Nada bien cayó en Morena que el Tribunal Electoral federal revocara la decisión de la Comisión de Honor y Justicia de ese partido que ordenaba reponer la elección de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández.
El asunto pasó prácticamente desapercibido porque Martí Batres, quien metió la queja ante esa instancia partidista, terminó por bajarse de la contienda, pero la resolución del tribunal no fue algo menor, pues obligó al partido en el gobierno a no interferir en un asunto que correspondía sólo a los legisladores. Quienes no creen en las coincidencias dicen que la molestia de los morenistas por ese fallo generó una reacción inmediata, pues tres senadores de ese partido presentaron una iniciativa para reducir el periodo a cuatro de los siete magistrados electorales. ¡Qué fuerte! (Reforma, p. 10)
Abrazos, no balazos. En Tamaulipas, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, instó a delincuentes a que “recapaciten, que piensen en ellos, pero, sobre todo, en sus familias, en sus mamás, en sus mamacitas”. Aseguró que “amenazaron a un grupo de gasolineros de que no vendieran al Ejército y a la Policía; están mal, así no es la cosa” y reiteró que en su administración se abren oportunidades de trabajo y capacitación para que no crezcan las filas del crimen organizado. Habrá a quien no le guste el tono terso del mensaje, pero es un llamado y se entiende como tal. Quien lo ignore se atendrá a las consecuencias: si delinquen, les espera la fuerza y dureza de la ley. (Excélsior, p. 11)
Que la organización de Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas, realizó con éxito su treceava asamblea en Puebla, con lo que asegura su lugar en el sistema de partidos, y todo apunta a que su primer presidente será Fernando González, su yerno y principal operador político.
La organización tiene el respaldo de cientos de maestros del SNTE y será el regreso de la maestra a las grandes ligas de la política, luego de su expulsión del PRI y su aventura por Nueva Alianza. (Milenio Diario, p. 2)
Inmuebles en desuso, abandonados, vacíos, mal aprovechados o incluso invadidos por personas ajenas es el panorama que arroja un reporte del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se da a conocer que esa institución del Poder Judicial de la Federación (PJF) posee un total de 660 edificios y construcciones, de los cuales poco más de la mitad se han destinado a servir como vivienda para magistrados y jueces.
El informe revela que contrario al porcentaje que se dedica a vivienda, la otra mitad está desaprovechado y genera altísimos costos por concepto de renta, mantenimiento y modificaciones, adecuaciones o remodelaciones. En uno de los casos, uno de los edificios del Consejo en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, no puede ser utilizado por un dictamen de Protección Civil en aquella entidad, que considera que sus potenciales ocupantes podrían correr un gran riesgo toda vez que a su lado se autorizó la construcción de una gasolinería, obra que también ya fue detenida tras de que la Judicatura presentó su inconformidad ante las autoridades estatales a fin de que a la distribuidora de combustible se le revoque el permiso de uso de suelo para dicha estación.
En tanto llega la resolución que resulte favorable para una u otra parte, este solo inmueble está generándole pérdidas al PJF por 85 mil pesos mensuales por concepto de renta a los que deben sumarse casi 4 millones de pesos por adecuaciones que se le hicieron inicialmente y que no han podido ser aprovechadas. (El Universal, Opinión, p. 12)
El parsimonioso secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, luce ausente, por omisión o ignorancia, de la crisis que literalmente aterriza sobre el sector aeronáutico mexicano, que hoy habita el territorio comanche de una guerra descarnada entre aerolíneas, insurgencia laboral, caída en el mercado de pasajeros y deterioro creciente en la calidad de los servicios al usuario.
El ingeniero Jiménez Espriú, de 82 años, especialista en refrigeración industrial, ha fracasado en mantener a baja temperatura la escalada de problemas que tiene colocado a México con una industria aeronáutica postrada, mientras el sector goza en el resto del planeta una de sus mejores épocas por la caída en los precios de los combustibles y el aumento en la demanda por parte de viajeros.
Aquí se vive el mundo al revés: los precios de la turbosina, bajo control gubernamental, siguen artificialmente altos, la competencia se libra a puñaladas, en tribunales y mediante millonarias campañas de cabildeo para desprestigiar al adversario, como ocurre por parte de Aeroméxico y sus adversarias nacionales, Interjet o Volaris, o internacionales como la árabe Emirates, que el próximo invierno disputará una tajada del pastel mexicano mediante bajas tarifas y opciones de súper lujo. (Roberto Rock L. El Universal, Nación, p. 7)
La trágica y muy lamentable versión veracruzana del “Corrido del Caballo Blanco”, se encuentra enmarcada en el pleito callejero que se traen el gobernador Cuitláhuac García y el fiscal de la entidad Jorge Winckler, pues algo que inició por “quítame estas pajas”; desde que el primero estaba en campaña para obtener el cargo que ostenta, ya había advertido su intención de echar fuera al titular de la Fiscalía General en el Estado, tan luego estuviera presidiendo el poder ejecutivo local, puesto que se trata de una herencia que le endosó Miguel Ángel Yunes Linares; rápidamente se convirtió en una bola de nieve que amenaza todo lo que está en su camino, incluida la federación, pues se hizo necesaria la intervención de la Fiscalía General de República para atender el caso del cobarde asalto al bar ubicado en Coatzacoalcos Ver., en el que perdieron la vida alrededor de treinta personas, el pasado 27 de agosto.
El triste acontecimiento, fue aprovechado, según la posición de cada uno, para “jalar agua hacia su molino”, y así el gobernador responsabiliza al fiscal porque en el anterior mes de junio, dice, dejó ir al hoy presunto multihomicida, las dos ocasiones en que miembros de la Marina lo pusieron a su disposición y Winckler se deslindó, afirmando que nunca estuvo bajo su custodia y que en realidad fue la Delegación de la Fiscalía General de la República la que liberó a Ricardo Romero Villegas, alias “La loca”, quien públicamente jura y perjura que él no fue, “que busquen por otra parte”. (Napoleón Fillat, El Sol de México, Análisis, p. 17)