La tragedia del río Sonora y la debacle de Altos Hornos tienen responsables, hasta hoy impunes. (La Jornada, Contraportada)
El ¿autorretrato? de AMLO
Por contrato, antes del 1 de septiembre deberá estar listo el retrato del mandatario Andrés Manuel López Obrador que se quedará en la galería de los presidentes, en Palacio Nacional, y que fue comisionado al joven artista yucateco Jorge Emilio Espinosa Torre. Lo que llama la atención son las especificaciones establecidas para el pintor: Debe aparecer como figura protagonista López Obrador en uno de los balcones de Palacio, con un bastón de mando en la mano, la Plaza de la Constitución de fondo y una multitud “sin definición de identidades”. El contrato ordena que se enfatice la importancia del bastón de mando de las comunidades indígenas. Ya veremos cómo materializa el artista las instrucciones para el retrato que más bien suena a guía para el autorretrato que se imagina el Presidente saliente, el cual se elaborará en un lienzo importado de Bélgica y un bastidor de madera de cedro. ¿Se parecerá más al AMLO de 2024 que al de 2018?
El trofeo que quieren entregar los senadores morenistas
Nos cuentan que los legisladores oficialistas tienen muy clara la ruta para que antes de que concluya el mandato del presidente López Obrador, el último día de septiembre se le entregue, según la propia expresión de los próximos integrantes de la nueva legislatura, “la cabeza de la presidenta de la Corte”, Norma Piña, vía la aprobación de la Reforma Judicial. Más allá del obvio sentido figurado que usan los líderes de Morena en el Senado, refleja el ánimo con el que llegarán a ejercer la supermayoría. De hecho, nos detallan, los senadores oficialistas afirman que será “un reconocimiento” al tabasqueño para que sea él quien promulgue dicha reforma y ya después entregue la banda presidencial a su sucesora.
Buscan consenso para Máynez en Movimiento Ciudadano
Nos comentan que dentro de Movimiento Ciudadano se gesta un acuerdo para que Jorge Álvarez Máynez quede a cargo de la Coordinación Nacional del partido, esto, nos dicen, como un regalo por los resultados que le dio a Dante Delgado tras su participación en las elecciones. Nos cuentan que todo está preparado para que durante la Convención Nacional Demócratica de MC, que se realizará en diciembre, la mayoría alce la mano en favor de que Álvarez Máynez sea el nuevo dirigente y por ello anda de gira por el país para ganar simpatías de las bases naranjas de México. ¿Habrán consultado ya al Grupo Jalisco?
Retrasan pero no evitarán el funeral del PRD
Al Partido de la Revolución Democrática se le agotan las opciones para buscar mantener su registro a nacional. Al menos en la elección presidencial, los votos quedaron igual que en los cómputos distritales, por lo que no pudieron ganar ni un sufragio más para elevar su porcentaje de votación. Sus únicas opciones son las posibles anulaciones de casillas en la elección de diputados federales y senadores, pero nos hacen ver que si se tienen en cuenta los criterios del Tribunal Electoral, se vislumbra prácticamente imposible que puedan sumar suficientes votos con sus impugnaciones. La realidad, nos aseguran, es que al que fue el partido referente de la izquierda mexicana por más de dos décadas, ya lo cafetearon y sólo falta expedir el certificado de defunción. (El Universal, p.A2)
Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encabeza Mónica Soto, empezó a sacarle brillo a las paredes para recibir la próxima semana a Claudia Sheinbaum y a alistar el protocolo de seguridad propio de la sesión especial en la que la reconocerán como presidenta electa, misión la de protección que, por cierto, estará a cargo de los pocos elementos que siguen laborando bajo las siglas de la extinta “Policía Federal” y tienen a su cargo el resguardo de la Sala Superior.
Que una vez concluidos los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados iniciará de manera inmediata la redacción del dictamen y aun cuando el líder de Morena, Ignacio Mier, adelantó cambios a la iniciativa del Presidente, como el de la gradualidad en el relevo de juzgadores, lo cierto es que el punto central del proyecto para elegir ministros, magistrados y jueces por voto popular se mantiene en calidad de “irreductible”… como antes de escuchar a los expertos que alertaron sobre los riesgos para la independencia de la Judicatura.
Que sobre el mismo tema, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que los foros sobre la reforma al Poder Judicial fueron un buen ejercicio en el que se escucharon las voces de todos, entre ellas de los poderes Judicial, Legislativo y miembros del Ejecutivo, por lo que ve “un balance positivo”. Sobre los hechos de hace unos días en Saltillo, dijo que fue innecesaria “la provocación”.
Que el hombre del momento, el más buscado, se les escabulló a los agentes comisionados para detenerlo, sabiendo dónde estaba, teniéndolo a la vista y con todo el aparato desplegado para cumplir con su misión. No, no, queridos lectores, no se trata de una pifia de la policía mexicana, sino de los Mossos, que perdieron a Carles Puigdemont, ex presidente catalán, en una rocambolesca persecución en Madrid digna de un filme de las Wachowski sobre la que puede enterarse en estas páginas. (Milenio, Al Frente, p.2)
Los retos de la marea
Con la novedad de que ayer la Secretaría Ejecutiva del INE negó al Frente Cívico Nacional, organización que forma parte la denominada Marea Rosa, permiso para que la manifestación que prevé realizar el domingo ocupe la explanada del instituto. Lo anterior, al considerar que la movilización no corresponde a ningún fin para el que deben utilizarse las instalaciones. Es sabido que esa concentración tiene el propósito de exigir que, al definir el reparto de pluris, los consejeros eviten una sobrerrepresentación de la 4T en la Cámara de Diputados; esto es, que les concedan una supermayoría para reformar la Constitución. Es un hecho que la protesta enfrentará varios retos logísticos aunque otro más importante será el de demostrar qué tanto la conformación del Congreso genera inquietud en la ciudadanía. Eso lo mostrará en la asistencia que tenga la concentración. Por lo pronto, pendientes.
Chuleada al TEPJF
Y es a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Mónica Soto, a las que desde ayer les dan una manita de gato de cara a la entrega de la Constancia de Mayoría a Claudia Sheinbaum que se llevará a cabo el jueves próximo. Desde ayer, se ha informado, personal de ese organismo se afana en darle un retoque a la pintura a los sitios en donde luciera medio descascarada, y en colocar algunas carpas debajo de las cuales podrán ubicarse los invitados especiales al acto que, ha trascendido, serán alrededor de cien, entre integrantes del equipo de la futura mandataria, dirigentes partidistas, consejeros electorales, magistrados… También se ha dado cuenta de que las instalaciones ya son resguardadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con la entrega de la constancia, Sheinbaum Pardo quedará formalmente acreditada como Presidenta electa.
Justa expulsión
Y fue la UNAM la que ayer informó de la expulsión de siete alumnos por la toma violenta que llevaron a cabo de la Dirección General del CCH, inmueble ubicado junto a la rectoría de la máxima casa de estudios. Durante esa toma, que comenzó el 22 de mayo y terminó el 25 de julio se causaron daños graves al patrimonio universitario. “El vandalismo fue generalizado… Los daños y destrozos se repitieron: innumerables pintas y boquetes en muros y plafones; puertas y ventanas destrozadas; cámaras de seguridad destruidas; pisos desprendidos; mobiliario inservible, además de archiveros saqueados y la sustracción de documentos oficiales”. Durante los dos meses que permanecieron en el lugar, los ocupantes aprovecharon las noches para apoderarse de espacios contiguos, como la Dirección General de Presupuesto. La decisión de la UNAM ha sido celebrada y no se deja de lamentar que contra lo que los manifestantes reclamaban —las acciones porriles—, al final lo terminaron replicando.
Detrás del bloqueo
Y fue el Presidente López Obrador el que ayer informó que se indagará quién está detrás de los ejidatarios que estrangularon la autopista México-Puebla esta semana. El mandatario insistió en que su gobierno no pagará más de lo que establece el avalúo que hizo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por los espacios que se ocuparon para la construcción de la vía hace más de 60 años. “¿Qué está pasando? Que hay unos abogados ahí que quieren sacar raja y quieren lucrar, entonces el llamado es a los campesinos a decirles: “sí tienen derecho y sí es un asunto justo, no se preocupen’”, ha señalado el mandatario. Por lo pronto, los manifestantes cuyas protestas dejaron esta semana pérdidas millonarias, optaron por mantener un carril abierto… aunque el problema de fondo, por el momento, no se ha resuelto. (La Razón, La 2, p.2)
El próximo jueves —que es 15 de agosto— el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entregará a Claudia Sheinbaum la constancia como presidenta electa. Así quedó de manifiesto luego de que la Sala Superior ratificara, hace dos días, el resultado de los comicios distritales de la elección presidencial. La mayoría de los magistrados (cuatro contra dos) desechó las impugnaciones de la oposición contenidas en 240 juicios de inconformidad, decidió no anular ni una sola casilla, y, por tanto, ni uno solo de los votos emitidos en la jornada del 2 de junio.
A manera de recordatorio, Sheinbaum obtuvo el 59.75 % de la votación, mientras que la candidata Xóchitl Gálvez consiguió el 27.45%, una diferencia de 32 puntos porcentuales. Así los hechos, en cinco días tendremos una fortísima Presidenta Electa que contará con la legitimidad de haber sido escogida prácticamente por seis de cada diez mexicanas y mexicanos que votaron.
Ahora, hacia adelante, me parece importante preguntarnos qué clase de Presidenta Electa vamos a tener durante 52 días, de aquí hasta el 1° de octubre, cuando asumirá la jefatura del Estado. ¿Una presidenta que querrá exterminar un INE que organizó impecablemente las elecciones que la llevaron al poder? ¿Una presidenta que le gustaría disponer de un órgano electoral a modo, como el que era controlado por el Poder Ejecutivo en los años noventa? ¿O una presidenta que evoque sus años de lucha social y que respete lo que tantas décadas tardamos en construir como sociedad para impedir los fraudes electorales del priismo?
¿Veremos una presidenta que desee con vehemencia que su partido sea el nuevo-viejo PRI, el PRI de la dictadura perfecta, aquel que con todas las artimañas legales siempre se dotaba de una indebida y antidemocrática sobrerrepresentación en el Congreso y que no respetaba lo ocurrido en las urnas ni lo establecido en la Constitución? ¿Tendremos una presidenta que antes que nada sea la Primera Morenista de la Nación, como aquellos tlatoanis priistas que salivaban al avasallar a sus adversarios violando todas las leyes electorales posibles?
¿Padeceremos una presidenta abusiva que pretenda contar con el 74% de los espacios en el Congreso habiendo conseguido nada más el 54.74% de los votos para la Cámara de Diputados y el 55.17 % para el Senado?
O una presidenta democrática, que se circunscriba sin matices no sólo a la letra establecida en la Constitución sino al espíritu de ese constituyente que consagró con firmeza en la Carta Magna aquello por lo que su movimiento luchó durante años, es decir, un dique para contener las irrefrenables tentaciones de concentración de poder: el artículo 54 constitucional establece, en su fracción IV, que “ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”, de mayoría relativa y de representación proporcional. Además, en la fracción V, añade: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
Aunque mencione “partido” y no “partido y coalición”, la Constitución que votó su movimiento le hablaba al PRI y a sus satélites en esos años oscuros del priismo, como hoy le habla a Morena y sus satélites para evitar una redición de ese abuso electoral. La Presidenta Electa del jueves próximo, la misma que tanto batalló desde joven por la democracia, debería aceptar que es moralmente indebido tener el 74% de los espacios, cuando sólo debe tener un máximo de 63%. Subrayo: las mexicanas y mexicanos le dieron una amplísima mayoría democrática de 63%, máximo, no una destructiva y antidemocrática aplanadora de 74% que sólo Maduro el de Venezuela podría festejar evocando a los héroes del priismo que según ellos nos dieron patria.
Interesante, muy interesante será observar a la Presidenta Electa que tendremos a partir del jueves, porque esos 52 días que restan para que Andrés Manuel López Obrador deje el poder perfilarán a la Claudia Sheinbaum que gobernará México.
Veremos… (Juan Pablo Becerra-Acosta M., El Universal, Nación, p.5)
La imagen es el horror de cualquier dictador. Cientos de manifestantes están sobre el techo del palacio presidencial enarbolando la bandera del país. Miles más ocupan el patio y la que era la residencia oficial del tirano. Tras varios días de protestas contra el régimen autoritario, el dictador fue obligado a huir. Lo hizo en un helicóptero con rumbo desconocido. Es el fin de su dictadura.
No, esto no es Venezuela. Todavía.
Lo que acabo de describir ocurrió en Bangladesh, donde la primera ministra Sheikh Hasina fue obligada a renunciar luego de años de abusos y represión. El pueblo se le volteó.
Y lo mismo está ocurriendo en Venezuela. La gente se le volteó al dictador Nicolás Maduro. La gente más pobre, la de los barrios, la que por años defendió el chavismo y salía a las calles a defenderlo, ya no pudo más. Y tras las elecciones del 28 de julio que ganó abrumadoramente la oposición, ahora esa misma gente ha salido a defender los verdaderos resultados electorales.
La dictadura, como era de esperarse, ha respondido con golpes, rifles y encarcelamientos. Hay más de dos mil detenidos, según dijo el propio Maduro. Lo que no pudieron ganar con votos lo están tratando de imponer con balas.
“La única manera de que Maduro pueda quedarse es producto de un fraude monumental”, me dijo la líder opositora María Corina Machado dos semanas antes de las elecciones. Y eso fue exactamente lo que pasó. María Corina insistía en que Venezuela ya no era la misma de los fraudes electorales denunciados por la oposición en el 2013 y el 2018. “Nunca fuimos a un proceso electoral con 30 o 40 puntos de ventaja. Nunca fuimos en un país organizado con una plataforma de defensa del voto como la que hemos instalado”.
Y eso fue lo diferente esta vez. La oposición ha logrado publicar la mayoría de las actas de votación y esas muestran que el ganador de la elección es Edmundo González Urrutia, no Maduro, como se anunció oficialmente. “El resultado es claro”, escribió Edmundo en su cuenta de X. “Obtuve más del 67% de los votos según el 81% de los datos emitidos por el sistema automatizado… El régimen ha proclamado resultados falsos e indemostrables”.
Esos resultados coinciden con una investigación independiente realizada por The Washington Post. Con más de 23 mil actas escrutadas, el diario le atribuye a Edmundo el 67 por ciento de los votos y a Maduro solo el 30 por ciento.
La dictadura, está claro, no ha reconocido su derrota. Entonces ¿cómo sacarla del poder?
Las protestas en las calles y la presión internacional ayudan. Pero no es suficiente. Lo que falta es que el régimen se rompa por dentro.
Esto dice la historia. Entre 1950 y el 2012 casi dos terceras partes de los 473 líderes autoritarios que perdieron el poder fueron sacados por gente dentro de su propio gobierno, concluyó la profesora Erica Frantz, de la universidad estatal de Michigan, en un artículo de The New York Times. Y así, también, Maduro podría dejar el poder; traicionado por sus mismas fuerzas de seguridad o el Ejército.
Esto ya ha ocurrido. Un disidente dentro del gobierno, y a quien no puedo identificar, nos hizo llegar una copia de la entrevista que le hice en el 2019 a Maduro en el Palacio de Miraflores y cuyas tarjetas de video habían sido confiscadas, junto con nuestras cámaras. Y todo porque a Maduro no le gustaron las preguntas. Los siete miembros del equipo de Univision que participamos en la grabación en Caracas fuimos detenidos y deportados. Pero pudimos recuperar la entrevista meses después gracias a esa traición palaciega.
Cinco años más tarde otra traición pudiera sacar a Maduro del poder.
Mientras tanto, la permanencia ilegítima de Maduro en la Presidencia tendrá enormes y muy graves consecuencias, como me dijo María Corina Machado: “Venezuela se ha convertido, hoy en día, en el conflicto más importante de este hemisferio. Si Nicolas Maduro se queda por la fuerza, como ha amenazado, eso implicaría la profundización de sus relaciones con Rusia e Irán, aquí, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos… (Además) veríamos la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora”.
Venezuela no es Bangladesh. Pero un dictador es un dictador y todas las dictaduras caen. Todas. Es solo cuestión de tiempo y de método. (Jorge Ramos Ávalos Reforma, Opinión, p.8)
Un meme antisemita. Una nueva y enrevesada teoría de la conspiración. Un chiste transfóbico. Un hilo sesgado y mendaz contra Kamala Harris. Una noticia falsa tras otra. Y, a continuación, una andanada de muestras de apoyo a Donald Trump. Nada que antes no fuera bastante habitual en Twitter, pero hoy basta abrir X para verse sometido a las inagotables baladronadas de su dueño. Desde que, en una operación tan desaseada como cínica, el hombre más rico del mundo se apoderó de la plataforma, todo lo que ya estaba mal en ella no ha hecho sino empeorar. De aparentar ser una arena pública abierta a todas las voces -aunque en realidad nunca lo fuera-, se ha convertido en una peligrosa caja de resonancia para la propaganda populista, ultraderechista, tecnofascista y transfóbica de un solo hombre: Elon Musk mismo.
(México, 1968). Es autor de la novelas En busca de Klingsor, El fin de la locura, No será la Tierra, El jardín devastado, Oscuro bosque oscuro y La tejedora de sombras. Y de ensayos como Mentiras contagiosas, El insomnio de Bolívar y Leer la mente. En 2009 obtuvo el Premio José Donoso de Chile por el conjunto de su obra. Sus libros han sido traducidos a 25 idiomas. En 2014 se publicará su novela Memorial del engaño.
Como cuenta Ben Mezrich en Breaking Twitter (2023), la toma hostil de Twitter quizás no quebrara a la red social, pero sí a su nuevo propietario, quien desde entonces ha revelado su faceta más inestable, atrabiliaria, incendiaria, tozuda y pueril. Características de personalidad que se han vuelto aún más acusadas desde el fallido atentado contra Trump de hace unas semanas, como si hubiese sido el disparo de salida que al fin le permitió a Musk mostrar su verdadero yo, hasta entonces disimulado tras su aparente empeño por defender a toda costa la libertad de expresión: la promesa que, en sus propias palabras, lo llevó en primer término a fijar la mirada en Twitter (y, al cabo, a reintegrarle su cuenta a Trump).
El diseño original de la plataforma ya había contribuido drásticamente a fijar los términos del debate en nuestro tiempo. Para empezar, se trataba, insisto, de una obscena simulación: una empresa privada, cuyo único objetivo siempre consistió en enriquecer a sus dueños a nuestra costa, disfrazada de espacio público. Sus ciento cuarenta caracteres originales -luego ampliados- privilegiaban la ocurrencia intempestiva o los destellos de ingenio o de vileza y eludían en cambio cualquier búsqueda de profundidad o de matices; la posibilidad de crear cuentas anónimas alimentaba la violencia enmascarada, lo mismo que la puesta en marcha de estrategias automatizadas -granjas de bots- destinadas a la venganza personal, la represión o la desinformación. Su objetivo nunca fue alentar el diálogo o el intercambio de ideas, sino que los mensajes más divertidos, maliciosos o altisonantes se volviesen virales.
Igual que las otras grandes plataformas -Meta, Amazon o Alphabet en primer lugar-, X representa la quintaesencia del nuevo modelo económico que rige nuestra época y que ha terminado por suplantar al capitalismo: ese tecnofeudalismo, en palabras de Yanis Varoufakis, en el que han desaparecido tanto los beneficios como los mercados y cualquier asomo, por tanto, de libertad individual. Como en la Edad Media, hoy los ciudadanos nos hemos convertido en empleados sin sueldo de las grandes plataformas -los nuevos señores feudales-, para las que trabajamos de forma enloquecida y a quienes les entregamos lo más valioso que nos queda: ya no nuestra fuerza de trabajo, como en el capitalismo clásico, sino la información más detallada posible sobre quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta o disgusta y, sobre todo, qué aspiramos a poseer. Con todos estos datos, los dueños de las grandes corporaciones tecnológicas, que sobrepasan por mucho las fronteras nacionales, se hacen infinitamente ricos a nuestras costillas.
Si de por sí es desasosegante habernos convertido en jornaleros voluntarios del capitalismo de vigilancia -para usar ahora el término de Shoshana Zuboff-, debería serlo aún más trabajar a destajo y sin sueldo para alguien como Elon Musk. Cada vez que entramos a X, que damos un like o replicamos un meme, nos arrodillamos ante él y lo volvemos aún más rico y poderoso, mientras él nos insulta y nos desprecia. Tenemos que encontrar una forma de decir basta. Una manera de escapar de X y de imaginar y construir un nuevo espacio público que en realidad lo sea. No podemos resignarnos a seguir siendo los dóciles siervos de un reyezuelo zafio y megalómano. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p.9)
Una de las dinámicas más atroces de la justicia por propia mano es la que actúa de manera colectiva en forma de linchamiento. La crisis de los sistemas de seguridad y del Estado de derecho a nivel global, en cualquier lugar del mundo, por desarrollado que parezca, ha hecho de esas prácticas violentas un hábito del siglo XXI.
La vuelta de los linchamientos está relacionada con una poderosa rearticulación del racismo, el machismo, la xenofobia y otras formas de discriminación, que se ven amplificadas por unas redes sociales siempre ávidas de señalar un extraño o un enemigo, que amenaza de la cohesión comunitaria.
La historia de los linchamientos en Estados Unidos, durante el siglo XIX, y en Europa, en la primera mitad del siglo XX, ayuda a comprender el fenómeno. Hace algunos años, la organización Iniciativa para la Justicia Igualitaria realizó un estudio en Alabama, para las últimas décadas del siglo XIX, y logró identificar unos 800 afrodescendientes ejecutados por turbas furiosas, convencidas de que cada una de las víctimas había matado o violado.
En la mayoría de los casos, las acusaciones provenían de rumores de boca en boca dentro de las comunidades blancas. Antes de que la policía pudiese completar sus investigaciones, las turbas, a veces auxiliadas por el Ku Klux Klan, habían torturado o ahorcado al presunto culpable e incendiado su casa o propiedades.
En 1891, en Nueva Orleans, el jefe de la policía David Hennessy, irlandés, murió en una balacera a las afueras de una taberna. Antes de morir, Hennessy llegó a decir que su pleito había sido con un grupo de “dagos”, como despectivamente se llamaba a los inmigrantes italianos que usaban cuchillos. Esa frase bastó para que grupos irlandeses identificasen a 11 italianos, los ejecutaran y colgaran sus cadáveres en las farolas.
Los casos de pogromos y linchamientos de judíos en las primeras décadas del siglo XX, en Europa, durante el ascenso de los fascismos, son abrumadores. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el terror nazi, los pogromos se transformaron en masacres sistemáticas, como la de Iasi, en Rumanía, en 1941, cuando fueron acribillados a balazos 13 000 judíos.
En Europa, Estados Unidos y América Latina la terrible práctica del linchamiento adquiere una peligrosa presencia en nuestros días. Son habituales las noticias de ejecuciones colectivas, basadas en rumores o en sospechas artificialmente agrandadas por las redes sociales. Las fake news, reproducidas por medios irresponsables, hacen una fatal contribución a esos ejercicios de justicia paralela.
El caso más reciente, que acapara buena parte de la atención global, es la explosión de odio promovida por la extrema derecha británica contra mezquitas y barrios musulmanes en Southport, Liverpool, Solihull y otras ciudades de la Gran Bretaña. El detonante fue el asesinato de tres niñas en un club de baile en Southport, que falsamente fue atribuido a un inmigrante musulmán. En realidad, el asesino, Axel Rudakubana, fue un joven afrodescendiente británico, de 17 años, nacido en Cardiff.
Activistas y organizaciones del radicalismo de derecha en Gran Bretaña, como Tommy Robinson, Laurence Fox, William Coleshill, Alternativa Patriótica, Gran Bretaña Primero, Turning Point y Unity News Network, todos inscritos en la órbita de seguidores de Donald Trump en Estados Unidos y de Nigel Farage en el Reino Unido, estuvieron involucrados en la inculpación mediática de la comunidad islámica por los asesinatos de Southport.
La islamofobia de esas extremas derechas europeas se inscribe en una reactivación global del racismo, que añora el imposible de una comunidad homogénea. No es posible dar marcha atrás a la historia y revertir todo el avance en derechos multiculturales conquistados desde las últimas décadas del siglo XX. A pesar de ello, esas derechas seguirán soñando con una seguridad a base de exclusión. (Rafael Rojas, La Razón, Informativa, p.4)
Criminalización de las protestas contra planta de Granjas Carroll
¿Cómo es posible que el gobierno criminalice a la gente que defiende su vida y proteja y beneficie a empresas trasnacionales que están devastando nuestro territorio y con ello nuestras posibilidades de vida?, se pregunta el Consejo Tiyat Tlali, en el contexto de la criminalización de los defensores del agua que han protestado contra la multinacional Granjas Carroll, empresa que además de contaminar el agua, el aire y la tierra se atrevió a presentar una demanda penal contra integrantes del Movimiento en Defensa de la Cuenca Libres Oriental.
Ahora es la persecución penal, y hace menos de dos meses (el 20 de junio pasado) fue el asesinato de dos campesinos integrantes de esta organización, quienes fueron acribillados por la Fuerza Civil de Veracruz durante el desalojo violento de un plantón frente a Granjas Carroll, en Perote. Los asesinos siguen libres, no hay nadie juzgado por estos hechos, y ahora, en el mundo al revés, los denunciados son las víctimas.
Los gobiernos de Puebla, Veracruz y el federal, lejos de defender los derechos de los pueblos, a quienes celebran folclóricamente justo un día como ayer cada año, son cómplices del acaparamiento, sobrexplotación y contaminación del agua provocadas por una empresa severamente impugnada en Estados Unidos, su país de origen.
Cárcel, desaparición y muerte han sido las amenazas. Nos amagan con cárcel, pero antes funcionarios del gobierno ya nos habían intimidado con asesinarnos y desaparecernos si no frenamos las protestas, denunció Moisés Moratilla. Son, al menos, ocho integrantes del movimiento los que fueron notificados en sus domicilios por la Fiscalía General del Estado de Puebla. En el citatorio se les conmina a someterse a un acuerdo reparatorio justo, evitando con ello un proceso jurisdiccional. Una amenaza a todas luces.
Los defensores del movimiento recordaron que no es la primera vez que reciben amenazas por denunciar a Granjas Carroll, pues en 2007 y 2008 fueron criminalizados cinco de sus integrantes que exigieron el cierre de las pestilentes naves de la empresa criadora de cerdos, la misma donde germinó el virus de la gripe porcina H1N1. (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, Política, p.6)
Grupo México-río Sonora // ¿Lentitud o connivencia? // Diez años sin remediación
¿Quién o quiénes ponen palos en la rueda: ¿la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, ambos?, porque es desesperante la lentitud, y en no pocos casos la connivencia, de quienes dicen procurar e impartir justicia en los casos en los que aparecen involucrados los barones autóctonos marca Forbes, llámense estos Germán Larrea, Carlos Slim, Salinas Pliego, la familia Bailleres o cualquiera que aparezca en ese microcosmos de multimillonarios, la mayoría a costillas de la nación.
Ha transcurrido una década desde que Grupo México, propiedad del tóxico Germán Larrea, causó el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México (6 de agosto de 2014) y es la fecha que esa devastación se mantiene sin solución, con lo que ello implica para la salud de la población afectada, la contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi, y la producción agrícola de la zona. Diez años y la remediación comprometida por Grupo México brilla por su ausencia.
El 12 de octubre del año pasado, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, dio a conocer que presentó una denuncia penal contra Grupo México por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en el río Sonora cometido por la minera Buenavista del Cobre, al tiempo que advirtió que también se procederá contra ex funcionarios de la propia dependencia por posibles actos de corrupción, toda vez que el derrame no fue un accidente, sino negligencia de la empresa, por lo que el corporativo propiedad de Larrea debe remediar las afectaciones que persisten. Previamente, la funcionaria estimó en alrededor de 20 mil millones de pesos los daños en la región, que abarca ocho municipios sonorenses e involucra a cerca de 25 mil habitantes.
En 15 de septiembre de 2014, cobijado por Peña Nieto y su pandilla, Grupo México firmó un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y se creó el Fideicomiso Río Sonora, con un fondo (supuestamente) de 2 mil millones de pesos (a duras penas 10 por ciento de los daños económicos causados por el citado derrame) con el fin de recuperar la zona afectada, aunque en los hechos, y si bien va, de ese monto se ejerció menos de la mitad.
En octubre de 2023, Albores González reveló que de esos dineros Grupo México gastó cuatro veces más en propaganda (estrategia de comunicación, la llamó) para intentar limpiar su imagen que en atender los efectos en la salud de la población afectada. Por si fuera poco, el gobierno de Peña Nieto entregó a Grupo México (sin respaldo alguno) toda la documentación del caso y ni siquiera dejaron copias físicas o digitales. Impunidad garantizada, pues.
Pues bien, casi un año después, con todas las pruebas documentadas y entregadas a quienes procuran y/o imparten justicia, de la denuncia no se sabe absolutamente nada y en la mañanera de ayer la propia titular de la Semarnat detalló que el 7 de febrero del 2017 la Profepa y la empresa ecocida decidieron extinguir el citado fideicomiso y al consorcio todavía le regresaron 77 millones de pesos, con todo y que resultaba más que obvio que la remediación ni lejanamente se había cumplido.
En fin, a 10 años del ecocidio cometido por Grupo México brilla por su ausencia la remediación de la zona afectada por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en el río Sonora, y si en algo se ha ayudado a la población afectada no ha sido por decisión del tóxico Germán Larrea, algo que jurídica y éticamente le corresponde, aunque de esto último no sabe nada. Es una vergüenza.
Y nada mal estaría que la Semarnat informe puntualmente cuál es el estado que guarda la denuncia contra Buenavista del Cobre (antes Minera de Cananea), porque de nada sirve proceder en ese sentido si quienes procuran e imparten justicia son más lentos que una tortuga dormida, o, si se prefiere, sólo cuidan los intereses de los barones y siempre están a su servicio. Demasiadas son las barbaridades cometidas por Germán Larrea (y otros barones) como para seguir garantizándole impunidad, mientras la población afectada es la que paga el ecocidio.
En otro orden, aunque no menos lento, el Departamento estadunidense de Justicia sigue jugando al tío Lolo con la información sobre la detención-secuestro-entrega-etcétera-etcétera de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. ¿Hasta cuándo?
Las rebanadas del pastel
Al borde del llanto, Xóchitl Gálvez se queja: yo ya no existo para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en los hechos nunca existió, ni para esa instancia ni para nadie. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p.20)