civil, la OACI, desde los 80, y más adelante en 2005, cuando publicó un documento sobre la gestión del tránsito aéreo mundial donde se establecen las estrategias mundiales para la organización y gestión del espacio aéreo.
La discusión en foros internacionales no ha concluido en un tratado internacional, por lo cual las leyes nacionales no son vinculatorias. En México se han tomado acciones para regular el espacio aéreo, pero enfocadas al uso de las tecnologías por parte del crimen organizado, como es el trasfondo de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, vigente desde el primero de marzo del año pasado, que establece los lineamientos para la coordinación y colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles para frenar los vuelos no autorizados que, señala, transporten cargamentos no documentados, que incluyan dinero, armas y drogas, que signifiquen un riesgo de seguridad nacional.
Esa ley no habla de drones, y la normatividad la estableció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2016. Los drones están regulados comercialmente sólo para uso recreativo y comercial y sin necesidad de autorización en tanto no vuelen a más de 122 metros de altura ni más de 450 metros de distancia, y aunque se deja entrever que para drones de mayor alcance se requiere un permiso especial, las disposiciones no son claras. La ley, en todo caso, es de alcance limitado y reduccionista, a juicio de funcionarios estadounidenses, que quieren que México regule todo su espacio aéreo nacional que, de acuerdo con las leyes internacionales, comprende 22 kilómetros de todo su territorio sobre el nivel del mar.
Los aviones comerciales vuelan hasta alcanzar la velocidad crucero en alrededor de los 10 mil metros de altura (33 mil pies), y sólo un avión, el ya descontinuado supersónico Concorde, volaba a lo doble. Algunos drones espía, que no tienen problemas de presurización porque no son tripulados, llegan a volar hasta a 30 mil metros de altura, en un espacio aéreo considerado exterior. Estados Unidos, que se abroga derechos que no tiene para actuar en el espacio exterior, está presionando a México por drones chinos que tiene registrado están volando dentro de su espacio aéreo nacional, y que es lo que quiere que se reglamente.
Las peticiones de Estados Unidos ya fueron hechas a altos funcionarios mexicanos, pero hasta ahora no se conoce ninguna respuesta. Tampoco se sabe cuál es la posición de López Obrador, que se ha resistido a exigencias estadounidenses previas, como en el caso de la red 5G, favoreciendo la expansión de tecnologías chinas que son consideradas en Washington como sistemas de espionaje, como es el caso de los drones chinos sobre territorio mexicano. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 40)
Desde hace 50 días, el gobierno de Nuevo León mantiene intacta su estrategia de parálisis legislativa local. El Congreso no sesiona desde febrero por la guerra política que viven el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y el PRIAN.
El mandatario no quiere sorpresas, como que las fuerzas políticas de Alito Moreno y Marko Cortés vayan a madrugarlo, entre otros temas y sobre todo, con el nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado después de la destitución de Gustavo Adolfo Guerrero por inconsistencias en el caso del feminicidio de la joven Debanhi.
La composición de partidos en la primera mitad de la actual Legislatura ya había permitido un revés para Samuel García porque tras el cese de Guerrero, el PRIAN puso a uno de los suyos como fiscal, nada más que como modificaron los requisitos el gobierno impugnó ante la Suprema Corte y lo ministros le dieron la razón a García.
Entonces el samuelismo usó el poder para desbaratar la mayoría simple en el Congreso y ahora le apuesta a alargar el impasse legislativo hasta el 2 de junio, fecha en que suponen en MC un triunfo contundente con el arrastre de la popularidad del propio Samuel y su gobierno, la candidatura de su esposa Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey y la presidencial de Jorge Alvárez Máynez, quien ya está en empate técnico en Nuevo León con Xóchitl Gálvez, de acuerdo a casas encuestadoras locales.
Por cierto, Máynez ya inició este fin de semana otra etapa de su estrategia persuadiendo al elector nacional de que, tras el empate con Gálvez en varios estados, ahora van a pelearle de tú a tú la Presidencia a Claudia Sheinbaum.
Pero volvamos al caso de Nuevo León, la Fiscalía, MC y el PRIAN. En la sesión del 14 de febrero los magistrados de la segunda sala de la Suprema Corte acordaron reponer el procedimiento de selección del Fiscal General de Justicia del estado, publicar la lista de aspirantes y que cumplan los requisitos, incluyendo carta de no antecedentes penales. Y eso es lo que no quiere Samuel.
En febrero, después de bajar a García de la precandidatura presidencial, éste instruyó, ya con el apoyo de otros nueve diputados del PRI y PAN (sus compañeros dicen que se vendieron), a su bancada a no presentarse a las sesiones. Es que aunque el grupo naranja solo tiene 13 diputados de 42 integrantes no se han juntado mínimo los 22 necesarios para alcanzar quórum.
Samuel García y su gobierno necesitan la mayoría calificada para controlar absolutamente el Congreso local y proponer a su fiscal y entonces sí ir por los peces gordos del PRIAN para encarcelados. Adrián de la Garza es uno de ellos, quien compite contra Mariana Rodríguez por la alcaldía de Monterrey. ¿Logrará MC mayoría en el Congreso local? ¿Salvará su pellejo De la Garza?
UPPERCUT: El PT de Alberto Anaya se volvió enemigo de Morena en Morelos. La candidata al gobierno, Margarita González Saravia tuvo que huir de un mitin con las manos arriba en señal de paz por la ruptura que hay en la coalición de más de 35 alcaldías y más de 15 diputaciones. Supuestamente sí van con Margarita, pero con esos amigos ya para que quieren al PRIAN. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 6)
En una misma semana, dos gobernantes surgidos del Partido Morena violentaron de manera burda, grotesca y abusiva el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos mexicanos. Lo más preocupante de ambos casos, que ya de por sí son graves porque representan un abuso de poder de quienes detentan la autoridad, es que, a los dos ciudadanos vulnerados en su intimidad y privacidad desde el Estado, se les ubica claramente como críticos del gobierno, lo que parece encajar con un patrón en el que, más que una casualidad o un exabrupto de los gobernantes, apunta hacia una política de intimidación, descalificación y exhibición desde el Poder, a los opositores y disidentes del régimen.
El primer caso de abuso y ataque a la privacidad lo cometió el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde su púlpito mañanero soltó a una jauría encabezada por él mismo, sus colaboradores, opinadores, periodistas militantes y por supuesto las granjas de bots que maneja desde la Presidencia su vocero, en contra de la académica y politóloga, María Amparo Casar, a quien acusan desde el poder de un presunto acto de corrupción cometido hace 20 años cuando cobró un seguro de vida y recibió una pensión post mortem, tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Márquez Padilla, ocurrido en 2004 cuando él era un alto funcionario de Petróleos Mexicanos.
En su andanada en contra de la directora de Mexicanos contra la Corrupción, una organización civil que realiza y documenta reportajes periodísticos sobre la corrupción política y gubernamental, el presidente no dudó en poner en marcha y utilizar todo el aparato del Estado mexicano para exhibir la supuesta conducta irregular cometida por la señora Casar, a quien no solo le revivieron el doloroso tema del suicidio de su esposo, sino que además publicaron y difundieron desde las páginas oficiales de la Presidencia de la República los expedientes judiciales de aquel año sobre los peritajes e investigaciones de la muerte de Carlos Márquez, con la intención de desacreditar que María Amparo “no tiene autoridad moral”, como lo declaró desde el viernes el presidente.
La acusación pública del presidente, que ni siquiera queda del todo acreditada o comprobada con la difusión ilegal de los expedientes que contienen información privada y datos personales de la familia Márquez-Casar, es que la hoy directora de Mexicanos contra la Corrupción habría cobrado, en su tiempo, un seguro de vida por 130 mil pesos y habría pedido la pensión que le correspondía a su esposo, además del pago de gastos funerarios, a pesar de que el señor Márquez, que entonces era Coordinador de Asesores del Corporativo de Administración de Pemex, se había quitado la vida por su propia decisión al arrojarse de la Torre de oficinas de la empresa estatal, mientras que los dictámenes en su momento hablaron de un accidente de trabajo.
El seguro de vida que tanto le molestó al presidente lo cubrió en su momento un banco privado, mientras que la pensión post-mortem que cobró la familia del funcionario fallecido era un derecho laboral adquirido, sin importar cuál fuera la causa de su muerte. Pero nada de eso se dijo en el discurso de odio lanzado por el Presidente y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en contra de la académica que dirige una organización civil que exhibe la corrupción del gobierno. Lo que importaba, al parecer, era cumplir la consigna del presidente en contra de una ciudadana que cuestiona y documenta casos de corrupción de su gobierno y hasta de su familia.
El otro caso de violación a la privacidad de un ciudadano lo cometió el gobierno de Morelos, encabezado por el aliado y protegido del presidente, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Tras denunciarse la desaparición del obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero, monseñor Salvador Rangel, el lunes pasado, por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el asunto causó revuelo y conmoción por tratarse de un prelado católico que ha cuestionado públicamente la violencia del narcotráfico que impera en Guerrero y ha puesto en duda la eficacia de las estrategias de seguridad de los gobiernos estatal y federal, al reunirse con narcos en busca de un “acuerdo de paz” para que no ataquen ni asesinen a la población.
La presunta desaparición del obispo crítico generó reacciones inmediatas desde el gobierno federal y fue asumida por la Fiscalía de Justicia de Morelos, que encabeza Uriel Carmona, otro fiscal “incómodo” para la 4T y que fue acusado, perseguido y encarcelado en un penal de máxima seguridad, de donde salió libre por orden de un juez que no encontró elementos para que lo hubieran detenido y apresado. Pero como el gobernador Cuauhtémoc Blanco está enfrentado a muerte con el fiscal Carmona, ordenó a su secretario de Seguridad estatal, José Antonio Ortiz, meterse también a indagar qué había ocurrido con la desaparición del obispo Rangel, quien apareció el mismo lunes que la CEM lo reportó desaparecido, lastimado y drogado en un hospital de Cuernavaca.
El fiscal Uriel Carmona declaró a los medios que se investigaba un caso de secuestro exprés, como la causa de la desaparición del obispo y que éste no podía declarar porque lo habían drogado al parecer con cocaína. Pero cuando la Fiscalía estatal estaba llevando el caso, el comisionado de Seguridad morelense irrumpió en la escena con una declaración no sólo insensible y desafortunada sino que violentó de golpe no sólo la privacidad de Salvador Rangel, sino también su calidad de víctima de un presunto delito. “No fue un secuestro”, dijo el funcionario del gobierno morenista de Morelos. “El obispo Rangel entró a un motel acompañado de otro hombre”.
Así, de golpe y por una declaración claramente malintencionada del gobierno de Morelos, al obispo católico de Chilpancingo, al mismo que ha cuestionado los vínculos de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con el crimen organizado y ha dicho que la gobernadora Evelyn Salgado entregó el estado al narcotráfico, no sólo lo exhibieron y vulneraron su intimidad y privacidad, sino que además atacaron y cuestionaron su autoridad moral y religiosa ante su feligresía. ¿Era necesario dar detalles tan particulares para decir que el obispo había sido atacado en un encuentro privado con otra persona y no secuestrado?
A estas alturas, con un presidente que ya ha dejado claro que no le importa la ley ni la Constitución y que está dispuesto a todo, lo que haga falta con tal de mantener el poder y hacer que gane su candidata presidencial en las próximas elecciones del 2 de junio, difícilmente se puede creer que esos dos casos de abuso de poder y ataques desde el gobierno a la privacidad de dos ciudadanos mexicanos es algo casual o aislado. Lo que está emergiendo en este fin de sexenio es la amenaza y el peligro que representa un poder desbordado y autoritario como el que le han dado al presidente López Obrador y que él pretende heredarle a la que quiere a toda costa como su sucesora.
Cuando un gobierno usa los instrumentos del Poder y los recursos de un Estado para ir en contra de los ciudadanos, con intenciones políticas perversas y aviesas, como las que se ven muy claramente en estos dos casos, los focos de alerta para una democracia deben encenderse. Nada garantiza a estas alturas que lo que pasó en la última semana, con los ataques a María Amparo Casar y al obispo Salvador Rangel, no se convierta en una práctica común contra los que critiquen, disientan o se opongan ya no sólo a este gobierno, sino al movimiento político que representa y que busca mantenerse en el Poder por los próximos 6 años. Ahora son una académica investigadora y un prelado religioso, después podría ser cualquiera en que esté en la mira de un Estado dictatorial y autoritario que se vuelva en contra de los ciudadanos y su derecho a disentir.
NOTAS INDISCRETAS… Entre las repercusiones que trajo la muerte de Raúl Padilla López, ocurrida en abril de 2023, se dieron varios reacomodos en el grupo que controla la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad pública más importante del país. Muchos de los reacomodos y cambios en posiciones estratégicas que se dieron en el último año en la UdeG, tuvieron que ver con la nueva relación política entre el gobierno del emecista, Enrique Alfaro, y la rectoría de la Universidad, que mejoró y se recompuso tras la ausencia de Padilla, con quien el gobernador Alfaro y hasta el presidente López Obrador tenían una guerra declarada.
Uno de los cambios que más llamaron la atención fue el nombramiento del maestro Carlos Trejo Herrera como el nuevo Abogado General de la UdeG que fue anunciado en octubre pasado. Con esa designación al que se desempeñaba hasta entonces como abogado universitario, Juan Carlos Guerrero Fausto, lo mandaron a la Coordinación General de Servicios a Universitarios.
A Guerrero Fausto lo removieron del cargo de abogado a pesar de que le quedaba un año al periodo para el que fue elegido y llamó también la atención que no se le permitió nombrar sucesor de su confianza; por el contrario el nuevo abogado general comenzó a pedirles su renuncia o a cambiar de plaza a varios de los colaboradores más cercanos a Guerrero Fausto incluyendo a su asistente, con lo que quedó claro que se estaba haciendo una limpia en la Abogacía General.
Y es que en las cúpulas universitarias de Guadalajara se escuchan fuertes señalamientos de corrupción y deshonestidad sobre Juan Carlos Guerrero, a quien acusan incluso de extorsión. Lo que comentan altos directivos de la UdeG es que el exabogado general utilizó su cercanía con el finado Raúl Padilla para pasar por encima no sólo de sus pares en la Universidad sino también de funcionarios estatales y federales e incluso de abogados de la Suprema Corte, con lo que se abrió tantos frentes de batalla que terminaron cobrándole factura a él y a su mentor Raúl Padilla.
A Guerrero Fausto se le señala como el operador de la donación de predios a la UdeG que antes le habían sido entregados por el gobierno estatal para que se construyera el Complejo de las Artes incluyendo la biblioteca central; sin embargo, gran parte de esos predios fueron utilizados para construir edificios e inmuebles privados de las cuales, dicen, se benefició Juan Carlos Guerrero, quien incluso, afirman las fuentes universitarias, estuvo a punto de rentar una nave a la empresa Walmart por 30 años, algo que hizo explotar al gobernador Alfaro y que declarara públicamente que no autorizaría más recursos públicos a la Universidad, “para mantener los negocios privados de Raúl Padilla”.
Varios de los negocios inmobiliarios y de otro tipo que se le atribuyen a Guerrero Fausto se hicieron a través del Corporativo de Empresas Universitarias, cuyo objetivo era obtener recursos que ayudaran a la UdeG para su operación y expansión, incluyendo empresas de giros que nada tenían que ver con la actividad académica como el Hotel Villa Primavera, gasolineras y hasta negocios en la ciudad de Los Ángeles.
A través del Centro de Idiomas Proulex Comlex se obligaba a los estudiantes a inscribirse en cursos de idiomas y a pagar, condicionando la validación de sus estudios de bachillerato y universidad. Fueron tantos los escándalos que se generaron en ese Corporativo de Empresas universitarias, que tras la muerte de Padilla tuvieron incluso que cambiarle el nombre e integrarlo a la estructura universitaria con nuevas y estrictas reglas de operación. Incluso los mismos directivos universitarios aseguran que Juan Carlos cometió peculado, porque cuando era abogado general seguía siendo al mismo tiempo socio del despacho legal Pravo, en donde su socio era el hijo de Raúl Padilla, del mismo nombre.
Y aun cuando públicamente él decía haber renunciado a sus acciones en ese despacho, en realidad no sólo seguía siendo socio, sino que utilizaba los recursos de la Abogacía General, para litigar y atender asuntos de su despacho. Y al final, en medio de todos esos escándalos de corrupción en la universidad jalisciense, ahí sigue Juan Carlos Guerrero Fausto, quien enfrenta actualmente denuncias del SAT y la UIF, presentadas ante la Fiscalía General de la República por fraude fiscal, discrepancia fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que se menciona la compra de un departamento de su propiedad en la exclusiva zona Polanco de la CDMX…
Ayer domingo trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación realizaron una protesta en el Angel de la Independencia para defender la autonomía e independencia de los juzgadores federales, ante los embates, ataques y reformas promovidas desde la Presidencia de la República.
Dirigentes sindicales y directivos de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados hablaron en la protesta que logró reunir a unos 4 mil trabajadores, y desde el improvisado templete, en las escalinatas del Angel, se escuchó a uno de los oradores referir el nombre del exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, lo que desató gritos de repudio y rechiflas de los trabajadores judiciales, mientras el que hablaba se refería al actual vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum: “Zaldívar, te lo decimos de frente y a la cara: eres un rastrero. La comunidad jurídica ya te está juzgando. Eres un traidor, has cambiado la toga por un chaleco. Veniste a dinamitar al Poder Judicial desde adentro y usaste tu cargo para presionar y amedrentar a jueces”, decía el orador entre gritos de “¡traidor, traidor!”… Se lanzan los dados. Escalera Doble. La semana pinta bien. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A5)
En su noción de justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se concibe lo mismo agente del Ministerio Público que perito investigador, juez y hasta jefe de información de una sección policiaca. Él decide si hay delito, quién es el culpable, cuáles son las pruebas y qué valor noticioso tiene el hecho.
Desde que el monarca inglés Guillermo II, en el siglo XI, abolió los llamados “juicio por ordalía”, el mundo civilizado ha ido construyendo un sistema en el que la administración de la justicia se realiza al margen de la voluntad de los gobernantes.
En la época de la Ilustración nació una idea que perdura hasta nuestros días: la división de Poderes, con una rama judicial, autónoma del Ejecutivo, cuya tarea es resolver los conflictos entre las personas con base en un conjunto de normas y un sistema de tribunales encargado de interpretarlas y aplicarlas.
Todo eso estorba al presidente López Obrador. En su osadía de echar atrás varios siglos de historia, quiere volverse el único factor para definir el bien y el mal, y lo que conviene a los gobernados, como hacían los reyes en los tiempos bíblicos.
Los meses finales de su sexenio se caracterizan por una radicalización en ese sentido, pues no solamente echa mano de la fuerza política de la Presidencia para señalar a quienes, según él, son culpables –o para perdonar a quienes para él no lo son–, sino que también mandó modificar la Ley de Amparo a fin de restarle a los ciudadanos la posibilidad de defenderse ante el abuso del poder.
Esa maniobra –en la que contó con la complicidad de la obsequiosa mayoría legislativa– aún podría estrellarse en el muro de la Suprema Corte, que tendrá que resolver las acciones de inconstitucionalidad que eventualmente se presenten sobre esa contrarreforma legal.
Sin embargo, debe advertirse que ese último freno al autoritarismo campante podría dar de sí en apenas siete meses cuando toque a la próxima presidenta de la República proponer a un ministro que releve al saliente Luis María Aguilar Morales, pues, dependiendo de quién sea la persona elegida, se podría crear un bloque de cuatro ministros adictos al lopezobradorismo, mediante el cual se bloquearía cualquier recurso para cuestionar la constitucionalidad de una ley.
El viernes pasado, López Obrador hizo el hasta ahora más claro desplante de su gestión para que se note “quién manda aquí”. Con el director de Pemex en el papel de patiño, acusó a la académica María Amparo Casar –compañera de estas páginas– de haber pedido que se manipulara el expediente de la muerte de su esposo, Carlos Márquez Padilla, con el fin de poder cobrar una pensión a esa empresa improductiva del Estado.
Dicha pensión ya le había sido cancelada dos meses atrás, sin aviso ni explicación. Con ello, y con el uso de la tribuna presidencial para lanzar una fatua contra Casar, el Ejecutivo se brincó a todas las instancias jurisdiccionales a las que hubiera tenido que recurrir para probar su dicho y justificar su propósito de dejar a una viuda sin parte de sus ingresos. Por si fuera poco, Pemex ahora quiere cobrarle todo el dinero que ha recibido desde 2005 por concepto de dicha pensión.
Pero el asunto no quedó ahí. La tarde del mismo viernes, mediante una cuenta institucional en redes sociales, el gobierno difundió “los documentos del caso Márquez Padilla”, una acción que fue rápidamente señalada por el Inai como una violación a las garantías que tienen los ciudadanos para proteger sus datos personales.
Para un gobierno que ha despilfarrado 1.7 billones de pesos en Pemex y que ha protegido a los responsables de grandes agravios a la sociedad, como la gestión de pandemia, no cuadra ensañarse con una viuda por un pleito sobre el dinero de su pensión.
Aquí la única explicación posible es la decisión de arremeter, mediante el uso faccioso del poder, contra las investigaciones críticas que Casar ha realizado desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que preside, y en su libro Los puntos sobre las íes, de reciente aparición.
Hoy van por ella. Mañana pueden hacerlo contra cualquier otro que ose cuestionar al gobierno. La ciudadanía tendrá que decidir si ese es el tipo de régimen en el que quiere vivir. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
El domingo fue el 162 aniversario de la Batalla del Cinco de Mayo de 1862, cuando un Ejército mexicano logró derrotar a una fuerza expedicionaria francesa. Es un motivo de orgullo patrio para los mexicanos. Pero una fiesta menor.
En Estados Unidos es la fiesta mexicana por excelencia, una expresión de orgullo y de unidad para los mexico-americanos y los migrantes. La combinación de significado, impacto demográfico y conveniencias de mercado lleva ahora al Cinco de Mayo a ser una fiesta cada vez más estadounidense, y a través de ellos aún internacional… y una que identifica a gran parte de los latinos estadounidenses.
“Hoy –señala David Hayes Bautista en su libro “El Cinco de Mayo, una Tradición Estadounidense”– sigue siendo un reflejo de una comunidad involucrada, empoderada y creciente”. Cierto, la fiesta se ha extendido por una combinación de factores. Pero el simbolismo es mayor de lo que parece para la relación bilateral.
Después de todo, consignó Hayes Bautista, para los latinos en Estados Unidos, la Guerra Civil y la Intervención Francesa fueron luchas paralelas en las que estaban en juego los ideales democráticos y antirracistas.
Según el catedrático de la Universidad de California, durante los 1860, en plena Guerra Civil estadounidense, los hispanos en 122 locaciones californianas crearon Juntas Patrióticas que celebraban el Cinco de Mayo y trataban de ayudar a mexicanos, por un lado, y apoyar a las fuerzas antiesclavistas por otro. Algunos viajaron a México para sumarse a las fuerzas juaristas.
Más aún, algunos historiadores consideran que la batalla del Cinco de Mayo evitó que los franceses apoyaran más a las fuerzas secesionistas y tuvo impacto en la batalla de Gettysburg. Al final de la Guerra Civil, unos tres mil soldados “unionistas” se convirtieron en la “legión americana” de Juárez. Años después, en el 150 aniversario de la batalla, un grupo de sus descendientes desfiló en Puebla para marcar la ocasión.
Y al paso de los años, el Cinco de Mayo se convirtió en un día de orgullo étnico, de fiesta cívica, de expresión comunitaria, de celebración antiintervencionista… en Estados Unidos.
Hoy ese festejo parece más generalizado en el país del norte que en México. De hecho, en más de 200 ciudades y pueblos estadounidenses se celebra con desfiles cívicos y fiestas. En la Casa Blanca se han ofrecido recepciones y en muchos sitios, simplemente con las celebraciones que hacen los bares y restaurantes para promover la venta de cervezas.
Y no son pocos los que consideran que se trata de la Independencia de México. Pero es en todo caso una declaración de orgullo étnico, cultural, social. De acuerdo con Hayes Bautista, la victoria del “Cinco de Mayo” pasó de una fecha que simbolizaba nostalgia, en los 1930, a una expresión de patriotismo en los cuarentas y el nacimiento del “chicano power” en los sesentas, para evolucionar luego en una fiesta comercial.
Es lo mismo, pero no es igual. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)