Tras viralizarse en las redes sociales, el video que registra la tortura a la que fue sometido uno de los presuntos perpetradores de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, inundó los medios de comunicación.
En la escena aparece un hombre atado y vendado de los ojos, a quien se interroga causándole asfixia con una bolsa de plástico, cuestionándole de manera insistente el lugar donde fueron entregados los normalistas y a donde los condujeron, cortándose la grabación cuando se le aplica de nueva cuenta la asfixia. (Alejandro Encinas Rodriguez, El Universal, p. Nacional 15)
Alguien debería avisarle al flamante subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que un escándalo a su nombre está por estallar en Aduanas, dependencia de la que era titular hasta hace unas semanas.
Según esto, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la Unidad de Inteligencia Financiera fueron presentadas denuncias sobre el supuesto tráfico de designaciones en las aduanas fronterizas de Baja California y Tamaulipas. En el caso de Mexicali, por ejemplo, se sabe que existen hasta videos que no dejan muy bien parado al administrador Alejandro Miramontes Armenta.
Cuentan que el salpicadero llegaría hasta el propio Peralta, así como a un tal José Benito Reyes Corrales, funcionario de alto nivel del gobierno estatal bajacaliforniano. Y si no lo creen, pueden preguntar en la Administración General de Evaluación del SAT, que se encarga de investigar las denuncias contra servidores públicos y que, por este asunto, ya tiene un gordo expediente.
Y no es por espantar a nadie, pero dicen que quien se perfila para encabezar la AGE, es ni más ni menos que Renato Sales, el mismísimo ex comisionado nacional de Seguridad. (F.Bartolomé, Reforma, p. 8)
Jaime Bonilla, hasta 2024 en BC.- Lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California dictaminó en mayo pasado, el Congreso de esa entidad… se salta las trancas. Anoche, diputados de aquella entidad avalaron ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador Jaime Bonilla. La iniciativa del diputado Víctor Manuel Morán fue aprobada con 21 votos a favor y sólo un voto nulo. Al parecer, la presión ejercida por Morena tuvo mano negra en el asunto. Y de mientras, quien se encuentra feliz es el góber, pues hay que recordar que cuando se postuló para el cargo aseguraba que su permanencia no sería corta. Así que el tiempo le dio la razón. (La Razón, p.2)
El fin de semana la prensa británica divulgó una serie de reportes confidenciales enviados a su gobierno por el embajador de Londres en Washington, Nigel Kim Darroch, los cuales rápidamente levantaron polémica por la manera cruda en la que el diplomático caracteriza al presidente Donald Trump y a su gabinete. De acuerdo con los memorandos, Darroch habría informado a Downing Street que el magnate irradia inseguridad, que para tratar con él es necesario presentar cualquier punto de forma simple, que su gobierno es disfuncional, impredecible e incompetente y sus funcionaros se encuentran envueltos de manera constante en peleas a cuchilladas. (Editorial, La Jornada, p.4)
Ayer se publicó en el periódico La Jornada la nota titulada: Incumplen secretarías las medidas de austeridad, firmada por Dora Villanueva, y sobre la cual me permito señalar lo siguiente:
A partir del día 1º de diciembre de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha iniciado un proceso de diagnóstico y restructuración, por instrucción del canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, y alineado a la política de austeridad impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de las plazas denominadas Direcciones Generales Adjuntas, se determinó reducirlas a lo mínimo indispensable, considerando como criterio preponderante que las mismas cumplieran atribuciones previstas en algún ordenamiento jurídico, o que se encuentren previstas como necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que se pretende establecer en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Así pues, a mayo pasado, la SRE contaba con 28 plazas de estructura, con niveles de Director General Adjunto (L), y con 36 plazas eventuales, dando un total de 64 plazas de nivel Director General Adjunto. (La Jornada, p.4)
Vivimos una crisis de violencia con un nivel que no habíamos tenido desde la Revolución. Varias ciudades mexicanas han tenido de las tasas más altas de homicidios a nivel mundial. Ciudad Juárez (2008, 2009, 2010), Los Cabos (2017) y Tijuana (2018) han ostentado el título de “la ciudad más violenta del mundo” y muchas otras ciudades mexicanas han estado en el “top 50”.
Colombia sufrió una crisis similar a fines del siglo pasado. No se resolvió, pero disminuyó con la fuerza. En México, una estrategia similar fue contraproducente. Se podría argumentar que en otros países podría haber más violencia pero no se reporta. No importa, tenemos demasiada. Peor aún, no hay indicios de que vaya a disminuir. (Carlos Gershenson, Reforma, p.8)
Ernesto Canales fue el primer fiscal anticorrupción en el país, en el gobierno de Jaime Rodríguez, en Nuevo León, sin que su gestión fuera exitosa. Sí le sirvió, empero, para que durante casi tres años la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no procediera penalmente contra él por el presunto delito de fraude en contra de Paula Cusí, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por seis millones de dólares. Las autoridades capitalinas bloquearon la aplicación de la justicia por considerar que se confrontarían con Rodríguez. Ahora, el blindaje se acabó. El juez vigesimocuarto Penal ordenó el 24 de junio a la Procuraduría que localice, aprehenda e ingrese a Canales al Reclusorio Oriente.
Durante todo este tiempo Canales, cuya oficina para el combate a la corrupción fue disuelta por la Fiscalía neoleonesa en marzo por su ineficiencia, se declaró inocente y el gobernador lo respaldó. Desde que se revelaron los detalles del caso en este espacio en marzo de 2016, Canales acusó a quien esto escribe de mentiroso y Rodríguez sugirió que se trataba de una ofensiva de sus adversarios que estaban siendo investigados por presuntos delitos de corrupción. La imputación significaba una contradicción en el ideario de Rodríguez, pero el gobernador optó por mantenerlo en su administración pese a la docu mentación del presunto delito. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, p. 38)
Los pasados 28 y 29 de mayo en estas Historias de Reportero se publicaron dos columnas tituladas La prueba con datos oficiales de que el huachicol no bajó. Argumenté que si, como dice el gobierno, se abatió el 95% del robo de combustible, era lógico que aumentaran las ventas de gasolina y diesel de Pemex, pero resulta que las cifras oficiales de Pemex indicaban que no era el caso: las ventas, con cifras al mes de abril, ¡eran menores! Posteriormente, se sometía esta hipótesis a diferentes contraargumentos económicos (que si las importaciones, que si la desaceleración, que si las ventas de coches) y ninguno cuajaba. La conclusión: el huachicol sigue tan campante.
Las cifras que le sirven de sustento al gobierno federal para decir que ha abatido el huachicol en 95% son publicadas en el sitio http//:www.informeseguridad.cns.gob.mx/de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La fuente de dicha información es Pemex. Señala que se han dejado de robar alrededor de 77 mil barriles diarios. (Carlos Loret de Mola, El Universal, p. Nacional 2)
No es verdad que nuestra historia de lucha contra la inseguridad esté jalonada sólo de fracasos. Ha habido éxitos indudables y experiencias que demuestran que sí es posible trabajar en forma conjunta, reducir los índices de criminalidad y llegar a resultados muy positivos, aunque esas mismas experiencias demuestran que lo que ha fallado es la continuidad de políticas y estrategias, socavadas por los cambios políticos.
Veamos algunos casos. El primero y más notable fue la reducción de la inseguridad en la segunda mitad del gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León. El estado se encontraba en una situación devastadora en términos de seguridad, con por lo menos tres grupos criminales operando en la entidad y, sobre todo, en Monterrey. Fueron meses en que el temor se apoderó de la ciudad y sus calles y restaurantes estaban vacíos. Se estableció un mecanismo de cooperación y trabajo conjunto (con un papel destacadísimo de Jorge Tello Peón) en el que participaron el gobierno federal, el gobierno local, la policía federal, el Ejército y, sobre todo, un organismo de la sociedad civil, encabezado por los principales empresarios de la entidad, que pusieron, además de su esfuerzo, su dinero, para la construcción de lo que se llamó la Fuerza Civil, una policía local construida a imagen y semejanza de la Policía Federal, con una importante participación militar, que logró reducir dramáticamente los índices delictivos en la entidad, sacar a los principales grupos del crimen organizado de la ciudad y recuperar el control de la misma. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, p. Principal 12)
Arsenal // Amenaza para el Presidente
Va el contenido del mensaje que Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, le mandó a Clara Torres, entonces encargada del Programa de Estancias Infantiles del gobierno federal, el pasado 5 de febrero de 2019, a las 11:50 AM: “Clara, te cité para informarte que cancelaremos las estancias infantiles porque son una amenaza para el presidente López Obrador”, decía el texto.
Torres, quien renunció a su cargo 11 días después de recibidas las observaciones de Montiel, nos mandó un agregado que cuestiona los señalamientos de la 4T en el sentido de que en las estancias infantiles hay corrupción. “Por eso nunca van a encontrar el millón y medio de irregularidades que dicen”, subraya.
Quedamos desconcertados con los argumentos de la subsecretaria. ¿De qué manera las estancias de niños pueden ser una amenaza para el Presidente?, nos preguntamos. (Francisco Garfias, Excélsior, p. Principal 4)
La reunión de ayer del Consejo Nacional de Seguridad Pública, era la última oportunidad del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, de hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ninguna otra fecha asoma en el calendario cívico-político para abrirle la puerta presidencial –así sea en un evento amplio y público- para abrirle la puerta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), antes de que termine su gestión en noviembre próximo.
Y no, no hubo oportunidad de hablar frente a frente. López Obrador no asistió a la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad en la que habló González Pérez. El Presidente apareció en el Salón Tesorería del Palacio Nacional hasta minutos después de la exposición del ombudsman y de los gobernadores –mismo lugar y mismos asistentes-, para instalar la primera sesión de la Comisión Nacional de Protección Civil. (Martha Anaya, El Heraldo de México, p. Nacional 5)
Regaño presidencial a gobernadores Nos dicen que tremendo jalón de orejas presidencial se llevaron por adelantado los gobernadores del país ayer durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Nos hacen ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su enojo contra mandatarios estatales que han pedido recursos del fondo de desastres naturales, sin necesitarlos. En la reunión en Palacio Nacional el presidente advirtió que todos los recursos serán fiscalizados porque algunos hacían negocio con la tragedia de la gente, o muchas veces se buscaba que se hicieran declaraciones de emergencia para poder otorgar contratos sin licitaciones. Y aunque AMLO no particularizó ningún caso, nos comentan que la intención del mensaje era que después de la reunión ciertos gobernadores piensen dos veces antes de solicitar este tipo de apoyos por parte del gobierno federal ahora que está por llegar la temporada de huracanes. (El Universal, p. Nacional 2)
Que el presidente Andrés Manuel López Obrador va en serio con la idea de comenzar a exhibir con nombre y apellido a los jueces que están concediendo amparos contra sus proyectos y aquellos que obstruyen el avance en investigaciones, por lo que así lo advertirá en una carta amistosa que quiere enviar hoy mismo al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Y es que el amparo concedido al ex titular de la Policía Ministerial Carlos Gómez, quien tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Seguridad Pública de Michoacán, para que ni siquiera sea llamado a comparecer luego del video de tortura a uno de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, obstaculiza la promesa presidencial de esclarecer el caso y dar justicia. (Milenio Diario, p. 2)
Código de conducta. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tiene la razón cuando enfatiza que todas las corporaciones policiales deben tener disciplina absoluta, y señaló que los buenos elementos que existan en la Policía Federal tienen un lugar dentro la Guardia Nacional. No es amenaza, pero llegó la hora de sacudir el árbol. “Las corporaciones policiales deben tener disciplina operativa absoluta. Sin disciplina ni mando no se puede hablar de una institución de seguridad”, advirtió. “La sociedad nos reclama, a la clase política en su conjunto, una nueva ética, nos reclama también construir un solo frente contra la violencia y avanzar juntos, sin repartir culpas ni eludir responsabilidades”. ¿Insurrecciones en la PF?, ¿pues desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? (Excélsior, p. Principal 15)