EN POCO más de dos años, no cabe duda que la oposición más fuerte con la que se ha encontrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es con la voz de las mujeres mexicanas. Y el encontronazo en mucho se debe a que no ha sabido escucharlas, ni ha querido entenderlas.
A SUS RECLAMOS antepuso un muro. Y si bien ya se retiraron las vallas, ahí quedarán por siempre las descalificaciones presidenciales diciendo que en las marchas del 8M hubo “mucha falsedad”, “mucha manipulación” y “mucha hipocresía”.
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POR CIERTO que también en los partidos de oposición se cuecen habas y se está marginando a figuras femeninas de mucho peso. Ahí está el caso de Movimiento Ciudadano donde, inexplicablemente, se dejó fuera de las listas a Martha Tagle, con larga trayectoria construyendo redes con la sociedad civil.
En el PAN sucedió lo mismo con la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien tampoco aparecerá en las boletas de junio, lo que deja en claro que “romper el pacto” es una asignatura pendiente tanto en la 4T como en la oposición.
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SI LO QUE el secretario Arturo Herrera quería era infundir ánimo ante la crisis económica, nomás no le salió. Y es que, según la Secretaría de Hacienda, para agosto habrán sido vacunados unos ¡80 millones de personas! y eso permitirá detonar la recuperación económica.
Y no suena mal, pero hay un detallito: para alcanzar esa cifra de vacunados, se necesita aplicar más de 400 mil vacunas d-ia-r-i-a-s para acabar antes de septiembre. Con la organización que traen en el gobierno federal, nomás no se ve cómo lo podrían lograr.¿O acaso están pensando vacunar a manguerazos?
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EN PAÍSES como Estados Unidos el humor político es parte fundamental de la cultura popular, desde los viejos monólogos de Johnny Carson hasta los actuales y ácidos análisis de John Oliver. En Nuevo León una candidata se ofendió porque le hicieron una parodia y denunció penalmente… ¡a los comediantes!
RESULTA QUE la morenista Clara Luz Flores acusó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a los youtubers Marco Polo y Judith González por supuestamente ejercer “violencia política contra la mujer”, ya que no le gusta su personaje de “Carla Lucía”.
DEBIDO A ESTO, los actores (que también parodian a otros políticos como Samuel García) tuvieron que disculparse, no sin antes denunciar la censura y la intimidación por parte de la morenista.
EN EL México donde un día sí y otro también el Presidente fustiga con todo a los medios, llama la atención que la candidata a la gubernatura tenga la piel taaan delgadita y se preocupe tanto por “acotar” la crítica política. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Robles contra Videgaray y Zebadúa
Dicen que si la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, le da el sí a la propuesta que cocina la defensa de Rosario Robles, el proceso de la extitular de Setadu sacará chispas. Y es que, según señala el abogado Sergio Arturo Ramírez, la exfuncionaria presentaría pruebas en contra de Emilio Zebadúa y Luis Videgaray que los involucraría en el desvío de recursos a través de la Estafa Maestra. Según el litigante, la gente de Gertz tenía hasta este miércoles para reunirse con Robles en Santa Martha, donde se negociaría un mecanismo híbrido entre un criterio de oportunidad que le permitiría alcanzar un juicio abreviado y la figura de testigo colaborador a fin de que se cancele la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Así que, se cuenta, a la historia le quedan muchos capítulos y en el siguienteuno de los hombres fuertes del sexenio pasado podría ser protagonista.
El general Sandoval se reporta listo
Una buena noticia que se dio a conocer la víspera es la recuperación del general Luis Cresencio Sandoval. El propio secretario de la Defensa Nacional se encargó de difundir que logró superar el Covid-19, al dar negativo en los exámenes que le practicaron. El general se contagió el 17 de febrero, por lo que se mantuvo en confinamiento en su domicilio y, al parecer, ya quiere salir, pues ya está anunciando que se reincorpora a sus actividades. “Hoy recibí los resultados de la prueba Covid-19 siendo éstos negativos, por lo que me reincorporo a mis actividades normales para seguir cumpliendo con nuestras misiones y colaborar con los proyectos trazados para el bienestar de los mexicanos. Agradezco sus muestras de afecto”, escribió el secretario de la Defensa Nacional.
Represión en Aguascalientes
Nos comentan que en Aguascalientes, donde gobierna el panista Martín Orozco, la autoridad exhibió mano dura y falta de protocolos durante las protestas feministas del 8M. Y es que en varios videos que circulan en redes sociales se aprecian acciones que pueden considerarse como de represión y persecución. Se acusa incluso que uniformados fueron a sacar violentamentede establecimientos privados en los que se habían guarecido, a jóvenes que se manifestaron contra la impunidad en los feminicidios. Por lo pronto, crecía el llamado de las colectivas para evitar que se enviara a la cárcel a las detenidas y se anunciaba ya el inicio de una indagatoria por parte de la Comisión estatal de Derechos Humanos. Al gobernador, nos cuentan, le mandaron el mensaje de que mejor se enfoque en combatir los robos a casa habitación, los asaltos, las ejecuciones, los suicidios y los feminicidios. Uf.
Luz verde a la IP
Resulta que finalmente le dieron luz verde a la iniciativa privada para participar en la campaña de vacunación. El sector empresarial se sumó a la inoculación que se lleva a cabo en la ciudad de Toluca, donde, a decir del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Carlos Salazar Lomelín, la IP aportará “su capacidad logística e infraestructura para facilitar el proceso de aplicación de las vacunas”. En esta primera incursión se agregaron, además del CCE, el Consejo Mexicano de Negocios, el Deportivo Toluca, Bimbo, Grupo Lala y Funsalud. En el primer esfuerzo de vacunación en el que participan el sector privado y los tres niveles de gobierno, el CCE hizo votos porque el trabajo conjunto que se lleva a cabo en la capital del Estado de México, que gobierna Alfredo del Mazo, se replique en otras sedes.
Supervisión ejecutiva
La inauguración del Hospital General de Querétaro el pasado 26 de febrero por parte del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador, Francisco Domínguez, no quedó nomás en cortar el listón y hacer un recorrido por las instalaciones. Nos comentan que el mandatario estatal se apersonó ayer para constatar las condiciones en las que opera y los avances en los servicios de salud que proporciona. Domínguez dialogó con pacientes y el personal del Hospital General, donde ya se realizó la primera cirugía; inició las consultas de oncología y hematología. El gobernador ha destacado que el nuevo nosocomio es “un referente nacional en salud pública que brindará atención digna y de calidad a las familias queretanas”.
Pablo Gómez, fuera de la cancha
Hablando de temas relevantes de San Lázaro, resulta que por petición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ni el morenista Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, ni la petista Ana Ruth García Grande, secretaria de la misma, podrán participar en la resolución del caso contra el exdelegado de Coyoacán Mauricio Toledo, quien tiene una solicitud de desafuero. Según cuentan, los abogados de Toledo interpusieron un recurso en el que alegaron interés político por parte del guinda y la petista. La ley señala que “si hay excusa o recusación de integrantes de ambas secciones, se llamará a los suplentes”, por lo que será Sergio Carlos Gutiérrez Luna quien tome la silla de Gómez y Francisco Javier Saldívar Camacho el de García Grande. Además, Claudia Pastor Badilla tomará el lugar de Anilú Ingram (PRI), quien recientemente pidió licencia. (La Razón, La Dos, p. 2)
La agresión que sufrieron algunas fotoperiodistas, por parte de policías que resguardaban estaciones del Metro, el pasado 8 de marzo, provocó la destitución definitiva de José Arturo Blanco Hernández como director de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, pero puso al descubierto que sobre el ahora exfuncionario pesan varias denuncias.
La Fiscalía General de Justicia de la capital tiene una carpeta en su contra por violación, además de que lo investigan por malos manejos, tráfico de influencias y corrupción, motivo por el cual fue suspendido del cargo, no destituido, desde el pasado 5 de marzo. Se especuló que, durante las protestas con motivo del Día Internacional de la Mujer, el lunes pasado, Blanco Hernández estaba en activo; sin embargo, autoridades de la SSC me dijeron que mantenía influencias sobre algunos mandos de la corporación, por lo que de inmediato hicieron definitiva su separación del cargo.
No sólo eso, la secretaría que dirige Omar García Harfuch identificó al mando (sin dar el nombre) que dio la instrucción para detener a las fotoperiodistas el pasado lunes —entre ellas Leslie Pérez, que labora en el Heraldo de México—, y también fue suspendido; además de que abrieron una carpeta y tomaron la declaración de los policías que participaron en los hechos. (Alfredo González Castro, El Heraldo de México, País, p. 6)
Está para hoy en el orden del día de la Cámara de Diputados discutir la despenalización y regulación de la mariguana en el país.
El procedimiento legislativo no ha sido, ni por mucho, el más limpio, pero a eso hay que acostumbrarse. Y ha sido peor porque no es una legislación que los partidos abracen con demasiado cariño, sino a la que están obligados por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El dictamen a discusión no cumple por completo la orden de despenalización después de un proceso de parlamento abierto bastante apurado e inusual. Al final, empujados por la Secretaría de Gobernación, los diputados discutirán y aprobarán algo que habrá de regresar al Senado.
Hoy en día, hay suficientes países que han caminado la ruta de despenalización y regulación del cannabis con diferentes resultados; no está claro que esas experiencias —que de algo sirva nuestra lentitud— hayan sido del todo incorporadas a la discusión y legislación que se debatirá hoy. Y más extraño es aún que las cosas pueden salir mal después de ser un tema que está en la agenda, al menos de la secretaria de Gobernación, desde hace un rato. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El presidente López Obrador volvió a descalificar la marcha de las mujeres del lunes 8 de marzo. No llenaron ni la plaza, dijo.
E insistió en que el problema es contra él, cuando en realidad es contra la violencia y abuso de las mujeres. Y le doy datos recopilados por Carlos Penna, director general de T-Research.
En 2020, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 2 mil 792 homicidios dolosos contra mujeres, más 966 feminicidios, no entiendo la diferencia, para un total de 3 mil 730 asesinatos que equivalen a 10 diarios.
Durante el confinamiento se disparó el abuso familiar contra las mujeres. El 911 registró 143 llamadas de emergencia por hora relacionadas con violencia sexual y familiar, 3 mil 432 diarias, un millón 252 mil 680 en el año.
Es por eso por lo que las mujeres salieron a marchar el lunes, por la violencia que padecen; no contra el presidente López Obrador que, otra vez, hizo suya esta protesta, lo que me confirma que no acaba de entender el problema y por eso reacciona equivocadamente.
Señor Presidente, el problema no es con usted, es por la violencia, no lo haga suyo y opere en ese sentido. Las víctimas son ellas, las mujeres, no usted. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
La táctica resultó una tregua. La reducción de agravios contra las mujeres que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes, se acabó el martes. Ya no era necesario guardar la gasolina y reinició su incendio en la pradera seca. A sus ojos, fueron mujeres manipuladas por grupos “conservadores” cuyo único propósito era atacar Palacio Nacional para agredirlo, lastimarlo e impedir que siga adelante su proyecto de transformación.
Sus diatribas fueron órdenes, y las legiones de amlovers en las redes sociales, compuestas por bots, empleados y leales, se lanzaron al ataque. Para las que se quejan de violencia de género y la impunidad, tengan –en el lexicón lopezobradorista– su violencia cibernética.
Las instrucciones fueron tomadas desde temprano para impulsar entre las principales tendencias en Twitter el hashtag FeminazisTerroristas. Para apoyar con otro torrente digital la batalla contra las mujeres, le dieron un dulce en la boca a la opinión pública para entretenerla y desviar su atención de las renovadas agresiones presidenciales a las mujeres. Así, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció haber solicitado una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la Ciudad de México, “asociado” al delito de trata de personas.
De la Torre fue investigado hace varios años por la misma acusación, pero no pudieron probarle que, en efecto, manejaba una red de prostitución en la capital federal. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 40)
Una auditoría está en circulación desde el año pasado y no hay registro público de que el presidente o su gobierno la hayan impugnado o desmentido: el capricho de Manuel Bartlett de renegociar los contratos de los gasoductos causó un daño al erario cercano a los 150 mil millones de pesos.
En la segunda de tres entregas de la revisión de cuenta pública 2019 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, también se dieron a conocer otras irregularidades que no son menores, que no fueron controvertidas por el presidente ni por su gabinete y terminan dándole tristemente la razón al hoy exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien en EL UNIVERSAL ha profundizado en que quienes renegociaron los contratos de transporte de gas (gasoductos) al inicio del gobierno de López Obrador no entienden el concepto de valor presente neto.
El diagnóstico de la ASF sobre el lance de Bartlett contra los gasoductos, que data de inicios de 2019, es lapidario. Con la renegociación se modificaron las tarifas y se extendieron los plazos de los contratos. En términos nominales hubo un ahorro en los primeros años, pero ese ahorro es temporal y se va a terminar pagando mucho, muchísimo más caro en los años siguientes. Considerando la vigencia total de los proyectos resultó que “al final del término de los contratos pagará (la CFE), en términos nominales, 6 mil 836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos”, lo que representa 583 millones de dólares en valor presente. ¡Casi 7,000 mil millones de dólares en términos nominales! ¡Cosa de 150 mil millones de pesos!
¿Quién va a pagar por las afectaciones económicas, sean del tamaño que sean, a la hacienda pública por la renegociación de los gasoductos? ¿Quién tuvo la idea de renegociar? ¿El que dijo que eran “contratos leoninos”? ¿El que le lavó la cabeza con el discurso nacionalista de hace medio siglo? ¿Algún día alguien irá a juicio por el criminal manejo económico y presupuestal de los proyectos emblemáticos del actual sexenio? ¿Quién pagará por el daño patrimonial?
El presidente presume que al cancelar el aeropuerto de Texcoco no tiró a la basura 331 mil millones de pesos, como lo divulgó inicialmente la Auditoría Superior de la Federación, sino “sólo” 100 mil millones de pesos. De los gasoductos no dice nada. Es mucho peor… salvo que tenga otros datos.
SACIAMORBOS
Se publicó en Reforma un estudio de un consejero independiente de Pemex que revela que cruzan de contrabando 1,700 pipas diarias a México con combustible. Si cada pipa tiene 20 mil litros de gasolina, estamos hablando de que diariamente entran ilegalmente 34 millones de litros. Es decir, casi 240 mil barriles. Cuando prometieron acabar con el huachicol decían que se robaban 75 mil barriles diarios de combustible. A juzgar por este estudio de un alto involucrado en Pemex, el contrabando de gasolina actual es un problema tres veces mayor que el huachicol en su peor momento. Por si no bastara, EL UNIVERSAL publicó ayer que el crimen organizado robó de ductos de Pemex 30% del gas LP que se distribuye en el país. Alentador. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Como si se tratara de un juego de póker en el que se juega su libertad, Rosario Robles Berlanga jugó ayer su segunda mano y mandó de nueva cuenta una apuesta a la Fiscalía General de la República para que acepte su oferta de acogerse al criterio de oportunidad o aceptarla como testigo colaboradora. A través de sus abogados Sergio Arturo Ramírez y Olivia Rubio, la exsecretaria de Sedesol volvió a sugerir que tiene información y pruebas que vinculan a Luis Videgaray con el caso de la Estafa Maestra, en el que el exsecretario de Hacienda aparecería como partícipe y responsable directo de los desvíos por 5 mmdp.
Sin mencionarlo por su nombre, los abogados de Robles dijeron ayer en conferencia de prensa que su cliente está lista para negociar con la SEIDO y entregarle información sobre los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputaron a ella, pero que ella puede probar que la responsabilidad y ejecución de esos delitos, en los desvíos millonarios que se cometieron en Sedesol y Sedatu, fueron de Videgaray. “La maestra Rosario Robles no tiene información de ningún delito cometido por el expresidente Enrique Peña Nieto ni por el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong”, respondieron los abogados, que de esa forma sugirieron que la única información que puede aportar Rosario se refiere al poderoso excanciller y extitular de Hacienda.
Esta es la segunda ocasión que Rosario Robles intenta convencer a la FGR de que le otorgue el beneficio del criterio de oportunidad o la posibilidad de ser testigo colaboradora. La primera la hicieron en noviembre de 2020 sus abogados y aunque la fiscalía en un principio mostró interés, después nadie se presentó ni buscó a la exsecretaria presa en Santa Martha Acatitla para hacer ninguna negociación. Lo que cambió de aquel intento fallido a esta nueva apuesta, es que ahora Robles tiene un as bajo la manga porque el primer expediente que le abrieron, por el delito de omisión, ha sido impugnado por su defensa con una solicitud de amparo para el sobreseimiento del caso por un conflicto de constitucionalidad basado en errores de tipificación de ese delito.
Y como en una de las últimas audiencias el juez que lleva el caso se declaró incompetente para atender la demanda de sobreseimiento, el tema tendrá que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia, donde su trámite se encuentra detenido por la pandemia, por lo que no habría posibilidades de un juicio hasta que los ministros no fallen sobre la constitucionalidad del tipo penal que le imputaron a Robles. Ante eso, y luego de que la FGR le negara un proceso abreviado y le exigiera, con base en las dos nuevas acusaciones de delincuencia organizada, la reparación del daño por 5 mmdp de la Estafa Maestra, Rosario y sus abogados decidieron volver a ofrecer la apetecible cabeza de Luis Videgaray.
Hasta ahora la SEIDO ya le respondió a la defensa de Robles que está interesada en negociar, a partir de la información que pueda aportar la exjefa de Gobierno, aunque hasta ahora no ha habido ningún encuentro formal. Rosario fue enfática con sus abogados en que ella quiere dos cosas en esta negociación: la primera, conducir personalmente las pláticas con la Fiscalía y ser ella personalmente quien entregue información y declare, y la segunda que la FGR le otorgue los mismos beneficios, como la prisión domiciliaria para poder negociar desde su casa, tal y como se la dieron a otros testigos como Zebadúa y Lozoya.
La pregunta es cuándo se reunirían por primera vez y si la Subprocuraduría aceptará las condiciones de Robles que ya mandó claramente el mensaje de que está dispuesta a poner a Videgaray, un personaje que ya se le fue en una ocasión al fiscal Alejandro Gertz Manero por una denuncia mal redactada que le rechazaron los jueces. El ex hombre fuerte de Peña Nieto es, con miras a las campañas electorales, un trofeo bastante apetecible y jugoso para el discurso de combate a la corrupción del presidente López Obrador que, justo antes de las elecciones, podría tener como imputado al poderoso exsecretario de Hacienda.
Para volver al símil del póker, Rosario ya enseñó una de sus cartas, que es un as de diamantes con las iniciales de LV, pero la FGR exige que le digan primero los asuntos sobre los que va a dar información y luego negocian, mientras la extitular de Sedesol quiere primero que la saquen de la cárcel, que le den el mismo trato que otros testigos hombres, es decir que no haya discriminación por ser mujer, y une vez sentados en la mesa de negociación ofrece abrir todas sus cartas para poner en bandeja la cabeza del actual profesor del MIT. Es decir, que en este juego la FGR quiere jugar póker abierto, mientras Rosario quiere jugar un póker cerrado. Veremos si hay acuerdo y negociación, pero por ahora todas las jugadas apuntan a Luis Videgaray Caso.
NOTAS INDISCRETAS…
Como ocurre cada cierto tiempo, de manera cíclica, se desataron otra vez versiones de que el presidente López Obrador prepara cambios en su equipo y ajustes en algunas secretarías y dependencias. En la versión que comentan desde Palacio Nacional no dan nombres ni cargos específicos, pero apuntan a que a López Obrador lo han escuchado molesto con la forma en que se han manejado algunos de sus programas sociales prioritarios. En particular se refieren a los malos manejos y el desorden que se ha detectado en el Programa Jóvenes Construyendo al Futuro, que maneja la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Aunque es sabida la estima en que el Presidente tiene a la joven secretaria, a la que invitó a presentar el pasado 8 de marzo en la conferencia mañanera un informe de la participación de las mujeres en el citado programa de apoyos a jóvenes aprendices, lo que comentan en Palacio es que los informes que ha recibido López Obrador sobre diversas irregularidades, desvíos y casos de corrupción en uno de sus programas estrella no le han gustado para nada al tabasqueño, que no está contento con el descuido con el que la Secretaría del Trabajo ha manejado los recursos millonarios que se destinan a los Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Será que en el futuro de Luisa María Alcalde vienen cambios?…
El senador priista por Guerrero, Manuel Añorve, se comunicó con esta columna para afirmar que él no participó en ninguna reunión con Pablo Amílcar Sandoval y con el exfiscal guerrerense Javier Olea, en la que se hubiera hablado de las denuncias de violación en contra de Félix Salgado. Añorve negó así la versión atribuida en esta columna a un informe que le fue presentado al presidente López Obrador por el Centro Nacional de Inteligencia en el que se ubicaba al priista como parte de los grupos que han enderezado las campañas en contra de Salgado Macedonio y su cuestionada candidatura a gobernador. “Nunca me reuní con Sandoval ni con el exfiscal Olea, no tengo ninguna participación en esas campañas y con Félix Salgado, dentro de la pluralidad política que vivimos en Guerrero, siempre he tenido una buena relación. Él me hizo entrega de la alcaldía de Acapulco, contendimos juntos por la senaduría sin ofendernos nunca y ya como senadores coincidimos por dos años y tuvimos una relación en buenos términos. No tengo ningún conflicto ni campaña en su contra”, afirma Añorve, quien se deslinda así de los ataques en contra del llamado “toro sin cerca”… Dados girando: Escalera. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
“Urgentemente necesitamos de ustedes”, le dijo el gobernador priista de Zacatecas, Alejandro Tello, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, Tello resumió en una frase lo que se está viviendo en el estado que gobierna: “Ajustes de cuentas de manera permanente, desaparición de personas, enfrentamientos con daños colaterales, secuestro y extorsión…”.
Los cárteles, que en ese estado sostienen una lucha encarnizada por el control del territorio, tienen a las corporaciones estatales “al límite de sus capacidades”. Zacatecas se está hundiendo.
En junio del año pasado, un estrujante video precedió a la ola de sangre que ha llevado a Zacatecas a figurar entre las entidades más violentas y con mayor percepción de inseguridad del país:
“Ya estamos aquí, venimos a ayudarlos, venimos a limpiar”, se dirigía al pueblo zacatecano un sicario del Cártel de Sinaloa, rodeado de hombres armados y encapuchados. A sus pies había 15 hombres del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Estaban desnudos, algunos tenían la cara cubierta.
Comenzó el interrogatorio sobre los “levantones”, los asesinatos, las decapitaciones que los sicarios del CJNG habían cometido. Se les pidió el nombre del comandante de la policía estatal que los apoyaba, se les ordenó que detallaran la forma en que los estatales protegían sus actividades: “Nos dicen cuándo van a venir a Juan Aldama, a qué hora, a qué hora van a salir y por qué calles van a transitar…”.
Los cuerpos de los 15 hombres fueron abandonados, envueltos en cobijas, en la carretera federal 45, cerca de Cerro Gordo.
La espiral de muerte quedó reflejada en la tasa de homicidios dolosos: 62.6 por cada 100 mil habitantes en octubre.
78.3 en noviembre; 90.3 en diciembre; 111.8 en enero de 2021.
Zacatecas vive hoy el peor inicio de año desde 2015. En enero de 2020 se registraron 39 asesinatos. En enero de 2021 se contabilizaron 108. Hoy es la entidad con más asesinatos.
Hace seis años, en junio de 2015, el general Antelmo Rojas, comandante de la XI Zona Militar avisó que células del Cártel Jalisco se desplazaban en los límites entre Jalisco y Zacatecas, a lo largo de las zonas serranas. Al poco tiempo se halló cerca de Nochistlán un narcolaboratorio de “crystal” que pertenecía a ese cártel. No tardaron en suscitarse enfrentamientos con gatilleros de los Zetas y del Cártel del Golfo que dominaban la zona.
En cosa de tres años el CJNG se impuso sobre estas organizaciones y las desplazó de la mayor parte de los municipios. Estableció su control mediante la cooptación de las policías estatales y municipales.
En 2018 comenzó el desmantelamiento de la Policía Federal y la seguridad quedó en manos de fuerzas estatales, en su mayor parte comprometidas con el crimen. Según informes de inteligencia, el Cártel de Sinaloa aprovechó ese vacío para reforzar su presencia en el estado, a fin de impedir el avance del Cártel Jalisco hacia Durango, en donde El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán mantienen un control absoluto, y estados como Nayarit y Coahuila.
Zacatecas es la llave de paso a San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León —y los ya citados, Durango, Nayarit y Colima.
La disputa se recrudeció. A principios de 2020 el Cártel Jalisco dejó narcomantas en 17 municipios. Ahí estaban, todas con el mismo mensaje, en calles de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Juan Aldama, Jalpa, Ojocaliente, Río Verde, Valparaíso…
En abril de ese año 80 hombres armados con fusiles Barret y AK-47 irrumpieron precisamente en Valparaíso: recorrieron las calles principales, se detuvieron frente al palacio municipal y ahí aclamaron al líder del Cártel Jalisco: Nemesio Oseguera, El Mencho.
Aunque los vecinos pidieron ayuda, la Guardia Nacional tardó tres horas en llegar. Los medios se quejaron de que el estado hubiera quedado en la indefensión.
Pasaron dos meses de violencia continua. En junio, el coordinador regional de la Guardia Nacional, Óscar Zavala Barrera, consideraba, sin embargo, “bastante exitoso” el despliegue de sus elementos y afirmaba que 2,500 gendarmes y 100 vehículos alcanzaban a cubrir 22 municipios críticos.
Los ciudadanos opinaban otra cosa. La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reveló que Fresnillo, por citar un ejemplo, se convirtió ya en el municipio con mayor percepción de inseguridad en el país (19 de cada 20 dicen sentirse inseguros): los asesinatos crecieron 117.4 por ciento más que en 2018.
En la entidad, han desaparecido mil personas en estos últimos dos años. Como una muestra de los niveles de violencia que se han alcanzado, en octubre del año pasado un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Calera dejó 14 muertos y tres heridos.
A la pugna entre estas organizaciones, se agrega el hecho de que Evaristo Cruz, El Vaquero, el sanguinario líder del Cártel del Golfo, quien pelea en Tamaulipas con otras facciones, tuvo que bajar su centro de operaciones a San Luis Potosí y Nuevo León, y hoy quiere obtener el control de Zacatecas, a fin de establecer un corredor para el fentanilo.
En septiembre pasado llegó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado Arturo López Bazán, exdirectivo de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), una de las pocas dependencias que han dado resultados en estos días negros. Lo recibió la peor hora de violencia, acompañada por el ajusticiamiento de policías comprometidos con el crimen organizado y el repunte de delitos de competencia federal.
Estamos perdiendo Zacatecas. Por desgracia, otra vez parece estar viva la idea de que la violencia se combate no nombrándola y, para colmo, ahora la prioridad es el proceso electoral. Vienen días críticos para el estado. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 5)
El Presidente confesó que lleva más de dos años en el gobierno “y todavía no terminamos de adquirir todos los medicamentos en el extranjero…”. Una manera de admitir que la “gran idea” de encargar a la Unops, organismo de la ONU, la compra de medicamentos, no ha cuajado.
Ya estamos en el mes de marzo. Las compras debieron realizarse a más tardar en octubre del año pasado, para ser entregadas en enero del 2021. Ese es el calendario tradicional. Van cinco meses de retraso y el proceso de compra apenas empieza. “Ya se hicieron las primeras licitaciones”, dijo ayer. A este ritmo habrá suficientes medicamentos en mayo próximo, si no es que hasta junio, nos dicen expertos consultados.
El titular de Salud, Jorge Alcocer, también reconoció en la mañanera lo difícil que ha sido adquirir medicinas, vía la Unops. “Muy complejo ha sido este camino para encontrar todas las vertientes de compra consolidada, compra acordada. No todos los estados entran a veces, ellos tienen sus razones y toda la libertad de hacerlo”. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Hay muchos y muy diferentes capítulos en la agenda de las mujeres que están pendientes y que, por alguna extraña razón, el gobierno federal no entiende ni quiere asumir con las especificidades que esos mismos temas requieren. El primero y más visible es la violencia: el dato es brutal, 11 feminicidios (o asesinatos de mujeres, no nos enredemos en la calificación judicial) ocurren cada día en promedio; hay cuatro mil mujeres desaparecidas desde el inicio de esta administración; en promedio, desaparece, por lo menos, una mujer al día en la Ciudad de México. La violencia intrafamiliar se disparó geométricamente durante el confinamiento y, de la mano con ella, la violación, los embarazos no deseados e, incluso, el asesinato dentro del hogar.
Algunos argumentan que se trata de la misma violencia que sufren los hombres, pero dirigida hacia las mujeres. No es así: la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres en general, incluyendo los feminicidios, se dirige específicamente hacia ellas, tienen causas de fondo específicas, formas de operación también particulares, y también lo son los delitos y los daños provocados. Se necesitan programas específicos, un código penal unificado (aparentemente se podrá avanzar legislativamente ahora con la figura, unificada para todos los estados, del feminicidio), tribunales y fiscales especiales. La pesadilla que tiene que vivir una mujer para realizar una denuncia, sea de violación, acoso, violencia intrafamiliar y hasta por recibir la manutención de los hijos (y, en muchas ocasiones, el abandono o robo de los mismos) es inaceptable y se requieren leyes, tribunales y fiscales especializados que permitan realizar denuncias rápidas, certeras y que se ejerza la justicia también con eficiencia. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
Parálisis: Desde la contienda presidencial como diputados locales y federales CDMX 1994 y hasta este martes 9 de marzo Cuauhtémoc Gutiérrez plagió al PRI. El extinto Manuel Jiménez Guzmán lo consideró “una amenaza para la viabilidad partidista”. Le asistió razón, como muestra la elección de las planillas roja y blanca para renovar en noviembre 2011 el Consejo Político tricolor en el DF. Los hooligans de CGT, así descritos por Rosario Guerra su contendiente en ese proceso, forzaron a través de la Comisión de Procesos Internos validar una amañada elección que acercó ‘al líder’ con el primer círculo del candidato presidencial Enrique Peña.
Denuncia: Saldo ‘democratización hooligan Cde PRI’ hospitalización de emergencia de Rosario Guerra (RG) con lesiones en las vértebras cervicales e inflamación en lóbulo frontal derecho agredida por las hordas de CGT importadas de la jurisdicción Gustavo A. Madero y su lugarteniente el legislador local Cristian Vargas. Según RG, Vargas y Betanzos comenzaron el conflicto por lo cual solicitaría la salida del partido y su planilla roja. Al final el CEN del PRI, Humberto Moreira y Pedro Joaquín optaron por no tocar a los hooligan con lo cual forzó la dimisión de RG.
¿Exonerado? Esa complicidad fue interpretada como el espaldarazo a CGT ¿existe alguna diferencia entre el líder pepenador y quienes solaparon hasta ayer su militancia en el CdE, como de los consejeros del ex Instituto Electoral del Distrito Federal que no pudieron determinar si CGT incurrió en el delito sobre un posible financiamiento público para sostener una red de prostitución dentro del tricolor al no ser competencia de esa institución? La ex consejera Dania Paola Ravel afirmó que una de las dificultades del IEDF fue “la sistemática negativa de la PGJDF de dar acceso a las averiguaciones previas”. (Federico Lamont, El Sol de México, República, p.9)
A veces, el éxito trae sus desventajas.
Resulta que el buen desempeño de la vacunación y de la recuperación económica de los Estados Unidos nos puede traer problemas a los países en desarrollo.
Aun los estimados más optimistas de la evolución de la vacunación en Estados Unidos se quedaron cortos. Al día de ayer, el registro era de poco más de 92 millones de vacunas aplicadas y en la última semana el ritmo fue de 2.15 millones de vacunas por día.
Si continuara este ritmo, al término de marzo se habrían aplicado 124 millones de dosis. Y al término de junio la cifra sería de 317 millones.
Considerando que las vacunas aplicadas hasta ahora, Moderna y Pfizer, requieren de una doble dosis, para la mitad de este año se habría inmunizado en Estados Unidos a poco más de 150 millones de personas. Incluso, es probable que estas estimaciones se queden cortas y que la cifra sea todavía más elevada.
Es precisamente el exitoso programa de vacunación de Estados Unidos, que fue impulsado desde el año pasado, aún en la administración de Trump, que ha cambiado las perspectivas económicas de nuestro vecino del norte.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisó sus estimaciones de crecimiento para este año y ahora considera que la economía norteamericana crecerá en 6.5 por ciento en el 2021, esto es más del doble de lo que se estimaba apenas en el mes de noviembre.
Le hemos comentado en este espacio que uno de los efectos de esta percepción de que viene un crecimiento más elevado es el incremento de las tasas de los bonos. Si los datos empiezan a confirmar las previsiones, entonces el alza de las tasas puede ser duradera. (Enrique Quintana, El Financiero, Pagina Dos, p.2)
Priísmo, abuso sexual y basura // Tras Cuauhtémoc Gutiérrez // Roemer, Peña y Lavolpe // NL: Clara Luz censura parodia
Siete años después de la primera acusación pública y luego de un paréntesis que parecía haber dejado el expediente judicial en el archivo muerto, se ha girado orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el principal sostén de la alicaída pero aún vigente estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México.
Gutiérrez de la Torre, conocido como El rey de la basura, heredero del negocio de la recolección de basura y su procesamiento, sería juzgado, junto a unas cuatro personas más, para definir culpabilidades en cuanto a trata de personas y asociación delictuosa.
En específico, se acusa a Gutiérrez y su equipo cercano de mantener una red de reclutamiento de mujeres para servicios sexuales tanto al líder priísta en mención como a personajes políticos de mayor nivel, a quienes se obsequiarían ese tipo de favores. La develación de este mecanismo de prostitución con cargo a un partido político se realizó en MVS, luego de que una reportera del equipo de Carmen Aristegui se presentó a las oficinas priístas capitalinas a conocer los términos de las ofertas de empleo que se hacían. Ahí informaron a Daniela, como luego se hizo llamar la reportera encubierta, que la contratación incluía la obligación de tener relaciones sexuales con el jefe Gutiérrez de la Torre. (Julio Hernández López; La Jornada, Política, p. 8)