MIENTRAS todos andan entretenidos con la detención de Emilio Lozoya, la noticia del día es que en cuestiones de empleo no vamos bien, sino requete mal, y que los “otros datos” dicen exactamente lo mismo: que la creación de puestos de trabajo no había estado tan triste ¡desde hace 10 años!
EN CIFRAS DURAS el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que durante enero 2020 se crearon únicamente 68 mil 995 plazas, lo cual en números brutos significa una caída del 27 por ciento respecto del año anterior.
Pero inclusive al desestacionalizar las cifras para no andar sumando peras con guayabas, resulta que el crecimiento real fue de apenas 1.56 por ciento. Esta tasa es la más baja desde 2009.
TAL VEZ, sólo tal vez, sería tiempo para que el gobierno se olvidara un poco del circo y se concentrara, aunque sea tantito, en el pan. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Exdirector del Infonavit en la mira de Nieto.- Más de 48 horas lleva en operación avestruz el exdirector del Infonavit, David Penchyna, quien autorizó una compensación de casi cinco mil millones de pesos a la empresa Telra Realty por la cancelación de un contrato de prestación de servicios. Del total del monto, nos recuerdan, salieron dos mil millones de pesos que ya recuperó la Fiscalía General de la República y que fueron entregados en un cheque al gobierno federal. Ahora nos adelantan que don David está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, por haber hecho, a finales de la administración de Peña Nieto, fuertes movimientos millonarios en dólares. El punto, nos explican, es que Penchyna era una persona políticamente expuesta, por los cargos públicos que ha ocupado en su carrera, y sus transacciones internacionales prendieron las alertas en la Secretaría de Hacienda. Si todo sigue adelante, nos dicen, no dude usted que el caso Infonavit va directo a tribunales por la vía penal. ¿Sacará la cabeza el hidalguense? (El Universal, Nación, p. 2)
En confianza. A muchos no les parece, pero, guste o no, se realizó en Palacio Nacional la cena a la que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, invitó a los principales empresarios de México. El objetivo era hacerlos partícipes de la rifa, los mismos empresarios pudieron adquirir diversos boletos. Y, muy importante, de manera voluntaria. El gusto por asistir, no se olvida, obedece a que el sorteo se realiza para una buena causa: dotar de equipo médico a los hospitales del país. Y es un tema que le importa al sector empresarial. Para la cena fue colocada una tómbola, como la que se usa en los sorteos de la Lotería, donde cada empresario depositó su carta compromiso. Fue una cena austera, como corresponde al discurso, con tamales y chocolate. Pero lo que hay que destacar es el mensaje de confianza y unidad que envía el jefe del Ejecutivo. Lo captó el sector empresarial y eso es bueno para México. (Excélsior, Nacional, p. 15)
Las rifas de Porfirio: yo, yo, yo
A su salida del encuentro con el Presidente, el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo señaló que él no necesita participar en tómbolas o sorteos, porque él se la rifa, y –aseguró– así se lo dijo al presidente López Obrador en el desayuno. -¿Le pidió boletos para la rifa?- se le preguntó. -Lo que les dije es que yo contribuyo porque yo me la rifo. Yo no rifo nada, yo me la rifo- respondió contundente. (El Financiero, Nacional, p. 29)
Todos los observadores han caído en la cuenta de la insuficiente conciliación que se ha conseguido entre el presidente López Obrador y los empresarios. Ello a pesar de los esfuerzos de Alfonso Romo y otros actores importantes de la 4T. Por otro lado, muy pocos o ninguno de esos observadores ha logrado precisar las causas profundas de ese desencuentro.
Primeramente, aparece la memoria histórica. Aunque lo ha intentado, AMLO no ha podido ocultar su indudable parecido con la figura histórica de Echeverría. El rasgo más evidente de ese parecido es la inclinación de AMLO a la locuacidad, pero también hay semejanzas en los órdenes ideológico y político. Y toda vez que los sexenios de LEA y su sucesor JLP, terminaron en desastre, se teme que también la 4T concluya de esa manera. No es imposible.
Otro factor es un insuficiente respeto por la ley y por las organizaciones autónomas. No se olvida la frase de AMLO “al diablo las instituciones”. Y su oscura y turbia embestida en contra de entidades como la Suprema Corte de Justicia y el INE. (Bruno Donatello, El Economista, El Foro, p. 46)
La cena de anoche en Palacio Nacional que comprometió a empresarios a aportar dos mil millones de pesos para la rifa de una aeronave que no se va a rifar, tiene un solo nombre: extorsión.
En el lugar de cada uno en la cena había una carta-compromiso para comprar entre veinte y 200 millones de pesos en cachitos de Lotería.
Cien empresarios deberán comprarle “voluntariamente” al gobierno boletos por la cantidad mínima de 20 millones de pesos cada uno. Y si diera la casualidad que alguno de ellos tuviera la suerte de ganarse el premio mayor, obtendría… 20 millones de pesos.
Qué raro sorteo. No le den vueltas, es extorsión. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, p. 30)
Llevaba varias semanas contra las cuerdas: los pésimos datos económicos, el escándalo de los feminicidios, la incapacidad para vender o rentar el exavión presidencial que convirtió a México en el hazmerreír internacional con lo de la rifa, la creciente crisis de abasto de medicamentos y de atención en el sector salud.
Pero hace unas horas fue capturado Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, considerado el artífice de una transa multinacional y multimillonaria, que se volvió en la opinión pública el ícono de la corrupción del viejo régimen, símbolo de las tropelías del régimen de Peña Nieto.
La detención de Lozoya, si no queda libre en breve, permite al presidente López Obrador recordar a la ciudadanía por qué votó por él, por qué llegó a Palacio Nacional, por qué le está costando tanto trabajo dar resultados. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Si la captura de Emilio Lozoya Austin en España revitaliza y reposiciona a Alejandro Gertz Manero con el que es sin duda el primer gran logro de la Fiscalía General de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador la futura extradición del exdirector de Pemex y su encarcelamiento y enjuiciamiento en México le cae como oro molido, en momentos en que su gobierno enfrenta varias crisis delicadas en temas como la salud, la seguridad y la ausencia de inversiones y crecimiento económico.
Lozoya se convertirá en una mina inagotable para alimentar el discurso de combate a la corrupción en el gobierno de la 4T y en una fuente preciada de información del más alto nivel; pero también pondrá a prueba la capacidad de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera para documentar, más allá del discurso y con expedientes judiciales y financieros sólidos, la corrupción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya sea a partir de lo que pueda declarar Emilio Lozoya (“él no actuó solo y las órdenes fueron de Peña Nieto y de Luis Videgaray”, según su abogado Javier Coello Trejo) o de la información que pudiera entregar al gobierno si es que busca algún tipo de negociación. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 11)
Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, fue detenido ayer en “las inmediaciones de una urbanización de Málaga”. Esta acción se logró “gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional” española. El detenido, explicó esta Policía Nacional, “había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público”.
La detención es producto de la investigación de la Fiscalía General de la República sobre la compra de una planta de productos químicos, Agro Nitrogenados, por Pemex a Altos Hornos de México. Por este mismo delito fue detenido en 2019 en Palma de Mallorca, también en España, Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos. Ancira está sometido en España a un proceso de extradición. La madre de Lozoya, Gilda Austin Solís, fue detenida en Alemania y se allanó a la extradición, por lo que ya está en México bajo proceso. No sabemos aún si Lozoya aceptará ser extraditado a México o si peleará contra la extradición.
La FGR tiene aún que comprobar en un juicio las acusaciones contra Lozoya. Si lo hace, será muy importante saber si el exfuncionario actuó solo, con la colaboración de Ancira, o si recibió instrucciones superiores. El abogado Javier Coello, que lleva su caso en México, ha declarado por lo pronto: “Emilio no se mandaba solo”. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
En este mismo espacio hemos abordado en detalle el portento de comunicación que representa el político Andrés Manuel López Obrador. Estos 13 meses de gobierno indican con toda claridad, que a pesar de los dislates, las ocurrencias, los comentarios chocarreros, las lecciones de historia –con frecuencia imprecisas– y las homilías morales, la popularidad del presidente se ha mantenido, en términos generales, estable.
Donde se observa un tono distinto es en las redes sociales. Se suman varios eventos o afirmaciones, en los que el balance en redes le ha resultado adverso.
Ahí está el inolvidable operativo vergonzoso de Culiacán que mostró sin reparos, la fortaleza y disposición al combate por parte de uno de los cárteles más poderosos de México: el de Sinaloa. Y al mismo tiempo, la torpeza, improvisación, falta de coordinación de las fuerzas del orden. Habría que agregar, la ausencia total del jefe del Ejecutivo, que viajaba en gira de trabajo a Oaxaca en esos momentos, como es su costumbre en un avión comercial. (Leonardo Kourchenko, El Financiero, Opinión, p.26)
Era cuestión de tiempo la detención de Emilio Lozoya. No había manera de que el exdirector de Pemex se la pasara a salto de mata por más dinero que tuviera.
Sin duda, al Gobierno le viene bien la detención. Más que respiro, le ofrece la oportunidad de poder investigar, y en su caso actuar, en contra de una de las administraciones más señaladas por corrupción. Seguramente habrá un uso político de la acción concertada por las policías mexicana y española. Se abre la posibilidad ahora de que la empresa consentida del Presidente pueda ser investigada en su pasado reciente, lo cual le va a dar capacidad de maniobra en medio de los vaivenes en la que está metida.
Lo que es fundamental es que el caso llegue hasta el final. Se ha creado la idea de que el Gobierno no ha querido actuar en contra de Peña Nieto. No tiene mucho sentido plantear que el Presidente con la gran legitimidad que tiene hubiera llegado a algún acuerdo con el expresidente bailarín. (Javier Solórzano, La Razón, La Dos, p. 2)
Andrés Manuel López Obrador inició un camino que no tiene retorno. Al solicitar la Fiscalía General que Interpol finalmente detuviera en una urbanización de Málaga, a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, trajo a la arena pública la Caja de Pandora que el presidente había dado muestras fehacientes que no quería abrir: llevar a juicio su antecesor, Enrique Peña Nieto. No estamos en la víspera de que eso suceda, pero la captura iniciará el proceso para extraditarlo. Será largo, y como se ha visto en el caso de Alonso Ancira, vinculado a Lozoya en presuntos actos de corrupción, la justicia española no es fácil de embaucar. Ancira no ha podido ser extraditado, luego de casi ocho meses de haber sido detenido en España. Pero en algún momento regresará Lozoya a México, y hablará contra Peña Nieto.
López Obrador no quiere actuar contra Peña Nieto, a quien le tiene afecto y le reconoce que, como habían quedado mediante intermediarios en mayo de 2018, no intervendría en la campaña. López Obrador lo ha cuidado tanto, que un emisario de Palacio Nacional habló con Juan Collado, abogado del ex presidente, para que lo sacara del país y le quitara presiones para iniciar un proceso en su contra. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, p. 30)
Luego de la aprehensión en España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, diversos liderazgos de oposición en el país se dieron vuelo, como era de esperarse, con las teorías de la conspiración.
La más interesante de todas, sin duda alguna, se relaciona con un posible acuerdo del gobierno mexicano con el de Vladimir Putin en Rusia, gracias al cual habrían buscado mover a Lozoya Austin desde San Petersburgo hasta un país en el que resultara menos complicado el proceso extradición.
La mencionada teoría se fundamenta en que la captura se da una semana después de la visita a tierras mexicanas del canciller ruso Sergei Lavrov, un plazo parecido al que se tuvo entre la visita del fiscal estadounidense, William Barr, y la detención en la tierra de Donald Trump de Genaro García Luna. (El Sol de México, Nacional, p. 2)
La Secretaría de Relaciones Exteriores destituyó al titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Roberto Valdovinos, luego de mediar en su contra denuncias por acoso laboral a mujeres.
Aplaudible, especialmente en este momento donde con horror conocemos del desollamiento de Ingrid Escamilla. Si Valdovinos salió, y es positivo, mucho más benéfico para México puede ser que haya entrado (a la cárcel) Emilio Lozoya. Dos buenas noticias en medio de tanta inestabilidad, que ya da lo mismo quién la cause, si la 4T y sus ocurrencias, o la mafia del poder que quiere recuperar lo que ha perdido. Habrá tiempo de analizar las consecuencias –sobre todo, quién es el siguiente en la lista— de la aprehensión de Lozoya, por cierto excelente nota exclusiva de El Heraldo de México. Hoy debemos concentrarnos en Valdovinos.
Hay una distancia enorme entre el acoso y el feminicidio. Pero, desafortunadamente, todo forma parte de una realidad de violencia contra la mujer por cuestión de género, que no estamos enfrentando de manera adecuada. (Verónica Malo Guzmán, El Heraldo de México, País, p. 9)
Su defensor había declarado: ni lo busquen porque no lo van a encontrar, refiriéndose al paradero del prófugo Emilio Lozoya, su cliente. Y ayer por la mañana se cayó de la cama cuando se informó que lo habían detenido en un lujoso fraccionamiento en Málaga, en la costa del sol andaluza. Antes de que amaneciera, el fiscal Alejandro Gertz Manero recibió una llamada telefónica de la policía española anunciándole la captura, de lo que informó al presidente López Obrador, que estaba en plena reunión de seguridad, de lo que ambos guardaron sigilo a petición de las autoridades de aquel país, lo que se mantuvo hasta que allí dieron el primer reporte de la detención.
Lozoya, en su huida, escapó a Alemania, de donde es su familia política. La FGR también giró solicitudes de aprehensión a Interpol contra su esposa y su suegra, que fue detenida allí y aceptó ser extraditada a México sin mayor trámite para seguir aquí su proceso judicial en arresto domiciliario. (Joaquín López – Dóriga, Milenio Diario, Al Frente, p. 3)
La detención de Emilio Lozoya en España es un momento clave para determinar la red de corrupción que durante su gestión se generó en Petróleos Mexicanos. Pero el caso va mucho más allá, porque el involucramiento de Lozoya en la trama Odebrecht lo hace parte de un caso de corrupción internacional y, además, podría estar asociado con el presunto financiamiento ilegal de la campaña de Enrique Peña Nieto en los comicios de 2012.
Las acusaciones originales fueron realizadas por quien era el director de Odebrecht en México, y podría ser que, actuando como testigo protegido, ese y otros funcionarios de Odebrecht Brasil hubieran hecho denuncias falsas o alejadas de la verdad. Pero lo cierto es que la investigación que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera (además de la información que dejó en su momento el exprocurador Raúl Cervantes, que nunca se hizo pública y que llevó a éste a su renuncia) no sólo ha develado la trama central de ese mecanismo de corrupción, sino también muchos otros en las que se involucran casos de robo de hidrocarburos, empresas fantasma, astilleros y otras empresas españolas, familiares del propio Lozoya: la trama es tan densa que, incluso, es difícil navegar por ella, ante la cantidad de información contenida. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 12)
Una buena noticia la de ayer: la policía española, finalmente, detuvo a Emilio Lozoya. El exdirector general de Pemex tendrá que ser procesado judicialmente para, primero, ver si lo extraditan a México y, segundo, si es culpable de los crímenes que le imputa la Fiscalía General de la República.
Como todo ciudadano, Lozoya es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Tendrá que responder por casos muy sospechosos, como el de Odebrecht, Agronitrogenados, Agroasemex y el Astillero Hijos de J. Barrales. En todos estos asuntos hay presuntos sobornos o compras de empresas quebradas que acabaron costándole muy caro al erario mexicano.
Vale la pena recordar el caso más conspicuo de todos: el de la empresa brasileña Odebrecht, experta en corromper a funcionarios públicos de América Latina, el Caribe y África. Gracias a testigos de la fiscalía brasileña, sabemos que Odebrecht gastó diez millones de dólares en sobornos para conseguir contratos con Pemex. Gracias a una investigación periodística de Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes tuvieron acceso a las indagaciones de la fiscalía brasileña, sabemos cómo se canalizaron los diez millones de dólares a México. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 13)
Como la mayoría de los casos de esa naturaleza, mezcla de delincuencia organizada, sus protectores y un Estado débil o cómplice, el crimen de Iguala y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, transcurre por el tiempo dentro de un laberinto en el cual todo mundo mete la mano para lograr una finalidad distinta de la deseable: conocer la verdad y sus detalles.
La investigación hecha por la Procuraduría General de la República en los tiempos de Jesús Murillo Karam, fue desestimada desde un principio porque nunca se ajustó a las exigencias políticas de quienes construyeron con los hechos una bandera y una causa inatacable.
Las pesquisas de la PGR —en algún momento hubo miles de personas trabajando en las indagatorias— fueron descalificadas por una sola razón: provenían de un gobierno al cual los defensores de las víctimas acusaban de haber promovido o cuando menos encubierto los hechos indagados (cuatro meses); la posterior indagatoria hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cuatro años) y el burdo manoseo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, no difieren en el fondo, solamente en la forma. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que habrá sanciones ejemplares para los funcionarios públicos implicados en la filtración de fotografías del cuerpo de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja el sábado 8 de este mes, así como del video en el cual se interroga a su presunto feminicida. Además de admitir que las filtraciones se producen tanto en la Fiscalía General de Justicia como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalinas, Sheinbaum anunció que ya analiza modificaciones al Código Penal que pongan fin a esta práctica, a la vez que instó a los medios de comunicación a ejercer su labor con responsabilidad para evitar violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
En cuanto al último punto mencionado, es necesario reconocer que dar cuenta de un suceso criminal sin las debidas precauciones para salvaguardar la intimidad de las víctimas viola los derechos humanos de éstas y de su entorno, que en este sentido constituyen una revictimización de las personas afectadas y sus familiares, y que para colmo representan una práctica de lucro con el dolor ajeno. En estos supuestos caen todos aquellos actores con poder mediático, incluyendo a medios impresos, electrónicos, portales de Internet, tuiteros y youtuberos que realizan coberturas sensacionalistas o amarillistas con el propósito de atraer audiencias y, en última instancia, generar ganancias. (La Jornada, Editorial, p. 2)
El único logro legislativo importante de Trump, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017, fue, en toda la extensión de la palabra, republicanismo moderno estándar: inmensos recortes fiscales a las corporaciones, además de exenciones tributarias que beneficiaron a los ricos de una forma abrumadora.
El único aspecto poco convencional de la legislación fue la variedad de nuevos timos fiscales que posibilitó, como los beneficios para los inversionistas en “zonas de oportunidad”, los cuales en teoría estaban diseñados para ayudar a las comunidades pobres, pero en realidad han enriquecido a los desarrolladores multimillonarios de bienes raíces.
Donald Trump también estuvo muy cerca de aprobar una “reforma” al sistema de salud que habría impuesto recortes salvajes a Medicaid, eliminado protecciones para las personas con enfermedades preexistentes y despojado a más de 30 millones de estadounidenses de su seguro médico. (Paul Krugman, El Sol de México, Finanzas, p. 24 )