Robó, huyó… y ¿lo pescarán? (La Jornada, Contraportada)
EL DECRETAZO de Andrés Manuel López Obrador confirma lo que tanto se temía en la 4T: la Guardia Nacional fue un fracaso. Y no es cuestión de política, sino de aritmética.
LA ORDEN presidencial de incorporar a la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, obedece principalmente a que sin soldados y marinos, esa corporación quedaría en los huesos.
DE ACUERDO con la reforma que le dio vida, los elementos castrenses deben reincorporarse a la Sedena y a la Marina al concluir este sexenio. ¿Y por qué no los quiere devolver AMLO? Porque se quedaría con apenas 23 mil efectivos en la Guardia Nacional, ya que los otros 90 mil, en realidad, son militares. Un fracaso en resultados y en su integración.
ESTO quiere decir que el gobierno fue incapaz de convencer a mujeres y hombres de sumarse a su proyecto de seguridad. Pero, sobre todo, que contrario a lo que se ha dicho en Palacio Nacional, este gobierno se sostiene gracias a las Fuerzas Armadas, no al apoyo popular.
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GRAN ALEGRÍA causó la versión de que Elena Álvarez-Buylla podría dejar el Conacyt para irse a la SEP. La alegría, por supuesto, fue del sector científico nacional que ya no puede más con la doctora que cree que existe la “ciencia neoliberal”.
Y ES QUE con todo y que fue Premio Nacional de Ciencias, Álvarez-Buylla ha dedicado su gestión en el Conacyt a ir en contra del conocimiento, al privilegiar la ideología sobre la ciencia. Su legado no es como para un Nobel: una persecución judicial contra científicos, el desmantelamiento de apoyos para profesores universitarios, la imposición irregular de un director en el CIDE y, claro, la farsa de los respiradores y la vacuna Patria para el Covid-19.
PERO, sin duda lo más escandaloso de su gestión es el saqueo de los recursos para ciencia y tecnología, para entregárselos a las obras favoritas del Presidente. Apenas el viernes pasado, tuvo una reunión virtual con legisladores y ahí reconoció que el apoyo a académicos terminó en las pistas del desolado AIFA, por ejemplo.
SI LA IDEA es terminar de demoler a la Secretaría de Educación Pública, la designación de Elena Álvarez-Buylla es más que merecida.
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TAL Y COMO dice el Presidente, en el norte de México hay sequía y en el sureste lo que sobra es agua para que se instalen allá las empresas cerveceras. El problema, sin embargo, es que no hay la suficiente infraestructura, ni abasto eléctrico y mucho menos certeza para las inversiones. Gracias a las empresas cerveceras mexicanas, nuestro país es el primer exportador de este producto en el planeta. Además, se generan 55 mil empleos directos y más de 700 mil indirectos, por lo cual sería bueno que AMLO platicara con el sector cervecero antes de seguir derramando la espuma de las ocurrencias. ¡Salud! (F. Bartolomé, Reforma, opinión, p. 10)
Pasan a la báscula al titular de Aduanas
La mañana del pasado sábado, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llegó el jefe de las Aduanas, Horacio Duarte, para abordar un avión comercial rumbo a Manzanillo, Colima, para acompañar al presidente López Obrador a una supervisión en ese puerto. Nos detallan que poco antes de las 8 de la de la mañana, don Horacio llegó a la sala 20 y se formó para abordar la aeronave. En ese momento, una trabajadora de seguridad le indicó a Duarte que saliera de la fila para hacerle una revisión. Un poco sorprendido, el exaspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura del Estado de México accedió a esta revisión, la cual para muchos pasajeros es molesta, pues tienen que sacar todos los objetos que lleven en el equipaje de mano, y esperar a que los encargados de seguridad les pasen un detector de metales por el cuerpo. Nos aseguran que la revisión no fue un asunto armado y que es casi un hecho que el empleado de seguridad no tenía idea de que al pasajero que pasó por la báscula es el machuchón de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Reunión de corcholatas del Edomex
El pasado viernes hubo una comida para celebrar el cumpleaños de Anuar Azar Figueroa, el presidente del PAN en el Estado de México, a la que asistieron priistas y panistas. Nos dicen que en la mesa principal estuvieron el propio festejado, así como Enrique Vargas, destapado abanderado panista al gobierno del Edomex, Alejandra del Moral y Laura Barrera, dos de las aspirantes priistas a la candidatura tricolor a la gubernatura, entre otros invitados. Nos cuentan que se hablaron varias cosas, pero la principal, es que coincidieron en que no habrá rompimiento, ni con el gobierno que encabeza Alfredo del Mazo, ni con el compromiso de las tres fuerzas políticas de construir una alianza para enfrentar a la candidata de Morena, Delfina Gómez, quien ya está designada por su partido para buscar arrancarle a la oposición, en 2023, la entidad cuyo peso electoral es clave para ganar la elección presidencial de 2024.
La extraña ausencia de la secretaria del Trabajo en la mina
Son varias las teorías acerca de la razón por la que no se ha visto a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estar cerca de las labores de rescate de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Una de ellas, nos hacen ver, es que no quieren que el nombre y la imagen de doña Luisa se asocie con la tragedia de la mina, y que vengan preguntas incómodas sobre qué ha hecho la dependencia a su cargo para evitar que este tipo casos sigan sucediendo. Aseguran que es posible que dentro del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación estén pensando en la joven funcionaria federal para alguna candidatura y que no quieren que la corcholata se le vaya a abollar. Otros señalan que la ausencia no tiene nada de extraño, sino que se debe, simplemente, a que la titular de la Secretaría del Trabajo tiene, precisamente, mucho trabajo, y una agenda muy apretada.
Incómoda memoria de las benditas redes sociales
“No es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de seguridad”, esas fueron las palabras del Andrés Manuel López Obrador de 2010, y que ayer se hicieron virales en las redes sociales. Diversos usuarios criticaron el cambio de discurso del primer mandatario, quien 12 años después anunció ayer que publicará un decreto para que la Guardia Nacional, que estaba concebida como una institución civil, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el video de más de 2 minutos, López Obrador dice que la solución es atender las causas sociales como dar empleos y atender a los jóvenes. Y remata: “No podemos aceptar un gobierno militarista (…) que regresen los soldados a los cuarteles”. Las benditas redes sociales tienen una incómoda memoria, nos hacen ver. (El Universal, Nación, p. 2)
Nueva encomienda
Importante anuncio hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador; dio a conocer que la administración de la Guardia Nacional quedará en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Rosa Icela Rodríguez, le dio otra titánica encomienda: limpiar las cárceles, agilizar indultos y amnistías, y que los inocentes obtengan su libertad lo antes posible.
Camina el Tren Maya
A la par de esa noticia surgió, otra de relevancia también para la 4T: un juez destrabó impedimentos legales para continuar con las obras del Tren Maya. Javier May, titular de Fonatur, informó que quedaron sin efecto dos suspensiones definitivas; es decir, ya van cinco de seis, y están más cerca de eliminar todos los obstáculos legales para continuar con la emblemática obra.
Rehabilitación sin clausura
La decisión está tomada: no detendrá operaciones la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su director, Carlos Ignacio Velázquez, dio a conocer que los trabajos de rehabilitación continuarán sin poner en riesgo la integridad física de pasajeros nacionales y extranjeros. Se busca seguir prestando el servicio y no afectar la venta de boletos.
Rosario continúa en prisión
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga por delincuencia organizada y lavado de dinero, la exfuncionaria tramitó un amparo. Un juez le concedió una suspensión definitiva, pero ésta no impide que puedan ejecutar el mandamiento judicial y, por lo pronto, se mantendrá en prisión.
Sigue la escasez de chips
La falta de microprocesadores continúa generando estragos en la industria automotriz nacional e internacional, y aunque ha disminuido su déficit, la producción de vehículos en plantas de México, representadas por José Zozaya en la AMIA, continúa estancada. La esperanza es que todo comience a normalizarse, pero se prevé que será hasta la segunda mitad de 2023. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados autorizaron entregar a la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz, los archivos de la comisión para el seguimiento a las investigaciones de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, que operó durante la 57 Legislatura, entre 1997 y 2000. A petición del propio Ministerio Público, los legisladores accedieron a desempolvar los documentos que, casi tres décadas después de los magnicidios, han generado un renovado interés de la instancia encargada de la procuración de justicia.
Que por cierto, los órganos de gobierno en el Palacio de San Lázaro palomearon el acceso de un particular a los expedientes de la llamada Comisión Conasupo, aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, precisó que la Dirección de Archivos revisará previamente tanto ese archivo como el de los homicidios de los dos líderes priistas para evitar la divulgación de datos personales o eventuales procesos en curso que, por ley, deban seguir en reserva.
Que mientras Ricardo Monreal presentó en Anenecuilco, Morelos, su plan nacional hacia la sucesión, con énfasis en respeto al estado de derecho, instrumentos electorales modernos e interlocución con organizaciones sociales, el canciller Marcelo Ebrard se comprometió en Bogotá, donde estuvo acompañado por Beatriz Gutiérrez Müller, a enviar al consejero jurídico de la SRE para explicar los alcances de la demanda contra las armerías de EU.
Que apenas la semana pasada dos comisionados del INAI, Josefina Román y Francisco Javier Acuña, fueron víctimas de la ciberdelincuencia, les jaquearon los celulares y usurparon sus cuentas de WhatsApp para intentar extorsionar a los contactos, y hoy martes ellos dos, junto con otros servidores, participarán en el foro “Las mejores prácticas como alternativa para elevar el nivel de protección de datos personales en el sector público”… Alguna lección sabrán compartir. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Los peores gobernadores
Nos recomiendan echarle un ojo al ranking que ayer dio a conocer la organización México Elige, en donde los tres gobernadores con menor aprobación del país son David Monreal, de Zacatecas; Indira Vizcaíno, de Colima, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos. Vaya tercia, y no precisamente de reyes. Monreal tiene 27.7 por ciento de aprobación; Vizcaíno, 29.2 y el Cuau, 35.3. Los tres tienen en común los elevados índices de incidencia delictiva, al grado de que las entidades que gobiernan siempre aparecen en todas las mediciones negativas. Pero también comparten —nos dicen— su escasa capacidad de reacción ante el repunte de los crímenes y su falta de sensibilidad ante las tragedias humanas derivadas del mismo fenómeno. El estudio en comento refleja lo que sus gobernados piensan de ellos. Uf.
Estrechando lazos con Petro
Buena proximidad, nos comentan, la que está logrando el Gobierno de México con la naciente administración de Gustavo Petro en Colombia. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez, tuvieron un encuentro en Bogotá con el nuevo mandatario, a quien el primero le entregó dos bastones de mando de pueblos originarios y afrodescendientes de México. Petro, por su parte, envió un mensaje, en el que dio cuenta de que las historias de su país y el nuestro generalmente son comunes, interconectadas. “Dos pueblos grandes pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoamericana”, dijo. Además, habló de su admiración por Benito Juárez y recordó que Colombia fue quien le otorgó el título de Benemérito de las Américas.
Enfrentan efectos de pandemia
Y fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, el que anunció ayer el inicio de PrevenIMSS+, reforzado programa enfocado a la prevención, con el que se busca hacer frente a los impactos de la pandemia en la salud de los mexicanos. “Mucho de esto se puede convertir en una tormenta si no tomamos decisiones a tiempo: hábitos más sedentarios, incremento del peso de las personas, junto con una disminución tan importante por parte de los prestadores de servicios, a ese nivel de riesgo estamos si no tomamos las decisiones el día de hoy”, advirtió Robledo. En nuestro país, la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad se ha duplicado en los últimos 20 años en la población de 5 a 11 años; ha crecido un 80 por ciento en adolescentes de 12 a 19 y 30 por ciento para la población de 20. Así que la estrategia, nos comentan, es más que oportuna.
Sandra Cuevas… ¿con qué cara?
Llama mucho la atención, nos dicen, la actitud que asumió ayer la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien hasta se vistió de blanco –según ella misma “como símbolo de paz y unión”— para hacer un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a “arreglar las cosas” y a trabajar “de manera coordinada” en el rescate de la Plaza Garibaldi. Son numerosos los conflictos en los que Cuevas se ha enfrascado, varios de los cuales se han convertido en litigios en el campo administrativo y penal. En más de una ocasión, Cuevas ha incurrido en excesos en el ejercicio de su encargo, en un desafío permanente al gobierno central. Y si, ayer la alcaldesa extendió la mano en busca de conciliar. Pero después de haber estado duro y duro torpedeando la institucionalidad, difícilmente alguien se la va a tomar, nos hacen ver.
Beatriz, brillante: Añorve
Recién destapada como posible presidenciable, la senadora Beatriz Paredes ya obtuvo de uno de sus compañeros de bancada en el Senado, un importante mensaje de reconocimiento por su decisión. Hablamos del guerrerense Manuel Añorve, quien detectó que con mucha valentía la tlaxcalteca ha levantado la mano para ser tomada en cuenta en el PRI. “Tiene amigos en todo el país, es una mujer de centroizquierda, muy brillante, nadie le puede regatear méritos, fue gobernadora, presidenta del PRI”, recordó Añorve en una entrevista radiofónica, al tiempo que destacó el gusto con que recibió la noticia porque, refirió también, da cuenta de cómo en el tricolor hay cuadros relevantes, hombres y mujeres, que pueden participar con una precandidatura en un momento decisivo para el país. Ahí el dato.
Que va a ser Álvarez-Buylla
Anoche comenzó a circular muy fuerte la versión de que el cambio en la Secretaría de Educación Pública estaría listo. La inminente salida de la maestra Delfina Gómez para buscar la gubernatura del Estado de México provocará un nuevo cambio en el gabinete del Presidente López Obrador. Varios nombres se barajan pero, de acuerdo con el periodista Mario Maldonado, sería la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien llegaría a ocupar la silla de Vasconcelos. De inmediato las benditas redes se encendieron, pues si algo ha caracterizado a la funcionaria es su facilidad, según los menos críticos, de meterse en cuanta. (La Razón, La Dos, p. 2)
Ha sido la aspiración de por lo menos los últimos tres gobiernos nacionales la creación de un cuerpo policiaco nacional con decenas de miles de integrantes que colaboren con los cuerpos de seguridad locales pero que sean ellos quienes se ocupen de la estrategia general.
Lo intentó Felipe Calderón con la Policía Federal. El esfuerzo fue boicoteado primero desde dentro del gobierno por aquellos que no querían soltar sus áreas de investigación policiacas como la procuraduría y algunas partes de las Fuerzas Armadas y después por el PRI que se opuso desde lo local a cualquier esfuerzo para crear ese cuerpo nacional.
Lo intentó Peña Nieto y estuvo en el Pacto por México la creación de la Gendarmería que tuvo aún peor destino que los esfuerzos calderonistas porque, entre otras cosas, el Ejército no quiso colaborar con su creación a partir de que Peña le pasó la responsabilidad del cuerpo de seguridad a la secretaría de Gobernación.
López Obrador tomó otro camino. Como lo había anunciado en su libro antes de la campaña, tiene claro que tenemos un ejército robusto, más grande que el que se necesitaría en estos tiempos y aprovechó esos reclutas para hacer crecer la Guardia Nacional a los números que tiene hoy.
Ha sido la aspiración de por lo menos los últimos tres gobiernos nacionales la creación de un cuerpo policiaco nacional con decenas de miles de integrantes que colaboren con los cuerpos de seguridad locales pero que sean ellos quienes se ocupen de la estrategia general.
Lo intentó Felipe Calderón con la Policía Federal. El esfuerzo fue boicoteado primero desde dentro del gobierno por aquellos que no querían soltar sus áreas de investigación policiacas como la procuraduría y algunas partes de las Fuerzas Armadas y después por el PRI que se opuso desde lo local a cualquier esfuerzo para crear ese cuerpo nacional.
Lo intentó Peña Nieto y estuvo en el Pacto por México la creación de la Gendarmería que tuvo aún peor destino que los esfuerzos calderonistas porque, entre otras cosas, el Ejército no quiso colaborar con su creación a partir de que Peña le pasó la responsabilidad del cuerpo de seguridad a la secretaría de Gobernación.
López Obrador tomó otro camino. Como lo había anunciado en su libro antes de la campaña, tiene claro que tenemos un ejército robusto, más grande que el que se necesitaría en estos tiempos y aprovechó esos reclutas para hacer crecer la Guardia Nacional a los números que tiene hoy. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frete, p. 2)
La Guardia Nacional jamás fue un cuerpo civil. Desde un inicio, el régimen obradorista buscó la manera de burlar la ley. Ahora pretende, a punta de decretazo, violar la Constitución y conseguir lo que no logró por la vía democrática y el Estado de Derecho.
Veremos de qué están hechos las y los ministros. El pleno de la Corte sigue siendo un cuerpo colegiado plural, contrapeso del caduco y amenazante sistema presidencialista.
Huecas quedaron las palabras del Ejecutivo: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Lejos quedó el líder social que señaló el peligro de usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Arrumbado quedó el López Obrador de hace no tantos años: “El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una República militar, sino a una República civilista… Nos debe servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social… Cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando de que en ese gabinete está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el Procurador, debería de estar el secretario del Desarrollo Económico, el secretario de Educación, el secretario de Salud… Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no le vayan a otorgar facultades excesivas al Ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista… Es toda una estrategia fallida… Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Que no se utilice al Ejército con ese propósito. Hay que cuidar a la institución militar. Que regresen los soldados a los cuarteles”: decía Andrés Manuel en abril de 2010. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Un acuerdo o decreto presidencial no puede ir contra lo que establece la Constitución y eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presidente López Obrador, cuando intentó blindar las obras de la 4T para evitar las licitaciones públicas, es decir, la mayoría de los ministros no permitieron que ocultara la información bajo la excusa de tratarse de “seguridad nacional”.
El anuncio de López Obrador, de sacar un nuevo decreto para que la Guardia Nacional dependa del Ejército, provocó un nuevo choque en el Poder Legislativo y un nuevo regalo del Presidente a las Fuerzas Armadas, luego de que en lo que va del sexenio se le han concedido más de 30 facultades a la milicia, desde el manejo de los Duti Fri y la administración de aeropuertos, puertos marítimos, obras públicas, combate al huachicol y múltiples funciones que perdieron después de la Guerra Sucia o que nunca tuvieron y ahora han ganado sin contrapesos de revisión.
El 24 de diciembre de 2016, el periodista y productor Epigmenio Ibarra tuiteó: ¿México bajo la bota militar? ¿Permitiremos al Congreso legalice golpe de Estado? ¿Toleraremos este retroceso? En un segundo tuit agregó: Impedir que México caiga bajo la bota militar, regresar el ejército a los cuarteles es un deber, la tarea más urgente. El propio Epigmenio hoy se contradice y defiende cada acción del mandatario, aunque contradiga sus pensamientos, en tiempos que estuvo activo como opositor y es la muestra de la representación del movimiento.
Consulté al abogado constitucionalista Francisco Burgoa sobre el anuncio de decreto del presidente: “El artículo 21 constitucional es clarísimo: la Guardia Nacional tiene el carácter civil y trasladarla a la Sedena implicaría que deje ese carácter para convertirse en militar. Sería ilógico que la Sedena tenga un órgano civil bajo un mando militar. Si se quiere incorporar la GN a la Sedena , entonces, tendría que existir una reforma constitucional. ¿Se podrá impugnar? Los particulares podrán impugnar el acuerdo o decreto mediante demandas de amparo indirecto ante un Juez de Distrito y eso implica la posibilidad de que el asunto llegue hasta la SCJN.
Dice Burgoa que al existir una invasión a la esfera de la competencia del Poder Legislativo Federal, los presidentes de ambas mesa directivas de la Cámara baja y del Senado podrían presentar demandas de controversias constitucionales, sin embargo, se ve difícil que eso ocurra, dado que los presidentes son de Morena.
Con esta decisión se deja de manifiesto que no se quiere respetar el principio de división de poderes, ni la Constitución, ni las leyes que de ella emanan que juró cumplir y hacerlas cumplir. Es desafortunado que haga realidad su dicho de hace unas semanas: “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
Uppercut: Mariela Gutiérrez, ex aspirante de Morena al gobierno del Edomex, es de las primeras aliadas de la aún secretaria de Educación Pública que empezó los acercamientos para apoyarla a formar la coordinación de Defensa de la 4T en la entidad. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 7)
El accidente en el pozo de carbón en Sabinas, donde se lucha por rescatar con vida a 10 mineros atrapados desde hace una semana, tiene un daño colateral: el poderoso grupo Coahuila y el gobernador Miguel Riquelme. Todos los caminos de los probables responsables del siniestro –por las pésimas condiciones laborales y la falta de supervisión gubernamental– conectan con el gobernador y lo colocan en una situación incómoda que estará pronto a salir a la opinión pública.
El impacto político, sin embargo, se empezará a dimensionar en la medida en que se vayan dando a conocer los detalles de los propietarios de la concesión y de los contratos, como parte de la investigación que inició desde el domingo la Fiscalía General de la República, y sus vinculaciones con funcionarios estatales y federales. Qué tanto el golpe se quedará en Riquelme y el grupo Coahuila; qué tanto en el gobierno federal, dependerá de cómo el gobernador logre sacudirse el golpe y pueda trasladarlo a la Ciudad de México.
No va a ser fácil. Sabinas ha estado gobernado históricamente por políticos del PRI, y muchos de ellos han estado asociados a la minería. “En Sabinas, todos están metidos en la minería”, dice una persona con profundo conocimiento del tema. “La mitad tiene minas, y la otra mitad trabaja en ellas”. En una de ellas, en el complejo minero del ejido Las Conchas, en la comunidad de Agujita, se dio el derrumbe que atrapó a los 10 mineros.
El título de explotación minera de Las Conchas está a nombre de Claudia María Iribarren González. Sin embargo, existe otro título de concesión a nombre de la Compañía Minera El Pinabete, SA de CV, que es la actual concesionaria del pozo de carbón, de acuerdo con la Secretaría de Economía, donde sus accionistas formales son Héctor Villarreal González y Héctor Villarreal Beltrán. Los beneficiarios de la explotación de la mina, sin embargo, han sido otros.
La información que tiene el gobierno federal confirma que los contratos del pozo de carbón los ha realizado la empresa Beneficios Carboníferos AJ, SA de CV, propiedad de Régulo Zapata Jaime, donde su hijo, Régulo Zapata Morales, es también socio. La empresa ha obtenido contratos por más de 250 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad, bajo la gestión de Manuel Bartlett.
Zapata Jaime fue presidente municipal de Sabinas, y en los últimos días ha negado ser propietario del pozo de carbón siniestrado. Técnica y legalmente, tiene razón. Por una parte, quien aparece como “patrón” ante el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo federal es Cristian Solís Arriaga, de 27 años, y sobre el cual no hay información que permita corroborar su solidez económica. Por el otro, el título de concesión, de acuerdo con los datos disponibles, no lo tiene Zapata Jaime, sino originalmente Iribarren González, que es pariente de su esposa, Martha Carolina Morales Iribarren, que también fue alcaldesa de Sabinas.
Morales Iribarren terminó su gestión en 2009, tras lo cual el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, la invitó a ser subsecretaria de Turismo. De ahí, el gobernador Rubén Moreira la hizo diputada local. Su sucesor, Riquelme, la designó subsecretaria de Trabajo en febrero del año pasado, con el objetivo, dijo en ese entonces el gobernador, de “reforzar la región carbonífera”. No le importó al gobernador el conflicto de interés que ello implicaba, al trabajar y operar en una industria donde sus familiares son parte importante de la misma, con el potencial para colusión o corrupción.
Los amarres políticos de Zapata Jaime no impidieron que tampoco, en lo que va del sexenio, la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel Bartlett, le haya dado contratos por cuando menos 250 millones de pesos, para la compra de carbón. Tampoco fue motivo de reconsideración, que la familia esté involucrada en escándalos mineros. Un sobrino de él, Álvaro Jaime Arellano, que también aparece en las tarjetas en poder del gobierno federal, provocó en 2016 un conflicto social en la comunidad de Cloete, en el mismo municipio de Sabinas, donde el entonces regidor, y heredero del título de concesión, provocó socavones en una zona donde había viviendas de interés social. Las autoridades federales le cancelaron la concesión, pero sigue trabajando en el carbón.
Otro cabo suelto es el hijo de Zapata Jaime y Morales Iribarren, Régulo Zapata Morales, contratado por su primo Francisco Morales Purón para trabajar en Parque Fundidora, en Monterrey, donde Aída Araceli Acuña Cruz, que fue diputada local del PRI en Tamaulipas y trabajó en el gabinete del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, es la contralora. En aquel entonces, su esposo era el delegado del ISSSTE –actualmente es empresario– y se enfrentó con el entonces diputado y exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
El siniestro en Las Conchas puede afectar a Bartlett, aunque de manera relativa, y a la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, por las fallas que pudo haber tenido en la vigilancia y supervisión de las condiciones laborales en la región carbonífera. En todo caso, la tragedia está comenzando a mostrar el árbol político genealógico del grupo Coahuila que, sin ser un paraguas consolidado como fue Atlacomulco, es considerado como la mejor maquinaria electoral del PRI en la actualidad.
El principal golpe probablemente será sobre Riquelme, quien hasta ahora no ha trasladado ninguna responsabilidad al gobierno federal, pero ha guardado silencio sobre las ramificaciones que tiene la industria y la autoridad de Sabinas con su administración y el PRI. El gobernador ha actuado con rapidez en la tragedia, pero en sólo un plano. Tiene que explicar cómo a una protegida de los Moreira –aunque los hermanos estén hoy peleados–, que él adoptó como parte de su administración, la promovió a un cargo donde ignoró que había conflicto de interés y un potencial para que le explotara en las manos, lo que finalmente sucedió, sin que la tragedia haya concluido todavía. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 32)
Tres años, ocho meses y siete días después de protestar que guardaría y haría guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó públicamente que la Carta Magna le queda chica a sus propósitos. En su conferencia mañanera de ayer anunció que emitirá un acuerdo del Ejecutivo por el que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa”, adelantó. El problema es que la Constitución, en su artículo 21, establece, sin margen de interpretación, que la Guardia Nacional —creada en su periodo— es un cuerpo de seguridad civil y debe estar encuadrada en la secretaría a cargo de la seguridad pública. Ése fue el texto que la oposición aceptó para que López Obrador pudiera hacer bueno el compromiso que había hecho en su campaña electoral. La reforma fue publicada en marzo de 2019 y la ley reglamentaria, en mayo. Sin embargo, al año siguiente el mandatario comenzó a regatear el carácter civil que el Congreso había conferido a la Guardia Nacional, en un decreto en el que se establece que las Fuerzas Armadas sigan participando en tareas de seguridad pública “durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.
Así, el tabasqueño hizo suya la estrategia de seguridad de sus antecesores, que él había rechazado desde su campaña electoral de 2012, cuando prometió que los soldados volverían a sus cuarteles. El 19 de junio de 2020, mes y medio después de la publicación de aquel decreto, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas Hernández, presentó una controversia constitucional, considerando que existían “razones fundadas” para que fuera revisado por la Suprema Corte, cosa que a la fecha no ha ocurrido. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Razones // Guardia Nacional y espectros sexenales
Ayer, el presidente López Obrador anunció que, por decreto, incorporará la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que, además, hará adecuaciones, no explicó cuáles, para que la Secretaría de Seguridad, que ya no tendrá capacidades operativas, hoy no las tiene, se transforme en una secretaría de seguridad y justicia.
Yo sí estoy de acuerdo con que la Guardia Nacional se incorpore institucionalmente a la Defensa, más allá de que así funciona, en los hechos, desde el día uno de su creación. Pero no por las causas que esgrime el presidente López Obrador, que está tan obsesionado con borrar el pasado que, hasta cuando tiene razón, se equivoca.
No es porque haya que garantizar que estando bajo mando civil “no se corrompa”, como dice el Presidente que se corrompió la Policía Federal. Sin duda, existen más controles en la Defensa que en la mayoría de las instituciones civiles, pero, en todo caso, lo que habría que mejorar serían esos mecanismos de control en las instituciones del Estado que, sin razón, hoy están siendo progresivamente desmantelados. Pero hay policías que dependen de mando civil que funcionan muy bien, como la de la Ciudad de México o la de Yucatán.
Ésa no es, no debe ser, la razón de la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena. Lo es la creación de un sistema institucional fuerte, sólido, que permita, sobre esa base (y la misma sí la tienen por encima de otras instituciones la Defensa y el Ejército), construir lo que no tenemos: un sistema policial nacional que abarque los tres niveles de gobierno. Ése debe ser el objetivo, desde ese punto de vista entonces tiene toda la razón de ser la incorporación plena de la Guardia Nacional a la Defensa. No inventamos nada: es el modelo de Colombia con una eficiente Policía Nacional incorporada a la Defensa.
Es lo mismo que se buscaba con la Policía Federal y que nunca pudo concretarse porque no hubo apoyo político para hacerlo, porque existen muchos intereses en que la seguridad interior esté balcanizada, dividida y porque concebimos la seguridad como algo sexenal. Lo propuso muchas veces el presidente Calderón y fue rechazado por las fuerzas políticas, incluso dentro de su propio partido. Después de Ayotzinapa, también lo propuso el presidente Peña Nieto, en un movimiento que impulsó el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, pero ni siquiera se llevó el tema al Congreso. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
Guardia Nacional: ¿y la Constitución? // Debe ser civil, con plazo fijado // Acuerdo presidencial, insuficiente // La Corte deberá resolver
La aprobación legislativa, y social, de la Guardia Nacional (GN) fue destrabada mediante la promesa, consignada en la Constitución, de que sería un organismo de orientación civil que pasaría progresivamente de una primera integración pragmática con militares a una institucionalidad civil consolidada. Tal promesa se ha ido diluyendo, pues en un giro contrario a sus planteamientos como candidato presidencial y a los ofrecimientos que hizo como presidente promotor de tal cuerpo armado, Andrés Manuel López Obrador anunció un año atrás que enviaría al Congreso una iniciativa de reformas para que tal GN pasará abiertamente al Ejército.
El choque entre el obradorismo y sus opositores, que arreció a partir de la negativa de PRI, PAN y PRD a aprobar una nueva ley energética, llevó a estos partidos a proclamar que no avalarían ninguna de las tres reformas constitucionales que intentaría Palacio Nacional, entre ellas la de la GN. Ante esa negativa cantada, López Obrador ha recurrido a un mecanismo factual que ayer precisó: que por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo (https://bit.ly/3BLo03w). (Julio Astillero, La Jornada, Política, p. 8)
Hace dos años, el 20 de agosto de 2020, en el espacio de Latinus que encabezo, revelamos los videos en los que se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente de México, recibiendo sobres de dinero en efectivo clandestinamente. Dinero que formaba parte de una serie de entregas millonarias programadas. Dinero que Pío aceptó haber recibido y utilizado. Dinero que según el presidente eran aportaciones para la creación de Morena. Dinero que el hermano del presidente dice en el video que es para Andrés Manuel.
Han transcurrido dos años desde que el presidente confesó que tenía conocimiento del destino del dinero, dos años desde que expresó que no metería las manos al fuego por nadie. Dos años desde que se puso a prueba su palabra, dos años de que su gobierno tuvo la oportunidad de demostrar que la corrupción y la impunidad se podían terminar casi por decreto, como él lo había imaginado. Dos años… y nada.
El caso lo tiene en sus manos la Fiscalía General de la República y su titular ha maniobrado con el tema durante los mismos dos años sin decidir si lo imputan por delitos electorales… o lo dejan navegando en la impunidad. La FGR se ha negado a dar la información necesaria al INE para que éste pueda proceder con la indagatoria que les corresponde. Se han utilizado todo tipo de tácticas dilatorias y cambios de dirección. Tanto así que en junio de este año el hermano del presidente, denunció al fiscal Gertz por incumplir con los tiempos para determinar si se ejercerá la acción penal el caso.
Hace unos días, el abogado que representa a Pío López Obrador, en entrevista con Azucena Uresti, reveló que Pío le dijo que Andrés Manuel sabía todo, que el presidente de México debe ser citado a declarar, pues asegura que si alguien tiene todos los detalles del caso es él. ¿Se está debilitando la lealtad consanguínea? ¿Se habrá cansado Pío de poner el pecho a las balas cuando el dinero llegó a su hermano el presidente? ¿Le estarán dando ganas a Pío de que su poderoso hermano rinda cuentas?
Ya veremos en qué termina todo, pero a manera de ejercicio, vale la pena recordar los últimos casos:
Exonerado Bartlett que dicen que no incurrió en conflicto de interés, enriquecimiento ilícito ni tráfico de influencias por no haber declarado 23 propiedades, suyas, de su pareja y de sus hijos. Irma Eréndira, autoexonerada por su Secretaría sin siquiera investigar sus millonarias propiedades. José Ramón, exonerado del conflicto de interés. Martinazo, el otro hermano captado en video con sobres amarillos, nada. Gertz, con su lista de denuncias, nada. Para los incómodos, toda la persecución. Para los cercanos, nada.
SACIAMORBOS
Paradoja estrella: Pío, que recibió el dinero ilegal, denuncia al periodista que reveló los videos que lo exhiben; Andrés Manuel, para quien era el dinero según los propios videos, acusa al mismo periodista ¡de corrupto! (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 5)