Otro panista en la mira de la inteligencia financiera
Nos comentan que quien podría enfrentar un problema con las autoridades federales es el diputado federal y vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Romero. Nos aseguran que sus finanzas han estado bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera. Don Jorge, el hombre de mayor poder e influencia en el panismo de la capital del país, podría ver truncado sus objetivos de reelegirse como diputado federal y de buscar la coordinación de la fracción parlamentaria del PAN en San Lázaro, si la UIF encuentra elementos para acusarlo de algún delito ante la Fiscalía General de la República. La investigación en torno a Romero, y de otro exlegislador panista, estarían en vísperas de concluirse para determinar si habrá o no acusación contra ellos.
Buscan meter un Caballo de Troya a San Lázaro
Uno de los grupos más investigados por la justicia federal por operaciones ilegales de outsourcing busca colocar a algunos diputados en la nueva legislatura, nos advierten. Se trata, nos dicen, de los hermanos May y Alejandro Álvarez Puga, quienes desde Miami, Florida, donde residen, financian algunas candidaturas de Movimiento Ciudadano. Es el caso, nos aseguran, de la candidatura de Federico Galindo, secretario particular de Alejandro Álvarez Puga, quien está propuesto por MC como diputado plurinominal en la III circunscripción. La idea, nos comentan, es tener algunos aliados en San Lázaro luego de las reformas que el actual gobierno realizó para limitar la práctica laboral del outsourcing y castigar a quienes se han aprovechado ilegalmente de este esquema. La candidatura de don Federico, sostienen, habría sido cedida por MC a los Álvarez Puga, a cambio de que ellos apoyaran con recursos a la campaña de Francisco Rojas Toledo a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de algunos otros candidatos más en el sureste del país.
Cruzada a favor de la vacunación
A partir de esta semana, nos aseguran, el futbol mexicano se sumará con todo su potencial de difusión a la campaña de vacunación contra la Covid-19 de la Secretaría de Salud federal. Los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, y de Liga Mx, Mikel Arriola, en coordinación con el Director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, acordaron una estrategia para apoyar la promoción de las vacunas, primero en sus plataformas digitales que, aseguran, tienen un alcance de 35 millones de personas y luego con videos de jugadores y jugadoras de la Selección Nacional y de los clubes, que también reforzarán la campaña de salud en sus plataformas, por lo que los llamados a vacunarse cuando nos toque a todos podrían ser vistos por más de 70 millones de mexicanos en total.
Acoso sexual en Poder Judicial llega a las redes
Los casos de acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación han llegado a las redes sociales. Aprovechando que el ministro Arturo Zaldívar ha destacado, como ningún otro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser muy activo en Twitter, las trabajadoras del PJF han usado este canal para solicitar su intervención en casos de hostigamiento laboral y sexual. Algunas de las trabajadoras se duelen de la falta de medidas cautelares para protegerlas mientras se realizan las investigaciones. (El Universal, Opinión, p.2)
EL VIEJO REFRÁN dice: “divide y vencerás”. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador venció, pero insiste en seguir dividiendo.
AL PRESIDENTE le cuesta trabajo entender que los problemas de México no son los problemas de Morena, vaya ni siquiera son de la 4T, sino de todo el país. Y, por lo mismo, las soluciones no están, no pueden estar, únicamente en su cabeza, en su bando, en su camarilla.
LA RUTA que el Presidente está siguiendo es la de convertirse en el emperador sobre las ruinas; el amo y señor de la nada. Sin embargo, aunque el Presidente quiera creer que con él empieza y acaba la historia, México seguirá más allá de 2024… y todas las malas decisiones de este sexenio terminarán pasando la factura.
ALGUIEN debería enseñarle a AMLO -¿estás oyendo, Marcelo?- la carta anual que el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, le acaba de enviar a sus accionistas. En especial un párrafo que dice: “Las empresas y el gobierno colaborando juntos pueden superar nuestros mayores desafíos: desigualdad de ingresos, oportunidades económicas, educación y atención médica para todos, infraestructura, viviendas asequibles y preparación para desastres, por nombrar algunos”. ¿Así o más claro?
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UNA de las periodistas más reconocidas a nivel internacional sobre el tema energético, la egipcia Amena Bakr, escribió hace unos días algo que seguramente no le va a caer muy bien a Rocío Nahle.
SEGÚN ESTO, en la reciente reunión de OPEP Plus, Bakr preguntó a los representantes de los países petroleros si alguno se había opuesto a la paulatina reducción de los recortes en la producción de crudo. Y una de las respuestas fue: “¡Nadie quería ser otro México, todos nos apoyamos!”. Luego de que la titular de Energía estorbó los acuerdos del año pasado y al final creyó que le aplaudían a ella, así nos ven ahora en las grandes ligas petroleras.
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UNA DUDA: los niños que tomaron las armas en Guerrero para unirse a las autodefensas en contra del crimen organizado, ¿son neoliberales o son fifís? ¿O acaso son de la mafia del poder? ¿Será que son oootro montaje en contra del gobierno?
EN LO QUE las redes de la 4T encuentran cómo desacreditarlos, 31 niños menores de 12 años se unieron a la “policía rural” en la Montaña Baja guerrerense, porque ni el gobierno federal ni el gobierno estatal se han ocupado en llevarles paz, educación y bienestar.
SERÍA BUENO saber si en algún momento de su rebelión contra el INE, el morenista Félix Salgado Macedonio tiene algo que decir sobre los niños que tuvieron que dejar las aulas para tomar las armas. Esa sí es una tragedia, no que le hayan quitado la candidatura.
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A DIFERENCIA de otros países latinoamericanos, en México está completamente descartado el riesgo de un golpe de Estado. El hecho de que sean los militares quienes realmente gobiernan tenía que tener alguna ventaja, ¿no? (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Que el debate sobre el destino de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón Orozco, en Michoacán, pasó del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a las redes sociales, pues mientras el presidente del organismo, José Luis Vargas, reiteró su voto contra la resolución del INE de retirarles su derecho a competir, la magistrada Janine Otálora insistió en que la ley es clara y quien la incumpla no pueden estar en campaña.
Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Ignacio Mier, sostendrá hoy un encuentro virtual con el fiscal Alejandro Gertz para analizar la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ya aprobada en el Senado, pero pendiente de resolución en San Lázaro.
Lo interesante es ver si el titular del MP federal revivirá su propuesta de retirar a la FGR de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o si ya se allanó a la rectificación que le impuso la Secretaría de Gobernación.
Que en oficinas federales hay confianza en que el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury será vinculado a proceso por recibir sobornos de Odebrecht. De lo que no están seguros es de la medida cautelar que se le pueda imponer, pues se trata de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, además de que el ex legislador ha cumplido con todos los requerimientos judiciales y hay una amplia posibilidad de que enfrente su proceso en libertad. (Milenio, Editorial, p.2)
Desmemoria. Levantó la voz Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, “hacemos un reclamo respetuoso, pero enérgico, a la secretaria Olga Sánchez Cordero para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, intervenga y ponga orden a los desmanes y ataques a libertades políticas que se están dando en el estado de Veracruz”. A las afueras de la Segob, perredistas de todo el país exigieron la intervención de la titular de la dependencia, en este caso de violencia política. A nombre de diputados, tanto federales como locales, así como de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, Zambrano alertó sobre el peligro que corre el proceso electoral. Ya encarrerado, aseveró que los de Morena siguen victimizándose y desprestigiando a los órganos electorales, “pero, aunque se victimicen, les vamos a ganar”. ¿Se le olvida que los dos partidos surgieron del mismo ADN?
Equivocado. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pidió al INE y a los órganos estatales electorales sacar las manos de la contienda política. Desde su óptica, las autoridades electorales recurren a argumentos administrativos “para coartar el derecho constitucional de los votantes”. “Quieren sacarnos a la mala a algunos candidatos, porque saben que vamos a ganar. Por eso la pelea es para que no haya este tipo de intervenciones arbitrarias y que se le permita a la gente decidir libremente quiénes quieren que sean sus gobernantes. No puede haber mano negra en las autoridades electorales”, declaró. En su repetitivo discurso, alude a la “mafia en el poder”, pero ignora la que se está generando en su partido. El problema no está en el INE, sino en la necedad de Morena por colocar a sus candidatos a como dé lugar.
Pésima señal. Muy a su estilo de gánster de mala película mexicana, Félix Salgado Macedonio mueve toda la maquinaria de acarreo a su alcance para dinamitar el buen curso de la democracia. Él y sus simpatizantes realizan una serie de movimientos, desde caravanas hasta la amenaza de montar un plantón en las oficinas del INE hasta que emitan una resolución a su favor sobre su candidatura. Acusado por presunta violación, no obstante, ninguna autoridad judicial se le ha acercado. Queda impune. No entrega reporte de gastos y lo bajan de la contienda por su irresponsabilidad administrativa y ahora advierte que violará la ley si las autoridades no se someten a lo que él quiere. El sujeto en cuestión se ha atrevido a decir que, de no estar en los comicios, no habrá elecciones. ¿Es tanto su poder demoledor?
Perfil inoportuno. A lo largo de su trayectoria política, Félix Salgado ha usado mecanismos como la corrupción, el robo, el agandalle y la farsa. Su perfil personal y político, como legislador y alcalde de Acapulco, fue descrito por su colaborador y simpatizante Eduardo Evaristo Longares en el libro El gran farsante. La farsa política de Félix Salgado Macedonio… vivida desde la entraña misma. (Editorial Sagitario, Colección Vida y Obra). “Ésa es la política que siempre criticó y —como ironía— siempre ha practicado y utilizado: la corrupción, el robo, el agandalle, el trapecismo, la farsa, la mentira son defectos propios de Félix. Es el perfecto farsante que, como vil padrote, nos explotaba y utilizaba para su beneficio personal”, dijo. ¿Y a ese Toro es al que defiende la 4T?
Números adversos. Las cifras no aportan nada al historial político de Fernando Larrazábal, el candidato del PAN al gobierno de Nuevo León. Además de la tragedia en el Casino Royale, que dejó 52 muertos, su gestión como alcalde de Monterrey también fue marcada por una incontrolable alza en la incidencia delictiva. Gobernó del 1 de noviembre de 2009 al 3 de mayo de 2012. Y tan sólo en los últimos años de su gestión se cometieron 32 mil 908 delitos de alto impacto, un promedio de 45 cada día, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En específico, las extorsiones se duplicaron, al pasar de 24 carpetas de investigación iniciadas en 2011 a 59 para 2012, el último año de Larrazábal como edil. Y todo: fraudes, secuestros, robos, asaltos y despojos, todo se elevó bajo su mandato. ¿Votarían por la racha de fracasos? (Excélsior, Opinión,p.17)
Por las mujeres
El tema de las mujeres, los feminicidios y las protestas de grupos feministas prendieron focos de alerta en el gobierno hace meses. Desde Palacio Nacional trabajan en una estrategia integral para darle seguimiento y hacer que políticas públicas en la materia corran de forma transversal en el gobierno. Las responsables son Olga Sánchez Cordero y Rosa Icela Rodríguez.
Daños colaterales
Independientemente de lo que decida el INE con Félix Salgado Macedonio, su caso es uno de los que más divisiones ha provocado al interior de Morena y la denominada “cuarta transformación”. En el gabinete y el partido se han enquistado rencores por la excesiva atención que los mandamás han puesto en el guerrerense.
Cambios en puerta
Nos cuentan que este lunes revisarán la propuesta para que la periodista Susana Cueto ocupe la Coordinación de Comunicación Social en el Congreso de la CDMX. La coordinadora de Morena, Martha Ávila, presentó el plan a la Junta de Coordinación Política, luego de que el encargado, Christian Daza, enfrentara acusaciones por acoso laboral y hostigamiento.
Malas amistades
Cobijado por PRI, PAN y PRD, Luis Gerardo Quijano arrancó la semana pasada su campaña por la alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX; sin embargo, nos hacen saber que su cercanía con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hoy prófugo de la justicia por trata y asociación delictuosa, podría pesarle en las urnas. (El Heraldo de México, Editorial,p.2)
En las próximas horas se tendrá que resolver la situación jurídica del exsenador Jorge Luis Lavalle, involucrado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en una denuncia de sobornos ocurrida el pasado sexenio.
Este fin de semana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo en Querétaro, donde fue a acompañar a la candidata de Morena, Celia Maya, que Lozoya “presentó una imputación en contra de 70 personas. Al momento —agregó— hemos revisado y denunciado a 18 de ellas”, incluyendo el exsenador Lavalle. Según Nieto, “la Fiscalía General de la República encontró un soborno por 53 millones de pesos en efectivo y nosotros habíamos detectado transferencias por más de 60 millones de pesos, lo cual no corresponde, evidentemente, con el ingreso que puede tener un senador”.
Lavalle ha negado haber recibido ese soborno y sostiene que sus ingresos devienen de sus actividades empresariales, suyas y de su familia, que dispone de recursos más que suficientes. Por lo pronto, la FGR logró que el exsenador quedara detenido en el Reclusorio Norte desde la madrugada del viernes, con prisión preventiva justificada como medida cautelar ante el presunto riesgo de que Lavalle intentara fugarse. Su situación debe definirse a más tardar el miércoles.
Evidentemente, no sabemos si la FGR o la UIF tienen más información de la que han hecho pública, pero lo único que sabemos a ciencia cierta en toda esta historia es que el corrupto, el que recibió sobornos y el que lucró antes y durante su paso por Pemex, es el acusador, el propio Lozoya, quien está en libertad y funge como testigo colaborador de las autoridades, precisamente, para librar la cárcel. Pero las pruebas que dijo que aportaría, por lo menos hasta ahora, no han aparecido por ninguna parte, salvo un video en el que se entrega dinero a dos empleados de la Cámara de Senadores. (Jorge Fernández Meléndez, Excélsior, Opinión, p.14)
Si usted cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador odia a todo lo que huela como sector privado, lo más probable es que acierte en casi 100%. Si usted piensa que a eso se debe el que no quiera vacunar a personal médico que trabaja en hospitales y clínicas privadas atendiendo casos de Covid-19, atina al 100%. Si percibe que este odio es homogéneo y permea a todo su gobierno, se equivoca. La única persona en clara sintonía con él, en posición de influencia y decisión, es el zar del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuyo resentimiento hacia el sector privado es notable. En todo caso están negando un escudo de vida a cientos de personas. Éticamente es inaceptable, políticamente condenable y jurídicamente podrían ser llevados a juicio, no ahora ni aquí, sino al terminar el sexenio en cortes internacionales.
El tema de la vacunación a personal médico de primera línea que trabaja en instituciones privadas estalló como explotan las cosas al gobierno: en un arrebato de López Obrador que dijo que el personal médico privado tendría que formarse en la línea, como el resto de todos los que no están en situación de alto riesgo por salvar vidas ajenas, para que se les aplique la inoculación. Y como suceden las cosas en el despacho presidencial, nació de algo que no tiene que ver con el tema de referencia: la reforma eléctrica. No se sorprenda. Recuerde que el Presidente no tiene la capacidad para compartimentar asuntos y problemas, ni tampoco temple para enfrentar crisis, que pretende resolver culpando al pasado.
López Obrador comenzó la semana pasada en la lógica de vacunar al personal médico privado, y terminó en las antípodas. El Presidente atendió las resoluciones del Comité de Vacunación, muy poco conocido porque mantiene sus trabajos con enorme discreción –ayuda que ni el Presidente ni el zar del coronavirus formen parte de él–, que es el núcleo de la toma de decisiones en ese tema. El comité tuvo tres reuniones para discutir sobre la vacunación para personal médico de primera línea en instituciones privadas, a quienes se había relegado –por razones políticas e ideológicas– en la primera etapa.
López-Gatell había decidido, por sus pistolas, coloquialmente hablando, eliminarlos de la primera etapa de vacunación, sin ninguna razón, al estar también ellos combatiendo el coronavirus y salvando vidas. Aunque es inexplicable su odio hacia el personal privado, habiendo sido él beneficiario de dinero privado y multinacional –que tanto critica el Presidente– para impulsar por años su agenda sobre el etiquetado en los alimentos financiado por el multimillonario Michael Bloomberg –quien logró desde Nueva York modificar políticas públicas en México–, se podría conjeturar que se trata de una represalia porque varios médicos privados han sido muy críticos de su estrategia para enfrentar la pandemia.
Es conocido que la piel de López-Gatell es muy delgada y su rencor, revanchista. Alma gemela de López Obrador, tiene toda su protección política. La forma como el zar del coronavirus diseñó el Plan Nacional de Vacunación la ha descifrado y desmenuzado Xavier Tello, un reconocido consultor en temas de salud y que ha sido un sistemático y puntual crítico de López-Gatell, y que ha argumentado en redes sociales contra la discriminación de médicos privados. “Desde la concepción primaria de la Política Nacional de Vacunación contra Covid”, escribió recientemente en Twitter, “solamente se contemplaron los profesionales de la salud privados. De hecho, cuando la planeación se realizó, sólo se buscaba proteger a los miembros de la primera línea del IMSS”.
En lo que era una rectificación, el miércoles pasado López Obrador, revelaron funcionarios de la Presidencia, le pidió al subsecretario que resolviera la vacunación del personal médico privado en la primera línea, luego de ser persuadido por su vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y el consejero jurídico, Julio Scherer, que había que revertir lo que llamaron un “error” de López-Gatell y del secretario de Salud, Jorge Alcocer, porque, le expresaron, el tema se estaba convirtiendo en un problema grave para el gobierno, y tenía que frenarse.
Sin embargo, López Obrador es y será siempre López Obrador. A lo largo de toda la semana relegó el tema de la pandemia a un segundo lugar para analizar los amparos contra la reforma eléctrica. Visitantes frecuentes a Palacio Nacional fueron la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para analizar una defensa jurídica capaz de salvar la reforma eléctrica detenida en tribunales por su inconstitucionalidad. El no encontrar una puerta legal de salida, lo puso de muy mal humor, de acuerdo con funcionarios de la Presidencia. Lo que no esperaba nadie, era que volviera a contaminarse de hígado y un día después de impulsar la vacunación del personal médico de primera línea en instituciones privadas, revigorizando sus fobias históricas, los mandara a volar.
Al Presidente no lo controla ni López Obrador. Su subconsciente suele dominar el consciente, como lo emocional a lo racional. En ocasiones, como parece haber sido el jueves cuando revirtió la decisión de vacunar al personal médico privado que atiende Covid-19, no busca quién se la debe sino quién se la pague. Sus odios añejos contra todo lo que huela a sector privado, sin matices ni nada, le devolvieron a López-Gatell la estrategia de la vendetta, y la pareja infernal de Palacio volvió a meter a su propio gobierno en un problema que atenta directamente contra los derechos humanos del personal médico de primera línea del sector privado, viola la responsabilidad constitucional del Presidente, y al colocarlos en riesgo de muerte, se podría llegar a tipificar un delito contra ese sector específico de la sociedad.
Con un Congreso y un Poder Judicial amenazado y sometido, esto puede no importarles hoy. Pero en este caso, como lo es todo en el sector de salud, el tema es de vida y muerte y nos los dejará de perseguir. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.34)
La gira de nuestro canciller para asegurar la llegada de vacunas a China, Rusia, India y Estados Unidos, será crucial para el balance de la política exterior mexicana en los tiempos del Covid-19.
El Pacífico se vuelve cada vez más interesante, y nuestro representante visitará tanto a amigos como enemigos. Evocando algo similar a uno de los principios fundamentales de la política exterior de Reino Unido de los últimos tiempos.
Balanceando el peso de sus alianzas entre los polos de poder dominantes. Como en su tiempo lo fueron la Unión Soviética y Estados Unidos, o estos últimos y la Unión Europea.
Traduciéndose esto en una buena noticia para México. Porque nuestro canciller no sólo ha entendido que con la pandemia la diplomacia se ha vuelto médica. Sino que también, sabe jugar ajedrez.
Haciéndole un lugar junto a la Doctrina Estrada a la nueva Doctrina de la salud que además, sabe cómo darle celos a Joe Biden, y no lo deja reclamar en público.
Pudiendo la historia ser diferente al llegar a casa. Cuando se recuerde que los estadounidenses son el primer socio comercial de México y que México recuperó el primer lugar como su socio comercial, seguido por Canadá y China.
Con el 15.3%, 14.9%, y 13.7% del total del mercado estadounidense. Anunciando que si bien el RCEP, que es el mayor tratado de libre comercio del mundo, reúne a naciones asiáticas que juntas suman el 30% del PIB global, ellos tienen el 30% de su mercado ligado a la región norteamericana.
Preparando la antesala de la gira de nuestro canciller con la exposición del dimensionamiesto geopolítico del T-MEC, ante la tarea de asegurar la llegada de vacunas a México.
Haciendo respetar el convenio de 25 millones de dosis con Moscú, el envío de los 8 millones de dosis de Sinovac junto con las 34 de CanSino, y el millón que el Instituto Serum de la India debe mandar del fármaco de AstraZeneca. Además de intentar conseguir más con Estados Unidos. (Stephanie Henaro, El Economista, Opinión, p.55)
MIAMI, FL.- ¿Quiere un rifle de asalto, como un AR-15, o de plano una AK-47?
Fácil, hágalo usted mismo.
¿Le preocupa que al matar puedan detectar que es suyo?
Cálmese, ninguna de las partes deja huella.
Son las llamadas “armas fantasmas” cuyos componentes se compran en línea y se ensamblan en casa.
Es una verdadera locura que crece como la espuma.
La población de Estados Unidos es de 330 millones de habitantes, que tienen 400 millones de armas de fuego en su poder.
El 30 por ciento de esos fusiles, metralletas y pistolas es hecho en casa. “Fantasmas”. No hay forma de rastrearlas.
Antes causaba risa saber que en Dinamarca hay más cerdos que personas. O que Uruguay tiene tres veces más vacas que uruguayos.
Pues bien, esto no es de risa: en Estados Unidos hay más armas en casa que habitantes en el país.
Los estadounidenses, que son el 5 por ciento de la población mundial, tienen en sus casas el 45 por ciento de las armas de fuego que hay en todo el planeta (cifras a 2018), en manos de particulares. (Pablo Hiriart, El Financiero, Opinión, p.33)
Un reciente artículo publicado en la prestigiada revista New England Journal of Medicine puso el dedo en la llaga: ¿Se emitirá algun tipo de pasaporte para saber quién esta vacunado y así poder viajar libremente o acceder a algunos lugares públicos? Quienes defienden este punto de vista sostienen que es la forma más segura de ir reabriendo gradualmente la economía y controlar los riesgos de un nuevo repunte de la pandemia por Covid-19. En cierta forma la idea no es nueva. Hay países en los que se requieren vacunas para evitar contagios por fiebre amarilla, por ejemplo. Pero el caso que nos ocupa en relación al SARS-CoV-2 y sus variantes, tiene matices distintos. Países como Israel, China y Bahrain, ya han puesto en marcha medidas que apuntan en esa dirección. En los Estados Unidos, la discusión sobre el tema empieza a escalar en esferas tanto políticas como académicas. Australia, Dinamarca y Suiza, por su parte, están en proceso de evaluar mecanismos con propósitos similares.
Más allá de su posible utilidad para prevenir nuevos contagios y controlar mejor la diseminación del virus, hay quien sostiene que dichas medidas son discriminatorias y atentan contra los derechos humanos. A este punto de vista no le faltan méritos. Aunque los objetivos de tales medidas pueden ser loables, el abuso y el mal uso de documentos de esa naturaleza acaban por privilegiar a unos y penalizar a otros. Con frecuencia se convierten en mecanismos de control social. Ha sido un fenómeno recurrente en la historia. (Juan Ramón de la Fuente, El Universal, Opinión,p.2)
En estos días en que el Presidente regresó al caso Cassez-Vallarta hemos vuelto a recordar los años,16, que Israel Vallarta lleva en prisión sin que el sistema haya decidido si es inocente o culpable. Por supuesto que Vallarta no es el único caso así, hay miles y miles, pero debo confesar que me sorprende que el escándalo no sea solo aquella puesta en escena de la Policía Federal sino, sobre todo, la barbaridad que es que no se puede terminar un proceso legal en tres lustros.
En 2008, después de años de activismo, trabajo, reflexión y política, se logró hacer realidad y plasmar en la Constitución y las leyes una reforma profunda e inteligente del sistema de justicia penal que como pilar fundamental tenía el concepto de presunción de inocencia. Es decir, todos somos inocentes hasta que un juez diga lo contrario.
Desde su nacimiento la reforma encontró las resistencias de gobiernos estatales y del propio gobierno federal, nunca plenamente convencido de lo que había hecho. También se resistieron organizaciones de abogados, ministerios públicos, policías y hasta activistas de la sociedad civil que supuestamente defendían víctimas. Todos beneficiarios del viejo sistema penal. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
Meses antes de que 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos desaparecieran en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, la procuraduría del estado, a cargo de Iñaky Blanco Cabrera, había entregado a la PGR y al Cisen un conjunto de nombres, números telefónicos y posibles domicilios de diversos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, así como información que involucraba al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, con el narcotráfico.
En la información entregada por Blanco Cabrera figuraban los datos de quienes formaban parte de la célula de Los Tilos o Los Peques —que jugaron un papel central la noche de la desaparición de los alumnos.
De acuerdo con la declaración que el exprocurador rindió ante la Fiscalía General de la República el 1 de octubre de 2019 la entrega de estos datos ocurrió en diversos momentos y a través de diversos actores.
Entre 2013 y 2014, personal de la procuraduría del estado se reunió varias veces en la Ciudad de México con el titular de la SEIDO, Gualberto Ramírez. La información fue entregada también al entonces delegado del Cisen en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez, así como a Óscar Monroy y Miguel Robles Bárcena, coordinador general y secretario general de ese centro de investigación, respectivamente.
La declaración del exprocurador refiere que el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, le había insistido al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que era necesario “detener a José Luis Abarca, en el entendido de que el gobierno federal contaba con información relativa a los vínculos o involucramiento de esa persona con Guerreros Unidos…”. (Héctor De Mauleón, El Universal, Opinión, p.6)
Joseph Biden está librando “una guerra de clases, sin guerra”, dice la revista Slate, en un perspicaz reporte de Ben Mathis-Lilley: https://bit.ly/3fZ8rtX.
Primero, Biden estableció una agresiva estrategia de doma del coronavirus, mediante una rigurosa pedagogía de sana distancia y una fulgurante campaña de vacunación, que le ha permitido inmunizar a la mitad de la población en solo unas semanas. Para fines de mayo, estará cubierta la otra mitad. Luego, el 12 de marzo, Biden anunció el más ambicioso plan de rescate económico que se recuerde, el American Rescue Plan (ARP), un paquete de 1.8 millones de millones de dólares para poner en manos de la gente dinero en efectivo, compensatorio de sus pérdidas durante la pandemia.
Biden dijo entonces que el ARP, financiado con déficit, “cambia el paradigma: por primera vez en mucho tiempo, este plan pone primero a la gente que trabaja”.
Ahora Biden ha propuesto un plan largamente aplazado de inversión en infraestructura que tiene los rasgos, sí, de un cambio estructural.
Se trata de renovar y rediseñar el esqueleto mismo de la nación, pues el proyecto no solo está pensado para reparar lo mucho que debe ser reparado, sino para unir física y digitalmente lo que está desunido, incluyendo zonas deprimidas y pobres, saltadas hasta hoy por la prosperidad americana. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Opinión, p.3)
Aunque la cúpula actual del partido lo ve con malos ojos —“no les gusta la crítica”, dice—, Roberto Madrazo Pintado se sostiene como priista. Y, por supuesto, sigue criticando lo que considera no está funcionando en estos momentos en el PRI.
El PRI, señala de entrada, “es agachón” frente al gobierno de la 4T. No da la impresión de ser un contrapeso real de Morena, ni del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
El ex gobernador de Tabasco recuerda incluso que a Alejandro Alito Moreno lo bromeaban llamándolo Amlito y no le extraña que Morena haya decidido rechazar una alianza con el PRI.
Madrazo no tiene claro si el actual Presidente del PRI quiere llegar a ser el candidato presidencial del PRI en el 2024 —“no he platicado con Alito”—, pero lo que sí sabe es que, para ello, hay que tener buenos resultados en la elección de junio próximo:“No puedes construir una candidatura sin buenos resultados”, advierte. Y las cosas no pintan muy bien para el Revolucionario Institucional en este 2021. Razones apunta varias el tabasqueño:
-No se hizo una buena sacudida del partido —desde abajo, municipio por municipio, colonia por colonia— a la llegada de Alito. Se nos fue el tiempo y hoy estamos en una competencia bastante desigual en la que nos va a costar trabajo competir en algunos lugares.
-Al PRI le ha faltado estrategia para poder ser uno de los contrapesos” de la 4T. Ha faltado coordinación rumbo a la elección entre las diferentes áreas de control del partido y nuestros gobernadores, diputados y senadores.
Incluso, acusa, “veo que el PAN tiene más estrategia de conjunto entre sus diputados, senadores y gobernadores que los que tiene el PRI con los nuestros”. A pesar de ello, considera que hay algunos candidatos con posibilidades de competir en las próximas elecciones pero, insiste, “lo que nos está faltando es clarificar nuestra posición frente al gobierno”.
Madrazo ve oportunidad para el candidato del PRI en Nuevo León, pese a que hay una fractura, porque ahí tanto Adrián de la Garza como Clara Luz Flores son una división del priismo: “Podemos ser competitivos a pesar de eso”, considera.
En Campeche “pudiera darse un elemento de competencia” por los derrapes que está teniendo la candidata de Morena, Layda Sansores (como el video que circuló en redes la semana pasada y le hizo daño). “Habrá que ver cuál es el comportamiento” de los candidatos y del propio electorado. (Martha Anaya, El Heraldo de México, Opinión, p.6)
Si bien aún lejano, el relevo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia donde, por cierto, ninguno de sus ministros parece dispuesto a aceptar que tal proceso lleve al Poder Judicial de la Federación (PJF) a homologar “el lastimoso espectáculo oficialista” que, a merced a las investigaciones contra su titular, José Luis Vargas Valdez, da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, parece estar en marcha…
Eso, más el hecho de que tal proceso deba darse en un entorno enrarecido por el deseo de no pocos de avanzar en el control de jueces y magistrados, mueve a la preocupación e incertidumbre, alimentadas por la convicción, de que, como sucede ahora en EU, donde Joe Biden ha formado un grupo de trabajo para evaluar aumentar el número de ministros de la Suprema Corte y el acotamiento de sus periodos a fin de anular algunos de los nombramientos realizados por su antecesor, el desquiciado Trump, el gobierno opere para controlar al Poder Judicial.
En nuestra Suprema Corte, es cierto, el ministro presidente, cuyo cierre de gestión deberá darse en algo más de un año, ha sido crítico del Tribunal Electoral Federal, ha mantenido salarios y prestaciones de jueces y magistrados (contra leyes impulsadas por la 4T) a fin de garantizar su independencia, ha defendido a quienes han fallado contra López Obrador, en especial a quienes han suspendido los decretos energéticos avalados desde Palacio, pero, por curioso que parezca, lo ha hecho al tiempo que consolidaba una relación institucional con el Ejecutivo federal.
Hoy, la realidad es que varios ministros buscarán suceder a Zaldívar Lelo de Larrea, quien, hasta su fallo, era el único a favor del decreto de la Secretaría de Energía en materia eléctrica, y que quien punteaba era Yazmín Esquivel, lo que luego cambió drásticamente. Tras ello, quedó claro que pocos ministros avalarían empatar el paso y accionar de la corte con el de la 4T y, de paso, abrió la puerta a personajes como Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez y Jorge Mario Pardo, salvo que, al igual que en otros países, que van desde Venezuela hasta ahora EU, la 4T decida cambiar la permanencia y/o aumentar el número de ministros (votantes). (Enrique Aranda, Excélsior, Opinión, p.17)
El INE, en jaque // Córdova, a dos fuegos // Logotipo y militares // Iglesia: guía para votar
De lo que se resuelva en estas horas dependerá la viabilidad política del Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer, a las seis de la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al INE la resolución marca Poncio Pilatos con la que el citado tribunal ordenó al instituto volver a resolver, en un plazo de 48 horas, lo que ya habían resuelto los consejeros, aunque ahora con criterios suavizantes que el TEPJF recomendó, pero no tuvo la entereza de aplicar: hágase la voluntad del Señor en los bueyes de mis compadres del INE.
El consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdova Vianello, quedará dañado, acaso de manera irreversible, con un pie fuera de esa presidencia, si termina maniobrando para recular en el caso de Félix Salgado Macedonio y hace que se le devuelva al autodenominado toro sin cerca la candidatura a gobernador de Guerrero. Tampoco es que tenga una opción redentora: si se mantiene la negativa al registro del morenista, Córdova habrá de enfrentar movilizaciones y protestas, además de los últimos recursos legales y las críticas mañaneras y mucho más desde Palacio Nacional.
En realidad, bastaría con que cambiaran de parecer dos de los siete consejeros que votaron a fines de marzo a favor de suspender los registros de las candidaturas, con el caso de Félix Salgado Macedonio como el más explosivo. El resultado oficial fue de siete sufragios a favor y cuatro en contra.
Por lo pronto, Salgado Macedonio ha vuelto a instalarse, al frente de un grupo de sus seguidores, a las afueras del INE en espera de la resolución que tome este instituto y con la abierta advertencia de que si él no va en la boleta electoral de este junio no habrá comicios en Guerrero. Fue, dijo, un acuerdo tomado a las seis de la mañana de este domingo en Iguala, rumbo a la Ciudad de México: Yo le digo una cosa al INE, si nos quita la candidatura el INE va a caer (…) no hay paso atrás, vamos a seguir adelante, hasta alcanzar la victoria (https://bit.ly/2ODAO5K).
Los posicionamientos están claros: Córdova Vianello difundió ayer un video en el que, además de tocar otras aristas del proceso electoral, habló de neutralidad, imparcialidad, transparencia y otros factores que pasan también, dijo, por la aplicación estricta y puntual de la ley a quien la viole. Por su parte, en una acometida extraña, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, puso en Twitter mensajes favorables a la restitución de la candidatura a Salgado Macedonio, a pesar de que el TEPJF ya había emitido una resolución sobre el tema. (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
Digamos que usted milita en la oposición. Supongamos que está en la boleta legislativa. Asumamos que gana la elección que le toca el próximo 6 de junio. Felicidades: ya está usted en el Congreso de la Unión.
Supongamos también que le preocupa la apuesta militar del gobierno, le inquieta la tendencia de darle cada vez más responsabilidades a las fuerzas armadas sin fortalecer en paralelo los controles civiles, y anda con insomnio pensando en la intentona de convertir a los militares en empresarios. Si ese es el caso, ¿cuál debería de ser su agenda?
De arranque, se me ocurren algunas ideas:
Los críticos de la Cuarta Transformación no están planteando un debate serio sobre las políticas del gobierno ni hacen propuestas alternativas a los programas y a los cambios de fondo que tienen lugar ante sus ojos y ante toda la nación; quieren golpear, calumnian, inventan enemigos inexistentes y, como escribió Sor Juana, “primero ponen el ‘coco’ y luego se espantan de él”.
No han pensado, por ejemplo, en la conformación del gabinete presidencial integrado con un número de mujeres mayor que en cualquier otro gabinete en la historia de México, ni en qué mujeres están al frente de secretarías de Estado con grandes responsabilidades, claves, tanto para la gobernabilidad como para la consolidación del desarrollo nacional. No se dan cuentan del proceso transformador, que no conocen bien ni les interesa y a lo único que apuestan, es al fracaso del gobierno.
Para mí es admirable (y loable) que al frente de las secretarías de Gobernación, de Energía, de Educación, de Cultura, de Economía, se encuentren experimentadas secretarias y no secretarios y lo mismo en Seguridad Pública, Medio Ambiente, Trabajo y Función Pública; nada menos que nueve mujeres en el más alto nivel del equipo presidencial. Equidad de género, mas allá de las palabras.
Otro giro que no alcanzan a percibir es que, en las fuerzas armadas del país, junto al valor militar de sus integrantes, se fomenta el valor civil; hace pocos días, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, expresó que la Guardia Nacional es un cuerpo de paz; lo dijo en la clausura de un curso de formación a quienes integran esta Guardia y son parte de las acciones para lograr en México la paz con justicia. (Bernardo Bátiz V., La Jornada, Opinión, p.17)
Si el INE confirma descalificación, Morena volvería al Tribunal // La dinámica decreciente de la deuda // Vacunación en Querétaro
En el caso –muy probable– de que el INE vuelva a descalificar las candidaturas del guerrerense Félix Salgado Macedonio y el michoacano Raúl Morón, la historia todavía no estaría concluida. Morena puede apelar nuevamente ante el Tribunal Electoral. La votación del INE fue de siete a favor de retirar las candidaturas y cuatro en contra. En ese sentido votaron Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel Cuevas, Beatriz Zavala, Jaime Rivera, Carla Humprey y Martí Faz. A favor, José Roberto Ruiz Saldaña, Adriana Favela, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas.
Los precandidatos apelaron al tribunal y éste optó por lavarse las manos y devolver los expedientes al INE para su revisión. Será muy difícil que los consejeros cambien el sentido de su voto, lo cual significa que esta misma semana el asunto estaría nuevamente en los escritorios de los magistrados, que ya no podrán seguir haciéndole al avestruz. Les tocará decidir en definitiva. Aunque el caso de Salgado Macedonio es el más llamativo porque ha bloqueado la entrada al instituto, el que tendría mayores consecuencias en el futuro es el de Morón. Si queda firme su candidatura y gana las elecciones en Michoacán, haría perder el sueño al perredista Silvano Aureoles.
Deuda decreciente
Con frecuencia los ciudadanos se preguntan por qué la Secretaría de Hacienda dice que ha contratado nuevos préstamos y, sin embargo, no aumenta la deuda. La experiencia personal nos indica lo contrario: si le hacemos nuevos cargos a la tarjeta de crédito subirá nuestra deuda con el banco. Bien. Hacienda emitió ayer un comunicado que aclara el punto. Sí se han incrementado tanto la deuda interna como la externa, pero ha sido menor en comparación con el sexenio anterior. Así lo explica: En 2019, el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB se redujo a 44.5 por ciento. Durante 2020 no se utilizó endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso y la crisis del Covid-19 no modificó la trayectoria descendente de la deuda; la variación en el nivel de la deuda como porcentaje del PIB en 2020 se explica por la contracción económica de -8.2 por ciento y el incremento promedio del tipo de cambio de las monedas en que se encuentra denominada la deuda externa, lo que generó un efecto de valuación sobre el saldo de la deuda externa. En términos nacionales, el saldo total de la deuda en pesos mexicanos del sector público se incrementó entre 2012 y 2018 (sexenio anterior) en 5.5 billones de pesos, mientras de 2018 a 2020 el saldo de la deuda aumentó en 1.3 billones de pesos, una cifra significativamente menor. En lo que respecta a la deuda externa del sector público, el saldo total se incrementó en la administración anterior en 2.4 billones de pesos, comparado con 457 mil millones de pesos entre 2018 y 2020. (Enrique Galván Ochoa, La jornada, Opinión, p.6)
El anuncio ayer de López Obrador, confirmando que viene un cambio sustancial en el contenido de los libros de texto gratuitos en la educación básica de los niños mexicanos, representa, junto con la nueva política energética, la apuesta ideológica más ambiciosa y peligrosa del actual gobierno. Porque si con la nueva estatización de los energéticos el presidente busca devolverle al Estado parte del control perdido sobre la economía y la producción nacionales, con los nuevos contenidos educativos intentan imponer, por la vía del adoctrinamiento ideológico de los niños, una visión propia y sesgada de la historia que reivindique y legitime la trascendencia de la autonombrada “cuarta transformación”.
A eso se refirió ayer el presidente cuando, desde Puebla y en un evento sobre el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata (caudillo al que por cierto no fue a recordar a su natal Morelos ante las amenazas de protestas de grupos morelenses que cuestionan a su gobierno), confirmó que con la decisión de la SEP y una dudosa convocatoria “abierta” coordinada por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y por el INEHRM, se elaboraron los nuevos libros de texto en los que “va pa´atrás” la versión oficial de la historia en la educación básica, la cual atribuyó a los “teóricos de los oligarcas”, para imponer ahora su propia visión en la que, según dijo, explicarán “de dónde venimos y por qué estoy aquí”.
Es decir, que López Obrador confirmó ayer que las supuestas 1,882 personas cuya identidad nadie conoce y que en un tiempo récord elaboraron los nuevos contenidos y diseños de los libros de texto gratuitos, tienen como principal objetivo sacar los nuevos libros “al vapor” para generar la imagen de un “triunfo histórico” de la llamada “cuarta transformación”. Se trata, según fuentes internas de la SEP, de modificaciones importantes a los contenidos de tercero, cuarto y quinto año de primaria, en los que se introducen nuevas versiones de la historia, con conceptos como que el actual gobierno “es la consolidación de las luchas históricas que han marcado los momentos centrales del devenir nacional, como son la Independencia, la Reforma, y la Revolución, para concluir que este gobierno es el heredero directo de todos esos anhelos nacionales”.
La maniobra y el mecanismo son tan burdos, como explícitos; mientras el presidente afirma que lo único que busca es devolver a los contenidos educativos de primaria materias como el civismo y la ética, que “fueron eliminadas por los neoliberales”, lo que se busca en realidad es llevar el discurso político e ideológico del gobierno en turno a los libros de texto para que, más que enseñar, se adoctrine a las nuevas generaciones en la visión particular de la historia que tienen López Obrador y algunos de los grupos más radicales que acompañan a su gobierno. Así, por ejemplo, la fundación de México-Tenochtitlán en los nuevos libros de texto quedaría en 1321 y no en 1325 como han documentado historiadores y especialistas. ¿Por qué el cambio de fechas? Porque así Andrés Manuel puede conmemorar los 7 siglos de la Fundación de Tenochtitlán junto con los 500 años de su caída y de la resistencia de los pueblos originarios, tal y como ha dictado el discurso presidencial y los festejos y eventos que ya se tienen programados y que, de aceptarse la fecha de 1325, ya no le tocaría encabezar a López Obrador. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.11)
Uno de los temas más comentados esta semana será la propuesta de Joe Biden, consistente en establecer un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales de 21%. Es decir, que a diferencia de su antecesor, recurrirá a la cooperación internacional para combatir los cobros fiscales demasiado bajos, que han sido la tendencia durante los últimos 20 años.
En otras palabras, ésta propuesta emanada de la Secretaria de Tesoro, Janet Yellen, está enfocada en lograr que las empresas multinacionales tributen en los países donde generan ganancias. Es por todos sabido que actualmente existe un grave problema de elusión fiscal internacional porque hay personas físicas y morales que, aunque operen en cierto país, arman esquemas poco transparentes para pagar impuestos en otro país cuyo régimen tributario es muy bajo o nulo.
Sí, estamos hablando de los paraísos fiscales, que si bien no son considerados ilegales, sí fomentan esquemas irresponsables y poco éticos que privan a los países donde operan las empresas, de recibir dinero mediante impuestos; lo cual no es cosa menor, pues además de dañar la capacidad de recaudación, afecta la soberanía tributaria y promueve esquemas injustos porque entonces la autoridad fiscal nos carga más la mano a los contribuyentes cautivos.
Es importante aclarar que estamos hablando de “elusión fiscal” porque dichas estrategias para reubicar las ganancias en países con menor régimen tributario, son acciones para minimizar el pago de impuestos por vías legales; a diferencia de la “evasión fiscal”, donde se ocultan u omiten ingresos para evitar la tributación, lo que sí está tipificado como una conducta ilícita, en México y en el mundo. (Rodrigo Alpizar, El Sol de México, Opinión, p.3)
No hay elección que se anuncie como rutina. Cada elección se presenta como si fuera única, excepcional, extraordinaria. Los candidatos y los comentaristas suelen vestirla en cada ocasión como la elección que definirá el destino de las próximas generaciones. En toda campaña escuchamos que se nos dice: “Estas son las elecciones más importantes de los últimos tiempos”. Pero hay elecciones en que eso sí es cierto. Hay ocasiones en que la advertencia no refleja la acostumbrada desmesura de la temporada sino el sentido profundo del voto. Hay elecciones en las que, en efecto, se juega mucho más de lo que formalmente está en disputa. La elección intermedia de este año decidirá, en buena medida, la subsistencia de los equilibrios democráticos.
Se trata de una elección extraordinaria por muchos motivos. Es la elección más grande de la historia. Nunca antes se habían decidido tantos cargos como los que se renovarán en esta elección. Puede terminar siendo la elección más sangrienta de nuestra historia. Antes, incluso de que empezaran formalmente las campañas, el crimen había decidido por los partidos y por los electores. La violencia interviene en las elecciones impidiendo que sean los ciudadanos quienes decidan, con libertad, quién ha de representarlos.
Pero más allá de esto, lo más llamativo del proceso de este año es que vuelve a estar en entredicho el orden institucional y la solvencia de los jugadores.
El INE y su antecesor siempre han recibido presiones desde todos lados. Han enfrentado presiones en los medios, intimidaciones de los actores políticos, amenazas de juicios y destituciones. Será la naturaleza del árbitro el recibir la chifliza de quienes son afectados por sus intervenciones. Pero la embestida de hoy es distinta. Nunca el gobierno de la República y sus aliados habían hostigado tan abiertamente a la autoridad electoral. Nunca un partido en el gobierno había amenazado con boicotear una elección si el órgano electoral no se ajusta a sus exigencias. Ese es el ultimátum que abiertamente se lanza ahora: si el INE no restituye la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el partido del gobierno impedirá la celebración de las elecciones. En la deslegitimación del órgano electoral se han empeñado el presidente de la República, su secretaria de Gobernación, el presidente del partido gubernamental y los aliados empresariales y mediáticos del nuevo régimen. Se trata de un órgano incómodo para quienes creen que la democracia debe ser sintonía de todas las instituciones con el mandato presidencial. (Jesús Silva-Herzog Márquez, Reforma, Opinión, p.8)