Hoy será el trámite, perdón, la elección de Alejandro “Alito” Moreno como nuevo dirigente nacional del PRI; se espera que en las 6 mil 150 casillas haya suficientes dosis de valeriana para que los priistas calmen sus ganas de robarse las urnas.
Hay quienes creen que el ex partidazo tiene que cambiar ¡hasta de nombre! Algunas propuestas son PMM (Partido Morenista de México), PSCP (Partido Siempre Caemos Parados), Pri-Mor (Primero Morenos que Muertos) y algunos, más a tono con los comicios de este domingo, sugieren que se llame Dino (Democracia Interna No). (F. Bartolomé, Reforma, Nacional, p. 8)
Contra los cañonazos en Baja California.- Quien sigue dando la batalla, en contra del gobernador electo de Baja California, es Jaime Martínez Veloz, quien compitió por la gubernatura de ese Estado bajo la bandera del PRD. El político presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien resulte responsable, por los actos que cometieron diputados de la pasada legislatura del Congreso local que aprobaron ampliar la próxima legislatura de 2 a 5 años. Y es que mucho se ha dicho que podrían haber existido sobornos. Pues el excandidato ya tiene cita el lunes 12 de agosto ante la FGR para llevar a cabo una diligencia sobre el caso. ¿Habrá forma de comprobar el delito? (El Universal, Nación, p. 2)
Que la jefa de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, atajó todo rumor de que se alista un profundo proceso de reestructuración en las áreas de seguridad de la capital, que implicaría la salida del jefe de la policía, Jesús Orta. El espaldarazo llega justo cuando la percepción de violencia entre los ciudadanos aumenta.
Sin embargo, para alejar esos malos augurios se anunció que mañana se entregará el segundo cuartel a la Guardia Nacional en Ciudad de México, que estará ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, lo que demuestra que la estrategia contra la inseguridad, con apoyo de la Federación, va en serio. (Milenio Diario, Opinión, p. 2)
Las cifras sobre pobreza y pobreza extrema presentadas a este diario por Araceli Damián González, titular del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa), plantean una obligada reflexión en torno a dos cuestiones.
En primer lugar, la afirmación de que la metodología empleada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) llevó a subestimar de manera sistemática las carencias, pone en entredicho el papel desempeñado desde su creación, en 2005, por este organismo autónomo, cuyo cometido es generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Como ya se indicó en este espacio a propósito del maquillaje de cifras en materia delictiva llevado a cabo por la administración capitalina pasada, resulta evidente que con datos erróneos es imposible diseñar e implementar políticas públicas efectivas. (La Jornada, p. 2)
Las calles están limpias, el turismo ha crecido de manera explosiva, los comerciantes parecen felices y los hoteles están llenos. Oaxaca parece finalmente haber roto con sus impedimentos históricos y disfruta de un nuevo momento de paz y crecimiento. Si sólo fuera tan fácil. Lo único que ha cambiado es que los gobiernos federal y estatal le han concedido todo a la Coordinadora de Maestros, la famosa CNTE, con lo que desaparecieron los bloqueos: los (supuestos) maestros le concedieron a la ciudadanía la gracia de vivir de manera normal, al menos hasta que comience la nueva ronda de demandas, amenazas y extorsiones. Todo lo cual impide el crecimiento.
La discusión respecto al crecimiento económico es permanente y se ameniza con discursos políticos que no atienden las causas del fenómeno y que se exacerban cuando la tasa de crecimiento es menor. Pero el problema de fondo nunca acaba por resolverse. En el curso de las décadas se han emprendido diversas estrategias para enfrentar esta ausencia y se ha avanzado en algunos planos, pero ni siquiera se ha llegado a un consenso sobre la causa última de una tasa promedio tan baja, al grado en que, en lugar de buscar elevarla, se festina el que no haya recesión. (Luis Rubio, Reforma, Nacional, p. 9)
Aunque la relación entre el robo a la Casa de Moneda y la exitosa serie La casa de papel fue una buena manera de explicar un grave asalto, la realidad es que tuvieron poco que ver. Los delincuentes reales actúan impulsados por la oportunidad, la corrupción, la impunidad y el negocio.
Esos incentivos hacen que los criminales sean flexibles, se adapten y hagan todo lo que se necesite para cumplir con sus objetivos.
Y si está pensando en que eso no los exime de ser miserables, cobardes y dignos de todos los insultos posibles, tiene razón, pero jamás cometamos el error de pensar que son tontos. Este es su negocio y viven del crimen, una actividad que, tristemente, se ha vuelto demasiado lucrativa en nuestro país. (Luis Wertman Zaslav, Excélsior, Nacional, p. 8)
Los atentados en El Paso, Texas, y Dyton, Ohio, son hechos lamentables y recurrentes en Estados Unidos. Los tiroteos masivos se han hecho parte de la realidad que enfrentan los ciudadanos estadounidenses. Las principales causas son dos: el laxo control de armas y la presencia de organizaciones con idolologías basadas en el odio y la intolerancia. Lo hechos recientes visualizan el debate sobre la necesidad de mejorar el control de armas y provocan la reflexión sobre la influencia del discurso político del presidente Donald Trump en estos actos de extrema violencia.
De acuerdo con datos de Small Arms Survey, EE.UU. cuenta con el mayor número de armas per cápita en poder de civiles, 120 armas por cada 100 ciudadanos. Esto aumenta la posibilidad que sucedan tiroteos masivos. La ONG Gun Violence Archive reporta el registro de 250 tiroteos en EE.UU. en lo que va del 2019. Incluso, el Departamento de Justicia utiliza la categoría de terrorismo domésticos a este tipo de hechos cuando se relacionan con motivos de odio. En consecuencia, la población estadounidense, sobre todo la que se ha visto afectada, vive aterrorizada por la posibilidad de ser las próximas víctimas. (Marco Bernal, El Sol de México, Nacional, p. 17)
Si bien no con la premura deseada, tanto que dio tiempo a que la mayoría abandonara las filas del partido con antelación, la Comisión de Orden y Disciplina de Acción Nacional, que coordina el sinaloense Carlos Castaños Valenzuela, expulsó finalmente a los siete diputados bajacalifornianos, la alcaldesa y el síndico de Playas de Rosarito que, con su voto, posibilitaron se aprobara la ilegal y antidemocrática reforma que amplía de dos a cinco años la vigencia del próximo gobierno estatal.
La tardía decisión que separa del blanquiazul al excalderonista Carlos El Enamorado Torres Torres, José Félix Arango, Iraís María Vázquez, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento y Alfa Peñaloza Valdez, como a la edil Mirna Rincón Vargas y su alfil en el municipio, Miguel Ángel Vila, se adoptó en razón de “haber actuado en desacato a un acuerdo de los órganos partidistas” e, implícitamente, a la vista su obvia traición a principios y valores tradicionales del panismo al adherirse, en los hechos, a la causa de Morena y, más específicamente, del impresentable gobernador electo Jaime Bonilla Valdez. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 18)