¿Va en serio? La Secretaría de la Función Pública informó que inhabilitó a Cyber Robotics Solutions SA de CV, empresa de León Bartlett, con dos sanciones de 24 y 27 meses, además de dos multas que suman dos millones de pesos. Suspendió a cuatro funcionarios del IMSS-Hidalgo, luego de que el 17 de abril se adjudicó de manera directa un contrato a la empresa de Bartlett en la que se adquirían ventiladores con sobreprecio. La Función Pública explica que “el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango de mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa, así como por el costo de los equipos adquiridos por la cancillería y otras entidades del gobierno”. Esto debe considerarse un ejemplo contra la corrupción, venga de donde venga. (Excélsior, Nacional, p. 15)
Que la esperada audiencia en que todo mundo quiere ver a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, dar nombres de las personas eventualmente relacionadas con los casos Agro Nitrogenados y Odebrecht, será a puerta cerrada debido a la pandemia por covid-19, como ha sido en todas las audiencias judiciales de los últimos tres meses. Se espera que este fin de semana o a más tardar la próxima el ex funcionario sea traído y presentado ante el juez de control que ordenó su aprehensión, una vez que la Audiencia Nacional española acordó una “extradición simplificada”. (Milenio Diario, Al Frente, p.2)
La prisa de Bonilla.- El que trae prisa y bastante por cumplir sus 100 promesas de campaña en el corto periodo de dos años es el gobernador morenista Jaime Bonilla. Nos aseguran que por esa razón mantiene un tren de actividades en el que prácticamente no para. Ayer dio a conocer el cumplimiento de 70 de sus compromisos de campaña, los cuales ha ido desahogando en medio de la pandemia por el Covid-19. El centro estatal de inteligencia, las guardias comunitarias para temas de seguridad, las acciones de combate a la criminalidad, los programas alimentarios… De hecho, una de las decisiones en cuanto a su política de comunicación fue la de realizar transmisiones todos los días, hecho que además lo ha posicionado en el ánimo de la ciudadanía que lo mantiene en el top 10 de gobernadores mejor evaluados. (La Razón, La Dos, p. 2)
Si no se produce un cambio de última hora en el ánimo del presidente López Obrador, en los próximos días habrá, al menos, dos ajustes importantes en su gabinete. Otras posiciones quedarán vacantes hacia noviembre, pues sus actuales ocupantes irán a buscar puestos de elección en 2021, sea porque son candidatos naturales, sea porque representan un fardo para la imagen de la 4T.
Las bajas ya previstas incluyen, hasta ahora, a Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que apenas en mayo cumplió su primer año en el puesto, el cual ocupó tras la precipitada salida de su antecesora, Josefa González-Blanco Ortiz Mena, integrante de una familia de prosapia política con vertientes en Chiapas y Tabasco.
La segunda baja inminente en el gabinete será la del secretario Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, un destacado catedrático, también de la UNAM, que a sus 82 años se muestra desgastado y con varios males de salud.
Es sabido que por los pasillos de la SCT deambulan todos los días los intereses de los principales magnates del país, sean las telefónicas, las televisoras o las grandes constructoras. La decisión es que sea necesita un relevo ahí, con otro perfil.
A falta de espacio, por ahora solo le anticipo que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, se irá en noviembre para buscar la gubernatura de Sonora, donde las encuestas muestran que tiene una ventaja clara. La única apuesta opositora sería ir coaligada, lo que es improbable. El que sigue deshojando la margarita es Esteban Moctezuma, de Educación, sobre si contender o no por San Luis Potosí. (Roberto Rock, El Universal, Nación)
Las personas con obesidad no se infectan más de covid-19. Sin embargo, si contraen el virus tienen peores perspectivas. Por lo menos así está demostrado hasta el momento. Y ahora, el subsecretario de Salud emitió otro señalamiento confuso. “No estamos culpando a la ciudadanía, es culpa del mercado alimenticio”, dijo López-Gatell.
Por supuesto que la comida chatarra daña la salud. Concuerdo que se debe incluir un etiquetado con datos precisos. Es verdad que la gente con sobrepeso, si se contagia con SARS-Cov-2, tiene menos oportunidad de vivir. Ojo, subrayo “si se contagia”. Y aquí es donde entra la obligación del Estado.
No se vale aventar la responsabilidad repartiendo culpas. Si el mercado alimenticio incide en los kilos de más, el gobierno, a través de sus políticas, impacta en el aumento o disminución de la propagación del coronavirus. Es decir, en el lenguaje que el mismo subsecretario usó, ambos son culpables.
La industria alimenticia tendrá que responder al daño ocasionado por el aumento de comorbilidades. Y el gobierno, por no haberla regulado correctamente y además por el alto número de contagios en México, ya considerando el tamaño de la población y el subregistro. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Cuando el presidente López Obrador se queja del “silencio” de los medios en torno a la extradición de Emilio Lozoya Austin —que muy probablemente se concrete hacia finales de esta semana o principios de la próxima– lo que en realidad está diciendo el mandatario es que el exdirector de Pemex no sólo viene desde España en calidad de uno de los hombres más encumbrados y cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto, sino que después de un detallado acuerdo con la Fiscalía General de la República, Lozoya viene dispuesto a abrir la “caja de pandora” y detonar un nuevo escándalo político-mediático de corrupción en el sexenio pasado.
Y de acuerdo con fuentes de alto nivel del gobierno, la información que tanto promueve el presidente involucra no sólo dichos y hechos del que fuera uno de los peñistas más cercanos del primer círculo en Los Pinos, sino también videos y grabaciones de personajes de primer nivel en el gobierno anterior y en el Congreso de la Unión, que habrían sido grabados por el propio Lozoya Austin recibiendo sobornos con maletines llenos de dinero en efectivo y que acudieron a su fastuosa oficina del piso 45 de la torre oficial de Pemex. (Salvador García Soto, El Universal, Nación)
Es una curiosa coincidencia: justo al cumplirse este lunes 32 años de la fraudulenta elección que entronizó a Carlos Salinas, cuyo cogobierno con el PAN instauró el capitalismo de compadres, el hijo de Manuel Bartlett Díaz, quien operó la caída del sistema el 6 de julio de 1988, es sancionado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y España avala entregar a Emilio Lozoya, hijo de un prominente salinista, ambos por corrupción.
No son cosos comparables, pero los une el afán del dinero fácil: León Manuel Bartlett Álvarez vendió al IMSS, mediante su compañía Cyber Robotics Solutions, ventiladores a sobreprecio y con información falsa, pero además los equipos eran viejos, usados y en mal estado, según la Secretaría de la Función Pública, que inhabilitó a la empresa por cuatro años y a él le impuso una multa de 2 millones de pesos.
En esta columna “Historia de lo inmediato” se informó hace cuatro meses, el 3 de marzo, que Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, declaró ante la Fiscalía General de la República origen, mecánica y destino de 10.5 millones de dólares de Odebrecht y el esquema de Agro Nitrogenados, cuyo manejo de los fondos tiene en prisión domiciliaria a su esposa, Gilda Margarita Austin Solís, y fugitivas a su hija Gilda Susana y a su nuera, Marielle Helene Eckes (http://bit.ly/2IddmWd).
La FGR tiene documentada la ruta del dinero de la corrupción en Pemex e identificados a sus beneficiarios, incluida la campaña presidencial de Peña en 2012 que, según el INE, no rebasó el tope de gastos de campaña, como sí lo hizo la de López Obrador.
A cambio de una pena menor, Lozoya promete revelar grandes nombres de la corrupción que cimbrarán a México en plena efervescencia electoral… (Álvaro Delgado, El Heraldo de México, País, p. 10)