La renuncia de Carlos Urzúa no es un simple movimiento más en el gabinete: es la prueba viva de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está en crisis. Y lo peor no es eso, sino que el Presidente no quiere verlo.
En cualquier parte del mundo, una carta como la del secretario de Hacienda provocaría deslindes y hasta investigaciones de tipo administrativo y penal. Los señalamientos de Urzúa son muy claros y van dirigidos contra varios personajes de la 4T.
Las decisiones de política pública “sin el suficiente sustento” es un reclamo directo para AMLO, que ha subordinado las decisiones de gobierno a las promesas de campaña. La falta de evidencia para definir la política económica, dicen, es un dardo dirigido contra Rocío Nahle por imponer un programa energético que nomás no se sostiene. En ese sentido, dicen que el Plan de Negocios de Pemex, que ya comenzó a circular entre los funcionarios federales, habría convencido a Urzúa de bajarse de inmediato del barco.
En cuanto a la imposición de funcionarios, lo que se sabe es que desde Palacio Nacional no le dejaron armar su propio equipo. La principal cuña fue Raquel Buenrostro que, como Oficial Mayor, se convirtió en la que realmente manejaba los dineros en la SHCP. Tan es así que un día antes de la dimisión, Urzúa firmó un extraño acuerdo en el que traspasaba buena parte de sus facultades.
Si lo que dice la carta y la renuncia en sí misma son graves, lo es más que el Presidente no lo entienda. (F. Bartolome, Reforma, p.8)
El impacto de la renuncia de Carlos Urzúa no sólo está en la renuncia misma, sino en el contenido de la misiva que le envió al Presidente. Explica con claridad las dificultades internas que tenía para ejercer su cargo. Lo dicho por Urzúa tiene, además, cuestionamientos que no se pueden soslayar: “se han tomado decisiones de política pública sin sustento, resultó inaceptable la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública”. Lo que menciona a continuación no puede quedarse sólo en una simple explicación; merece una investigación, porque, de comprobarse, estaremos ante un delito: “esto fue, asegura, motivado por personajes influyentes con un patente conflicto de interés”.
Las consecuencias se dejaron sentir de inmediato, particularmente en la cotización del dólar. La sensible baja en la Bolsa Mexicana de Valores se debió a una serie de razones. La renuncia de Urzúa fue una de ella; pero no necesariamente la central, como se quiso hacer ver. Las renuncias en los gobiernos van y vienen. El gran problema que enfrenta López Obrador es que no estamos ante ajustes de su gabinete, sino ante renuncias, que de fondo tienen argumentos y razones que cuestionan y que debieran llevarlo a hacer un análisis de lo que hasta ahora se ha hecho; ante esto no tiene sentido el “voy derecho y no me quito”. (Javier Solórzano, La Razón, p.2)
Un pilar de la estabilidad económica y financiera del país presentó su renuncia ayer martes, tras discrepancias que fueron imposibles de resolver en materia de energía y en la gobernanza interna del país.
El problema que se dio entre Carlos Urzúa y el jefe de la oficina del Presidente, Alfonso Romo, no fue ni con mucho la causa central que motivó su renuncia a la Secretaría de Hacienda.
También Arturo Herrera planteó su renuncia, se iba a ir junto con Urzúa, y le dijeron que no. Las principales diferencias que llevaron a Urzúa a dejar el cargo fueron con las acciones tomadas por Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y por Rocío Nahle en la Secretaría de Energía. Para Urzúa, Bartlett en la CFE es un peligro para el gobierno y para el país. (Pablo Hiriart, El Financiero, p. 32)
Si grave y preocupante es para el gobierno lopezobradorista la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, mucho más lo son las razones que tuvo para tomar esa decisión, que confirma lo que es del dominio público: que “en esta administración se han tomado decisiones de políticas públicas sin el suficiente sustento”, y que le resultó “inaceptable la imposición de funcionarios que no tiene conocimiento de la Hacienda Pública por personas influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.
Eso, y no la inmediata designación del subsecretario Arturo Herrera como nuevo titular de la dependencia, es lo que deberá explicar a la nación el Ejecutivo federal, en lugar de aceptar que “al interior del Gobierno hay incomprensión, dudas y hasta titubeos” por los cambios que ha propuesto y que “Urzúa no estaba conforme con las decisiones que se han tomado en la administración federal”. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, p. 6)
Carta sísmica.- La carta de renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda fue como enfrentar un terremoto político sin alerta previa. En cuestión de minutos los indicadores comenzaron a moverse aunque, una vez pasada la sacudida inicial, se estabilizaron. El desconcierto estuvo sincronizado al contenido de la carta y por el hecho de que Urzúa se adelantó al Presidente al dar la noticia y exponer las razones de su dimisión.
Los primeros señalamientos se dirigieron a la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, quien con frecuencia, se dice, acordaba asuntos relevantes de Hacienda directamente con el presidente López Obrador y sólo después se los comentaban, no siempre, a Urzúa, que era titular de la dependencia y despachaba en la oficina de al lado. (La Crónica de Hoy, p. opi3)
¿Más ajustes en Hacienda? La inmediata designación de Arturo Herrera como secretario de Hacienda en lugar de Carlos Urzúa estuvo motivada en mayor medida para enviar una señal de certidumbre a los mercados financieros y las calificadoras, no tanto, nos comentan, por un verdadero convencimiento del presidente López Obrador. El relevo en el gabinete federal traerá una serie de ajustes, los cuáles podrían ir de simples reacomodos a una cirugía mayor. Además de la subsecretaría que deja vacante Herrera -puesto en el que se perfila el titular de la Unidad de Crédito Público Gabriel Yorio González- un movimiento que podría darse en el mediano plazo es el de la salida de la Oficial Mayor de Raquel Buenrostro, quien nunca tuvo buena química con Urzúa, y una funcionaria que no tiene tampoco la mejor imagen entre los secretarios de Estado. La lucha por el control del gabinete económico del Gobierno federal acaba de pasar a un nuevo nivel, y el resultado es de pronóstico reservado. Atentos. (Reporte Índigo Cinco Días, p. Principal 3)
Que ya se sospechaba de la dimisión de Carlos Urzúa luego de su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes, a la hora de la comida, y el ahora ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público salió del despacho del mandatario con una cara de pocos amigos. Poco se sabe de lo que se habló en esa reunión, pero al parecer el entonces secretario se quejó de lo que ayer expuso en su carta del adiós. ** QUE por cierto, a los que de plano pareció no preocuparles la renuncia fue a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y a su esposo, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco México, quienes en medio de las acusaciones de conflictos de interés en la hacienda pública comieron muy sonrientes en Palacio Nacional y aplaudieron la llegada de Arturo Herrera a la dependencia. (Milenio Diario, p. 2)
Descobijado. Juan Collado, famoso abogado defensor de miembros de la mafia del poder, ya está en el Reclusorio Norte. Lo acusan de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República en un restaurante de la Ciudad de México y no opuso resistencia. La operación quirúrgica marca línea, pues es un litigante que ha defendido los intereses de Carlos Romero Deschamps, líder petrolero. Parte importantísima en la anterior clase política, ¿lo abandonó el poder? (Excélsior, p. 15)
Te lo digo Juan para que lo entiendas… En el segundo mensaje de la tarde, los observadores políticos también leyeron entre líneas. Al conocerse la detención del poderoso abogado Juan Collado, las lecturas políticas no se hicieron esperar. Cabe recordar que don Juan fue motivo de polémica luego de que se filtrara en redes un video de la boda de su hija en el que el abogado, arrestado ayer por agentes de la Fiscalía General de la República, ante la presunción de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, departía con personajes de la política nacional, señaladamente, el expresidente Enrique Peña Nieto. Miembros del gobierno federal aseguran que la difusión de ese video causó molestia en el Poder Ejecutivo, y ahora quien apenas en mayo pasado aparecía muy contento cantando a dueto con Julio Iglesias, mientras a su lado el expresidente y su novia lo escuchaban con atención, hoy enfrenta cargos federales por delitos graves. ¿Y este mensaje para quién será? (El Universal, p. Nacional 2)
“Albazo” en BC, ¿instrucción desde Palacio? Nos dicen que entre los consejeros del INE no hay duda de que la instrucción para que los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso de Baja California hayan votado por extender de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, vino directamente de Palacio Nacional. Más aún, advierten que las acciones de inconstitucionalidad que eventualmente se presenten en la Corte por esa decisión, ya sea del órgano electoral local o de diputados estatales de oposición, se enfrentarán a una presión enorme desde el Ejecutivo federal. (El Financiero, p. 31)
En medio de la refriega por la innecesaria destrucción de la Policía Federal, se observan algunas señales de que no todo es desorden, improvisación y frivolidad en el gobierno.
El lunes pasado, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se presentó y se aprobó algo denominado como Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), una propuesta bastante acabada para mejorar las policías estatales y municipales. En su contenido, se nota la mano de los activistas y consultores que desarrollaron el concepto, en particular la de Bernardo León, excomisionado municipal de seguridad en Morelia y arquitecto de la notable transformación de la policía de esa ciudad (http://bit.ly/2JAHjzD)
Estas son, en apretado resumen, sus características esenciales:
El modelo parte de un diagnóstico demoledor: las policías municipales y estatales tienen un estado de fuerza notoriamente insuficiente, su financiamiento es inadecuado, sus competencias están mal definidas, sus capacidades están subutilizadas y se mide su desempeño con métricas inadecuadas. (Alejandro Hope, El Universal, p.6)