HAY QUE reconocerlo: Marcelo Ebrard es de los pocos funcionarios que puede decir “misión cumplida”. Porque tal y como se lo encargaron, el canciller logró que México comience a recibir las primeras vacunas contra el Covid-19 a la par de los países más desarrollados.
AL TIEMPO que ayer inició en Reino Unido la vacunación, acá se informó que el país tiene acceso a nueve proyectos internacionales de vacunas, forma parte del esfuerzo global llamado Covax y ya hay acuerdos con CansinoBIO, Pfizer y AstraZeneca. Se dice fácil, pero requirió las tres “C”: contacto, cabildeo y colmillo.
AHORA cumplida la misión de Ebrard, los trastos de la estrategia de vacunación pasarán a Hugo López-Gatell… lo cual no suena muy tranquilizador. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
¿Gabinete le esconde información al Presidente? Nos hacen ver que al parecer en los últimos días el gabinete ha fallado en informar bien al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus obras insignia. Ayer en su conferencia el mandatario aseguró que no tenía “información detallada” sobre la decisión de un juez que determinó otorgar un amparo definitivo contra una de las etapas de construcción del Tren Maya en Campeche. Sin embargo, a pesar de que aseguró que desconocía los detalles de este amparo, el Ejecutivo federal se lanzó en contra del fallo y acusó que “es muy probable que esté vinculado con propósitos político-electorales” ¿Será que alguien en su gabinete no está comunicando al Presidente los problemas legales que sus proyectos están enfrentando? ¿Será que no lo quieren molestar? (El Universal, Nación, p. 2)
Operación efectiva. A todos hace felices la noticia de que las primeras vacunas de Pfizer llegarán a México este mes. Y que los primeros en ser vacunados serán los médicos que han estado al frente de la lucha contra el covid-19. Pero aún más, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que México tiene asegurada la adquisición de 146 millones de vacunas. De esta manera, se comenzará un preciso programa de vacunación apenas unos días después de que lo haga Reino Unido o Estados Unidos. A petición de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Salud y la Cofepris tienen ya la solicitud para la validación. Es una realidad, a pesar de los escépticos. El acuerdo firmado por el gobierno de México se da tras meses de negociación por parte de la Cancillería. Otra tarea completada con honores. (Excélsior, Nacional, p. 17)
Que César Duarte sigue siendo el tema rumbo a la elección de Chihuahua, por lo menos en el frente de Morena, con el actual senador Cruz Pérez Cuellar, cuyo proceso de desafuero está en curso, solicitado por la fiscalía estatal, y el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, a quien el fuego amigo no solo vincula también con el ex gobernador preso en EU, sino que le cuelga peculado en los comicios pasados, por lo que alerta a Mario Delgado de checar las hojas curriculares de los aspirantes a gobernador. Se llevan pesado. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Propuestas a Tatiana.- Nos cuentan que Tatiana Clouthier empezó a recibir propuestas para su próximo encargo como secretaria de Economía. Ayer, por ejemplo, la visitó Laura Beristain, alcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, y presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, para diseñar una estrategia económica de apoyos a mujeres, sobre todo en los municipios. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Rosas Aispuro con Landau.- Y al que le fue muy bien ayer fue al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien recibió al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Y es que ese encuentro, nos señalan, permitió al gobernador y al diplomático mandar un mensaje de gran proximidad entre la entidad y el país vecino del norte que tiene sus ejes en dos temas centrales: los vínculos económicos derivados del comercio bilateral y la presencia de inversión de ese país en la entidad. Entre algunos datos relevantes que comentó el gobernador están, por ejemplo, que el estado aumentó sus exportaciones a EU en 20 por ciento en los últimos cuatro meses, aun con la pandemia, que es el tercero que más le envía ganado en pie y que es el cuarto en captación de Inversión Extranjera Directa. Landau reconoció que la entidad a cargo del panista haya pasado a semáforo naranja y celebró que esté puesta para sacarle jugo al T-MEC. (La Razón, La Dos, p. 2)
Terrible en tantos sentidos, el 2020 ha sido muy bueno con Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores no sólo se colocó al frente de la respuesta del gobierno a la pandemia –sin el desgaste que pagaron los encargados de dar las cifras de muertos y contagiados y reconvertir hospitales para la atención de los enfermos–, sino que vio ascender a la dirigencia de Morena, el partido oficial, a uno de sus cercanos.
No sólo se responsabilizó de organizar el único viaje internacional que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador –la visita a Donald Trump, en julio pasado–, sino también asumió la denuncia del tráfico de armas hacia nuestro país. No sólo se ocupó de informar sobre el regreso a México del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos levantara los cargos de narcotráfico.
El canciller estuvo lo mismo en el aeropuerto capitalino recibiendo el material de protección para el personal de salud que llegó a bordo de vuelos especiales de Aeroméxico que en todo el proceso para la compra de las vacunas que, se espera, pronto lleguen a México.
“Misión cumplida”, dijo ayer al Presidente durante la presentación del plan de vacunación.
No cabe duda que Ebrard se ha convertido en uno de los cancilleres más visibles de la historia reciente, ocupado no sólo de asuntos de su competencia, sino de sacar adelante los trabajos especiales que le encarga López Obrador. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Y si de últimas los vecinos del norte se molestan por el tema de sus agencias, tendrán doble de trabajo: enojarse y desenojarse. (La Jornada, Contraportada)
El canciller Marcelo Ebrard explicó los tres objetivos centrales de la nueva ley de seguridad nacional que ya está en el Senado de la República: primero, dijo Ebrard, codificar las obligaciones o limitaciones para agentes extranjeros que ya existen en diversos ordenamientos. Segundo, sostuvo, existe un principio de reciprocidad, porque no se pide nada diferente a lo que se le pide a un agente diplomático mexicano en el exterior. El tercer objetivo es lograr un ordenamiento legal, al que estén sujetos los funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Y puso el acento en que “no puede haber convenios de estados o municipios que no sean de conocimiento del gobierno de la República”.
Con la nueva ley, además, la relación y la normatividad sobre esas relaciones no las establecerá la Secretaría de Gobernación, como era hasta ahora, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores (que sigue adquiriendo así una dimensión completamente diferente a la que tuvo tradicionalmente), en coordinación con la Secretaría de Seguridad, y me imagino que con Defensa y Marina. Entre las normas que se establecen es que cualquier agente de una agencia extranjera (hablemos de la DEA, el FBI, la CIA, el Mossad o cualquiera de las muchas que operan, de una u otra forma, en México) no sólo deberá estar registrado y presentar un informe mensual de actividades, sino también compartir con las autoridades mexicanas los hallazgos que pudieran realizar.
La otra cara de la seguridad, la relacionada con el narcotráfico, con el crimen cotidiano y con el organizado, con las armas y el lavado de dinero, deberán tener ajustes. No sé hasta dónde podrán estar determinados por esta ley o si se terminará imponiendo, simplemente, la realidad. Esa realidad que cambiará el próximo 20 de enero cuando, por fin, se vaya Donald Trump de la Casa Blanca. Porque el equipo de seguridad que llega con Biden es duro, experto, homogéneo y tiene una agenda bien definida. No será lo mismo que hasta hoy. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 14)
Esta semana, el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, con el propósito de reglamentar la presencia y actuación en México de personal de agencias policiales extranjeras.
El asunto es un tanto esotérico y no ha generado mayor controversia en el país. En Estados Unidos, en los círculos políticos, administrativos e intelectuales donde se sigue a México, el proyecto se ha vuelto materia de discusión amplia.
En particular, la pregunta que se hacen los mexicanólogos estadounidenses es si esto debe ser tomado en serio y si es muestra de un endurecimiento de las posiciones del presidente López Obrador frente a Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 9)
Alfonso Romo y Tatiana Clouthier son amigos desde hace años. De hecho, fue el hoy exjefe de la Oficina de la Presidencia quien acercó a la hija de Maquío con Andrés Manuel López Obrador.
Entre las anécdotas que Romo suele contar, está precisamente aquella en que, acercándose la contienda presidencial de 2018, el tabasqueño le pidió a su amigo empresario que invitara a Tatiana a integrarse a su campaña.
Romo, muy al estilo norteño, le respondió: “Dícelo tú…”. La charla no tardó en llegar. AMLO la convocó a su finca en Palenque y ahí le propuso ser la coordinadora de su campaña presidencial. Ella aceptó. Y si bien no realizó propiamente funciones de coordinadora de la campaña, halló un papel en el que se metió solita: el de vocera.
La frescura de su estilo (comparada con las solemnidades de los clásicos acompañantes de Andrés Manuel) y su manejo en redes la convirtieron rápidamente en uno de los rostros más significativos del tercer intento del de Macuspana por ocupar la silla presidencial.
Tatiana fue bautizada por sus fans como La Tía Tatis. Los dos amigos –ella y Poncho Romo–, se convirtieron entonces en las principales figuras para atraer votantes (de la clase media para arriba, sobre todo) antes reacios a depositar su confianza en López Obrador.
Llegó el triunfo y ambos figuraban entre las primeras líneas del equipo. Pero las cosas –y las circunstancias– no tardaron en descomponerse– Romo fue noqueado –con la cancelación del aeropuerto– por el propio Presidente antes de su toma de posesión. Y ese sería sólo el inicio. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
Los números varían un poco, pero algo así como siete de cada 10 estadunidenses que se identifican como republicanos creen que la elección que ganó Joe Biden fue producto de un fraude masivo y organizado de parte de los demócratas, por lo que Donald Trump debería de ser reelecto presidente.
Ayer, casi al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia de aquel país rechazaba sin disensos uno de los más importantes y casi el último de los recursos legales de la campaña de Trump, abriendo paso a la ratificación de Biden en el colegio electoral, el magnate andaba en otra cosa.
En el evento para anunciar el plan de vacunación nacional, respondiendo a una pregunta de por qué no se había invitado a miembros del equipo de transición de Biden, a quien le tocará implementar el plan, Trump dijo:
“Bueno, tendremos que ver quién es la próxima administración, porque ganamos en esos estados clave y sucedieron cosas terribles. Así que tendremos que ver quién es la próxima administración. Pero cualquiera que sea la próxima administración se beneficiará realmente de lo que hemos podido hacer con esta ciencia increíble, los médicos, todas las personas que surgieron, los técnicos de laboratorio. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Tampoco en materia de justicia le pinta bien a la 4T: ni la Fiscalía General de la República ni el Poder Judicial federal han hecho algo para que el presidente López Obrador confíe en cumplir su compromiso de llegar a la verdad, sin adjetivos, del caso Iguala.
Las expectativas de llegar a una conclusión diferente a la perfilada por la extinta PGR se desmoronan, ahora con la virtual preliberación del ex alcalde José Luis Abarca, luego de que un Tribunal Federal dejó sin efecto el auto de formal prisión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El fallo es “para efectos”, lo que significa que se dejaron de valorar algunas pruebas, de practicar otras diligencias, o que se cometieron violaciones de procedimiento.
Para efectos del caso Iguala, sin embargo, la resolución activa la sirena de alerta máxima. Ya desde mediados de 2015 (23 de julio), a menos de un año de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas, en su Reporte Preliminar y por advertir, precisamente, lo endeble de las acusaciones contra Abarca y otros inculpados, la desaparecida Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH planteó en su Observación y Propuesta 26 lo imperativo de reforzar los medios de convicción en los procesos penales de los involucrados en la matanza, pero ni la PGR del peñanietismo ni la FGR en la 4T hicieron el menor caso, y lo mismo sucede con los 128 Puntos Recomendatorios y las 224 Propuestas de Investigación de la Recomendación del 28 de noviembre de 2018, que permanece ignorada en los dos años de la actual administración. (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 7)
De cara a la elección del 2021, el presidente López Obrador está concentrando todo el poder que puede. Mientras lo hace, la oposición trata de presentar una alternativa, pero no ofrece ningún programa; lo que ofrece es pensar en distritos electorales. El autoritarismo desde el Estado contra el pragmatismo extremo de andar haciendo cuentas.
Un sector de los desencantados con el presidente AMLO y de los que nunca le creyeron, pedía a gritos la unión de las oposiciones para quitarle la mayoría en el Congreso en el 2021. Los líderes de los partidos que se vieron arrasados en las urnas en 2018 permanecieron en el pasmo dos años, con tímidos intentos de ejercer un contrapeso considerando la poca representación que alcanzaron en el Congreso, y más bien manteniendo un bajo perfil. Se mostraban más temerosos de que les llegaran las investigaciones del pasado que por ejercer la representación de los que votaron por ellos, menos aún por buscar convencer a los tantos que no les dieron el voto, pero que tampoco están conformes con el gobierno obradorista.
Finalmente, este fin de semana PAN, PRI y PRD anunciaron que van en alianza a las elecciones intermedias, en más o menos la mitad de los 300 distritos electorales del país. Sus cálculos y negociaciones les dan para pensar que con esas diputaciones logran la mayoría y que les alcanza para ganar algunas de las gubernaturas en juego. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Si acaso existía alguna duda respecto al lento avance que tendrá el proceso de inmunización de la población mexicana en el 2021, hoy ya no queda. De acuerdo con los estimados presentados ayer, existe el propósito de llegar a cubrir con la vacuna al 75 por ciento de la población de 16 años o más.
El objetivo es que se alcance la meta entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Ese segmento demográfico representa el 68 por ciento de la población total del país, por lo que inmunizar al 75 por ciento de ese grupo, implica vacunar aproximadamente a 65 millones de personas. De acuerdo con las etapas diseñadas, entre diciembre y enero, el objetivo es vacunar al personal médico. De acuerdo con los datos más recientes, hay 1.2 millones de personas que constituyen el personal de servicios médicos en todas sus áreas y funciones.
Así que, al concluir el primer mes del año, en el caso de que se cumpla la meta, se habría avanzado con el 1.8 por ciento de la población objetivo. La siguiente meta se fijó para un periodo que transcurrirá de febrero a abril.
En ese lapso se vacunará a los trabajadores de los servicios médicos que no hayan sido inmunizados previamente, así como a los grupos de edad mayores de 60 años. Pese a que la población se segmentó entre los mayores de 80, de 70 y de 60, no se plantearon plazos específicos para cada grupo.
Pero, el hecho es que la población mayor de 60 años en México suma aproximadamente 11 millones de personas. De modo que hacia el mes de abril –en el caso optimista de que se cumpla con la meta– ya se habría inmunizado al 18.7 por ciento de la población objetivo.
Es decir, dentro de cinco meses, estaremos todavía por debajo de una quinta parte de la meta de inmunización. (Enrique Quintana, El Financiero, Pagina Dos, p.2)
Una cosa es que el discurso político engatuse a los ciudadanos y se refleje en un índice de confianza de los consumidores y otra muy diferente es que los que arriesgan su dinero se sientan seguros de invertir bajo ciertas condiciones del gobierno.
Uno de los indicadores más importantes que tiene la economía mexicana es el indicador de Inversión Fija Bruta que cada mes publica el Inegi y que permite ver cuánto se gasta en maquinaria y equipo, y en construcción de infraestructura para las actividades productivas.
Su comportamiento permite ver una calca de la situación económica del país, más allá del discurso político triunfalista de cada mañana, y permite adelantar qué viene la para economía.
Es una de esas grandes contradicciones de la 4T. En el discurso el propio Presidente acepta, con cierto pesar, que la inversión pública no es suficiente por sí sola para impulsar el crecimiento y que es necesaria la participación del capital privado.
Y a pesar de que es una verdad de Perogrullo, en el terreno de la realidad hay un evidente desprecio por los empresarios y por lo tanto por su participación en no pocos campos económicos del país.
El rechazo más evidente se da en el terreno de los energéticos, donde incluso violan las leyes con descaro preocupante.
En la realidad, el indicador de Inversión Fija Bruta deja ver la desconfianza de los inversionistas al inicio de este gobierno con las medidas asumidas desde antes del arranque del sexenio, de los efectos de la pandemia y de la lenta recuperación que tendrá la economía mexicana.
Desde antes de iniciar esta administración, desde esos días en que se anunciaba la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, la inversión inició una caída sostenida que sólo fue interrumpida por el derrumbe en la compra de maquinaria y equipo, nacional e importado y en la construcción, que provocó el inicio de la epidemia en México. (Enrique Campos Suárez, El Economista, Finanzas y Dinero, 11)
Hace 17 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, considerando que era necesario aumentar el conocimiento sobre este delito. Cada año se abanderan distintas causas para enfrentar esta plaga insidiosa de consecuencias corrosivas para la sociedad, como la denominó el entonces Secretario General, Kofi Annan. Este año la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) promoverá como tema prioritario: la interacción entre género y corrupción.
La agenda de género y la lucha contra la corrupción son elementos transversales en la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Por un lado, esta agenda da a las mujeres un rol preponderante. Muchas de sus metas se centran en reconocer la igualdad y en el empoderamiento de las mujeres como objetivo y como parte de la solución para alcanzar las metas acordadas por la comunidad internacional. Por otro lado, la corrupción se reconoce como un fenómeno que entorpece los esfuerzos de los gobiernos y la sociedad para lograr el desarrollo sostenible.
La interacción entre ambos es compleja. El primer paso para entender esta relación es contar con datos con perspectiva de género, es decir, datos cuya desagregación nos permita dimensionar y comprender como los hombres, las mujeres y las personas con otras características e identidades sexuales son afectados de manera diferenciada por la corrupción .
Se asume que los roles de género pueden ser un factor que ubica a las mujeres en una situación de vulnerabilidad a ser víctimas de la corrupción, por las barreras o incluso riesgos sociales, políticos o culturales que enfrentan. Esto implica situaciones muy específicas, como el caso de mujeres de bajos recursos que pagan un soborno para recibir servicios de salud, o mujeres que en el contexto laboral ceden a insinuaciones sexuales para acceder a sus derechos laborales. Una situación extrema podría darse cuando personal policial facilita actividades ilícitas como la trata de personas. (Salomé Flores, El Sol de México, Análisis, p.11)
Israel Vallarta, quince años // Sin sentencia, sin justicia // Montajes, televisoras y Loret // García Luna Productions
En realidad, ayer se cumplieron 15 años de que fue detenido Israel Vallarta Cisneros junto con quien entonces era su novia, la ciudadana francesa Florence Cassez. Pero, oficialmente, es hasta un día como hoy cuando puede darse por registrada tal aprehensión quinceañera, pues el entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) del gobierno foxista, Genaro García Luna, en busca de lauros mediáticos que le permitieran continuar con su desquiciada carrera policiaca, concertó con Televisa y Televisión Azteca una recreación del apresamiento, que en realidad se había realizado quince horas antes.
La transmisión televisiva en vivo, que en realidad fue un montaje, afectó sustancialmente el debido proceso judicial y, luego de un largo forcejeo entre autoridades mexicanas y francesas, durante el cogobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el citado García Luna, obligó a liberar sin carga penal a la ciudadana francesa, que pasó siete años en la cárcel. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 14)
El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro parecía ser un pilar en la inclusión de aquellos que por sus contextos se encuentran en mayor riesgo de delinquir. Sin embargo, para los jóvenes que, además de la falta de competencias básicas, viven en contextos donde las conductas violentas son el pan de cada día, conviven con padres y pares involucrados en delito, pandillas, hogares con violencia familiar y alta vulnerabilidad social, educativa y delictiva, el programa JCF no es una intervención suficiente para lograr su inclusión y ampliar sus alternativas. No es tarea fácil. Requiere más que una beca, técnica, experiencia y recursos humanos adecuados que acompañen con mentoría y habilidades para la vida entre otros factores de protección para lograrlo.
Las propuestas de abrazos no balazos, de amnistía, perdón y reconciliación, que bien implementadas tenían todo el sentido como parte de una política integral de prevención en un país con las características del nuestro, permanecen en el cajón o marginales al no contar con una visión y experiencia más amplia y a la medida. Ni siquiera se ha publicado el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, aunque es obligatorio por ley.
La estrategia entonces parece limitarse al despliegue de la Guardia Nacional, que nació de por sí con muchos retos. Dejar a las fuerzas militares de manera oficial y sin la formación suficiente en tareas de seguridad pública; unir cuerpos de seguridad con antecedentes, formación, historia y apego diferentes, dificulta el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. Además el séptimo transitorio que consideraba los diagnósticos y programas locales para establecer la coadyuvancia de la GN no se cumplió a cabalidad, lo que hace que tanto la Federación como las entidades federativas tengan expectativas incumplidas. (Eunice Rendón, Reforma, Opinión, p. 9)