Regalo para Xóchitl.- Nos platican que le va a llegar su Navidad adelantada a la senadora panista Xóchitl Gálvez. Y no precisamente por Papá Noel, sino por autoridades federales que le anda pisando los talones por contratos fantasma que otorgó cuando estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo. ¡Vaya regalazo que recibirá en estas fiestas la legisladora! (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Ayer avanzaba en el Senado la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado, a fin de regular y transparentar la presencia de agentes del extranjero en México. El dictamen, trasladado al pleno tras el voto favorable de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, establece la obligación de agentes de otros gobiernos de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. También deberán cumplir ese requisito las embajadas acreditadas en México cuyo personal realice actividades en materia de seguridad nacional.
Un día antes, durante su conferencia matutina, el mandatario había descartado que la iniciativa de ley genere fricciones con Estados Unidos. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard negó que la reforma lleve dedicatoria a la agencia antidrogas de Washington (Drug Enforcement Administration, DEA) o a algún país en específico, sino que busca poner orden y dotar a México de un marco legal claro en su cooperación con otros países, así como hacer efectivo el principio de reciprocidad en esas relaciones.
Lo cierto es que ni ésta ni ninguna otra modificación en el orden jurídico mexicano tiene por qué generar desavenencias con la Casa Blanca mientras sus ocupantes se conduzcan con el debido respeto a la soberanía de la que México goza para dotarse de sus propias leyes. Además, debe considerarse que en ningún modo se trata de disposiciones extraordinarias, sino de las regulaciones que todo país establece a los agentes extranjeros a los que permite operar en su territorio. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Llegó al Senado dos días atrás. Ayer por la mañana pasó por Comisiones…¡ y ayer mismo subió al pleno para su votación! Así de rápido se cocinó la reforma a la Ley de Seguridad que propuso el Presidente de la República para regular la presencia y actuación de los agentes extranjeros en nuestro país.
La detención —sin aviso previo alguno— del General Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, dio pie sin duda a esta reacción del gobierno mexicano. Y hacía falta, pues ya era un desgarriate la manera en que operaban las distintas agencias extranjeras de seguridad —incluidos los representantes diplomáticos, de embajadores para abajo, al igual que el desorden que privaba en las propias instancias mexicanas en su relación con todos ellos.
Entre otras cosas, se limitará la actuación de los agentes extranjeros únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en los términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. Según explicó Ricardo Monreal previamente, se trata de regular el intercambio de información entre autoridades mexicanas y elementos extranjeros en el país, y de normar las funciones de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno en seguridad nacional.
Las modificaciones obligarán a las embajadas y misiones extranjeras a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre “hechos en materia de seguridad de los que tengan conocimiento”. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
El Presidente no deja de confiar en su estrategia de señalar, apuntar y confrontar. Presume con razón que va bien, van dos años de lo mismo y bien se puede aplicar aquello de más lo que se acumule esta semana.
La gran incógnita es cuánto más podrá durar la estrategia, porque por más que el Presidente tenga altos niveles de popularidad, gobernar lleva invariablemente a escenarios impredecibles. Habrá que ver también qué tanto la sociedad mexicana acepta la visión maniquea presidencial al dividirnos entre buenos y malos.
La lógica indica que tarde que temprano al Presidente se le cobrarán algunas facturas. El desgaste, por menor que termine siendo, llegará y quizás traerá consecuencias en términos electorales o en la agudización de los ya presentes problemas económicos, a lo que hay que sumar la inseguridad y lo que se puede seguir viviendo con la pandemia.
Por ahora el Presidente gobierna con cierta tranquilidad. La oposición anda haciendo todo tipo de maniobras y malabarismos buscando crear contrapesos, los cuales hoy son mínimos. (Javier Solórzano, La Razón, La Dos, p. 2)
Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda aprobaron ayer 10 reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que serán llevadas al pleno para su aprobación. No incluye nada que refuerce las leyes para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo, y se enfoca en la regulación de la presencia y participación de “agentes extranjeros” en México.
Es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las presiones del Ejército tras la detención del general Salvador Cienfuegos, acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con el narcotráfico. El Presidente quiere blindar al Ejército, y por tanto a su gobierno, de espionaje e interferencia extranjera en los asuntos internos que afecten al Estado Mexicano.
No lleva destinatarios explícitos, pero a decir de sus declaraciones tras la captura de Cienfuegos, está inspirada en la DEA, en la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que siempre confunde con la de antidrogas, responsable de la Operación Rápido y Furioso.
Los demonios de López Obrador incluyen a la CIA, que intervino en Chile para desestabilizar al presidente Salvador Allende, y promovió el golpe de Estado en 1973, y que es el punto de referencia de su terror al presidente Donald Trump, en su lógica que el único que puede desbarrancarlo es el gobierno de Estados Unidos. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 36)
No hay duda de que, entre todas las autoridades del país, es la jefa de Gobierno de Ciudad de México quien ha impulsado y llevado a cabo los mayores esfuerzos para contener la pandemia.
Por mucho el mayor número de pruebas por habitante, los kioskos de atención, la identificación de casos por barrio y colonia, las pruebas masivas de cualquier tipo —de hecho, en CdMx se hacen algo así como la mitad de todas las que se hacen en el país—, los seguimientos a casos, el intento de identificación y rastreo con el código QR, visitas a domicilios, ampliación hospitalaria, la insistencia en el uso de cubrebocas y muchos más.
Sabemos también que varias de estas medidas han sido en contra de algunos deseos de López-Gatell, pero eso no ha detenido las acciones del gobierno de la ciudad. Ciudad de México es, para bien y a veces para mal, Ciudad de México, entre otras cosas porque no es solo la ciudad como lo marca la geografía política, sino que es eso que llamamos el Valle de México. El centro de población más grande, la región económica y políticamente más importante del país. Y sí, siempre un caos que a veces es una alegría y ahora ha resultado en tragedia. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Ahogado en la autocomplacencia, el gobierno del presidente López Obrador no ha querido alertar sobre un boquete de 200 mil millones de pesos que ya existe en el presupuesto público. Este boquete tiene dos responsables centrales: el gobierno y la pandemia. La pandemia porque acarreó una crisis económica; y el gobierno porque no quiso escuchar las advertencias de que Pemex no produciría tanto petróleo como se prometió y porque malgastó desde el año pasado todos los ahorros que tenía en el presupuesto.
¿Cómo se formó el boquete? Aquí va la explicación:
Cada año, la Secretaría de Hacienda elabora un documento importantísimo llamado Criterios Generales de Política Económica. En él explica cómo se elaboran los cálculos de ingresos y egresos de la federación. En especial, destaca el cálculo de los ingresos petroleros, es decir, cuánto dinero le va a entrar al gobierno gracias a Pemex. Y eso se basa en calcular cuánto se va a producir y exportar de petróleo, a qué precio en dólares, y cuál será el tipo de cambio para convertirlos a pesos.
Para el 2020 entre Hacienda y el Congreso calcularon un precio de 49 dólares por barril, una producción de 1 millón 951 mil barriles al día y un tipo de cambio de 19.90 pesos por dólar en promedio durante todo el año. De esta forma, el gobierno estimaba tener ingresos petroleros por casi 700 mil millones de pesos.
Si le atina a sus pronósticos de producción, exportación y tipo de cambio, todo sale bien. Pero si por ejemplo, el precio del petróleo es un dólar más barato que lo pronosticado, pues ya hay un boquete de 20 mil millones de pesos. Si se producen 100 mil barriles menos al día, se dejan de percibir casi 40 mil millones de pesos al año. Si el dólar baja un peso, también se pierden unos 40 mil millones. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Es otra historia. Finalmente, una historia más.
El 8 de diciembre de 2020, a las 19:10, Olga retuiteó un mensaje del presidente López Obrador y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum: “Vamos a ampliar el número de camas, equipos, doctores, enfermeras, para que a nadie le falte la atención médica y de calidad”.
Y comentó: “¿De qué sirve @Claudiashein @lopezobrador_ @HLGatell que [los enfermos] vayan a los hospitales y clínicas si están saturados? No hubo lugar para mi papá. Hoy ya descansa en paz”.
El 30 de noviembre la Ciudad de México rebasó el límite de hospitalizaciones por Covid-19 que estableció el gobierno de Claudia Sheinbaum para regresar al semáforo rojo. El 24 de julio, la jefa de gobierno había afirmado que, si llegaban a ocuparse 5 mil 127 camas en la Zona Metropolitana del Valle de México, la ciudad entraría nuevamente en dicho semáforo y tendría que permanecer así durante varias semanas.
El 30 se informó que había ya 5,174 camas ocupadas, de las cuales 3 mil 838 correspondían a la Ciudad de México. Aunque la jefa de Gobierno modificó su opinión, y dijo que para mover el semáforo había, además del número de camas, otros indicadores, en los sucesivos mensajes que envió a la población no pudo ocultar la urgencia, la preocupación inmensa que la aquejaba.
La ciudad llevaba casi un mes sin que bajara de tres mil el número de hospitalizados y casi diez días con 900 intubados, cifra que no había regresado desde junio. Había 211 mil 007 contagios reportados y 17 mil 686 defunciones por Covid-19. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 5)
Para nadie es un secreto que Andrés Manuel López Obrador no confía ni quiere a las instituciones autónomas del Estado mexicano. Lo que durante las últimas tres décadas fue un avance para la sociedad, con la creación de instituciones que tuvieran plena autonomía presupuestal y facultades propias para volverse contrapeso del gobierno y, en particular del presidencialismo autoritario que nos gobernó por más de 7 décadas, hoy en los tiempos de la 4T son vistas como un “inconveniente” para el estilo de gobernar del presidente que quiere controlarlo todo y que ve con recelo y desconfianza la autonomía de esas instituciones a las que no sólo se ha dedicado a descalificar y cuestionar desde la Presidencia, sino que poco a poco intenta controlar colocando en ellas a personajes cercanos e incondicionales de su proyecto político.
Así, instituciones cuya construcción, consolidación y fortalecimiento nos costaron miles de millones de pesos en impuestos a los mexicanos hoy están bajo asedio y acoso desde el Poder Ejecutivo que busca en algunos casos intervenir y controlar y en otros de plano desaparecer a los organismos autónomos encargados lo mismo de garantizar elecciones libres, limpias y equitativas, como el INE; de manejar los datos, cifras y estadísticas de la información económica y social del país de manera profesional y sin sesgos políticos, como el Inegi; o para defender los derechos humanos de los abusos de la autoridad, como la CNDH; para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública como el Inai o incluso para manejar la política monetaria y financiera sin las tentaciones del capricho y la discrecionalidad presidencial, como el Banco de México, entre otras más. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.11)
Se vienen “cosas fuertes” en la Auditoría Superior de la Federación, encargada de fiscalizar los recursos de la hacienda pública federal. El 20 de febrero del año próximo deberá quedar lista la Cuenta Pública del 2019 (primer año de gobierno de López Obrador).
Sabemos que la pandemia ha servido como pretexto a varias secretarías federales, gobiernos estatales, municipales, tribunales, universidades, organismos autónomos, para no entregar información sobre el uso de recursos públicos.
A los morosos ya se les puso un ultimátum. Tienen hasta el 31 de diciembre para entregar la información o, de lo contrario, los van a “observar” al 100 por ciento, aseguran fuentes de ese órgano de la Cámara de Diputados.
Sólo en casos debidamente justificados se recibirá información en el mes de enero. La mayoría no ha entregado la información por “irresponsabilidad”, nos aseguran en la ASF. “Se tienen que poner las pilas no sólo los de la 4T, sino los estados, los poderes…”, advierten. (Francisco Garfias, Excélsior, Nación, p. 4)
Mientras el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se dedica a ejecutar algunas venganzas políticas, los principales implicados, autores intelectuales y materiales de la desaparición de los jóvenes de la normal, están quedando en libertad o acercándose a la misma. Ya quedaron en libertad la mayoría de los sicarios, confesos, que participaron en el crimen, incluyendo algunos de los líderes de Guerreros Unidos. Ahora, nada menos que el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, avanzó en la búsqueda de su liberación porque la fiscalía especial no defendió en un tribunal colegiado las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Abarca es un personaje ligado al narcotráfico, casado con María de los Ángeles Pineda, hermana de tres de los líderes de Guerreros Unidos y con largos antecedentes de violencia en el propio municipio. La historia de Abarca la contamos con detalle en este espacio y en el libro La noche de Iguala (Cal y Arena, 2018). Hoy queremos insistir en una parte que ha sido ignorada, incluso por la fiscalía especial: su participación en el asesinato de otros dirigentes de izquierda, opositores suyos en el municipio y a su vez ligados con la normal de Ayotzinapa. Así lo contamos en el libro citado.
Para el matrimonio Abarca-Pineda, la presencia de los estudiantes en el municipio no era nueva: el 3 de junio de 2013, los normalistas habían tomado violentamente el Palacio Municipal para exigir la presentación con vida del entonces desaparecido Arturo Hernández Cardona, dirigente de la organización Unidad Popular de Guerrero. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nación, p. 18)
Nada mal la calificación que recibe el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. 4 de cada 10 mexicanos aprueban su operación, según la encuesta publicada por El Economista y Consulta Mitofsky. Aunque, también, 4 de cada 10 lo reprueban. El resto es que él inclina la balanza de manera positiva, pues, aunque no celebran, no descalifican por completo. Lo interesante es que, entre los varios personajes, son muy pocos quienes representan un activo real, es decir, figuras cuya aportación es mayor a los negativos que genera.
Esta semana, por ejemplo, Marcelo Ebrard confirmó ser uno de esos personajes cuyo trabajo es reconocido por la gente. Lo dice este estudio de opinión. 5 de cada 10 mexicanos considera que, en estos dos años de gobierno, ha realizado una gran labor, tres de cada 10, creen que regular y sólo 2 de cada 10, recriminan el trabajo realizado desde la Cancillería. Las vacunas y el acceso que México tendrá a ellas, es resultado de la diplomacia y política que se gestó desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde supieron apostarle al futuro y a la verdadera puerta de salida para esta pandemia que nos tomó por sorpresa. Algo similar ocurre con el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, su dependencia ha encontrado un nuevo cauce en esta administración, que le permite mayor reflector, y ha sabido aprovecharlo.
Lo curioso se presenta cuando llegamos a los nombres de quienes, por circunstancias evidentes, han sido voces protagonistas de este 2020. Jorge Alcocer, secretario de Salud, es aprobado sólo por tres de cada 10. Pocas han sido sus participaciones en la crisis sanitaria. Apenas la semana pasada lo vimos firmar el acuerdo (cabildeados desde la SRE) que permitirá a México acceder a la vacuna de Pfizer. Aparte de eso, la emergencia por coronavirus ha quedado en la figura de Hugo López-Gatell, el subsecretario al que hemos visto dar tumbos. Primero con el rechazo al uso de cubrebocas; luego, con los cambios sutiles en su discurso y que en ocho meses lo han hecho portar mascarilla en sus conferencias de las 7 de la noche; eso, más su entusiasmo por el reflector y, desde luego, el saldo de la pandemia en nuestro país, que pasó de trágico a catastrófico y terminamos en abominable, más de 111 mil mexicanos fallecidos hasta ayer. Su índice de aprobación está mucho muy lejano del que registran otros funcionarios, como los referidos al inicio de este texto. 4 de cada 10 consideran que su trabajo frente a la covid-19 ha sido malo; dos de cada diez creen que regular. El asunto con López-Gatell es que ha sabido aprovechar la exposición, se ha posicionado como uno de los funcionarios con mayor reconocimiento de nombre. A pesar de los yerros, acapara titulares y opaca la labor de otros funcionarios, afectados más por la sombra que por una mala gestión. (Yuriria Sierra, Excélsior, Opinión, p.22)
Cada secretaría de Estado atiende a grupos específicos de la sociedad. Así, la Secretaría de Gobernación atiende a los ciudadanos, Hacienda a los contribuyentes, Bienestar Social a los marginados, Salud a los enfermos, el IMSS a los derechohabientes, la Presidencia de la república a todos los mexicanos, la Secretaría del Trabajo a los trabajadores, y la Secretaría de Economía a los empresarios. A estos últimos son a quienes Tatiana Clouthier debe abrirles permanentemente la puerta y convertirse en su heraldo ante el resto del gobierno para que la actividad empresarial se engrane correctamente en el circuito sociedad-estado. Prueba de ello fue la firma del convenio entre el jefe del ejecutivo y los empresarios para erradicar el outsourcing ilegal. Al evento asistió un solo empresario, Carlos Salazar, del CCE, mientras que, del otro lado, estuvo el SAT, la Procuraduría Fiscal, IMSS, Infonavit y la STPS, todos órganos fiscalizadores cuando fundamentalmente la subcontratación es una actividad económica y no laboral o fiscal. Lo mismo ocurre con el hecho de haber cambiado al contribuyente de un régimen legal ordinario a uno especial de tipo penal. También con el exceso de regulación que se mantiene para la actividad económica.
El sector productivo, a todos los niveles y no nada más el cupular, necesita espacio para crecer, cumplir sus obligaciones fiscales y ampliar sus inversiones. El estado de Derecho representa el área de oportunidad más importante para trabajar en economía. Hay que ir a todos los estados a visitar a los empresarios locales para entender la vocación económica regional y, de ser posible, incorporar encuentros del presidente López Obrador con ellos para que de viva voz se mantenga el diálogo circular. Por 2 años, la secretaría de Economía estuvo prácticamente aislada de los empresarios acrecentando la incertidumbre. La pandemia del Covid-19 impone un reto formidable para la recuperación económica que sólo será posible si el gobierno toma de la mano a su clase empresarial y juntos trabajan no nada más en mantener la estabilidad fiscal y monetaria sino en ampliar los niveles de inversión que actualmente se encuentra en 17.9% del PIB muy por debajo del 25% que se requiere. (Carlos Alberto Martínez, El Economista, Opinión, p.29)
¿Qué es? Según monseñor y obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Luis Manuel Pérez Raygoza (LMPR), ordenado el 19 de marzo en la Basílica de Guadalupe dentro del Código de Derecho Canónico, la indulgencia plenaria es “la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la iglesia la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos”.
Su santidad: El Papa Francisco fue persuadido por el arzobispo primado de México Carlos Aguiar Retes para “concedernos motivación, aliento y esperanza. Que los devotos recibirán en su casa la indulgencia plenaria en casa y no acudan a la Basílica de Guadalupe.
Iglesia solidaria: Explicó que la indulgencia católica puede ganarse por un difunto para la salvación de su alma, por lo que si una persona a punto de morir la recibe no pasaría por este estado de purificación y así la Plenaria suprime al Purgatorio.
Exhorto LMPR: “No dejemos de celebrar a la Morenita del Tepeyac honrándola, cuidándonos unos a otros, siendo congruentes con los protocolos sanitarios y con algunas condiciones como preparar un lugar de oración a la virgen, seguir la misa completa del 11 o 12 diciembre a través de múltiples plataformas, radio y tv. Orar al papa, y comulgar sacramentalmente”, dijo quien fue ordenado diácono en junio 1999, un año después recibió la presbiteral y fue formador en el Seminario Conciliar de México. (Federico Lamont, El Sol de México, Nacional, p.10)
Gertz Manero, el fiscal nini // Zafarse de desaparecidos // Banxico y lavado de dinero // Outsourcing: empresarios reacios
Alejandro Gertz Manero y a Palacio Nacional les ha convenido moverse entre dos aguas en el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), que en términos teóricos es un órgano público autónomo, pero, en los hechos, practica un acompasamiento con los intereses de la cúpula del grupo en el poder federal, pues aprieta en ciertos casos y muestra desidia en otros, dejando siempre políticamente a salvo al Presidente de la República, que lo mismo devela y califica temas propios de la FGR que la apura a tener más rapidez y mejores resultados en ciertos expedientes.
Un fiscal nini, pues ni es autónomo ni es abiertamente dependiente de la silla presidencial. No podría ser de otra manera, pues Gertz Manero, quien cumplió 81 años de edad el último día del pasado octubre, es una hechura del sistema político tradicional de México. Ya en 1976 era coordinador general de la Operación Cóndor, un operativo impulsado por Estados Unidos para el combate del cultivo de mariguana y amapola (o adormidera) en territorio mexicano, con represión, terrorismo de Estado y mucho revuelo mediático y estadístico para aparentar que triunfaba esa guerra.
Gertz Manero fue secretario de seguridad pública en la Ciudad de México durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y de su sustituta, Rosario Robles Berlanga. Con Vicente Fox tuvo el mismo cargo, pero a nivel federal. Fue diputado federal por la vía plurinominal a nombre del partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. Y del 1º de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019 asumió, por designación del presidente López Obrador, la titularidad de la Procuraduría General de la República, como preámbulo, obligado por los tiempos legales, para pasar a la autónoma FGR, cargo que deberá cumplir durante nueve años, hasta 2027. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Iniciamos el camino de la gran transformación de nuestra ciudad de la mano de la transformación del país. Somos parte de un movimiento que alcanzó el triunfo electoral el primero de junio de 2018. Un movimiento con ideales claros y que tiene como mandato popular eliminar la corrupción y los privilegios de los gobernantes, ampliar la democracia para consolidar un México de progreso con justicia.
La Cuarta Transformación representa una nueva forma de gobernar, sin privilegios, sin corrupción, con transparencia y cercanía. Un nuevo modelo económico basado en la austeridad republicana, la disciplina fiscal, el pago de impuestos sin indultos al que más posee, que distribuye riqueza de forma directa al pueblo sin intermediarios, que promueve la economía con inversión pública y fomenta la inversión privada sin corrupción, que planea el desarrollo, que reconoce la imperiosa necesidad de un salario digno para los trabajadores, que cultiva el medio ambiente, que invierte donde históricamente no se ha hecho para disminuir desigualdades.
Un modelo que concibe a la educación, la salud, la vivienda, la cultura, la pensión a los adultos mayores como derechos. Que engrandece el derecho a una vida digna para todas y todos, que reivindica a nuestros pueblos originarios. (Claudia Sheinbaum, La Jornada, Capital, p. 40)