Águila no caza mosca”, respondía el gran dirigente a quien pretendía que atendiera ataques de gente muy menor. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
PARA QUEDARSE con el ojo cuadrado están las cifras que arroja un estudio de la Concanaco sobre la sobrerregulación en México.
LA PESADA carga regulatoria que implica trámites, licencias y gastos administrativos, combinada con los largos tiempos de espera y los retrasos de las autoridades se convierten en costos que superan, según esos cálculos, los 900 mil millones de pesos.
PARA PONER esa cifra en perspectiva, estamos hablando del equivalente a 2.5 por ciento del PIB nacional.
EL DOCUMENTO presentado por el presidente de esa confederación, Octavio de la Torre, indica que si recortaran los trámites a la mitad, se podrían generar ahorros por más de 450 mil millones de pesos.
Y, NO ES por echarle sal a la herida, pero la sobrerregulación es también un incentivo perverso tanto para la economía informal como para la corrupción.
MUCHO trabajo pendiente tiene la Agencia de Transformación Digital que encabeza José “Pepe” Merino y que está encargada de la simplificación de trámites a nivel federal.
INTENSA se anticipa que se ponga la reunión de hoy a las 13:00 horas en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los diputados y senadores de Morena, el PT y el PVEM.
EN EL PAPEL, se hará la evaluación del periodo ordinario de sesiones, pero se dice que los legisladores podrían recibir línea para convocar a un periodo extraordinario para aplazar la segunda parte de la elección judicial de 2027 a junio de 2028.
OJALÁ esté funcionando bien el aire acondicionado, porque la reunión se puede poner acalorada.
MAL QUEDARON los políticos de Aguascalientes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
LA CEREMONIA en la que le entregaron las llaves de la capital fue interrumpida por la regidora de Morena, Martha Martínez, quien encaró a la española para decirle que lamentaba que fuera utilizada por lo que calificó como “un grupo de políticos corruptos”.
UNA DESCORTESÍA de la morenista, por decir lo menos, pues no dejó transcurrir un acto público y seguro que no le gustaría que les hicieran lo mismo en un acto de los guindas; pero también mala la actuación de los panistas hidrocálidos que organizaron el acto y ¡fácilmente fueron rebasados por una manifestante!
LA ALCALDESA y veterana militante del Partido Popular quien es vista por muchos como seria aspirante a la Presidencia del Gobierno de España tuvo elegancia para no engancharse.
LA MADRILEÑA tomó el toro por los cuernos y señaló que el debate es el noble ejercicio de la política. En medio de la escandalera dijo que quienes hacen política deben “combatir las ideas, no a las personas. No se acosa, no se persigue; no se va a instigar miedo para que alguien calle y para que solamente se oiga una voz”. ¡Olé! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Nuevos huéspedes en la residencia de México en Londres
En el Instituto Politécnico Nacional corre una pregunta con filo diplomático. Ante el pleito entre la dirección general del Poli y la Fundación Politécnico A. C., que dejó varados sin recursos a decenas de estudiantes becados en Reino Unido, ¿no habrá espacio en la residencia oficial de México en Londres para alojarlos? Dicen que ahora que se supo que, en esa residencia, destinada para los embajadores y su familia, se recibe a estudiantes para que vivan por algunos meses gratis y con todos los servicios incluidos, quizá podría haber un huequito para los politécnicos desamparados que llevan semanas sobreviviendo entre deudas, rentas atrasadas y comidas recortadas. Quizá puedan estar en esa mansión algunos meses, mientras que el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, aclara, si es que puede, las irregularidades en el manejo de los dineros que deberían haber llegado a Inglaterra.
Morena frenó a Inzunza
Nos comentan que la decisión del senador Enrique Inzunza de no asistir a la sesión de la Comisión Permanente, como se había comprometido, fue producto de la presión de sus propios compañeros de bancada y de liderazgos de Morena. Nos platican que varios legisladores morenistas consideraban una “imprudencia” que Inzunza, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narco, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, hiciera acto de presencia siendo uno de los protagonistas de este escándalo. Además, nos dicen, llegaron al Senado señales desde el más alto nivel para evitar que la oposición se diera vuelo tundiendo a Inzunza, por más que el senador Gerardo Fernández Noroña subiera a tribuna a defenderlo. ¿Podrá algún día regresar el senador Inzulza a su escaño?
Descontón del Sindicato del Metro a panistas
Nos cuentan que nada bien cayó en el PAN la tarjeta informativa de respuesta que emitió el sindicato del Metro, que dirige Fernando Espino, en la que señala que es inviable la propuesta de los legisladores blanquiazules de la capital para extender hasta las dos de la mañana el horario de las 12 líneas los viernes y sábado. El sindicato explicó con peras y manzanas que dicha medida afectaría la operación del de por sí emproblemado Sistema de Transporte Colectivo. La propuesta parecería ser una broma, ya que lo que piden es mayor operación y menos tiempo para dar mantenimiento. “La propuesta es totalmente no procedente, debido a que causaría más afectaciones al Metro, que beneficios a los pocos usuarios que lo utilizarían”, expresó el sindicato en su tarjeta de respuesta. Lo bueno, comentan algunos panistas, es que la respuesta vino de un “amigo”, al recordar que Espino antes era su aliado.
Bomba nuclear en Cruz Azul
Ayer, nos dicen, fue un día muy movido dentro de la Cooperativa Cruz Azul. Nos comentan que, conforme se va documentando la existencia de un presunto fraude, María Alejandra Velázquez, prima del actual director de la cooperativa Víctor Velázquez, entró en pánico. La razón del temor de doña María Alejandra, conocida como la “señorita de los tokens”, es que ella fue la encargada de hacer el pago de 50 millones de dólares a una empresa estadounidense implicada en el presunto fraude. Nos dicen que el propio director jurídico de la cooperativa, Rafael Anzures, calcula que no le alcanzará el compadrazgo que su familia presume con los máximos niveles del Poder Judicial de la Ciudad de México, si las autoridades de Estados Unidos inician investigaciones sobre la empresa estadounidense que habría defraudado a la cementera. Sería nuclear el tema. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
1.Salomónico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una idea que ya empezó a mover piezas en el Instituto Politécnico Nacional: someter la próxima dirección a consulta de la comunidad. El anuncio, en medio del desgaste por los donativos y la disputa con la Fundación Politécnico, sigue respirándole en la nuca a Arturo Reyes, director del instituto, respaldado públicamente por la mandataria con elogios de académico de élite. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, recibió la encomienda de diseñar el mecanismo. Ahí comienza el verdadero examen, en abrir la participación sin soltar el control. Solucionen, si pueden.
2.Muralla. Claudia Sheinbaum cerró filas alrededor de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y convirtió la exigencia de pruebas a EU en asunto de soberanía política. Desde la Cancillería, Roberto Velasco envió la nota diplomática para exigir evidencias formales contra los funcionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia, mientras Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, reforzó la línea de que no existen elementos suficientes para justificar medidas cautelares o una detención provisional. El problema no está sólo en Washington, sino en el desgaste interno. Y ése duele.
3.Horizontes. Mario Delgado, secretario de Educación, firmó con Delphine Borione, embajadora de Francia en México, un acuerdo que traerá formación técnica, movilidad académica y carreras ligadas a robótica, ciberseguridad y semiconductores. El proyecto nace del acercamiento entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron, con la idea de modernizar bachilleratos y universidades bajo el Plan México. La SEP vende futuro industrial y esta vez el viraje apunta a conectar aulas con industrias estratégicas y abrir oportunidades fuera del esquema tradicional. Apuesta ambiciosa. Ya hacía falta.
4.Relevo. La rapidez con la que Morena reacomodó a Citlalli Hernández, exsecretaria de las Mujeres, en la Comisión Nacional de Elecciones, desapareció al definir quién ocupará el espacio vacante. La importancia de designar al liderazgo que deberá sostener una secretaría cargada de simbolismo político no permite improvisaciones. La reflexión es necesaria. Entre los nombres que crecen destaca Sasil de León, senadora por Chiapas. Su perfil empezó a consolidarse porque combina representación, estructura y oficio político. Ahí está, lista, con trabajo real en igualdad sustantiva y operación territorial. No hay mucho qué pensar.
5.Retirada. El senador Enrique Inzunza pasó en pocos días de anunciar su regreso al Senado, a justificar su ausencia con un discurso contra “la derecha conservadora”. Desde Badiraguato, el legislador intentó convertir el repliegue en gesto político, aunque en los hechos evitó exponerse en la Comisión Permanente tras los señalamientos de autoridades de EU. Qué diferencia: mientras Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y Dámaso Castro, vicefiscal estatal, optaron por separarse del cargo, Inzunza se aferra al escaño. Ya le caerán los costos. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 13)
Que desde que llegó al Senado, el primero de septiembre de 2024, hasta el pasado 30 de abril, Enrique Inzunza, morenista acusado la semana pasada de narcotráfico por Estados Unidos, sólo ha presentado una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el Código de Comercio con el fin de garantizar el derecho de audiencia a través de publicaciones de edictos en medios de comunicación, todo asentado en la página de la Cámara Alta, aunque, eso sí, se ha sumado a varios proyectos de sus compañeros que sí chambean. Bueno, pero con la frente en alto, como él dice.
Que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por el mensaje que dio el pasado martes en la conmemoración de la Batalla de Puebla, en el que aseguró que ninguna potencia extranjera va a decirle a los mexicanos cómo gobernarse. El emecista también agradeció de pasadita la aplicación del Programa Vivienda para el Bienestar en esa entidad, que aumentó su meta de construcción de 30 mil a 77 mil casas.
Que el jefe de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, intentará aprovechar esta tarde la visita de legisladores 4T a Palacio Nacional para conversar con la Presidenta y definir si la elección judicial se aplaza a 2028 o no, dependiendo de si ya revisó el caso la nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde. Por cierto, la fracción guinda decidió esta vez rentar sólo tres autobuses, a razón de 5 mil pesos cada uno, para el traslado, pues la ocasión pasada fueron cinco y quedaron dos vacías por faltistas y rezagados.
Que llama la atención que la consejera electoral Rita Bell López pasó en unos meses de férrea e incansable defensora de su presidenta, Guadalupe Taddei, a criticar sus decisiones con gráficas, emoticonos de dedazos y hasta a acusarla de “discriminación de género”, por lo que los malpensados ya empezaron a preguntarse si la queja es porque todos los fieles guadalupanos recibieron un premio, menos ella. No sean así. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Reanudan diálogo en Segob
Este jueves, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reanuda el diálogo con familiares de personas desaparecidas. De entrada, darán seguimiento a los acuerdos asumidos hace un año, cuando se instalaron las primeras mesas. Pero a diferencia de aquellas, a la de hoy se invitó a personal de la ONU en México. Por supuesto, participarán funcionarios de la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy; la CNDH, de Rosario Piedra Ibarra, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Omar García Harfuch.
No deja pasar una sola
Para todos tiene la recién electa dirigente de Morena, Ariadna Montiel. Ahora le tocó al líder del PRI, Alejandro Moreno, tras anunciar que pedirá a EU declare narcoterrorista al partido guinda. Ella reviró que esa solicitud es entreguismo y es contraria a la soberanía nacional. “Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir”, dijo.
Inzunza sigue en Badiraguato
No se presentó a la Sesión Permanente el senador Enrique Inzunza, acusado por EU de narcotráfico. Alegó que su ausencia fue para no dar oportunidad a “la derecha” de hacer un espectáculo. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que no lo convocaron; y el líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, le pidió “no esconderse”.
MC se une a demanda panista
Se unió Movimiento Ciudadano al PAN en la exigencia de desaparecer poderes en Sinaloa, tras las acusaciones de EU contra Rubén Rocha. En la Comisión Permanente, el diputado Gibrán Ramírez promovió un punto de acuerdo para tales efectos. Trae respaldo de su bancada y de la dirigencia nacional naranja, encabezada por Jorge Álvarez Máynez.
El PAN apuesta fuerte en Coahuila
Toda la carne al asador lanzó el dirigente del PAN, Jorge Romero, en el inicio de la campaña en Coahuila. Con la idea de no ceder un centímetro a Morena, el líder albiazul se hizo acompañar de figuras nacionales y locales, además de que se reunió con todos sus candidatos a diputados. Y usó como municiones electorales el caso de Rubén Rocha.
Ruptura en Jalisco
Continúa resquebrajándose la alianza Morena-PVEM. Ahora fue en Jalisco, donde el líder local del verde José Antonio Sánchez Ramírez, anunció la ruptura con el morenismo. Aunque dijo que a nivel nacional su instituto político mantendrá la coalición con el partido guinda, aclaró que en el estado competirán con sus propios candidatos en 2027.
Recibe el rey a Gertz
Presentó Alejandro Gertz sus cartas credenciales como embajador de México en Reino Unido e Irlanda del Norte ante el rey Carlos III. El ex titular de la FGR fue recibido ayer por el monarca inglés, en el Palacio de Saint James, y su oficina indicó que se dedicará a “fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera” con el país europeo. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
¿Visita de rutina?
Nada nuevo, nada extraordinario, es la visita de cortesía acostumbrada al término de cada periodo ordinario de sesiones en el Congreso a la presidenta. Así nos resumió ayer Ricardo Monreal el encuentro que sostendrán esta tarde los diputados y senadores de Morena, PVEM y PT en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum. ¿El periodo extra? “No, esa es una decisión del Legislativo”, aclaró. ¿El tema Rocha Moya? “No, ese no es un tema a tratar”, según adelantó. Lo que sí dijo es que “me reuniré después con la consejera jurídica, Luisa Alcalde”, para ver los términos de la “reforma a la reforma al Poder Judicial”.
Se quedaron esperando
Claramente Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado por el gobierno de EU, quiso dar una cucharada de su propio chocolate al panismo. El fin de semana anunció que sí acudiría a la Comisión Permanente, y dos horas antes de la sesión se echó para atrás. Igualito que lo hizo Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, la semana pasada, cuando el Senado la convocó por el asunto de la CIA. Y es que en el oficialismo insisten en que la panista sí había confirmado. Ahora sí que cada grupo parlamentario se quedó frotándose las manos.
Luchan por paridad en el INE
Las consejeras electorales Carla Humphrey y Rita Bell López presentaron ante el Tribunal Electoral una impugnación contra la designación de funcionarios en cargos directivos del INE realizados por la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, por no observar la paridad de género, ya que solo en una de las diez áreas renovadas se nombró a una mujer. La impugnación se suma a la presentada por la organización Mujeres en Plural. El TEPJF tendrá que resolver ambos recursos en la próxima sesión. ¿Habrá correcciones?
Fenómeno coreano
Con la novedad de que Claudia Sheinbaum invitó a Palacio Nacional a los integrantes del grupo BTS, a quienes les abrió un balcón para que saludaran a sus fans. La presidenta destacó que las canciones de la banda de K-Pop son de amor y muy humanistas. Por cierto, BTS llevó en minutos más gente al Zócalo que muchos partidos políticos.
Díaz Ayuso atiza pleito en la CDMX
El panista Federico Döring se fue con todo contra Clara Brugada. A raíz de la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el diputado federal reclamó que la jefa de Gobierno de la CDMX dijo que la derecha está derrotada. “Eso es mentira, el PAN en la capital del país avanza, crece y se consolida como una fuerza democrática por encima de Morena”. Y fue más allá, al decir que la visita de la española “es útil y forma parte de un momento crucial en el mundo, donde el populismo se ve cada vez más acorralado”. La CDMX “no merece ser gobernada desde los complejos, desde los traumas y rencores”, criticó. ¿Acaso tendrá aspiraciones para 2030 don Federico?
Credencializan la identidad indígena
La Sala Superior del Tribunal Electoral federal validó incluir la identidad de género y autoadscripción indígena en la credencial para votar. Una persona indígena impugnó la medida adoptada por el INE por no hacer una consulta a pueblos originarios, no obstante, los magistrados concluyeron por unanimidad que no fue necesaria porque la inclusión no genera derechos en automático y es parte de la identificación.
No hay peor ciego… ¿que el que pide pruebas?
Productores agrícolas y empleados del Sistema Nacional del Agua denunciaron desde hace meses, quizá años, que la facción del Cártel de Sinaloa llamada Los Chapitos controla el abasto de agua en la entidad. Es lo mismo que dice la acusación contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quien se señala de haber ofrecido a ese grupo posiciones de poder dentro del gobierno a cambio de que lo hicieran ganar la elección de 2021. Y mientras tanto, desde el Ejecutivo siguen pidiendo pruebas. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 35)
› Tiran fallo de Zaldívar
Con la novedad de que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corrigió la decisión de la antigua integración del máximo tribunal de liberar a una mujer acusada por el delito de trata. El fallo había sido impulsado por el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien incluso dijo que visitó a la imputada en el penal donde estaba recluida y presentó su puesta en libertad como la corrección de “una dolorosa injusticia”.
Pues bueno, nos dicen que tras un nuevo análisis, los ministros de la actual Corte determinaron que lo verdaderamente doloroso fue que la justicia se equivocó, ya que había elementos que probaban que la acusada sí se benefició de la explotación sexual de dos mujeres extranjeras, a quienes engañó y amagó para prostituirlas en un centro nocturno que, además, ella misma administraba en la Ciudad de México. Nos dicen que la clave del revés al proyecto de Zaldívar fue escuchar con más cuidado a las víctimas, algo que tendría que ser fundamental e irrenunciable y que, claramente pudo omitir quien hoy se desempeña como coordinador General de Política y Gobierno en la administración federal.
› Multa al nuevo PES
Se acaba de reportar que la organización Construyendo Sociedades de Paz —sí, la misma a la que amonestaron por usar las siglas de la Presidenta y la misma que está ligada al extinto Partido Encuentro Social de Hugo Eric Flores— enfrenta una nueva tarjeta amarilla en un camino aún no consolidado por convertirse en partido político. Según las autoridades electorales, PAZ jugó chueco en aras de sumar afiliados, al entregar dádivas a cambio de firmas.
De acuerdo con lo que contó personal del INE, los de PAZ terminaron evidenciados por vecinos de la comunidad jalisciense de Tala, quienes, tras asistir a la asamblea a la que se les convocó el año pasado, preguntaron dónde se les entregarían las despensas que les habían prometido. Incluso la Unidad de Fiscalización encontró que la organización convocó a esas mismas personas a través de un evento en Facebook con la frase: “¿Quieres una despensa gratis? Envíame mensaje”. Lo que queda por saber es si esta falta es lo suficientemente grave como para tumbar la nueva versión del PES o si, como en otras no pocas ocasiones, puede seguir adelante.
› Ojo en la transformación digital
Nos dicen que hay señales de que todavía hay algunos desafíos para consumar la digitalización, una tarea designada a José Antonio Peña Merino, quien esta semana acumuló dos strikes en eventos relacionados con el sistema de alertamiento sísmico. El primer fallo quedó evidenciado por el sismo de magnitud 5.6 que meció a la Ciudad de México el pasado 4 de mayo. Los altavoces de la capital sonaron, pero las alertas en los celulares callaron. Ese día, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) explicó que las alertas estaban en mantenimiento. En fin, dos días después, en el Primer Simulacro Nacional 2026, sonaron los altavoces y las alertas en los teléfonos, pero, con un pequeño detalle, la notificación en algunos celulares mantuvo la leyenda “Alerta Presidencial”, un mensaje que tuvo que haberse reemplazado desde hace tiempo por “Alerta Máxima”. Muchos dirán que éste ya es un tema menor, pero habrá que recordar que fue la propia Presidenta Claudia Sheinbaum quien instruyó desde principios de año que se hiciera tal modificación. Ahí el dato.
› Mal momento para Morena
Imposible, nos comentan, que el partido guinda no salga perjudicado por los señalamientos que han hecho autoridades estadounidenses contra varios de sus afiliados por supuestas ligas con el narco. De ahí que, dicen, pocos políticos quisieran estar en los zapatos de la nueva dirigente morenista Ariadna Montiel, a quien en buena medida le toca encabezar la titánica tarea de lavarle el rostro a esta fuerza política, además, con un combo de elecciones federales y locales en puerta.
De ahí que su propuesta de colocar en candidaturas sólo a trayectorias “intachables” esté haciendo ecos de urgencia entre otras figuras del movimiento, como el coordinador de los diputados guindas, Ricardo Monreal, que reconoció que Morena debe sacudirse la herencia del PRIAN —sobre todo a nivel regional— de permitirse la vinculación entre el poder político y el poder criminal. Casi en el mismo sentido fluyeron las declaraciones del coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier, sobre que su partido podrá ser lo que quieran menos “el payaso de las cachetadas”, ante los fuertes indicios de narcopolítica por los que el guinda se encuentra hoy en la mira.
› Se mantiene organigrama
Nos hacen ver que convertirse en gobernadora interina de un estado como Sinaloa no debe verse necesariamente como un privilegio para Yeraldine Bonilla, a juzgar, de entrada, por la violencia desatada por la pugna entre grupos criminales y también porque se trata de asumir la responsabilidad de elegir entre continuar la gestión que deja inconclusa su exjefe, el gobernador con licencia, o reestructurar todo el gobierno.
En este sentido, nos dicen, lo que se ha visto en sus primeros días al frente, más que voluntad de hacer cambios en la administración estatal, es la necesidad de mantenerla a flote, lo que explica que se conserve intacto el organigrama, con ajustes que sólo se hicieron para reemplazar su propia ausencia en la Secretaría de Gobierno. Incluso en el Sistema DIF estatal, Yeraldine decidió ratificar a la hija del mandatario con licencia, Eneyda Rocha, como titular. “Desde un principio lo señalé: en esta administración solamente se realizaron dos cambios y no habrá más movimientos dentro del Gobierno del estado”, declaró Bonilla.
› Le ponen tache a Taddei
Y fueron dos consejeras del INE las que ahora le pusieron tache a la presidenta de ese órgano en el vendaval de designaciones que hizo en cargos directivos del instituto. Y es que Rita López y Carla Humphrey, se ha informado, le señalaron a Guadalupe Taddei una omisión relevante en la que incurrió al realizar dichos nombramientos: no cuidó la paridad. Y por eso decidieron presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al que le piden echar abajo las designaciones.
Es sabido que de 10 realizadas, en nueve casos fue de hombres y sólo se eligió a una mujer. “Esta regresión fáctica demuestra que no estamos ante una inobservancia aislada de la norma, sino frente a una política sistemática encaminada a monopolizar el órgano ejecutivo supremo del Instituto en favor de un solo género”, han advertido las consejeras. Es conocido el antecedente de que nunca cayó bien la reforma legal que relegó a los integrantes del consejo de la posibilidad de participar en las tareas de designación. El asunto ahora está en el terreno de los magistrados electorales. Pendientes. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
El endurecimiento del discurso contra Estados Unidos es una estrategia. No es una obviedad si se toma en cuenta que los fundamentos de esa posición beligerante están anclados en la creencia, que no conocimiento, de que el Departamento de Justicia no tiene pruebas de que el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve sinaloenses trabajaron para Los Chapitos después de que esa facción del Cártel de Sinaloa intervino en las elecciones de 2021 para garantizarles la victoria. Ayer se anunció un nuevo desafío en esa dirección: la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al Departamento de Estado exigiéndole las pruebas de la imputación.
Existe certidumbre en Palacio Nacional y en la aristocracia de Morena de que fue otra de las bufonadas del presidente Donald Trump. No se sabe si la declaración de Trump ayer –“si no hace su trabajo México, lo haremos nosotros”–, haya cambiado su visión, porque creen tenerle tomada la medida: viene la amenaza, se le recibe con cabeza fría y entonces recula. Además, está distraído con Irán, de donde no sabe cómo salirse. Y, después de Irán, se entretendrá con Cuba. Hasta después volteará a México. Serán meses de tranquilidad a los que no hay que hacerles caso.
Las voces en Palacio Nacional comenzaron a escucharse el jueves pasado, un día después de que se pidiera la captura de Rocha Moya y otros nueve sinaloenses con fines de extradición. El análisis partió de una premisa simple: es un único golpe; ya no hará nada Trump. Fue la conclusión previa al Consejo Extraordinario de Morena este domingo, en donde se perfilaron los escenarios por donde habría que caminar: no tiene pruebas; si las tuviera, ya las habría dado a conocer.
Con total confianza en sus diagnósticos, dentro de la aristocracia del régimen comenzaron a desarrollar escenarios de ruptura frente a Estados Unidos. No importa si se acaba el tratado comercial norteamericano, porque les afecta más a ellos que a México, y existe la certeza de que puede construir un bloque político-comercial con China, Rusia y Brasil para ponerle cara a Estados Unidos. La geopolítica vista por Morena es atrevida, temeraria y, sobre todas las cosas, ignorante.
Fuera de sus cálculos y consideraciones está que el diseño geopolítico de Trump de “América para los americanos”, que se traduce como el continente es para Estados Unidos, establece que no permitirá que una potencia extranjera siente raíces en la región. Venezuela no fue Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles, sino la expulsión del hemisferio de China, Rusia e Irán.
También está su ceguera a lo que ha venido sucediendo en América Latina, con intervencionismos electorales que han estado cambiando aceleradamente la correlación de fuerzas hacia Washington. Una cadena creciente de gobiernos latinoamericanos se ha estado aliando a Estados Unidos, algunos no por ideología, sino por pragmatismo, entendiendo la política real, como el presidente Bernardo Arévalo, de Guatemala.
De las grandes naciones latinoamericanas, dos que son críticas de Trump tendrán elecciones presidenciales este año, Colombia y Brasil. Las urnas abrirán en Colombia el 31 de mayo, donde el candidato de Washington es un viejo conocido de Estados Unidos, Abelardo de la Espriella. La cita electoral en Brasil será en octubre, donde el candidato de Trump es Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que de iniciar con una desventaja de 2 a 1 frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, hoy se encuentra casi en empate técnico.
Los resultados de ambas elecciones no dependen de Morena, por lo que plantear una línea de confrontación con Estados Unidos imaginada sobre aire, pensar en ese futuro diferente, es iluso. Quizás más es pensar que el acuerdo político-comercial con Estados Unidos y Canadá se reemplaza con China y Rusia, lo cual, en términos comerciales, es absurdo.
China es el gran enemigo de Estados Unidos y fue la razón para intervenir en las elecciones presidenciales de Costa Rica, donde estaba su centro de espionaje electrónico contra el norte, y el progresivo control de los puertos latinoamericanos, que estaban en manos chinas. Incluir a Rusia en sus elucubraciones es no ver lo que ha sucedido. ¿Qué hizo Rusia en Venezuela? Negociar con los estadounidenses para que pudieran sacar a 50 mil cubanos, la mayoría de ellos agentes de inteligencia que habían quedado atrapados. ¿Qué hizo en Cuba? Servir de interlocutor con Estados Unidos para mitigar la crisis económica y evitar un estallido social.
Tomar decisiones o influir en ellas sobre presunciones sin información es peligroso. Asumir que la presidencia de Estados Unidos funciona verticalmente como la de México es una inocentada. Estar convencidos de que la acusación en Manhattan fue una bomba de un día es desconocer completamente cómo funcionan las fiscalías, las cortes y el sistema de justicia en este país, terriblemente injusto en términos de justicia, pero claramente justo para sus intereses. Cuando pidan las pruebas, deben recordar el caso de Genaro García Luna, donde se admitieron testimonios de criminales sin necesidad de pruebas para respaldar sus dichos y, pese a cometer perjurio, se le condenó a 38 años de prisión.
El gobierno pide pruebas contra Rocha Moya y los otros nueve imputados, violentando una vez más lo que establece el Tratado de Extradición. Las pruebas existen. La relatoría de la acusación señala lo que se denunció en México, pública y judicialmente, en 2021, sobre cómo el Cártel de Sinaloa intervino abiertamente en las elecciones para gobernador, secuestrando y amenazando a candidatos y funcionarios de casilla, además de robando urnas. Pruebas adicionales serán expuestas durante el juicio, en donde se irán desdoblando complicidades todavía ocultas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se molesta por los análisis sobre sus decisiones sobre el caso Rocha Moya, que es algo que es normal en cualquier país democrático: pensar sobre cómo decide la suerte de sus gobernados. Es tan notoria la contradicción interna del régimen, que ese enfoque también ha sido materia de reflexión en los periódicos más importantes del mundo, los que leen los inversionistas y los gobernantes.
La crítica ha observado su ambivalencia entre una decisión de Estado y una como militante. Tiene razón que debe actuar conforme a la ley y las pruebas, pero no está haciendo lo primero, y se está adelantando procesalmente a lo segundo. De ahí las reflexiones sobre la toma de decisiones en Palacio Nacional, contrarias a las que se alinean con la realidad geopolítica de la aristocracia de Morena. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
Andrés Manuel López Obrador sabía de los canales de comunicación entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de Rubén Rocha Moya. Se los contó el propio gobernador, según me revelan fuentes de primer nivel. No implicaba una contradicción con la instrucción del entonces presidente de México para combatir la violencia: abrazos, no balazos. Rocha siguió las instrucciones y las aterrizó.
Según las mismas fuentes, AMLO estuvo enterado de la reunión que tuvieron Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa antes de la elección para gobernador. Se trata de la reunión que menciona el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que sellaron el pacto: el cártel lo ayudaría en las elecciones y a cambio él los dejaría operar a sus anchas. ¿Cómo se enteró AMLO? Igualito: se lo contó Rocha Moya.
La comunicación, según las mismas fuentes, quedó establecida entre el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y Los Chapitos. Circulaba el diálogo y circulaban también los contratos. Es más, me refieren que incluso desde el gobierno le llegaron a mandar apoyo médico al Mayo Zambada para ayudarlo con sus padecimientos crónicos. Las autoridades sabían dónde estaban los capos del cártel y a dónde se movían. Había comunicación, coordinación y negocio.
Durante los primeros años, aquello funcionó como relojito. El control de Sinaloa lo tenía el cártel y López Obrador podía presumir que había paz en la entidad. El promedio de asesinatos era de 1.4 al día. Cuando se pelearon en el cártel y empezó la guerra entre Chapitos y Mayiza, el gobierno nunca pudo recuperar el control que había cedido. Los asesinatos escalaron a 6.9 al día. Ahorita van en 2.5. La lección es clara: si como Estado entregas el control de la gobernabilidad, no lo puedas exigir de vuelta.
Con el visto bueno de López Obrador, Rubén Rocha Moya entregó el control del gobierno al cártel. Cuando secuestraron al Mayo Zambada y se lo llevaron a Estados Unidos, y se desató la guerra, ya nunca pudieron recuperar ese control. Menos aún si el gobernador mintió descaradamente y decidió participar del encubrimiento para esconder el asesinato -ese mismo día, en ese mismo lugar- de su principal rival político, Héctor Melesio Cuén, tratando de hacerlo pasar por un robo de vehículo. Si le quedaba alguna legitimidad al gobernador, la perdió cuando su montaje quedó expuesto.
Lo demás fue una larga agonía: los 19 meses que pasaron con un gobernador inoperante, que todo mundo sabía que estaba coludido con el narco y que representaba una bomba de tiempo… que finalmente estalló. ¿Pudieron desactivarla desde Palacio Nacional? A lo mejor no. Porque había compromisos comunes, complicidades. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A5)
El discurso soberanista, maniqueo y demagógico, que nos quiere hacer creer que defender a los narcopolíticos acusados por Estados Unidos es defender a México, se estrellará nuevamente contra la realidad.
Mientras la presidenta Sheinbaum pierde el control de la crisis anunciada que le generó la administración de Donald Trump -e insiste en proteger y garantizar la impunidad de políticos de su partido vinculados a los cárteles de la droga-, el presidente estadounidense eleva el tono y reitera sus amenazas de intervenciones militares contra los narcos en territorio mexicano, si el gobierno de la doctora no empieza pronto a detener y extraditar capos y políticos que están siendo acusados y reclamados por cortes estadounidenses. “Si México no hace el trabajo, nosotros lo haremos”, declaró ayer Trump al hablar de la nueva “fuerza terrestre” estadounidense que está lista para entrar a cualquier país a detener a capos de los cárteles.
Y mientras los morenistas vociferan y se desgarran las vestiduras jurándose inocentes, desde Washington no sólo llegan las reiteradas amenazas del presidente Trump, sino que confirman formalmente que Rocha Moya y los otros 9 políticos sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia, son apenas los primeros y que vienen más nombres, acusaciones y peticiones de extradición contra políticos mexicanos.
“Claro. Sí”, respondió ayer Tood Blanche, Fiscal General interino de los Estados Unidos a una pregunta directa de la reportera Ali Bradley, de la televisora conservadora News Nation, sobre si habría más acusaciones del gobierno estadounidense contra políticos mexicanos vinculados al narco. “La semana pasada anunciamos que se ha presentado una acusación formal contra un gobernador de México (Rocha Moya) por parte del Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que hemos hecho en el pasado, y sin duda continuaremos haciéndolo”, dijo Blanche.
Y para que no queden dudas de dónde está sacando el Departamento de Justicia las pruebas, datos y acusaciones contra políticos de México, el fiscal interino, que sustituyó a la defenestrada Pam Bondie, confirmó que son los mismos capos y narcotraficantes que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha entregado a Estados Unidos, los que están aportando información y acusando directamente a sus socios políticos de Morena y otros partidos.
“Una consecuencia de haber traído a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar y esa cooperación puede llevar a cargos adicionales. Ya habíamos procesado a varios funcionarios del gobierno mexicano, jueces, un juez recientemente también. Así que eso es algo que continuará”, insistió el fiscal Tood Blanche, cuyos dichos también confirman la versión de que al gobernador sinaloense lo acusaron directamente Los Chapitos, Ovidio y Jesús Guzmán, quienes aportaron evidencias y pruebas al gobierno estadounidense en contra de Rocha, del senador Enrique Inzunza y del resto de los 10 sinaloenses pedidos en extradición.
Hoy, más allá de la demagogia discursiva nacionalista y de que Morena y la Presidenta se envuelvan en la bandera para proteger a sus militantes acusados por Estados Unidos, la realidad es que dentro del oficialismo hay un temor real y un nerviosismo real porque saben que vienen más acusaciones y que no podrán contener por mucho tiempo la ofensiva estadounidense que es en los hechos una cacería contra gobernadores, alcaldes, congresistas, secretarios de Estado y dirigentes mayoritariamente de Morena, pero también se habla de al menos dos gobernadores de oposición, uno del PRI y otro de MC, como parte de la lista de narcopolíticos mexicanos que tienen en Washington.
Esta semana en redes sociales han surgido versiones de periodistas que aseguran que dos nombres que preocupan en este momento, como los que pueden seguir en las peticiones estadounidenses de detención y extradición, son los del secretario de Educación, Mario Delgado, y el senador tabasqueño y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. El periodista Carlos Ramos aseguró el martes pasado en un tweet que desde la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, “se informó a Mario Delgado y Adán López que están siendo investigados en USA. La CNBV ya solicitó información sobre sus movimientos financieros a las instituciones bancarias”, sostuvo el periodista.
Así que ya no quedan dudas y los que crean que con discursos e invocaciones de soberanía lograran evitar las acciones de justicia extraterritorial que ha empredido el gobierno de Trump, y que amenaza con escalar incluso a operativos de sus fuerzas especiales en territorio mexicano, se van a estrellar contra la realidad. Justa o injusta, violatoria o no de la supuesta soberanía que pretende proteger las redes de la narcopolítica, la cacería legal y militar del gobierno de los Estados Unidos y la pregunta que realmente se hacen, temerosos y nerviosos los morenistas, es ¿quién será el próximo o la próxima en aparecer en las peticiones de extradición de la Casa Blanca?
NOTAS INDISCRETAS…
Ya se cumplieron 20 días de que Citlali Hernández renunció a la Secretaría de la Mujer para entrar como “bombera” a tratar de evitar la debacle morenista en el 2027, y todavía la presidenta Sheinbaum no se decide sobre el perfil de quien ocupará esa cartera de su gabinete. Se especulaba que antes de que finalizara abril se haría el anuncio de la nueva titular, pero al parecer la crisis por las denuncias contra narcopolíticos morenistas han llevado a posponer la decisión. Dentro del gabinete suenan varios nombres y perfiles para llegar a la Secretaría.
Una de ellas es la senadora chiapaneca Sasil de León Villard, quien ya ocupó una Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento en Chiapas y como legisladora, antes como diputada y ahora desde el Senado, se ha enfocado en presentar iniciativas que favorecen el reconocimiento de derechos y realidades de las mujeres mexicanas. Otra de las que suenan para la Secretaría de las Mujeres es Ingrid Gómez Saracíbar, quien actualmente se desempeña como subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la misma Secretaría.
Y una tercera opción que analizan en Palacio nacional es la diputada federal Anaís Burgos, quien se autonombra como la “Diputada del Pueblo”. Se decía que después de que regresara de su viaje a Barcelona la doctora tomaría la decisión y haría el anuncio, pero al parecer la crisis de los narcopolíticos sinaloenses la ha obligado a posponer el nombramiento, mientras la dependencia, que atiende una de las prioridades y emergencias en el país donde asesinan diario a 11 mujeres, sigue acéfala…
En el mundo financiero sigue llamando la atención el caso de Autofin y de su dueño, el empresario Juan Antonio Hernández Venegas, quien en una acción repentina donó la totalidad de sus acciones de Banco Autofin a sus hijos Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo. Lo que parecía ser una acción generosa de un parte, se vincula hoy con un conflicto legal más profundo: una demanda civil que enfrenta Juan Antonio Hernández por el presunto incumplimiento, durante 28 años, de la obligación alimentaria respecto de su hija menor.
El asunto se ventila ante el Juzgado 25 de lo Familiar de la Ciudad de México, bajo el expediente 2756/2024. En ese proceso, Hernández Venegas habría aportado un testimonio notarial que confirma la donación total de sus acciones, operación fechada el 28 de mayo de 2021.
Esto abre la posibilidad de que dicha transmisión accionaria haya sido un acto de simulación para sustraer bienes del alcance de una eventual responsabilidad alimentaria. En paralelo, el 18 de diciembre de 2024, los abogados de su hija menor promovieron dos carpetas de investigación penal ante la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales: una por fraude procesal (CI-FIEAE/C/UI_1 C/D/00415/12-2024) y otra por falsedad ante autoridades (CI-FIEAE/C/UI_1 C/D/00416/12-2024), radicadas en las Unidades A-3 y C-4. Un elemento adicional que abona a toda esta controversia es que la defensa de Hernández Venegas está encabezada por Alberto Baz Baz, exfiscal del Estado de México, y tristemente célebre por su intervención en el caso de la niña Paulette en el Estado de México en 2010, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador.
La presencia de Baz Baz, dicen los abogados defensores de la hija, coloca bajo sospecha la conducción de una defensa que exige total transparencia. El caso se enreda aún más al considerar que Banco Autofin operaba con licencia federal. Si la donación del 100% de las acciones ocurrió en 2021, surge una pregunta clave: ¿cómo participó Hernández Venegas como accionista en la asamblea del 16 de marzo de 2023, en la que se consumó la venta del banco? A esto se suma la multa impuesta por la COFECE a Hernández Venegas, junto con Kapital, Grupo Autofin, Banco Autofin, Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo, por presuntas irregularidades en dicha venta.
Quedan también preguntas sobre el papel de la CNBV: si tenía conocimiento de la transmisión accionaria, ¿por qué no activó una investigación más amplia antes de permitir la venta a Kapital? La controversia en torno a Hernández Venegas, sus hijos, Banco Autofin, Kapital y la actuación de las autoridades regulatorias apenas comienza a desplegar sus consecuencias jurídicas y mediáticas…Nos confirman fuentes de San Lázaro que la decisión de Morena es aplazar la elección judicial, prevista para el 2027 hasta el año 2028.
El aplazamiento es un hecho y lo único que falta por definir, en la oficina del Coordinador morenista Ricardo Monreal, es cuándo se convocará al periodo extraordinario de sesiones en donde se discutiría y aprobaría el cambio de fecha de la elección judicial, para que no se empate con las elecciones intermedias de junio del próximo año.
Y como se trata de una reforma a las leyes electorales, obligadamente el periodo extraordinario tiene que convocarse antes del 1 de septiembre, cuando inicia oficialmente el año electoral para los comicios federales del junio del 27, porque una vez comenzado ese año no se puede cambiar ninguna norma electoral. Así que entre junio y agosto, en pleno verano, se podría concretar el cambio de la polémica y cuestionada elección judicial…Los dados se detienen. Capicúa y repetimos el tiro. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A8)
Como los rateros que van gritando por la calle “¡agarren al ladrón!”, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez –uno de los diez políticos sinaloenses acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico–, sembraba las nóminas del servicio público de parientes suyos y de los de sus colaboradores, al tiempo que redactaba, promovía y defendía la Reforma Judicial, un cambio constitucional que supuestamente sería un dique contra el nepotismo.
La hipocresía resulta obvia. En su puntillosa nota publicada ayer en estas páginas, la reportera Leticia Robles de la Rosa mostró hasta dónde ha llegado Inzunza –presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos del Senado– en su arte de conseguir chamba a familiares y recomendados, práctica que su partido ha condenado, aunque sólo sea de dientes para afuera.
No es un descuido, sino una arquitectura de privilegios. Resulta inverosímil que quien dice que va a “limpiar” a los jueces convierta las instituciones en una extensión de su sala. La regeneración nacional se estrella contra apellidos repetidos en las nóminas, donde el parentesco es la única credencial válida frente a un mérito desplazado.
La tribu de Inzunza está por todos lados, en el Poder Judicial sinaloense, que él encabezó, así como en el Senado de la República. Allí aparecen su esposa, su hija, dos hermanas, un hermano, una prima y tres sobrinos, así como la mamá y el hermano de su jefa de asesores. A todos les consiguió empleo con cargo al presupuesto. Y esos son los que se sabe, pues la opacidad suele proteger a estos clanes que se ramifican bajo una supuesta superioridad moral.
Para ser justo, el senador sinaloense no es distinto de otros morenistas que ven al servicio público como agencia de colocaciones. Se trata de un mal ya muy arraigado en el morenismo. Esta red de favores erosiona la confianza y despoja de oportunidades a profesionales capacitados.
Ésta es una prueba más de que el problema que veían, cuando estaban en la oposición, no eran los privilegios que tenían los políticos de otros partidos, sino que esos privilegios no fueran para ellos. El discurso contra la “mafia del poder” ha mutado en una nueva aristocracia burocrática que reparte el botín público entre sus afectos. La sombra que proyecta Inzunza es particularmente oscura por las graves imputaciones que cruzan la frontera. Ser señalado por el Departamento de Justicia de EU por vínculos con el crimen debería ser motivo de revisión exhaustiva, pero hoy parece apenas una anécdota que se intenta tapar con el ruido de las sesiones legislativas.
El coacusado de Rubén Rocha Moya debería revisar su negativa a pedir licencia, como ya hicieron el gobernador y el alcalde de Culiacán. Inzunza y quienes hasta ahora lo han protegido tendrían que darse cuenta que el hundimiento moral del oficialismo está lejos de tocar fondo, cuando el gobierno federal apenas acaba de rebasar la cuarta parte de su periodo.
Ayer, los legisladores de Morena huyeron de los reporteros para no opinar sobre su ausencia en la sesión de la Comisión Permanente. Inzunza se limitó a enviar un mensaje en redes para justificar su inasistencia, tras jurar que daría la cara ante las imputaciones estadunidenses. Ver a los adalides de la transparencia huyendo de los micrófonos es la imagen más fiel de su actual derrota ética.
De los pocos que hablaron fue el coordinador senatorial Ignacio Mier, quien justificó que la hija de Inzunza trabaje en la coordinación de asesores de la bancada, alegando que no es nepotismo porque ella, en ese cargo, “no tiene una relación directa” con su padre. Bajo esa lógica retorcida, el tráfico de influencias es invisible si el documento no lleva la firma del pariente, olvidando que en el poder los favores se cobran por debajo de la mesa. La defensa de Mier insulta a una ciudadanía cansada de encubrimientos, evidenciando que el cambio prometido se detiene justo donde empiezan los intereses familiares, y dejando claro que la honestidad era simple propaganda para alcanzar el poder.
Luego critican a los que, según ellos, toman por tonto al pueblo. Porque, le digo la verdad, para eso no hay nadie como ellos. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Si de repente pareciera que el presidente Donald Trump y su gobierno desean declarar victoria en el Golfo Pérsico y dejar atrás el conflicto con Irán, es porque las señales indican que deben alejarse urgentemente de lo que ha resultado una malhadada aventura que no ayuda a sus intereses futuros.
La necesidad se expresa con simpleza: las elecciones legislativas que este año tendrán lugar el martes tres de noviembre y los demócratas parecen tener tal ventaja en la opinión pública que cada vez hay más preguntas respecto a la victoria, sino sobre el tamaño del triunfo.
Cierto: los más cautos advierten correctamente sobre un exceso de optimismo y que seis meses, en política, son efectivamente mucho tiempo.
Sin embargo, los demócratas creen que hay lugar para el optimismo. En términos reales, de acuerdo con las encuestas de opinión pública, la guerra contra Irán y sus efectos en los precios estadounidenses, especialmente en la gasolina, hacen que la popularidad de Trump disminuya.
El lunes pasado, el precio promedio por galón de gasolina (3.7 litros) a nivel nacional fue de $4.45 dólares (unos 77 pesos), según la Asociación Estadounidense de Automovilistas (AAA). Los días previos al inicio de la guerra, el 28 de febrero, el precio promedio era algo menos de tres.
Para agravar el problema de los republicanos, algunos de los puntos débiles de Trump son ahora precisamente los temas que los votantes consideran más importantes: la economía y, en particular, el aumento de los precios.
Como ironía, Trump los invocó constantemente en la campaña electoral de 2024, con el entonces presidente Joe Biden como culpable principal. Pero ahora le toca el turno, y los efectos de la guerra no lo ayudan.
Las encuestas sobre la inflación son preocupantes para el Partido Republicano. Y esos números están ligados a la figura de Trump.
Tradicionalmente, las elecciones de medio término son consideradas como un termómetro del estado de ánimo del país, y en 18 de las últimas veinte –de ochenta años a la fecha–, resultó en derrotas para el partido en la Casa Blanca.
El cambio de manos puede ser masivo, con pérdidas de hasta 40 escaños para el partido derrotado, o de apenas unos cuantos lugares que apenas cubren el requisito para un cambio de manos.
En 2026, la ventaja de los republicanos en la Cámara Baja es mínima, al grado que se considera posible que el cambio en cinco escaños de los 435 que serán votados pondría la cámara en manos de los demócratas.
Por ahora, el consenso de los analistas políticos en Washington es que los demócratas son los favoritos para tomar el control de la Cámara de Representantes, y podrían también lograr la mayoría en el Senado, donde la mayoría republicana es de 53 a 47.
Hasta hace unos meses nadie esperaba que los demócratas tuvieran posibilidades de cambiar el Senado, pero ahora creen que tienen al menos una oportunidad, ante el descenso en la popularidad de Trump, la aprobación a su gobierno y por tanto, su capacidad para atraer votantes.
Pero faltan seis meses, y eso es mucho tiempo en política. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, Online)