COMO león se puso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a defender la independencia del máximo tribunal del país y lo hizo en su cuenta de Twitter.
AL MEDIODÍA escribió que en lo que va de este año no hay una sola sentencia de la Corte en la que se pueda decir que hubo falta de independencia, lo que generó muchas reacciones entre furiosos tuiteros.
POR LA NOCHE, el ministro regresó a la red social para decir que había leído con atención las críticas a su postura y que nomás no encontraba a alguien que pudiera acreditar que la Corte no es independiente.
TAL PARECE que le calaron las críticas de grupos ciudadanos y de expertos que vieron en la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora un signo más de la debilidad del Poder Judicial ante el Ejecutivo. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
QUE la senadora Vannesa Rubio simplemente no se halla en su escaño y ya busca apoyos para obtener una vicepresidencia en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Entre los priistas aseguran que la ex mano derecha de José Antonio Meade tiene la puerta abierta, justo porque nunca se adaptó a la dinámica legislativa desde el 1 de septiembre pasado, después de su paso por las secretarías de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Irrespetuosos. En México todo puede pasar, hasta que delincuentes suplanten la identidad de oficinas gubernamentales. La Guardia Nacional detectó dos sitios web apócrifos que roban la identidad de Caminos y Puentes Federales, y de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con las investigaciones eran utilizados para adquirir bienes inexistentes. La Guardia Nacional comienza a dar resultados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó desplegar elementos de esta corporación en la sierra de Puebla para aumentar la seguridad. Prometió ayudar al gobernador Luis Miguel Barbosa y le cumplió en horas. ¿Y los delincuentes cibernéticos recibirán castigo? (Excélsior, Opinión, p. 17)
Dictámenes engañosos o inducidos, información falsa o denegada, exasperantes retrasos o nulos avances en el curso de las investigaciones, indiferencia o descrédito a lo referido por los familiares, descuido o negligencia en el manejo de las evidencias de los crímenes, cuerpos que deben ser inhumados y exhumados repetidas veces, asesinatos que se hacen pasar por suicidios o accidentes, incluso burlas del personal de ministerios públicos y laberínticos retruecanos en la aplicación de la ley son el viacrucis que enfrentan los parientes de víctimas de feminicidio.
Esas familias, además del dolor inherente a la pérdida de su ser querido, emprenden a partir del suceso violento que les arrebató a una de sus integrantes, un calvario tapizado de incomprensión por las instituciones que supuestamente fueron creadas para apoyarlas y dar con el o los culpables. Es por ello que los agraviados se muestren extrañados de que sea la propia autoridad la que entorpezca la impartición de justicia, actitud que ellos aseguran es una violación a los derechos humanos de las víctimas y no sólo eso, también se convierte en origen de impunidad para los acusados de feminicidio que así suelen recibir bajas sentencias, el beneficio del amparo o incluso la libertad y el exculpamiento como producto de expedientes mal integrados. (Editorial, El Universal, Opinión, p. 12)
Inscrito en el contexto de un incidente producido ayer en Chihuahua mientras reporteros de la publicación National Geographic realizaban una entrevista banquetera a un narcomenudista, el nuevo episodio de violencia acaecido en la capital de ese estado engrosa las alarmantes cifras que registra la violencia ligada al narcotráfico. Pero también obliga a alertar sobre un problema que se está volviendo apremiante: el progresivo y constante aumento en los índices de consumo de drogas en esa entidad norteña.
Chihuahua es, en efecto, un estado donde el número de usuarios de sustancias prohibidas crece sin pausa. La cantidad de personas que admiten haber consumido alguna droga de ese tipo (mariguana, cocaína, cristal o heroína, en ese orden) registra un alza periódica casi constante, el porcentaje de jóvenes mujeres de secundaria y preparatoria que consumen regularmente crece a un ritmo de 10 por ciento anual, y algo parecido ocurre en la franja de edad que va de 12 a 17 años, que agrupa al mayor número de consumidores. Pero hay todavía un dato más preocupante: el segundo grupo está compuesto por niños menores de 11 años. Eso es lo que se desprende de informes difundidos por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, así como por el Centro de Integración Juvenil local, que registra regularmente los patrones de consumo en el estado. (Editorial, La Jornada, p. 2)
La salida de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte cuenta con el amplio telón de fondo que se ha ido develando en los días recientes, pero su manejo por parte de la llamada Cuarta Transformación ofrecerá una cruda radiografía sobre la condición que guarda el equilibrio entre los poderes del Estado. Dicho en términos llanos, conoceremos la madurez y la salud de la República.
La Constitución establece en su artículo 98 que las renuncias de los ministros “solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.
Nadie puede racionalmente encontrar en la escueta dimisión de Medina Mora la referida “causa grave”, por lo que el Senado podría (y quizá debería) rehusarse a aceptarla hasta que tal causa no resulte patente. De proceder superficialmente o por cálculo político se podría constituir un nefasto precedente de que los senadores de esta legislatura tengan que dar cuenta históricamente. (Roberto Rock L. El Universal, Nación, p. 8)
A cada quien su tesis en espera de la post-verdad. Para un segmento de la información cupular, el deseo de Trump de perseguir al Big Pharma, vinculado a la élite del Partido Demócrata, y que descuelga casi un billón de dólares al año (bit.ly/2LX4l6K), provocó que la devota católica Nancy Pelosi, aguerrida lideresa de la Cámara de Representantes de mayoría Demócrata, lanzara el grito de guerra para defenestrar a Trump, arropada en un impecable discurso legaloide.
En mi más humilde sindéresis, Trump cometió un grave pecado capital, que le puede costar la vida, que versa sobre la persecución criminal por el Departamento de Justicia del mega-banco híper-mafioso JPMorgan Chase (bit.ly/2ANNcWu).
Lo obsceno es la intervención flagrante de la CIA para derrocar a Trump, quien ha cometido muchas pifias legales justificables de su defenestración ( impeachment): desde el fétido Ucraniagate, donde fueron expuestos los intereses energéticos del establishment de Estados Unidos, hasta el reciente Chinagate. (Alfredo Jalife – Rahme, La Jornada, Política, p. 12)
La realidad no deja espacio a la omisión o la mentira. La sanción social es lo de ahora, a veces injusta, casi siempre desproporcionada y precipitada. La comunicación es en tiempo real, también las consecuencias de su mal manejo. Quien no lo entienda lo padece. Los modos del pasado son ineficaces y contraproducentes. Dos casos lo ilustran: el de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky; y el del ministro Eduardo Medina Mora. Su falla en la comunicación ha magnificado el golpe y ha complicado seriamente su situación.
Todavía hasta hoy es obligado preguntarse qué pasaría por la cabeza de Yeidckol el miércoles por la mañana cuando intentó aclarar su situación en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, para explicar su inclusión en la lista de los beneficiados del fisco. Para ella lo único importante fue decir que su líder moral había estado enterado. Sobre los pormenores del caso recurrió a la mentira y a una respuesta cobarde y absurda: culpa del contador. (Federico Berrueto, Milenio Diario, Al Frente, p. 3)
El peor enemigo de un político no es otro político, ni los neoliberales, conservadores, anarquistas, radicales, simpatizantes de la derecha o de la izquierda. Tampoco los medios de comunicación, ni la sociedad civil organizada, la academia o los empresarios. El peor enemigo de un político es la arrogancia.
La arrogancia es una enfermedad altamente contagiosa que una vez contraída por un político se dispersa entre sus más cercanos. Esta afección tiene una cura que, además de ser gratuita, se encuentra fácilmente en el mercado, el desabasto de medicinas no lo ha alcanzado se trata del sentido común. No obstante, para que este medicamento sea efectivo tiene que tomarse todos los días, lamentablemente cuando la enfermedad ya está muy avanzada y se pierde todo contacto con la realidad, no hay sentido común que alcance. (Vianey Esquinca, Excélsior, Nacional, p. 14)
La renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de ser consecuencia de su amistad con el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien le debe el puesto que ahora pretende dejar sin explicación plausible, forma parte de una serie de acciones que van acotando la capacidad de maniobra de una elite política y empresarial que, aunque se descaró con Enrique Peña Nieto, opera desde tiempo atrás y revela el entramado de relaciones mafiosas existentes entre el PRI y el PAN. Algo que en su momento llamé el “entramado siniestro” y en el cual hay políticos, empresarios, despachos de abogados, lavadores de dinero y, por supuesto, intelectuales.
Este personaje es objeto de investigación por recibir presuntas millonarias transferencias en dólares y libras esterlinas, no acordes a sus ingresos como ministro, por defender a esa mafia que dilapidó el erario por lo menos durante 18 años, forjó fortunas, financió empresas, desvió recursos y extendió complicidades con medios electrónicos e impresos. (David Gutiérrez Fuentes, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 4)
Si alguna función es relevante y esencial para garantizar la democracia y división de poderes de una sociedad, como es el caso de nuestro país, es la que desempeña un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación”. Órgano judicial supremo que, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y como él mismo lo declara, entre sus principales responsabilidades está la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que conoce de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; del mantenimiento del equilibrio entre los Poderes y ámbitos de gobierno, al tiempo que vela por la autonomía de los órganos judiciales; así como de la solución definitiva de asuntos de especial trascendencia. (Betty Zanolli, El Sol de México, Análisis, p. 15)