QUE durante su Presidencia Andrés Manuel López Obrador no viajaría al extranjero salvo en contadas ocasiones -léase visitar a Donald Trump en la Casa Blanca- era algo sabido desde antes de que tomara posesión.
LO QUE NO sabíamos es que, en vez de enviar en su lugar al canciller Marcelo Ebrard, quien tomaría la representación oficial del país ante jefes de Estado y de Gobierno extranjeros en una gira europea pagada con el dinero de todos los mexicanos sería la No Primera Dama, Beatriz Gutiérrez de López Obrador (conste que así es como firma ella).
¿O SERÁ que en la 4T el cargo de coordinadora de Memoria Histórica y Cultural de México ya equivale al de vicepresidenta de la República? Es pregunta que no se acuerda de Marta Sahagún. (F. Bartolomé, Templo Mayor, Reforma, Opinión)
Ayer el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, participó como orador durante la supervisión del Tramo 4 del Tren Maya, evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Tinum, Yucatán. El mensaje del alto mando militar fue leído por algunos como una respuesta a las críticas a quienes han cuestionado que el Presidente esté entregando un importante número de tareas civiles, ajenas a la seguridad, a militares. El general dijo que las fuerzas armadas están comprometidas para coadyuvar en dos ámbitos importantes para México: el de la seguridad y el del desarrollo. “Para nuestra institución es un honor participar en proyectos que representan el progreso de la nación… permítanme expresar que las tareas que nos ha asignado nuestro comandante supremo no son ajenas a nuestras visiones, éstas se encuentran comprendidas en el Artículo Primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, donde la fracción cuarta mandata realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, dijo el general. Nos comentan que al término del acto el secretario de la Defensa se despidió con el reconocimiento presidencial sobre su mensaje.
Este lunes, en Aguascalientes, los diez integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores harán un enérgico pronunciamiento en torno al Presupuesto de Egresos 2021 y la desaparición de los 109 fideicomisos que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados. Nos adelantan que sobre el tema de los fideicomisos los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas pedirán que el Senado impida la desaparición de estos fideicomisos, pues se permitirá al Presidente de la República dar un uso discrecional de más de 68 mil millones de pesos. Los mandatarios estatales aseguran que la cancelación de varios de esos fideicomisos tendrá un impacto negativo en sus estados. Como críticos de algunas de las medidas del gobierno federal, temen que sus entidades puedan pagar con el castigo de recursos federales, que algunos de esos fideicomisos garantizan actualmente. (Bajo Reserva, El Universal, Opinión)
En 1538 los frailes que habían llegado a Nueva España solicitaron al rey una facultad especial para derribar “de todo punto” los templos indígenas y quemar “los ídolos que dentro tienen”. Carlos V dio su autorización para que los templos fueran demolidos “sin escándalo”, y para que sus piedras se usaran en la construcción de monasterios.
La ciudad de los mexicas fue borrada de la faz de la tierra en pocos años. Se levantó en su lugar una segunda ciudad, que el poeta Bernardo de Balbuena juzgó como “la mayor cumbre de grandeza que vieron los pasados y los presentes”.
Esa ciudad está en los planos de Alonso de Santa Cruz (1555) y Juan Gómez de Transmonte (1628). Pero nada de ella subsiste en nuestros días: no queda en pie un solo templo, una fachada, ningún convento que nos permita imaginar cómo fue la capital que en esos años se extendió sobre los lagos y al pie de los volcanes.
Solo podemos hallarla en ciertos mapas, imaginarla a partir de unos cuantos papeles, en las voces apagadas y remotas de un conjunto de cronistas.
Sobre las ruinas de la ciudad del XVI se levantó una tercera ciudad: la ciudad deslumbrante del barroco que hechizó e hizo delirar a cientos de viajeros: un conjunto de más de 80 conventos, colegios, parroquias, templos, capillas, que llegaron a albergar más de 350 grandes retablos estofados de oro; una sucesión de atrevidos palacios de tezontle y cantera que hicieron de México una metrópoli única en el mundo. (Héctor De Mauleón, El Universal, Opinión)
Mentirosos, cínicos o ignorantes de los cochupos –esto último imposible de creer–, partidos políticos y pandillas que los acompañan han puesto el grito en el cielo y se cortan las venas por la extinción de 109 fideicomisos que en el régimen neoliberal manejaban fondos públicos impunemente y con total opacidad. Muchos sectores prioritarios quedarán sin recursos para realizar sus actividades, vociferan, como si a lo largo de los años hubieran respetado el destino original de tales dineros.
El presidente López Obrador ha dicho que los gritos y sombrerazos provienen de quienes aparentan preocupación de que el pueblo se quedara sin atención médica, sin medicamentos, porque el fideicomiso de salud va a desaparecer; que les preocupa mucho la ciencia, la tecnología, porque se va a quedar sin apoyo, sin dinero esta materia. Pero no: “lo que están defendiendo es al régimen corrupto que existía y que queremos erradicar por completo… Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta, y lo vamos a probar”.
Hasta donde la memoria da, los ahora gritones callaron cuando, por ejemplo, se documentó –al menos desde 2008– que los gobiernos panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón) decidieron que los recursos públicos destinados a ciencia y tecnología se canalizaran (vía Conacyt; entre 2001 y 2012 se destinaron alrededor de 40 mil millones de pesos a tal fin, no recuperables) a los grandes corporativos nacionales y foráneos para que estos desarrollaran su propia tecnología sin beneficio para la nación, mientras a los centros de investigación del sector público (como el Instituto Mexicano del Petróleo, para no ir más lejos) los mataban de hambre, con brutales recortes presupuestales. Y nadie se quejó ni tomaron la tribuna parlamentaria para patentizar su rechazo a dichas prácticas.
En 2001, Vicente Fox creó un comité interinstitucional (Conacyt, Hacienda, Economía y Educación Pública) para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología; es el organismo público que autoriza a las empresas un crédito fiscal equivalente a 30 por ciento de los gastos e inversiones realizados en un ejercicio dado por los conceptos referidos, pero sólo a los grandes corporativos. Y Felipe Calderón hizo lo propio, es decir, siguió con el esquema para beneficiar a los mismos de siempre.
¿A quiénes se les dio ese dinero? ¿A la UNAM, el IPN o las universidades estales? No: a Televisa, Bachoco, Banco Azteca, Bimbo, Barcel, Banamex, General Motors, Daimler Chrysler, Ford, Arca (embotellador de Coca-Cola en México), Cadbury Adams, AstraZeneca, Bayer, Bombardier, Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Du Pont, Laboratorios Abbott, Gamesa, Sabritas (subsidiarias de Pepsico), Telmex, Grupo Posadas, Volkswagen y Nissan, entre otras. (Carlos Fernández Vega, La Jornada, Opinión)
Nada que festejar este día, dice
El 12 de octubre de 1492 llegó a la costa de Abya Yala una horda de salvajes que saquearon y aniquilaron a cientos de comunidades. Violaron, torturaron y asesinaron. Destruyeron centros sagrados y culturales para imponer sus templos, su modo de vida, su lengua, su cultura, su religión y sus formas de producción, todo con la fuerza de la espada, lo que pone hoy a toda la especie humana al borde de la extinción.
Los mesoamericanos tienen miles de años luchado por su sobrevivencia. Antes de la llegada de los europeos ya peleaban contra otro imperio para mantener sus lenguas y sus costumbres.
Este otro señorío también saqueó, violó y asesinó a quienes conquistaron, y al igual que los europeos, cambiaron sus nombres y le impusieron unos con la lengua del imperio. Pero sus formas de producción no atentaban contra la tierra. Respetaban los ciclos de la naturaleza, vivían en comunidad y en armonía con su entorno natural. La lucha es contra el capitalismo, contra el individualismo radical que llegó a nuestras comunidades, junto con los europeos, hace 500 años, y si no cambiamos ya los modos de producción y de consumo nos extinguiremos como especie. (El Correo Ilustrado, La Jornada, Opinión)
Que el Congreso mexiquense inicia hoy un proceso impulsado por el senador Higinio Martínez para analizar la Constitución del estado desde los ámbitos jurídico, político y de gobernanza, cuya tarea recaerá en un secretariado técnico en manos del texcocano Mauricio Valdés. Desde 1995 no se toca el documento que rige la vida constitucional en esa entidad y ahora hubo oportunidad para que Morena impulsara el proyecto sin que esa fracción, que coordina Maurilio Hernández, se convirtiera en aplanadora. De hecho hubo consenso con los otros partidos en el afán de actualizar el marco legal mexiquense con los tiempos actuales.
Que siguiendo con Morena, opositores a ese partido en Chihuahua aseguran que el superdelegado, Juan Carlos Loera, se vale del apoyo de la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, e ignora el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de no utilizar recursos públicos para promover aspiraciones políticas. La queja principal es que ambos han hecho uso de la infraestructura de los programas de gobierno a favor del primero, por lo que exhortan al secretario Javier May a tomar nota. (Trascendió, Milenio, Opinión)
El deterioro y corrupción de la vida política en México que culminó en 2018 con la cuasi destrucción de los partidos tradicionales mexicanos y empoderó a un movimiento mayoritario, exitoso en esa elección, pero sin estructura partidista, podría tener el año que viene consecuencias desastrosas. Los investigadores mexicanos Guillermo Trejo y Sandra Ley acaban de publicar los resultados de una investigación que les llevó años y que revela y explica la relación entre la política y la criminalidad mexicana, la lógica política de las guerras criminales mexicanas. Trejo y Ley demuestran cómo la guerra entre organizaciones criminales realmente comenzó con la alternancia partidista a nivel subnacional, cuando los criminales perdieron la protección de quien los había cuidado siempre desde el poder local y tuvieron que, o crear sus propios ejércitos de protección o someter mediante la violencia a los nuevos actores. Recorren con datos y precisión la historia de las organizaciones criminales, la violencia y su relación con las alternancias políticas en municipios y estados desde finales de los años 90. No son noticias alentadoras rumbo a la jornada del próximo año, la más grande de nuestra historia, y toda local. Escriben: “…cuando los países con una larga historia de colusión del Estado y el crimen forjada bajo el gobierno autoritario hacen la transición a una democracia débil y multipartidista, sin desarrollar un Estado democrático de derecho y sin desmantelar las redes de colusión entre agentes de represión del Estado y grupos criminales, los mecanismos electorales con los que se distribuye el poder del Estado pueden estar íntimamente entrelazados con la violencia criminal. (Carlos Puig, Milenio, Opinión)
El Presidente ha decidido realizar un juicio público a quienes le antecedieron en la titularidad del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que el periodo neoliberal sirvió para enriquecer a unos cuantos, a costa del pueblo. Desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto serán juzgados por sus acciones como presidentes de la República, una vez que la Suprema Corte de Justicia apoyó la moción política de AMLO. No importa si hay legalidad o no, el juicio será mediático, a mano alzada y en la plaza pública.
La ambigua redacción aprobada por el Poder Judicial para desahogar la consulta popular ha dejado abierta la puerta para que desde el púlpito presidencial, a lo largo de los siguientes meses, se exalten todos los “agravios” generados por los mandatarios. Sin duda alguna ésta será la columna vertebral del posicionamiento político de Morena y sus aliados, para la elección intermedia. López Obrador exaltará las emociones de los mexicanos en torno a los “villanos que nos gobernaron”.
No se buscará justicia, sino la revancha de los oprimidos. AMLO entiende bien la sicología de sus gobernados y sabe que poner contra la pared a quienes han conducido al país le garantizará mantener adhesiones a su proyecto. “Hacer lo que nadie había hecho”, poner a “los malos” en la hoguera por parte del “pueblo bueno” es la forma más contundente de generar la sensación de justicia. En realidad, será la venganza popular contra todos los males que le aquejan a México.
Al final, ¿qué nos dejará todo esto? Seguramente muy poco. Es muy probable que el lopezobradorismo se beneficie electoralmente de la puesta en escena. Muchos dirán que ésta es una forma profunda de sanar las heridas que causaron los viejos privilegios. Los seguidores de AMLO ensalzarán el compromiso histórico con la transformación. Sin embargo, todo esto poco abonará a la construcción de un mejor sistema político.
Mas allá de si los expresidentes gobernaron bien o mal el país, es necesario entender el problema de fondo. Necesitamos comprender, ¿qué pasó con nuestro sistema? ¿Por qué durante más de 30 años, el entramado político, social y económico imperante en el país generó cinco liderazgos que hoy podrían servir de leña para la hoguera populista?
El sistema posrevolucionario permitió estabilidad a lo largo de unas cinco décadas, hasta que en 1968 dio muestras contundentes de agotamiento. La revuelta estudiantil y el procesamiento autoritario de la misma dejaron en Tlatelolco las huellas de sangre de una clase media —producto del “Desarrollo Estabilizador”— que ya no cabía en el modelo corporativo priista.
Pese a que se requería una transformación profunda, tanto Luis Echeverría como López Portillo incrementaron el gasto público para paliar las tensiones sociales de un sistema que no lograba procesar la problemática creciente. Desafortunadamente, el gasto sin control trajo consigo la crisis de la deuda y, con ello, la imposición del consenso de Washington y la importación del modelo liberal democrático en pleno. (Armando Ríos Piter, Excélsior, Opinión)
Tantas veces ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que el espionaje político ya no existe, que hay muchos que se la creen. Pero el fin y al cabo ese es un discurso político que ha mantenido mientras que ha ido reacomodando lo que antes veía como una amenaza, y ahora lo ve como un activo.
López Obrador confunde información de Inteligencia, que es un proceso de recolección de información que permite determinar si hay amenazas a un país a fin de tomar decisiones, y espionaje, que si bien se nutre de la inteligencia, cambia su finalidad al usarse políticamente para chantajear, lastimar o desacreditar a quienes representen una molestia para algún funcionario de cualquier gobierno. En el primero se vigila la seguridad nacional; en el segundo, se emplea en ajustes de cuentas.
López Obrador fue sujeto de ese tipo de trabajo de Inteligencia desde sus tiempos de líder en Tabasco, por parte del viejo CISEN, transformado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde se responsabilizó el hoy general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, del seguimiento del entonces líder social. Rodríguez Bucio era el enlace del Ejército en el GAT, un grupo contraterrorista que se formó en el contexto del alzamiento del EZLN en Chiapas. Nunca se utilizó la información de López Obrador para desacreditarlo, aunque los gobiernos tenían claro de dónde obtenía financiamiento. Incluso, el presidente Enrique Peña Nieto se negó a filtrar parte del expediente del entonces candidato presidencial, en la campaña de 2018.
Lo que sucesivos gobiernos concluyeron, se puede inferir, es que López Obrador no representaba un riesgo para la seguridad nacional, y tampoco cruzaron la raya para usar la información y encasillarla como espionaje político. Al llegar a la Presidencia, López Obrador fue persuadido por su amigo, el general retirado Audomaro Martínez, quien encabeza el CNI, de no desaparecer el servicio de Inteligencia civil, al ver la utilidad que podía tener toda la estructura de recopilación de información. Recientemente, nos enteramos públicamente de uno de sus productos. (Raymundo Riva Palacio – Estrictamente Personal, El Financiero, Opinión)
Parece que el Auditor Superior de la Federación, DAVID COLMENARES PÁRAMO, necesita apretar algunas tuercas para que los gobiernos estatales tomen en serio sus revisiones del gasto pues, según el mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa, las auditorías que hace el órgano fiscalizador de los recursos públicos son de a “mentiritas”. Así lo expresó Barbosa Huerta durante su conferencia de prensa mañanera, cuando le preguntaron sobre las inspecciones que ha solventado también a nivel federal la Universidad Autónoma de aquella entidad.
Este lunes se llevará a cabo el quinto informe de labores del gobernador independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, quien quiso aprovechar las redes sociales para anunciar diversos logros obtenidos durante su intermitente administración en el estado de Nuevo León. Aunque, en honor a la verdad, no pocos usuarios y sobre todo “bots” lo felicitaron por su gestión, fueron más los internautas que le reprocharon la falta de acciones y, sobre todo, el abandono de obras de gran trascendencia como la Línea 3 del Metro en Monterrey, la cual prácticamente no ha tenido avances durante su gobierno. (A la sombra, El Sol de México, Análisis)
Presidente “legítimo” El diputado Porfirio Muñoz Ledo acudirá hoy a las oficinas de Morena para “asumir” el cargo de presidente “legítimo” del partido. Aunque legalmente su asunción no tenga valor, la intención es mostrar el músculo de morenistas que lo arropan, en tanto se define la fecha para la realización de la tercera encuesta que mandata la ley.
Firmes los beneficios
Nos hacen saber que existe el compromiso del titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para destinar recursos suficientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Pese a que el paquete presupuestal 2021 no prevé dinero adicional, el funcionario garantiza un beneficio directo a más de 3.5 millones de niños y más de 160 mil maestros que están en ese programa. (Sacapuntas, Heraldo de México, Opinión)